Periferia

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Martes, 19 Abril 2016 00:00

Editorial 114: La dama Colombia

 

Por estos días el departamento de La Guajira volvió a ser noticia; mala noticia, porque más de siete niños Wayúu murieron y otros tantos están a punto de fallecer de desnutrición en hospitales del Atlántico. Las comunidades de regiones como la Alta Guajira, el Chocó, Cauca, Córdoba y Magdalena son las más pobres de Colombia y existen para el resto del país solo cuando la tragedia que las consume toca límites de crueldad; y son los medios masivos de comunicación los responsables de recordárnoslo, pero también de invisibilizarlos. Forman la alharaca y nos sensibilizan por unos días mientras baja la marea. Sobre las razones de esa miseria no dicen nada, lo ocultan porque sus jefes, los empresarios multimillonarios nacionales y extranjeros, tienen tanta responsabilidad en este drama como los que gobiernan el país y le abren la puerta a los extranjeros para que lo saqueen.

Nadie, salvo la prensa alternativa y popular, investigadores independientes y otros medios con perspectiva social, muy pocos y que por fortuna existen aunque con gran dificultad, tratan de gritar a los cuatro vientos y mostrar con argumentos las razones que consumen a esos hermanos y hermanas en la miseria. Estos trabajos casi nunca son fuente de consulta para los grandes medios ni para los organismos de control.

De acuerdo con un reportaje periodístico hecho en 2015 por el portal Las Dos Orillas, la nación indígena Wayúu, que sería la más grande de Colombia con más de 144 mil integrantes “muere de hambre y sed porque el río madre de la región fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo”. Se trata de El Cerrejón, que no le deja al país sino pérdidas.

En la Guajira sí hay agua, y hay tecnología que desaliniza el agua del mar, pero es utilizada para mantener fresco el carbón que se va para el extranjero, no sin antes dejar enfermedades y daños ecológicos en la bella costa atlántica, por donde quiera que pase el tren cargado de miles de toneladas de este mineral.

“…Más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición en esa zona (departamento desértico de La Guajira) y al menos 5 mil han muerto de inanición, aunque autoridades tradicionales Wayúu, como Armando Valbuena, sostiene que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil”. Pero contrario a lo que plantean los periodistas de Las Dos Orillas, las cifras no han conmovido a nadie, o por lo menos nadie ha hecho nada para resolver semejante drama, en un departamento que puede ser el más rico del país, por sus reconocidas reservas de carbón, níquel y gas, entre otros.

El maestro Hernando Marín, compositor vallenato de “la Dama Guajira”, nunca se equivocó cuando señaló a su natal departamento como una dama a la que galantean los extranjeros por su riqueza, pero que luego de saquearla la abandonan. Deberíamos hablar de la “Dama Colombia”, a la que le quitaron Panamá, y su petróleo y su oro y su agua y a la que no se cansan de saquear.

Qué podemos decir del más reciente escándalo de Reficar, la refinería de Cartagena, a la cual se le invirtieron más de 8 mil millones de dólares. En 2006, Colombia estaba gobernada por Uribe Vélez y la plata era administrada por su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga; el contrato para la modernización de la refinería se hizo con Glencore, una empresa norteamericana que jamás había construido una refinería en su vida, por algo más de 3700 millones de dólares. Esta empresa no solo dejó tirada la construcción sino que salió premiada con 580 millones de dólares, según la Contraloría General de la Nación.

Lo peor es el cinismo que acompaña a los gobiernos sucesivos; a los ministros de antes y presidentes de empresas de ahora; y a los grandes medios masivos de comunicación que ocultan toda esta podredumbre y corrupción, y hasta lavan los rostros de los responsables.

En entrevista que Darío Arismendi de Caracol Radio le hizo a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, en octubre de 2015 cuando se “inauguró” la refinería de Cartagena, las alabanzas de un lado y la falsa modestia del otro fueron el común denominador durante muchos minutos (20¨). Allí se minimizó el tema del descalabro financiero y hubo expresiones de Darío Arizmendi de “pero bueno nunca es tarde” para referirse a la demora en la culminación de la obra (10 años). Echeverry por su parte dijo que estaban investigando las irregularidades y que tratarían de rescatar el dinero que se hubiera perdido, no señaló a ningún responsable, por supuesto, pero sí dejó un manto de duda sobre el sindicato de la USO, según él, por la Huelga de 2013 en esa refinería, se habrían perdido 550 millones de dólares; además enfatizó que con esta refinería prácticamente estaría resuelto el abastecimiento de combustible para jet, diesel de bajo azufre, gasolina de alto octanaje, propileno, coke y nafta, y se desbordó en elogios sobre los aportes a la industria, el empleo y el PIB que esta obra representaba.

