Comunidad Sirirí

Comunidad Sirirí

El occidente colombiano, desde Chocó hasta Nariño, está bajo el asedio permanente del “desarrollo” agenciado por las élites del país. Esto lo hemos venido exponiendo en los números anteriores de Periferia en los diversos artículos sobre esta región y el Plan Pazcífico. En el propósito de convertir toda esta zona en un mega-corredor logístico, para que las mercancías del país y de una importante franja del norte de Suramérica fluyan, el gobierno viene ejecutando y proyectando varias obras. En la anterior entrega se enlistaron algunas, en especial concernientes al tránsito por carreteras, ríos y ferrocarriles. Miremos qué más se viene para todo el pacífico colombiano.

En los últimos años la oleada de violencia en Buenaventura se ha acrecentado. Al mismo tiempo se han venido diseñando y ejecutando proyectos de vital importancia para el tránsito de mercancías por este puerto. El Puerto Industrial Aguadulce, que es “la inversión asiática no petrolera más grande del país”, según manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, para un artículo publicado en el diario El País el 29 de junio de este año; la ampliación del Terminal de Contenedores de Buenaventura –TCBuen-, que pasa de almacenar 7 millones de toneladas a 12 millones; y el dragado del puerto, forman parte del paquete de infraestructura para este municipio, que al sumarse al tránsito por vías y ríos quedaría con plena interconectividad. Además de esto hay que mencionar el impulso de puertos alternativos en los que se tendrían que ampliar su capacidad de almacenamiento y la profundidad de sus aguas, en especial en Guapi.

Pero no todas las obras de infraestructura están relacionadas con el transporte de mercancías; hay otro fuerte componente relacionado con la gran cantidad de bienes naturales que se encuentran en este territorio y la explotación de estos. La minería y la extracción de madera no requieren grandes proyectos de infraestructura, pero hay otro componente que sí: el relacionado con los hidrocarburos y con la generación de energía eléctrica a partir del gran potencial hídrico del Pacífico.
En este sentido el Cauca recibiría los mayores impactos. De hecho, según un artículo publicado en El Nuevo Liberal a principio de año, el ex ministro de minas y energía, Tomás González, mencionaba en una reunión de socialización de varios proyectos hidroeléctricos, que este departamento podría convertirse en “la Antioquia del sur”. Uno de los proyectos más significativos es el de Arrieros del Micay, que está sobre la mesa hace varios años y ahora han vuelto a poner los ojos sobre él. En esta hidroeléctrica proyectada en la cordillera occidental se generarían 700.000 Kw/H en una de las zonas más lluviosas del planeta, ubicada entre los municipios de Argelia, el Tambo y López de Micay.

Otra gran aspiración, que comprendería una zona que comienza en el Cauca pero se extiende hacia Nariño, tiene que ver con el proyecto de “Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Patía”, donde según las proyecciones se podrían construir cuatro hidroeléctricas sobre el afluente, con una capacidad de generación estimada en 1.650.000 Kw/H. El impacto de este proyecto se haría sentir desde el Macizo, donde nace el río, hasta su cuenca media-baja, en el pacífico nariñense. Esto, junto a la navegabilidad por varios afluentes, impactaría de importante manera una región donde nacen los principales ríos del país, además de ser un territorio donde están asentadas un número importante de comunidades indígenas y afrocolombianas. Por ahora se viene avanzando en la primera hidroeléctrica –Patía I- en Puerto Remolino, donde convergen los ríos Patía, Mayo y Juanambú. Este proyecto tendría una extensión aproximada de 16 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho.

Al mismo tiempo se ha diseñado un componente de energización, en especial en lo que tiene que ver con el litoral; aquí se buscarían diferentes fuentes de energía, ya que la generada por los proyectos hidroeléctricos serían con otro objetivo: exportarla hacia el sur, a Ecuador, Perú y el norte de Chile. Para la generación de energía en las comunidades del litoral, según el documento CONPES 3847: Plan Todos Somos Pazcífico (2015), se destinan 91 millones de dólares, de los 400 asignados a este plan. Se hace énfasis en la diversificación de la matriz energética, lo que reafirma que la energía producida en las grandes hidroeléctricas no son pensadas, así sea en pequeña escala, para las comunidades del territorio.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con hidrocarburos, la región no es productora, pero al ser pensada como un corredor logístico para mercancías, y teniendo en cuenta que Colombia es un país dependiente que basa su economía fundamentalmente en la extracción de bienes naturales, los puertos ubicados sobre este territorio son el punto de salida para estos recursos. Hoy en día funcionan el poliducto del Pacífico (llega hasta Buenaventura) y el oleoducto Transandino (termina en Tumaco); a estos se sumará el oleoducto del Pacífico al cual proyectan con capacidades entre los 230.000 y 450.000 barriles diarios y aspiran ponerlo en funcionamiento a finales del 2018 o en 2019.

Varios de estos proyectos han sido aprobados ya por el gobierno nacional pero aún no están en ejecución, sino que se encuentran en diversas situaciones de “pre-factibilidad”, ya sea por procesos de consulta previa, por estudios aún faltantes, por licencias ambientales u otros momentos previos a la ejecución como tal. En Buenaventura es donde más avanzados están los diferentes componentes de este plan; lo que respecta al puerto ya son obras que están por finalizar, salvo el oleoducto, que planean empezarlo a construir en el 2017. La regla general de todos, sin duda alguna, es su vinculación con procesos de despojo y violencia previos, además que no son pensados para quienes habitan el territorio. Las condiciones en su mayoría las ponen empresas extranjeras, y así en algunos casos hayan algunas nacionales, que cada vez lo son menos –ECOPETROL e ISAGEN-. Dichas condiciones impuestas buscan comerciar mayores volúmenes en el mercado internacional, mientras que quienes estamos dentro de las fronteras solo somos, como dice una canción por ahí, “mano de obra para su consumo”, en el mejor de los casos.

El Pacífico colombiano se ha caracterizado por estar inmerso y determinado durante varios siglos por los vaivenes del mercado mundial, bajo esta dinámica se ha decidido qué producir y hacia dónde exportar, pasando por España, Gran Bretaña, Estados Unidos y ahora China y el resto de Asia. Estas cosas no suceden como algo natural, detrás de la historia de exclusión, violencia y pobreza que deja este legado hay pequeños grupos que han tomado las decisiones y que además han acumulado fortunas para ellos y sus amigos, siendo totalmente indiferentes con la vida de la mayoría de las personas que habitamos este territorio, sus comunidades y el medio ambiente que nos rodea. ¿Acaso sabemos quiénes son y los intereses que los mueven?

El centro de la región
Este inmenso territorio conformado por cuatro departamentos tiene profundas desigualdades en su interior, solo por mencionar un aspecto: para el 2014 el PIB de estos sumó 68.5 billones de pesos, de los cuales el 73.98% (50.7 billones) correspondió al Valle del Cauca. Esto es resultado del mayor desarrollo empresarial en este departamento, donde algunas empresas juegan a nivel internacional y son mucho más grandes que las del resto de la región. La presencia de multinacionales es una característica en común, pero su principal concentración se da en el valle del río Cauca.

Sobre este valle geográfico se ubican grandes intereses que se extienden hacia Buenaventura y van mucho más allá. En el norte del Cauca, donde comienza esta subregión, se ubica el 81.7% de las empresas grandes y el 21.4% de las microempresas del departamento en un entramado que incluye seis zonas francas al lado de grandes extensiones de cultivo de caña de azúcar y dos ingenios. Pero esto es solo el comienzo, pues como mencionamos anteriormente, “la cereza del pastel” está en el Valle del Cauca, allí se ubican 10 de los 13 ingenios agrupados en ASOCAÑA, además de 10 zonas francas y dos más en proyección. Esto es fundamental porque si bien los ingenios controlan una buena parte del territorio, hoy el sector más importante para la economía es el de servicios, el cual aporta algo más del 60% del PIB del departamento, siendo de lejos los “servicios financieros, de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas” los que generan el mayor pedazo de la torta, con algo más de 13 billones de pesos al 2014 – 26.3% del PIB departamental –.

