Equipo de Comunicación. Trochando sin Fronteras

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Los informes de la autoridad de salud del departamento (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca-UAESA) confirman que las empresas comunitarias de acueducto ocupan los primeros lugares en la calidad del agua que abastecen, y que el municipio de Saravena toma la mejor agua del departamento.

 

Los resultados del informe
La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, ECAAAS-ESP, obtuvo el primer lugar en el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, IRCA, Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, y Buenas prácticas sanitarias, BPS.

Por su lado, la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul  obtuvo el primer lugar en el IRABA en los años 2014-2015 y el tercer lugar en los años 2014-2016 para Buenas prácticas sanitarias.

De igual manera, ECAAAS-ESP recibió de parte de la Unidad de Salud, UAESA, un reconocimiento especial por obtener el mejor Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA del departamento de Arauca en los últimos cinco años.

Bernardo Arguello, presidente de la junta administradora de ECAAAS-ESP, expresó que “los resultados obtenidos permiten evidenciar que las comunidades organizadas sí tienen capacidad de administración y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Elogio la labor de trabajadores y profesionales de la planta de tratamiento de agua potable quienes laboran continuamente los 365 días del año”.

Juan Rocha, presidente de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul, dijo que “esta empresa comunitaria en los últimos nueve años ha dado pasos agigantados para posicionarse como una de las mejores en el departamento de Arauca; este es resultado de la alianza y asociación de las empresas comunitarias en el departamento”.

¿Por qué es importante este reconocimiento?
Es significativo el reconocimiento porque las empresas comunitarias de servicios públicos en el país son vistas como empresas pequeñas que no suplen las necesidades de las comunidades. Se dice además que no tienen capacidad para administrar y operar los servicios públicos, en conclusión, que tienen muchas necesidades. De hecho sí tienen necesidades dado que el Estado colombiano ha incentivado la privatización.

Con los resultados expuestos queda demostrado que las comunidades organizadas administran eficientemente los recursos. Ejemplo claro es la forma como las Juntas de Acción Comunal, y los sectores y organizaciones sociales han desarrollado empresas comunitarias a través del trabajo colectivo, para mejorar la calidad de vida de las personas y generar satisfacción en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como acueducto y alcantarillado de manera idónea, oportuna, eficiente y continua.

Es importante porque la gente en el municipio de Saravena puede tomar agua de la llave y saben de antemano que no representa un riesgo para su salud. De esta manera las empresas comunitarias aportan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Las empresas comunitarias han sido un estorbo para los intereses privatizadores del Gobierno y las multinacionales. La existencia de estas empresas que demuestran eficiencia en la prestación de los servicios públicos es un paso hacia adelante para que se fortalezcan estos proyectos en el país.

ECAAAS-ESP en años anteriores sufrió allanamientos, persecución, asesinatos y judicialización  de sus trabajadores. Incluso se manipulaban las pruebas del agua para descalificar su labor. La empresa capacitó a sus operarios y  profesionales, mejoró su laboratorio y logró controvertir dichas pruebas haciendo inevitable el reconocimiento de su buen desempeño.

Las comunidades organizadas y su articulación regional
Para que las empresas comunitarias  hoy obtengan resultados reconocidos por las entidades del Estado fue necesaria la organización y asociación de las empresas comunitarias y acueductos. Esta asociación, junto al Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, en años anteriores mantuvo una férrea defensa de los acueductos comunitarios y estatales. Arauca fue el único departamento del país que no firmó el Plan Departamental de Aguas que buscaba facilitar la privatización de los bienes de consumo colectivo (acueducto, alcantarillado y aseo) propuesto por el Gobierno nacional.

Esta posición del Movimiento Social y las empresas dio otro enfoque al Plan Departamental de Aguas. La conjugación de la actuación política y la administración eficiente de los servicios hacen que hoy en día el Estado se vea obligado a reconocer el excelente papel de las empresas comunitarias.

Estas empresas son proyectos del Plan de Vida de Equilibrio Regional gestado por el Movimiento Político. Los resultados obtenidos por estas en Arauca alientan a las comunidades organizadas para avanzar en el fortalecimiento y unión de estos proyectos en la región  y el país.

La empresa comunitaria ECAAAS-ESP nació en el año 1967 en el municipio de Saravena. Es un proyecto gestionado por la comunidad y tuvo sus orígenes mucho antes que Saravena fuera elevado a la categoría de municipio. Desde esa época en el departamento de Arauca las comunidades vienen construyendo proyectos comunitarios de administración y operación de los servicios públicos.

 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano,  IRCA,  determina el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

El Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del servicio de los sistemas de acueducto y la distribución del agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente. Estos dos parámetros pueden afectar indirectamente la calidad del agua para consumo humano y por ende la salud humana. Este índice tiene por objeto asociar el riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos niveles de riesgo.

Buenas prácticas sanitarias, BPS, son los principios básicos y prácticas operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura.

El pasado Primero de mayo del presente año, las comunidades organizadas de Arauca salieron a las calles y carreteras para confrontar  la crisis del sistema de salud.

