Periferia

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Monday, 20 February 2017 00:00

¿La paz llegó para quedarse?

Un día después del plebiscito las expectativas del mundo estaban puestas sobre las FARC. En un comunicado de prensa el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, afirmó “La paz llegó para quedarse”, y reiteró la disposición de su organización para mantener el cese al fuego. Desde entonces el ritmo del debate político se aceleró y sucedió en menos de un semestre lo que no había sucedido en décadas; la sociedad se movilizó para defender su derecho a la paz, se renegoció y firmó un nuevo acuerdo, que luego fue refrendado por el Congreso de la República, y una vez el Gobierno obtuvo el visto bueno de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de “fast track”, comenzó el trámite de las primeras leyes contenidas en el Acuerdo Final y con ello la denominada “Última marcha guerrillera de las FARC”. Pese a todos los obstáculos, la implementación comenzó y los retos para la consolidación de la paz, más allá del silenciamiento de los fusiles, también han salido a relucir.

La implementación en manos de la clase política tradicional
Al finalizar el año 2016 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para excombatientes y tratamiento especial para los militares. Con esto se abrió la puerta para las casi 50 leyes que deben aprobarse a más tardar a final de este año en Senado y Cámara. El reto de la implementación está ligado a las complejas dinámicas políticas que ha tejido por años el Ejecutivo con las diferentes ramas del poder.

Por el momento se han aprobado, además de la Ley de Amnistía, una reforma a la Ley Quinta para que “Voces de Paz”, agrupación ciudadana que defenderá el espíritu del Acuerdo, tenga voz sin voto en los debates del Congreso. También se encuentra en trámite la ley que crea la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el proyecto que crea el Partido de las FARC y el proyecto que adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar seguridad jurídica al Acuerdo Final. Adicionalmente se han comenzado a crear las diferentes comisiones con composiciones múltiples, encargadas de construir los insumos para las leyes como la de reforma electoral, que contendrá el Estatuto de la Oposición, o algunas más técnicas como la encargada de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros. Este contexto parece evidenciar que la maquinaria del Gobierno ha funcionado de manera coordinada, sin embargo varias son las complicaciones que éste tendrá que enfrentar para sacar adelante la implementación total del Acuerdo.

La ineficacia estatal y su incapacidad de respuesta son el primer obstáculo que se presenta. Esto resultó evidente durante la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), por la dificultad que tuvo el Estado para llegar a los lugares más alejados de los centros urbanos, razón por la cual se demoró el arrendamiento, traslado de materiales y contratación para la construcción de los espacios comunes, lo cual requirió además que se hicieran adecuaciones en puentes y reparaciones de vías para poder acceder a estas 19 zonas y 7 puntos, en donde permanecerán durante la dejación de armas los integrantes de las FARC.

Otro ejemplo de esto es que desde agosto del 2016 la Fiscalía creó la Unidad encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, sucesores del paramilitarismo. En ese momento el Fiscal declaró: “En el día de hoy hemos creado la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y contra quienes atenten contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. No vamos a permitir que haya impunidad frente a aquellos que levanten su mano como agresores contra quienes son gestores de paz”. Sin embargo, seis meses después ésta no ha arrojado resultados y se ha enredado su funcionamiento, mientras que el Fiscal General de la Nación se ha dedicado a lanzar dardos durante sus intervenciones públicas contra la JEP, haciéndole reparos como si aún continuara abierta la negociación entre el Gobierno y las FARC.

A este panorama hay que sumarle un obstáculo más grande que tendrá que sortear el Gobierno. Se trata de la notoria fractura de la denominada Unidad Nacional y la puja de intereses políticos de cara a las elecciones del 2018. Los partidos tradicionales que han apoyado la paz a cambio de las mieles del poder, se empiezan a desligar del Presidente, quien con una imagen desfavorable en las mayorías del país, es más conveniente como contendor que como aliado para la campaña que se avecina. El que ya empieza a tomar distancia es Germán Vargas Lleras, próximo a renunciar a la Vicepresidencia de la República para asumir de manera pública su candidatura a la Presidencia por Cambio Radical. Su salida marcará el final de la Unidad Nacional, lo que podría afectar el trámite de las leyes del Acuerdo Final en el Congreso. De apoyar y votar favorablemente los proyectos presentados por el Gobierno, Cambio Radical pasará a hacerlo dependiendo de los intereses de su candidato, quien no ha sido un defensor del Acuerdo, y por el contrario ha coincidido en críticas con el Centro Democrático. Este cambio podría poner al uribismo, que se ha relegado de las votaciones, a hacerlo negativamente.

Además de esto, algunas leyes generarán más reticencia en los actuales congresistas como por ejemplo una que toca directamente sus intereses, es decir, la de reforma política. Esta iniciativa no pasará en blanco y generará un nuevo debate frente a la necesidad de modificar el actual sistema electoral que se encuentra sustentado mayoritariamente en el clientelismo en las regiones.

Desmontar el paramilitarismo sin un reconocimiento estatal
Otro debate de fondo en el país es el problema del paramilitarismo en Colombia. En regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Antioquia, y Urabá, se ha denunciado en los últimos meses el incremento de acciones armadas, amenazas y asesinatos por parte de actores armados ilegales, autodenominados como paramilitares. Y aunque su presencia en estos territorios no es nueva, las comunidades manifiestan temor a que tras la salida de las FARC de estas zonas, se fortalezca su accionar y control territorial, y se ponga en riesgo la consolidación de un país en paz, por el que han trabajado no solo líderes y defensores de derechos humanos, sino comunidades enteras que históricamente han sufrido el flagelo de la guerra.

De hecho, en el primer informe trimestral de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad, como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación aprobado en el Acuerdo Final, se advirtió que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”.

Sin embargo en el Acuerdo Final, el punto 3.4 habla de luchar contra “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, y por su parte, el pasado 11 de enero el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas manifestó que “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Esto, entonces, pone de manifiesto la falta de reconocimiento estatal ante esta problemática que las comunidades han denunciado fuertemente con evidencias como panfletos, comunicados y amenazas firmadas.

Zoraida Hernández, abogada defensora de derechos humanos, dice que “esta negación actual de la persistencia del fenómeno nos recuerda cómo en la década de los años 80 y 90 se acudió al mismo discurso y mientras tanto los grupos paramilitares se fortalecieron y se extendieron por todo el territorio nacional dejando miles de víctimas, entre las que se encuentran centenares de líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados, desaparecidos u obligados a desplazarse y/o exiliarse”.

Este desconocimiento por parte del Estado preocupa porque, según Hernández, “en muchas regiones no hay un antes y un después de la supuesta desmovilización con ocasión a la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se puede hablar de reincursión paramilitar porque estos grupos no se han ido. En algunas regiones puede decirse que ha habido un cambio en la forma de ejercer el control, utilizando formas menos notorias y de pronto más sofisticadas, pero eso sí, no menos violentas. (...) El fenómeno paramilitar siempre ha estado asociado a los intereses económicos que yacen en los territorios; tierra, minería, agua, petróleo, entre otros, y a la necesidad de instaurar grandes megaproyectos que aseguren un modelo de desarrollo extractivista”.

En ese sentido, uno de los principales retos que tendrá el Gobierno de cara a la implementación del Acuerdo Final con las FARC y a la estabilidad del proceso con el ELN, es en primer lugar, explica Hernández, reconocer que existe el paramilitarismo y que será necesario reformar las instituciones del Estado que lo han permitido y tolerado, así como investigar y sancionar a las empresas, terratenientes y políticos que los siguen financiando. Esto no será tarea fácil, porque como manifiesta Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, las estructuras paramilitares “tienen una alianza muy fuerte con la fuerza pública, (...) cada vez que se intenta acabar con estos grupos, tienen dentro de las mismas fuerzas militares a los topos que alertan sobre la situación, y otro punto que no permite la desarticulación son las economías ilegales, lo rentables que son, y lo cooptados que están muchos sectores de la sociedad colombiana con este tipo de rentas y economías ilegales”.

