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En medio del ajetreo de las sesiones de la X conferencia nacional guerrilla de las FARC-EP, los delegados y miembros del secretariado sacan algunos momentos  entre los debates para entrevistarse con la prensa nacional, internacional y alternativa. Mientras atardece y comienzan a ensayar el sonido del acto cultural de la noche, detrás de la tarima central, nos encontrarnos con el comandante del bloque Sur y zootecnista, Joaquín Gómez, para dialogar sobre algunas inquietudes respecto al post-acuerdo.

¿En qué se diferencia la Reforma Rural Integral (RRI) que acordaron con el gobierno a la Reforma Agraria  que ustedes han trabajo históricamente?

Yo pienso que no hay mayor diferencia, sino que esta vez hemos sido más explícitos  porque nosotros desde la primera vez que hablamos de reforma agraria concebíamos que tenía que ser integral y eso es lo que se ha expresado ahora.

Pero por ejemplo, la propiedad privada no se toca…

Hay que entender que una cosa es un proyecto que nosotros tengamos como revolucionarios, porque otra cosas son los acuerdos, porque los acuerdos no implican una revolución, la revolución hay que hacerla, nosotros podemos ser modestamente una chispita, pero el determinante es el pueblo organizado.

¿Cómo organización en el post-acuerdo, haciendo política sin armas,  pueden evitar  que este acuerdo profundice el modelo neoliberal?

Nosotros como movimiento político no estamos en capacidad de evitar ese tipo de determinaciones que toma el Estado o gobierno de turno,  el que si estamos seguro que lo puede hacer es el pueblo. Todo lo que hemos acordado, que es muy importante, es una gran conquista pero a medias, porque para que se materialice se necesita que el pueblo se apropie de esos acuerdos y haga que se cumplan, de resto eso queda en letra muerta. En la mesa lo que ha habido es una confrontación de ideas que ha reemplazado esa confrontación armada que llevamos por más de 52 años y lo que se ha discutido ahí son precisamente las mismas causas por las que nos levantamos en armas.

¿Pero entonces como puede hacer el pueblo para defender el objetivo de la RRI, que es menguar la desigualdad en el campo, si existen leyes como la de ZIDRES  que buscan lo contrario?

Simplemente el pueblo necesita organizarse, el pueblo organizado como máximo soberano puede echar cualquier determinación para atrás.

Otro tema es el de la participación de la sociedad en el post-acuerdo ¿A ustedes no les preocupa  que se firme un acuerdo que busca dar garantías al movimiento social pero al tiempo se reforma el código de policía y recientemente se han asesinado 13 líderes sociales y ambientales?

Nosotros pensamos que son mensajes supremamente negativos porque es como anunciando de cierta manera cual va a ser el futuro nuestro, sin embargo nosotros consideramos que si el gobierno de Santos muestra buena voluntad y se ciñe a lo acordado entonces enfrentará a ese tipo de grupos que lo que persiguen es sabotear el proceso porque siempre se han beneficiado del conflicto, entonces ahora le tienen más miedo a la paz con justicia social que el diablo a la cruz. Todos esos crímenes son precisamente para eso, pero al pueblo hay que hacerle conciencia de que son provocaciones, que hay que organizarse y continuar, hasta volver este proceso irreversible.

Eso por el lado del paramilitarismo, pero por el lado de estructuras como el  ESMAD que no se desmontan o el de la policía que ahora tendrán condiciones especiales…

No somos ajenos, ni ignoramos que hay medidas que se han tomado que contradicen el espíritu de lo que se ha firmado en la Habana, por ejemplo esa seguridad ciudadana que le da a la policía atribuciones totalitarias donde puede llegar a tu casa sin ninguna orden judicial te capturan, te llevan y te pueden desaparecer, o simplemente ellos determinan que huelga es legitima o que huelga no lo es, es una cuestión de tipo fascistoide, son medidas liberticidas, porque están acabando con las libertades del pueblo pero eso solo se puede reversar con la ayuda y participación directa del pueblo, donde no sea espectador sino protagonista de primera línea.

Precisamente, en los acuerdos hay un tema que son los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) ¿Qué tanta incidencia van a tener estos planes en el plan nacional de desarrollo?

Yo pienso que eso tiene que armonizarse con el plan nacional de desarrollo, para  que queden incluidos ahí, pero de hecho va a provocar ciertos cambios de tipo cualitativo

¿Cómo cuáles?

Se va a dar prioridad a los territorios acorde con la idiosincrasia de los habitantes, con sus necesidades y con los apremios que tengan para romper las cadenas del atraso y vincularse al progreso social y político del país.

 “Lo que me llamó la atención de las FARC fue que desde su origen estaban allí las mujeres afrontando la guerra” Manuela Marín

En medio de un receso de las sesiones de la X Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC-EP,  Periferia dialogó con Manuela Marín, miembro de la comisión de paz y de la subcomisión de género de la guerrilla en La Habana. Ella nos contó acerca de su experiencia como mujer en la  insurgencia y su perspectiva sobre el feminismo en el futuro de la organización.

