Julian Alvarán

Julian Alvarán

Octubre nos dejó una nueva jornada de indignación en el país. Miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.

La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos firmados por los distintos Gobiernos con las comunidades, más la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, y la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa conel ELN, estuvieron entre las razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos, para levantar en un solo tono su grito de Indignación.

La indignación se mantiene y avizora mayores luchas
Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene. Si bien estas jornadas de la indignación no tuvieron la fuerza de la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron entre el 2013 y el 2015, es significativo que, pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.

En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, y cantos cargados de indignación y alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.

Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito, agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitario, en una jornada que deja nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.

Que el descontento se transforme en indignación y rebeldía
Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, y mantener y nutrir los espacios de articulación, asunto indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.

Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado, tanto con el Gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado, en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo, expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, y por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto de los hábiles mecanismos que las clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, lo que no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas.

De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país.

Desatar la participa-acción para que la indignación dé sus frutos
Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos cuya implementación es necesario defender. Muchas de las cosas allí plasmadas pueden contribuir a garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener. Exigir al Gobierno que cumpla lo pactado, que no le haga más trampas a la implementación ni le tuerza el cuello a lo firmado, es una obligación para el movimiento popular.

Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir y exigir, y proponer cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de defender la implementación de lo acordado en La Habana, y de luchar para que en los futuros acuerdos en la mesa de Quito se pueda lograr mucho más.

Pero la participación no puede limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que se trascienda del debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla. No bastará con decir que nos oponemos al modelo minero-energético, hay que ser capaces de frenar su implementación en los territorios; no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social; no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos. No bastará con indignarnos, será necesario transformar.

Por segundo año consecutivo, el próximo dos de junio organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, niñas y niños, campesinos, pobladores urbanos y de los reverdecidos campos quindianos se manifestarán en la segunda Marcha Carnaval Somos Territorio, Agua y Vida en la ciudad de Armenia, con el propósito de ratificar la defensa del territorio que se encuentra amenazado por el modelo económico extractivista del Gobierno nacional, y para reafirmar que el agua vale más que el oro, que tienen el derecho a habitar el territorio y que también la naturaleza tiene el derecho a que se le cuide y proteja para preservar la vida en el planeta.

El Quindío asediado por el extractivismo
Este pequeño departamento clavado en la cordillera central, en la región del Eje cafetero, es uno de los territorios de mayor biodiversidad y riqueza natural en nuestro país y por ello está bajo la mirada codiciosa de las multinacionales, con el beneplácito de los gobiernos de turno.

Luego del terremoto del año 1999, que devastó a la capital Armenia y a varios municipios como Pijao, La Tebaida, Circasia, entre otros, sumado a la crisis cafetera, los gobernantes de esta región en complicidad con empresarios, impulsaron una economía fundamentada en el turismo que genera contradicciones significativas, ya que por un lado ha conllevado a una ruptura de tejidos sociales, cambios bruscos en la cultura campesina y popular de sus habitantes, contaminación, además de situaciones de orden público asociadas al microtráfico de drogas, el consumo de licor y delincuencia, y por el otro lado ha generado importantes recursos económicos para sus habitantes y en algunos aspectos ha permitido edificar alternativas desde un turismo consiente.

Sin embargo durante la última década se ha venido imponiendo otro énfasis en la economía del territorio. Igual que en buena parte del país, el Gobierno nacional viene implementando la extracción de minerales como renglón económico primordial; es por ello que como lo señala Néstor Ocampo, ambientalista de la región “a principios del 2008 nos enteramos que el 61.8% del área de todo el departamento estaba comprometido en proyectos de gran minería, 98 contratos de concesión ya otorgados para ese año,  de los cuales 80 en manos de multinacionales y en trámite 133 más. Eso significaba que habíamos sido desposeídos del territorio y ni siquiera nos habían avisado, porque ni en la Gobernación ni en la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindio), ni en la Asamblea departamental, ni en los municipios, se sabía de eso, situación que venía caminando desde el 2003”.

A esto se suma la preocupación por el impacto que el proyecto La Colosa de la Anglo Gold Ashanti podría generar en el territorio, pues aunque la Consulta Popular del pasado mes de marzo en Cajamarca (Tolima) haya puesto freno a las intenciones de la multinacional, esta maniobra para no irse con las manos vacías. Tal preocupación se sustenta en el hecho que “La Colosa no queda solo en Cajamarca, porque de 16 títulos mineros que conforman el proyecto La Colosa regional, 11 se encuentran total o parcialmente en el Quindío. Y luego de los problemas que hubo con los precios del  café, aquí en el Quindío se le ha apostado a otros proyectos, la agricultura en otras áreas, el turismo, y son actividades que se echarían al traste con la gran minería, en caso que permitiéramos que por lo menos un solo proyecto se consolidase en estas tierras, y ya tenemos algunos impactos en los municipios de cordillera como lo son  Salento, Pijao, Córdoba, Génova y Calarcá”, asegura Néstor.

