Periferia

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Miércoles, 05 Abril 2017 00:00

La JEP pasó por el Congreso

Tras el aplazamiento a falta de quórum, los debates acalorados y el pulso de poder entre los partidos de la Unidad Nacional, el pasado lunes 14 de marzo  el Senado de la República aprobó  en cuarto debate el proyecto de reforma constitucional que da vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  el cual incluye a la sonada Jurisdicción Especial de Paz -JEP- acordada entre el Gobierno y  las FARC durante el proceso de paz. La JEP según su ponente, Roosvelt Rodríguez del partido de la U, podrá “investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de conflicto". Su  aprobación se dio  a través del mecanismo de Fast Track, el cual no sólo bajó el número de debates sino que también limita cualquier modificación del articulado a la aprobación del Gobierno.  

Este debate final tomó casi ocho horas y contó con las distintas voces de los partidos. Durante su intervención el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó esta sesión como un deber histórico del Congreso. “Ese deber histórico consiste en romper el ciclo de eterna  impunidad que ha habido en Colombia con relación al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las graves violaciones de derechos humanos, que han sido perpetrados por décadas por parte de agentes estatales, miembros de grupos insurgentes, estructuras paramilitares y que han contado con la anuencia, el apoyo, la financiación de empresas y de particulares en distintas regiones del país”, enfatizó Cepeda, mientras en las gradas, la ciudadanía, entre ella las víctimas del conflicto, le exigían aprobar al pleno de la corporación este proyecto.

El proyecto de acto legislativo no pasó en blanco, la puja de los partidos que dificultó en principio la realización de los debates se reflejó en una serie de proposiciones que el  Gobierno tuvo que aprobar, la mayoría  provenientes de miembros de Cambio Radical, o cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, como el Fiscal General de la Nación.  Entre los cambios quedó la incertidumbre sobre la posible inhabilidad para participar en política de miembros de las FARC, de acuerdo a las sanciones y las obligaciones que imparta el Tribunal de Paz;  también se blindó de manera específica a terceros que se sospeche hayan participado o financiado a grupos armados paramilitares, a quienes no se les podrá ordenar comparecer sólo con informes y a quienes se deberá comprobar una “participación determinante” en acciones de dichos grupos.

Esta serie de cambios generaron malestar en algunos congresistas, y en las mismas FARC. En la mañana siguiente al debate, en su cuenta de Twitter, Iván Márquez  manifestó: “Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón”.

Con la ya acostumbrada abstención del Centro Democrático, fue aprobada esta reforma constitucional con 62 votos a favor y 2 en contra, y paradójicamente quienes se opusieron fueron los senadores de la Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro Wolf. Este último dijo que votó así para llamar la atención, no porque estuviera en contra de la JEP, “la ponencia mayoritaria decía que era obligatorio presentar a la JEP los casos de financiación voluntaria de paras ¿Por qué lo excluyeron?... La financiación voluntaria de paras por la Chiquita Brand fue declarado delito de lesa humanidad, ¿porque excluyen hechos similares de la JEP?”, preguntó el senador y exguerillero del M19.

El pasado 29 de marzo se aprobó la conciliación del texto final entre cámara y senado, ahora resta la evaluación de la Corte Constitucional, para así poder continuar la discusión de la  Ley Estatutaria que desarrollará la aplicación de la justicia transicional,  y su entrada en vigor, a la que aún le falta.

Miércoles, 29 Marzo 2017 00:00

Editorial 116: Ronda el miedo

Se siente en el ambiente, se deja ver por todos los rincones, se toma los noticieros, las páginas de los periódicos, los programas de radio, y especialmente el espacio por el que navegan a diario miles de millones de mensajes. Es el miedo, el contenido básico de un discurso que se vende en todos lados, a diario, y que busca normatizar a la humanidad, uniformarla, ponerle en su boca las mismas palabras, en su cerebro una sola y única forma de pensar y actuar.

El miedo no solo paraliza sino que impulsa a abrazar al más fuerte, a sumarse a sus causas, así estas vayan en contra de la justicia, de la libertad y las transformaciones. El miedo empuja a abrazar el atraso y la violencia. El miedo ya no es solo una forma de protección y de preservación de la humanidad, es un arma letal en manos del sistema y se mueve vertiginoso por sus venas: los medios masivos de información.

Y no es de ahora, el miedo ha estado ahí siempre. En la iglesia, en la escuela, en el hogar, en la política que siempre se ha hecho con armas y en el poder que se soporta en ellas y en el miedo que provocan. Los Estados y sus regímenes han impuesto una estructura social, económica y política injusta, y han construido un andamiaje ideológico, una forma de pensar que permite aceptar y defender ese estado de cosas; lo han hecho a sangre y fuego, y con sutiles formas en las que el miedo está siempre presente. Primero, el miedo al comunismo justificó en América Latina las dictaduras militares de los años 70, y la intromisión de los Estados Unidos en Centro América para evitar las revoluciones en en los años 80 y parte de los 90; después llegó el miedo al terrorismo en el mundo entero a partir del 2001, cuando fueron derribadas las torres gemelas, y se le dio patente de corso a los Estados Unidos para invadir a Irak y Afganistán en busca de armas químicas de destrucción masiva, y del responsable de derribar las torres.