 

 

 

Sobre el barro seco y la grama alta de las Sabanas del Yarí, los delegados de las FARC-EP, desde todos sus bloques, se han reunido para su Décima Conferencia Nacional Guerrillera, la primera de sus asambleas nacionales en nueve años. Esta, a diferencia de las primeras nueve conferencias, no está pensada para la estrategia de la guerra ni se ha realizado en la clandestinidad. La Décima Conferencia Nacional Guerrillera, la última conferencia en armas de las FARC-EP después de 52 años de lucha como ejército, está enfocada en los acuerdos de paz por firmar y es abierta a la prensa.

 

 

El 17 de septiembre amaneció  nublado, grandes y grises nubes salieron como en solidaridad para proteger a los cientos de guerrilleros y periodistas del sol picante de la sabana. Los guerrilleros salieron en formación a primera hora ante la inauguración oficial del evento a espera del acto de instalación pública de la Décima Conferencia, con las palabras de apertura del Comandante Timoleón Jiménez, quien anunció los dos puntos claves para la Conferencia: “... en primer lugar, el análisis y refrendación del Acuerdo Final que hemos suscrito... y en segundo lugar, producir unas disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político dentro de las cuales se encuentra la convocatoria al congreso constitutivo que deberá definir el programa, los estatutos y la dirigencia política”. Timoleón también habló directamente a la prensa, manifestando la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción de la paz, tomando en cuenta que son 340 medios de comunicación quienes cubren el evento a nivel nacional e internacional. El comandante de esta guerrilla culminó resaltando  la importancia histórica del momento, y anunciando la apertura oficial de la conferencia; justo en este momento comenzó a lloviznar, y la escena terminó con cientos de guerrilleros sin armas aplaudiendo a la apuesta por la paz.

 

Así mismo, en una rueda de prensa Mauricio Jaramillo, integrante del Secretariado de las FARC, interpeló a los medios asistentes sobre la participación ciudadana: “Sin ustedes no podemos derrocar la corrupción y las malas prácticas políticas”. Aunque las sesiones de la conferencia son restringidas a la prensa, Iván Márquez, Jefe Negociador de la Mesa de Negociación, informó que los acuerdos en las sesiones con los delegados, y el análisis y debate que se está dando en sus espacios, serán socializados constantemente. Explicó que están en la tarea de definir el nombre para su nuevo movimiento político legal, escuchando las propuestas desde las regiones y revisando entre todos los acuerdos por firmar.

El ambiente de la conferencia se tornó distinto a los debates políticos cuando un helicóptero trajo consigo un grupo de presos políticos. La importancia de la participación de estos presos en la conferencia transciende lo emotivo y fraterno que se vio en el momento de reencuentro, ya que como Márquez expresó: “Vemos la llegada de los presos como un gesto de confianza de parte del gobierno nacional,” un hecho que consolida el clima político actual entre el gobierno y las FARC-EP. Frente al rol que cumplirán los presos políticos en la conferencia, Jaramillo confirmó que, “Los presos tienen voz y voto, y vienen como delegados (de los otros presos encarcelados) a la conferencia”.

La conferencia también se desarrolla en medio de actos culturales, como el concierto de Alerta Camarada, donde cientos de guerrilleros bailaron, cantaron, y gritaron manos arriba. Al cierre del concierto, el vocalista dijo: “El arte es un elemento importante para la transformación... y es nuestro aporte a la paz”. Los guerrilleros salieron del espacio alegres, llevando sillas encima de sus cabezas, cantando las últimas letras de ‘raga-raga’ y riendo con sus compañeros en camino a sus cambuches.

La conferencia se sitúa en un campamento en el que se puede conocer lo cotidianidad de la guerrilla: se pueden observar sus cocinas y hornos, y cómo represan quebradas para bañarse y también conversar sobre sus vidas en la guerra, sus opiniones sobre los acuerdos y sus expectativas para el futuro de su organización. Hablan abiertamente sobre sus razones de juntarse a la lucha armada, sobre sus aspiraciones en tiempos de paz y sobre sus pasatiempos. Dos mujeres muestran sus manillas hechas a mano con diseños de colores, algunas con caras del Che, o con nombres escritos y dicen que: “es algo diferente para hacer cuando tenemos tiempo libre”. La invitación constante a la sociedad, de todos quienes hacen parte de esa organización, es leer los acuerdos para saber lo que hay que hacer y entender los retos que vienen. Su meta, dicen, es llegar a una democracia avanzada: lograr una mayor participación ciudadana en la política que ponga en evidencia los problemas del país para poder encontrar soluciones a estos.  “Tenemos la mirada dirigida hacia el futuro” dijo Márquez, y reiteró la fecha del lunes 26 como la fecha de la firma oficial en la ciudad de Cartagena. 

 

 

Después de casi 4 años de negociaciones las FARC-EP y el Gobierno colombiano llegaron a un acuerdo para que cese el ruido de las armas entre dos partes del conflicto armado. Los puntos  del acuerdo tocan temas centrales: los que originaron y desarrollaron el conflicto, la reintegración de los guerrilleros y la apuesta por un nuevo escenario político para el país. Cada punto negociado tiene total relación con los otros del acuerdo total y final.

1) Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral:

El conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano empezó por el campo, luchando por la tierra. Es en el campo donde se debe resolver. El Acuerdo se centra en dos cuestiones: primero, crea un Fondo de Tierras que redistribuye la tierra para que más campesinos puedan ser propietarios, priorizando a madres cabeza de familias y desplazados. Estas tierras provendrán de lotes baldíos, tierras expropiadas por actividades ilegales y tierras de reservas forestales que terminaron siendo utilizado de otra forma y perdieron valor de reserva. Durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. Del Fondo de Tierras (3 millones de hectáreas) y a través de la formalización masiva de la Propiedad Rural (7 millones de hectáreas). Se busca formalizar la tierra, crear condiciones para trabajarla y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina. Segundo, se busca garantizar que esa propiedad esté acompañada de recursos para que los campesinos saquen provecho a sus tierras mediante Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), apoyo tecnológico, capacitaciones y un mejoramiento de las condiciones infraestructurales de sus contextos: construir vías, escuelas, redes eléctricas, agua potable, entre otros, con el fin de reducir la brecha entre el campo y la ciudad.

2) Participación política. Apertura democrática para construir la paz:

Nuestro conflicto es social y político. El sistema social excluye diferencias y el sistema político no permite que proyectos alternativos y democráticos de país sean poder estatal.

Este acuerdo busca que esta realidad cambie dando prioridad a la participación de la mujer como medida afirmativa que promueva su fortalecimiento en el escenario político, garantizando la creación de los partidos o movimientos políticos productos de la negociación, haciendo una revisión del régimen electoral y garantizando la verdadera existencia de una sociedad pluralista y multicultural. El acuerdo crea un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que busca garantizar la seguridad de los excombatientes que puedan participar en espacios socio políticos y un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que busque renovar los pactos políticos basados en el respeto, el pluralismo y la diversidad. También el acuerdo reconoce la importancia de la información y el fortalecimiento de los medios comunitarios para la difusión de las diferentes posturas e ideas en el ambiente político.

3) Fin del Conflicto

Este punto contempla las condiciones, procedimientos y el monitoreo y verificación para el Cese al Fuego Bilateral y Definitivo que comenzó la hora cero desde el 29 de agosto de 2016. Después de 52 años de conflicto se deben buscar acciones que lleven a reincorporar de manera efectiva a los excombatientes tanto a la vida civil, como en la garantía económica, social y político. Por primera vez en el país se silencian las armas de manera definitiva entre dos partes del conflicto y con un acompañamiento internacional tan grande por parte de organizaciones como la ONU. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos los guerrilleros se ubicarán en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Allí estarán monitoreada por militares enviados por la ONU y por el ejército colombiano, quienes garantizarán el cumplimiento de la Dejación de Armas. Con estas armas entregadas (180 días después de la firma final del Acuerdo) se procederá a la destrucción y se realizarán tres monumentos uno en la ONU, otro en la República de Cuba y otro en Colombia. Este punto también contempla el fomento de la realización de un gran Pacto Político.

4) Solución al problema de las drogas ilícitas:

Este punto buscar dar un tratamiento radicalmente distinto al problema de las drogas tanto desde la siembra como hasta el tratamiento al consumidor. Se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el fin de que las comunidades campesinas en situación de pobreza, de manera voluntaria y concertada, que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, encuentren también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio, con el fin de iniciar la sustitución de cultivos. Busca también abordar el consumo con un enfoque de salud pública e intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

5) Víctimas:

Este punto es central, inédito y valorado positivamente en el mundo por todos los países garantes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un paso más para todas las organizaciones de víctimas del país. El punto crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y contiene un Compromiso sobre Derechos Humanos. Este Sistema busca la satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extra-judicial. Se especifica las formas de reparaciones desde materiales hasta simbólicos, individuales y colectivos en las que deberán participar los actores del conflicto vinculados en la situación. Habrá amnistías e indultos excepto para los delitos de lesa humanidad. Se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que busca ser una fuente de reparación no solo para las víctimas sino para que todo el país sepa la verdad de lo ocurrido en este conflicto armado. También se crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) que será encargada de sancionar a los excombatientes, que si contribuyen con la verdad tendrán sanciones alternativas entre 5 y 8 años. Si son conductas muy graves y se contribuye con la verdad antes de la sentencia, la sanción tendrá una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión. Si las conductas son muy graves y el procesado no reconoce verdad y responsabilidad y resulte declarado culpable por el Tribunal, tendrá sanciones previstas en el Código Penal, con privación efectiva de libertad no inferior a 15 años ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones. En todo caso, la sanción se asignará de acuerdo al grado de verdad y a la gravedad y participación en la conducta sancionada.

