Edición 130 Agosto 2017

Porfirio sigue siendo majestuoso e inmediato en la referencia de la condición humana. Cuentan los que han escrito de él que fue un soldado del ejército conservador en la triste guerra de 1886, la de los Mil días. Este hombre de expresión agreste sobrevivió al enfrentamiento fratricida y luego se hizo maestro de escuela; en el oficio de la enseñanza era muy bueno, compartía sus ingresos con la gente más necesitada y también los usaba para refaccionar los daños de la edificación de la escuela.

No es una excepción que un soldado,  un maestro, se sienta opacado en un país tan estrecho y busque una salida. Para Porfirio esta salida era necesaria para continuar escribiendo sus sentires sobre la vida. Entonces comenzó el viaje, decidió bajar hacia el río Cauca, luego al río Magdalena, y siguió hasta Puerto Colombia en Barranquilla. Allí continuó sus quehaceres intelectuales, e intentó comenzar un periódico. Pero pronto miró al Norte y nuevamente emprendió el camino.

Llegó a México, siempre asilo de los incomprendidos en Colombia. En ese momento la tierra de la revolución lo protegió, porque allí a la gente la respetaban por su opinión. Buscó este refugio porque no tenía espacio para desarrollar su obra en Colombia, dada la rigidez impuesta básicamente por el Partido Conservador de la Iglesia católica romanista, eso no necesita explicación.

Era un hombre que estaba asfixiado en un territorio mandado por un pacto con el Vaticano. Ya sabemos el poder político de la Iglesia católica; en esos momentos la escuela colombiana era un instrumento más de la Iglesia católica. Era un hombre que sabiamente entendió que no podía quedarse aquí porque aquí se moría; tenía que irse a un lugar que le diera garantías para hacer su ejercicio de la libertad.

Miguel Ángel Osorio, como aparece en los registros oficiales, es y murió siendo un iconoclasta, un hombre pensante de la justicia. Tuvo una grandiosa amistad con Federico García Lorca, otro monstruo de la poesía. Todo su esplendor periodístico y literario fue en Ciudad de México, en la República Mexicana. Cuentan también que hizo periódicos en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador.  

Podríamos resaltar su grandeza, su majestuosidad, que sigue siendo perenne como la que podemos ver siempre en la Canción de la Vida Profunda. Era un buscador de la libertad y creo que sigue siendo vigente porque él reivindicó las libertades, las libertades democráticas por las que tantos perecieron en este país y por las que aún pueden perecer.

Porfirio tiene su peso, su sitial de honor, dentro de la poesía latinoamericana y mundial. Retrató la vida y al ser esplendoroso que busca el sol, que busca la libertad, que hace el ejercicio de ser inmensamente crítico. En él encontramos la destrucción de la hipocresía, en él encontramos el ser pleno, el ser en su ejercicio maravilloso.

Su obra habla sola, entra en el concepto de lo universal, de lo atemporal, de lo perenne. Lo grandioso de Porfirio Barba Jacob es que fue un hombre de mucha inteligencia, que supo evadir el conflicto que se le cernía en Colombia.

Aunque volvió al país, fue una cosa de entrada por salida, porque fue un hombre de mucho conflicto individual, familiar y personal por su condición personal de ser. Desafortunadamente en esos momentos no se disfrutaba de las libertades democráticas que podemos disfrutar ahora, no queriendo decir que estemos en un paraíso; pero él necesitaba de un lugar esplendoroso donde se valorara su creación y no se le persiguiera.

Su obra se reconoció en vida, pero no con la majestuosidad de ahora, porque de todas maneras en estos momentos hay más valoración y más conocimiento de su obra. Es que estamos hablando de una Colombia de principios de siglo XX y de un México también a principios de 1900, que no tenía las facilidades que hay ahora, estamos hablando de que en esos momentos se hacía prensa con lingotes, igual que los libros. Ahora los medios de comunicación masifican cualquier evento o cualquier elemento; él no disfrutó de estos momentos. Hacer poesía y periodismo en esa época implicaba estar sometido a linotipo, a la tecnología disponible en esa época.

Su poesía es un pregón de la libertad, otros la llaman que es el cinismo poético. La poesía de Barba Jacob es un grito angustiado que busca entender la opresión contra el hombre, contra el ser, es un grito que busca la libertad, que quiere un espacio para el ejercicio vital de existir. A través de toda su obra, podríamos decir que es la autenticidad andando; de los seres más auténticos que haya dado nuestra América es Porfirio Barba Jacob. Allí se refleja el ser buscando las respuestas al dolor, a la opresión, a la mentira. Esa es la grandeza de este señor. Releerlo es redescubrirlo.

