Miguel Ángel Romero

Miguel Ángel Romero

Viernes, 07 Julio 2017 00:00

Historias detrás del papel

Durante 13 años de existencia, el periódico Periferia ha relatado múltiples historias que resaltan las luchas y resistencias de las personas de a pie y de las comunidades organizadas. Eso nos permite afirmar que la historia de Colombia, nuestra historia, se hace y se escribe en la periferia. 

Memoria en la tinta
El 27 de abril de 2002 desapareció Luis Enrique Guerra, un taxista que se dedicaba a hacer transportes entre Cáceres y Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Las versiones sobre su desaparición y asesinato señalan a las AUC como los autores, sin embargo, aún no existe claridad sobre los hechos y la verdad de su caso.

David, hijo de Luis, salió para Medellín junto a sus dos hermanas después de este trágico suceso. Su madre, Lina María Cano, se quedó un tiempo en Cáceres, luego se reencontró en la ciudad con sus hijos, y allí comenzó a trabajar con organizaciones de víctimas como las Madres de la Candelaria en la búsqueda de respuesta a lo sucedido con su esposo.

“Yo recuerdo que en mi casa había una hoja de un periódico que ya estaba como muy café, como desteñidita, y mi mamá andaba con unas carpetas con algunos documentos de la fiscalía, radicados de víctimas, un montón de cosas; en algún momento eso llegó a mis manos y junto con mis hermanas lo leímos”, recuerda David al referirse a uno de los artículos impresos de la edición de noviembre- diciembre de 2006 de Periferia, que acompañó a su familia durante varios años.

Esta historia, escrita por Nelson Orrego, fue narrada desde la voz de Lina María, esta mujer que comenzaba a juntarse con otras mujeres y madres, que también habían atravesado historias de su misma magnitud. “Lo del periódico fue a los añitos, tendríamos por ahí 9 o 10 años, el punto es que yo reconstruí mi historia a partir de lo que decía ahí, ni siquiera por la voz de mi madre, por eso no la culpo, ni se lo recrimino, porque nosotros estábamos muy pequeños”, afirma David, quien ahora estudia periodismo en una universidad de Medellín. David creció leyendo esta historia hasta que desapareció el desgatado papel.

Con el tiempo y al ver el ejemplo de su madre, David comenzó a interesarse por los temas del conflicto armado y la historia del país. Un día decidió buscar a Periferia a través de internet para tener una copia de la historia de su padre. “Lo volví a leer, se lo pasé a mis hermanas y las dos también recordaron que existió esa hoja, que ellas también leyeron, luego me nació el interés de publicar aquí mismo, donde había leído yo ese pequeño fragmento de mi vida”.

Desde entonces escribe periódicamente sobre diferentes temas de interés nacional en el periódico, para él las coyunturas nacionales deben ser explicadas de manera pedagógica ya que estas tienen mucho que decirles a las vidas cotidianas de los colombianos. "Hay que hablar de los asuntos más desde lo legal, desde lo político, uno pensaría que por ser tan públicos se deberían conocer, pero en realidad son los más mal tratados por sus propias exigencias, fuera de eso son los más necesarios, es muy importante a mi parecer por ejemplo saber que va a cambiar el sistema político", sostiene este joven periodista.

Trotamundos de la periferia
Saúl Peláez llegó a Periferia junto a Graciela Vélez y Giovanni Benavides en 2014 para denunciar la desastrosa organización y la cancelación de una de las pruebas principales del XVII Campeonato Suramericano de Atletismo Máster. Estos atletas lograron con su protesta hacer eco en los medios locales y posteriormente consiguieron la renuncia del presidente de la Asociación Suramericana de Atletismo Master.

En la edición 101 de Periferia se publicó la historia escrita por Olimpo Cárdenas, que más allá de denunciar aquel hecho en particular, mostró a través de las vidas de estos atletas las dificultades que tiene que afrontar un deportista en Latinoamérica, y sobre todo los de nuestro país, para salir a representar una bandera en los diferentes certámenes a nivel nacional e internacional. “Plastifiqué el artículo y lo pegué en una de las ventanas del tercer piso de mi casa”, recuerda Saúl, para quien las historias narradas en este periódico no eran nuevas, ya que desde 2009 compraba cada mes la edición del periódico en los bajos de la estación Parque Berrío del Sistema Metro de Medellín.

Saúl volvió a Periferia nuevamente para solicitar solidaridad en un nuevo viaje que emprendería en 2016 al Campeonato Suramericano de Ruta en Chile, y desde entonces comenzó a llevar el periódico a cada lugar al que viaja, muy pronto no sólo llevaría el periódico sino que traería consigo historias de las múltiples periferias que visita en sus eventos deportivos. Fue así como comenzó a escribir diferentes artículos, por ejemplo uno sobre la problemática del agua en San Andrés, otro sobre el paro camionero, otro sobre San Basilio de Palenque, entre otros.

“Lo que pasa con los periódicos tradicionales es que en la época de los 70 y 80 sí pasaban mucha información del atletismo con crónicas muy completas de carreras callejeras, de eventos de pista, inclusive de los locales, y hoy en día, sino es que porque “x” atleta tuvo una muy buena actuación en el exterior o porque le hicieron una entrevista especial a cierto atleta de cierto renombre que va a competir en el exterior, de resto no pasan absolutamente nada”. De esta manera también Saúl ha escrito sobre problemáticas que aquejan a los deportistas como lo es el caso de la pretensión de la privatización de los escenarios deportivos públicos en el país. Correr para Saúl es un espacio de alegría, y en este sentido los artículos que ha escrito han coincidido con circunstancias relacionadas con su vida deportiva.

Hay que aprender a leer
Jhon Jairo Grisales es un hombre de habla pausada, pero también de afirmaciones contundentes. En la edición 122 de Periferia conocimos su historia como mecánico del barrio Alfonso López en la Comuna 5 de Medellín. En aquella oportunidad conocimos los ires y venires de su profesión y también algunas de sus reflexiones sobre el ámbito social del país.

Su historia, escrita por Saúl Franco, fue publicada en la sección de Oficios de la Periferia, una recopilación de historias de vidas narradas a través de los diferentes trabajos que el pueblo colombiano realiza diariamente. Jhon Jairo afirma que fue una sorpresa salir en el periódico ya que desde el 2009 es un fiel lector de este, dice que le hace falta: “mes por mes espero encontrar otra cosita nueva que no se encuentra en los otros periódicos”.

Después de conversar un rato con él confiesa que si por azares de la vida abandonara la mecánica, le gustaría montar una café para tertuliar sobre los temas del país. “Es triste decir esto, pero el 90% de los colombianos desconocemos la mayoría de los conflictos a nivel internacional y a nivel local”, y también considera importante que se visibilicen otras historias de la gente, no solo las de la corrupción de las élites.

La esposa de Jhon Jairo tiene una peluquería, en esta aprovecha para dejar el periódico para que más personas lo lean, lo abre en los títulos más sugestivos con el objetivo de atrapar a las personas que puedan verlos, sin embargo, algunos lo ven, lo cogen y dejan tirado por ahí. Jhon Jairo insiste en que “leer no es juntar la M con la A pa' que diga MA, ni la P con la A pa' que diga PA, saber leer es tener un criterio definido acerca de un artículo. La diferencia que yo he visto en los periódicos rutinarios es que, en vez de contribuir a desapañar todo este pantanero, por el contrario, como en la torre de babel, confunden a la gente, la veces que uno los lee sabe que están en defensa de los mismos intereses que nos han tenido sumidos en tanta tristeza y tanta miseria a la vez”.