Proteger la vida de los líderes y defensores de DDHH
Según el Programa Somos Defensores, en el 2016 se presentaron 80 asesinatos y 317 amenazas a líderes sociales, y sólo en enero de 2017 se presentaron 10 de estos homicidios y múltiples amenazas que aún no han sido contabilizadas. Esta situación es alarmante si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional, tanto en uno de los puntos del Acuerdo Final con las FARC, como en diferentes escenarios de interlocución con la sociedad civil, se ha comprometido a implementar mecanismos de seguridad y prevención para que la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos sea respetada. De hecho, el pasado 3 de febrero, Juan Manuel Santos firmó el decreto que le da vida a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tiene como objetivo desmantelar organizaciones o acciones que amenacen la implementación del Acuerdo Final o a las personas que participen en ella.

Sin embargo, como manifiesta Carlos Guevara, “no existe un avance significativo que permita deducir que ya tenemos unas estrategias de seguridad implementadas y en funcionamiento”, y expresa además que las iniciativas institucionales en el marco de la implementación del Acuerdo Final no son suficientes, “(...) ni siquiera las que se estaban implementando antes de los acuerdos son viables. El punto 3.4.3 del Acuerdo, que es el que habla de seguridad y protección a defensores de derechos humanos no se ha implementado, (...) aunque el año pasado se instaló la Mesa de Seguridad y Protección, no está definido cómo se va a estructurar, ni cuáles y hasta dónde van a ser sus responsabilidades, y mucho menos se sabe cuál es el presupuesto que va a tener”.

Lo cierto es que siguen corriendo los días sin una solución de fondo a este problema, y los movimientos sociales y políticos no dejan de manifestar su preocupación por los constantes asesinatos y amenazas a sus líderes, que en lo corrido de este año van en aumento. Por eso, el pasado 12 de febrero, luego de denunciar dos atentados y múltiples amenazas en diferentes regiones del país contra sus líderes, el Congreso de los Pueblos expresó en un comunicado que “estos hechos reafirman que la persecución al movimiento social es generalizada y sistemática y se evidencia la ausencia de garantías reales y la precariedad e inocuidad de las medidas de protección que el gobierno nacional ofrece”. Por su parte, David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, dijo ante la negación del Fiscal para reunirse con las organizaciones sociales, que esto impide que se pueda fortalecer la Unidad Especial de Investigación, y es un boicot a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según Guevara, existe un desorden de parte de la institucionalidad para responder ante las situaciones de riesgo o peligro contra estos líderes, y dice que algunas medidas que resultarían efectivas para proteger sus vidas, son: la depuración de la fuerza pública; la desclasificación de archivos de inteligencia; el trabajo conjunto de prevención entre las instituciones que tienen que hacer prevención, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior. También habla de la necesidad de acercar a las organizaciones sociales a espacios que tienen incidencia en la toma directa de las decisiones, como la Fiscalía General de la Nación, y la participación en la construcción de la política pública para temas de protección y prevención, “para que no sea solo el Gobierno hablándose a sí mismo, sino que los colectivos sociales también tengan la oportunidad de aportar, pues los mecanismos de protección en Colombia nacieron porque las organizaciones sociales los exigieron, los pelearon y los metieron en la Constitución y en los decretos reglamentarios, no porque el Gobierno Nacional haya tenido una visión mucho más amplia e incluyente”, concluye.

Consolidar la solución del conflicto a través del diálogo
Lo anterior implicará que la discusión alrededor de la paz y todos sus retos siga vigente en los próximos años, incluso el debate electoral del 2018 tendrá que afrontar de nuevo el dilema entre continuar con las condiciones pactadas en el proceso de paz con el ELN, o el deseo de la extrema derecha de imponer unas nuevas que terminarían con el proceso como quisieron hacerlo con el de las FARC.

Más allá de este debate que aún resulta prematuro, el gran reto para la sociedad, es insistir en la necesidad de llevar a buen término el proceso instalado el pasado 7 de febrero en Quito. Este reto no es sencillo, el proceso con las FARC demuestra que no sólo con la voluntad de las partes basta para finalizar el conflicto, y que la pedagogía y comunicación de lo acordado debe primar sin miedo a los debates ocultos por el hermetismo de las partes.

La agenda abordará la participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. El jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, expresó durante su intervención en la instalación de la mesa pública que “ejercicios de deliberación democrática sobre problemas como la educación, la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, todos ellos incluidos en la agenda, pueden beneficiar de manera notable a departamentos como Arauca, Norte de Santander, Chocó, por sólo mencionar algunos”, reconociendo la oportunidad que propone esta agenda al país. Sin embargo, en la misma intervención agregó que “teniendo una metodología clara, confiamos en que las propuestas de la sociedad, sin tener un carácter vinculante, serán de vital importancia en esta mesa. Sabemos que estas propuestas sumadas a aquellas que lleven a dicha mesa Gobierno y ELN, nos permitirán enriquecer el análisis de los temas que vamos a discutir”. En ese sentido, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del ELN para estos diálogos, respondió que “esto que acaba de ocurrir es la primer puja. Para el Gobierno la participación de la sociedad no debe ser vinculante, nos parece que lo asumen como un carácter ornamental, ahí tenemos una gran diferencia, para nosotros debe ser el centro de este proceso, y eso se vio reflejado, no sólo en los discursos de ambas partes, sino en la participación de los movimientos sociales durante la instalación que fue minúscula, muy limitada”.

La diferencia de las partes se tendrá que saldar en la mesa, lo que es claro es que en medio de la discusión y construcción de propuestas por parte de la sociedad que aborden temas como la salud, la educación o la corrupción, se tocará también el tema del modelo económico y social, y eso por lo menos provocará que se revisen diferentes iniciativas que durante su Gobierno, Santos ha impuesto a pesar de los diálogos de paz. Un ejemplo es la aprobación del Código de Policía que trae restricciones al derecho a la protesta, lo cual se opone a lo que Juan Camilo Restrepo manifestó el pasado 7 de febrero en la Hacienda Cashapamba: “Así como decimos que el tiempo de la paz ha llegado, decimos también con la misma convicción que el tiempo de la política con armas debe terminarse en Colombia. Entendemos que modernizar nuestro Estado pasa por asegurar una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que la afectan directamente, promover una ciudadanía activa que contribuya a la toma de decisiones y al ejercicio del control político como ha sido el espíritu de nuestra Constitución”.

Territorio. Identidad. Cultura. Vida digna. Bienestar. Soberanía. Autonomía. Unidad. Estos son pilares para la acción política de una organización compuesta por comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de Colombia, que durante 20 años ha trabajado para defender la tierra, el territorio, los alimentos y los derechos del campesinado. Se trata del Coordinador Nacional Agrario de Colombia – CNA.

En la década de los 90, el mundo empezó a transitar hacia la globalización y el libre comercio. En Colombia, César Gaviria, presidente entre 1990 y 1994, se sumó a esta apertura económica y abrió las puertas del país para la importación de productos. Debido a estos cambios sociales, políticos y económicos, la agricultura empezó a enfrentar una grave crisis, y los principales afectados, además de los cerealeros, resultaron ser los cafeteros, lo que provocó, el 19 de julio de 1995, el paro cafetero más grande de las últimas décadas en el municipio del Líbano, en el Norte del Tolima.