Allí están empresas como el Banco de Occidente, que hace parte del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento; pero también agrupaciones como el Grupo Empresarial Coomeva y una de las principales constructoras del país: Conalvías Construcciones. Esta ha estado involucrada en proyectos como la represa del río Ranchería, algunas vías relacionadas con Hidrosogamoso, además de la expansión de la REFICAR, la Ruta del Sol, varios tramos del Transmilenio, del MIO y de Transcaribe. Adicionalmente hay otros grandes actores como Tecnoquímicas, Fanalca y la Organización Carvajal. Estas junto a varias multinacionales que tienen una importante presencia en este territorio, además de las empresas más pequeñas, configuran el corazón económico de la región.

Pero el entramado de poder no se queda solo ahí; el centro económico convive con toda una red de viejos y nuevos poderes en el Estado, que coexisten con la sombra del siempre presente poder del narcotráfico y el paramilitarismo, el cual despliega un amplio control territorial sobre toda esta zona. Este tipo de prácticas los une con el resto de la región, en donde si bien no hay un desarrollo económico tan grande como el del Valle, conviven empresarios rentistas con un sector político alimentado por esa lógica.

Las rentas y el poder en el territorio
La participación que tiene esta región en el Estado no es para nada despreciable, por ejemplo en el Senado el Valle cuenta con 11 curules, el Cauca con 4, Nariño con 6 y Choco no cuenta con ninguna, lo que le da 21 curules de 102; esto sumado a otros entes como ministerios o puestos en el Ejecutivo le da un relativo poder en el Estado a este sector político que no duda en desplegar cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se negoció el TLC con EEUU los ingenios lograron preservar algunos mecanismos de protección, además una de las apuestas estratégicas de la élite es la agroindustria, en donde esta región juega un papel vital. Los grandes barones y baronesas (Dillian Francisca, Roy Barreras, Abadías, Martínez Sinisterra y demás) son alimentados por contratos permanentes desde el gobierno nacional, manteniendo bien aceitada la maquinaria para el gobernante de turno.

Sin embargo no todo tiene que ver con Bogotá; históricamente ha habido una confluencia de intereses pocas veces golpeada entre las élites articuladas con el poder en la capital y las élites más locales ligadas a los vaivenes del mercado global y, en muchos casos, la violencia: minería legal e ilegal, narcotráfico, rentas de gobiernos a niveles municipal y departamental, entre otras. Llama la atención que en términos de participación en el PIB en los departamentos de Choco, Nariño y Cauca el principal sector sea el de servicios sociales, comunales y personales donde de lejos el principal componente es “Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria” con participaciones de 15.5%, 11% y 8.4% respectivamente.

En las zonas rurales la puja es permanente entre comunidades organizadas, latifundistas y algunas multinacionales y sus aliados: Smurfit Kappa en Cauca y Valle, Anglo Gold Ashanti en Nariño, Cauca y Choco, en este último junto a Glencore, Colombia Hardwood y Votorantim Metais, entre otras. Allí confluye una vorágine de intereses que mezclan capitales nacionales y multinacionales, mafias, autoridades tradicionales enceguecidas por el brillo pasajero e hipócrita, actores violentos y la búsqueda de vida digna de la gente del común; detrás de esta vorágine solo van quedando territorios destruidos, al lado de la pobreza y marginalidad de siempre, además de la acumulación de riqueza desproporcionada de unos pocos.


¿Qué se viene?
El diagnóstico ha sido claro, con el Plan Pazcífico van es por la gran riqueza que aún queda y los recursos que tiene esta región. Para lograr tener mayores rentabilidades necesitan desarrollar grandes proyectos de infraestructura que van desde nuevos puertos, autopistas y aeropuertos, hasta las denominadas acuapistas y nuevas carreteras. En términos del desarrollo de la infraestructura hay grandes firmas colombianas y españolas en lo que ya se ha concesionado –que puede ser revisado en la web www.ani.gov.co–, teniendo en cuenta que muchos proyectos, como la Acuapista del Pacífico aún están en estudios, aunque ya hay recursos destinados para ello. Esto ya viene andando, el PND 2014-2018 ha dado los lineamientos generales y ya hay un CONPES (3847) que autoriza crédito público externo por hasta 400 millones de dólares, recursos que irán destinados al litoral, donde hoy se profundiza el saqueo. Sin duda alguna, grandes firmas de infraestructura y unos cuantos “dueños del pueblo” se darán un banquete junto al que ya se dan hoy las multinacionales, todo esto bajo la complicidad “ciega” de las elites centrales.

Un poco de historia, nada más
La región pacífica se ha constituido de manera acéfala, descoordinada y macondianamente. El Pacífico colombiano se ha relacionado con la nación bajo una dinámica de conectividad, mas no de integración de la población y de la región con el resto del país. Históricamente los gobiernos y las élites han tenido la responsabilidad política y social de que el pacífico colombiano no responda a las exigencias culturales, sociales y económicas de los pobladores que residen allí, sino a los intereses económicos de las elites y las economías fuertes, lo que ha generado un impacto negativo en la naturaleza y sus pobladores.

Gracias a las “pericias” de los gobernantes, propios y foráneos, esta región tan maravillosa ha sufrido toda clase de estragos y son sus pobladores los que han experimentado las ruinas que dejaron la improvisación de los diferentes gobiernos en las distintas etapas de la historia. Con el Plan Pazcifico (PP), impulsado por el gobierno y las transnacionales, seguiremos padeciendo las consecuencias de las “pericias” que históricamente han “conectado” al Pacífico colombiano, más no lo han integrado a esa utopía llamada Estado Nación.

Buenaventura en la colonia: enclave comercial y militar
Desde tiempos coloniales, las elites blancas españolas no veían a Buenaventura como un territorio de suma importancia en la construcción cultural y popular de la población negra, sino más bien como un puerto estratégico para el tráfico de mercancías y esclavos, mercado que para ese entonces estaba empezando a tomar forma. En este sentido, según Gerson Javier Pérez en su texto Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura, las élites tenían “muy poco interés por ver convertida a Buenaventura en una población propiamente dicha. Más bien se buscaba una entrada hacia el interior del territorio, hecho que marcaría por muchas décadas el destino del que es hoy uno de los puertos más importantes del país”.

La otra vocación que los españoles previeron para el territorio bonaerense fue convertirlo en un fortín militar. Las ventajas que este territorio proyectaba para la empresa de la conquista española estaban claras, ya que Buenaventura “particularmente, fue considerado y utilizado como puerta de entrada al continente, como fortín militar con el único objetivo de continuar con la empresa conquistadora hacia el interior del país”, señala Pérez.

El Pacífico nariñense
En el siglo XIX, en la provincia de Pasto, el ejército independentista vio la zona como punto clave para todo su proceso revolucionario. Es conocido por muchos, y también lo relata Viloria De La Hoz en Economía del departamento de Nariño: Ruralidad y aislamiento geográfico, que los pobladores de esta provincia fueron proclives a defender los ideales imperiales, pues defendían a toda costa seguir bajo las órdenes del rey español. Los españoles apoyaron la resistencia pastusa pues sabían el papel que esta provincia desempeñaba para conectar a Quito con Popayán, pasar al interior del país y llegar a Santa Fé. Desde el periodo colonial se vislumbraba entonces la importancia geoestratégica de la zona del pacífico.