Domingo, 30 Abril 2017 00:00

Digna y la ciudad de márgenes

Un  día de abril Digna caminaba por el sector entre la canalización de la quebrada La Iguaná y la Universidad Nacional en Medellín, al costado del cerro El Volador. Sus recuerdos vinculados a este barrio de infancia fueron la fuente de su emoción cuando, pasando el puente de la 65, vio un espacio banqueado entre las casas que ya comenzaban a formarse por este corredor.

Con la urgencia de un lugar para vivir y criar a sus tres hijos, comenzó a preguntar  puerta a puerta por el propietario de aquel terreno que ahora parecía abandonado, a pesar de tener señas de haber sido trabajado. En su insistencia dio con una mujer que le dijo que su hija lo había banqueado pero se había ido para Cartagena, y  no vio ningún problema en cedérselo.

La construcción comenzó una vez la oscuridad fue suficiente para que Espacio Público no molestara. Eran las 2:00 de la mañana.  Digna y sus tres hijos, Juan Pablo, Anthony y Juan Esteban, acompañados por tres vecinos del sector, comenzaron la construcción en todo el borde de la canalización, una construcción de esas que se abren espacio en una estrecha ciudad como Medellín.

El clima de aquella noche no fue benévolo. Pronto la lluvia comenzó a caer, pero esto no evitó que sus vecinos siguieran levantando la casa, mientras Digna y sus hijos se resguardaban bajo un plástico. Ya agotados y con la dificultad en medio de la oscuridad, el ánimo se sobrepuso de nuevo como al inicio, cuando Diana, la vecina de al lado, iluminó con una bombilla lo suficiente para que estos tres hombres terminaran de construir la nueva casa hasta las 4:00 de la mañana. “Fue un 24 de abril, eso es algo inolvidable, uno cómo se va a olvidar de qué día hizo su casa, porque esa era mi casa, no un ranchito, es que yo soy  muy creída ¡hay que darle vida!”, recuerda Digna con su habitual manera de chancear mientras conversa.

Al fin la casa estaba lista, y esa mañana la habitó una satisfacción digna de un hogar que se hace con esfuerzo. Ahora solo faltaban algunos detalles: el piso por ejemplo había que terminarlo de aplanar, luego había que armar la cama y ubicar los pocos muebles que habían recolectado. “En principio con las tablas se veía como un ranchito, entonces volví al botadero y me encontré uno de esos tapetes de caucho que son como de carro, me encontré muchos partidos en cuadritos, y los muchachos de allá como tienen los mototaxis, y como uno maneja la energía y Dios siempre está con uno, me los  bajaron porque eso pesaba mucho. Con eso entapeté toda la casa y puse una lona que es como de carpa, ya no se veían las tablas, eran las paredes blancas, yo tenía mi casa”, cuenta  Digna Marilen Torres, de 33 años, y quien vivió los últimos cuatro en la que muchos llamaron La Comunidad Los Ranchitos, un  grupo de casitas asentadas a la orilla de la corriente de agua que aún resiste a la voraz urbanización en el occidente de la ciudad.

Desde que construyó su casa, la rutina de Digna se acomodó al barrio que habitaba. Se levantaba a las 5:00 de la mañana, a las 5:30 despachaba a Juan Pablo, su hijo mayor jugador de futbol, a las 6:30 al segundo, Anthony, quien practica taekwondo, y a las 8:00 llevaba al kínder al más pequeño y más inquieto, Juan Esteban. Luego se dedicaba a los múltiples quehaceres que implican un hogar,  al terminar con estos salía en dirección a la Plaza Minorista, a unas escasas cuadras, y allí surtía el maíz, el aceite, el azúcar y la esencia de vainilla para su negocio de arepas de chócolo.

De la boquilla de un recipiente para salsa dejaba caer un par de gotas de aceite en una  plancha que le prestaban por el Estadio. Con la experiencia conseguida hasta ahora, Digna no necesitaba de un molde para que la masa tuviera la forma ideal de una arepa. Por lo general se demoraba una hora para producirlas; una vez listas las empacaba de a cinco, y luego salía a venderlas con Anthony, a quien recogía del colegio al medio día y quien le seguía el paso por los diferentes locales cercanos a la calle Colombia, donde vendía algunos paquetes y fiaba otros. “Ojalá tuviera una microempresa” expresa Digna, quien en un buen día lograba producir 18 paquetes de arepas.

Sin embargo en el pasado, según relata, le tocó rodar. Cuando vivió en el barrio Olaya, en la comuna siete de Medellín, su hermano prestó un dinero y fue asesinado. Entonces los paramilitares del barrio le empezaron a cobrar a ella esa deuda, y la zozobra crecía igual que el último hijo dentro de su vientre. “Me daba miedo salir, me miraban y se reían”, dice. En ese momento se dedicó a vivir encerrada, con el creciente rumor de que este grupo que ejercía el control en el barrio iría tras ella por una deuda ajena. En medio de esto, y con ocho meses, nació Juan Esteban; ella recuerda que se mareaba y  le dolía la cabeza al alimentarlo. Con la preocupación por su vida y la de su hijo recién nacido, bajó de peso y llegó a ser talla seis, cuando normalmente era diez.

Un día el rumor llegó, se tenía que ir del barrio porque la iban a matar, pero ella no le prestó atención a eso, sólo  hasta que una señora  del barrio tocó su puerta e insistió en que no podía esperar. Con lágrimas en sus ojos, salió de allí apenas con un morral; adentro de este llevaba unos cepillos, los papeles, un tetero, un tarro de leche y unas pocas prendas de sus hijos; en un brazo cargaba a su pequeño y con el otro llevaba al del medio. Así comenzó a rodar.

Las tías de ella los recibieron en una casa en el barrio Belén, sin embargo allí ya vivían 11 personas y  para entonces Digna no tenía un trabajo. Aunque los primeros días todo fluyó  bien, pronto comenzaron los problemas entre tantas personas viviendo en poco espacio, así que Digna decidió mudarse de nuevo donde una amiga que le ofreció un espacio en el barrio Santa Lucía. Allí no pararon los problemas. Los conflictos entre su amiga y su esposo comenzaron a preocuparla. Durante tres meses que vivió allí le tocó ver múltiples peleas, algunas terminaron en actos de agresión y esto comenzó a afectar a su hijo Anthony, que se retraía al ver esto, “sentía que le hacía mucho daño a mis hijos”. Así llegó a dar a La Iguaná.

Al regresar a su casa de vender arepas de Chócolo, Digna le dedicaba tiempo a sus hijos. A ellos les  preguntaba por sus tareas, aunque negaban tener alguna; les ayudaba, bañaba al más pequeño y  después les preparaba la comida. A las 8:30 de la noche todos ya estaban durmiendo en su hogar. “En mi caso no hay figura paterna, entonces tengo que hacer de los dos, no todo sale siempre bien, no todo sale como uno espera, pero todo es una lucha, y con los hijos no es hasta donde uno pueda, sino hasta donde no pueda también”, afirma convencida.

El rumor de tener que partir volvió a aparecer en la vida de Digna y esta vez el miedo lo compartió con todos los vecinos de las casas autoconstruidas a un lado de la canalización. Llegó una notificación de la Alcaldía que decía que sus casas serían desalojadas,  para recuperar un espacio público que nadie reclama, pero que responde a las márgenes trazadas  en los planes de ordenamiento territorial de la ciudad. Esta vez Digna se preocupó porque además de no saber hacia dónde ir y tener que emprender una travesía forzada por la ciudad, nuevamente está esperando dar a luz.  

