La JEP pasó por el Congreso

Tras el aplazamiento a falta de quórum, los debates acalorados y el pulso de poder entre los partidos de la Unidad Nacional, el pasado lunes 14 de marzo  el Senado de la República aprobó  en cuarto debate el proyecto de reforma constitucional que da vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  el cual incluye a la sonada Jurisdicción Especial de Paz -JEP- acordada entre el Gobierno y  las FARC durante el proceso de paz. La JEP según su ponente, Roosvelt Rodríguez del partido de la U, podrá “investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de conflicto". Su  aprobación se dio  a través del mecanismo de Fast Track, el cual no sólo bajó el número de debates sino que también limita cualquier modificación del articulado a la aprobación del Gobierno.  

Este debate final tomó casi ocho horas y contó con las distintas voces de los partidos. Durante su intervención el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó esta sesión como un deber histórico del Congreso. “Ese deber histórico consiste en romper el ciclo de eterna  impunidad que ha habido en Colombia con relación al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las graves violaciones de derechos humanos, que han sido perpetrados por décadas por parte de agentes estatales, miembros de grupos insurgentes, estructuras paramilitares y que han contado con la anuencia, el apoyo, la financiación de empresas y de particulares en distintas regiones del país”, enfatizó Cepeda, mientras en las gradas, la ciudadanía, entre ella las víctimas del conflicto, le exigían aprobar al pleno de la corporación este proyecto.

El proyecto de acto legislativo no pasó en blanco, la puja de los partidos que dificultó en principio la realización de los debates se reflejó en una serie de proposiciones que el  Gobierno tuvo que aprobar, la mayoría  provenientes de miembros de Cambio Radical, o cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, como el Fiscal General de la Nación.  Entre los cambios quedó la incertidumbre sobre la posible inhabilidad para participar en política de miembros de las FARC, de acuerdo a las sanciones y las obligaciones que imparta el Tribunal de Paz;  también se blindó de manera específica a terceros que se sospeche hayan participado o financiado a grupos armados paramilitares, a quienes no se les podrá ordenar comparecer sólo con informes y a quienes se deberá comprobar una “participación determinante” en acciones de dichos grupos.

Esta serie de cambios generaron malestar en algunos congresistas, y en las mismas FARC. En la mañana siguiente al debate, en su cuenta de Twitter, Iván Márquez  manifestó: “Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón”.

Con la ya acostumbrada abstención del Centro Democrático, fue aprobada esta reforma constitucional con 62 votos a favor y 2 en contra, y paradójicamente quienes se opusieron fueron los senadores de la Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro Wolf. Este último dijo que votó así para llamar la atención, no porque estuviera en contra de la JEP, “la ponencia mayoritaria decía que era obligatorio presentar a la JEP los casos de financiación voluntaria de paras ¿Por qué lo excluyeron?... La financiación voluntaria de paras por la Chiquita Brand fue declarado delito de lesa humanidad, ¿porque excluyen hechos similares de la JEP?”, preguntó el senador y exguerillero del M19.

El pasado 29 de marzo se aprobó la conciliación del texto final entre cámara y senado, ahora resta la evaluación de la Corte Constitucional, para así poder continuar la discusión de la  Ley Estatutaria que desarrollará la aplicación de la justicia transicional,  y su entrada en vigor, a la que aún le falta.

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