En solidaridad y para acompañar esta lucha, llegaron al lugar diferentes organizaciones de todo el país, como el Comité de Integración del Macizo colombiano –CIMA-, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca –ADUC-, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, los movimientos campesinos del Catatumbo, centro del Valle, entre otros. Los intercambios permitieron a estos campesinos realizar una lectura de la situación que atravesaba el país y el mundo en materia económica, y entendieron que el sector agrario estaba transitando a otros modos de producción como los monocultivos de materias primas y la agroindustria, para lo que el campesinado empezaba a ser un estorbo.

Allí, entonces, se sembraron las semillas de una organización nacional fuerte, que pudiera enfrentar esas políticas, y que funcionara como una coordinación agraria a nivel nacional en la que se definiera un programa de defensa del campesinado en ese contexto de economía globalizada. Robert Daza, vocero y uno de los fundadores de esta iniciativa, cuenta que “en ese momento las luchas agrarias empiezan a tener sentido, ya no únicamente en la reivindicación de la tierra para el que la trabaja, sino en un contexto mucho más amplio, es decir del territorio, porque el papel que otorgaban los grandes poderes económicos a los países de África y América Latina, era el de proveedores de materias primas, hidrocarburos, recursos energéticos, biodiversidad y recursos minerales. Esos recursos se encuentran sobre todo en los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, entonces desde allí se empieza a entender que la lucha tiene que ser también por la defensa de los elementos vitales para la vida rural y urbana, como es el elemento agua, la biodiversidad, la cultura misma, y por supuesto de la comida”.

Así se consolidó el Coordinador Nacional Agrario como una plataforma que desde entonces ha puesto al centro luchas lideradas por el campesinado pero que tienen qué ver con todo el pueblo colombiano, como es la defensa de la soberanía alimentaria. Trabajan también por la creación de una territorialidad campesina donde la autoridad sean los mismos campesinos; luchan por la equidad de género y contra las violencias que se ejercen hacia las mujeres; defienden la vida y los derechos humanos; exigen al Estado que la solución para los cultivadores de coca, marihuana y amapola no sea de guerra, sino con proyectos alternativos que permitan la sostenibilidad del campesino. A lo largo de la historia, se han articulado además a plataformas como la Minga Indígena, que luego fue Minga Social, Indígena y Comunitaria, y al Congreso de los Pueblos, y participan en la Vía Campesina, organización mundial de los campesinos. Todo esto con el objetivo de aportar al país sus luchas, ideas y experiencias, para que el campesinado pueda sobrevivir en la historia.

“Somos una población culturalmente diferenciada, y por la amenaza de la guerra y de las políticas nacionales e internacionales estamos en vía de extinción. Por eso la apuesta que tiene el CNA en este momento, es que como campesinado podamos alcanzar el reconocimiento jurídico en las leyes colombianas, que el Gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que nosotros tengamos la posibilidad de constituir nuestros territorios campesinos y podamos ser autoridad, que tengamos derecho a la consulta previa sobre cualquier proyecto que se vaya a emprender en ellos, pero que también tengamos la posibilidad de organizar a través de nuestros planes de vida cuáles son las transformaciones y cambios que queremos para vivir en esos territorios”, explica Robert.

Aunque han tenido que padecer la persecución y asesinato de sus líderes campesinos, e incluso cuando recién nacían estuvieron al borde del fracaso, por el exterminio de sus organizaciones a manos de paramilitares, nunca han desfallecido en su propósito y en lo que entienden como su misión: proveer alimentos sanos y culturalmente adecuados al país, defender los territorios, cuidar los bienes comunes como el agua y la biodiversidad, y seguir manteniendo viva la cultura campesina, que es su vez la cultura, identidad y raíz de la mayoría del pueblo colombiano.

Monday, 20 February 2017 00:00

Editorial 125: A la fiesta vamos a bailar

Motivados por el coro del auditorio que decía “la paz de Colombia es la paz del continente”, sus rostros y sus cuerpos atravesaron las cortinas rojas de la tarima del Teatro Nacional de Ecuador. Eran doce, encabezados por el comandante Pablo Beltrán, y los custodiaba la guardia cimarrona, unos negros y unas negras fuertes y bellas de las comunidades del suroccidente colombiano que se tomaron en serio el trabajo que les dio la seguridad del evento, de custodiar y proteger a la delegación de paz del ELN, la misma que como un grupo de rock famoso saltaba a la tarima ante los aplausos y la ovación del público.

El auditorio lo conformaban casi 600 personas; 400 de ellos eran colombianos y colombianas, del suroccidente y del centro del país que habían viajado más de 30 horas y soportado retenes y requisas en las carreteras con tal de ver en persona la instalación de la fase pública de la mesa de negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. Los otros 200 eran parte del movimiento social ecuatoriano y funcionarios de la casa de la cultura de ese país que habían brindado hospitalidad a los viajeros, y en un acto de fraternidad y solidaridad declararon esa institución y sus hermosas instalaciones como territorio de paz latinoamericano.

Las comunidades viajaron a Quito porque habían sido invitadas a una fiesta democrática, la instalación de la mesa de diálogos de paz, en la cual el punto de participación es el primero y para ellas el más importante. Pero ante la negativa del Gobierno colombiano y la cancillería ecuatoriana de permitir su presencia en el acto formal de instalación decidieron hacer su propia fiesta, para invitar sin rencores a todos y todas: un acto político cultural colombo – ecuatoriano, en el teatro nacional, al cual asistieran ambas delegaciones, los países amigos y los garantes del proceso de paz, pero a ésta solo asistieron la delegación del ELN y los delegados de los países amigos como Holanda, Suiza, Suecia, entre otros; la del Gobierno no fue.

Lástima. La gente también los hubiera aplaudido, porque lo que perseguía la actividad era construir así fuera por un momento, así fuera simbólicamente, un escenario de paz, uno que jamás se han permitido los colombianos y colombianas, uno en donde la sociedad también se siente al mismo nivel con la insurgencia y el Gobierno. Uno en donde pueda expresar sus esperanzas y sus sueños. Uno en donde se pueda construir colectivamente el país de todos, no el de una pequeña élite.

Por esa razón, aunque Juan Camilo Restrepo en su discurso oficial habló de una participación “acotada y no vinculante”, la gente valoró la altura, el tono y el respeto de su discurso, principalmente porque en este reconoció a la otra parte; y por eso estaban esperanzados con la presencia o al menos el saludo del Gobierno en aquel acto político cultural. Su ausencia fue una señal negativa, un gesto inequívoco de rechazo a la participación activa y decisoria del pueblo en la solución de las causas del conflicto político, social y armado; fue más que un desplante. El Gobierno no quiere que la gente se involucre enserio en el desarrollo del primer punto de la agenda de diálogos. El Gobierno quiere una fiesta en donde la sociedad no pueda bailar.

Y aunque la actividad político cultural resultó emotiva y reparadora para los que habían maltrecho su humanidad con el largo viaje, las comunidades regresaron a sus territorios con la pregunta frente al futuro del proceso. Es una lástima que el Gobierno y su delegación mantenga la idea de que el acuerdo de paz es un asunto privado entre la guerrilla y ellos. Es lamentable que consideren de poca monta la oportunidad de poner a funcionar la oxidada máquina de la democracia, cuyo corazón es precisamente la participación activa, dinámica y especialmente decisoria de la gente, del pueblo que nunca ha tenido más escenarios democráticos que los monótonos e ineficaces procesos electorales a los cuales se va a cambio de dádivas, tejas y tamal.