La economía de la zona fue sustentada en la explotación de materias primas, minerales, metales y productos agrícolas y por ello su papel fue de suma importancia para la economía española. Además, según Viloria de la Hoz, el puerto de Tumaco brindaba durante el periodo colonial una salida marítima al distrito minero de Barbacoas: “la terminación de la vía terrestre hasta Tumaco (carretera-ferrocarril) y la construcción de un nuevo puerto en 1953 ayudaron a reducir la desintegración entre las subregiones Pacífica y Andina del Departamento de Nariño. (…), en 1970 se construyó la carretera Panamericana, vía de acceso principal que comunica a Nariño con el resto de Colombia y con la República del Ecuador. Adicional a lo anterior, los aeropuertos de Pasto, Ipiales y Tumaco han contribuido a [conectar] al Departamento de Nariño con las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y desde allí, con el resto del país. [En la actualidad] la red vial de carreteras de Nariño es de 6.500 kilómetros, concentrándose en gran medida en la zona Andina del departamento. Por el contrario, en la subregión del Pacífico existen pocas vías, siendo la excepción la transversal Pasto-Tumaco y los ramales Junín-Barbacoas y Barbacoas-Magüí Payán”.

El departamento del Cauca
El Gran Cauca se incorporó al mercado global de manera más desmesurada y cosmopolita. Las elites payanesas, por ejemplo, quisieron emular las costumbres económicas europeas. Por su parte, la conectividad vial, que fue un principio de desarrollo para la ciudad de Cali, respondiendo a exigencias de forasteros. Hoy en día la dinámica ha cambiado (en infraestructura de conectividad); la única conexión que tiene el territorio se materializa en la vía panamericana que comunica con el Ecuador y el centro del país.

En lo económico, el departamento posee variedad de pisos térmicos y valles que lo convierten en una zona estratégica para la explotación forestal, ganadera, alimentaria, turística, pesquera e hídrica. La producción agrícola de la región no responde al mercado interno, sino más bien al modelo económico impuesto desde afuera y no es viable por la falta de infraestructura vial, medioambiental y social. En otras palabras, la centralidad que tuvo esta región en antaño -el Gran Cauca- contrasta hoy con el aislamiento que experimenta el departamento.

Extractivismo y economía de enclave
El Pacífico colombiano ha respondido más a las dinámicas rurales, el poblamiento de la región se debió a la explotación de algunos productos como el caucho, la tagüa, la raicilla y las pieles. Entrado el siglo XIX, algunas ciudades rompen las fronteras rurales e inician su urbanización al tiempo que los proyectos políticos de las familias más poderosas inician su configuración sin alejarse de la lógica extractivista.

Ya entrado el siglo XX, el extractivismo se configura como un pilar de la economía nacional y se le abre paso a las multinacionales que para lograr la explotación de los bienes forestales, pesqueros y minerales de la región, ejercen dominio político, económico y social en sus enclaves productivos. Algunas zonas del país se especializan en una actividad específica por lo que, según el Observatorio Pacífico y Territorio, se extiende “el monocultivo de palma aceitera en Tumaco y extensas áreas se adaptan para la ganadería.”

A mitad del siglo pasado la economía de Tumaco se fortalecía por ser puerto petrolero, Putumayo poseía unos yacimientos que serían más tarde explotados gracias a la incursión de multinacionales que se iban a aprovechar de las facilidades que les deba el gobierno central. Después la palma, la pesca y la papa sustentarían la economía exportadora mientras que la parte de los Andes producía para el consumo nacional.


El Plan Pazcífico, más de lo mismo para la región
La diversidad étnica es una constante en todos los territorios de la región pacífica, siendo las comunidades afros e indígenas las que poseen la mayoría de los territorios colectivos. Pese a lo anterior, muchos de los megaproyectos contemplados en el PP, refuerzan la conectividad, el enclave económico, la exclusión de las mayorías, el despojo del territorio y los irreparables daños ambientales sobre los invaluables ecosistemas del Pacífico.

Por ello, para las comunidades de esta región, es necesario que se reflexione sobre el devenir histórico de las políticas que se han empleado en la región por los gobiernos y las élites, en términos de que los beneficios de la actividad económica sean para las mayorías y no únicamente para la minoría blanca y los extranjeros. De la misma forma, que los programas de infraestructura superen la conectividad y la economía de enclave, para avanzar hacia la integración social, económica y cultural de los territorios del Pacífico con el resto del país. Finalmente, que las decisiones de producción reconozcan las construcciones sociales e históricas de los pobladores del pacífico colombiano, más que los dictámenes del mercado mundial.

¿Qué es el Plan Espada de Honor?
Es el plan de guerra que actualmente y desde el año 2012 está desarrollando el Establecimiento colombiano con el propósito principal de garantizar la explotación económica de todo el territorio nacional a las transnacionales. El Plan Espada de Honor (PEH), es la continuación de la saga de la guerra contrainsurgente en Colombia al estilo norteamericano, es decir, guerra sucia, paramilitarismo, tierra arrasada, desplazamiento forzado y criminalización de la oposición y la protesta social. Las campañas militares que anteceden el PEH son el Plan Colombia (2000) y Plan Patriota (2003).

El PEH, que inició su tercera fase desde el año 2014, tiene como propósitos acabar con la posibilidad de maniobra a la insurgencia (reducir al 50% la fuerza guerrillera, focalizar su accionar, correr las líneas de confrontación y desmoralizar el acumulado insurgente para llevarlo a su desmovilización), e impedir el ascenso del movimiento social para la implementación del modelo político – económico capitalista.

El PEH y la guerra asimétrica
El PEH está concebido bajo el modelo de “guerra asimétrica” que viene ejecutando el imperialismo norteamericano en todo el planeta y que no es ajeno para Colombia, pues el Estado de la guerra comporta alta complejidad y efectividad de la inteligencia, superioridad tecnológica, supremacía aérea y fuerzas abrumadoramente mayores que las de la contraparte insurgente.

Uno de los principales postulados de la guerra asimétrica es la irregularización del accionar militar, que puede traducirse, entre otras, en acciones encubiertas, terrorismo de Estado y paramilitarismo. Esas son formas de lucha que desde hace muchos años el Establecimiento colombiano ha venido ensayando en la idea de irregularizar su accionar para garantizar el saqueo de los territorios. En ese sentido, se podría trazar una trayectoria estratégica que une el paramilitarismo con el PEH.

Logros del PEH
En su fase de consolidación, el PEH ha mostrado ser un plan menos costoso y más efectivo, ya que la acción militar del Estado evita el desgaste utilizando tropas altamente especializadas cuyo objetivo es asestar golpes precisos a la insurgencia, sin la necesidad de mantener la tropa en el terreno por largos periodos. En el caso de las FARC, el objetivo de neutralizarlas parece estar garantizado a juzgar por los avances de la Mesa de La Habana, situación que aceleraría la tercera fase del PEH y dejaría las manos libres al Estado para confrontar únicamente al ELN, organización sobre la cual se ha ejercido una fuerte presión militar, con mayores éxitos principalmente en las áreas del sur de Bolívar y el suroccidente colombiano.

En el objetivo de aniquilar el movimiento social, se ha iniciado una campaña de judicialización y criminalización en contra de sus líderes y activistas, por ser la principal amenaza para los planes de saqueo. Recuérdese la reciente condena contra el líder indígena Feliciano Valencia, el falso positivo judicial contra los 13 activistas del Congreso de los Pueblos de Bogotá y la captura del dirigente de la CUT Huber Ballesteros.

El PEH, una verdadera dictadura para el Pacífico colombiano
La acción complementaria definida en el PEH ha generado que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) suplanten poder ejecutivo en los territorios. Las obras públicas, las prioridades de inversión social y privada, el tejido empresarial y los planes de desarrollo locales y regionales de largo plazo terminan siendo subordinados a los propósitos de unidades militares destacadas en el territorio (FTC Titán en el Chocó, FTC Apolo en Valle y norte del Cauca, y FTC Pegaso en Nariño).