 

Causales como la cartera morosa que tienen las EPS's (Entidades Prestadoras de Salud) y la UAESA (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca) con los hospitales, que oscila alrededor de 60 mil millones de pesos; la negativa de las EPS's para contratar lo de ley con los hospitales y el desconocimiento de la red de referencia y contra referencia, son algunos de los aspectos que motivaron el ejercicio de reclamación de derechos por parte de la comunidad araucana.

Dicho ejercicio se desarrolló por medio de tres fases, la primera de estas fue la movilización. En ese primer momento la comunidad araucana se concentró en once puntos estratégicos del departamento. Durante ocho días los manifestantes se movilizaron, a partir del primero hasta el ocho de mayo. Las comunidades le exigieron al gobernador solución a la crisis de salud del departamento. De esta manera se logró presionar para instalar la mesa de salud de Arauca, en Bogotá, con presencia del Gobierno nacional y representantes de las EPS's, entre otros actores gubernamentales. Así se dio paso a la siguiente fase.

En un segundo momento se desarrolló la instalación de la mesa de salud de Arauca en Bogotá, el ocho de mayo, día en el que los voceros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, como representantes del pueblo araucano, desarrollaron acuerdos y compromisos con el Gobierno. Unos de los acuerdos que se establecieron fueron: trabajar en materia de garantías de la protesta social, con el ánimo de que ninguno de los líderes concentrados en los puntos fuera señalado. También se logró comprometer a las EPS's a pagar la cartera corriente y que no se sume a la deuda.

Otro de los compromisos fue que cada EPS que se encuentra en el departamento (Salud Vida, Cafesalud, Uaesa, Comparta, Nueva EPS y Caprecom) debe pagar a las ESE's (Hospital del Sarare, Hospital San Vicente de Arauca, Moreno y Clavijo y Jaime Alvarado y Castilla) el total de la deuda en acuerdos de pagos que se harán efectivos desde este mes.

Finalmente las comunidades organizadas se encuentran evaluando y verificando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de salud. De esta forma el tercer momento en el cual se encuentra el departamento está caracterizado por un cese momentáneo de las movilizaciones, ya que si no se cumplen los aspectos señalados anteriormente, las comunidades realizarán un paro, que se extenderá hasta tanto el Gobierno departamental, nacional y EPS's  cumplan de manera inmediata.

El pueblo araucano que se encuentra en resistencia y realizando ejercicios de reclamación está alerta ante cualquier acción que afecte el camino para la vida digna de los habitantes del departamento.

De esta forma los araucanos enfrentan la crisis del sistema de salud, y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia como la máxima expresión organizativa del departamento está dispuesto a salir nuevamente a las calles exigiendo condiciones de salud digna, pública y soberana.

Ángel María Salinas, vocero de este movimiento expresó que se lograron acuerdos tangibles cuantitativos, además que la receptividad del gobernador facilitó la realización del objetivo de las concentraciones, y reafirmó la decisión de las comunidades de levantar temporalmente las concentraciones, mientras en las mesas de evaluación se realiza el seguimiento a los acuerdos.

En medio de la zozobra que se vive en la región a causa de los múltiples hechos de violencia, es amenazado el líder social y defensor de derechos humanos JOSÉ VICENTE MURULLO TOBO.

Luego de participar el día domingo 02 de marzo de 2017 en la mesa de intercambio cultural para la interlocución y concertación entre la nación U´wa, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y voceros del gobierno nacional. Llegó a su celular un mensaje de texto en el que una persona identificada como “Camilo” y quien dice ser el comandante de la estructura paramilitar Águilas Negras, le dice.

    “necesitamos hablar con ud, sabemos de sus movimientos, sabemos para quienes trabaja, necesitamos que coopere con las indicaciones que le vamos a dar sino será nuestro objetivo”.

Tras conocer la amenaza de inmediato se pronunció el líder quien expreso en su cuenta de twiiter: “La Paz del Gobierno de Santos; eliminar mediante la guerra sucia a quienes defendemos el Territorio”:



JOSÉ VICENTE MURILLO TOBO, es líder del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia , voceros nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, miembro del Congreso de los Pueblos y de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, desde donde ha defendido de manera contundente la vida, la permanencia en el territorio y rechazado el despojo y saqueo que realizan corporaciones transnacionales y el Estado colombiano en la región y el país, afectando los bienes de la naturaleza y poniendo en riesgo la existencia misma del planeta y las especies.

Ha dedicado toda su vida al trabajo social y a hacer otra mundo posible a través de la construcción del Plan de Vida en el departamento de Arauca. Nació en el municipio de Arauquita, de origen humilde y trabajador. Estudió en la institución educativa Juan Jacobo Rousseau. Fue el primer presidente de la Asociación juvenil y Estudiantil Regional ASOJER, por amor a su territorio, a la justicia, labró caminos de esperanza en el trabajo social juvenil. Es un fuerte crítico del abandono estatal en la región.

El conflicto armado ha evidenciado que en Colombia, especialmente en el departamento de Arauca, las Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos han sufrido cualquier tipo de agresión por el Estado Colombiano y sus aparatos militares, policiales y judiciales, de igual forma por el aparato de guerra sucia “paramilitar”.

