Juan David Castaño

Juan David Castaño

La Reserva Forestal Central Colombiana declarada en la Ley 2da de 1959, es una franja de 15 kilómetros a lado y lado de la cima de la Cordillera Central, que se extiende a través  de los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Dicha área está conformada en su mayoria por páramos y bosques alto-andinos de una notable fragilidad, caracterizados por el lento desarrollo del suelo y limitado crecimiento de la vegetación, además de una relentización en el metabolismo y los procesos biológicos de las diferentes especies que los habitan.

Las motivaciones de la iniciativa gubernamental por declarar esta área protegida, fueron entre otras, la identificación de la fragilidad ecosistémica, el reconocimiento histórico como una zona ocupada por diversas comunidades indígenas y el ser fuente de agua de los incontables asentamientos y centros poblados de las vertientes de la Cordillera Central y los valles de los ríos Cauca y Magdalena.

A pesar de su importancia por abastecer de agua a la mitad del país, no ha sido adecuadamente protegida por el Estado, el cual ha abandonado el vital objetivo de aportar a la regulación hídrica y con esto, garantizar e incrementar la oferta de servicios ecosistémicos (agua, aire, biodiversidad) y sus derivados (energía eléctrica y absorción de CO2, entre otros), y contribuir a la adaptación al cambio climático.

Algunas de las ligeras acciones que se han adelantado para su conservación, se limitan a la declaratoria de algunos Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales y áreas de interés ambiental para el abastecimiento de los acueductos de los diferentes municipios y corregimientos. Estas sub-zonas son escasamente delimitadas con fundamento en la pertinencia, desarrollo y representatividad de los ecosistemas específicos.

Estas figuras de protección locales y aisladas tienen intereses y objetivos restringidos, aun así, se han convertido en el único instrumento real de protección, pues con la implementación de la resolución 763 de 2004, se estableció el procedimiento oficial para sustraer predios específicos contenidos en el área de reserva, posibilitando la integración de estos al perímetro urbano de los municipios, a zonas de explotación minera y a aprovechamientos intensivos de los suelos.

Las contradicciones administrativas al cambiar de un enfoque conservacionista por uno mercantilista, han propiciado algunos conflictos, representados por ejemplo en la histórica lucha en defensa de los páramos como fuentes de agua, en diferentes regiones del país; las iniciativas de los municipios de Cajamarca y Piedras-Tolima, Salento-Quindío y Villamaría-Caldas en contra de la megaminería en suelos de la Reserva Forestal Central; y las contiendas sociales en defensa de las fuentes hídricas y con esto de las Reservas Forestales Municipales, Regionales y Nacionales.

Dentro de estas luchas se encuentra el caso de la Reserva Forestal Nacional Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, localizada en el municipio de Manizales y albergada dentro de la Reserva Forestal Central, y que presenta dos o más figuras de protección. Pese a esto se enfrenta al ensanchamiento de la frontera agrícola y al interés inmobiliario que proyecta una “eco” urbanización a escasos 150 mts del área protegida.

Históricamente la Reserva Río Blanco ha sido testigo del crecimiento urbano de la ciudad, que en un primer momento le arrebató el Bosque de Monteleón –un brazo clave en la conectividad biológica–, argumentando un desarrollo de interés social que se convirtió en un foco de expansión descontrolado y arrasó con la fauna y flora, dejando un relicto boscoso y sus especies (simio nocturno andino, entre otros) sitiados en el centro de la ciudad.

Simultáneamente, con esta catástrofe ambiental promovida bajo la consigna del interés social, se ha adelantado el aprovechamiento forestal intensivo de pino y eucalipto en la microcuenca de la Quebrada El Popal que en su momento abasteció el acueducto del municipio de Manizales y que hoy en día ha disminuido notoriamente su caudal. Allí se ha registrando además un uso ilegal de agroquímicos que afectan sustancialmente la calidad del agua, e inviabilizan su captación como medida de blindaje ante contingencias.

Este aprovechamiento forestal intensivo, desarrollado en una zona colindante con la Reserva Río Blanco, se ha extendido hasta alcanzar el área de interés ambiental del acueducto del Alto del Guamo -corregimiento de Manizales- por lo que la comunidad ha registrado la erradicación de especies en categoría de protección, como el pino colombiano, el helecho arbóreo y la palma de cera, entre otros.

La Reserva Río Blanco es una de las áreas forestales protegidas más grandes de Caldas, aun así solo aporta el 33% del agua del acueducto de Manizales, por tanto el municipio ha desarrollado convenios de captación de fuentes hídricas con empresas privadas en municipios vecinos, para poder cubrir el 70% faltante del agua de la ciudad.

La situación se agudiza durante periodos de sequía, pues para mantener la oferta hídrica, el acueducto se ve obligado a captar fuentes con serios problemas de contaminación por explotación minera (títulos de multinacionales proyectados a gran minería en el municipio de Villamaría), lo que ha llevado a una recurrente confrontación de la comunidad con las autoridades locales, pues, con la gran cantidad de suelo rural que posee la capital del departamento no se justifica la deficiente cobertura sanitaria, mientras se atenta contra las fuentes hídricas.

Ante esta situación, y siguiendo el mandato del convenio sobre diversidad biológica de Río de Janeiro (1992), la corporación regional contrató una consultoría técnico-científica sobre las Zonas con Función Amortiguadora –ZFA- de las Áreas Protegidas del Departamento y de la Estructura Ecológica Principal de la Región Centro-Sur; esto como insumos para el Plan de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas –POMCA– y para el Plan de Ordenamiento Territorial –POT–.

Los resultados del estudio fueron muy claros al convenir un retiro de 700 mts en la periferia de las Reservas Forestales Protectoras, donde las actividades deben ser acordes con los objetivos de conservación. Además, el estudio implementó el “anillo de contención”, como figura de ordenamiento, que cumple la función de delimitar las áreas que deben ser destinadas a la mitigación de los impactos que la actividad antrópica pueda causar al área protegida, para reducir así las grandes presiones originadas desde la urbe.

Lo anterior fue cabalmente acogido en el POMCA, obligando a corregir los conceptos emitidos por la autoridad ambiental sobre la viabilidad de urbanizar la ZFA, pero este evento no ha ocurrido, por lo que el proyecto “eco” urbanístico colindante con la reserva continúa vendiendo sobre planos. Algo aún más grave es que el municipio en su proyecto de acuerdo de POT vigencia 2017-2029, no integra esta normativa, y da vía libre al desarrollo urbanístico en el Suelo de Expansión Urbana La Aurora.

Ante la displicencia de la autoridad ambiental y de la administración municipal, la comunidad participativa, que está a la espera del fallo de la Acción Popular, ha propiciado espacios de debate e interacción, enfocados en la conceptualización y concientización sobre las funciones ambientales y ecosistémicas que esta área cumple y su relación con el agua del municipio.

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