Decía Vittorio De Sica: “el mejor cine nace de continuar el camino que le es impuesto por la realidad humana y social contemporánea. Y esta realidad es la que le da la razón de ser, su carácter nacional y su valor universal”. Significaba esto que el buen cine (para De Sica) era aquel que narraba las historias y las realidades circundantes, aquellas realidades que a su vez impulsaban la inspiración y la obra de un autor, hablando de Roma, ciudad abierta (Roma, citta aperta, 1945- Roberto Rosellini) marca el camino del Neorrealismo Italiano: “la descripción descarnada de una sociedad colapsada por la guerra, empobrecida y pesimista; el uso de escenarios naturales, la presencia de actores no profesionales, rodajes con mínimos elementos técnicos”,  según el artículo “La Itália de De Sica” de Juan Carlos González.

Vittorio (y varios otros realizadores y teóricos) vieron nacer (parieron) uno de los géneros o corrientes más distintivos del cine: el neorrealismo italiano, una corriente que, como se señaló anteriormente, hizo cine con su gente y con sus uñas, narrando historias de la cotidianidad de la posguerra en un país pobre y en ruinas, asumiendo una realidad, su ética y su estética.

Un género es un conjunto de características que se repiten (más o menos) en varias obras, por lo general enmarcadas en un territorio y en un tiempo determinado (más o menos), que, sin pretenderlo dan cuenta de un momento tecnológico, estético y ético. El western (películas del Oeste), el musical, la ciencia ficción, el terror, e incluso las películas de superhéroes modernas están siendo (o fueron) testigos de momentos históricos: los musicales fueron el género por excelencia durante las guerras mundiales y servía para ser feliz y libre de preocupaciones por dos horas; el expresionismo alemán (corriente que estableció las bases del cine de terror) nació antes del auge de Hitler durante la primera posguerra mundial y la Nueva ola francesa (Nouvelle vague) fue impulsora de los años 60s, cuando los valores y las formas de mirar al mundo fueron repensadas y revolcadas.

Las categorías sirven para unificar criterios y diferenciar conjuntos de cosas. En el cine, las categorías, los géneros, las corrientes han sido además las encargadas de traducir o personalizar el devenir de la historia y la cultura; algunos musicales, aunque tengan un halo de festividad y alegría pueden estar narrando el dolor vivido durante las guerras mundiales, o las películas de vaqueros, un género que dominó por mucho tiempo el gusto del público, puede parecer a simple vista el género de acción de moda para entretener a las personas, aunque si se mira con mayor detalle se encuentra que simbolizaban también las transformaciones de la sociedad, el establecimiento de la industrialización (representado en el tren) y de unas costumbres colonizantes (la dominación del hombre industrializado sobre el indígena nativo).

Los géneros de cine se han transformado; los vaqueros por ejemplo, tienen la dicha de gozar con sub-géneros como el acid western (donde adquiere tintes psicodélicos y metafísicos, encontrando su mejor exponente en Dead man (1995) del director Jim Jarmusch) o el spaghetti western (género de vaqueros realizados por italianos). Estas reinvenciones por lo general surgen de la necesidad de narrar de manera tradicional (y con métodos típicos de algunos géneros) los nuevos aconteceres de la sociedad.

Las salas de cine en Colombia suelen considerar al cine colombiano como un género en sí, como si cada película del país no tuviera más característica que el hecho de haber sido hecha por colombianos. Lo cierto es que han existido exploraciones de género en la cinematografía colombiana y latinoamericana; corrientes como el cinema novo brasileño (el cual aspiraba a hacer un cine pobre, con los pocos medios habidos pero con la fuerza narrativa de la realidad) o el gótico tropical, género que pretendió narrar con una estética caribeña los monstruos y fantasmas de estas tierras, cambiando las sombras de los castillos, por las lúgubres casas coloniales y el sonido de las palmeras en la noche.

Los géneros le han puesto color al cine, han facilitado las narraciones y en ocasiones han servido para encubrir mensajes que por la censura no se hubieran podido difundir (como con el surrealismo que para decir lo que tenía que decir tuvo que deformar su discurso para sonar durante el franquismo), marcaron los desarrollos tecnológicos, como la llegada del sonido (que dio paso al musical) o la ciencia ficción, que siempre ha llevado la batuta (curiosamente junto a las películas de época) de los avances en el medio.

Vale la pena buscar la ideología en cada género, descubrir sus narrativas, sus discursos y sus formas, aprender a leer lo que está escrito en la imagen; descifrar en sus técnicas los mensajes que hoy difunde la televisión y los medios audiovisuales en general. Aprender a ver, es aprender a leer la imagen en movimiento.

En los postulados de la teología de la liberación, los empobrecidos siempre han estado presentes en la iglesia de América Latina. Siguiendo esta opción, y entendiendo los difíciles contextos por los que ha atravesado la sociedad latinoamericana, muchos, a partir de ciertas motivaciones religiosas, posibilitaron la construcción de un movimiento que propendiera por una forma nueva de vivir la iglesia con relaciones más fraternales y solidarias, y de paso aportar a la construcción de un continente y una sociedad más justa y solidaria.