En el caso del Chocó, la FTC Titán lideró el diseño de la “Agenda Estratégica Integral Chocó 2038” bajo el comando del tristemente célebre general Rubén Darío Alzate (retenido y posteriormente liberado por las Farc en noviembre de 2014). Dicha agenda se definió como: “Es una propuesta del gobierno departamental apoyada por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán que facilite un ejercicio de planificación integral que genere lineamientos claros para el Departamento del Chocó definiendo la visión de desarrollo a 2038...”. En la gestación de dicha agenda departamental los militares tomaron parte del consejo directivo (comandante de la FTC Titán), la asistencia técnica (Dirección de Gestión de Proyectos del Ejército) y las mesas sectoriales que definieron el porvenir del departamento en lo ambiental, lo social, lo económico, la infraestructura y lo institucional.

PEH y Plan Pazcífico: convergentes y complementarios
Como ya se ha dicho, el propósito del PEH es garantizar que las transnacionales puedan ejercer el despojo de los territorios que, por diferentes razones del conflicto social que vive el país, no han sido totalmente incorporadas al mercado global. En ese sentido, el PEH se plantea tres fases de intervención para lograr la “consolidación territorial”: recuperación (intervención netamente militar), transición (se inician otras acciones del Estado) y estabilización (intervención más integral del Estado con énfasis en la infraestructura).

En la macrocuenca del Pacífico, la llamada Fase de “estabilización” será entonces el punto de partida para la implementación del Plan Pazcífico (PP), que inicialmente desarrollará proyectos de infraestructura del mayor interés de las comunidades como acueductos y redes eléctricas, para después romper y saquear el territorio con carreteras, puertos, terminales logísticos, represas, hidroeléctricas, monocultivos, agronegocios, con todas las consecuencias ambientales y socioculturales que se derivan de una intervención de tal magnitud sobre el territorio y las poblaciones afro e indígenas, que son mayoritarias en el área del litoral.

Por eso, para las comunidades cobran importancia mayúscula la organización social, el Cabildo, el Consejo Comunitario, la asociación campesina, la asamblea y la Junta de Acción Comunal, los taitas y los abuelos, la cultura propia, la identidad, el folclore, los planes de vida comunitarios y la economía propia, para enfrentar la crisis ambiental, social y humanitaria, la cultura del dios dinero y el egoísmo, la degradación humana y la guerra que traen bajo la manga el PEH y el PP.

Una amenaza crece y se hace cada vez más notoria; es evidente en nuestros territorios. Estos se están transformando cada vez más con grandes carreteras, edificaciones, empresas, embarcaciones, automóviles, cultivos transgénicos y maquinarias que devoran nuestro ambiente sin que nadie nos consulte sí estamos de acuerdo o no. La amenaza sigue, el gobierno colombiano busca responder a las exigencias del mercado global encabezado por las grandes potencias mundiales, y pone nuestros territorios en manos extranjeras y foráneas, deslegitimando las construcciones culturales que por miles de años vienen haciendo los pobladores. La historia nos ha mostrado que los mandatarios responden a intereses particulares y no colectivos (de las mayorías), es allí donde la respuesta popular, raizal y ancestral se manifiesta según sus experiencias y necesidades.

Políticas como el Plan Pazcifico (PP) son la continuidad del desconocimiento de aquella minoría que busca lucrarse sin importar el impacto ambiental que esto genere, sin sentir las raíces ancestrales y propias de lo que significa pertenecer a una nación cultural y naturalmente rica. Esta minoría niega ser descendencia de los indios americanos, negros africanos y mestizos, se considera el espejo del norteamericano-europeo, y pretende sepultar los acumulados que a lo largo de la historia las comunidades han constituido. Por ello, es necesario conocer las diferentes resistencias que los pobladores hacen en sus territorios para frenar el hambre devoradora del capitalismo trasnacional.

Territorio, naturaleza y cultura
Es sabido por muchos que las comunidades protegen sus saberes ancestrales, en ese sentido, las comunidades del pacífico colombiano libran un batalla ardua para que dichos saberes no sean comercializados por empresas multinacionales farmacéuticas, y menos porque su riqueza natural sea saqueada por extranjeros. Por eso se vienen organizando para proteger y preservar su territorio, naturaleza, identidad y cultura. En ese orden de ideas, el antropólogo colombiano Arturo Escobar plantea que “(…) en algunas partes del mundo hay movimientos sociales, como el de las comunidades negras en el Pacífico colombiano, que están elaborando su propia concepción de la biodiversidad y su apropiación y conservación”.

Un poco de historia
La apertura económica de los años noventa permitió el saqueo permanente y descarado por parte de las empresas multinacionales y de extranjeros, pero amparados en la constitución política las comunidades afros del pacífico colombiano frenaron la arremetida del saqueo, exterminio e invisibilización que a lo largo de la historia habían padecido, para ello dichas comunidades se organizaron, lucharon y construyeron propuestas de políticas propias para coexistir en su territorio. Para Arturo Escobar, “El movimiento social de las comunidades negras que se ha desarrollado en la región incluye, entre otros actores locales, una red de más de 140 organizaciones locales conocida como el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”. Este proceso pone el énfasis en “el control social del territorio como condición previa para la supervivencia y el fortalecimiento de la cultura y la biodiversidad. En las comunidades ribereñas, los activistas y las comunidades trabajaron juntos para entender el significado de la nueva constitución y elaborar conceptos de territorio, desarrollo, prácticas de producción tradicionales y uso de los recursos naturales", dice Escobar.

Economía propia
La economía de las comunidades afros está orientada a necesidades raizales, de bajo impacto ambiental -si se compara al impacto generado por prácticas agroindustriales de la Palma Africana u otro tipo de actividades que buscan conectar dicha economía raizal al mercado global-, y perdurables desde antes de la colonia. Estas prácticas ancestrales de explotación de riquezas naturales de baja intensidad, y el desplazamiento constante en espacios productivos en extensas zonas y en diferentes etapas, hacen estas actividades exitosas, si se tiene como fundamento una relación de respeto entre el ser humano y la naturaleza. También existen prácticas de trabajo fundamentadas en la familia y el parentesco, esenciales para fortalecer los lazos entre la comunidad. Es por esto que según Escobar las comunidades afros “se niegan a reducir sus reclamos territoriales y ecológicos a los términos exclusivos del mercado, y eso es una lección importante para cualquier estrategia de conservación de la biodiversidad”.

Es evidente que las políticas empleadas por el gobierno colombiano desconocen los años de lucha que las comunidades afro del pacífico vienen construyendo, y a la fuerza pretenden atropellar la vida colectiva que hacen los pobladores. Políticas como el Plan Pazcifico (PP) testifican cuál es el objetivo del gobierno, que es claramente crear una infraestructura de conectividad que perjudica a los habitantes de la región. Como respuesta a ello, según Odile Hoffmann (2007, 157) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores En Antropología Social de México, las comunidades afro conservan “una proporción alta de sus tierras en reserva con el propósito de llevar a cabo otras actividades y como fuentes de ingresos o material indispensable para la vida familiar (leña, plantas medicinales, caza, pesca)”.

Amenazas e impactos negativos para las comunidades negras
La agricultura tradicional de la comunidades ribereñas se ve amenazada por la “inclusión” al mercado regional y global, pues los pequeños propietarios queriendo responder a las exigencias económicas, explotan sus tierras con el cultivo de la palma dejando a un lado prácticas ancestrales como la pesca, la recolección de frutos y la agricultura tradicional, sin olvidar que dichas prácticas agroindustriales se han devorado las selvas del pacífico. En ese sentido el PP amenaza constantemente a las comunidades del pacífico colombiano, por ello “muchas de estas comunidades se encuentran amenazadas por los proyectos de desarrollo (construcción de las vías, hidroeléctricas, proyectos mineros, etc.) los cuales ocasionan no solamente afectaciones en su cultura sino también impactos ambientales como la destrucción de ecosistemas frágiles, el deterioro de los suelos, bosques, fauna, flora, recursos pesqueros, entre otros”.