La oligarquía colombiana le tiene miedo a la democracia. Siente pánico de solo imaginar que millones de personas puedan deliberar sobre los asuntos más importantes de la nación, se asusta con la idea de que la gente se pueda encontrar y en medio de un diálogo nacional decida darse una oportunidad con otros líderes, con otra concepción de la vida, y con otros intereses diferentes a los del salvaje sistema que hoy tiene a miles de millones de seres humanos aguantando hambre en todo el planeta.

Colombia es el tercer país más desigual del mundo, sin embargo sus élites no tienen ni el más mínimo sentimiento de autocrítica. Han gobernado bajo el mismo régimen por más de 200 años, y logran cínicamente echar la culpa de las desgracias del país a otros. Se roban los recursos con los que los colombianos podrían tener una calidad de vida digna, y son capaces de sacarles la plata de los bolsillos para llenar de nuevo las arcas vaciadas por su corrupción. Aun así están convencidos que no existe nadie capaz de administrar y gobernar mejor, y menos la gente que trabaja y produce riqueza a la nación, y lucha todos los días de su vida para sobrevivir y sacar adelante a su familia.

Existe miedo en la oligarquía. Miedo a que se acabe la razón de su guerra, miedo a que le quiten sus privilegios, miedo a que se pongan al frente otros y otras capaces de distribuir mejor, de soñar colectivamente y de construir un país en el que quepamos todos y todas con abundancia no solo material sino espiritual.

El paso hay que darlo. Se puede empezar por el castigo en las urnas a los partidos que han gobernado hasta ahora, sin vacilaciones con los uribistas o santistas. Hay que construir liderazgos propios y creer en ellos; hay que juntar esos liderazgos, y esa unidad debe tener al centro los intereses de los más pobres. Es necesario movilizarnos y participar con vocación de poder. La lucha es por la unidad de los partidos y corrientes que tienen el corazón puesto en la idea de transformar el mundo.

Sunday, 12 February 2017 00:00

Miércoles de Documental: Mar de Fondo

La vejez y la enfermedad, evidencian a un pescador el fin de la actividad a la cual ha estado arraigado toda su vida. Este hombre, único sobreviviente de la primera generación de pescadores artesanales del municipio de Arboletes, se niega a dejar de navegar, y se aventura mar adentro en el que podría ser su último viaje.

 

Wednesday, 08 February 2017 00:00

Miércoles de Documental: En La Unión

Duración: 11:23
Año de producción: 2014
Sinopsis en español:
"En La Unión" es un documental que narra el diario vivir de una pareja de ancianos que viven solos entre las montañas del municipio de La Unión, Antioquia, alejados de la vida urbana y dedicando su vida al campo.

 

Hizo parte de:

Festival de Cine de Oriente 2014 - selección oficial (Colombia)

Festival de Cine corto de Popayán 2014 - selección muestra unversitaria (Colombia)

Festival Internacional de cine independiente de Villa de Leyva  2014 - selección muestra documental  (Colombia)

Festival de cine de Santa Fé de Antioquia 2014 - Selección muestra caja de pandora (Colombia) 

Festival de cine Colombiano al campo Siembra fest 2014 - Ganador de la categoria nuevos creadores (Colombia)

Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay  ATLANTIDOC 2014 - Selección Oficial.

Festival internacional de documental santiago Álvarez in memoriam 2014 - selección oficial

5ta Muestra Audiovisual La Imagen de la Memoria: Sección nacional.

DocsBarcelona+Medellín 2015 - Cortometraje Documental Colombiano 

1er Festival de cine de Jardín 2016


Desde el 8 de febrero de este año se podrá visualizar en la página web de periferia -www.periferiaprensa.com- un nuevo documental cada 8 días. Este nuevo espacio se llama “Miércoles de Documental” y busca ser una ventana para difundir diferentes producciones universitarias que han alcanzado múltiples reconocimientos en diferentes festivales a nivel nacional e internacional.

Cada una de las historias que se relatan en esta primera temporada tiene como eje común ser historias de personas: entre ellos campesinos, pescadores, sacerdotes y hasta cantantes vallenatos de las diferentes regiones del país.


A continuación las sinopsis de las historias que se podrán ver en la página desde el 8 de febrero:


• 8 de febrero: En La Unión, de Michael Osorio


“En La Unión” es un documental que narra la cotidianidad de una pareja de ancianos que viven solos entre las montañas del municipio de La Unión, Antioquia, alejados de la vida urbana y dedicando su vida al campo. Siendo de carácter observacional, esta obra audiovisual refleja, tanto la labor del hombre campesino, como la de su mujer. Junto a algunas de sus vivencias, esta pareja demuestra cómo el amor y la compañía mutua es de vital importancia para continuar cada día.


• 15 de febrero: Mar de Fondo, Johnf Carmona


La vejez y la enfermedad evidencian a un pescador el fin de la actividad a la cual ha estado arraigado toda su vida. Este hombre, único sobreviviente de la primera generación de pescadores artesanales en Arboletes, se niega a dejar de navegar, y se aventura mar adentro en el que podría ser su último viaje.

 

• 22 de febrero: El cristo de los nadies, de Miguel Ángel Romero



Hoy en el retiro, la casa de Gabriel nos muestra a un hombre apasionado por la vida, de pensamiento heterodoxo y con la plena convicción de la alegría como herramienta de transformación. Regresamos con Gabriel al Barrio Santo Domingo acompañados por la historia de uno de los sacerdotes latinoamericanos que durante los años 60 ́s se alzaron las sotanas para caminar por entre el barro de los barrios populares. Esta es una historia de la consecuencia entre las ideas y el obrar del hombre.


• 1 de marzo: El Andén del Junglar, de Mauricio Villa


El acordeonero y cantante vallenato Éibar Gutiérrez vuelve a su natal Valledupar para recorrer los espacios donde transcurrió su infancia y juventud, con el fin de buscar inspiración para componer una canción que hable de sus memorias.

 

Estos documentales se podrán ver todos los miércoles a partir

de las 8 de la noche en la página web de Periferia.

Thursday, 26 January 2017 00:00

Paz, movilización y elecciones

En los próximos 18 meses se confirmarán las posibilidades de un acuerdo entre el gobierno y el ELN para terminar el conflicto armado, así como de la realización e implementación de los acuerdos logrados en La Habana con las FARC y el inicio real de una transición democrática en Colombia. Todo ello en medio del proceso electoral para elegir presidente de la República y renovar Senado y Cámara, proceso que en cierto modo expresará la correlación de fuerzas entre las organizaciones sociales y políticas. Ambos procesos tendrán en su base una muy posible reactivación de las movilizaciones y protestas populares frente al recorte del gasto público, los impactos del aumento del IVA, la profundización del modelo extractivista y la mayor agresividad de la fuerza pública para reprimirlas. A la fecha, cada uno de estos escenarios ha producido una alineación política de las organizaciones y movimientos sociales: quienes consideran que el campo de la paz debe ordenar la mirada sobre lo electoral y la movilización; quienes ven la paz y la movilización como mero escenario para una acumulación electoral; y quienes subordinan (y hasta subestiman) lo electoral y el proceso de paz frente a los desafíos de la lucha contra un neoliberalismo cada vez más agresivo y cínico. 