“Esta amenaza contra Murillo Tobo, ocurre en un contexto de agudización de la violencia política. Que desde el año 2016 deja más de 120 muertes selectivas de líderes y lideresas sociales, así como de Defensores de Derechos Humanos en todo el territorio colombiano. Cuando en la región se han presentado casos de amenazas a nombre de paramilitares en medio de fuertes controles militares, desaparición de campesinos, homicidios selectivos, atentados contra dirigentes.” Así lo afirmo la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en la emisión de una alerta temprana una vez conocida la amenaza.

Las reacciones de indignación, solidaridad y rechazo de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos se han hecho saber al gobierno y estado colombiano exigiendo que se investigue y castigue a los responsables de estos actos:

 

 

Los ecosistemas de páramos solo existen en seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica), siendo Colombia el poseedor del 50% de ellos, lo que comprende casi 3 millones de hectáreas repartidas en 36 de estos ecosistemas, que además están en jurisdicción de 8 departamentos y 64 municipios.

En la región Centro Oriente está ubicada una gran parte de los páramos existentes en Colombia, y es Boyacá el departamento que posee el 43 % de los páramos del territorio nacional.

Los páramos son ecosistemas estratégicos. Estos abastecen de agua al 66% de la población colombiana y ahorran al Gobierno Nacional millones de pesos en tratamiento de agua y en infraestructura para transportarla. En las actuales condiciones de racionamiento y ahorro de energía, los páramos se convierten en proveedores de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Los páramos representan un acumulado de riqueza para la humanidad.

Pese a esto, el Gobierno ha permitido el desarrollo de actividades de explotación en los páramos, lo que ha ocasionado el descontento de la población activando la movilización social. Por ejemplo, desde febrero del 2011 se han presentado manifestaciones públicas de las comunidades en rechazo a la licencia de explotación acuífera otorgada a la multinacional Anglo Gold Ashanti en el páramo de Santurbán. También, en marzo del 2015 se produjo una movilización en defensa del nevado del Cocuy. Esto provocó una reacción del Gobierno Nacional, en el sentido de empezar a delimitar los páramos y prohibir la minería en ellos.

En marzo del 2016 se inició una nueva delimitación de ocho páramos: Miraflores, Los Picachos en Huila, Sonsón, Belmira - Santa Inés, Páramos del Sol - Las Alegrías, Paramillo - Antioquia, Frontino y Urrao, y Farallones de Cali, Tatamá, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Esta delimitación fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien según la resolución 1554 de 2016, “hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos”.

Sin embargo, esta delimitación realizada por el Gobierno Nacional, no está teniendo en cuenta a las comunidades que habitan los páramos y pone en igualdad de condiciones las actividades mineras, petroleras y agropecuarias.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-035/16, ordenó la protección real y efectiva de los páramos en Colombia, prohibiendo de manera expresa la realización de actividades mineras en los mismos y ordenando su delimitación. Al respecto dijo: “Una delimitación inadecuada, o que no consulte sólidos criterios científicos puede llegar a afectar los ecosistemas de páramo (…) con ello se podría causar un riesgo para la disponibilidad y la continuidad de servicios ambientales de los cuales depende el derecho fundamental al agua. Más aun, una delimitación inadecuada, podría llegar a permitir la utilización del suelo de los páramos para realizar actividades de minería y de hidrocarburos en estos ecosistemas”.

Las comunidades que habitan en los páramos se reunieron en una audiencia ambiental realizada en Tasco (Boyacá) en julio de 2016. Allí participaron delegados de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Boyacá, y acordaron propuestas tales como la permanencia campesina en el territorio, las prácticas agrícolas armónicas con el medio ambiente, la construcción de un plan de vida o plan de desarrollo comunitario, la prohibición de las actividades extractivistas como la minería y la explotación de hidrocarburos, el ecoturismo enmarcado en el plan de vida y de manejo colectivo por medio de cooperativas, y la implementación de la figura de “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.

Estas propuestas de la comunidad son acompañadas por la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, que desde la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular viene exigiendo la instalación de una mesa de negociación entre comunidades campesinas y Gobierno Nacional, sobre el tema específico de los páramos.

En el marco del encuentro de defensores de páramo realizado en Tasco el 13, 14 y 15 de agosto, en el que participaron organizaciones que han estado trabajando en la delimitación de páramos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, se presentó la propuesta de la mesa de comunidades campesinas y fue acogida por las diferentes delegaciones.

ASONALCA ha hecho peticiones, oficios y requerimientos a instituciones relacionadas con la delimitación, exigiendo la mesa y recogiendo algunas respuestas base para la defensa de los derechos del campesinado, pero la respuesta institucional ante estas exigencias ha sido mínima.

Los campesinos, comprendiendo la importancia de los páramos, se declaran protectores y guardianes de estos ante las actividades mineras y petroleras, la ganadería extensiva, el monocultivo y el latifundio. Por eso es que exigen al Gobierno Nacional que se les garantice la permanencia en el territorio y el reconocimiento como guardianes legítimos de los páramos.