Y en nuestro maltrecho país, las élites se convirtieron en maestros del uso y el abuso de ese dispositivo, instalado en los cerebros de la gente. Aquí se combinan todos los miedos al comunismo, al narcoterrorismo, y a un tal castrochavismo que nadie sabría explicar, pero al que le tienen miedo. Ese miedo a lo que la gente no sabe qué es ni cómo opera es lo que ha permitido a las élites la morbosa concentración de la riqueza en sus manos y la vergonzosa pobreza en las de la inmensa mayoría. Y es lo que ha impedido por décadas la construcción de una propuesta social y política fuerte, y el levantamiento popular en contra de esas élites. ¿O de qué otra manera podríamos explicar la sumisión y la paciencia con la que colombianos y colombianas soportamos toneladas de injusticias todos los días de nuestras vidas?

En un artículo, el periodista mexicano Luis Alberto Rodríguez, quien usa el seudónimo “Alberto Buitre”, presenta los fundamentos de un médico, neurobiólogo y científico social noruego, Gernot Ernst, para explicar las razones por las que las mayorías en el mundo se están sesgando hacia comportamientos conservadores, reaccionarios, de derecha. Según Ernst, “el contexto social actual es el caldo de cultivo para esto. Internet literalmente bombardea con mierda los cerebros de las personas… las redes están plagadas de pseudoargumentación, generan egoísmo y con ellas es fácil burlarse de asuntos realmente serios, como una tragedia humana, un acto de corrupción política, y la lucha de un grupo de personas por sus derechos… Y los más peligroso de todo: generan miedo. Y el miedo es la materia prima de la derecha”, y dice además que “la derecha crea enemigos abstractos: Migrantes, homosexuales, mujeres, anarquistas, y en ellos se funda el miedo, y un candidato o candidata de derecha aparece como una figura paternal que es capaz de arreglar tus problemas. Provoca patriarcado”. Y al padre, dice, se le cree todo.

Aram Aharonian, periodista e investigador uruguayo, experto en temas de comunicación, explica en su libro “El asesinato de la verdad” cómo es que vivimos en una sociedad conectada, espiada y controlada, a través de un multimillonario negocio monopolizado por seis grandes transnacionales de la comunicación, que incluye la web, el internet y todas sus derivaciones. Millones de mensajes que se mueven a diario en ese universo virtual suman a la estrategia de construcción de un discurso único, basado en un nuevo concepto que se abre camino, el de la post verdad, que consiste en alimentar a las sociedades con información que atienda a las emociones, las creencias y los imaginarios personales por encima de los hechos objetivos. Es decir que hoy en día preferimos que nos mientan de manera reiterada, y lo peor es que somos conscientes de ello.

Detener esta difícil realidad, por supuesto, no es tarea fácil, ya que se trata de un acumulado que durante décadas ha elaborado detalladamente el sistema y sus élites. Su mayor logro es el individualismo como una religión; ponernos a pensar solos, por separado, a tener amigos y amigas virtuales que se consiguen por las redes, a los que casi nunca podemos abrazar ni besar; impulsarnos hacia la competencia por alcanzar niveles de riqueza y reconocimiento. Nos tienen sentados y sentadas frente a un dispositivo digital o electrónico en donde recibimos sus instrucciones egoístas.

Aunque pareciera que no hay salida, podríamos insistir en un elemento básico para escapar de la burbuja, advirtiendo que por básico no es sencillo, así como en el fútbol “lo más difícil es hacer la jugada fácil”. Pero hay que intentarlo. Para escapar del opresor y del esclavo que tenemos por dentro es necesario pensar en colectivo, relacionarnos con gente de carne, hueso, y corazón; desarrollar pensamiento y economía propia, sospechar de la “verdad” mediática, atrevernos a pensar y actuar diferente; participar en los espacios sociales que plantean transformaciones y otras formas de hacer la política; construir procesos de comunicación popular y medios propios; desarrollar en nuestros territorios formas de autogobierno. En suma, se trata de creer en nosotros y nosotras mismas y construir poder popular.

Con el 100% de las mesas escrutadas, la consulta popular en Cajamarca, Tolima, que preguntaba “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” la ganó con el 97% el comité ambientalista del NO. 6165 cajamarcunos apoyaron esta iniciativa que prohibirá el uso del territorio para la minería, y en especial, para la ejecución de la mina La Colosa, a cargo de la empresa AngloGold Ashanti. El umbral para esta consulta era de  5.438 personas votantes, y una vez se conoció que este había sido superado la gente se congregó para celebrarlo gritando al unísono “El pueblo unido jamás será vencido”.

“Hoy el pueblo cajamarcuno, y el pueblo colombiano, está diciendo no al modelo económico extractivista  y sí a la defensa de nuestra vocación agrícola, de nuestra cultura, de nuestro territorio, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, y del futuro de nuestros hijos”, dijo uno de los  manifestantes al poco tiempo de conocerse  el resultado de la consulta realizada este domingo 26 de marzo.

Contexto:

Cajamarca es un municipio de Tolima, considerado la despensa agrícola del país. En estas montañas de enorme riqueza, la empresa AngloGold Ashanti descubrió en el 2006 el que sería el yacimiento de oro más grande de Colombia, y que de ser explotado, sería la mina a cielo abierto más grande de sudamérica. Por eso, los habitantes de este municipio iniciaron un proceso de organización para defender su vocación agrícola y oponerse a los propósitos de dicha empresa, y motivados por otras experiencias en el país lograron convocar una consulta popular.