Por eso, cada día son más evidentes las razones por las cuales nos oponemos a los proyectos de exterminio, saqueo e invisibilización que impone el gobierno colombiano soterrado a las poderosas trasnacionales y por ello, de acuerdo con Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, “las comunidades afrocolombianas [y pobladores del pacífico] se oponen a los proyectos de desarrollo impuestos en sus territorios por encontrar que ellos generan (…): a) el desconocimiento de sus garantías legales y constitucionales; b) porque se enteran de ellos cuando las decisiones ya han sido tomadas sin tener en cuenta su derecho a la participación y a la consulta previa; c) porque en ocasiones se generan conflictos entre comunidades o con colonos; d) porque ven afectados sus recursos naturales e imposibilitado el uso de los mismos y, e) porque a sus territorios llegan personas y actores armados que generan violencia y dolor a sus familias”.

En octubre de 2010 los gobernadores de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle firmaron un acuerdo de voluntades para impulsar el llamado “Plan Pazcífico”. Propuesta que en sus palabras se constituye en una “estrategia regional para la integración que tiene como propósito fundamental el cierre de brechas socio-económicas existentes en la región y la reducción de las asimetrías entre los departamentos”.

Un propósito que en su enunciación resulta loable y a quien nadie sensato podría oponerse, pues se reconoce que la nación tienen una deuda histórica con esta región. A su vez, plantean que la subregión del pacífico presenta los mayores niveles de pobreza e indigencia y los menores en cobertura educativa y servicios públicos. En conclusión, identifican que la situación de pobreza y desigualdad que ha caracterizado a esta región se constituye en un gran obstáculo para el “desarrollo”, concepto seriamente cuestionado por las comunidades organizadas y las ancestrales que consideran al planeta como algo finito que se agota y que se está depredando de forma irreversible, y en cambio, consideran más apropiado construir conceptos como “Buen Vivir” o Vida Digna, que involucran más su apuesta por la vida de la humanidad y el planeta.

Aún cuando la enunciación pareciera resultar coherente y defendible, deberíamos reservarnos el derecho a la duda. Al profundizar en el estudio de plan: su diagnóstico, sus componentes, los presupuestos destinados para cada rubro, los reparos comienzan a salir a flote. El plan realiza un diagnóstico de los problemas de la región, identificando las causas u obstáculos que a su modo de ver impiden el “desarrollo”: la desarticulación regional, el modelo económico extractivista y excluyente, las bajas capacidades político institucionales y el uso inadecuado de los recursos, todos estos aparecen como los factores que limitan la posibilidad de alcanzar dicho estado.

Con respecto a la desarticulación regional, resalta las asimetrías entre las regiones andinas y pacífica, al igual que con el resto del país. Sin indagar sobre las causas, los actores y la historia que configuraron esta situación de profunda desigualdad. No mencionan que algunos sectores de la economía regional funcionan como un enclave en medio de un mar de pobreza y marginalidad; véase el caso de la Sociedad Portuariaria de Buenaventura y los nuevos terminales marítimos: Agua Dulce, Tcbuen, Cemas y Grupo Portuario.

Tampoco plantea que otros sectores, con poderosos vínculos políticos y económicos, han logrado inmensas fortunas estableciendo poderosos carteles que restringen la competencia, que evitan las importaciones y se lucran irregularmente de subsidios estatales y que han realizado un robo continuado al bolsillo de los consumidores de todo el país, como el caso del cartel del azúcar.

En este sentido, la desigualdad y la consecuente asimetría que esta genera, aparece como un problema si se quiere técnico o producto de la falta de visión de la sociedad, pero no como un producto de relaciones económicas históricas de explotación y saqueo, y de valores culturales elitistas, que pretenden desconocer la existencia de otros sujetos y actores que habitan el territorio, entre ellos: comunidades afros, indígenas y campesinas.

Con respecto a sus componentes, en primer lugar se encuentra lo que han llamado “vías e infraestructura para la conectividad e integración regional” y la “energía para la autosuficiencia energética de la región y el país”, es decir, las condiciones necesarias para fortalecer un modelo de flujo de mercancías y de extracción de la riqueza natural y en un segundo plano, una serie de enunciados como: calidad educativa, agua potable, acceso a servicios de salud, desarrollo rural, entre otros; que tiene el propósito de generar la ilusión de acabar con los siglos de marginación que ha tenido esta región.

Sin embargo, la ilusión se desvanece al conocer en detalle las inversiones proyectadas y en ejecución en este plan. Según El Tiempo.com del 20 de enero de 2015, se tiene presupuestado 2.2 billones de pesos en la doble calzada Buga – Buenaventura, 947 mil millones en la vía Mulaló - Loboguerrero, 1.2 billones en la doble calzada Santander – Popayán, solo por mencionar algunos casos entre una larga lista de proyectos viales. A estas gigantescas inversiones públicas, que pagamos todos los contribuyentes, se corresponden importantes inversiones privadas en la construcción y ampliación de las terminales marítimas del puerto de Buenaventura, con la claridad, eso sí, que las utilidades no serán socializadas.

No obstante, los autores del plan son consientes que se requiere realizar algunas inversiones de tipo “social” para garantizar algún asomo de legitimidad. Por lo cual, plantean una serie de obras y acciones que más adelante quedarían plasmadas en el llamado plan “Todos Somos Pacífico”, que recibió el visto bueno del departamento de Planeación (CONPES 3847). En este proyectan la realización de obras de mejoramiento en acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, entre otros servicios públicos, por valor cercano a los 641 millones de pesos, compárese esta cifra con las inversiones en infraestructura, en municipios como Buenaventura, Tumaco y Guapi.

Situación que se convierte en un chantaje, plantea, para las que comunidades puedan acceder a las más elementales condiciones de vida, como son el acceso al agua y a condiciones mínimas de salubridad, deben financiar y respaldar los negocios de los más poderosos. Eso sí, sin aspirar a recibir nada de los cuantiosos beneficios que estos generarán.

Cobra justificación, en la región sur occidental, el renacer de protestas sociales como la adelantada en todos sus departamentos, en especial la que se mantuvo sobre la Vía Panamericana por la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular; que plantea un justo reclamo frente a las innumerables promesas incumplidas por todos los gobiernos y un escepticismo justificado ante un mal llamado posconflicto, que corre un altísimo riesgo de profundizar el modelo de saqueo y explotación imperante, y que continúe alimentando y creando nuevos conflictos.

En octubre de 2010 los gobernadores de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle firmaron un acuerdo de voluntades para impulsar el llamado “Plan Pazcífico”. Propuesta que en sus palabras se constituye en una “estrategia regional para la integración que tiene como propósito fundamental el cierre de brechas socio-económicas existentes en la región y la reducción de las asimetrías entre los departamentos”.

Un propósito que en su enunciación resulta loable y a quien nadie sensato podría oponerse, pues se reconoce que la nación tienen una deuda histórica con esta región. A su vez, plantean que la subregión del pacífico presenta los mayores niveles de pobreza e indigencia y los menores en cobertura educativa y servicios públicos. En conclusión, identifican que la situación de pobreza y desigualdad que ha caracterizado a esta región se constituye en un gran obstáculo para el “desarrollo”, concepto seriamente cuestionado por las comunidades organizadas y las ancestrales que consideran al planeta como algo finito que se agota y que se está depredando de forma irreversible, y en cambio, consideran más apropiado construir conceptos como “Buen Vivir” o Vida Digna, que involucran más su apuesta por la vida de la humanidad y el planeta.

Aún cuando la enunciación pareciera resultar coherente y defendible, deberíamos reservarnos el derecho a la duda. Al profundizar en el estudio de plan: su diagnóstico, sus componentes, los presupuestos destinados para cada rubro, los reparos comienzan a salir a flote. El plan realiza un diagnóstico de los problemas de la región, identificando las causas u obstáculos que a su modo de ver impiden el “desarrollo”: la desarticulación regional, el modelo económico extractivista y excluyente, las bajas capacidades político institucionales y el uso inadecuado de los recursos, todos estos aparecen como los factores que limitan la posibilidad de alcanzar dicho estado.

