Reforma rural integral: un enorme reto para el campesinado

Los seis puntos de la agenda de La Habana tocan de manera directa con los intereses y las vidas del campesinado. Esto tiene su razón porque el conflicto social armado que hemos vivido no sólo tuvo su origen en el campo, sino que también allí se libró de manera más aguda.

El punto sobre Reforma Rural Integral – RRI – es, por supuesto, el que aborda de manera particular los temas referidos a la problemática del campesinado. Vale la pena aclarar de entrada, antes de analizar su contenido y las salvedades que quedan de él, que lo acordado por sí solo no resuelve los problemas que se han generado durante siglos, por la persistencia de un modelo de desarrollo rural a todas luces contrario a los intereses del campesinado. Sin embargo, es preciso entender que el contenido del acuerdo plantea la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitirán trabajar para superar muchas de las trabas que los pobladores rurales hemos tenido para alcanzar mejores niveles y calidad de vida.

El acuerdo sobre el punto uno de la agenda, denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, contiene aspectos profundamente positivos para la vida futura de toda la población colombiana. De los once principios que sustentan este acuerdo, podemos destacar como fundamentales los dos primeros:

“Transformación Estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad y democracia”.

“Bienestar y Buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía en las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural de las comunidades”.

Se parte entonces de estos principios, para plantear una serie de programas dirigidos a sentar las bases para la superación de las causas económicas, sociales y políticas que desde lo rural dieron origen al conflicto en nuestro país.

Tres grandes pilares sobre los que se sustentará la transformación estructural de la realidad rural son:
1. “Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”.
2. “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
3. “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”.

La implementación de cada uno de ellos dará la posibilidad de reversar las causas y efectos del conflicto, cambiando las condiciones que facilitaron su persistencia. Así mismo, en la RRI se da un reconocimiento expreso al papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general el desarrollo de la nación. Dos aspectos esenciales del contenido de los acuerdos para este punto son:

La integralidad: parte de entender que la superación de la pobreza en el campo debe ir más allá de la dotación de tierras y el mejoramiento de los ingresos y por lo tanto es compromiso del Estado el mejoramiento de la infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad, así como la inversión en salud, vivienda, educación y agua potable, y el apoyo a la economía solidaria y cooperativa, la asistencia técnica, el crédito y los subsidios para mejorar el nivel de ingresos, el mercadeo y la formalización laboral, entre otras.

La participación comunitaria: establece la participación como principio para garantizar la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI, dada en espacios institucionales participativos y democráticos, que tendrán como consecuencia la capacidad transformadora de las comunidades en aspectos como la planeación, implementación (ejecución) y el seguimiento. Plantea también que la totalidad de planes y programas que integran la RRI tienen un enfoque territorial, definido este como: “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y garantizar la sostenibilidad socio ambiental”.

Sin embargo, algunas de las dudas que genera este acuerdo es lo que puede estar pensando el Estado, por ejemplo llevar al campesinado hacia el capitalismo por la vía de los programas que recomienda el BID, el BM, el FMI y la OMC, y destruir sus formas tradicionales de producción e intercambio. Precisamente, el punto 1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de Zonas de Reserva Campesina, genera muchas dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, pues existen suficientes evidencias para pensar que el capitalismo no protege ni conserva, sino que acumula. Es decir que creer que como resultado de los acuerdos de La Habana el Gobierno renunciará a su política de convertir en mercancía todos los bienes naturales (flora, fauna y agua), es por lo menos una ingenuidad. La política de ordenamiento de páramos y cuencas hidrográficas ha tenido como propósito realizar un inventario de las especies vegetales, animales y de la cantidad de agua, sustrayéndolas del control y manejo comunitario para convertirlas en mercancías que pasarán al control de la empresa privada.

Aunque lo acordado genera la posibilidad y la esperanza de modificar en parte las relaciones sociales hasta ahora existentes en el campo, son varios los aspectos sobre los cuales no se logró llegar a acuerdos. Estos han quedado incluidos en las denominadas salvedades que seguirán haciendo parte de las luchas agrarias y populares, y no por capricho sino porque en ellos se encuentran temas estructurales de la problemática rural colombiana. Está, entre otros, el asunto del latifundio, que según coinciden varios de los académicos convocados a la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas, fue uno de los originarios del conflicto. Acabar el latifundio fue un tema de reciente exigencia por los campesinos en el paro agrario de agosto de 2013, y ha sido una petición concreta de las organizaciones campesinas agrupadas en la Cumbre Agraria.

Para todos es claro que el gobierno de Santos no acepta negociar el latifundio porque ya ha empeñado su palabra a los dueños del capital extranjero, que prefieren invertir en un país sin conflicto armado. De ahí se desprenden las otras salvedades del primer acuerdo como: la regulación de la explotación del territorio para la generación de agro combustibles; la revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio; los ajustes al Ordenamiento Territorial, etc.

Queda entonces a las organizaciones rurales en particular y al movimiento popular en general, el inmenso reto de hacer uso de los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana incluidos en el acuerdo, para que en la implementación se imponga la visión de soberanía y justicia social que requiere la paz para ser estable y duradera.

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