El desalojo, anunciado para el 28 de marzo, se llevó a cabo a pesar de la resistencia de la comunidad y la solidaridad de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, que a través de un campamento pretendían impedir que este grupo de alrededor de 107 personas, entre ellos la familia de Digna, fueran dejados en la calle. La noche anterior Digna acompañó la actividad hasta tarde, y ante la insistencia de los jóvenes de que fuera a descansar por su estado de embarazo, se fue a dormir a su casa, pero muy temprano, en la madrugada, el ruido con la presencia de la Policía, el  ESMAD y  los funcionarios, la despertaron. Quisieron instalar una mesa de negociación con la administración, poner una tutela para frenar el desalojo, pero ambos intentos no dieron resultados, y optaron por sacar a la carrera los pocos enseres que podían y desplazarse hasta el coliseo de la Universidad Nacional. Allí lograron la interlocución con las entidades públicas.

Ahora, su familia se encuentra fragmentada, sus hijos mayores están viviendo con unos familiares, y Digna junto su hijo menor se encuentra en una casa de un estudiante que se volvió albergue.  Restan los días de abril para que su nuevo hijo nazca; la travesía de  Digna por Medellín persiste.

La madrugada del 12 de enero sorprendió a los habitantes de Nueva Jerusalén con la intervención de más de 700 efectivos de la Policía Nacional, Carabineros, Ejército y ESMAD, quienes acompañados por funcionarios de la Alcaldía de Bello y de Medellín,  buscaban desalojar y demoler 175 predios en donde viven entre  600 y 1.000 personas. 

“Desde las 5 de la mañana llegó el ESMAD, agrediendo a la gente porque se rehusó a salir, no porque no quisieran sino porque el municipio y el gobierno no ofrecen ninguna garantía, sólo ofrecen 3 meses de arriendo, según ellos  prorrogable, pero como ya hemos conocido otras personas que han salido y  no les han pagado el arriendo, no hemos querido salir por eso”, precisó Gloria Alzate*, quien llegó desplazada a este barrio desde Chigorodó y recientemente fue notificada de su desalojo; en su hogar viven 7 personas, quienes ahora tendrán que vivir con apenas 300.000 pesos que le ofrecen las entidades municipales. La situación de Gloria es la de cientos de familias que no saben aún como sortear un canon de arriendo tan bajo, los gastos económicos y adaptación que implica el cambio de hogar, del colegio de sus hijos y transportes.

Nueva Jerusalén está ubicado  entre  los  barrios  París,  La  Maruchenga, predios  del  Hospital  Mental  de  Antioquia y  algunas  fincas particulares; es jurisdicción territorial del municipio de Bello en el Predio denominado como El Cortado, sin embargo éste fue comprado en 1997 por la liquidada Corporación de Vivienda y Desarrollo Social –Corvide–, adscrita al Municipio de Medellín, con  el  fin  de  destinarlo a  vivienda  de  interés  social. Desde entonces este predio ha sido ocupado por familias provenientes de regiones marcadas por el conflicto social y armado. Un censo realizado en 2009 determinó que en ese lugar residían 1.118 personas en 261 grupos familiares; para el 2013 la Defensoría del Pueblo señaló que podría ascender a 2.000 el número de viviendas levantadas en este lugar, y a la fecha no hay una cifra sobre el número de personas que actualmente viven allí. La extensión de este asentamiento es de 60 hectáreas y es uno de los más grandes en la periferia de Medellín.

Según este informe de la Defensoría del Pueblo, el actual desalojo se da debido a un “fallo del Juzgado 26 Administrativo Oral de Medellín, del 14 de enero de 2013, que dispone que las personas que están a 30 metros del retiro de la Quebrada La Loca, en terrenos de  riesgo,  por  encima  de  la  cota  máxima  de  prestación  de  servicios  públicos  y  las  ubicadas  en  el polígono minero sean desalojadas”. Igualmente, el fallo indica que estas personas desalojadas deben tener alternativas de vivienda temporal y definitiva por parte de la  Administración  Municipal  de  Bello, y ordena al Municipio de Medellín titular los predios de las restantes familias que pueden quedarse en el asentamiento. Pese a esto, el manejo y comunicación de soluciones por parte de las administraciones causa desconfianza en las personas  notificadas de desalojo.

La incertidumbre ronda las expectativas de los pobladores que exigen tener una solución definitiva y formalizada de vivienda, mientras continúan las demoliciones de cada uno de los 175 hogares señalados de estar en lugar de riesgo. “Hoy me dijeron que si no salía de la casa me sacaban amarrada pa' fuera, y a los niños también, y nos tumbaban la vivienda, entonces yo empaqué todas mis cosas, ahí me dejaron esperando y nunca llegaron. A mí me parece que eso es un desplazamiento forzado”, expresa Rosa Vargas, otra de las afectadas que aún no sabe dónde dormirá mañana una vez se quede sin su casa, una pequeña construcción de madera y lata, de tres salones y un patio en cemento desde donde se divisa el Barrio Paris. Esta casa la construyó con ayuda de una fundación que intervino en el sector, y fue el lugar donde vivió con sus 7 hijos después de desplazarse desde el Chocó.

Después de los primeros días de desalojo, en los que hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad, donde resultaron heridas 42 personas, los habitantes de Nueva Jerusalén aún exigen a las autoridades claridades frente a su futuro. Algunas personas huyeron asustadas por las explosiones, detenciones y gases lacrimógenos que trajo consigo de manera indiscriminada el ESMAD, otras recorren las ruinas de las primeras casas demolidas buscando salvar algunos de sus enseres, o desarman sus hogares para armarlos en otro lugar o vender a bajos costos los materiales con los que estaban construidos. Otras, simplemente, se resisten a abandonarlos.

 

 

 

Sábado, 01 Octubre 2016 00:00

Fotoreportaje: La familia Mulcué

Fotografías: Miguel Ángel Romero

Avanzan los años, atrás quedan las luchas. En el presente el trabajo es una constante, y hay que afrontarlo con un cuerpo que siente el tiempo; la vista, la memoria y la escucha, todo finito. El fogón se enciende de nuevo, la radio suena, Victor, Asunción y Bárbara Mulcué, continúan sus quehaceres del campo en Inzá, departamento del Cauca.

 

 

Lunes, 22 Agosto 2016 00:00

La esperanza está en la tierra

Las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño  han sido escenarios de  despojo a familias campesinas por parte de terratenientes y grupos armados, por eso tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, son también los lugares donde se llevan a cabo gran parte de los procesos de restitución de tierras  en Antioquia. 

Rosa es una mujer cabeza de familia, tiene 42 años, trabaja en oficios varios y vive en Chigorodó; ella no ha retornado y no quiere retornar. “Una persona como yo, que sólo ha trabajado para sobrevivir, no tiene la opción de tener una casita bien arreglada o bien organizada”, afirma convencida. Su vida ha estado marcada por una serie de complejas situaciones que la forzaron a desplazarse, pero también a luchar para sobrevivir con sus hijos. Primero desaparecieron a su padre y a sus dos hermanos; luego, cuando comenzó a vivir con su pareja lejos de la finca de sus padres, su esposo fue asesinado, según ella por las FARC; a su vez, su madre vendió a muy bajo precio la finca donde creció, a causa de la presión que ejercieron grupos paramilitares.