 

Las tensiones en cada escenario son conocidas: la paz se juega entre el apaciguamiento de las luchas sociales pretendido por el régimen como resultado de los acuerdos con las FARC y la continuidad del terrorismo de Estado, entre la urgencia de implementar los acuerdos de La Habana y la apertura de un proceso de participación previsto entre el gobierno y el ELN para acordar las transformaciones que requiere la paz, entre la disminución de la actividad militar y los anuncios de grandes operativos contra el ELN, y entre la necesidad de que el gobierno cumpla lo pactado y un establecimiento cicatero que no desaprovecha oportunidad para mezquinar desde la seguridad hasta la comida de los excombatientes en transe de dejación de armas, incluida su repulsa a cualquier acto de reconciliación, sea un baile decembrino, o sea una fotografía de soldados e insurgentes.

Por su parte, los alinderamientos electorales se mueven entre la continuidad de una tendencia para agruparse ideológicamente, cuyo protagonista principal es la convergencia entre el conservadurismo social y el liderazgo de extrema derecha (cristofascismo ha sido llamado en otras latitudes) y las urgencias de sumar grandes electorados a despecho de las distancias o cercanías ideológicas; entre la apuesta por unificar la agenda electoral en torno a la paz (que paradójicamente beneficia a la derecha) y por diversificarla con asuntos como la corrupción y algunos puntos del modelo económico; todo ello expresado en un juego de posibles alianzas y coaliciones, e incluso posibles fusiones partidarias, donde la izquierda socialista o revolucionaria (que vota) se ve descolocada.

La movilización y protesta popular siguen con las mismas urgencias e idénticas limitaciones a las que ha debido sortear en los últimos años: mantiene la fortaleza de las organizaciones del campo (indígenas, afros y campesinos) y tiene una negociación bloqueada con el gobierno, lo que se expresará muy posiblemente en nuevas acciones socio-políticas; pero a su interior hay una diferencia sobre cómo armonizar lucha por la paz y lucha por los derechos, que hasta el momento se ha zanjado con un acuerdo tácito de “dejar hacer” a los que priorizan el enfrentamiento al gobierno pero sin que los otros los acompañen con determinación. Lo nuevo en el campo rural es la inminente traición del gobierno al espíritu de los acuerdos de La Habana: las Zonas de Reserva Campesina no se desatascan y es obvio que el gobierno las dejará para después de la dejación de armas… y varios semestres más. Pero las modificaciones en los acuerdos sobre cultivos ilegales que se hicieron a los Acuerdos de La Habana serán punto de conflictividad con muchas comunidades campesinas que ya habían avanzado acuerdos directos de sustitución menos onerosos con el gobierno. De hecho, la obligación de erradicar antes de iniciar la sustitución es una imposición no solo agresiva sino antitécnica, y producirá “soluciones informales” por parte de las personas cultivadoras y por ende “soluciones típicas” por el aparato policivo-militar. Por otra parte, siguen afirmándose las grandes luchas urbano-rurales contra el extractivismo y por el derecho al agua y al medio ambiente, y en las ciudades se abren paso los procesos de revocatoria de mandatos de alcaldías impopulares, el principal de ellos en Bogotá contra Peñalosa, que por su impacto tendrá repercusiones nacionales.

Si los anteriores son rasgos principales de la coyuntura 2017-2018, se ponen a la orden del día algunos elementos de agenda:

El escenario electoral
Es costumbre en los medios de comunicación del establecimiento condenar lo que llaman la “politización de la paz”, en otras palabras, la inclusión de los temas del conflicto armado en las campañas electorales. Y en sectores de la izquierda a menudo hay un sentimiento de temor cuando la paz aparece en boca de candidatos. El problema es que la derecha ha sido más eficaz utilizando el conflicto armado y la paz para crear mayorías conservadoras (a veces cavernarias) con las cuales movilizar al electorado, como aconteció en octubre de 2016 en el plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana.

Las fuerzas sociales que siguen defendiendo la necesidad de una superación negociada del conflicto armado no deben eludir el escenario de las próximas elecciones, y antes por el contrario deben volcarse audazmente a ganarlo. Hasta ahora la paz no ha permitido que la izquierda unifique una estrategia electoral, mientras que oponiéndose a ella la extrema derecha cristofascista y el conservadurismo social (homofóbico, misógino, antiabortista, antilaicista) han creado una mayoría electoral. Es casi inevitable que el discurso guerrerista contra la paz, montado sobre estas ideologías reaccionarias, centre la campaña electoral del uribismo. Excluirse de ese espacio es simplemente dejarlo en manos de la politiquería y del Centro Democrático; y ya se evidenció el 2 de octubre cómo se comporta el llamado santismo en los escenarios electorales asociados a la paz.

Por el contrario, en el escenario electoral urge posicionar la implementación de los acuerdos de La Habana y la participación de la sociedad en los diálogos con el ELN. Al respecto, algunas acciones resultan prioritarias: Primero, el movimiento social popular y las izquierdas deben demandar de los partidos políticos y de todos los candidatos al Congreso y Presidencia un posicionamiento explícito sobre la continuidad de la política de negociación existente, tanto sobre la implementación de los acordado en La Habana como del diálogo participativo con el ELN; en el marco de la formulación de los Planes para la Transformación Rural y los Planes de Desarrollo con el Enfoque PDET, así como del Diálogo Nacional, un bloque de la izquierda y el movimiento popular debe establecer conversaciones directas y debates públicos con esos actores; también es necesario de esta parte un pronunciamiento claro sobre las acciones que van a promover o implementar respecto del terrorismo de Estado y la creciente ola de asesinatos y atentados al liderazgo social popular. Ya se conoce la posición de la extrema derecha, pero es dable obligarles a pronunciarse sobre el modo de terminar la guerra que promueven y tener un adversario más claro en la denuncia; y más importante es presionar a partidos como Cambio Radical y Conservador a sincerarse, igual que a sectores de La U y el Liberal, que formalmente han acompañado a Santos en su política de paz pero que poco hacen para que la implementación se desarrolle adecuadamente y que usan los acuerdos con un sentido corporativo que los erosiona.

En este mismo campo -en segundo lugar- resultaría muy importante que el ELN y las FARC se incorporaran en estos diálogos con todos los candidatos y partidos. La carga principal le corresponde al ELN, que no ha llegado a acuerdos con el Estado, sobre todo para des-militarizar el escenario electoral y politizarlo; un desescalamiento de las acciones militares de esa organización y del Ejército, acompañado de un intercambio epistolar y directo sobre los temas centrales de la terminación del conflicto -que en la agenda pactada se llama con acierto “transformaciones para la paz”- contribuiría a que el ámbito electoral cumpliera su cometido. No hay que desestimar el papel de propuestas que excluyen la paz de la discusión electoral, pues algunas propugnan por la marginalización del proceso de paz y de sus actores centrales; esto es aún más negativo para el ELN cuyo proceso apenas empieza. Así mismo, la izquierda social y política debe tomar nota de las declaraciones de varios vocerías de partidos del establecimiento en el sentido de no abrir espacios políticos ni mediáticos a las insurgencias en tránsito a la vida legal; para impedir el aislamiento de las FARC una vez dejen las armas -cuando el establecimiento espera que su capacidad de presión disminuya- y del diálogo de Quito y el Diálogo Nacional que proponen diversas organizaciones, es necesario actuar con audacia a favor de la visibilidad y no estigmatización de esas fuerzas políticas, pues la transición es imposible sin que FARC y ELN se conviertan en un actor natural y aceptado en una posible eventual democracia colombiana.