La avanzada teológica del Concilio Vaticano II (realizado entre 1962 y 1965), la muerte de Camilo Torres Restrepo en febrero de 1966, Golconda y la conferencia de Medellín (CELAM) en 1968, fueron algunos acontecimientos que sin duda posibilitaron la consolidación, en palabras de Pablo Richard, de uno de los fenómenos más importantes de la iglesia latinoamericana: las llamadas Comunidades Eclesiales de Base  (CEBs).

Bajo este panorama, Medellín se convirtió en un escenario por excelencia en la configuración de un movimiento autónomo, liberador, que incentivado por la desigualdad social emprendió caminos de construcción de procesos organizativos alrededor de la Teología de la Liberación. Las denominadas CEBs aparecieron en el vasto territorio del Valle de Aburrá con la firme intención de luchar junto al empobrecido, humillado y excluido por las dinámicas comerciales y delincuenciales presentes en las décadas de los 80 y 90 de la “tacita de plata”. En su composición, las CEBs eran más que una corriente de pensamiento y se configuraban como una forma de la iglesia en el movimiento popular que buscaba no solo reivindicar el papel del empobrecido dentro de la iglesia, sino también su papel protagónico en la construcción de barrio, comuna, país y sociedad.

La experiencia de las CEBs en Medellín tiene su historia, en ocasiones revitalizadora, en otras martirizada, pero que puede ser observada en aras a manifestar su influencia en la vida y  construcción de los diferentes barrios y procesos sociales que hoy componen la ciudad. Su papel protagónico desde las apuestas educativas populares, la defensa de la vida, la comunicación popular, la economía popular, la construcción de comunidad, entre otras, hizo de las CEBs una opción de vida y de búsqueda de solución de los problemas concretos de las comunidades en los barrios de la metrópoli.

Su concepción de lo popular trasegaba por la búsqueda de una vida digna para todos los empobrecidos,  tanto así que fueron organizaciones pioneras en la conformación de los movimientos sociales y populares que hoy existen en Medellín y en todo el territorio nacional. Su abanderada de siempre, la vida misma, hizo que emprendieran múltiples luchas por lo que ellas mismas denominan la salvación y la liberación, condiciones humanas necesarias para vivir en la tierra y destruir un capitalismo salvaje que imparte muerte a diestra y siniestra.

La apuesta de las CEBs por construir desde el amor eficaz -inspirados en Camilo y su sueño de justicia-,  buscó hacer visible la situación de injusticia causada por una violencia institucionalizada por la que atraviesan los empobrecidos. Esa situación de injusticia expresa una situación de pecado, que no puede dejar de ver el que ha de llamarse “cristiano/a”, ya que es allí mismo donde se encuentran esas injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, donde hay un rechazo del don de la paz de Dios.

Esta forma de ver la realidad, ligada a eso de lo popular, permitió a las CEBs erigir una tripleta por defensa/promoción/valorización de la vida y la preservación de los valores, proponiendo un método que incluía el ver, juzgar y actuar; ver por sí mismos elementos para juzgar, y exigencias para actuar, eligiendo la cultura popular como herramienta para la liberación de los pobres.

Así, la búsqueda infalible de las CEBs es buscar que lo popular engendre sinceros cristianos dispuestos a suprimir la explotación del hombre por el hombre y a luchar por la distribución justa de la riqueza social, la igualdad, la fraternidad y la dignidad de todos los seres humanos, es decir, ser portadores de la conciencia política, económica y social más avanzada, construyendo así  el reino de Dios en la tierra.

Los pilares sobre los que se levantan las CEBs en nuestros territorios siguen siendo los sin voz, los oprimidos, los trabajadores y las trabajadoras, los habitantes de las periferias urbanas, las comunidades indígenas y campesinas expropiadas de sus tierras, las mujeres, los estudiantes, y en sí misma la clase empobrecida.

Se ha dicho mucho sobre la “extinción” de las CEBs, pero allí mismo, donde la injusticia arrecia en Medellín y toda Colombia, las CEBs siguen su camino,  desenmascarando todos los efectos de la globalización, el neoliberalismo, el patriarcado, la pobreza, la exclusión y el pensamiento único, que han oprimido y explotado históricamente a la clase empobrecida de toda Nuestra América.

Existe un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y hace pocos días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle. En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.

En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadoras, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboní, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.

En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbío, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.

En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos. En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares.

En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados  internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia.

En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de “la cárcel o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de “primero la cárcel y luego la muerte”), además han sido asesinados ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha.  El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco; el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, fue solo quince días después de haber salido de la cárcel.

En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre. En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013.  Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que “este país es uno de los más desiguales del mundo”.

En ese país, según  una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio Gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones. En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina.

En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). En ese país se difunde cada cierto tiempo la noticia -que parece entresacada de los cuentos de hadas-, de que es lugar más feliz del mundo.

El país del que les hablo es Colombia, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el Nobel de la Paz, lo cual en verdad debería leerse como el Nobel de la Muerte, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibido tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra).

Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas.

Es bueno preguntarse por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos (como Boaventura de Sousa Santos) –algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia–. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales –y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción  separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir– se pronuncien con tanta beligerancia contra el Gobierno venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia.

Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia –en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz–, y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los Estados Unidos y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados.

Carta de un integrante de las FARC privado de la libertad

 

La huelga que iniciamos el pasado 26 de junio acá en la cárcel de Chiquinquirá, Boyacá, es el primer paso, con el que pretendemos visibilizar nuestra condición como prisioneros políticos, y los tratos degradantes a los que somos sometidos diariamente, además de mostrar cómo el Gobierno nacional no solo incumple lo acordado en La Habana en lo relacionado con la Ley de Amnistía e indulto, sino cómo también rompe el punto que se refiere al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, pues las condiciones a las que nos someten son directamente hostiles.

Además de la huelga, nos encontramos en jornada permanente de desobediencia pacífica (alrededor de 1760 hombres y mujeres). Esta desobediencia se realiza día a día. En la madrugada se inicia con el primer acto de desobediencia; no se permite la primera contada, la cual en condiciones normales la haría el Inpec a las 6:00 a.m, luego todos a las duchas, y este procedimiento va hasta las 7:00 a.m. aproximadamente. De ahí llega el desayuno para algunos compañeros, que por su estado de salud no participan en la huelga (pero sí en la desobediencia); hacia las 8:00 a.m. permitimos la contada, luego continúa la desobediencia, negándonos a salir a las actividades como estudio (CLEI), a talleres, a deporte, al aseo de zonas comunes, entre otras. En este espacio nos reunimos y  hacemos un balance de lo acontecido el día anterior, se proyectan y planean las actividades para el día.

A las 10 am aproximadamente traen el almuerzo de los enfermos, salen al médico los que estén en peor condición de deshidratación, entre ellos los que se han suturado sus labios. Intercambiamos experiencias con otros pabellones y se trata de hacer el menor gasto energético posible y así vamos hasta las 3:00 p.m. cuando llegan los alimentos para los enfermos. A las 4:00 p.m. tampoco se permite la contada, ni permitimos que nos encierren en las celdas como sería lo rutinario, más bien aprovechamos ese espacio para hacer otro balance y conversar y subir el ánimo para continuar.

Es triste que los medios masivos sigan ocultando lo que nos ocurre. No dicen ni lo más mínimo; por ejemplo no hablan de 250 adultos mayores en huelga, ni de compañeros lisiados de guerra como es el caso (por mencionar sólo uno) de Oscar Tordecilla Madera, quien al momento de ser detenido aún podía ver, y por negligencia e indolencia del Gobierno y del Inpec fue perdiendo progresivamente la visión hasta quedar totalmente ciego; esto sin contar que él sufrió amputación de la mano derecha. Estos medios de comunicación tampoco informan sobre las represalias que toma el Inpec, como la suspensión de las visitas, o las amenazas frecuentes de ingresar a la fuerza y golpear a los prisioneros, según ellos para  restablecer el orden. Nosotros hemos denunciado todos estos atropellos a través de nuestros propios medios y el Gobierno se hace el de la vista corta.

En esta huelga y desobediencia pacífica nuestra familia y amigos juegan un papel fundamental, y son un puntal de apoyo para nuestra lucha, con la ayuda en las denuncias, en la gestión de documentos y sobre todo con la participación de ellos en plantones y movilizaciones en favor de nuestra justa lucha por la libertad, y en general por la implementación integral de los acuerdos.

El Gobierno nacional el día 10 de julio emitió decreto para dar amnistía supuestamente a 3252 guerrilleros, pero solo cobija delitos políticos y es básicamente para quienes tienen requerimientos y no pudieron ser detenidos, es decir para miembros de las FARC que están en las zonas y que hicieron dejación de las armas. Por estos motivos se ha retrasado la liberación de los prisioneros políticos de las FARC.

Desde hace más de seis meses se firmó la Ley 1820 de 2016. Con relación a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, desde el inicio los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, se han mostrado en desacuerdo. Decían para ese entonces que requerían tiempo prudencial para estudiar, entender y aplicar la ley, tiempo que usaron para dilatar su aplicación, así mismo, para poner trabas, por lo que fue necesario que se hiciera un decreto reglamentario, el 277 de febrero de 2017, pero aun así no aplican la ley.

De lo anterior se puede deducir que es falta de voluntad política, la cual cubrieron con el argumento de la falta de personal en los juzgados y la congestión de los mismos, así que se declararon en huelga. Luego de que les fue asignado presupuesto y levantaron el paro, y al no haber más excusas para no aplicar la ley, entonces apareció la causa real, una causa fuera de toda lógica, pues ahora los jueces dan carácter político e incluso se sienten investigadores (es claro que un juez debe aplicar la ley sin que en la aplicación influya su ideología política o su creencia religiosa).