La refinería aún no está al 100% y según fuentes consultadas por Periferia, no lo va a estar y tampoco va a resolver el tema del abastecimiento, y es posible que se encuentren muchas otras irregularidades de tipo técnico que costarán muchos más millones de dólares al país. Aunque caracol señala a Echeverry como un prohombre de la economía y un inmejorable ejecutivo, es importante recalcar que era el Ministro de Hacienda entre 2010 y 2012, y como tal presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cuando ese negocio estaba en plena ejecución, por tanto es responsable en parte de este robo descarado por acción u omisión.

Cuando estalló el escándalo en febrero de 2016, emanado del informe de la Contraloría General de la Nación, el mismo Arismendi manifestó que el único que había advertido las irregularidades del negocio de Reficar en su momento fue el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry; y que la única emisora que había denunciado y publicado sobre el tema era Caracol. ¡Que cinismo!. La USO, durante sus 100 años de existencia, ha denunciado cómo los gobiernos y las transnacionales se roban el petróleo colombiano. Fue una huelga de la USO en 1948, la que exigió la creación de Ecopetrol, como empresa estatal; desde hace aproximadamente 20 años vienen denunciando y demostrando como a Ecopetrol se lo roban, como lo privatizan por pedazos; desde hace por lo menos 8 años los dirigentes sindicales de la USO, advirtieron sobre irregularidades en Reficar y por mucho tiempo han exigido que el petróleo se refine en Colombia y en ese sentido han exigido la modernización de la refinería de Barrancabermeja; ningún medio ni organismo de control le ha parado bolas, jamás los micrófonos ni la pantalla, de los medios masivos, han estado disponibles para esta organización.

Es importante señalar algo más: Ecopetrol va a “regalar” Propilco y CENIT, la empresa de transporte de hidrocarburos, otra gallina de los huevos de oro, que le deja algo más del 40% de los ingresos a Ecopetrol. Esta privatización dejaría el cascarón de Ecopetrol quebrado, para echarle la culpa seguramente al sindicato. Vamos a ver si los medios masivos o los organismos de control son capaces de investigar, evitar este despilfarro; publicarlo y denunciarlo.

Martes, 19 Abril 2016 00:00

Editorial 114: La dama Colombia

Por estos días el departamento de La Guajira volvió a ser noticia; mala noticia, porque más de siete niños Wayúu murieron y otros tantos están a punto de fallecer de desnutrición en hospitales del Atlántico. Las comunidades de regiones como la Alta Guajira, el Chocó, Cauca, Córdoba y Magdalena son las más pobres de Colombia y existen para el resto del país solo cuando la tragedia que las consume toca límites de crueldad; y son los medios masivos de comunicación los responsables de recordárnoslo, pero también de invisibilizarlos. Forman la alharaca y nos sensibilizan por unos días mientras baja la marea. Sobre las razones de esa miseria no dicen nada, lo ocultan porque sus jefes, los empresarios multimillonarios nacionales y extranjeros, tienen tanta responsabilidad en este drama como los que gobiernan el país y le abren la puerta a los extranjeros para que lo saqueen.

Nadie, salvo la prensa alternativa y popular, investigadores independientes y otros medios con perspectiva social, muy pocos y que por fortuna existen aunque con gran dificultad, tratan de gritar a los cuatro vientos y mostrar con argumentos las razones que consumen a esos hermanos y hermanas en la miseria. Estos trabajos casi nunca son fuente de consulta para los grandes medios ni para los organismos de control.

De acuerdo con un reportaje periodístico hecho en 2015 por el portal Las Dos Orillas, la nación indígena Wayúu, que sería la más grande de Colombia con más de 144 mil integrantes “muere de hambre y sed porque el río madre de la región fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo”. Se trata de El Cerrejón, que no le deja al país sino pérdidas.

En la Guajira sí hay agua, y hay tecnología que desaliniza el agua del mar, pero es utilizada para mantener fresco el carbón que se va para el extranjero, no sin antes dejar enfermedades y daños ecológicos en la bella costa atlántica, por donde quiera que pase el tren cargado de miles de toneladas de este mineral.