La consulta había sido dilatada a través del mecanismo de tutela, con el cual la AngloGold Ashanti logró en principio que el Consejo de Estado tumbara la pregunta por considerarla poco neutral. La pregunta fue modificada y el proceso siguió adelante, hasta el triunfo de este domingo de los comités ambientalistas.

Este triunfo significa un aliento para otros procesos en el Tolima, y en otros departamentos, que buscan prohibir las actividades mineras en sus territorios, y que igual que en Cajamarca, las comunidades puedan decidir sobre la vocación del suelo.

Miércoles, 01 Marzo 2017 00:00

Miércoles de Documental: El Andén del Juglar

Sinopsis:

El acordeonero y cantante vallenato Éibar Gutiérrez vuelve a su natal Valledupar para recorrer los espacios donde transcurrió su infancia y juventud, con el fin de buscar inspiración para componer una canción que hable de sus memorias.

 

 

 

Aquí un adelanto del documental que se estrenará el próximo 1 de marzo:

Sinopsis:

El acordeonero y cantante vallenato Éibar Gutiérrez vuelve a su natal Valledupar para recorrer los espacios donde transcurrió su infancia y juventud, con el fin de buscar inspiración para componer una canción que hable de sus memorias.

Miércoles, 22 Febrero 2017 00:00

Miércoles de Documental: El Cristo de los Nadies

Hoy en el retiro, la casa de Gabriel nos muestra a un hombre apasionado por la vida, de pensamiento heterodoxo y con la plena convicción de la alegría como herramienta de transformación. Gabriel, uno de los sacerdotes latinoamericanos que se alzaron las sotanas para caminar por entre el barro de los barrios populares de Medellín.

Este documental hizo parte de:

Festival de Cine de Oriente 2014 - selección oficial (Colombia).
Festival de Cine corto de Popayán 2014 - selección muestra unversitaria (Colombia).
Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay  ATLANTIDOC 2014 - Selección Oficial.
5ta Muestra Audiovisual La Imagen de la Memoria: Sección nacional.
IV Festival Internacional de cortometrajes de Medellín, FICME.
17ª versión de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MIDBO - Seleccción Miradas Emergentes.

El próximo miércoles 22 de febrero se estrenará el documental “El cristo de los nadies”, que narra la historia del regreso del sacerdote Gabriel Díaz al barrio Santo Domingo Savio en Medellín. Gabriel Díaz  fue uno de los sacerdotes de Golconda, manifiesto por el cual mucha gente de la época llamó a los firmantes como “Curas rebeldes”. Este corto documental retrata a Gabriel Díaz recordando su historia en uno de los primeros barrios donde trabajó de la mano de la comunidad, y gira en torno a la construcción del cristo de los 49 pesos, el cual recibió este nombre debido a su costo. A continuación compartimos un texto que escribió el director del documental cuando conoció por primera vez a Gabriel, y un adelante (teaser) del documental.

¿Así que vos sos Gabriel, por el que mi madre reza el rosario porque andás descarriado?

 Los achaques del tiempo son muchos, la próstata creció una vez más, la molestia en el hombro izquierdo continua, una válvula en el corazón no funciona correctamente además de uno que otro problema que aparece con el pasar de los días, de los viajes y las experiencias, cosas que a pesar de sí mismas no le son limitantes a la hora de realizar cualquiera actividad.

Gabriel, con 80 años de edad, todo lo dice con una constante gracia y sonrisa, casi parece que nos toma del pelo. Respecto a su edad bromea, dice qué ya está en la edad del cóndor, a lo que le pregunto ¿cuál es esa edad? Con dolor aquí, con dolor allá- responde y suelta una carcajada a la que sin dudarlo me uno.

Recibe su café, al cual no le agrega azúcar, toma un sorbo y me continúa contando historias de su vida abiertamente, como si me conociera de siempre, sin importarle que apenas hoy sea nuestra primera conversación.

Señala la pintura colgada en la pared, la de la finca en la creció en Santo Domingo Antioquia, su pueblo natal y en el que se crió con sus hermanos y padres, allá en donde según él se embobó. Se embobó - dice él-  por que empezó a dejarse tumbar, menciona una historia con su hermano en la que le pidió a éste que le vendiera su correa, a lo que él accedió. El problema vino hasta el momento de negociar el precio, su hermano le pidió 40 pesos, pero Gabriel ingenuamente insistió en que le recibiera 80, y así comenzaron a discutir por el precio de la correa, una discusión que tal vez no se haya dado en otro lugar, pero que Gabriel mantiene presente ya que desde ahí anda embobado por vivir, y por servir, alejado de lo material, porque según él es más importante ser que tener.

Al ordenarse sacerdote, su padre manifestó a sus amigos que hasta ahí trabajaba, pensando que Gabriel, como cualquier otro párroco de pueblo, se dedicaría a vivir de cuenta de los diezmos de la iglesia; pero ahí se equivocó, no contaba su padre con que Gabriel se rebelaría a favor de los más necesitados y es por eso qué su padre alguna vez en broma le reprochó ante sus hermanos que estos tenían que aumentar la cuota, ya que a este paso Gabriel los iba a quebrar.