Cuando un prisionero político de las FARC cumple con los requisitos (tener el certificado de pertenencia a la organización expedido por el Alto Comisionado para la Paz, haber firmado el acta de compromiso ante el secretario de la JEP, y llevar mínimo cinco años privado de la libertad) los jueces deben dejarlo en libertad condicionada.  Aun cumpliendo estos requisitos, el juez pregunta: ¿cómo compruebo que una persona pertenece a la organización FARC? Se han visto innumerables casos de presos políticos que están en prisión desde el año 2000 y el juez aduce que no tiene cómo verificar los cinco años privados de la libertad.

También los jueces le solicitan a un interno que le haga llegar el certificado del Alto Comisionado, cuando este documento reposa precisamente en la oficina de él. Así, un sin número de actuaciones demuestran claramente la falta de voluntad, la mala fe y la postura política de muchos jueces. Pero lo anterior no es nada al lado de lo que opina el juez primero de Tunja, Camilo Ernesto Becerra Espitia, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad: “por mi cuenta no va a salir ningún guerrillero de la cárcel". A este señor se le interpuso una demanda por negligencia, violación al debido proceso y retención ilegal e indebida de prisioneros, por entorpecer la justicia, entre otras.  Así es que los jueces politizan la aplicación de la ley.

  

Contexto 

Esta carta de Clemente, preso político de las FARC en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, fue enviada a la redacción del periódico Periferia. La huelga de hambre de los presos políticos de las FARC fue acompañada desde el primer momento por el líder guerrillero y miembro del secretariado Jesús Santrich, quien aseguró que ya son 3400 los reclusos reconocidos por las FARC, 900 de los cuales aún no han sido acreditados por el Gobierno.

El 15 de julio esta huelga cumplió 19 días y afectó no solo la salud de cientos de presos políticos, sino la de Santrich, a pesar de encontrarse en libertad, tanto que fue necesario internarlo de urgencia en la clínica Shaio de la ciudad de Bogotá el día 14 de julio, en donde estuvo en delicado estado de salud y en la unidad de cuidados intensivos.

Los presos políticos a los que se les incumple el acuerdo de La Habana y se les niega ilegalmente su libertad, a la fecha de publicación de esta edición, se mantienen en desobediencia en 19 cárceles del país. Son aproximadamente 1110, que según la Coalición de Derechos Humanos Larga Vida a las Mariposas se encuentran adelantando la protesta que no cesará, manifiestan los presos, hasta que alcancen su libertad. “De 3400 personas reconocidas por las Farc faltan 2.577 por ser liberadas, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado colombiano, mientras que el grupo finalizó la dejación de armas en cumplimiento a lo pactado”, explicaron voceros de esa organización de derechos humanos.

El Gobierno y el sistema de justicia colombianos se encuentran frente a una situación delicada en materia política y legal, respectivamente, ya que la propia Misión de las Naciones Unidas en Colombia hizo un enérgico llamado al Estado para que dé aplicación a la Resolución 2366 de 2017, aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado 10 de julio, para que se solucione la situación de los integrantes de la guerrilla que se encuentran privados de la libertad.

En un comunicado el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció en los siguientes términos: “La detención de los miembros de las Farc en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”.

Por Rosa Ballesteros - Tierra Libre

La región del Sumapaz, como otras tantas regiones del país, se encuentra amenazada por el avance de la locomotora mineroenergética. Diferentes proyectos como el Bloque Petrolero VMM29 de explotación bajo técnica fracking, o los Bloques COR33, COR04 y COR11 de yacimientos no convencionales, agenciados por empresas transnacionales canadienses, como Allange Energy Corp, Canacol Energy y ADA; así como la Hidroeléctrica Agua Clara de Emgesa Endesa sobre el río Sumapaz, y diversas explotaciones de minerales y materiales como la arena sílice, son la preocupación de los habitantes de este territorio, en el que se alberga el páramo más grande del mundo.

Con lo anterior, se han puesto en riesgo aspectos como la producción de alimentos, que hace del Sumapaz una de las despensas agrícolas mas representativas del centro del país; las numerosas fuentes hídricas de la región que nacen principalmente en el Páramo, y sobre las que se desarrollan diversas prácticas de gestión comunitaria del agua y se tejen importantes ecosistemas para su preservación; así mismo la permanencia de las comunidades campesinas, que constituyen la mayor parte de la población.

Pero en el marco de estos proyectos, las comunidades de la Provincia han impulsado diversas Consultas Populares para manifestar su rechazo a este tipo de proyectos. Es el caso del municipio de Cabrera que en febrero del presente año dijo No a la Hidroeléctrica El Paso, con una votación del 97,2%. Vale mencionar que antes de que la Consulta tuviera lugar, Emgesa ya se encontraba en el resto de municipios de incidencia socializando a los Concejos Municipales que había decidido retirarse de Cabrera con el fin de implementar un proyecto con condiciones ambientales mucho más “sostenibles”. Bajo este argumento, la empresa pretendió invisibilizar la capacidad de organización de la comunidad, manifiesta en la alta movilización contra el proyecto y la constitución de la Zona de Reserva Campesina.