“…Más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición en esa zona (departamento desértico de La Guajira) y al menos 5 mil han muerto de inanición, aunque autoridades tradicionales Wayúu, como Armando Valbuena, sostiene que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil”. Pero contrario a lo que plantean los periodistas de Las Dos Orillas, las cifras no han conmovido a nadie, o por lo menos nadie ha hecho nada para resolver semejante drama, en un departamento que puede ser el más rico del país, por sus reconocidas reservas de carbón, níquel y gas, entre otros.

El maestro Hernando Marín, compositor vallenato de “la Dama Guajira”, nunca se equivocó cuando señaló a su natal departamento como una dama a la que galantean los extranjeros por su riqueza, pero que luego de saquearla la abandonan. Deberíamos hablar de la “Dama Colombia”, a la que le quitaron Panamá, y su petróleo y su oro y su agua y a la que no se cansan de saquear.

Qué podemos decir del más reciente escándalo de Reficar, la refinería de Cartagena, a la cual se le invirtieron más de 8 mil millones de dólares. En 2006, Colombia estaba gobernada por Uribe Vélez y la plata era administrada por su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga; el contrato para la modernización de la refinería se hizo con Glencore, una empresa norteamericana que jamás había construido una refinería en su vida, por algo más de 3700 millones de dólares. Esta empresa no solo dejó tirada la construcción sino que salió premiada con 580 millones de dólares, según la Contraloría General de la Nación.

Lo peor es el cinismo que acompaña a los gobiernos sucesivos; a los ministros de antes y presidentes de empresas de ahora; y a los grandes medios masivos de comunicación que ocultan toda esta podredumbre y corrupción, y hasta lavan los rostros de los responsables.

En entrevista que Darío Arismendi de Caracol Radio le hizo a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, en octubre de 2015 cuando se “inauguró” la refinería de Cartagena, las alabanzas de un lado y la falsa modestia del otro fueron el común denominador durante muchos minutos (20¨). Allí se minimizó el tema del descalabro financiero y hubo expresiones de Darío Arizmendi de “pero bueno nunca es tarde” para referirse a la demora en la culminación de la obra (10 años). Echeverry por su parte dijo que estaban investigando las irregularidades y que tratarían de rescatar el dinero que se hubiera perdido, no señaló a ningún responsable, por supuesto, pero sí dejó un manto de duda sobre el sindicato de la USO, según él, por la Huelga de 2013 en esa refinería, se habrían perdido 550 millones de dólares; además enfatizó que con esta refinería prácticamente estaría resuelto el abastecimiento de combustible para jet, diesel de bajo azufre, gasolina de alto octanaje, propileno, coke y nafta, y se desbordó en elogios sobre los aportes a la industria, el empleo y el PIB que esta obra representaba.

La refinería aún no está al 100% y según fuentes consultadas por Periferia, no lo va a estar y tampoco va a resolver el tema del abastecimiento, y es posible que se encuentren muchas otras irregularidades de tipo técnico que costarán muchos más millones de dólares al país. Aunque caracol señala a Echeverry como un prohombre de la economía y un inmejorable ejecutivo, es importante recalcar que era el Ministro de Hacienda entre 2010 y 2012, y como tal presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cuando ese negocio estaba en plena ejecución, por tanto es responsable en parte de este robo descarado por acción u omisión.

Cuando estalló el escándalo en febrero de 2016, emanado del informe de la Contraloría General de la Nación, el mismo Arismendi manifestó que el único que había advertido las irregularidades del negocio de Reficar en su momento fue el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry; y que la única emisora que había denunciado y publicado sobre el tema era Caracol. ¡Que cinismo!. La USO, durante sus 100 años de existencia, ha denunciado cómo los gobiernos y las transnacionales se roban el petróleo colombiano. Fue una huelga de la USO en 1948, la que exigió la creación de Ecopetrol, como empresa estatal; desde hace aproximadamente 20 años vienen denunciando y demostrando como a Ecopetrol se lo roban, como lo privatizan por pedazos; desde hace por lo menos 8 años los dirigentes sindicales de la USO, advirtieron sobre irregularidades en Reficar y por mucho tiempo han exigido que el petróleo se refine en Colombia y en ese sentido han exigido la modernización de la refinería de Barrancabermeja; ningún medio ni organismo de control le ha parado bolas, jamás los micrófonos ni la pantalla, de los medios masivos, han estado disponibles para esta organización.