6) Implementación, verificación y refrendación:

En este punto se crea la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. Se encargará de hacer todo el acompañamiento al proceso luego de la aprobación del SI en el plebiscito. El punto explica todos los principios y los protocolos de la implementación y verificación, tanto en el compromiso asumido por Gobierno y FARC, como por todo el acompañamiento internacional que tendrá el proceso. Finalmente las partes se comprometieron a aceptar el mecanismo de refrendación popular PLEBISCITO, que será votado el 2 de octubre.

 

El gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá,  en apenas 7 meses de gobierno, ha despertado distintas polémicas y conflictos en la ciudad y el país. Cambió el diseño del metro y la propuesta de transporte masivo que estaba aprobada, haciendo perder miles de millones de pesos en estudios previos; anunció y aprobó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); aumentó el presupuesto del Plan Distrital de Desarrollo en más de 10 billones de pesos; llegó a la alcaldía falsificando sus títulos y hoja de vida, entre otras nefastas polémicas y situaciones para la ciudad.

Pero sin duda una de las mayores polémicas en la ciudad, está relacionada con la reserva ambiental Thomas Van Der Hammen, y los anuncios de construir allí una gran ciudadela con miles de unidades de vivienda, “corredores verdes” y tres autopistas. No obstante, antes que concentrarnos en esta polémica particular, es importante identificar las tensiones de fondo que allí se evidencian.

Porque sin duda, aunque la defensa de la Reserva Van Der Hammen es una tarea crucial de la ciudadanía bogotana, lo que está en riesgo es mucho mayor. El modelo de ciudad y el modelo económico, no sólo afectan a las comunidades campesinas, afros e indígenas, sino que además vienen amenazando las comunidades urbanas y suburbanas, deteriorando su territorio, y deteriorando sus condiciones y sus posibilidades de vida digna.

En este marco más amplio de discusión, la Reserva Van Der Hammen es sólo un caso paradigmático por su gravedad y dimensión, pero no es el único, ni el peor. Miremos algunos de estos casos:

Ibagué está en medio de un proceso de consulta previa, en la perspectiva de impedir que se construya la mina “La Colosa”. Esta mina que se proyecta como una de las más grandes explotaciones de oro a cielo abierto, y amenaza con contaminar la cuenca del río Coello, que surte de agua varios municipios, entre ellos Ibagué. La comunidad, de la mano del alcalde y de algunos concejales de la ciudad, impulsa esta importante iniciativa para detener la minería y sus impactos negativos.

En Bucaramanga en el año 2013 se realizó la movilización de las 100 mil voces por el agua. Una gran jornada de protesta y rechazo a la realización de minería en el páramo de Santurbán. Tal como se expresó en un artículo dado a conocer por el Centro  de Memoria, “exigirán ‘la suspensión inmediata de todas las actividades de las multinacionales mineras’ en los complejos biogeográficos de los páramos de Santurbán y Almorzadero, así como en los ecosistemas productores de agua para el consumo humano”.

La ciudad de Cartagena, principal destino turístico del país, ha venido posicionándose también como un destino comercial e industrial. Esto contrasta con las altas tasas de desigualdad, inequidad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. La ciudad que mayor proyección de crecimiento económico tiene, avergüenza por su profunda injusticia, y la indignidad con que trata a su población pobre, negra la mayoría. “La ciudad está en un momento transcendental para posicionarse en el mundo, por lo que deben emprenderse estas acciones, ponderando sus beneficios y minimizando sus efectos colaterales, para actuar en el marco de un urbanismo sustentable”, tal como dice una columna de opinión de Sergio Padilla publicada en El Universal.

Finalmente el caso de Bogotá es paradigmático por varias situaciones. La explotación minera en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, afecta y desplaza a las comunidades; genera problemas respiratorios, además de ir abriendo un socavón de dimensiones gigantescas en las montañas de la ciudad. Finalmente, la intención de urbanizar la reserva Thomas Van Der Hammen, con perspectivas de extensión de la ciudad, amenaza más de 1300 hectáreas de bosque, lo que se considerada el segundo pulmón de Bogotá. Pero parece que la ambición y la voracidad puede más que la necesidad de conservar el aire, el agua, y en últimas la vida.

En síntesis, y como acabamos de ver, la discusión del modelo de ciudad es uno de los puntos más álgidos de cara a construir condiciones y garantías de vida digna, pues choca con los modelos y planes previstos para nuestros territorios. Las nuevas inversiones y perspectivas económicas del “modelo de desarrollo”, desconocen a las comunidades, su tradición, su historia, su arraigo territorial; igualmente desprecian las estructuras ecosistémicas, los cuerpos hídricos, y demás bienes naturales, necesarios para conservar la vida y garantizarla.

Las comunidades urbanas, siguiendo ejemplo de campesinos, indígenas y afros (que dignamente nos enseñan a defender nuestros derechos y nuestro territorio), hemos resistido con tesón esta arremetida, y lo seguiremos haciendo, a pesar de los gobernantes locales y departamentales, que la mayoría de las veces parecen más gestores de negocios y productividad, que administradores y servidores públicos.

Desde el fin de la Guerra Fría, no vemos un esfuerzo tan grande del capital externo en financiar, organizar, espiar y desestabilizar gobiernos, por más democráticos y legítimos que sean.