Según lo socializado por la empresa en el Concejo Municipal de Pandi, el proyecto se llamará ahora Hidroeléctrica Agua Clara, y tendrá lugar principalmente en el municipio de Icononzo (Tolima), en segundo lugar Pandi y en tercer lugar Venecia,  para la extracción de materiales. Informaron también que durante el 2017 se dedicarán a reelaborar y radicar el Estudio de Impacto Ambiental, así como a llegar a acuerdos con las comunidades implicadas.

Siguiendo el ejemplo de Cabrera, el pasado nueve de julio con 4.312 votos, el 98,54% del total de votantes, el municipio de Arbeláez le dio un No rotundo a la explotación de hidrocarburos en su territorio. Igualmente, se gesta para el seis de agosto la Consulta Popular para la capital agrícola de la Provincia: el municipio de Pasca. Allí, los enruanados paramunos también pretenden rechazar la entrada de transnacionales canadienses para la explotación petrolera. También las poblaciones de Fusagasugá, Tibacuy, Silvania y Sibaté vienen discutiendo y movilizándose en torno a este mecanismo, que permitiría decidir sobre la entrada de este tipo de proyectos a los territorios.

Este auge de Consultas Populares se ha dado en el marco del debate sobre la implementación de la técnica fracking para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Los principales argumentos a favor se basan en la idea de que Colombia solo tiene seis años de reservas de petróleo y simultáneamente presenta un aumento de la demanda energética, con ello, a muy corto plazo no tendríamos la capacidad de producir  lo que consumimos y estaríamos a puertas de una crisis fiscal grave, en la que pasaríamos de ser un país productor de petróleo a uno importador.

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, defiende la idea de que “no podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, y mas recientemente, tras el resultado de las Consultas en Arbeláez y Pijao, el director de la Agencia Jurídica de Defensa para el Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que "se acabaría con el Estado Social de Derecho", ya que según Vélez, es imposible financiar "el Estado Social de Derecho como el que hemos querido crear en Colombia con un cubrimiento de salud para la población, con vivienda y vías sin tener regalías mineras, no hay forma de sustituir esos recursos".

Las Consultas Populares han puesto de manifiesto dos modelos en confrontación. Por una parte el del Gobierno basado en la profundización de un modelo minero energético que desplaza la vocación agropecuaria de los territorios, y despoja y amenaza la vida de las comunidades y ecosistemas; y por otro, el que demandan las mismas comunidades, en donde haya dignidad para el campo colombiano. Estas últimas, por tal razón, insisten en las Consultas y en la movilización como un escaño en la lucha por la defensa del agua y el territorio, y como manera de resistir a situaciones de amenazas directas,  intimidación, sabotaje y militarización de sus espacios de participación.

 

La Provincia del Sumapaz está ubicada al suroccidente de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, y está integrada por los municipios Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera,  y Granada. Su capital y centro económico es Fusagasugá. Esta región se caracteriza por albergar el páramo más grande del mundo con una extensión de 223 hectáreas, que se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Este páramo es una de las regiones biodiversas más importantes de Colombia y tiene una gran importancia por su riqueza hídrica, ya que actúa como esponja para el almacenamiento y liberación de agua lluvia, lo que en palabras coloquiales, le constituye como un productor de agua que nutre numerosas lagunas y corrientes. Es por ello que se le ha considerado como una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

De este páramo nace la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, que se extiende sobre 20 municipios de Cundinamarca y Tolima, por lo que se le conoce como la ‘columna vertebral’ de la Provincia, en la que existen numerosas fuentes hídricas provenientes de este río.  Esta es una región con una amplia extensión territorial rural, y una vocación agropecuaria y forestal, que configuran a la Provincia como una de las despensas agrícolas más representativas del centro del país.

 

 

En el páramo de Santurbán, subpáramo y bosque alto andino, se encuentra la Estrella Hídrica que provee el agua para toda forma de vida de los dos santanderes; pero a la vez en sus rocas se encuentra oro, por lo que atrae la codicia de empresas extranjeras, las cuales han recibido generosas concesiones por parte del Gobierno nacional.

En el 2009, habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga conocieron el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la empresa Greystar Resources –hoy Eco Oro– de origen canadiense, con el cual pretendía explotar oro a cielo abierto en los municipios de Vetas y California (Santander). Este proyecto utilizaría diariamente 230 toneladas de explosivos ANFO y 40 toneladas de cianuro. La noticia impactó de tal manera a la comunidad, que se organizó y construyó la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, siendo su herramienta fundamental la movilización social. De esta manera logró en 2011 derrotar el proyecto.