Más de 1000 indígenas se concentraron en Puerto Carreño, capital del Vichada, en respuesta al llamado del paro nacional. Hasta ese remoto lugar, ubicado en el oriente del país sobre la frontera con Venezuela, llegaron las consignas de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, jornada que se desarrolló entre el 30 de mayo y el 12 de junio de este año.

En la memoria de ese olvidado departamento no se registraba una movilización de esa naturaleza. Por esa razón, la Minga en Vichada sorprendió a las autoridades civiles y militares, que dieron respuestas erráticas ante la actividad del pueblo. Amenazaron con llevar al ESMAD y desalojar a los manifestantes; luego el gobernador del departamento les ofreció una res para la alimentación y expresó su respeto a la protesta; también hubo anuncios de judicialización contra los líderes y, finalmente, se acordó la expedición de un decreto para conformar una mesa permanente de interlocución.

“Fue una experiencia importante – dice María Carreño, líder indígena de Puerto Carreño– pues nos enseñó que los derechos se exigen uniéndonos para presionar al gobierno. Es que aquí la costumbre era buscar beneficios o ayudas a través de los políticos”. Con la Minga inició una nueva época para el pueblo del Vichada; un despertar de la gente que sobrevive allí entre el abandono estatal y la corrupción político administrativa.

En ese departamento, que es el segundo más grande de Colombia (después de Amazonas), gran parte de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Según datos oficiales (DANE 2010), el 95,8% de la población no cuenta con alcantarillado y el 56,5% no tiene agua potable. No hay redes eléctricas en las zonas rurales, por lo cual los habitantes deben usar plantas que funcionan con gasolina.

Según María, la gente ya se está cansando de esa situación y empieza a preguntarse de qué forma hacer efectivos sus derechos. Por esa razón decidieron participar en el paro nacional.
A raíz de la protesta que se dio en el marco de la Minga, las autoridades tradicionales y delegados de comunidades indígenas de todo el departamento fueron convocados a presenciar la firma del anunciado decreto. El hecho se produjo en el municipio Cumaribo, el pasado 30 de agosto, en presencia de delegados de más de 50 comunidades y resguardos indígenas de los pueblos Amorúa, Sáliva, Sikuani, Piaroa, Curripaco, Puinabe, Cubey Piapoco. Allí el gobernador Luis Carlos Álvarez Morales firmó y publicó el acto administrativo que crea la “Mesa Permanente de Concertación Interinstitucional de los Pueblos Indígenas del Vichada”, y cada pueblo eligió su delegado a ese espacio.

“Aunque tenemos claro que el decreto es sólo un papel, nos parece un gran logro haber conseguido que se creara ese espacio para que las autoridades departamentales nos escuchen. Es un primer paso hacia el fortalecimiento de nuestras organizaciones indígenas y también sirve para encontrarnos con otros sectores sociales como campesinos y comunales”, concluyó María.

Toledo, Norte de Santander, mayo 30 de 2016. 150 indígenas U'wa se instalan en predios aledaños a la planta de gas Gibraltar I, operada por Ecopetrol.

Las autoridades civiles alertaron sobre una 'vía de hecho' que impediría el normal funcionamiento de la planta en la que se extrae gas natural. Se encendieron las alarmas en Ecopetrol y Gases del Oriente, empresas que extraen el gas natural y lo transportan, respectivamente, para ser vendido en Bucaramanga a aproximadamente 300.000 usuarios.

Los U'wa vienen reclamando hace décadas la devolución de su territorio ancestral, que les fue arrebatado por el Estado para otorgarlo a particulares e impulsar la colonización de esta zona del país, o a empresas para el saqueo de recursos naturales.

Primero fue el petróleo, lo que generó una lucha a muerte de los U'wa contra la compañía estadounidense Occidental de Colombia, más conocida como OXY. A muerte, literalmente, porque el pueblo ancestral amenazó con un suicidio colectivo si la petrolera seguía agrediendo su territorio. La pelea, que inició en 1992, se llevó a escenarios internacionales, se despertó la solidaridad en muchos sectores sociales y, finalmente, la OXY se retiró en 2001.

No obstante, la sombra del petróleo continúa sobre el territorio de los U'wa. En primer lugar, porque el oleoducto que lleva el petróleo desde el campo Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre), pasa por el territorio aborigen, ocasionando contaminación y riesgo para la población, dado que en algunos tramos se encuentra sobre la superficie. Constantemente se presentan derrames de crudo, bien sea por atentados de la insurgencia o por accidentes propios de la precaria calidad de la infraestructura.

Más recientemente, Ecopetrol perforó un pozo petrolero llamado “Magallanes”, a escasos 200 metros del río Cubugón, una de las principales fuentes de agua de los indígenas y campesinos que habitan esa región. De inmediato los U'wa iniciaron una protesta, a fin de evitar la entrada de maquinaria a ese sitio y aprovecharon que días antes había explotado un tramo cercano del oleoducto Caño Limón – Coveñas, para impedir su reparación. Eso fue en el 2014. Los U'wa levantaron la protesta con el compromiso del gobierno de parar la explotación en Magallanes y devolver unos terrenos al pueblo indígena. Pero a los U'wa nunca les entregaron las tierras y además, Ecopetrol abandonó la maquinaria e infraestructura de Magallanes en el sitio.