Quince años después de haber sido lanzado el acrónimo BRICS, que une grandes Estados en desarrollo, de vastos territorios y población (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), su creador, su lógica, y hasta sus críticas, se tornaron bastantes conocidas. Sin embargo, lo que poco se debate, por lo menos de manera abierta, es lo que hizo que esa convergencia de elementos importe de tal manera, que pase a ser el objetivo a ser combatido. La soberanía es lo que incomoda.    

En tiempos de hegemonía del proyecto neoliberal para el mundo, pos crisis de la alternativa socialista, la última barrera a la expansión del capitalismo fueron los pocos focos de soberanía que subsistían. Llegaron las crisis cíclicas de los años 1990 y, pese al desmonte de muchas economías, la respuesta al avance del imperialismo (por urnas o no) fue exactamente el crecimiento de proyectos nacionales para reforzar las respectivas soberanías; tal vez ese sea el hecho más importante de la geopolítica en la primera década del siglo XXI.

No había, aún, concertación política que uniese los cinco Estados capaces de, con el tiempo, contraponerse a los intereses de los Estados centrales en virtud del potencial para crecer, competir y hasta  disputar la atracción de capital y generación de conocimiento. Pero no demoró, como era natural, que se organizaran y  pasaran juntos a debatir cuestiones de interés político común.

A partir del 2009, los Estados de los BRICS pasaron a organizar cúpulas anuales. Un año antes, el G-20 había organizado su primer encuentro. En el mismo año, es rebautizado el ALBA en su forma actual como mecanismo de integración propuesto por Chávez  y seguido por países progresistas, enfocado en programas de cooperación económico y social de alto impacto para la población de los países miembros; así mismo, se crea y va consolidándose paralelamente la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) que favorece la unidad de lucha de los pueblos de Nuestra América. La creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también contribuyó para las nuevas ropas de la integración latinoamericana y caribeña.

No hay coincidencias en la Historia. Se llegaba al auge del multilateralismo.  En este sentido, la construcción de un contexto que dé voz, por la primera vez, a intereses no sólo imperialistas como también periféricos. Mejor organizados en bloques significativos, con fuerza suficiente para intentar imponer sus intereses, o al menos para frenar los avances del neoliberalismo y la aniquilación de la poca soberanía que les restaba. Llegamos, en aquellos años, posiblemente, al más cercano de la utopía que se soñó en la segunda pos-guerra mundial.

Escribió el antropólogo Darcy Ribeiro, en su libro El Pueblo Brasileño (1995), sobre la formación social del Brasil, que “las elites dirigentes, primero lusitanas, después luso-brasileña y, al final, brasileña, vivieron siempre y aún viven sobre el pavor pánico del alzamiento de las clases oprimidas”. Para el pobre, organizarse es defensa. Sabemos bien, no hay movimiento social de base que no esté sujeto a la constante tentativa de criminalización.

Lo mismo sucedió en la geopolítica. A partir del momento en que los Estados periféricos pasaron a organizarse en torno de sus propios intereses y proyectos, surge casi concomitantemente la necesidad urgente de combatir estas iniciativas. Ya hay muchas informaciones disponibles denunciando el foco de las acciones militares y de espionaje contra gobiernos y gobernantes que se colocaron entre los intereses de las economías centrales y proyectos nacionales que inviabilizan estas ambiciones.

En ese contexto, se comprende el cerco de la Organización de Tratado de Atlántico Norte (OTAN) a Rusia, por sobre territorios esenciales a su defensa, como la base de su flota en el Mar Negro. O el golpe dado a la presidenta Dilma Rousseff, en la explícita tentativa de privatizar la mayor reserva de petróleo de Brasil, más que documentado en el lobismo del actual ministro interino de Relaciones Exteriores José Serra, en representación a los intereses de una multinacional norteamericana, bien como en las extensas denuncias realizadas sobre el espionaje de Estados Unidos al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y a la estatal petrolera brasileña Petrobras.

Son innumerables los ejemplos recientes. Como la región latinoamericana es próxima al mayor y más imperialista de todos los Estados, no es de espantarse que los Estados del ALBA estuvieron sujetos a la misma suerte de ataques, como viene ocurriendo en Venezuela. Más aun, habiendo sido creada con el propósito específico de proponer una alternativa a la hegemonía estadounidense. 

Hay así una concentración de esfuerzos por vulnerar cualquier forma de organización entre los Estados latinoamericanos que se coloque frente a los intereses del capital externo. No vemos, desde el fin de la Guerra Fría, un esfuerzo tan grande del capital externo en financiar, organizar, espiar y desestabilizar gobiernos, por más democráticos y legítimos que sean, substituyéndolos por lo que hay de más nocivo a la soberanía nacional. En otras palabras, representa la vuelta de la misma burguesía que, históricamente, ha gobernado América Latina, en representación a la injerencia externa y en beneficio propio.