Es importante señalar algo más: Ecopetrol va a “regalar” Propilco y CENIT, la empresa de transporte de hidrocarburos, otra gallina de los huevos de oro, que le deja algo más del 40% de los ingresos a Ecopetrol. Esta privatización dejaría el cascarón de Ecopetrol quebrado, para echarle la culpa seguramente al sindicato. Vamos a ver si los medios masivos o los organismos de control son capaces de investigar, evitar este despilfarro; publicarlo y denunciarlo.

En los últimos meses se han hecho importantes anuncios  por parte del gobierno nacional y las FARC- EP, encaminados a la consolidación de un cese bilateral como parte de los acuerdos de La Habana. Pese a  esto, continúa la zozobra por la violencia paramilitar e intimidaciones a quienes hacen parte del movimiento social en Antioquia.

 

Desde el pasado 20 de julio de 2015 la intensidad del conflicto armado en el país se ha visto reducida históricamente debido al cese unilateral decretado por las FARC-EP. Según el informe del pasado 20 de enero del CERAC -Centro de recursos para el análisis de conflictos-, este semestre ha sido el de menor intensidad del conflicto armado en sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones bélicas, en este sentido, a la fecha del informe, en casi dos meses no se registró ninguna acción ofensiva violenta de esta guerrilla, ni combates entre las partes. De igual manera el gobierno ha implementado medidas en la mesa de conversaciones como la liberación de un grupo de presos políticos de esta guerrilla, que sumado al anuncio conjunto del acuerdo en un mecanismo tripartito de verificación al cese bilateral, apoyado por la ONU y la CELAC, crean un clima de confianza para la culminación de esta etapa final de la mesa de La Habana, sin embargo, en medio de estos avances en materia de paz existe otra violencia que se viene incrementando en las regiones de manera silenciosa: la paramilitar.

Presencia paramilitar en San José de Apartadó
Aunque la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, ACASA, denunció desde hace algunos años la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la región del Urabá, las autoridades civiles habían negado su presencia para tratar de reducir las alertas. Según los campesinos parece existir una complicidad, que se evidencia en casos como el desplazamiento de grupos paramilitares seguidos del ejército, por veredas como Playa Larga, donde está ubicada una de las fincas más grandes de Alias Otoniel. Fruto de las denuncias realizadas por las comunidades se dio inicio en el 2015 a la operación Agamenón, ejecutada por un comando élite especializado de Bogotá. Lo particular, según ACASA, es que para esta operación no fue avisada la fuerza pública de la región, por sospechas de connivencia con esta estructura paramilitar.

Durante el último semestre la situación de zozobra ha aumentado para los pobladores de esta región. Los allanamientos de viviendas sin orden judicial de la autoridad competente, amenazas de tomar represalias por parte de miembros de la brigada XVII, desplazamientos a causa de la presencia paramilitar en veredas como Rodoxalí y El Porvenir e intimidaciones, son algunas de las dificultades que afrontan las organizaciones sociales y población del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Por ejemplo, líderes sociales y estudiantiles que han pedido la reubicación de la base militar, próxima al Colegio El Mariano, a una distancia que no ponga en peligro la vida e integridad física de los menores que estudian allí, son señalados por las Fuerzas Militares quienes argumentan que hay un complot con la guerrilla para hacerlos salir del corregimiento.

El más reciente capítulo de este escenario problemático es la retención de dos líderes comunitarios, Jesús Arley Cartagena y Laura Cataño, quienes habían recibido amenazas de muerte en el mes de julio del 2015. Esta retención se llevó a cabo el 22 de diciembre del año 2015, mientras realizaban sus labores sociales y comunitarias cotidianas en su territorio y en la Junta de Acción Comunal. De igual manera el 22 de enero de 2016 fueron capturados el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas, Juan Bautista Celada, Silvia Rosa Sepúlveda y Oscar Muñoz.

El panorama para San José de Apartadó está muy lejos de las intenciones de paz que se vienen construyendo en la Habana, pues mientras los paramilitares intimidan y caminan tranquilos por las diferentes veredas de esta región, quienes están organizados en acciones comunales, u organizaciones sociales vienen sufriendo amenazas de los mismos paramilitares y señalamientos por parte de la fuerza pública, que anunció desde ya la judicialización en los próximos días de alrededor de 50 personas.