“Rebelde es una palabra que se ha usado en muchas ocasiones para definirlo” tal y como su sobrina afirma. Gabriel es un claro ejemplo de rebeldía y es que, si para ser tachado de rebelde hay que estar por fuera de lo establecido, Gabriel en el transcurso de su vida ha logrado serlo, él se ha dedicado en vida al servicio por y para los pobres, algo que para la iglesia católica resultaba ajeno antes de que muchos curas en los años 60’s se alzaran las sotanas para caminar entre el barro de los barrios populares. Recuerda que alguna vez, se encontró con un primo lejano, que lo saludó sorprendido y diciendo: ¿Así que vos sos Gabriel, por el que mi madre reza el rosario porque andás descarriado.

Los libros en su biblioteca, son un reflejo de su pensamiento heterodoxo, también son un recuento de lo amigos con los que se ha cruzado por la vida, los cuales por si solos para cualquier sacerdote serían todo un escándalo; su biblioteca alberga desde el Corán, hasta varios ejemplares del filósofo envigadeño Fernando González, también un libro sobre Camilo Torres el cura guerrillero, uno de Eduardo Galeano y uno que otro de uno de sus más queridos amigos, el blasfemo poeta Gonzalo Arango.

Gabriel, con su cabello totalmente blanco continua tomando de su taza de café y por un momento calla, abre uno de los cajones de su escritorio, mete su mano a este y me dice: A mí cuando me hablan con términos raros me toca sacar el revólver, levanta su mano del escritorio y me apunta, inmediatamente vuelve a soltar otra carcajada y me enseña una raíz en forma de revolver que recogió en un viaje al Chocó y que más allá de la chanza que le hace a todos sus conocidos también en alguna ocasión lo salvó de ser atracado.

Entre bromas e historias, conocí a este personaje, Gabriel Díaz, un sacerdote que se ha exiliado fuera del país, que a su vez ha viajado y estudiado, que ha vivido en París, Alemania y Costa Rica, que ha trabajado con los barrios más pobres y con diferentes comunidades de Medellín y Colombia, que aún hoy en su retiro continua trabajando con estas, y que es, sobre todo esto, es un hombre sin miedo a morir pero con toda la alegría de vivir, de servir al prójimo, sin apegos a lo material, porque la casa de Gabriel es la casa del que toque la puerta.

Teaser:


Lunes, 20 Febrero 2017 00:00

¿La paz llegó para quedarse?

Un día después del plebiscito las expectativas del mundo estaban puestas sobre las FARC. En un comunicado de prensa el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, afirmó “La paz llegó para quedarse”, y reiteró la disposición de su organización para mantener el cese al fuego. Desde entonces el ritmo del debate político se aceleró y sucedió en menos de un semestre lo que no había sucedido en décadas; la sociedad se movilizó para defender su derecho a la paz, se renegoció y firmó un nuevo acuerdo, que luego fue refrendado por el Congreso de la República, y una vez el Gobierno obtuvo el visto bueno de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de “fast track”, comenzó el trámite de las primeras leyes contenidas en el Acuerdo Final y con ello la denominada “Última marcha guerrillera de las FARC”. Pese a todos los obstáculos, la implementación comenzó y los retos para la consolidación de la paz, más allá del silenciamiento de los fusiles, también han salido a relucir.

La implementación en manos de la clase política tradicional
Al finalizar el año 2016 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para excombatientes y tratamiento especial para los militares. Con esto se abrió la puerta para las casi 50 leyes que deben aprobarse a más tardar a final de este año en Senado y Cámara. El reto de la implementación está ligado a las complejas dinámicas políticas que ha tejido por años el Ejecutivo con las diferentes ramas del poder.

Por el momento se han aprobado, además de la Ley de Amnistía, una reforma a la Ley Quinta para que “Voces de Paz”, agrupación ciudadana que defenderá el espíritu del Acuerdo, tenga voz sin voto en los debates del Congreso. También se encuentra en trámite la ley que crea la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el proyecto que crea el Partido de las FARC y el proyecto que adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar seguridad jurídica al Acuerdo Final. Adicionalmente se han comenzado a crear las diferentes comisiones con composiciones múltiples, encargadas de construir los insumos para las leyes como la de reforma electoral, que contendrá el Estatuto de la Oposición, o algunas más técnicas como la encargada de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros. Este contexto parece evidenciar que la maquinaria del Gobierno ha funcionado de manera coordinada, sin embargo varias son las complicaciones que éste tendrá que enfrentar para sacar adelante la implementación total del Acuerdo.

La ineficacia estatal y su incapacidad de respuesta son el primer obstáculo que se presenta. Esto resultó evidente durante la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), por la dificultad que tuvo el Estado para llegar a los lugares más alejados de los centros urbanos, razón por la cual se demoró el arrendamiento, traslado de materiales y contratación para la construcción de los espacios comunes, lo cual requirió además que se hicieran adecuaciones en puentes y reparaciones de vías para poder acceder a estas 19 zonas y 7 puntos, en donde permanecerán durante la dejación de armas los integrantes de las FARC.

Otro ejemplo de esto es que desde agosto del 2016 la Fiscalía creó la Unidad encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, sucesores del paramilitarismo. En ese momento el Fiscal declaró: “En el día de hoy hemos creado la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y contra quienes atenten contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. No vamos a permitir que haya impunidad frente a aquellos que levanten su mano como agresores contra quienes son gestores de paz”. Sin embargo, seis meses después ésta no ha arrojado resultados y se ha enredado su funcionamiento, mientras que el Fiscal General de la Nación se ha dedicado a lanzar dardos durante sus intervenciones públicas contra la JEP, haciéndole reparos como si aún continuara abierta la negociación entre el Gobierno y las FARC.