La agenda de paz y las luchas populares
Hasta ahora la agenda de paz ha logrado en alguna medida subordinar, apaciguar u ocultar la agenda de luchas populares. Esto fue posible porque se impuso en varios sectores populares un enfoque político que asoció la posibilidad de los acuerdos a la legitimidad del gobierno y en consecuencia contuvo las acciones de protesta; pero también porque las conversaciones de La Habana se acordaron como una fase de “terminación del conflicto” armado. El escenario que se abre en los procesos con FARC y ELN permiten un nuevo enfoque que es posible aprovechar: la implementación de los Acuerdos de La Habana entran ya en el campo de la “construcción de la paz”, o en otras palabras, en la transformación de las causas estructurales del conflicto, como el mismo gobierno ha anunciado; espacio convergente con la participación protagónica de la sociedad para definir las transformaciones necesarias para la paz, como está previsto en el diálogo del gobierno con el ELN. Así las cosas, la paz ya no podrá ser utilizada fácilmente por el discurso del establecimiento como un mecanismo para vaciar de contenido transformador el proceso de paz.

Esto permite posicionar los contenidos estructurales tanto en la implementación (La Habana) como en la participación (Quito). En la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y del Plan de Acción para la transformación regional la lucha será obviamente por quién controla la implementación (el primer round lo ha ganado el establecimiento), pero es central impulsar el posicionamiento de los cambios necesarios para la paz.

Sin que signifique reabrir debates sobre los asuntos ya acordados, que pongan en riesgos los avances conquistados por las FARC, es claro que podemos profundizar en algunos de ellos y llenar de sustancia tanto los espacios de la paz como los espacios electorales. Las movilizaciones sociales que prevemos en torno del extractivismo, la erradicación de cultivos ilegales, el aumento de impuestos, la corrupción del empresariado a gran escala y el robo de los recursos públicos, la reducción del salario real, permiten posicionar los cambios institucionales y de política pública que deberán expresarse en los Planes de Transformación Regional como en los Acuerdos sobre las transformaciones para la paz. Contrario al temor de varios sectores políticos sobre el riesgo de que la paz o las elecciones nos absorban las luchas sociales, son éstas las que podrán posicionar los cambios necesarios.

Quienes impulsan el Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz han insistido en que las organizaciones populares y democráticas acuerden con el gobierno, el ELN y los gremios del capital la agenda temática de la participación de la sociedad en el proceso de Quito. Ninguna mejor oportunidad para perfilar esos asuntos que en medio de las movilizaciones que se avecinan.

Construcción de democracia y desmonte del paramilitarismo
La implementación de los acuerdos de La Habana pondrá en evidencia la voluntad política del gobierno y del establecimiento para avanzar hacia una variante moderna de democracia. La falta de voluntad política del establecimiento todo -uribistas y santistas- se corrobora con la actuación de las élites que ante la dejación de armas de las FARC buscan imponerles en esta fase lo que no pudieron en la guerra ni en la negociación. Esto estaba advertido, es cierto, pero no por ello justifica una especie de perplejidad ante lo que acontece y un desgano político para confrontarlo con la movilización.

Urge desmontar una idea que reduce las responsabilidades de la oleada criminal a la extrema derecha uribista y a su entorno, mientras que llama y espera que el gobierno de Santos garantice la seguridad del movimiento social y de los excombatientes de las FARC. Lo cierto es que fue el gobierno el que en la mesa de La Habana impidió acciones profundas contra el paramilitarismo; es el gobierno a través de su Ministro de Defensa el que niega la existencia del paramilitarismo; fue Santos quien impulsó al Fiscal Martínez Neira, quien sostiene sin vergüenza que los cientos de asesinatos no responden a un patrón criminal; fue este gobierno el que propuso el ascenso a generales de los militares comprometidos con los falsos positivos; y es este gobierno el que no ha adoptado ninguna medida seria para desmantelar los vínculos del Ejército con los grupos de sicarios. Regalarle a Santos la inocencia por adelantado es no solo ingenuo sino que reproduce la impunidad del aparato que sostiene el terrorismo de Estado.

Todo el establecimiento debe responder por el terrorismo de Estado, no solo por obligación institucional sino porque han sido responsables materiales de este modelo de acción política. La obligación de los sectores populares es poner sobre el tapete que ninguna transición es posible sin su desmonte. Los acuerdos que se lograron en La Habana son un primer paso, pero son evidentemente insuficientes; el movimiento por la paz debe ser radical en esta exigencia, que debe estar en primer plano en los tres escenarios identificados: el de la paz, el electoral y el de la lucha popular de masas.

No es necesario esperar a que la cifra de asesinatos ascienda a 5.000 para constatar el nuevo intento de genocidio político; hace ya varios meses se debió acordar una acción nacional de masas contra el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, acompañada de propuestas específicas para su desmonte. Éstas deben incluir, sin duda, un proceso público de depuración de la fuerza pública y el cambio de la doctrina represiva que la sustenta, monitoreada por organismos democráticos de la sociedad; las organizaciones de derechos humanos han elaborado propuestas concienzudas y equilibradas que tienen consenso en amplios sectores, incluida la llamada comunidad internacional y los organismos multilaterales de derechos humanos.

Fase pública con el ELN y participación
Los diálogos del gobierno y el ELN se iniciarán este 8 de febrero en su fase pública. La discusión sobre los temas humanitarios y la participación de la sociedad serán los temas que de forma directa se vincularán con la agenda electoral y de las movilizaciones populares.

La primera tarea en este semestre es acordar la forma como deberá darse esa participación para que sea activa, determinante, útil, democratizadora. Como se señaló antes, el Comité de Impulso del Diálogo Nacional ha insistido en lograr un pacto político entre el movimiento y organizaciones populares con los gremios del capital, el gobierno y el ELN para definir los temas gruesos de esa participación, a lo que debe agregarse la definición del alcance de la misma, las garantías y sobre todo los procedimientos; los Cabildos Abiertos locales y regionales se erigen en la propuesta más viable para avanzar. Un Encuentro Nacional de Paz debería tomar una decisión en tal sentido; con presencia de todos los actores sociales y políticos del país, de todas las tendencias, será un lugar privilegiado para ganar políticamente a la derecha el sentido de paz transformadora.

Previo a ello, en el campo popular se necesario unificar una propia propuesta de mecanismo y de agenda, en el entendido de que luego habrá que acordarla con los contradictores. Lo que sí es innegociable es que se trata de una participación protagónica que no será delgada a nadie más. El ELN ha logrado que el gobierno acepte que la negociación fundamental se haga en Colombia y en el seno de la sociedad; sería un desperdicio que el movimiento democrático y de paz mantuviera una estrategia de “incidencia” en Quito cuando ya existe ganado un espacio para la decisión y la construcción de acuerdos en Colombia. El gobierno insiste en que el ELN no tiene la legitimidad para discutir ni para acordar los asuntos del modelo económico y de las fuerzas militares; pero la discusión es otra: si la sociedad en su conjunto tiene la legitimidad soberana para reestructurar el Estado y el gobierno, y sobre todo si tiene la capacidad y voluntad para lograrlo.

Finalmente, en cuanto a los diálogos de Quito el establecimiento debe abandonar cualquier idea de una negociación exprés y de adhesión a lo ya acordado en La Habana con las FARC; ese es un camino fallido. Pero sí hay cosas que se pueden aprender de lo recorrido: Por un lado, insistir en la importancia de desescalar las acciones militares. Está visto que la sociedad en su conjunto pero especialmente las comunidades locales y las organizaciones sociales se marginan del proceso si éste no implica inmediatos cambios en las condiciones humanitarias. Y por otro, empezar a adoptar acuerdos de aplicación inmediata en el Diálogo Nacional, que refuercen la vinculación activa de comunidades y organizaciones al proceso; pactos de convivencia local para superar situaciones de violencia aguda y la respuesta positiva del gobierno a los acuerdos históricamente incumplidos, son pequeñas felicidades que sustentan verdaderas transformaciones para la paz.