Por esas razones, hoy dos años después, se retomó la protesta. Primero impidieron la entrada de trabajadores y maquinaria a la planta de gas Gibraltar I y el arreglo de otro daño en el oleoducto. Pero luego de 50 días sin respuesta sería del gobierno, los indígenas, con acompañamiento de campesinos de la región decidieron tomarse la planta de gas. Allí hicieron apagar las máquinas y aparatos de extracción y bombeo de gas. Toda la operación de esa infraestructura fue suspendida.

Según Jimmy Aguablanca, integrante de AsoU'wa, se trató de una acción colectiva de recuperación y control del territorio ancestral del pueblo U'wa, consistente en la toma de lugares como el Zizuma (Nevado del Cocuy), la planta de gas Gibraltar, el 'callejón de la muerte' sobre el río Cubugón y el sector La China.

Las exigencias de la comunidad siguen siendo la devolución de territorios ancestrales a los indígenas y la protección del medio ambiente; también pidieron el arreglo de la vía o 'trocha' de la Soberanía y la distribución del gas natural a centros poblados aledaños al yacimiento, tales como Cubará y Saravena. En ese sentido, la nación U'wa encamina su movilización hacia la defensa de la vida y la permanencia en sus territorios, y hoy se deciden a neutralizar uno de los principales enemigos de su territorio, como lo es el negocio de extracción de recursos naturales.

La protesta se suspendió con compromisos por parte del gobierno y Ecopetrol frente a las exigencias indígenas y campesinas, producto de una reunión de más de 12 horas efectuada el pasado 27 de julio.

En palabras de Aura Tegría, abogada y también integrante de AsoU'wa, “se lograron avances importantes para la garantía de la pervivencia de nuestra nación ancestral y de los campesinos de la región del Sarare y del piedemonte araucano, tales como la suspensión del turismo en el Zizuma, la constitución del resguardo de Cuituba, el saneamiento del resguardo unido U'wa en el área de superposición del Parque Nacional El Cocuy, el mantenimiento de la vía de la soberanía por el término inicial de un año y el inicio de los estudios para la gasificación de las poblaciones de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca)”.

Pero la pelea no termina ahí, dicen. La lucha por la defensa del territorio es incansable y durará lo que dure la amenaza que se cierne sobre él.

Actualmente, el futuro de un territorio como la Sierra Nevada del Cocuy, o Zizuma, como la llaman los indígenas U'wa, se debate en el dilema de ser gobernado desde las comunidades, o por los intereses económicos que hoy miran ecosistemas estratégicos como este.

Zizuma es el nombre en lengua U'wa de El Cocuy: una cadena de perlas blanquísimas que adorna los Andes, ubicada en los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá. En 2011, El Cocuy brindó hogar a dos cóndores que fueron criados por la Sociedad Zoológica de San Diego y el Programa de Especies Sobrevivientes de California, EE.UU. Los nuevos integrantes del parque fueron bautizados por los U'wa como Wayra y Sirará, que para ellos significa Diosa de los Vientos y Montaña, respectivamente.

Del Nevado del Cocuy se desprenden varios ríos que aprovisionan de agua a los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Así mismo, el agua que produce el nevado provee los acueductos municipales y veredales de las zonas aledañas. Por otra parte, el nevado es considerado un lugar sagrado para el pueblo U'wa,  dado que es centro de reproducción natural y espiritual. Sin embargo, la contaminación y el daño que se ha producido al nevado se evidencian en la pérdida del 3 al 5 % de su área, anualmente. Esto es ocasionado por el gran flujo de turistas, en su gran mayoría extranjeros; por ejemplo entre diciembre de 2015 y enero de 2016 ingresaron aproximadamente 19 mil turistas.

La gota que rebosó la copa fueron las imágenes de unos “ambientalistas” que jugaron futbol en la nieve para favorecer una campaña de la fundación Teletón. Por eso, desde principios del mes de marzo campesinos e indígenas de los municipios de Guicán y el Cocuy cortaron el paso a turistas a la Sierra Nevada del Cocuy.   En un comunicado a la opinión pública el 22 de marzo de 2016, pidieron la suspensión temporal del turismo en Zizuma, y que universidades públicas, con el financiamiento de Parques Nacionales, realizaran el diagnóstico del Parque Nacional Natural el Cocuy.  Igualmente, el cumplimiento de los acuerdos del 01 de mayo y 06 de junio de 2014 mediante los cuales el Gobierno Nacional se comprometió con el saneamiento total del resguardo unido U'wa y la no coadministración con Parques Nacionales de Colombia.