A este panorama hay que sumarle un obstáculo más grande que tendrá que sortear el Gobierno. Se trata de la notoria fractura de la denominada Unidad Nacional y la puja de intereses políticos de cara a las elecciones del 2018. Los partidos tradicionales que han apoyado la paz a cambio de las mieles del poder, se empiezan a desligar del Presidente, quien con una imagen desfavorable en las mayorías del país, es más conveniente como contendor que como aliado para la campaña que se avecina. El que ya empieza a tomar distancia es Germán Vargas Lleras, próximo a renunciar a la Vicepresidencia de la República para asumir de manera pública su candidatura a la Presidencia por Cambio Radical. Su salida marcará el final de la Unidad Nacional, lo que podría afectar el trámite de las leyes del Acuerdo Final en el Congreso. De apoyar y votar favorablemente los proyectos presentados por el Gobierno, Cambio Radical pasará a hacerlo dependiendo de los intereses de su candidato, quien no ha sido un defensor del Acuerdo, y por el contrario ha coincidido en críticas con el Centro Democrático. Este cambio podría poner al uribismo, que se ha relegado de las votaciones, a hacerlo negativamente.

Además de esto, algunas leyes generarán más reticencia en los actuales congresistas como por ejemplo una que toca directamente sus intereses, es decir, la de reforma política. Esta iniciativa no pasará en blanco y generará un nuevo debate frente a la necesidad de modificar el actual sistema electoral que se encuentra sustentado mayoritariamente en el clientelismo en las regiones.

Desmontar el paramilitarismo sin un reconocimiento estatal
Otro debate de fondo en el país es el problema del paramilitarismo en Colombia. En regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Antioquia, y Urabá, se ha denunciado en los últimos meses el incremento de acciones armadas, amenazas y asesinatos por parte de actores armados ilegales, autodenominados como paramilitares. Y aunque su presencia en estos territorios no es nueva, las comunidades manifiestan temor a que tras la salida de las FARC de estas zonas, se fortalezca su accionar y control territorial, y se ponga en riesgo la consolidación de un país en paz, por el que han trabajado no solo líderes y defensores de derechos humanos, sino comunidades enteras que históricamente han sufrido el flagelo de la guerra.

De hecho, en el primer informe trimestral de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad, como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación aprobado en el Acuerdo Final, se advirtió que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”.

Sin embargo en el Acuerdo Final, el punto 3.4 habla de luchar contra “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, y por su parte, el pasado 11 de enero el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas manifestó que “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Esto, entonces, pone de manifiesto la falta de reconocimiento estatal ante esta problemática que las comunidades han denunciado fuertemente con evidencias como panfletos, comunicados y amenazas firmadas.

Zoraida Hernández, abogada defensora de derechos humanos, dice que “esta negación actual de la persistencia del fenómeno nos recuerda cómo en la década de los años 80 y 90 se acudió al mismo discurso y mientras tanto los grupos paramilitares se fortalecieron y se extendieron por todo el territorio nacional dejando miles de víctimas, entre las que se encuentran centenares de líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados, desaparecidos u obligados a desplazarse y/o exiliarse”.

Este desconocimiento por parte del Estado preocupa porque, según Hernández, “en muchas regiones no hay un antes y un después de la supuesta desmovilización con ocasión a la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se puede hablar de reincursión paramilitar porque estos grupos no se han ido. En algunas regiones puede decirse que ha habido un cambio en la forma de ejercer el control, utilizando formas menos notorias y de pronto más sofisticadas, pero eso sí, no menos violentas. (...) El fenómeno paramilitar siempre ha estado asociado a los intereses económicos que yacen en los territorios; tierra, minería, agua, petróleo, entre otros, y a la necesidad de instaurar grandes megaproyectos que aseguren un modelo de desarrollo extractivista”.

En ese sentido, uno de los principales retos que tendrá el Gobierno de cara a la implementación del Acuerdo Final con las FARC y a la estabilidad del proceso con el ELN, es en primer lugar, explica Hernández, reconocer que existe el paramilitarismo y que será necesario reformar las instituciones del Estado que lo han permitido y tolerado, así como investigar y sancionar a las empresas, terratenientes y políticos que los siguen financiando. Esto no será tarea fácil, porque como manifiesta Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, las estructuras paramilitares “tienen una alianza muy fuerte con la fuerza pública, (...) cada vez que se intenta acabar con estos grupos, tienen dentro de las mismas fuerzas militares a los topos que alertan sobre la situación, y otro punto que no permite la desarticulación son las economías ilegales, lo rentables que son, y lo cooptados que están muchos sectores de la sociedad colombiana con este tipo de rentas y economías ilegales”.

Proteger la vida de los líderes y defensores de DDHH
Según el Programa Somos Defensores, en el 2016 se presentaron 80 asesinatos y 317 amenazas a líderes sociales, y sólo en enero de 2017 se presentaron 10 de estos homicidios y múltiples amenazas que aún no han sido contabilizadas. Esta situación es alarmante si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional, tanto en uno de los puntos del Acuerdo Final con las FARC, como en diferentes escenarios de interlocución con la sociedad civil, se ha comprometido a implementar mecanismos de seguridad y prevención para que la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos sea respetada. De hecho, el pasado 3 de febrero, Juan Manuel Santos firmó el decreto que le da vida a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tiene como objetivo desmantelar organizaciones o acciones que amenacen la implementación del Acuerdo Final o a las personas que participen en ella.