Así cayó Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y, cuando acreditábamos que apenas las democracias menores estaban en peligro, la ola se transformó en un tsunami, derrumbando buena parte de los proyectos de soberanía nacional, instituyendo gobiernos conservadores y neoliberales, de forma democrática o no, en Perú, Argentina, Venezuela y Brasil, sin señales de que la tendencia llegue a su fin. 

Lo que siempre asustó a los Estados centrales no fue exactamente el modelo económico, el alineamiento o no a las doctrinas de izquierda, en el período de la Guerra Fría. Lo que nos torna más vulnerables y aun sujetos a las investidas del capital, sea por el barril de un financial hitman, sea por el acuerdo entre una horda de políticos corruptos que atienden a los intereses de nuestros pueblos.

*Tatiana Berringer es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC (Brasil) y Rodrigo do Val Ferreira es abogado socio-fundador de la consultora Ala Holding Group (China).

**Traducción: María Julia Giménez

 

 

 

Desde el 8 al 15 de agosto más de 100 personas en representación de 15 organizaciones sociales, políticas y ambientales se movilizaron en la Travesía por el Suroeste Antioqueño: Un Abrazo a la Montaña, organizada por el Cinturón Occidental Ambiental (COA), como un mecanismo de construcción de paz territorial con justicia social y ambiental. El Abrazo a la Montaña recorrió a través de movilizaciones, foros, conferencias, presentaciones y actos culturales, los siguientes lugares del Suroeste: Jardín, el Resguardo Indígena Karmata Rua, Andes, Hispania, el Resguardo Indígena Hermenegildo Chakiama, Bolombolo, Peñalisa, Tarso, Pueblorrico, Jericó, Támesis, Valparaíso y Caramanta.

Los activistas participantes estuvieron sorprendidos por las representaciones de bailes tradicionales y  obras de teatro; empequeñecidos por saltos de agua y farallones; arrullados por ríos corriendo entre rocas y pájaros cantando en los arboles. Estaban mojados por aguaceros y bronceados por el sol, revividos por los varios tonos de verde que colorean las lomas, el aire limpio, y el bosque denso y natural. El ritmo de la jornada fue constante e intenso y se cansaron andando las montañas, pero la inspiración les cogió al llegar a cada pueblo, donde las comunidades locales seguían en defensa de sus territorios y, con una energía  y alegría compartieron de sus luchas locales. 

En Andes una mujer lideresa del grupo Huellas de Vida lamentó el uso del agua para el monocultivo de café, “es un problema para los campesinos que los monocultivos se lleven todo el agua, y también que ellos usan químicos venenosos para el agua, los cuales, de hecho, no son necesarios para cultivar. Mi sueño es recuperar todos los manantiales del municipio”.

Andrea Echeverri, integrante del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE), expuso sobre los ríos colombianos y su uso en función del capitalismo: “En 2015 la energía hidráulica -aquélla que se obtiene por el movimiento, caída y corriente de las aguas- representó el 70% de la energía total del Sistema Interconectado Nacional, o sea que de cada 10 bombillos que se prenden en el país, 7 son alumbrados por nuestros ríos. Sin embargo, menos de 5% de esta energía está destinada  a los centros poblados. Casi la mitad (45,5%) termina siendo usada por las industrias y 21% es empleada en la explotación de minas y canteras; lo cual implica que las minas y canteras gastan 4 veces más energía de lo que nosotros hacemos en nuestras casas y es energía que en gran porcentaje requiere de la privatización de nuestros ríos y territorios para su generación, y que además genera otras injusticias en sus etapas de transmisión, distribución y comercialización. Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, en 2015 la demanda interna fue menor a la generación. Pero, si se produjo más energía de la consumida ¿por qué los medios y el gobierno crearon un discurso de escasez que llevó a racionamientos en varios territorios y a una ofensiva contra nuestras aguas?”.

El COA constata que “nuestra justicia social y ambiental nos obliga a señalar que la naturaleza no sólo ha sido víctima del conflicto armado sino de un modelo de desarrollo que pretende destruirla a partir de mega-proyectos mineros, energéticos, petroleros, agroindustriales y privatizarla mediante políticas conservacionistas de economía verde”. Las amenazas que plagan el territorio del Suroeste Antioqueño en este momento son: microcentrales y represas de agua; monocultivos de café, pino, eucalipto, frutales; la minería de cobre y oro; la ganadería, agroindustria, y semillas alteradas genéticamente. Amenazas estas que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo y del modelo económico capitalista internacional que se están conociendo en el marco de negociaciones para el fin del conflicto armado como la ‘paz corporativa’. La paz corporativa, como explica el COA, es “el intento del ejecutivo colombiano por pacificar al país para entregar amplias zonas del territorio nacional a las corporaciones transnacionales”.

La Asociación Regional de Mujeres del Suroeste (ASUMBUS) y la Corporación Vamos Mujer constataron que, “son muchas las afectaciones y las implicaciones ambientales y socio-culturales negativas derivadas de los mega proyectos minero energéticos y extractivos: pobreza, violencias contra las mujeres de tipo sexual, física y económica, enfermedades, divisiones y rupturas del tejido comunitario y organizativo y expropiación del territorio y de los bienes naturales. Nos negamos y resistimos a esta propuesta del desarrollo excluyente y depredador, que mercantiliza la madre tierra y el cuerpo de las mujeres”.