Desplazados por terror paramilitar en El Bagre
El conflicto armado ha sido una realidad latente en el municipio de El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. El pasado 7 de agosto de 2015 la comunidad logró que todos los actores armados que tienen presencia en la zona, firmaran un acuerdo de paz y convivencia. Sin embargo, este solo duró dos meses. En noviembre, la zozobra empezó a crecer y los rumores de que los paramilitares se iban a meter a las veredas, se hicieron ciertos. Según relata la comunidad del corregimiento de Puerto Claver, en diciembre cuatro paramilitares murieron en enfrentamiento con la guerrilla. La semana siguiente, dos personas civiles, acusadas de ser ayudantes de grupos guerrilleros, fueron asesinadas, hecho que desató los combates entre los dos actores armados.

El 8 de enero tres campesinos fueron sacados y desaparecidos de la vereda La Llana. 10 días después el ejército notificó encontrar dos cuerpos enterrados y uno expuesto, pero decapitado; la comunidad espera que no se trate de sus vecinos. Sin embargo, por esto y debido a múltiples amenazas, más de 600 familias de veredas como La Llana, El Oso, La Primavera, entre otras, decidieron desplazarse hasta la cabecera del corregimiento de Puerto Claver, para albergarse en la casa del adulto mayor.

La comunidad ha denunciado que actores vestidos de civil con armas largas han entrado al corregimiento, sin importar que el ejército se ubique a cinco minutos este. La respuesta de la institucionalidad ante los hechos, es que se trata de enfrentamientos comunes entre bandas criminales por retaliaciones, pero organizaciones sociales del territorio como AHERAMIGUA, reclaman que esto es una condición sistemática a la que no se le ha dado tratamiento.

Aunque la secretaría de gobierno del municipio de El Bagre ofreció brindar ayudas para que las comunidades pudieran retornar a su territorio, estas exigieron que se brindaran garantías y respuestas reales: que se hiciera el trabajo pertinente para dar con la ubicación de los vecinos desaparecidos en días anteriores, y que la fuerza pública se responsabilizara por connivencia con grupos paramilitares, garantizando su derecho a permanecer en el territorio en condiciones dignas.


Señalamientos y asesinatos en veredas de Briceño
La vereda Orejón, del municipio de Briceño, fue elegida para ser el piloto del desminado en Colombia, como parte de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP. Sin embargo, este proceso se ha desarrollado en medio de un creciente conflicto protagonizado por los paramilitares. Según denuncia el movimiento Ríos Vivos, se trata de una disputa territorial que separa y confina a otras veredas aledañas como La América, El Pescado y La Molina, debido a los señalamientos y estigmatización de que son víctimas las comunidades.

En este contexto, entre octubre de 2015 y enero de 2016, tres hermanos de la vereda La América fueron asesinados por integrantes del Clan Usuga, quienes luego citaron a la comunidad para justificar los hechos, señalando a los hermanos como colaboradores de las FARC-EP. Preocupa a la comunidad, y lo manifiesta Ríos Vivos, que estos asesinatos se den de manera poco clara y en sitios donde tiene o ha tenido presencia la fuerza pública.

Martes, 19 Abril 2016 00:00

Corporación

 

La corporación Periferia Comunicación Alternativa fue fundada en el año 2004, por un grupo de amigos interesados en hacer de la comunicación alternativa y popular la mejor herramienta para visualizar los procesos de resistencia de las comunidades de la periferia de Colombia.

Martes, 19 Abril 2016 00:00

Equipo Periodístico

 

EQUIPO EDITORIAL PERIFERIA COLOMBIA

 

Director General
Olimpo Cárdenas Delgado

 

El Flako

Diego Martínez Zapata

Julian Alvarán

Jazmín Grajales

Walter Salazar

Sara López

Saúl Franco

Miguel Romero

Eran las cuatro de la tarde cuando William Castillo, defensor de derechos humanos y líder de la Asociación de hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- Aheramigua-, salió de una reunión con funcionarios de la alcaldía de El Bagre, Antioquia, en donde discutieron aspectos del Plan de Desarrollo municipal.