Además de esto, pidieron la declaración del Parque Nacional Natural el Cocuy como área de interés cultural, espiritual y vital para la Nación U'wa y los habitantes de Colombia, siendo regido por los principios y normas de la nación U'wa. Uno de los Werjayas o autoridad tradicional del pueblo U'wa  que transmite el  conocimiento ancestral y cultural en lengua propia manifestó: “No sigamos dañando a Zizuma; la tarea de nosotros es protegerlo, por encima de la vida de nosotros mismos. Estamos condenados a morir lentamente, porque nos están quitando ese derecho que nosotros tenemos, es una gran tristeza para nosotros, porque perjudica el alma, el espíritu y el corazón del pueblo U'wa”.

Pese a estas exigencias y manifestaciones, pasados más de 40 días no han obtenido respuesta positiva por parte de alcaldes de la zona, el gobernador de Boyacá y  las autoridades ambientales. Por eso las entradas al Nevado del Cocuy-Zizuma son custodiadas por la guardia indígena y campesina, donde las mujeres han jugado un papel protagónico, por ser las primeras en evidenciar que existe un impacto ambiental de grandes proporciones en la Sierra y en esa dirección ellos se encuentran desarrollando una acción pacífica de protección del nevado. Para los indígenas es su sitio sagrado, para los campesinos es una fuente productora de agua, pero independiente de su visión, estos dos sectores se han unido y gobiernan a través de sus acciones el territorio, ejercen autoridad, planifican las formas de producción y goce de su tierra, sin afectar el equilibrio hombre-naturaleza.


En el proceso de diálogo con el gobierno, el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, se ha mostrado indispuesto al diálogo y la concertación, por el contrario, según denuncian campesinos de la zona, ha intentado resolver la situación amenazando con enviar el ESMAD para agredir a los campesinos e indígenas. Para dirimir este conflicto, los indígenas han anunciado que en búsqueda de alternativas para la protección, conservación y cuidado de Zizuma o Parque Nacional Nevado del Cocuy (PNNC), deben reunirse y contar con la presencia de funcionarios de alto nivel con poder de decisión como el Ministro de Medio Ambiente, Ministro del Interior, Directora de PNNC, Gobernadores de los Departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare; Directores de CORPOBOYACÁ, CAS, CORPONOR, CORPORINOQUIA, Agencia Nacional de Tierras; Alcaldes de los municipios Cocuy, Guicán y Cubará.

En este contexto, la comunidad indígena y campesina ha manifestado su preocupación por la presencia de la fuerza pública en territorio ancestral y específicamente en los puntos donde permanece concentrada la guardia indígena. Para ellos no es prenda de garantía su presencia debido a los antecedentes de agresiones y violación a los derechos de las comunidades, por esa razón responsabilizan  al gobierno nacional de cualquier hecho que atente contra la integridad física, cultural, social y psicológica de las personas movilizadas.

Tuesday, 19 April 2016 00:00

El paramilitarismo no pudo con Arauca

El departamento de Arauca, y especialmente la zona del piedemonte, ha sido escenario de conflictos sociales y también uno de los lugares en el que el conflicto armado se desarrolla con más vehemencia.

Varios tipos de violencia se implementaron allí contra sus habitantes, incluida la estrategia paramilitar. Esa forma de terrorismo de Estado tuvo un particular desarrollo a finales de la década del 90 y hasta el 2006. Es sabido que el paramilitarismo se configuró como un mecanismo para encubrir las acciones estatales con presuntas estructuras ilegales, a fin de evadir la responsabilidad del Estado frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En Arauca, la estrategia paramilitar significó una vorágine de violencia que fue agenciada por las entidades estatales y privadas, de la cual se beneficiaron principalmente las empresas transnacionales OXY y Repsol, pero también funcionarios públicos, contratistas, terratenientes y empresarios locales.

Así, se asesinó, torturó, desapareció, constriñó, amenazó y desplazaron habitantes, dirigentes políticos y sociales, comerciantes, ganaderos, transportadores y algunos servidores públicos. Obviamente esa violencia se hizo más recia contra quienes históricamente enarbolaron las banderas del pueblo organizado, sus líderes y principales proyectos comunitarios.

En Arauca, la capital del departamento, por ser el centro administrativo, cuenta con mayor concentración de fuerza pública y grandes propietarios de tierra, se fijó una de las bases del paramilitarismo. Esto significó un sinnúmero de asesinatos dentro y fuera del casco urbano, entre los cuales se recuerda aún el de periodistas como Efraín Varela. Parecido fue el caso de Tame, por ser ésta la puerta de entrada de las estructuras paramilitares provenientes del Casanare. Durante esa aciaga época, este se convirtió en el municipio con la tasa más alta de homicidios en Colombia.

En Saravena, fue un poco diferente. Debido al fuerte tejido social presente en el lugar, el Estado optó por otra forma, consistente en la importación de sujetos que andaban siempre vestidos de civil, pero armados, y permanecían la mayor parte del tiempo en el cordón de seguridad custodiado por la Policía Nacional, de donde sólo salían a cometer los homicidios y luego regresaban con total tranquilidad a su guarida. A ellos se les llamó 'los encapuchados', pues así, salían en las noches a asesinar pobladores, dado que algunos de ellos eran agentes activos de la fuerza pública y buscaban el anonimato.