Con respecto a la desarticulación regional, resalta las asimetrías entre las regiones andinas y pacífica, al igual que con el resto del país. Sin indagar sobre las causas, los actores y la historia que configuraron esta situación de profunda desigualdad. No mencionan que algunos sectores de la economía regional funcionan como un enclave en medio de un mar de pobreza y marginalidad; véase el caso de la Sociedad Portuariaria de Buenaventura y los nuevos terminales marítimos: Agua Dulce, Tcbuen, Cemas y Grupo Portuario.

Tampoco plantea que otros sectores, con poderosos vínculos políticos y económicos, han logrado inmensas fortunas estableciendo poderosos carteles que restringen la competencia, que evitan las importaciones y se lucran irregularmente de subsidios estatales y que han realizado un robo continuado al bolsillo de los consumidores de todo el país, como el caso del cartel del azúcar.

En este sentido, la desigualdad y la consecuente asimetría que esta genera, aparece como un problema si se quiere técnico o producto de la falta de visión de la sociedad, pero no como un producto de relaciones económicas históricas de explotación y saqueo, y de valores culturales elitistas, que pretenden desconocer la existencia de otros sujetos y actores que habitan el territorio, entre ellos: comunidades afros, indígenas y campesinas.

Con respecto a sus componentes, en primer lugar se encuentra lo que han llamado “vías e infraestructura para la conectividad e integración regional” y la “energía para la autosuficiencia energética de la región y el país”, es decir, las condiciones necesarias para fortalecer un modelo de flujo de mercancías y de extracción de la riqueza natural y en un segundo plano, una serie de enunciados como: calidad educativa, agua potable, acceso a servicios de salud, desarrollo rural, entre otros; que tiene el propósito de generar la ilusión de acabar con los siglos de marginación que ha tenido esta región.

Sin embargo, la ilusión se desvanece al conocer en detalle las inversiones proyectadas y en ejecución en este plan. Según El Tiempo.com del 20 de enero de 2015, se tiene presupuestado 2.2 billones de pesos en la doble calzada Buga – Buenaventura, 947 mil millones en la vía Mulaló - Loboguerrero, 1.2 billones en la doble calzada Santander – Popayán, solo por mencionar algunos casos entre una larga lista de proyectos viales. A estas gigantescas inversiones públicas, que pagamos todos los contribuyentes, se corresponden importantes inversiones privadas en la construcción y ampliación de las terminales marítimas del puerto de Buenaventura, con la claridad, eso sí, que las utilidades no serán socializadas.

No obstante, los autores del plan son consientes que se requiere realizar algunas inversiones de tipo “social” para garantizar algún asomo de legitimidad. Por lo cual, plantean una serie de obras y acciones que más adelante quedarían plasmadas en el llamado plan “Todos Somos Pacífico”, que recibió el visto bueno del departamento de Planeación (CONPES 3847). En este proyectan la realización de obras de mejoramiento en acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, entre otros servicios públicos, por valor cercano a los 641 millones de pesos, compárese esta cifra con las inversiones en infraestructura, en municipios como Buenaventura, Tumaco y Guapi.

Situación que se convierte en un chantaje, plantea, para las que comunidades puedan acceder a las más elementales condiciones de vida, como son el acceso al agua y a condiciones mínimas de salubridad, deben financiar y respaldar los negocios de los más poderosos. Eso sí, sin aspirar a recibir nada de los cuantiosos beneficios que estos generarán.

Cobra justificación, en la región sur occidental, el renacer de protestas sociales como la adelantada en todos sus departamentos, en especial la que se mantuvo sobre la Vía Panamericana por la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular; que plantea un justo reclamo frente a las innumerables promesas incumplidas por todos los gobiernos y un escepticismo justificado ante un mal llamado posconflicto, que corre un altísimo riesgo de profundizar el modelo de saqueo y explotación imperante, y que continúe alimentando y creando nuevos conflictos.

Una amenaza crece y se hace cada vez más notoria; es evidente en nuestros territorios. Estos se están transformando cada vez más con grandes carreteras, edificaciones, empresas, embarcaciones, automóviles, cultivos transgénicos y maquinarias que devoran nuestro ambiente sin que nadie nos consulte sí estamos de acuerdo o no. La amenaza sigue, el gobierno colombiano busca responder a las exigencias del mercado global encabezado por las grandes potencias mundiales, y pone nuestros territorios en manos extranjeras y foráneas, deslegitimando las construcciones culturales que por miles de años vienen haciendo los pobladores. La historia nos ha mostrado que los mandatarios responden a intereses particulares y no colectivos (de las mayorías), es allí donde la respuesta popular, raizal y ancestral se manifiesta según sus experiencias y necesidades.

Políticas como el Plan Pazcifico (PP) son la continuidad del desconocimiento de aquella minoría que busca lucrarse sin importar el impacto ambiental que esto genere, sin sentir las raíces ancestrales y propias de lo que significa pertenecer a una nación cultural y naturalmente rica. Esta minoría niega ser descendencia de los indios americanos, negros africanos y mestizos, se considera el espejo del norteamericano-europeo, y pretende sepultar los acumulados que a lo largo de la historia las comunidades han constituido. Por ello, es necesario conocer las diferentes resistencias que los pobladores hacen en sus territorios para frenar el hambre devoradora del capitalismo trasnacional.

Territorio, naturaleza y cultura
Es sabido por muchos que las comunidades protegen sus saberes ancestrales, en ese sentido, las comunidades del pacífico colombiano libran un batalla ardua para que dichos saberes no sean comercializados por empresas multinacionales farmacéuticas, y menos porque su riqueza natural sea saqueada por extranjeros. Por eso se vienen organizando para proteger y preservar su territorio, naturaleza, identidad y cultura. En ese orden de ideas, el antropólogo colombiano Arturo Escobar plantea que “(…) en algunas partes del mundo hay movimientos sociales, como el de las comunidades negras en el Pacífico colombiano, que están elaborando su propia concepción de la biodiversidad y su apropiación y conservación”.

Un poco de historia
La apertura económica de los años noventa permitió el saqueo permanente y descarado por parte de las empresas multinacionales y de extranjeros, pero amparados en la constitución política las comunidades afros del pacífico colombiano frenaron la arremetida del saqueo, exterminio e invisibilización que a lo largo de la historia habían padecido, para ello dichas comunidades se organizaron, lucharon y construyeron propuestas de políticas propias para coexistir en su territorio. Para Arturo Escobar, “El movimiento social de las comunidades negras que se ha desarrollado en la región incluye, entre otros actores locales, una red de más de 140 organizaciones locales conocida como el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”. Este proceso pone el énfasis en “el control social del territorio como condición previa para la supervivencia y el fortalecimiento de la cultura y la biodiversidad. En las comunidades ribereñas, los activistas y las comunidades trabajaron juntos para entender el significado de la nueva constitución y elaborar conceptos de territorio, desarrollo, prácticas de producción tradicionales y uso de los recursos naturales", dice Escobar.

Economía propia
La economía de las comunidades afros está orientada a necesidades raizales, de bajo impacto ambiental -si se compara al impacto generado por prácticas agroindustriales de la Palma Africana u otro tipo de actividades que buscan conectar dicha economía raizal al mercado global-, y perdurables desde antes de la colonia. Estas prácticas ancestrales de explotación de riquezas naturales de baja intensidad, y el desplazamiento constante en espacios productivos en extensas zonas y en diferentes etapas, hacen estas actividades exitosas, si se tiene como fundamento una relación de respeto entre el ser humano y la naturaleza. También existen prácticas de trabajo fundamentadas en la familia y el parentesco, esenciales para fortalecer los lazos entre la comunidad. Es por esto que según Escobar las comunidades afros “se niegan a reducir sus reclamos territoriales y ecológicos a los términos exclusivos del mercado, y eso es una lección importante para cualquier estrategia de conservación de la biodiversidad”.