Hasta este momento su vida había sido ver y callar, pero al llegar el 2009, Rosa decidió comenzar el trámite para la restitución de la finca que le arrebataron a su familia. En medio de este proceso, conoció muchos campesinos que como ella abandonaron o vendieron obligados su tierra. Fue allí cuando decidió junto con ellos emprender acciones como marchas que pasaban por predios ocupados por los que la ley 1448 llama “opositores”; personas o empresas que tomaron las tierras a muy bajos costos beneficiados del desplazamiento generado por paramilitares, guerrillas o el mismo ejército. Rosa sostiene que acciones como estas fueron “para que se dieran cuenta que los mismos miedos que sentimos, nos han dado valor para reclamar nuestros derechos”.

Participar de estas acciones la hicieron - sin buscarlo- líderesa. Muchos campesinos se le acercan a pedirle consejos sobre cada uno de sus casos y sobre los trámites para la restitución que van desde el registro de su predio, y si tienen como continuar el proceso, hasta el fallo de un juez. Pero esta visibilización también trajo consigo amenazas de hombres que la buscaban constantemente y la hostigaban a las afueras de su casa; intimidaban a sus hijos, y generaron nuevamente su desplazamiento por diferentes sectores del Urabá, por lo que hoy en día permanece en quietud: “¿Qué hago yo trabajando con la uñas, sin un respaldo del gobierno y yo siendo una mujer?, ¿cuál es mi defensa contra esas personas, si esas personas manejan todo?” se pregunta.

Estas incertidumbres frenan la posibilidad del retorno de Rosa. No se imagina viviendo junto a quienes, relacionados con el paramilitarismo, la han llamado a decirle que no insista más, que sus derechos ya han caducado. La restitución para ella no incluye el retorno: “Ya me arrebataron a uno de mis hijos. Uno tiene que ser realista y yo soy una de esas personas, de pronto que el gobierno me diera una indemnización por eso yo bregaría y me iría pa' otro lado y compraría. Esa gente no se va a quedar con las manos cruzadas”, insiste.

Teresa es ama de casa, tiene 70 años. Llegó aproximadamente hace 40 años, junto a su esposo, a una vereda del municipio del Bagre en el Bajo Cauca antioqueño. Cuando el conflicto se agudizó en la vereda, ella decidió salir junto con su familia. Teresa retornó, con el sueño de un colegio para que sus nietos se eduquen, sin embargo no tiene los papeles de su finca. “Queremos tener una vida mejor, queremos tener una vivienda digna; agua, luz tenemos ya, gracias a Dios” expresa.

Su desplazamiento hacía El Bagre se dio a causa de la zozobra que se vivía en la vereda, “salimos por miedo, por temor, porque pasaron muchas cosas aquí en la vereda y atrás en la finca mataron un señor, me aporrearon un hijo. Entonces estuvimos muy acongojados, fue muy miedoso, temeroso porque uno no sabe. Salimos por unos tres, cuatros días, y no volvimos a ver unos animalitos”, recuerda Teresa.

Para ella el proceso de restitución de tierras se ha convertido en la oportunidad para su familia de legalizar su predio, que paradójicamente se encuentra ubicado en una reserva forestal. Sin la existencia de esta ley, no tendría cómo tener las escrituras de su finca.

Ella se considera una mujer mayor, vieja de cuerpo –en sus palabras-, sin embargo tiene el espíritu con ganas de trabajar, “de seguir adelante”. Tiene que claro que el trabajo que le toca a una mujer en el campo es muy importante: “Nosotras trabajábamos más, atendíamos a los animales, le dábamos de comer a los marranos, atendíamos las gallinas, los pollitos”, y después de decir esto, cuestiona que el trabajo masculino en el campo tenga más valor que el de las mujeres.

Sandra es madre de tres hijos y está en espera de otro, vive en una vereda de Granada en el Oriente antioqueño, y tiene 34 años. Ella retornó y consiguió que el Estado le reconociera un proyecto productivo de ganadería. “A nosotros nos ha ido bien gracias a Dios, porque nosotros teníamos ganas en un principio de meterle a la ganadería, porque la agricultura estaba tan difícil. Entonces para nosotros era mejor vender leche, cualquier poquito de leche diario para ir sobreviviendo”.

Vivir en un corredor estratégico como lo es el Oriente antioqueño, significó para su familia la tragedia de quedar en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares. En el año 2000 su mamá y hermano fueron asesinados y su papá herido; a toda su familia la obligaron a desplazarse. Sus 3 hermanas se fueron a Medellín y Barranquilla, lejos de la vida rural. Ella junto a su esposo e hijos lo hicieron al casco urbano de su pueblo, a la espera de volver al campo porque según ella no veían oportunidad de sobrevivir en una ciudad. “El niño menor tenía 16 mesecitos en ese entonces, y nosotros pensábamos tanto... Era tan duro, uno estaba en una sin salida, sin tener adonde ir”, rememora Sandra con tristeza.

El entierro de su madre fue masivo porque fue asesinada junto a otros 18 campesinos. Después de esto nada volvió a ser igual, su familia se fragmentó, su padre no pudo volver a realizar tareas de agricultor porque “tenía pegado a su estómago una malla”, mientras ella, su esposo e hijos se mantuvieron en vilo sin rumbo ni hogar. Sobrevivir a esta época fue una tarea difícil. “Fue un tiempo muy bravo, si veníamos por el camino muchas veces nos encontrábamos los charcos de sangre de personas que habían matado en la carretera. Me toco encontrarme una vez con personas de esas que llevaban a otras amarraditas para matarlos”, recuerda.

En el año 2013 comenzó los trámites de la restitución, al inicio desconfiaba que alguna ayuda del Estado le pudiera llegar a una campesina como ella. Por eso, tras entregar los documentos solicitados y esperar ocho meses, comenzó a pensar que tal vez algunas personas inescrupulosas podrían quitarle su finca con las firmas y papeles entregados. Sin embargo, esta sospecha se disipó una vez recibió los primeros desembolsos para el proyecto productivo. “Gracias a Dios porque teníamos era una pesebrera pequeñita y la pudimos agrandar”; además de esto ahora tiene mora, zanahoria criolla y una huerta en su finca. “Por ahí se le revuelve alguito sino que la situación ha estado muy dura. Se nos han perdido varios sembrados por una plaga”.

Rosa, Teresa y Sandra no pierden la esperanza, saben que en la tierra están las posibilidades, para ellas y muchas campesinas de conseguir el sustento y condiciones de vida digna para ellas y sus familias.

Martes, 16 Agosto 2016 00:00

[OPINIÓN] Lo fácil y lo difícil

En la tienda del barrio, en las calles de las ciudades, en el transporte público y en los lugares de reunión en las veredas y pueblos, familiares, amigos y vecinos ya comenzaron la discusión: ¿Votar sí o no en el plebiscito que refrendará los acuerdos de La Habana?

Esta pregunta se ha vuelto usual en las conversaciones diarias de los colombianos. No  es para menos, tras casi cuatro años de negociación entre el gobierno y las FARC, en donde ha estado en el  ojo de la opinión pública lo que se dice en La Habana y lo que se rumora en Colombia sobre el contenido de los acuerdos. Ya existe la confianza suficiente en que este proceso de paz llegará pronto a ser una realidad, después de la firma del acuerdo de justicia, el de cese al fuego bilateral y el visto bueno de la Corte Constitucional al plebiscito para refrendar los acuerdos. A pesar de esto, en  nuestro país existe una gran parte de personas descontentas, impulsadas en gran medida por los rumores  de sectores políticos con intereses en la continuidad del conflicto social y armado pero también por una desconfianza fundamentada en la historia reciente y en  la conducción del país  por parte de personajes como Juan Manuel Santos.