En el Resguardo Indígena Hermenegildo Chakiama, antes de un acto espiritual, se escuchó sobre las diferencias entre un plan de desarrollo y un plan para la vida. Un plan para la vida, explicado por el gobernador indígena, “es un plan de largo plazo. Es un plan que incluye fortalecer el pueblo con una construcción continua de identidad, pensamiento, idioma, comida y territorio. El plan de vida tiene una educación propia, medicina tradicional y una defensa del territorio, el agua, el bosque y todos los recursos naturales”.  Eva Vélez, la  coordinadora del grupo de baile en el Resguardo Indígena Embera Chami Karmata Rua, explicó su qué hacer a través del arte como parte de un plan para la vida: “La danza sirve para enseñar la historia, para construir comunidad entre los jóvenes y para defender la cultura y el territorio”. 

Desde una tarima en Valparaíso, antes de empezar el acto cultural, el maestro de ceremonias recordó que “los campesinos alimentan este país, no las multinacionales”.  Se conocieron propuestas comunitarias como el Circuito Económico Solidario de Támesis (CESTA) que vende productos de campesinos y trabaja la conservación de la semilla criolla.

Durante un foro en Jericó, pueblo sede de la oficina de la empresa Anglo Gold Ashanti, los panelistas reconocieron que la paz va a dividir más a la sociedad que la guerra, porque aunque todos están en contra de la guerra, derecha e izquierda, multinacionales y campesinado, queda todavía la pregunta de cómo se va a construir la paz porque cada sector lo imagina distinto. Algo en lo cual todos los exponentes estaban de acuerdo es en la indignación de tener que negociar con empresas privadas en sus territorios como si fuera un actor político legítimo. Maria José, panelista del COA, lo explicó alegóricamente: “Tanto como no negociaremos con un ladrón que nos va a robar la plata en la calle, no negociaremos con multinacionales que vienen a robarnos el territorio”. Por eso, en Palermo una lideresa comunitaria expresó el compromiso del pueblo de no dejar a entrar a Anglo Gold Ashanti en su territorio: “Hemos visto lo que ha pasado a los pueblos vecinos, hemos visto que la minería trae la destrucción de la comunidad y el medio ambiente y trae la prostitución de las niñas y los niños y la corrupción en el gobierno para dejarlo pasar... eso no queremos para Palermo”.

En Tarso, el ambientalista Juan Alejandro Palacio recordó de la importancia de entender “un bonito paisaje” como más que una vista, y reconocerlo como un sistema ecológico que hay que entender como habitantes del mimo sistema. “Mostrar a los niños fauna en un zoológico es como mostrar a los extraterrestres los seres humanos en un manicomio”, dijo mientras exponía sobre la flora y la fauna diversa y extensiva del Suroeste Antioqueño, mucha de ella en riesgo de perderse por la minería, represas y la ganadería a gran escala como una práctica para el lavado de dinero. El Director de Escuelas Rurales también resaltó la importancia de conocer el territorio con su comentario, “el territorio es la educación, y la educación es el territorio”.

Daniel Pardo de la Corporación Social Nuevo Día enfatizó sobre la importancia de la participación ciudadana directa desde los territorios en la política, reafirmando que “la paz son cambios; no se decreta, se construye”.

En toda la travesía la lucha de las comunidades campesinas e indígenas mostraron su dedicación a la vida digna, su insistencia para un territorio libre de explotación y lleno de recursos naturales, biodiversidad y economía propias. Mientras las negociaciones para el fin del conflicto armado continúan en Colombia, los pueblos, más que nunca, tienen que unir las voces para defender su auto-determinación y soberanía, para obligar que el uso del territorio se quede en las manos de los habitantes y no mandado desde el gobierno nacional y mucho menos desde las empresas privadas, sean Colombianas o multinacionales.

 

En la tienda del barrio, en las calles de las ciudades, en el transporte público y en los lugares de reunión en las veredas y pueblos, familiares, amigos y vecinos ya comenzaron la discusión: ¿Votar sí o no en el plebiscito que refrendará los acuerdos de La Habana?

Esta pregunta se ha vuelto usual en las conversaciones diarias de los colombianos. No  es para menos, tras casi cuatro años de negociación entre el gobierno y las FARC, en donde ha estado en el  ojo de la opinión pública lo que se dice en La Habana y lo que se rumora en Colombia sobre el contenido de los acuerdos. Ya existe la confianza suficiente en que este proceso de paz llegará pronto a ser una realidad, después de la firma del acuerdo de justicia, el de cese al fuego bilateral y el visto bueno de la Corte Constitucional al plebiscito para refrendar los acuerdos. A pesar de esto, en  nuestro país existe una gran parte de personas descontentas, impulsadas en gran medida por los rumores  de sectores políticos con intereses en la continuidad del conflicto social y armado pero también por una desconfianza fundamentada en la historia reciente y en  la conducción del país  por parte de personajes como Juan Manuel Santos.