La respuesta del Gobierno nacional y de sus autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–, fue hacer acciones como la creación de un  Parque Regional dentro de la zona de páramo, crear una Mesa de Concertación,  una Hoja de Ruta, y nombrar un gerente para manejar el páramo. Además expidió la Resolución 592/13, con la que declaró 40 Proyectos mineros de Interés Nacional (PIN), entre los que se encuentra el de Eco Oro y Minesa (antes AUX). Así mismo, con la delimitación de Santurbán, a través de la resolución 2090/14 del Ministerio de Ambiente, se redujo el tamaño de Santurbán y se crearon condiciones legales para desplazar a los campesinos de sus predios.

Lo que se hizo con Santurbán se trasladó al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 para salvar  concesiones mineras en páramos. Varios de estos artículos fueron demandados por un equipo del Polo Democrático ante la Corte Constitucional, logrando que esta, por medio de la Sentencia C-035/16 declarara inexequible el inciso del primer parágrafo del Art. 173, el cual pretendía dejar a la megaminería en páramos hasta cuando el proyecto terminara. Ante esta Sentencia, Eco Oro demandó al Estado colombiano en Washington, buscó inversionistas, y convirtió la demanda en un activo, amparándose en el TLC que firmó Colombia con el Gobierno de Canadá.

Proyecto extractivo y afectaciones
En la zona hacen presencia varias empresas, entre las que se encuentra Minesa, antes conocida como AUX, que era de propiedad del brasileño Eike Batista –acusado por corrupción–. AUX fue vendida al Estado Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos, y bautizada con nombre regional Empresa Minera de Santander; este negocio fue realizado con la intermediación de Tony Blear (amigo del presidente Santos). Minesa continúa trabajos de exploración para explotar 96 millones de onzas de diferentes minerales, entre las que se encuentran 13 millones de onzas de oro, que pretende extraer por minería subterránea, haciendo túneles a 2.640 m.s.n.m., por debajo de la línea de páramo. La autoridad ambiental ha sido complaciente, queriendo desconocer que el páramo para funcionar necesita el subpáramo y la alta montaña.

Minesa está haciendo el Estudio de Impacto Ambiental,  y necesita la licencia social de la población aguas abajo del proyecto. Para ello ha recurrido a estrategias como hacer contratos con la Universidad Industrial de Santander –UIS-, con algunas universidades privadas, y con la CDMB –quien será la que vigilará sus actividades si pasa el proyecto–. Además, ha impulsado la judicialización a pequeños mineros, y realizado actividades asistenciales en la zona, argumentando que su minería dará empleo y será responsable.

Según Giovany Lizcano, uno de los líderes campesinos de la zona, “desde que llegaron las multinacionales mineras, la comunidad en general está dividida. Los municipios con pequeña minería por tradición son Vetas y California. En Vetas, la pequeña minería fue desplazada, y varios se ilusionaron con la bonanza de empleos, por lo que vendieron sus títulos y se convirtieron luego en empleados de las grandes empresas. En California,  los pequeños mineros que no quisieron vender sus derechos (43 familias), están judicializados, hay nueve con proceso casa por cárcel, y como si fueran delincuentes de marca mayor, el proceso lo dirige un fiscal que viaja desde Bogotá. El galafardeo (minería de subsistencia sobre los residuos), que se venía haciendo por tradición cultural, se iguala a minería criminal y se está judicializando. Pero la forma como la empresa Eco Oro trató a sus empleados y como está Minesa tratando a los pequeños mineros,  ha servido para que aumenten expresiones en contra del proyecto por parte de la comunidad raizal, ya que anteriormente no se atrevían a hablar, la gente se encontraba muy atemorizada; en mi caso, he sido objeto de señalamientos por mi posición en defensa del territorio”.

Las especies animales y vegetales por debajo de la boca de la mina son también fuertemente afectadas. Al abrir el túnel, el agua que antes irrigaba toda la montaña en  sus  diferentes niveles se sale por la boca de la mina, impidiendo que todo lo que está debajo se nutra del agua que antes venía en forma natural. De igual forma, igual que en la minería a cielo abierto, con la minería subterránea se producen millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos que quedan a la intemperie. Su costo de manejo es elevado y ninguna empresa minera va a responder por las decenas o centenares de años que, según se conoce por experiencia en otros países, duran descargando contaminantes letales para la vida en todas sus formas. 

El miedo, la injusticia, la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño y en especial el egoísmo son las prácticas recurrentes de las élites políticas en Colombia, y no nos cansaremos de decir que son los medios masivos de información a su servicio los encargados principales de conducirlas hacia la sociedad y convertirlas en pequeñeces.

En Colombia se practica en todas las calles, caminos y veredas la injusticia. Hace décadas se habla de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tal vez el más desigual, y uno de los más pobres, porque según Naciones Unidas las dos cosas no son lo mismo. Pero los medios de información voceros de los poderosos grupos económicos se han encargado de quitarles el contexto a estas cifras vergonzosas, es decir, evaden su origen para salvar la responsabilidad que tienen las élites y los partidos políticos, que han gobernado los últimos 200 años, de semejante tragedia. Para cualquier familia humilde da lo mismo la desigualdad que la pobreza; a su piel, que es la que siente y padece, eso le es indiferente.