Sin embargo, como manifiesta Carlos Guevara, “no existe un avance significativo que permita deducir que ya tenemos unas estrategias de seguridad implementadas y en funcionamiento”, y expresa además que las iniciativas institucionales en el marco de la implementación del Acuerdo Final no son suficientes, “(...) ni siquiera las que se estaban implementando antes de los acuerdos son viables. El punto 3.4.3 del Acuerdo, que es el que habla de seguridad y protección a defensores de derechos humanos no se ha implementado, (...) aunque el año pasado se instaló la Mesa de Seguridad y Protección, no está definido cómo se va a estructurar, ni cuáles y hasta dónde van a ser sus responsabilidades, y mucho menos se sabe cuál es el presupuesto que va a tener”.

Lo cierto es que siguen corriendo los días sin una solución de fondo a este problema, y los movimientos sociales y políticos no dejan de manifestar su preocupación por los constantes asesinatos y amenazas a sus líderes, que en lo corrido de este año van en aumento. Por eso, el pasado 12 de febrero, luego de denunciar dos atentados y múltiples amenazas en diferentes regiones del país contra sus líderes, el Congreso de los Pueblos expresó en un comunicado que “estos hechos reafirman que la persecución al movimiento social es generalizada y sistemática y se evidencia la ausencia de garantías reales y la precariedad e inocuidad de las medidas de protección que el gobierno nacional ofrece”. Por su parte, David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, dijo ante la negación del Fiscal para reunirse con las organizaciones sociales, que esto impide que se pueda fortalecer la Unidad Especial de Investigación, y es un boicot a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según Guevara, existe un desorden de parte de la institucionalidad para responder ante las situaciones de riesgo o peligro contra estos líderes, y dice que algunas medidas que resultarían efectivas para proteger sus vidas, son: la depuración de la fuerza pública; la desclasificación de archivos de inteligencia; el trabajo conjunto de prevención entre las instituciones que tienen que hacer prevención, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior. También habla de la necesidad de acercar a las organizaciones sociales a espacios que tienen incidencia en la toma directa de las decisiones, como la Fiscalía General de la Nación, y la participación en la construcción de la política pública para temas de protección y prevención, “para que no sea solo el Gobierno hablándose a sí mismo, sino que los colectivos sociales también tengan la oportunidad de aportar, pues los mecanismos de protección en Colombia nacieron porque las organizaciones sociales los exigieron, los pelearon y los metieron en la Constitución y en los decretos reglamentarios, no porque el Gobierno Nacional haya tenido una visión mucho más amplia e incluyente”, concluye.

Consolidar la solución del conflicto a través del diálogo
Lo anterior implicará que la discusión alrededor de la paz y todos sus retos siga vigente en los próximos años, incluso el debate electoral del 2018 tendrá que afrontar de nuevo el dilema entre continuar con las condiciones pactadas en el proceso de paz con el ELN, o el deseo de la extrema derecha de imponer unas nuevas que terminarían con el proceso como quisieron hacerlo con el de las FARC.

Más allá de este debate que aún resulta prematuro, el gran reto para la sociedad, es insistir en la necesidad de llevar a buen término el proceso instalado el pasado 7 de febrero en Quito. Este reto no es sencillo, el proceso con las FARC demuestra que no sólo con la voluntad de las partes basta para finalizar el conflicto, y que la pedagogía y comunicación de lo acordado debe primar sin miedo a los debates ocultos por el hermetismo de las partes.

La agenda abordará la participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. El jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, expresó durante su intervención en la instalación de la mesa pública que “ejercicios de deliberación democrática sobre problemas como la educación, la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, todos ellos incluidos en la agenda, pueden beneficiar de manera notable a departamentos como Arauca, Norte de Santander, Chocó, por sólo mencionar algunos”, reconociendo la oportunidad que propone esta agenda al país. Sin embargo, en la misma intervención agregó que “teniendo una metodología clara, confiamos en que las propuestas de la sociedad, sin tener un carácter vinculante, serán de vital importancia en esta mesa. Sabemos que estas propuestas sumadas a aquellas que lleven a dicha mesa Gobierno y ELN, nos permitirán enriquecer el análisis de los temas que vamos a discutir”. En ese sentido, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del ELN para estos diálogos, respondió que “esto que acaba de ocurrir es la primer puja. Para el Gobierno la participación de la sociedad no debe ser vinculante, nos parece que lo asumen como un carácter ornamental, ahí tenemos una gran diferencia, para nosotros debe ser el centro de este proceso, y eso se vio reflejado, no sólo en los discursos de ambas partes, sino en la participación de los movimientos sociales durante la instalación que fue minúscula, muy limitada”.

La diferencia de las partes se tendrá que saldar en la mesa, lo que es claro es que en medio de la discusión y construcción de propuestas por parte de la sociedad que aborden temas como la salud, la educación o la corrupción, se tocará también el tema del modelo económico y social, y eso por lo menos provocará que se revisen diferentes iniciativas que durante su Gobierno, Santos ha impuesto a pesar de los diálogos de paz. Un ejemplo es la aprobación del Código de Policía que trae restricciones al derecho a la protesta, lo cual se opone a lo que Juan Camilo Restrepo manifestó el pasado 7 de febrero en la Hacienda Cashapamba: “Así como decimos que el tiempo de la paz ha llegado, decimos también con la misma convicción que el tiempo de la política con armas debe terminarse en Colombia. Entendemos que modernizar nuestro Estado pasa por asegurar una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que la afectan directamente, promover una ciudadanía activa que contribuya a la toma de decisiones y al ejercicio del control político como ha sido el espíritu de nuestra Constitución”.