Decir no en este escenario es fácil. Pero no sólo es fácil, es precisamente lo que los  dirigentes del país han tomado como bandera para conservar su  poder político; en el año 48 un disparo, motivado por los alaridos  de los dirigentes  conservadores y sectores de los liberales, dijo no a la posibilidad de que un hombre con rasgos indígenas alzara la voz en nombre del pueblo; en el año 58 el frente nacional le dijo no a cualquier otra expresión de participación política diferente al partido liberal o conservador; en el año 64  el entonces presidente Guillermo León Valencia, abuelo de la actual senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, dijo no al diálogo y al reconocimiento de las demandas campesinas de las poblaciones asentadas en  territorios de Tolima, Cauca y Huila y bombardeó a los reclamantes. En el año 70 Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana, le dijo no a una opción electoral diferente a la del frente nacional, y usurpó el lugar de presidente con el visto bueno del establecimiento. Estas reiteradas negaciones a la participación política amplia dieron como resultado el nacimiento de las guerrillas colombianas, y a un conflicto armado que se sustenta en la decisión de quienes ostentan el poder de continuar haciendo más grande la desigualdad, la pobreza y la exclusión de quienes no hacen parte las de las elites y castas regionales tradicionales.

Pero no sólo se ha ondeado la  bandera del no para la participación política, también años de mal gobierno le han negado a las mayorías del país, es decir, a los obreros, a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes, a  los niños, a esos que llaman pobres y clase media, la posibilidad de un Estado que favorezca las condiciones donde florezca la vida digna para todos los colombianos. En múltiples ocasiones, como en el año 74 con el Pacto  del Chicoral, los terratenientes  y la clase política del país le han dicho no a la posibilidad de una reforma agraria que redistribuya la tierra para los pequeños y más pobres campesinos; también en otras oportunidades como en el año 94 el Congreso de la Republica le dijo no al proyecto de una universidad sólida económicamente, que pudiese multiplicarse por todos los rincones del país,  con la expedición de la ley 30.

Por esto no es extraño que nuevamente  un sector de la derecha alce su voz para decir no. Pero hay que aclarar ¿a qué le dicen no?  El debate que comenzó en el país se debe decir que  en muchas ocasiones carece de argumentos y se sustenta en muchos lugares de frases comunes construidas desde oficinas de marketing político y que son replicadas por los medios masivos de información.  Esto se debe en parte porque el gobierno de Santos no ha asumido una postura radical frente a la defensa del proceso y de pedagogía de lo que se ha acordado, con las implicaciones que esto podría traer para el país.

Quienes dicen no se oponen a un acuerdo de desarrollo rural que traerá para muchos campesinos la posibilidad de acceder a servicios públicos domiciliarios o a la titulación de una finca del fondo de tierras; dicen no a un estatuto a la oposición y a unas mejores condiciones de participación política y electoral para los grupos pequeños, no sólo de las FARC; dicen no a la ruta para la sustitución manual de cultivos que para algunos campesinos puede significar el volver a su tradición y vocación agrícola, y que para el país puede ser la oportunidad de comenzar a superar la cultura narco que se ha arraigado en toda los espacios de  las esfera nacional; también dicen no a la posibilidad que tienen millones de víctimas de saber qué les pasó a sus familiares en el marco del conflicto, encontrarlos y exigir justicia y reparación. Quienes se oponen lo hacen porque son los mismos que le han dicho no a la construcción de un país digno. No será entonces extraño ver en la foto de la campaña de coordinación del no a Paloma Valencia junto a Andrés Pastrana y Uribe, quien desde que era senador fue ponente de la ley 100, con la cual se le dijo no a un sistema de salud como derecho, dejándola a merced del mercado, el ex presidente también dijo que en Colombia no existía un conflicto armado, negando a 7 millones de víctimas y desplazados. Como vemos, decir no  es fácil.

Decir sí en este contexto es difícil y ha costado muchas vidas y sueños, pero este camino significa la esperanza de la construcción de un país en el que la muerte por causas políticas o  ineficiencia del Estado no sea una costumbre. Es difícil entender que a pesar de que lo que se acuerda en La Habana es importante, no significa el fin del conflicto social y por ende valorar afirmativamente el plebiscito debe ser sólo un paso, pero la construcción de paz depende de una participación amplia, multicolor y fuerte  en donde tengan voz las mayorías relegadas únicamente a la aprobación silenciosa de las políticas nacionales. Vamos a decir sí, pero más que un voto, esta afirmación debe  ser el punto en el que nos unamos quienes creemos que la tierra, la salud, la educación, la política,  deben favorecer la vida digna de  todas las personas que habitan este país, para expresar que somos capaces desde nuestra diferencia  de construir un buen gobierno. Como vemos decir sí es difícil, pero transformador.

No sobra recordar  entonces a quienes decididamente optamos por el camino difícil las palabras de elogio a la dificultad del filósofo Estanislao Zuleta, quien afirmó que “Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento”. Usted a que le apuesta ¿a lo fácil o  a lo difícil?

Miércoles, 27 Julio 2016 00:00

La paz también es diversa

En medio de la voluntad mayoritaria de construcción de paz a través del diálogo en Colombia, las reflexiones y aportes del movimiento LGBTI se constituyen como elemento primordial para la construcción de una paz duradera y diversa.

En 1982 un grupo de aproximadamente 32 personas realizó la primera marcha en el país para exigir los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), un hecho de relevancia para el momento ya que hasta 1980 el artículo 419 del Código Penal Colombiano prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, calificando a quien las practicara de corruptor. La marcha se llevó a cabo el 28 de junio de ese año, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, protesta espontánea contra una redada policial realizada en 1969 en un bar con este nombre en Nueva York. El recorrido de la marcha fue desde la Plaza de Toros hasta el Parque de las Nieves sobre la carrera Séptima en Bogotá, liderada por León Zuleta y Manuel Velandia, bajo la consigna “trabajamos por liberación social y liberación sexual”, frase que tomaría eco y es retomada actualmente por los colectivos de disidencias sexuales: Sin libertad sexual, no hay libertad política.

En esta primera marcha “participaron grupos de Medellín y Cali. Cada uno de nosotros marchaba con un triángulo rosado en la mejilla con el número de la cédula escrito en él. Esto era para recordar lo que había pasado a los homosexuales en los campos de concentración en Alemania” señaló Manuel Velandia, en una entrevista para el Colectivo León Zuleta. Esta manifestación pública marcó un hito como apuesta política, y sólo se realizaría de nuevo en una ciudad como Medellín hasta finales de los años 90.

Durante los años setenta, el movimiento político y social liderado por el filósofo y activista León Zuleta, hizo parte de una apuesta latinoamericana conocida como Movimiento de Liberación Homosexual (MLH), desde donde León y su grupo de amigos hicieron reflexiones que hasta el momento pasaban desapercibidas para las luchas populares que gestaban campesinos, indígenas, obreros y estudiantes en el país, poniendo de manifiesto que la sexualidad y el cuerpo son espacio y medio del ejercicio de poder, donde se prolongan los aparatos y las máquinas de dominación; es así como hicieron evidentes otras formas de opresión no vinculadas exclusivamente a lo económico, sino también a lo cultural. En este sentido la búsqueda de la libertad resultaba para León - en sus palabras - como "conciencia de la fuerza vital vuelta cuerpo, símbolo, territorio de la cultura, es decir, conocimiento y compromiso con el sentido y el devenir, en fin, subjetividad histórica en la vida y en el mundo”, aportando de esta manera al movimiento social y popular la idea de que los actos cotidianos también son políticos.

