En huelga Presos políticos de las FARC

Carta de un integrante de las FARC privado de la libertad

 

La huelga que iniciamos el pasado 26 de junio acá en la cárcel de Chiquinquirá, Boyacá, es el primer paso, con el que pretendemos visibilizar nuestra condición como prisioneros políticos, y los tratos degradantes a los que somos sometidos diariamente, además de mostrar cómo el Gobierno nacional no solo incumple lo acordado en La Habana en lo relacionado con la Ley de Amnistía e indulto, sino cómo también rompe el punto que se refiere al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, pues las condiciones a las que nos someten son directamente hostiles.

Además de la huelga, nos encontramos en jornada permanente de desobediencia pacífica (alrededor de 1760 hombres y mujeres). Esta desobediencia se realiza día a día. En la madrugada se inicia con el primer acto de desobediencia; no se permite la primera contada, la cual en condiciones normales la haría el Inpec a las 6:00 a.m, luego todos a las duchas, y este procedimiento va hasta las 7:00 a.m. aproximadamente. De ahí llega el desayuno para algunos compañeros, que por su estado de salud no participan en la huelga (pero sí en la desobediencia); hacia las 8:00 a.m. permitimos la contada, luego continúa la desobediencia, negándonos a salir a las actividades como estudio (CLEI), a talleres, a deporte, al aseo de zonas comunes, entre otras. En este espacio nos reunimos y  hacemos un balance de lo acontecido el día anterior, se proyectan y planean las actividades para el día.

A las 10 am aproximadamente traen el almuerzo de los enfermos, salen al médico los que estén en peor condición de deshidratación, entre ellos los que se han suturado sus labios. Intercambiamos experiencias con otros pabellones y se trata de hacer el menor gasto energético posible y así vamos hasta las 3:00 p.m. cuando llegan los alimentos para los enfermos. A las 4:00 p.m. tampoco se permite la contada, ni permitimos que nos encierren en las celdas como sería lo rutinario, más bien aprovechamos ese espacio para hacer otro balance y conversar y subir el ánimo para continuar.

Es triste que los medios masivos sigan ocultando lo que nos ocurre. No dicen ni lo más mínimo; por ejemplo no hablan de 250 adultos mayores en huelga, ni de compañeros lisiados de guerra como es el caso (por mencionar sólo uno) de Oscar Tordecilla Madera, quien al momento de ser detenido aún podía ver, y por negligencia e indolencia del Gobierno y del Inpec fue perdiendo progresivamente la visión hasta quedar totalmente ciego; esto sin contar que él sufrió amputación de la mano derecha. Estos medios de comunicación tampoco informan sobre las represalias que toma el Inpec, como la suspensión de las visitas, o las amenazas frecuentes de ingresar a la fuerza y golpear a los prisioneros, según ellos para  restablecer el orden. Nosotros hemos denunciado todos estos atropellos a través de nuestros propios medios y el Gobierno se hace el de la vista corta.

En esta huelga y desobediencia pacífica nuestra familia y amigos juegan un papel fundamental, y son un puntal de apoyo para nuestra lucha, con la ayuda en las denuncias, en la gestión de documentos y sobre todo con la participación de ellos en plantones y movilizaciones en favor de nuestra justa lucha por la libertad, y en general por la implementación integral de los acuerdos.

El Gobierno nacional el día 10 de julio emitió decreto para dar amnistía supuestamente a 3252 guerrilleros, pero solo cobija delitos políticos y es básicamente para quienes tienen requerimientos y no pudieron ser detenidos, es decir para miembros de las FARC que están en las zonas y que hicieron dejación de las armas. Por estos motivos se ha retrasado la liberación de los prisioneros políticos de las FARC.

Desde hace más de seis meses se firmó la Ley 1820 de 2016. Con relación a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, desde el inicio los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, se han mostrado en desacuerdo. Decían para ese entonces que requerían tiempo prudencial para estudiar, entender y aplicar la ley, tiempo que usaron para dilatar su aplicación, así mismo, para poner trabas, por lo que fue necesario que se hiciera un decreto reglamentario, el 277 de febrero de 2017, pero aun así no aplican la ley.