Thursday, 26 January 2017 00:00

Arte para la transformación

Del 9 al 12 de diciembre de 2016 se realizó en Medellín el 4to Festival Nacional de Arte a la Esquina y la Vereda. Con aproximadamente 300 artistas de todo el país, algunos de los barrios populares de la ciudad se contagiaron con la risa, el color y la diversidad que llevaban consigo los visitantes, que tienen como propósito, además, que el arte se manifieste desde una apuesta crítica y transformadora.

Con 80 presentaciones culturales distribuidas en 14 barrios del Valle de Aburrá, los 320 artistas provenientes de diferentes regiones del país recrearon el 4to Festival Nacional de Arte a la Esquina y la Vereda, que además de ser un espacio para la expresión cultural y artística, fue un espacio de debate y discusión sobre el papel que debe tener el arte frente a las realidades sociales, políticas y económicas de Colombia.

Por ese motivo, fue común que antes de las presentaciones y visitas barriales, los participantes trabajaran en mesas temáticas alrededor de temas como formación, economía, organización y comunicación, con el objetivo de adelantar discusiones de cara a la conformación de un Movimiento Nacional de Artistas. Esta idea, que nació desde el primer Festival, pretende contribuir al desarrollo creativo del país pero desde una posición que refleje el sentir de las expresiones populares, y que además visibilice y genere propuestas ante las diferentes problemáticas del país.

Para Ferney Vergel Cárdenas, participante e integrante del Colectivo Teatro Errantes, el festival es una ganancia en materia cultural dado que logra convocar a las regiones desde el sentir más natural de las expresiones culturales y populares. Para este colectivo, comenta Ferney, “el arte no puede estar de espaldas a la realidad, pero tampoco puede dejar de ser arte; tiene que sostenerse en su plataforma estética, creativa, productiva, siendo arte en sí mismo, pero dándole la cara a la realidad, evidenciando, mostrando, criticando, reivindicando, sin caer en el panfleto y en la subestimación de la misma esencia artística. El arte debe despertar preguntas en la gente”.

Aunque lo anterior ha sido tema de debate desde el primer Festival, todavía entre amigos o colectivos, y en diferentes espacios, se siguen escuchando preguntas sobre el carácter del arte y del artista. Y no están de más, porque para la consolidación de dicho Movimiento Nacional de Artistas aún queda otro camino por delante en el que será necesario generar consensos y apuestas comunes. Por eso entre todos los participantes, además de escoger a Bucaramanga como próximo anfitrión del festival, priorizaron cinco ejes sobre los que giraría el Movimiento: el artista como sujeto político; circuitos de circulación alternativa del arte; organización de los artistas; dignificación de la labor artística y memoria y ancestralidad.

Según Nelson Román Castro, integrante de la escuela popular Taller Sur de Bogotá, este proceso debe incidir socialmente, pero además “pelear con varios monstruos, como la industria cultural, y los imaginarios culturales de élites que privilegian los circuitos económicos. El propósito es llegar a la cuadra, donde están los niños, la abuela, la gente, para enraizar en arte en el contexto de la vida social y desde los saberes artísticos construir tejido social”.

Monday, 23 January 2017 00:00

¿Qué camino tomamos?

No existe la forma de señalar cuántos y cuáles fueron los acontecimientos más importantes que determinaron el rumbo de la política, la economía y la justicia social en nuestro país en 2016. El saldo es negativo para el pueblo colombiano en casi todas las materias. Los medios masivos de comunicación levantaron una montaña mediática, parecida a la escombrera de la Comuna trece de Medellín, que impide buscar y encontrar los restos de las víctimas, la verdad y los responsables de tantos vejámenes. Los medios masivos sepultaron toneladas de escándalos de corrupción y violencia de las élites con más escándalos, así ningún colombiano podría percatarse de la verdad, las causas y las intenciones de los responsables de tanto daño, e impidieron que la nación tomara la senda correcta hacia las transformaciones que requiere el país y más bien desviara su mirada hacia asuntos que en verdad interesan a las clases dominantes.

La que pudo ser la mejor noticia de las últimas décadas, se vio vergonzosamente frustrada por el sorpresivo triunfo del No liderado por quienes le han hecho la guerra a este país y apoyado por millones de personas engañadas y otras convencidas por la salida militar. Luego del acuerdo de paz y su posterior revisión, se vino encima una escalada de violencia contra los líderes campesinos de las zonas en donde se concentrarían los guerrilleros de las Farc, y los medios masivos ocultaron la gravedad de más de 100 asesinatos, al mismo tiempo que el Presidente de la República los tildó de casos aislados. Aunque las Farc, y a la postre el pueblo salieron tumbados, el peso de esa traición ni se sintió, ni generó el repudio social esperado.

Es que tenemos una sociedad cínica, que mira para otro lado ante el sufrimiento de sus hermanos, que no mueve un dedo ante la injusticia ni contra sus responsables; una sociedad a la que le gustan las armas y las motosierras de los unos, pero condenan el fusil de los otros. La misma vota por la guerra, y también es capaz de sorprender masivamente con la solidaridad ante el maltrato animal o frente a hechos como la tragedia aérea que le costó la vida a todo un equipo de fútbol. Ahí sí se ven en las calles, llorando lágrimas de cocodrilo.

Tirados en el camino quedaron los más graves hechos de corrupción, que involucran a las oligarquías santistas y uribistas, como son los casos de la venta de Isagen y el robo descarado de miles de millones de dólares en la contratación irregular y posterior proceso de construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. En estos casos las vísceras y el odio de los que se dicen oposición, de los que votaron por el No, y de los que culpan a las insurgencias por todo lo mal que está el país, no se sintieron.

Ni tampoco se van a sentir en contra del escándalo del confeso acto de corrupción y de robo descarado en los contratos con Odebrecht, de la Ruta del Sol, a manos de funcionarios del gobierno Uribe; ni en contra de la reforma tributaria, o del miserable incremento del salario mínimo. Es mucho más fácil para la mayoría encontrar los responsables entre sus hermanos y condenarnos a un debate insulso entre uribistas y santistas, como en la patria boba.

La gente no se siente capaz de asumir la responsabilidad de construir su propio futuro, de involucrarse en las transformaciones que requiere su país, y lo deja en manos de los que siempre han mal gobernado. Todos y todas deberíamos ver un sorprendente e ilustrativo discurso que se mueve en las redes sociales, en donde  Tomas C. Douglas haciendo referencia a Canadá, se inventa un cuentico infantil que cae de perlas al ejemplo colombiano. Según el cuento de Douglas, Mouseland es un país de ratones. Allí cada cuatro años los ratones van a las urnas y eligen a grandes gatos negros y gordos para que los gobiernen. Ya podemos imaginar el resto. Lo peor es que cuando quisieron los ratones cambiar de gobierno, entonces eligieron a gatos blancos. Por supuesto jamás hicieron leyes que beneficiaran a los ratones. Algún día un ratoncito les dijo a sus compañeros que el problema no era el color de los gatos sino los gatos y les propuso que eligieran un gobierno de ratones; entonces lo trataron de comunista y lo encarcelaron. Pero lo importante según Douglas, es que la idea aún encerrada no muera.

La reciente condena al Estado por los irregulares hechos de la Comuna trece, lograda por la tenacidad y valor de las comunidades y los defensores y defensoras de derechos humanos, es un ejemplo de lo que nos falta a la mayoría: tenacidad, persistencia y dignidad para continuar sin descanso en la reivindicación de las causas justas. Es necesario reforzar nuestro trabajo social mancomunado para algún día encontrar a los responsables de la crisis social que vivimos, para enjuiciarlos, condenarlos y sacarlos del poder, al igual que a su cultura de doble moral.