Los homicidios nocturnos eran la continuación de una tarea diurna que efectuaba la Policía Nacional (de uniforme), cuando detenía a las personas, las individualizaba, les tomaba fotografías y luego se usaba esa información para que los sicarios actuaran.

Dentro de las principales víctimas del paramilitarismo en Saravena se cuentan los trabajadores de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-ESP, proyecto que siempre ha sido objeto de ataques legales e ilegales por parte del estado colombiano.

Al igual que en el resto del país, en Arauca el paramilitarismo se usó para atacar a la población civil y no a la insurgencia. Pero, a diferencia de lo que lamentablemente sucedió en otras regiones, en Arauca el proyecto paramilitar no cuajó. Una combinación de denuncia, valentía y resistencia por parte del pueblo organizado logró repeler tan nefasta forma de defender los intereses de los poderosos.

Hubo muertos, familias destruidas, niños huérfanos, y mujeres viudas, pero la gran mayoría de la población, con el incondicional acompañamiento de las organizaciones sociales, decidió no doblegarse ante tan aberrante forma de hacer la guerra. Decidieron quedarse en el territorio, defender sus barrios, sus cooperativas, sus empresas comunitarias, así tuvieran que ver caer a sus compañeros, amigos y vecinos; decidieron denunciar los hechos, sus responsables y beneficiarios; decidieron afrontar una muerte segura a cambio de mantener su dignidad.

Se hicieron marchas, foros, cabildos; se rememoró esa historia de más de 4 décadas de organización y movilización social que tiene la región del Sarare y con esas herramientas los araucanos lograron conjurar una de tantas formas de represión que ha soportado el pueblo colombiano.

El movimiento social de la región contó con el acompañamiento de organizaciones del orden nacional e internacional, se efectuaron diversas misiones de verificación e informes detallados de los hechos. Así, se hicieron exigencias concretas a los órganos de justicia y control del Estado, lo que los obligó a desmantelar algunas de esas estructuras ilegales. También se abrieron procesos penales contra unos pocos servidores estatales implicados en los crímenes, por ejemplo las investigaciones contra los capitanes David Suaza Móvil y Guido Sánchez, de la policía nacional, quienes coordinaban con los sicarios durante el segundo semestre de 2003.

Se logró vincular al entonces comandante del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro del Ejército Nacional con sede en Saravena, el capitán Medina, y resultaron condenados el ex gobernador de Arauca Julio Acosta y el ex alcalde de Tame Alfredo Guzmán Tafur, mandatarios para la época de los hechos.

No puede omitirse que también la insurgencia combatió al paramilitarismo, al cerrar el paso a su expresión de estructuras militares uniformadas y armadas que provenían en grandes contingentes desde el Casanare, y que pretendieron consolidar bases en algunas de las fincas ganaderas de esa región para efectuar control en las zonas rurales de Tame y Arauca.

Lo cierto es que luego de cientos de muertos, desaparecidos y desplazados, el paramilitarismo no logró imponer en Arauca su manto de horror y muerte, y las organizaciones sociales, comunitarias y populares han podido continuar con su lucha por la defensa de la vida digna y la permanencia en el territorio.

Desde la perspectiva de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. Pese que la Cumbre apoya la solución política al conflicto social y armado, y en consecuencia reconoce la importancia de los diálogos que se realizan en la Habana entre el gobierno y las FARC-EP y llama a la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN, considera que estos no abordan todas las problemáticas sociales y territoriales que afrontan en la cotidianidad las comunidades.

En este sentido, desde la Cumbre Agraria, se ha promovido la realización de Cumbres de Paz: 13 regionales, 3 sectoriales y una de carácter nacional. Bajo el lema 'Sembramos Esperanza, Cosechamos País' los gremios y sectores organizados se vienen encontrando en un diálogo que contribuye a la construcción y desarrollo de una paz con justicia social desde los territorios, que articula y fortalece el conjunto de iniciativas que impulsa el movimiento social y popular.

En Arauca, la Cumbre de Paz se desarrolló los días 3, 4 y 5 de marzo, con la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos que integran la Cumbre, junto a otras expresiones e iniciativas que trabajan por la paz. Al menos 350 personas llegaron desde veredas, corregimientos y comunas de los departamentos del Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Cundinamarca y Boyacá, con el propósito de comprometer esfuerzos en la construcción de Paz con justicia social y un país para la vida digna, asumiendo la unidad como camino para avanzar en ese gran sueño.

En el evento también participaron varios líderes políticos del departamento de Arauca, entre ellos las alcaldesas de Puerto Rondón y Arauca capital, el alcalde de Tame, varios diputados y concejales, y el gobernador Ricardo Alvarado. Éste último manifestó su apoyo a las iniciativas emanadas de la Cumbre y su apuesta por una paz en la que la garantía de derechos fundamentales sea una realidad.