Mientras se dirigía hacia Los Galvanes, un establecimiento público que queda en el barrio Villa Echeverry de este municipio, William pensaba en la difícil situación de seguridad de su gente, en las amenazas que recientemente habían llegado a los líderes de su organización, y seguramente en el futuro de ese territorio rico y exuberante que durante décadas con su comunidad, a punta de propuestas autónomas, agroecológicas y sociales, han disputado palmo a palmo con los paramilitares, las transnacionales y el Estado. Los mismos que hoy en medio de un proceso de paz los hostigan.

Ya en el establecimiento Los Galvanes, William se relajó, tal vez estaba recibiendo la fresca brisa, escasa por estos días, mientras conversaba con una líder comunal. En ese momento llegaron unos sujetos y le propinaron varios disparos. Eran las 5:30 de la tarde aproximadamente, con la oscuridad de la noche llegó el último aliento de su existencia y con ella se apagó la luz de los ojos del líder de 43 años de edad.

La imagen de William Castillo allí desplomado, se repite. Era como ver a Daniel Abril, el ecologista y líder comunitario de Casanare, asesinado en idénticas circunstancias el 7 de noviembre de 2015, hace apenas tres meses y medio. Y si la forma en que quedaron los cuerpos no es la misma, y si los pensamientos que acompañaron sus últimos suspiros fueron otros, eso no importa, hay que recordarlos así porque se lo merecen; lo que duele mucho, causa rabia y sí importa es que estos crímenes se hayan consumado a pesar de ser muertes anunciadas.

Y aunque la muerte les llegó a muchos otros líderes en diferentes formas, los hechos son los mismos. “Fuerzas oscuras” secuestraron, desaparecieron y asesinaron a Carlos Pedraza hace un año y hasta hoy no ha sido hallado un responsable de este crimen. La muerte devoró a 69 líderes sociales en diferentes circunstancias en el año 2015, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. En todas ellas la responsabilidad del estado salta a la vista por acción u omisión. También salta a la vista el silencio e invisibilización de los medios masivos de información, que no solo ocultan la realidad sino que siguen alimentando la matriz mediática que señala a líderes sociales y populares como estorbos para la sociedad; en consecuencia, a esta le da lo mismo uno o mil muertos.

El 28 de febrero de 2016 fue asesinada presuntamente a manos de paramilitares Marisela Tombe, lideresa comunitaria del Congreso de los Pueblos, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca. Dos días después en Popayán, sicarios acabaron con la vida de Alexander Oime, gobernador indígena. Cinco días después en Soacha, al sur occidente de Bogotá, fue asesinado el líder de la Juventud Comunista Klaus Zapata y ayer, siete de marzo William Castillo, estos dos últimos líderes pertenecientes a la Marcha Patriótica. En las noticias de la noche del siete y ocho de marzo, día en que escribimos esta editorial, ningún medio radial o televisivo había informado sobre este lamentable hecho. El mismo ocho de marzo al medio día, la noticia sobre el municipio de El Bagre, era el asesinato de dos soldados presuntamente a manos del ELN; sin embargo sobre el asesinato de William no se dijo una sola palabra. Al parecer, para los medios masivos de información, unos muertos valen más que otros.

La mayoría de líderes asesinados pertenecían al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de gran protagonismo en las más recientes movilizaciones sociales y sin lugar a dudas actor político de importancia en el actual proceso de paz. Si no tuviéramos razón en nuestras radicales posturas frente a los medios masivos de información, si la sensibilidad humana y la cultura democrática fueran valores protegidos y promovidos desde todos los escenarios educativos, sociales y políticos y por la sociedad en su conjunto, todos los crímenes y en especial los recientes asesinatos de esos cuatro líderes sociales, hubieran causado conmoción y repudio nacional o una suspensión temporal de la mesa de diálogos de La Habana, por ejemplo; así ocurrió el año pasado, cuando fueron asesinados 11 militares en el Cauca.

Debía haberse adelantado una jornada de protesta. Una exigencia unánime de todos y todas, de las llamadas fuerzas vivas del país por el cese de los crímenes políticos, por el desmantelamiento de las estructuras paramilitares (visiblemente reactivadas en todo el territorio nacional), por el fin de la componenda que mantienen a ojos vistos los sicarios, las Bacrim y los paramilitares con las fuerzas militares y el Estado.