Pero la minería no se constituye en la única amenaza, cabe recordar la problemática de la cual ya hemos hablado en Periferia sobre las 86 torres de energía de alta tensión que se vienen instalando desde Risaralda hacia el Quindío, y que están en función de la producción de energía para la gran minería; pero también el riesgo que significa para el agua del departamento “la presencia de otra multinacional, la Smurfit Kappa Cartón de Colombia, quien ha sembrado y está sembrando con pinos y eucaliptos todas nuestras montañas, avanzan como un cáncer por las montañas con la complicidad de las autoridades  ambientales y gubernamentales, pero eso hace parte de un mismo modelo económico  extractivista, lo más atrasado que hay, que es lo que se le está imponiendo al país”, concluye Néstor Ocampo.

La movilización social en Carnaval
Dicha situación ha conllevado procesos de movilización social permanente, pero no solo entendida como salir a marchar, sino también como lo señala Blaney  Arístizabal, guía de montaña e impulsor, al igual que Néstor, de la Marcha Carnaval,  “existen iniciativas particulares de personas que tienen procesos de eco granjas, producción desde huertas orgánicas, también a través de cierto turismo se ha rescatado parte de la cultura cafetera siempre que los pequeños productores han visto la oportunidad de ofrecer su producto directamente al consumidor nacional o extranjero; también están los procesos educativos que buscan llegar a las escuelas y colegios llevando esta educación de lo que es nuestro territorio y nuestro entorno. Dichas iniciativas apuntan a la sostenibilidad desde la producción local y para lo local se convierten en experiencias de resistencia”.

Sobre esto, Néstor agrega que “la gente en el mundo del arte está haciendo pinturas, obras de teatro, títeres, danzas relacionadas con esta problemática y lo que representaría la gran minería para nosotros; además de profesores en universidades que están motivando a los estudiantes a hacer investigaciones que permitan aclarar todo eso porque es un tema muy complejo”.

Es en esa perspectiva que surge la iniciativa de realizar la Marcha Carnaval, siguiendo el ejemplo de los y las tolimenses, poniendo de manifiesto que la amenaza sobre los territorios requiere del latido y el caminar urgente de todas y todos.  Como lo afirma Adriana Adarve, integrante del Círculo del Fuego y también organizadora de la Marcha Carnaval,  “esta inició en el Círculo del Fuego, pero sumado a esta movilización ciudadana se han unido personas naturales y organizaciones sociales que lo que quieren es defender nuestro territorio y en esta segunda versión se ha visto mucho más el acoplo de la marcha, muchas personas y organizaciones que desde sus labores diarias, por ejemplo como agricultores, empresarios independientes, creativos, personas naturales que ven en la mega minería una amenaza para lo que ellos son y admiran y amamos que es nuestro territorio. Ha sido una plataforma para que a todos quienes vemos la vitalidad de que se conserve y se  respete el territorio, se nos escuche; es un espacio donde todos nos unimos pues generalmente todos los procesos están individuales, pero aquí nos juntamos y le demostramos a las personas, al mundo, al Gobierno que no queremos que nuestro territorio sea irrespetado”.

En este sentido, han venido en una labor permanente de comunicación, de gestión, de dar a conocer en qué consiste la marcha, pero no solo la misma, sino como señala Adriana, “por qué tienen que defender el territorio, porque una falla que hemos encontrado es que los mismos cuyabros tenemos un desconocimiento sobre dónde estamos parados, no tenemos ni idea qué es el Quindío y por qué debemos cuidarlo”. Así mismo, esperan que el dos de junio sea todo un carnaval, pues tendrán artistas en tarima y durante los recorridos, que estarán llenos de colorido, música y alegría.

Y posterior a ello como menciona Adriana “la marcha se ha transformado en una plataforma creativa, es decir, muchas personas que estamos allí tenemos nuestros procesos particulares de defensa del territorio, entonces tenemos guías turísticos, agricultores, creativos; todas las profesiones, todos los que haceres se han ido articulando para que desde la cotidianidad esté la defensa del territorio”.  Estas acciones en su conjunto, igual que el impulso de acciones jurídicas como las Consultas Populares que ya vienen dinamizando en municipios como Pijao, Córdoba y Calarcá, buscan construir una estrategia integral para defender la vida y el territorio.

Periferia entrevistó a Isabel Rauber, una pensadora latinoamericana, profesora universitaria, pedagoga política y doctora en filosofía que se ha preocupado desde hace muchos años por “buscar, junto con los movimientos populares, las alternativas que permitan construir soluciones a las problemáticas sociales”. Rauber habló sobre sus críticas al marxismo ortodoxo, las posturas vanguardistas de la izquierda, el lugar de los movimientos sociales en la actualidad latinoamericana y su mirada al proceso de paz colombiano.

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