Territorio. Identidad. Cultura. Vida digna. Bienestar. Soberanía. Autonomía. Unidad. Estos son pilares para la acción política de una organización compuesta por comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de Colombia, que durante 20 años ha trabajado para defender la tierra, el territorio, los alimentos y los derechos del campesinado. Se trata del Coordinador Nacional Agrario de Colombia – CNA.

En la década de los 90, el mundo empezó a transitar hacia la globalización y el libre comercio. En Colombia, César Gaviria, presidente entre 1990 y 1994, se sumó a esta apertura económica y abrió las puertas del país para la importación de productos. Debido a estos cambios sociales, políticos y económicos, la agricultura empezó a enfrentar una grave crisis, y los principales afectados, además de los cerealeros, resultaron ser los cafeteros, lo que provocó, el 19 de julio de 1995, el paro cafetero más grande de las últimas décadas en el municipio del Líbano, en el Norte del Tolima.

En solidaridad y para acompañar esta lucha, llegaron al lugar diferentes organizaciones de todo el país, como el Comité de Integración del Macizo colombiano –CIMA-, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca –ADUC-, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, los movimientos campesinos del Catatumbo, centro del Valle, entre otros. Los intercambios permitieron a estos campesinos realizar una lectura de la situación que atravesaba el país y el mundo en materia económica, y entendieron que el sector agrario estaba transitando a otros modos de producción como los monocultivos de materias primas y la agroindustria, para lo que el campesinado empezaba a ser un estorbo.

Allí, entonces, se sembraron las semillas de una organización nacional fuerte, que pudiera enfrentar esas políticas, y que funcionara como una coordinación agraria a nivel nacional en la que se definiera un programa de defensa del campesinado en ese contexto de economía globalizada. Robert Daza, vocero y uno de los fundadores de esta iniciativa, cuenta que “en ese momento las luchas agrarias empiezan a tener sentido, ya no únicamente en la reivindicación de la tierra para el que la trabaja, sino en un contexto mucho más amplio, es decir del territorio, porque el papel que otorgaban los grandes poderes económicos a los países de África y América Latina, era el de proveedores de materias primas, hidrocarburos, recursos energéticos, biodiversidad y recursos minerales. Esos recursos se encuentran sobre todo en los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, entonces desde allí se empieza a entender que la lucha tiene que ser también por la defensa de los elementos vitales para la vida rural y urbana, como es el elemento agua, la biodiversidad, la cultura misma, y por supuesto de la comida”.

Así se consolidó el Coordinador Nacional Agrario como una plataforma que desde entonces ha puesto al centro luchas lideradas por el campesinado pero que tienen qué ver con todo el pueblo colombiano, como es la defensa de la soberanía alimentaria. Trabajan también por la creación de una territorialidad campesina donde la autoridad sean los mismos campesinos; luchan por la equidad de género y contra las violencias que se ejercen hacia las mujeres; defienden la vida y los derechos humanos; exigen al Estado que la solución para los cultivadores de coca, marihuana y amapola no sea de guerra, sino con proyectos alternativos que permitan la sostenibilidad del campesino. A lo largo de la historia, se han articulado además a plataformas como la Minga Indígena, que luego fue Minga Social, Indígena y Comunitaria, y al Congreso de los Pueblos, y participan en la Vía Campesina, organización mundial de los campesinos. Todo esto con el objetivo de aportar al país sus luchas, ideas y experiencias, para que el campesinado pueda sobrevivir en la historia.

“Somos una población culturalmente diferenciada, y por la amenaza de la guerra y de las políticas nacionales e internacionales estamos en vía de extinción. Por eso la apuesta que tiene el CNA en este momento, es que como campesinado podamos alcanzar el reconocimiento jurídico en las leyes colombianas, que el Gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que nosotros tengamos la posibilidad de constituir nuestros territorios campesinos y podamos ser autoridad, que tengamos derecho a la consulta previa sobre cualquier proyecto que se vaya a emprender en ellos, pero que también tengamos la posibilidad de organizar a través de nuestros planes de vida cuáles son las transformaciones y cambios que queremos para vivir en esos territorios”, explica Robert.

Aunque han tenido que padecer la persecución y asesinato de sus líderes campesinos, e incluso cuando recién nacían estuvieron al borde del fracaso, por el exterminio de sus organizaciones a manos de paramilitares, nunca han desfallecido en su propósito y en lo que entienden como su misión: proveer alimentos sanos y culturalmente adecuados al país, defender los territorios, cuidar los bienes comunes como el agua y la biodiversidad, y seguir manteniendo viva la cultura campesina, que es su vez la cultura, identidad y raíz de la mayoría del pueblo colombiano.

Lunes, 20 Febrero 2017 00:00

Editorial 125: A la fiesta vamos a bailar

Motivados por el coro del auditorio que decía “la paz de Colombia es la paz del continente”, sus rostros y sus cuerpos atravesaron las cortinas rojas de la tarima del Teatro Nacional de Ecuador. Eran doce, encabezados por el comandante Pablo Beltrán, y los custodiaba la guardia cimarrona, unos negros y unas negras fuertes y bellas de las comunidades del suroccidente colombiano que se tomaron en serio el trabajo que les dio la seguridad del evento, de custodiar y proteger a la delegación de paz del ELN, la misma que como un grupo de rock famoso saltaba a la tarima ante los aplausos y la ovación del público.