El presente: memoria y participación
En la marcha denominada “por la vida, la diversidad sexual y las identidades de género”, llevada a cabo el 3 de julio en Medellín, un grupo de jóvenes con capuchas de colores se tomó la tarima del evento para leer un manifiesto en el que saludaron los esfuerzos para darle una solución política al conflicto social y armado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, en este afirmaron que defenderán "con la palabra, el canto, el baile y la fiesta, el cese bilateral de fuegos, porque es la posibilidad y la esperanza de que el amor no sea aniquilado ni ensordecido por los estruendos de la guerra que ha causado más de 200.000 muertos y más de 1.000 masacres”. Esta manifestación no es nueva, ya que el papel de la comunidad LGBTI en el proceso de paz ha sido protagónico en el sentido en que diferentes ONG'S y colectivos sociales han alzado su voz para exigir su participación en lo que podría convertirse en un nuevo escenario político.

Dos grandes temas relacionan a la comunidad LGBTI con la construcción de paz. El primero es el reconocimiento de la victimización en el marco del conflicto armado a su población, debido a la falta de una acción estructural del Estado colombiano, que ha restringido el ejercicio de ciudadanía plena a las personas LGBTI y favorecido el uso de violencias por parte de los actores armados que han querido imponer su orden en una lógica heteronormativa, reprimiendo y asesinando a miles de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales a lo largo del territorio colombiano. Si bien este ejercicio de reconstrucción de memoria ya lo han comenzado organizaciones sociales e instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, es una tarea compleja y de largo aliento ya que algo que caracteriza a las violencias heteronormativas ha sido su prolongación en el tiempo, una naturalización por parte de la sociedad y un silencio de las víctimas que no han encontrado en muchas ocasiones cómo y a quién expresar lo sucedido.

El segundo elemento es la participación eficaz en las políticas públicas del país, pues como lo demuestra la experiencia de la Constitución del 91, si bien es necesario un marco jurídico para los derechos civiles, también lo es una real voluntad política, plural y popular que garantice los derechos y libertades de los disidentes sexuales. Como lo manifestó Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo y representante de la comunidad ante la subcomisión de género de la Mesa de Negociación del Gobierno Colombiano y las FARC- EP: "Gran parte del origen actual de estas problemáticas radica en que la Constitución Política no incorporó la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivos de discriminación expresamente prohibidos", es importante recordar que aunque la Constitución determinó al país como pluriétnico y multicultural, sólo hasta recientes fallos de la Corte Constitucional se le han hecho efectivos derechos a personas disidentes sexuales y de género, como por ejemplo el de nombrarse en matrimonio, adoptar hijos o cambiarse el nombre y sexo en la cédula de ciudadanía.

La historia y el presente de construcción de paz tendrá que tener en cuenta las reflexiones y aportes que desde León Zuleta, hasta las organizaciones sociales LGBTI, han hecho en materia de derechos civiles, sobre la relación del poder con el cuerpo y la participación plural en la política, donde se incluya nuestra experiencia con lo cotidiano. Aunque el panorama para esto luce alentador, las advertencias frente al postacuerdo no garantizan que éste sea más seguro en términos de violencia sexual y de género, como afirma Mauricio Alzate, miembro del Colectivo Deformación: “Con el auge de la extrema derecha a nivel internacional, se pueden profundizar los problemas del proyecto neoliberal en contra de la paz, pero no se puede tener miedo a la paz. Lo de nosotros es un proyecto de país donde no haya miedo a ser asesinados. El postacuerdo reforma el escenario político pero otra cosa es el proyecto de paz con justicia social".

El camino a la paz implica el fin de las violencias heteronormativas, la no repetición de casos como el de León Zuleta, apuñalado y asesinado el 23 de Agosto de 1993; un homicidio calificado por las autoridades como crimen pasional, ignorando así la participación de este personaje como disidente político y sexual. Ante este nuevo panorama, es significativo evocar al movimiento social la consigna con la que finalizó el manifiesto leído el pasado 3 de julio por un grupo de jóvenes en la marcha de la diversidad: “Amando Venceremos”.

Miércoles, 27 Julio 2016 00:00

La paz también es diversa

En medio de la voluntad mayoritaria de construcción de paz a través del diálogo en Colombia, las reflexiones y aportes del movimiento LGBTI se constituyen como elemento primordial para la construcción de una paz duradera y diversa.

En 1982 un grupo de aproximadamente 32 personas realizó la primera marcha en el país para exigir los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), un hecho de relevancia para el momento ya que hasta 1980 el artículo 419 del Código Penal Colombiano prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, calificando a quien las practicara de corruptor. La marcha se llevó a cabo el 28 de junio de ese año, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, protesta espontánea contra una redada policial realizada en 1969 en un bar con este nombre en Nueva York. El recorrido de la marcha fue desde la Plaza de Toros hasta el Parque de las Nieves sobre la carrera Séptima en Bogotá, liderada por León Zuleta y Manuel Velandia, bajo la consigna “trabajamos por liberación social y liberación sexual”, frase que tomaría eco y es retomada actualmente por los colectivos de disidencias sexuales: Sin libertad sexual, no hay libertad política.

En esta primera marcha “participaron grupos de Medellín y Cali. Cada uno de nosotros marchaba con un triángulo rosado en la mejilla con el número de la cédula escrito en él. Esto era para recordar lo que había pasado a los homosexuales en los campos de concentración en Alemania” señaló Manuel Velandia, en una entrevista para el Colectivo León Zuleta. Esta manifestación pública marcó un hito como apuesta política, y sólo se realizaría de nuevo en una ciudad como Medellín hasta finales de los años 90.

Durante los años setenta, el movimiento político y social liderado por el filósofo y activista León Zuleta, hizo parte de una apuesta latinoamericana conocida como Movimiento de Liberación Homosexual (MLH), desde donde León y su grupo de amigos hicieron reflexiones que hasta el momento pasaban desapercibidas para las luchas populares que gestaban campesinos, indígenas, obreros y estudiantes en el país, poniendo de manifiesto que la sexualidad y el cuerpo son espacio y medio del ejercicio de poder, donde se prolongan los aparatos y las máquinas de dominación; es así como hicieron evidentes otras formas de opresión no vinculadas exclusivamente a lo económico, sino también a lo cultural. En este sentido la búsqueda de la libertad resultaba para León - en sus palabras - como "conciencia de la fuerza vital vuelta cuerpo, símbolo, territorio de la cultura, es decir, conocimiento y compromiso con el sentido y el devenir, en fin, subjetividad histórica en la vida y en el mundo”, aportando de esta manera al movimiento social y popular la idea de que los actos cotidianos también son políticos.

El presente: memoria y participación
En la marcha denominada “por la vida, la diversidad sexual y las identidades de género”, llevada a cabo el 3 de julio en Medellín, un grupo de jóvenes con capuchas de colores se tomó la tarima del evento para leer un manifiesto en el que saludaron los esfuerzos para darle una solución política al conflicto social y armado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, en este afirmaron que defenderán "con la palabra, el canto, el baile y la fiesta, el cese bilateral de fuegos, porque es la posibilidad y la esperanza de que el amor no sea aniquilado ni ensordecido por los estruendos de la guerra que ha causado más de 200.000 muertos y más de 1.000 masacres”. Esta manifestación no es nueva, ya que el papel de la comunidad LGBTI en el proceso de paz ha sido protagónico en el sentido en que diferentes ONG'S y colectivos sociales han alzado su voz para exigir su participación en lo que podría convertirse en un nuevo escenario político.