El país, los partidos políticos y la sociedad en general siguen presenciando inermes la debacle, o peor, siguen indiferentes y ni siquiera se dan por enterados que existe una debacle. Como en las décadas anteriores, el estado, las instituciones, las élites y todos los grupos armados a su servicio, siguen matando a sus mejores hijos e hijas. Si esta es la cuota inicial del posconflicto, entonces no existen condiciones para construir esa paz que el gobierno llama estable y duradera. Por eso, aunque parezca dura y pesimista la pregunta: ¿A cuántos muertos estamos de la paz?

El silencio de los sepulcros sigue siendo el destino para estas almas que dieron su cuerpo por la justicia y la transformación social. Paz en la tumba de todos nuestros compañeros y compañeras caídos en esta lucha. Ante la injusticia y la impunidad, ni un minuto de silencio.

Martes, 20 Octubre 2015 00:00

Editorial 111. Vencer la desesperanza

La apreciación de la coyuntura política, económica y social en el ámbito internacional, al igual que en lo nacional, confunden. No es fácil atinar a una lectura acertada del periodo, porque aún dentro de una correlación de fuerzas desfavorable con crisis civilizatoria, de guerra contra la humanidad y el planeta, se presentaba un aparente despertar del bloque popular, con aparición de movimientos políticos alternativos y grandes movilizaciones que reclamaban cambios y transformaciones. Otros acontecimientos como las negociaciones entre USA y Cuba, las giras papales y sus declaraciones “liberales” en favor de los pobres; los acuerdos entre las Farc y el gobierno de Santos y el inminente inicio de la fase pública con el ELN, entre otros, permitían avizorar un giro positivo del periodo más favorable a los procesos de transición democrática.

Pero los últimos acontecimientos generan desesperanza tanto en el contexto internacional como en el nacional, y hasta mostrarían unos elementos de cambio del periodo, pero hacia la contraofensiva  militar, económica y política del bloque dominante, una profundización de la violencia imperial con arremetidas de la OTAN, con masacres gringas en Afganistan, con bombardeos rusos en Siria, con crisis de inmigrantes en Europa, y con revaluación del dólar, caída de los precios del petróleo y decrecimiento de las grandes economías, en todo el mundo. La presencia del monstruo creado por USA, denominado Estado Islámico, con presencia en los cinco continentes, podría ser “la mejor excusa” generadora de una conflagración de grandes magnitudes globales.

Aparte de ello, los países latinoamericanos, que se vislumbraban como camino y esperanza a los pueblos del mundo, no han podido superar la arremetida del capitalismo y sus repercusiones en materia de explotación extractivista, ambiental y financiera; ni los antivalores como la corrupción, derivados precisamente de las practicas históricas del modelo neoliberal, y en especial no han podido profundizar las reformas democráticas que sus pueblos soñaron, o por lo menos van muy lentas. 

En Colombia, mientras por un lado se llega a acuerdos con las Farc en materia de justicia, y se define con el ELN la agenda a tratar en la fase pública, elementos que deberían generar un ambiente favorable a los cambios que el gobierno y las insurgencias discuten, por otro lado sube el tono de las posturas contrarias al proceso que encuentran eco en los medios masivos de comunicación; adicionalmente como si se estuviera poniendo zancadilla, el gobierno toma medidas de corte social, económico y político, como la privatización de la producción de energía eléctrica y del petróleo; en el primer caso dándole luz verde a la venta de Isagén, y en el segundo, a la de Ecopetrol, desmembrándolo en pedazos. Estos elementos, sumados a la judicialización de reconocidos líderes sociales como Feliciano Valencia del movimiento indígena, Carlos Morales de la Marcha Patriótica, la persecución y amenazas contra el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, y el movimiento social y popular en general; para rematar, los incumplimientos a los acuerdos alcanzados en las más recientes protestas señalan un ambiente contrario a la paz, de desesperanza y preocupación por lo que pueda venir en el mal llamado posconflicto.

Falta analizar, pero no hay espacio en este editorial, la coyuntura electoral regional, cuyos resultados podrían dejar mal parados a los sectores que estamos por la paz, y en cambio abrirles espacios a los áulicos de la guerra. Pero, como dijo Walter Benjamín justamente valorando la terrible condición humana y la perversidad de la política y la sociedad capitalista, “solo por amor a los desesperados conservamos aún la esperanza”.