Es evidente que las políticas empleadas por el gobierno colombiano desconocen los años de lucha que las comunidades afro del pacífico vienen construyendo, y a la fuerza pretenden atropellar la vida colectiva que hacen los pobladores. Políticas como el Plan Pazcifico (PP) testifican cuál es el objetivo del gobierno, que es claramente crear una infraestructura de conectividad que perjudica a los habitantes de la región. Como respuesta a ello, según Odile Hoffmann (2007, 157) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores En Antropología Social de México, las comunidades afro conservan “una proporción alta de sus tierras en reserva con el propósito de llevar a cabo otras actividades y como fuentes de ingresos o material indispensable para la vida familiar (leña, plantas medicinales, caza, pesca)”.

Amenazas e impactos negativos para las comunidades negras
La agricultura tradicional de la comunidades ribereñas se ve amenazada por la “inclusión” al mercado regional y global, pues los pequeños propietarios queriendo responder a las exigencias económicas, explotan sus tierras con el cultivo de la palma dejando a un lado prácticas ancestrales como la pesca, la recolección de frutos y la agricultura tradicional, sin olvidar que dichas prácticas agroindustriales se han devorado las selvas del pacífico. En ese sentido el PP amenaza constantemente a las comunidades del pacífico colombiano, por ello “muchas de estas comunidades se encuentran amenazadas por los proyectos de desarrollo (construcción de las vías, hidroeléctricas, proyectos mineros, etc.) los cuales ocasionan no solamente afectaciones en su cultura sino también impactos ambientales como la destrucción de ecosistemas frágiles, el deterioro de los suelos, bosques, fauna, flora, recursos pesqueros, entre otros”.

Por eso, cada día son más evidentes las razones por las cuales nos oponemos a los proyectos de exterminio, saqueo e invisibilización que impone el gobierno colombiano soterrado a las poderosas trasnacionales y por ello, de acuerdo con Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, “las comunidades afrocolombianas [y pobladores del pacífico] se oponen a los proyectos de desarrollo impuestos en sus territorios por encontrar que ellos generan (…): a) el desconocimiento de sus garantías legales y constitucionales; b) porque se enteran de ellos cuando las decisiones ya han sido tomadas sin tener en cuenta su derecho a la participación y a la consulta previa; c) porque en ocasiones se generan conflictos entre comunidades o con colonos; d) porque ven afectados sus recursos naturales e imposibilitado el uso de los mismos y, e) porque a sus territorios llegan personas y actores armados que generan violencia y dolor a sus familias”.

¿Qué es el Plan Espada de Honor?
Es el plan de guerra que actualmente y desde el año 2012 está desarrollando el Establecimiento colombiano con el propósito principal de garantizar la explotación económica de todo el territorio nacional a las transnacionales. El Plan Espada de Honor (PEH), es la continuación de la saga de la guerra contrainsurgente en Colombia al estilo norteamericano, es decir, guerra sucia, paramilitarismo, tierra arrasada, desplazamiento forzado y criminalización de la oposición y la protesta social. Las campañas militares que anteceden el PEH son el Plan Colombia (2000) y Plan Patriota (2003).

El PEH, que inició su tercera fase desde el año 2014, tiene como propósitos acabar con la posibilidad de maniobra a la insurgencia (reducir al 50% la fuerza guerrillera, focalizar su accionar, correr las líneas de confrontación y desmoralizar el acumulado insurgente para llevarlo a su desmovilización), e impedir el ascenso del movimiento social para la implementación del modelo político – económico capitalista.

El PEH y la guerra asimétrica
El PEH está concebido bajo el modelo de “guerra asimétrica” que viene ejecutando el imperialismo norteamericano en todo el planeta y que no es ajeno para Colombia, pues el Estado de la guerra comporta alta complejidad y efectividad de la inteligencia, superioridad tecnológica, supremacía aérea y fuerzas abrumadoramente mayores que las de la contraparte insurgente.

Uno de los principales postulados de la guerra asimétrica es la irregularización del accionar militar, que puede traducirse, entre otras, en acciones encubiertas, terrorismo de Estado y paramilitarismo. Esas son formas de lucha que desde hace muchos años el Establecimiento colombiano ha venido ensayando en la idea de irregularizar su accionar para garantizar el saqueo de los territorios. En ese sentido, se podría trazar una trayectoria estratégica que une el paramilitarismo con el PEH.

Logros del PEH
En su fase de consolidación, el PEH ha mostrado ser un plan menos costoso y más efectivo, ya que la acción militar del Estado evita el desgaste utilizando tropas altamente especializadas cuyo objetivo es asestar golpes precisos a la insurgencia, sin la necesidad de mantener la tropa en el terreno por largos periodos. En el caso de las FARC, el objetivo de neutralizarlas parece estar garantizado a juzgar por los avances de la Mesa de La Habana, situación que aceleraría la tercera fase del PEH y dejaría las manos libres al Estado para confrontar únicamente al ELN, organización sobre la cual se ha ejercido una fuerte presión militar, con mayores éxitos principalmente en las áreas del sur de Bolívar y el suroccidente colombiano.

En el objetivo de aniquilar el movimiento social, se ha iniciado una campaña de judicialización y criminalización en contra de sus líderes y activistas, por ser la principal amenaza para los planes de saqueo. Recuérdese la reciente condena contra el líder indígena Feliciano Valencia, el falso positivo judicial contra los 13 activistas del Congreso de los Pueblos de Bogotá y la captura del dirigente de la CUT Huber Ballesteros.

El PEH, una verdadera dictadura para el Pacífico colombiano
La acción complementaria definida en el PEH ha generado que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) suplanten poder ejecutivo en los territorios. Las obras públicas, las prioridades de inversión social y privada, el tejido empresarial y los planes de desarrollo locales y regionales de largo plazo terminan siendo subordinados a los propósitos de unidades militares destacadas en el territorio (FTC Titán en el Chocó, FTC Apolo en Valle y norte del Cauca, y FTC Pegaso en Nariño).

En el caso del Chocó, la FTC Titán lideró el diseño de la “Agenda Estratégica Integral Chocó 2038” bajo el comando del tristemente célebre general Rubén Darío Alzate (retenido y posteriormente liberado por las Farc en noviembre de 2014). Dicha agenda se definió como: “Es una propuesta del gobierno departamental apoyada por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán que facilite un ejercicio de planificación integral que genere lineamientos claros para el Departamento del Chocó definiendo la visión de desarrollo a 2038...”. En la gestación de dicha agenda departamental los militares tomaron parte del consejo directivo (comandante de la FTC Titán), la asistencia técnica (Dirección de Gestión de Proyectos del Ejército) y las mesas sectoriales que definieron el porvenir del departamento en lo ambiental, lo social, lo económico, la infraestructura y lo institucional.

PEH y Plan Pazcífico: convergentes y complementarios
Como ya se ha dicho, el propósito del PEH es garantizar que las transnacionales puedan ejercer el despojo de los territorios que, por diferentes razones del conflicto social que vive el país, no han sido totalmente incorporadas al mercado global. En ese sentido, el PEH se plantea tres fases de intervención para lograr la “consolidación territorial”: recuperación (intervención netamente militar), transición (se inician otras acciones del Estado) y estabilización (intervención más integral del Estado con énfasis en la infraestructura).

En la macrocuenca del Pacífico, la llamada Fase de “estabilización” será entonces el punto de partida para la implementación del Plan Pazcífico (PP), que inicialmente desarrollará proyectos de infraestructura del mayor interés de las comunidades como acueductos y redes eléctricas, para después romper y saquear el territorio con carreteras, puertos, terminales logísticos, represas, hidroeléctricas, monocultivos, agronegocios, con todas las consecuencias ambientales y socioculturales que se derivan de una intervención de tal magnitud sobre el territorio y las poblaciones afro e indígenas, que son mayoritarias en el área del litoral.