Teniendo como base que el pliego unificado de la Cumbre Agraria es la agenda de paz de los procesos comprometidos en ella, luego de hacer un análisis del contexto nacional e internacional, se discutieron los principales temas que conforman tal pliego. Así, se debatió la política minero-energética, los enfoques territoriales desde las visiones indígenas, afro y campesina, las propuestas de Zonas de Reserva Campesina y Territorios Agroalimentarios, la participación y la Justicia como pilar fundamental en la construcción de Paz.

Sobre el contexto nacional e internacional, la Cumbre enfatizó en la afectación del modelo capitalista que ha destruido los territorios y la vida, bajo el discurso del 'desarrollo'. Los asistentes ratificaron su compromiso con un proyecto de sociedad armónico con la naturaleza a la vez que denunciaron “las Zidres porque violentan los derechos de campesinos, afros e indígenas y la autodeterminación, preparando los territorios al servicio de la acumulación del capital”, así como “la existencia de una nueva reconfiguración del paramilitarismo como estrategia para el despojo y control territorial”.


En materia de Política Minero energética presentada por el Gobierno Nacional como “locomotora”, se planteó que para enfrentarla es necesario actuar conjuntamente a fin de defender los territorios puesto que esta política busca entregarlos a las multinacionales. Como alternativa se reafirmó el compromiso de “construir una propuesta minero energética sobre la base de la soberanía nacional, la autosuficiencia energética y la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales” y se exigió la “revisión de la renta minero energética en beneficio de los intereses del Pueblo”.

En cuanto a Territorio y territorialidad, se partió de reconocer que existe diversidad de visiones en las comunidades en cuanto a su historia, su cultura, sus ancestros y sus formas de organización sociopolíticas. En ese sentido, se planteó “la defensa de los territorios autónomos ancestrales como un reconocimiento a la posesión y apropiación histórica de los pueblos indígenas”, “los concejos comunitarios como un derecho conquistado para salvaguardar el territorio colectivo y la cultura”, “ los territorios campesinos agroalimentarios para reivindicar el derecho al territorio por parte del campesinado colombiano, entendiendo el campesinado como un sujeto social transformador y el territorio como una construcción social e histórica que va más allá de lo productivo, como escenario para consolidar un proyecto del bien vivir para los pueblos”.

También se reconoció que las Zonas de Reserva Campesina constituyen una oportunidad para blindar los territorios frente a los intereses del gran capital transnacional y de los terratenientes que mediante la violencia imponen el despojo bajo “el silencio del Gobierno Nacional”, lo cual implica según los participantes “unir esfuerzos para la liberación de la Madre tierra y construir en conjunto un pacto de convivencia en los territorios, para consolidar posibilidades reales de relacionamiento respetuoso y recíproco entre pueblos” que conlleve a la construcción de territorios interétnicos, con gobiernos autónomos definidos por los pueblos, un ordenamiento propio del territorio que converse con la cultura y los procesos de las luchas de los pueblos. Señalaron además que para ello “un paso fundamental es avanzar en rutas autónomas para la resolución de los conflictos territoriales que en gran medida han sido promovidos históricamente por el Estado nacional”.

Con respecto al punto de Justicia, los asistentes a la Cumbre por la Paz indicaron que ésta “históricamente ha respondido al interés de la clase dominante” e instan a que “en los acuerdos de terminación del conflicto armado exista un real proceso de justicia frente a los crímenes de Estado y de Lesa Humanidad, se haga pública la verdad sobre los diversos hechos, se repare integralmente a las víctimas y se planteen garantías para la no repetición”. Sin embargo queda la gran preocupación por el recrudecimiento del paramilitarismo y la criminalización de la protesta social, lo cual conllevó a exigir el desmonte de este aparato criminal y la exigencia de garantías reales para la lucha social y “la libertad inmediata a los prisioneros políticos porque son perseguidos por el régimen”.

En cuanto a la Participación respaldaron “las diversas iniciativas de la sociedad en el marco de un proceso constituyente popular y democrático, como las constituyentes populares y democráticas por la paz, la Mesa Social para la Paz, la comisión étnica para la paz y otras propuestas, para que de manera articulada fortalezcamos un proceso de construcción y participación directa y decisoria desde los movimientos sociales, políticos y populares”. A la vez que se exigió que las comunidades sean las protagonistas en la implementación de los acuerdos en los territorios para garantizar una paz sostenible y con justicia social.

Por último, y teniendo en cuenta el contexto actual de vulneración de derechos fundamentales, los participantes en la Cumbre Regional decidieron participar en las jornadas de movilización convocadas para el 17 de marzo y a la vez ratificaron la convocatoria al gran paro nacional indefinido, aprobado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular a finales del primer semestre de 2016.

Tuesday, 05 May 2015 02:10

Arauca: paz para las transnacionales

El departamento de Arauca es recordado por sacar al país de la grave crisis energética de los años 80 con el inicio de la explotación petrolera en el campo Caño Limón. En esa época, Colombia se vio obligado a importar combustibles, debido al agotamiento de sus reservas de hidrocarburos. Antes de eso, el departamento era utilizado como zona de colonización dirigida por el Estado, a fin de “ubicar” allí a las miles de familias desplazadas y despojadas por la violencia bipartidista de mitad del siglo 20.

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