Dos grandes temas relacionan a la comunidad LGBTI con la construcción de paz. El primero es el reconocimiento de la victimización en el marco del conflicto armado a su población, debido a la falta de una acción estructural del Estado colombiano, que ha restringido el ejercicio de ciudadanía plena a las personas LGBTI y favorecido el uso de violencias por parte de los actores armados que han querido imponer su orden en una lógica heteronormativa, reprimiendo y asesinando a miles de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales a lo largo del territorio colombiano. Si bien este ejercicio de reconstrucción de memoria ya lo han comenzado organizaciones sociales e instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, es una tarea compleja y de largo aliento ya que algo que caracteriza a las violencias heteronormativas ha sido su prolongación en el tiempo, una naturalización por parte de la sociedad y un silencio de las víctimas que no han encontrado en muchas ocasiones cómo y a quién expresar lo sucedido.

El segundo elemento es la participación eficaz en las políticas públicas del país, pues como lo demuestra la experiencia de la Constitución del 91, si bien es necesario un marco jurídico para los derechos civiles, también lo es una real voluntad política, plural y popular que garantice los derechos y libertades de los disidentes sexuales. Como lo manifestó Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo y representante de la comunidad ante la subcomisión de género de la Mesa de Negociación del Gobierno Colombiano y las FARC- EP: "Gran parte del origen actual de estas problemáticas radica en que la Constitución Política no incorporó la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivos de discriminación expresamente prohibidos", es importante recordar que aunque la Constitución determinó al país como pluriétnico y multicultural, sólo hasta recientes fallos de la Corte Constitucional se le han hecho efectivos derechos a personas disidentes sexuales y de género, como por ejemplo el de nombrarse en matrimonio, adoptar hijos o cambiarse el nombre y sexo en la cédula de ciudadanía.

La historia y el presente de construcción de paz tendrá que tener en cuenta las reflexiones y aportes que desde León Zuleta, hasta las organizaciones sociales LGBTI, han hecho en materia de derechos civiles, sobre la relación del poder con el cuerpo y la participación plural en la política, donde se incluya nuestra experiencia con lo cotidiano. Aunque el panorama para esto luce alentador, las advertencias frente al postacuerdo no garantizan que éste sea más seguro en términos de violencia sexual y de género, como afirma Mauricio Alzate, miembro del Colectivo Deformación: “Con el auge de la extrema derecha a nivel internacional, se pueden profundizar los problemas del proyecto neoliberal en contra de la paz, pero no se puede tener miedo a la paz. Lo de nosotros es un proyecto de país donde no haya miedo a ser asesinados. El postacuerdo reforma el escenario político pero otra cosa es el proyecto de paz con justicia social".

El camino a la paz implica el fin de las violencias heteronormativas, la no repetición de casos como el de León Zuleta, apuñalado y asesinado el 23 de Agosto de 1993; un homicidio calificado por las autoridades como crimen pasional, ignorando así la participación de este personaje como disidente político y sexual. Ante este nuevo panorama, es significativo evocar al movimiento social la consigna con la que finalizó el manifiesto leído el pasado 3 de julio por un grupo de jóvenes en la marcha de la diversidad: “Amando Venceremos”.

El proyecto de plan de desarrollo de la administración de Federico Gutiérrez, difiere a la apuesta que ciudadanos y organizaciones plantean  en materia de construcción de paz.

El debate del plan de desarrollo y posconflicto es un tema importante para Medellín debido a que por esta ciudad han cruzado todos los actores del conflicto; cifras de la Unidad de Reparación de Víctimas y la Secretaria de Inclusión Social de Medellín, señalan que la ciudad registra un total de más de 600 mil víctimas, donde un 72% corresponde al desplazamiento intraurbano. Por esta razón, el posconflicto en la ciudad pasará por la dignificación de las víctimas hasta la reintegración a la vida civil de los excombatientes, asuntos que está poniendo en cuestión la actual propuesta de plan de desarrollo de la ciudad.

El nuevo alcalde de Medellín quedó electo por el movimiento “Creemos” bajo el lema de ser un candidato independiente, alejándose de la sombra de sus anteriores mentores políticos, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, su cercanía al uribismo es innegable, ya que a pesar de haber enfrentado en las pasadas elecciones al candidato del Centro Democrático, en 2011 Federico fue el candidato a la alcaldía de Uribe y en 2014 hizo campaña presidencial a Óscar Iván Zuluaga, desde donde criticó fuertemente el proceso de paz de La Habana con las FARC.

En el pasado plan de gobierno Federico afirmó que “La Habana es un tema mucho más político que efectivo, y que la firma de un acuerdo – cualesquiera sean las características del mismo– no significarán paz en nuestros territorios”. A pesar de esto, durante la pasada campaña electoral a la alcaldía el tono de sus críticas bajó, e inclusive el entonces candidato firmó un compromiso en una agenda de posconflicto propuesta por la Corporación Región, el cual incluye asuntos como la continuidad en la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, el Informe de Memoria Histórica "Medellín ¡Basta ya!" y la convocatoria del Consejo Municipal de Paz. Ahora en la Alcaldía, estos temas vuelven a generar un debate con la presentación del Plan de desarrollo de su administración.

El plan de desarrollo ha tenido algunos traspiés debido a las múltiples críticas desde la presentación del anteproyecto, la entidad “Medellín Cómo Vamos” señaló que las metas del plan eran poco ambiciosas, cuestionó aspectos técnicos como el uso de indicadores y la falta de justificación de los enfoques de éste. Para el caso de la propuesta que actualmente está en discusión en el concejo, lo que ha sorprendido a algunos sectores es el menosprecio por la paz e invisibilización de los diálogos de La Habana. El malestar parte del no cumplimiento de compromisos adquiridos en la campaña electoral, y de que la propuesta de construcción de paz que plantea la administración se supone es desde el territorio, pero las voces ciudadanas no comprometen ni cambian lo que la administración propone. Este es el caso de los encuentros ciudadanos que sea realizaron al iniciar la administración nombrados como “La Ruta de Medellín”, lugar en el que muchos ciudadanos se dieron cita para proponer asuntos de importancia para la ciudad, entre ellas las víctimas del conflicto, que ahora, en plan de desarrollo, no ven reflejadas sus propuestas.

Tras el debate del anteproyecto, los cambios en materia de paz se dieron sólo en diagnósticos e indicadores de programas, que anteriormente no estaban o quedaban cortos, pero en el fondo no hubo modificaciones, de hecho la apuesta de la actual administración sigue siendo la misma a la del plan de gobierno. Lo cual, en términos programáticos es lo que suele suceder, pero deja en la discusión muchas preguntas frente a la escucha de las propuestas ciudadanas en los espacios como la llamada “Ruta de Medellín”.

La ruta que plantea la alcaldía
Los temas relacionados a la paz en el plan de desarrollo no son una dimensión; se encuentran como un reto dentro de la dimensión “entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”, en donde se aborda la seguridad, la convivencia, y finalmente la paz. Se debe mencionar que en todo el plan de desarrollo, la palabra posconflicto aparece cuatro veces, mientras la palabra seguridad aparece 388 veces. Sobre el reto de la construcción de paz, en el plan de desarrollo no se hace mención al conflicto armado, ni a los procesos de paz con la insurgencia. La historiadora Marta Villa dice que “hay que tratar una noción de la paz que es el acuerdo, la negociación del conflicto armado y hay que trabajar una noción de la paz que es cultura de paz, que es el tema de trabajar con la sociedad, pero las dos son necesarias, entonces el interrogante que nos queda es qué postura va a tomar esta ciudad y esta administración si hay un acuerdo en La Habana; eso creemos que no está claro”.