El auditorio lo conformaban casi 600 personas; 400 de ellos eran colombianos y colombianas, del suroccidente y del centro del país que habían viajado más de 30 horas y soportado retenes y requisas en las carreteras con tal de ver en persona la instalación de la fase pública de la mesa de negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. Los otros 200 eran parte del movimiento social ecuatoriano y funcionarios de la casa de la cultura de ese país que habían brindado hospitalidad a los viajeros, y en un acto de fraternidad y solidaridad declararon esa institución y sus hermosas instalaciones como territorio de paz latinoamericano.

Las comunidades viajaron a Quito porque habían sido invitadas a una fiesta democrática, la instalación de la mesa de diálogos de paz, en la cual el punto de participación es el primero y para ellas el más importante. Pero ante la negativa del Gobierno colombiano y la cancillería ecuatoriana de permitir su presencia en el acto formal de instalación decidieron hacer su propia fiesta, para invitar sin rencores a todos y todas: un acto político cultural colombo – ecuatoriano, en el teatro nacional, al cual asistieran ambas delegaciones, los países amigos y los garantes del proceso de paz, pero a ésta solo asistieron la delegación del ELN y los delegados de los países amigos como Holanda, Suiza, Suecia, entre otros; la del Gobierno no fue.

Lástima. La gente también los hubiera aplaudido, porque lo que perseguía la actividad era construir así fuera por un momento, así fuera simbólicamente, un escenario de paz, uno que jamás se han permitido los colombianos y colombianas, uno en donde la sociedad también se siente al mismo nivel con la insurgencia y el Gobierno. Uno en donde pueda expresar sus esperanzas y sus sueños. Uno en donde se pueda construir colectivamente el país de todos, no el de una pequeña élite.

Por esa razón, aunque Juan Camilo Restrepo en su discurso oficial habló de una participación “acotada y no vinculante”, la gente valoró la altura, el tono y el respeto de su discurso, principalmente porque en este reconoció a la otra parte; y por eso estaban esperanzados con la presencia o al menos el saludo del Gobierno en aquel acto político cultural. Su ausencia fue una señal negativa, un gesto inequívoco de rechazo a la participación activa y decisoria del pueblo en la solución de las causas del conflicto político, social y armado; fue más que un desplante. El Gobierno no quiere que la gente se involucre enserio en el desarrollo del primer punto de la agenda de diálogos. El Gobierno quiere una fiesta en donde la sociedad no pueda bailar.

Y aunque la actividad político cultural resultó emotiva y reparadora para los que habían maltrecho su humanidad con el largo viaje, las comunidades regresaron a sus territorios con la pregunta frente al futuro del proceso. Es una lástima que el Gobierno y su delegación mantenga la idea de que el acuerdo de paz es un asunto privado entre la guerrilla y ellos. Es lamentable que consideren de poca monta la oportunidad de poner a funcionar la oxidada máquina de la democracia, cuyo corazón es precisamente la participación activa, dinámica y especialmente decisoria de la gente, del pueblo que nunca ha tenido más escenarios democráticos que los monótonos e ineficaces procesos electorales a los cuales se va a cambio de dádivas, tejas y tamal.

La oligarquía colombiana le tiene miedo a la democracia. Siente pánico de solo imaginar que millones de personas puedan deliberar sobre los asuntos más importantes de la nación, se asusta con la idea de que la gente se pueda encontrar y en medio de un diálogo nacional decida darse una oportunidad con otros líderes, con otra concepción de la vida, y con otros intereses diferentes a los del salvaje sistema que hoy tiene a miles de millones de seres humanos aguantando hambre en todo el planeta.

Colombia es el tercer país más desigual del mundo, sin embargo sus élites no tienen ni el más mínimo sentimiento de autocrítica. Han gobernado bajo el mismo régimen por más de 200 años, y logran cínicamente echar la culpa de las desgracias del país a otros. Se roban los recursos con los que los colombianos podrían tener una calidad de vida digna, y son capaces de sacarles la plata de los bolsillos para llenar de nuevo las arcas vaciadas por su corrupción. Aun así están convencidos que no existe nadie capaz de administrar y gobernar mejor, y menos la gente que trabaja y produce riqueza a la nación, y lucha todos los días de su vida para sobrevivir y sacar adelante a su familia.

Existe miedo en la oligarquía. Miedo a que se acabe la razón de su guerra, miedo a que le quiten sus privilegios, miedo a que se pongan al frente otros y otras capaces de distribuir mejor, de soñar colectivamente y de construir un país en el que quepamos todos y todas con abundancia no solo material sino espiritual.

El paso hay que darlo. Se puede empezar por el castigo en las urnas a los partidos que han gobernado hasta ahora, sin vacilaciones con los uribistas o santistas. Hay que construir liderazgos propios y creer en ellos; hay que juntar esos liderazgos, y esa unidad debe tener al centro los intereses de los más pobres. Es necesario movilizarnos y participar con vocación de poder. La lucha es por la unidad de los partidos y corrientes que tienen el corazón puesto en la idea de transformar el mundo.

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