Decir no en este escenario es fácil. Pero no sólo es fácil, es precisamente lo que los  dirigentes del país han tomado como bandera para conservar su  poder político; en el año 48 un disparo, motivado por los alaridos  de los dirigentes  conservadores y sectores de los liberales, dijo no a la posibilidad de que un hombre con rasgos indígenas alzara la voz en nombre del pueblo; en el año 58 el frente nacional le dijo no a cualquier otra expresión de participación política diferente al partido liberal o conservador; en el año 64  el entonces presidente Guillermo León Valencia, abuelo de la actual senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, dijo no al diálogo y al reconocimiento de las demandas campesinas de las poblaciones asentadas en  territorios de Tolima, Cauca y Huila y bombardeó a los reclamantes. En el año 70 Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana, le dijo no a una opción electoral diferente a la del frente nacional, y usurpó el lugar de presidente con el visto bueno del establecimiento. Estas reiteradas negaciones a la participación política amplia dieron como resultado el nacimiento de las guerrillas colombianas, y a un conflicto armado que se sustenta en la decisión de quienes ostentan el poder de continuar haciendo más grande la desigualdad, la pobreza y la exclusión de quienes no hacen parte las de las elites y castas regionales tradicionales.

Pero no sólo se ha ondeado la  bandera del no para la participación política, también años de mal gobierno le han negado a las mayorías del país, es decir, a los obreros, a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes, a  los niños, a esos que llaman pobres y clase media, la posibilidad de un Estado que favorezca las condiciones donde florezca la vida digna para todos los colombianos. En múltiples ocasiones, como en el año 74 con el Pacto  del Chicoral, los terratenientes  y la clase política del país le han dicho no a la posibilidad de una reforma agraria que redistribuya la tierra para los pequeños y más pobres campesinos; también en otras oportunidades como en el año 94 el Congreso de la Republica le dijo no al proyecto de una universidad sólida económicamente, que pudiese multiplicarse por todos los rincones del país,  con la expedición de la ley 30.

Por esto no es extraño que nuevamente  un sector de la derecha alce su voz para decir no. Pero hay que aclarar ¿a qué le dicen no?  El debate que comenzó en el país se debe decir que  en muchas ocasiones carece de argumentos y se sustenta en muchos lugares de frases comunes construidas desde oficinas de marketing político y que son replicadas por los medios masivos de información.  Esto se debe en parte porque el gobierno de Santos no ha asumido una postura radical frente a la defensa del proceso y de pedagogía de lo que se ha acordado, con las implicaciones que esto podría traer para el país.

Quienes dicen no se oponen a un acuerdo de desarrollo rural que traerá para muchos campesinos la posibilidad de acceder a servicios públicos domiciliarios o a la titulación de una finca del fondo de tierras; dicen no a un estatuto a la oposición y a unas mejores condiciones de participación política y electoral para los grupos pequeños, no sólo de las FARC; dicen no a la ruta para la sustitución manual de cultivos que para algunos campesinos puede significar el volver a su tradición y vocación agrícola, y que para el país puede ser la oportunidad de comenzar a superar la cultura narco que se ha arraigado en toda los espacios de  las esfera nacional; también dicen no a la posibilidad que tienen millones de víctimas de saber qué les pasó a sus familiares en el marco del conflicto, encontrarlos y exigir justicia y reparación. Quienes se oponen lo hacen porque son los mismos que le han dicho no a la construcción de un país digno. No será entonces extraño ver en la foto de la campaña de coordinación del no a Paloma Valencia junto a Andrés Pastrana y Uribe, quien desde que era senador fue ponente de la ley 100, con la cual se le dijo no a un sistema de salud como derecho, dejándola a merced del mercado, el ex presidente también dijo que en Colombia no existía un conflicto armado, negando a 7 millones de víctimas y desplazados. Como vemos, decir no  es fácil.

Decir sí en este contexto es difícil y ha costado muchas vidas y sueños, pero este camino significa la esperanza de la construcción de un país en el que la muerte por causas políticas o  ineficiencia del Estado no sea una costumbre. Es difícil entender que a pesar de que lo que se acuerda en La Habana es importante, no significa el fin del conflicto social y por ende valorar afirmativamente el plebiscito debe ser sólo un paso, pero la construcción de paz depende de una participación amplia, multicolor y fuerte  en donde tengan voz las mayorías relegadas únicamente a la aprobación silenciosa de las políticas nacionales. Vamos a decir sí, pero más que un voto, esta afirmación debe  ser el punto en el que nos unamos quienes creemos que la tierra, la salud, la educación, la política,  deben favorecer la vida digna de  todas las personas que habitan este país, para expresar que somos capaces desde nuestra diferencia  de construir un buen gobierno. Como vemos decir sí es difícil, pero transformador.

No sobra recordar  entonces a quienes decididamente optamos por el camino difícil las palabras de elogio a la dificultad del filósofo Estanislao Zuleta, quien afirmó que “Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento”. Usted a que le apuesta ¿a lo fácil o  a lo difícil?

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