Por esta razón, no hay claridad frente a cuál dependencia municipal se encargará de las acciones de la Alcaldía en materia de paz, pero además, proyectos relevantes para las víctimas del conflicto con relación a la verdad, como lo son búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, no aparecen. Igualmente, se mencionan dos aspectos importantes como lo son integración y educación para la paz, pero de manera general, lo cual no permite conocer cómo será la apuesta por la reintegración, a la vez que tampoco se menciona a quiénes se buscará reintegrar, y tampoco se menciona la pedagogía sobre los procesos de paz para informar a la ciudadanía.

Lo que exigen las víctimas
El pasado 16 de abril, en el concejo de Medellín, se dieron cita las organizaciones de víctimas de la ciudad para poner su voz en el debate sobre el plan de desarrollo. Mientras los concejales brillaron por su ausencia, las tribunas estaban abarrotadas de mujeres y hombres, la mayoría adultos, que llevaron pancartas con consignas que pedían más presupuesto para vivienda, garantías para su ejercicio político, no más represión, entre otras cosas.

“Disminución en presupuesto para el cemento y represión, y aumento para cerrar la brecha de desigualdad” expresó Gloria Cecilia Quiceno, de la Mesa de Víctimas, durante su intervención. Recordaron que muchas de estas organizaciones se han constituido para garantizar la subsistencia de las personas víctimas. Igualmente, de manera respetuosa pero decidida, exigieron correspondencia en los ejercicios de incidencia en los que participaron durante todo este año; piden que se les reconozcan y les den espacio en la política pública de atención a víctimas. En conclusión, exigen una política que trascienda las condiciones de su victimización, no sólo una política que visibilice las cifras de reparación, y en palabras de Martha Cecilia Suescún: “las propuestas para víctimas no tendrán sentido si al implementarlas no tienen en cuenta a la población víctima del conflicto, como lo contempla la ley”.

El pasado 5 de abril la entrada del senado de la República fue tomada por el colorido de los mercados campesinos; por primera vez el salón que ha visto pasar las castas que han dirigido el rumbo del país durante 200 años se llenó de campesinos comerciando los productos de sus propias manos.  La presencia de los agricultores en el Congreso se dio en el marco de la presentación de la reforma constitucional  propuesta por Alberto Castilla, vocero del Congreso de los Pueblos y senador por el Polo Democrático Alternativo.

Este  proyecto  se realizó basado en audiencias que se llevaron a cabo en Cauca, Antioquia y Boyacá; su objetivo es reformar el artículo 64 de la constitución en búsqueda de que se reconozca al campesino como un grupo de especial protección por la carta magna y de esta manera se reemplazaría  el concepto de “trabajador agrario” propiamente por el de “campesino” y “campesina”. Por medio de este acto legislativo se busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos,  su derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y adoptar disposiciones sobre la consulta popular.

Con esta propuesta de reforma se reabrió el debate frente al lugar que tiene el campesino en la constitución, ya que al no ser un grupo étnico no gozan de algunos derechos como sí lo hacen indígenas y afrodescendientes, sin embargo el senador Castilla - de origen campesino- sostiene que: “Es claro que aunque los campesinos no somos un grupo étnico, sí somos un grupo cultural particular; necesitamos ser reconocidos como un grupo social y que se reconozcan nuestros derechos. Hay una diferenciación como grupo en las formas de producción, en cómo concebimos la familia, el territorio”.

Aunque pueda parecer que la reforma a este artículo no tiene mayor implicación para la vida nacional, durante el foro “El campesino a la constitución” realizado el 8 de abril en la Universidad Nacional, diferentes voces apuntaron a que este era el primer paso en la construcción de derechos y formas de participación propias para  el campesino.  En este sentido  organizaciones como el CINEP señalaron que actualmente existe una marginación de participación política del campesino y cooptación por parte de clanes políticos de su representación, y encendieron la alarma frente a la vulneración de derechos sobre todo de las mujeres rurales.

Para Arcesio Romero, apicultor del norte de Santander, este proyecto “es importantísimo, porque existe la ley 70 que defiende a los afrocolombianos, y  el acuerdo 169 de la OIT, que defiende a los indígenas, por ejemplo en el caso de la consulta previa; a nosotros los campesinos no, no estamos visibilizados en la ley, por eso si se logra que haya una reforma constitucional pues vamos a tener el reconocimiento del Estado”.

Contexto adverso para el campesino
Para nadie es un secreto que el campo colombiano ha sido la principal víctima del conflicto armado, y también que la mayoría de gobiernos desde el siglo pasado lo han abandonado, como ejemplo de esto no se han logrado llevar a cabo las reformas agrarias que López Pumarejo y Lleras Camargo propusieron, a la vez que han existido diferentes escándalos de corrupción como el reciente “Agro Ingreso Seguro” durante el gobierno de Uribe. Es por esto que  tras  45 años sin censo agrario, el más reciente realizado en 2014 por el DANE, arrojó un panorama adverso para los campesinos del país.

De acuerdo con el DANE, la población campesina actualmente asciende a 11.414.753 personas, el 23,4% del total de la población nacional. En cuanto a condiciones de la vivienda del área rural dispersa, establece que el 82,6% tiene conexión al servicio de energía, el 42,6% a acueducto y apenas 6% a alcantarillado. Lo más alarmante es que mientras la pobreza a nivel nacional es de 28,2%, en  los “Centros poblados y rurales dispersos” llega a 40,1%. De acuerdo a esto, el Índice de Pobreza Multidimensional para el área rural dispersa se eleva a un 45,5%. Por otra parte, según el Ministerio de Agricultura, para el año 2014 la concentración de la tierra arrojaba las siguientes cifras: el 4% del área corresponde al micro y minifundio (predios entre 3 y 10 hectáreas), mientras que la gran propiedad (predios de más de 200 hectáreas) ocupa el 72% del área.

En este sentido, líderes del agro han manifestado que el actual proyecto es “importante porque somos en este momento como el 25% de la población que alimentamos a nuestro país y le aportamos a Latinoamérica y al mundo;  importante porque el campesinado es un sujeto social con derechos específicos, que no han sido reconocidos a través de la constitución política del país”, señaló Ricardo Herrera, vocero del Coordinador Nacional Agrario.
En este contexto, sumado a las discusiones de las dos mesas de negociación entre gobierno y guerrillas, en donde por una parte se discute con las FARC- EP el tema de desarrollo agrario y con ELN se discutirá el tema de participación de la sociedad civil, y transformaciones para la paz, esta reforma tendrá eco durante los ocho debates que le esperan en el congreso, cuatro en senado y cuatro en cámara, y desde ya cuenta con el apoyo de miembros de diferentes bancadas del Polo, Alianza Verde, Mais,  Aico y del partido Liberal, y el respaldo de algunas organización sociales como Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario otras y otras  ONG´S. Para el senador Castilla este  proyecto se  inscribe en la oportunidad que tiene Colombia de terminar la guerra y avanzar en la construcción de  la paz.

 

Principios del Proyecto de Acto Legislativo

1) El campesino debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección.
2) La garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género.
3) El derecho a la autodeterminación del sujeto campesino.
4) El derecho a la participación política directa por parte del campesino en la toma de decisiones que les afecten.
5) Garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales  del campesino.

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