De lo anterior se puede deducir que es falta de voluntad política, la cual cubrieron con el argumento de la falta de personal en los juzgados y la congestión de los mismos, así que se declararon en huelga. Luego de que les fue asignado presupuesto y levantaron el paro, y al no haber más excusas para no aplicar la ley, entonces apareció la causa real, una causa fuera de toda lógica, pues ahora los jueces dan carácter político e incluso se sienten investigadores (es claro que un juez debe aplicar la ley sin que en la aplicación influya su ideología política o su creencia religiosa).

Cuando un prisionero político de las FARC cumple con los requisitos (tener el certificado de pertenencia a la organización expedido por el Alto Comisionado para la Paz, haber firmado el acta de compromiso ante el secretario de la JEP, y llevar mínimo cinco años privado de la libertad) los jueces deben dejarlo en libertad condicionada.  Aun cumpliendo estos requisitos, el juez pregunta: ¿cómo compruebo que una persona pertenece a la organización FARC? Se han visto innumerables casos de presos políticos que están en prisión desde el año 2000 y el juez aduce que no tiene cómo verificar los cinco años privados de la libertad.

También los jueces le solicitan a un interno que le haga llegar el certificado del Alto Comisionado, cuando este documento reposa precisamente en la oficina de él. Así, un sin número de actuaciones demuestran claramente la falta de voluntad, la mala fe y la postura política de muchos jueces. Pero lo anterior no es nada al lado de lo que opina el juez primero de Tunja, Camilo Ernesto Becerra Espitia, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad: “por mi cuenta no va a salir ningún guerrillero de la cárcel". A este señor se le interpuso una demanda por negligencia, violación al debido proceso y retención ilegal e indebida de prisioneros, por entorpecer la justicia, entre otras.  Así es que los jueces politizan la aplicación de la ley.

  

Contexto 

Esta carta de Clemente, preso político de las FARC en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, fue enviada a la redacción del periódico Periferia. La huelga de hambre de los presos políticos de las FARC fue acompañada desde el primer momento por el líder guerrillero y miembro del secretariado Jesús Santrich, quien aseguró que ya son 3400 los reclusos reconocidos por las FARC, 900 de los cuales aún no han sido acreditados por el Gobierno.

El 15 de julio esta huelga cumplió 19 días y afectó no solo la salud de cientos de presos políticos, sino la de Santrich, a pesar de encontrarse en libertad, tanto que fue necesario internarlo de urgencia en la clínica Shaio de la ciudad de Bogotá el día 14 de julio, en donde estuvo en delicado estado de salud y en la unidad de cuidados intensivos.

Los presos políticos a los que se les incumple el acuerdo de La Habana y se les niega ilegalmente su libertad, a la fecha de publicación de esta edición, se mantienen en desobediencia en 19 cárceles del país. Son aproximadamente 1110, que según la Coalición de Derechos Humanos Larga Vida a las Mariposas se encuentran adelantando la protesta que no cesará, manifiestan los presos, hasta que alcancen su libertad. “De 3400 personas reconocidas por las Farc faltan 2.577 por ser liberadas, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado colombiano, mientras que el grupo finalizó la dejación de armas en cumplimiento a lo pactado”, explicaron voceros de esa organización de derechos humanos.

El Gobierno y el sistema de justicia colombianos se encuentran frente a una situación delicada en materia política y legal, respectivamente, ya que la propia Misión de las Naciones Unidas en Colombia hizo un enérgico llamado al Estado para que dé aplicación a la Resolución 2366 de 2017, aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado 10 de julio, para que se solucione la situación de los integrantes de la guerrilla que se encuentran privados de la libertad.

En un comunicado el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció en los siguientes términos: “La detención de los miembros de las Farc en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”.

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