La desigualdad en Colombia no se ha reducido ni un solo punto desde hace dos décadas, por el contrario es el único país de América Latina que ha empeorado, y hoy ostenta el deshonroso primer lugar. Según el índice GINI, que es un indicador de desigualdad calculado no por los pobres o los castrochavistas sino por el Banco mundial, Colombia está a la cabeza con 0,535 (entre más se acerque a 1 más desigual es el país). Sin embargo los medios masivos se encargan de hacernos ver las desdichas de Venezuela antes que apropiarnos de las tragedias nuestras. Todos los países de América Latina a diferencia de Colombia decidieron en estas dos últimas décadas tomar otros caminos a nivel político, social y económico que cambiaron radicalmente la distribución del ingreso, y especialmente dieron vuelco a los niveles de desigualdad.

En mayo de 2016, Cecilia López Montaño, liberal ella, escribió para Portafolio un artículo en el que critica al Gobierno por dedicarse supuestamente a la reducción de la pobreza sin hacerlo por la descarada concentración del ingreso y de la riqueza, además dice que el Gobierno “ignora la brecha que persiste entre las áreas rurales y urbanas, de género y por regiones”. Refiriéndose a la concentración del ingreso, plantea en ese diario especializado que el propio Fondo Monetario Internacional considera que “Colombia es una de las peores muestras de esa realidad en esa parte del mundo”, o sea América Latina. En Colombia, según López, el 20% de los ingresos del país lo concentra el 1% de la población, o sea aproximadamente 500 mil personas, y esas mismas concentran el 40% de la riqueza de todo el país.

Es que la injusticia en nuestro país tiene el corazón lleno de desigualdad, y esta no se explica en los delicados datos sobre pobreza, que superan el 50% en departamentos como el Chocó, mientras el país llega casi al 30%, o sea más de 15 millones de seres humanos. Pero el mismo Dane se contradice cuando afirma que al 61,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Uno de los peores problemas es que se habla de números y se olvida que son personas. La injusticia en Colombia la viven cerca de siete millones de desplazados; otros millones tienen que rebuscarse el diario a través de las ventas callejeras o informales; y otros entre los que se encuentran todos los anteriores, sufren la desconexión de los servicios públicos básicos. Otros tantos millones reciben la bofetada de la discriminación por razones étnicas, por su condición de discapacidad, sus preferencias sexuales o su condición de mujer. Por eso la desigualdad es peor, porque involucra no solo la pobreza, sino la exclusión y la discriminación, y en Colombia son críticos estos antivalores, patrocinados en gran parte por las iglesias de toda clase, y por supuesto por las élites a través de los medios de desinformación, las redes y la industria cultural.

La injusticia se siente en las humildes cocinas de los ranchos de la periferia, en las pieles negras de los afrocolombianos y afrocolombianas y en las de la Nación indígena; en los cuerpos de las mujeres agredidas por la cultura patriarcal y por las políticas de empleo; en la desnutrición de niños y niñas; en la falta de condiciones de salud y agua potable; en la ausencia de infraestructura para la población discapacitada; también en la falta de democracia y libertades civiles.

La izquierda colombiana tiene que poner el ojo en todas estas desigualdades y en especial en la forma como aborda a los millones que la padecen. Es claro que existe una desconexión entre las organizaciones sociales y los partidos de izquierda con las mayorías. No hay sino que observar cómo saltan en su propia cara y al margen de sus acumulados, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura. Hablarle a millones de personas que en Colombia padecen la injusticia no es tarea fácil ya que ellos y ellas mismas han asumido su situación en algunos casos como algo natural. Además estas personas padecen no solo la injusticia sino la violencia ideológica que los lleva a reconocer en su verdugo a su salvador. Lo que sí es cierto es que tampoco las élites la tienen fácil por las buenas, por eso acuden a la violencia indiscriminada, de toda clase, no solo la física.

Ya se nota cómo ante la crisis moral y ética de los partidos tradicionales de la derecha, las élites políticas se preparan para un nuevo zarpazo electoral en 2018; se esconden detrás de nuevas colectividades para engañar al pueblo y hacerse elegir en el Congreso y el Gobierno. Es oportuno que este pueblo y sus organizaciones sociales se junten sobre la base de propósitos comunes, reales, como la superación de la injusticia que cala en los huesos y el alma de los humildes. Una oportunidad que está servida para sacudirse de encima tanta crueldad. Pero para ello los pequeños partidos y colectividades que han abrazado la causa social, y han puesto la vida de sus militantes en esa brega, deben abandonar el gueto, la parroquia, el ego, el discurso vacío, y la autoreferenciación. De todas maneras como dijo el francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

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