Por otro lado, es fundamental darle contenido a la lucha por la paz, porque esa es otra pelea que se va perdiendo. La paz es un imperativo ético de la humanidad; es un asunto propio del engrandecimiento del ser y está íntimamente ligado con la justicia, la solidaridad, la sensibilidad humana, el rechazo a la violencia, a la discriminación, y a las conductas segregadoras. La paz va de la mano con la educación, la cultura, la música, el arte, el enriquecimiento del espíritu. El Estado y las élites vaciaron de contenido este pilar que debe estar al centro de nuestras búsquedas, y lo separaron limitándolo a la dejación de armas de un reducido grupo, a la vez que se las permite a otro no tan reducido.

Entonces la tenacidad, la persistencia, y la movilización deben ser por alcanzar un país en paz con todos los ingredientes que esta contiene, y para ello seguramente hay que agotar todos los esfuerzos de nuestra existencia. No se puede separar la lucha por la paz de la lucha en contra de las políticas del Estado; no debe existir confusión entre la paz buena de Santos y la mala de Uribe. La pelea es contra esos dos y lo que representan, la lucha popular es por unir a los ratones para que bajen del gobierno a los gatos, y de una vez por todas gobierne un ratón y lo haga con sus hermanos y para sus intereses.

Wednesday, 21 December 2016 00:00

Editorial 123: La ruleta de la paz

A la paz se llega para vivir, para ser feliz, para alcanzar un mundo soñado, para lograr la libertad y hacer a otros lo que quisiéramos hacer con nosotros mismos, a la paz no se llega para morir.

Pero este es un país en un planeta donde buscar la paz es emprender un camino hacia la muerte. Un lugar en donde luchar por los cambios que aparentemente todos y todas queremos, es meterle cinco balas al tambor de la vida y darle vuelta para luego apuntarse en la cabeza; aunque tal vez tenga la oportunidad de sobrevivir.

Eso le viene sucediendo desde hace décadas a las personas que lo han intentado. Le sucedió a Guadalupe Salcedo en los años 50 cuando creyó en la paz que le ofrecía el general Rojas Pinilla. Salcedo, un hombre liberal que se dedicó a combatir contra las injusticias de su época y que jamás fue derrotado en el campo de batalla, vino a sucumbir en la silla vieja de una humilde tienda de barrio, bajo las balas del pacificador que lo invitó a él y a su ejército a hacer la paz.

Y le sucedió en los años 60 a unos hombres y mujeres conducidos por Ciro Trujillo, que huyendo de las violencias causadas por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, buscaron alejarse de la pacificación conservadora para construir su propia paz en territorios autónomos alejados del egoísmo individualista, pero también allí fueron alcanzados por las balas puestas en el tambor. Solo el azar permitió que un puñado de ellos lograra huir al juego de la ruleta y se fueran a construir un ejército del pueblo en las montañas de Colombia, para construir la paz algún día. A Pedro Antonio Marín le correspondió liderar ese grupo que ofrendaría muchas vidas durante décadas... por la paz.

También contra el plan de pacificación del pacto de élites acordado en 1958 y durante 16 años por el partido liberal y el conservador, llamado Frente Nacional, se fueron unos jóvenes para Cuba a entrenar para tratar de repetir en suelo patrio la proeza de los barbudos. Hoy, ya maduros y conducidos por uno de sus fundadores, se encuentran en Quito esperando a que los pacificadores decidan emprender con ellos el camino de la paz. Ojalá, pensarán ellos, que la invitación no sea a jugar a la ruleta de siempre, la misma que desde 1964 viene jugando Nicolás Rodríguez cuando apenas tenía 14 años y su señora madre remendaba los uniformes de la recién fundada guerrilla del ELN.

Entre los años 80 y 90 se quedaron en el camino otros soñadores de la paz como las cinco mil almas de la Unión patriótica, o los cientos de almas de A Luchar, y Carlos Pizarro Leongómez comandante del M-19 asesinado dentro de un avión en pleno vuelo, solo semanas después de haber firmado la paz con Virgilio Barco. Y muchos, pero muchísimos más, centenares de miles de anónimos se han quedado en el camino que emprendieron un día creyendo que por allí se llegaba a la justicia, a la igualdad y a la paz.

Hoy, ese camino plagado de peligros es evitado por la mayoría de la nación, y es lógico, ¿quién quiere andarlo sabiendo lo que le espera? Seguramente la gente no es boba, y no es que no quiera los cambios, pero no es capaz, le da miedo entrar en el juego mortal de la ruleta de la paz.
Por eso, quizás, queriendo salir del problema de cualquier manera, hoy se pide a gritos la paz a cualquier precio. La paz sin participación y sin cambios. La paz exprés desean otros y otras. Una paz sin armas y sin guerra dicen los más ingenuos. Será sin las armas y sin la guerra de las guerrillas porque en una sociedad militarizada y sin la opción de debatir sobre ese flagelo, millones de armas seguirán en las manos de paramilitares, bandas, mafias, civiles y fuerzas militares; estas últimas, en especial, no están dispuestas a dejar de disparar bajo ninguna circunstancia, se necesitan para “defender la patria”, aunque no se sabe ahora de quién la defenderán. Tal vez sea para defender a las transnacionales, a la oligarquía, a los corruptos y a los pacificadores de turno.

Después del 2 de octubre de 2016, cuando se perdió el plebiscito por la paz, las insurgencias y los millones que esperábamos el triunfo del Sí entramos en modo incertidumbre. Y aunque se encendieron las luces de la posible instalación de la mesa de Quito con el ELN, seguramente para ocultar el fracaso de La Habana, el gobierno y la oligarquía empezaban a vivir un sueño dorado, un país sin guerrilla a cambio de una ilusión de acuerdo de paz. Un sueño dorado porque con una guerrilla jugada por la paz y la otra esperando en Quito la instalación de unos diálogos que tal vez jamás inicien, el gobierno tiene el camino despejado para continuar la aplicación de reformas en contra de las libertades y la justicia social, y favorables al gran capital. Mientras tanto, el movimiento social ha estado ocupado, razonable y honestamente movilizándose en defensa de los acuerdos y exigiendo mayor participación de la sociedad en la construcción de la paz integral. ¿Qué más quieren los señores de la guerra?

Tal vez el nuevo acuerdo de La Habana del 12 de noviembre, aunque remendado y maltratado por la ultraderecha y quienes apoyaron el suicidio colectivo de la nación, sea un paso para que el camino de la incertidumbre y las minas anti transformaciones se abra. Como se dijo en el pasado editorial, la tierra está abonada para seguir sembrando. Y es terreno fértil para todos y todas, nadie tiene excusa para no jugársela por un país a la medida de sus intereses, los que sean. Los de una colonia en ultramar con reyezuelos terratenientes y homofóbicos; o la de una nueva patria equitativa, libre y soberana.

Ahí están las opciones. Pueden ser muchas más: la indiferencia, la de tirar la piedra y esconder la mano, la de responsabilizar a los demás. O, la de la participación y el diálogo entre todos y todas, la de los oídos abiertos especialmente a las necesidades de las víctimas y los despojados, la que distribuye mejor la riqueza, la que busca educación y salud universal y de calidad al alcance de todos y todas. No hay que tenerle miedo a la participación, a la democracia y a la vida.

Señores y señoras empresarios, políticos de toda clase, partidos, obreros y campesinos, negros e indígenas, estudiantes y mujeres, colombianos y colombianas, la mesa está servida.

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