Por eso, para las comunidades cobran importancia mayúscula la organización social, el Cabildo, el Consejo Comunitario, la asociación campesina, la asamblea y la Junta de Acción Comunal, los taitas y los abuelos, la cultura propia, la identidad, el folclore, los planes de vida comunitarios y la economía propia, para enfrentar la crisis ambiental, social y humanitaria, la cultura del dios dinero y el egoísmo, la degradación humana y la guerra que traen bajo la manga el PEH y el PP.

 

Un poco de historia, nada más
La región pacífica se ha constituido de manera acéfala, descoordinada y macondianamente. El Pacífico colombiano se ha relacionado con la nación bajo una dinámica de conectividad, mas no de integración de la población y de la región con el resto del país. Históricamente los gobiernos y las élites han tenido la responsabilidad política y social de que el pacífico colombiano no responda a las exigencias culturales, sociales y económicas de los pobladores que residen allí, sino a los intereses económicos de las elites y las economías fuertes, lo que ha generado un impacto negativo en la naturaleza y sus pobladores.

Gracias a las “pericias” de los gobernantes, propios y foráneos, esta región tan maravillosa ha sufrido toda clase de estragos y son sus pobladores los que han experimentado las ruinas que dejaron la improvisación de los diferentes gobiernos en las distintas etapas de la historia. Con el Plan Pazcifico (PP), impulsado por el gobierno y las transnacionales, seguiremos padeciendo las consecuencias de las “pericias” que históricamente han “conectado” al Pacífico colombiano, más no lo han integrado a esa utopía llamada Estado Nación.

Buenaventura en la colonia: enclave comercial y militar
Desde tiempos coloniales, las elites blancas españolas no veían a Buenaventura como un territorio de suma importancia en la construcción cultural y popular de la población negra, sino más bien como un puerto estratégico para el tráfico de mercancías y esclavos, mercado que para ese entonces estaba empezando a tomar forma. En este sentido, según Gerson Javier Pérez en su texto Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura, las élites tenían “muy poco interés por ver convertida a Buenaventura en una población propiamente dicha. Más bien se buscaba una entrada hacia el interior del territorio, hecho que marcaría por muchas décadas el destino del que es hoy uno de los puertos más importantes del país”.

La otra vocación que los españoles previeron para el territorio bonaerense fue convertirlo en un fortín militar. Las ventajas que este territorio proyectaba para la empresa de la conquista española estaban claras, ya que Buenaventura “particularmente, fue considerado y utilizado como puerta de entrada al continente, como fortín militar con el único objetivo de continuar con la empresa conquistadora hacia el interior del país”, señala Pérez.

El Pacífico nariñense
En el siglo XIX, en la provincia de Pasto, el ejército independentista vio la zona como punto clave para todo su proceso revolucionario. Es conocido por muchos, y también lo relata Viloria De La Hoz en Economía del departamento de Nariño: Ruralidad y aislamiento geográfico, que los pobladores de esta provincia fueron proclives a defender los ideales imperiales, pues defendían a toda costa seguir bajo las órdenes del rey español. Los españoles apoyaron la resistencia pastusa pues sabían el papel que esta provincia desempeñaba para conectar a Quito con Popayán, pasar al interior del país y llegar a Santa Fé. Desde el periodo colonial se vislumbraba entonces la importancia geoestratégica de la zona del pacífico.

La economía de la zona fue sustentada en la explotación de materias primas, minerales, metales y productos agrícolas y por ello su papel fue de suma importancia para la economía española. Además, según Viloria de la Hoz, el puerto de Tumaco brindaba durante el periodo colonial una salida marítima al distrito minero de Barbacoas: “la terminación de la vía terrestre hasta Tumaco (carretera-ferrocarril) y la construcción de un nuevo puerto en 1953 ayudaron a reducir la desintegración entre las subregiones Pacífica y Andina del Departamento de Nariño. (…), en 1970 se construyó la carretera Panamericana, vía de acceso principal que comunica a Nariño con el resto de Colombia y con la República del Ecuador. Adicional a lo anterior, los aeropuertos de Pasto, Ipiales y Tumaco han contribuido a [conectar] al Departamento de Nariño con las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y desde allí, con el resto del país. [En la actualidad] la red vial de carreteras de Nariño es de 6.500 kilómetros, concentrándose en gran medida en la zona Andina del departamento. Por el contrario, en la subregión del Pacífico existen pocas vías, siendo la excepción la transversal Pasto-Tumaco y los ramales Junín-Barbacoas y Barbacoas-Magüí Payán”.

El departamento del Cauca
El Gran Cauca se incorporó al mercado global de manera más desmesurada y cosmopolita. Las elites payanesas, por ejemplo, quisieron emular las costumbres económicas europeas. Por su parte, la conectividad vial, que fue un principio de desarrollo para la ciudad de Cali, respondiendo a exigencias de forasteros. Hoy en día la dinámica ha cambiado (en infraestructura de conectividad); la única conexión que tiene el territorio se materializa en la vía panamericana que comunica con el Ecuador y el centro del país.

En lo económico, el departamento posee variedad de pisos térmicos y valles que lo convierten en una zona estratégica para la explotación forestal, ganadera, alimentaria, turística, pesquera e hídrica. La producción agrícola de la región no responde al mercado interno, sino más bien al modelo económico impuesto desde afuera y no es viable por la falta de infraestructura vial, medioambiental y social. En otras palabras, la centralidad que tuvo esta región en antaño -el Gran Cauca- contrasta hoy con el aislamiento que experimenta el departamento.

Extractivismo y economía de enclave
El Pacífico colombiano ha respondido más a las dinámicas rurales, el poblamiento de la región se debió a la explotación de algunos productos como el caucho, la tagüa, la raicilla y las pieles. Entrado el siglo XIX, algunas ciudades rompen las fronteras rurales e inician su urbanización al tiempo que los proyectos políticos de las familias más poderosas inician su configuración sin alejarse de la lógica extractivista.

Ya entrado el siglo XX, el extractivismo se configura como un pilar de la economía nacional y se le abre paso a las multinacionales que para lograr la explotación de los bienes forestales, pesqueros y minerales de la región, ejercen dominio político, económico y social en sus enclaves productivos. Algunas zonas del país se especializan en una actividad específica por lo que, según el Observatorio Pacífico y Territorio, se extiende “el monocultivo de palma aceitera en Tumaco y extensas áreas se adaptan para la ganadería.”

A mitad del siglo pasado la economía de Tumaco se fortalecía por ser puerto petrolero, Putumayo poseía unos yacimientos que serían más tarde explotados gracias a la incursión de multinacionales que se iban a aprovechar de las facilidades que les deba el gobierno central. Después la palma, la pesca y la papa sustentarían la economía exportadora mientras que la parte de los Andes producía para el consumo nacional.


El Plan Pazcífico, más de lo mismo para la región
La diversidad étnica es una constante en todos los territorios de la región pacífica, siendo las comunidades afros e indígenas las que poseen la mayoría de los territorios colectivos. Pese a lo anterior, muchos de los megaproyectos contemplados en el PP, refuerzan la conectividad, el enclave económico, la exclusión de las mayorías, el despojo del territorio y los irreparables daños ambientales sobre los invaluables ecosistemas del Pacífico.

Por ello, para las comunidades de esta región, es necesario que se reflexione sobre el devenir histórico de las políticas que se han empleado en la región por los gobiernos y las élites, en términos de que los beneficios de la actividad económica sean para las mayorías y no únicamente para la minoría blanca y los extranjeros. De la misma forma, que los programas de infraestructura superen la conectividad y la economía de enclave, para avanzar hacia la integración social, económica y cultural de los territorios del Pacífico con el resto del país. Finalmente, que las decisiones de producción reconozcan las construcciones sociales e históricas de los pobladores del pacífico colombiano, más que los dictámenes del mercado mundial.

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