Este año ha estado lleno de trabajo social, político, popular;  como nunca, hemos sido testigos de los esfuerzos pedagógicos por descubrir formas de sumarse a las iniciativas de paz, dándole sentido y profundidad, provocando la participación, señalando todas las aristas que esta construcción debe integrar. Las mujeres han puesto todas sus apuestas a jugar, demandando reconocimiento, respeto, participación e igualdad. Los afrodescendientes y los indígenas se han movilizado como lo saben hacer con energía, con arte, con posturas que logran voltear los ojos de la Nación hacia la Colombia diversa, pluriétnica y pluricultural; sumados con los campesinos en la Cumbre Agraria, en septiembre de 2015, volvieron a las carreteras, a las tomas de instituciones, a las mesas de debate a exigir el cumplimiento de los acuerdos. 

Los obreros a través de la Unión Sindical Obrera, ponen su grano de arena con la segunda Asamblea nacional por la Paz, y se van por todo el país, a las regiones y realizan decenas de asambleas con comunidades, empresarios, iglesias; el énfasis de esta propuesta descansa en la problemática minero energética. Las iniciativas de paz como el Frente amplio por la Paz, Clamor por la Paz y la Red de universidades por la paz, entre otras iniciativas, hacen esfuerzos inimaginables por llegar a todos los rincones para discutir sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz y en especial buscando unir los esfuerzos en un gran movimiento.

En el mes de noviembre de 2015, se llevará a cabo en Bogotá, el llamamiento de La Mesa Social Por la Paz, una iniciativa que ofrecen diversos procesos sociales, religiosos, políticos y sindicales a todo el país, sin excepción. En primera instancia al bloque popular, los sectores sociales, los partidos y movimientos, a todos y todas las que encuentren en la coyuntura la posibilidad de disputar nuevos escenarios democráticos. Un espacio para construir un gran dialogo nacional que ponga el acento en las transformaciones que necesita un país en paz. Que discuta también con los empresarios, con los militares, con los sectores de derecha que coinciden con la necesidad de reformas sociales y aún con aquellos que consideran que el país no necesita cambios.

Dos grandes retos tenemos. El primero: desarrollar propuestas metodológicas que garanticen que la voz de las comunidades organizadas se materialicen en propuestas políticas, sociales y económicas para ese nuevo país, y construir un escenario en donde esas propuestas se disputen con posibilidades reales de éxito. El segundo y tal vez el más necesario y por tanto complejo, es conseguir la atención y la participación de los sectores no alineados, como los llamaría Camilo Torres, que son la mayoría. Esos sectores a los cuales o no les llama la atención los asuntos políticos y el futuro del país o simplemente no creen en la posibilidad del cambio. Cualquiera sea la razón de su rechazo o indiferencia, la construcción de un momento propicio para la transición hacia la democracia y la paz pasa por alcanzar estos dos retos. Ya las Farc y el ELN están haciendo lo que les corresponde, y también, a su manera, están abriendo espacios para que el país y la nación los aprovechen en beneficio de todos y todas. Aunque es frase de cajón, la esperanza es lo último que se pierde.

En la pequeña sala de la casa de Parrita, en un pueblo del Oriente Antioqueño, los comensales; la mayoría mujeres, hablaban de todo y al mismo tiempo. Así ocurre todos los domingos cuando la familia se reúne para almorzar, son muchos. Allí debaten, maman gallo, a veces se acaloran en especial cuando irrumpe “la política”.

De tanto en tanto las negociaciones del gobierno con las FARC entran en crisis, casi siempre por las mismas razones: alguna acción militar de la insurgencia contra el Ejército que merodea y ha jurado combatirlas mientras no entreguen las armas. Entonces los medios masivos de comunicación multiplican la voz de la derecha recalcitrante para manipular el sentimiento nacionalista de algunos sectores del país y demandar del gobierno un rompimiento del proceso o endurecimiento de las condiciones. No obstante, con toda la alharaca mediática que busca reducir el proceso de negociaciones a una simple desmovilización de la insurgencia, parece que esta vez las negociaciones llegarán hasta el final, no tanto por la voluntad del gobierno, sino porque lo exige la comunidad interna-cional, acaso en favor de las multinacionales que demandan condiciones más tranquilas para terminar de saquear este país.

universidad-publica

El proceso de privatización de la universidad pública no ha dejado de avanzar desde el momento mismo en que se aplicó la ley 30 de 1994, para adecuar la educación superior a las necesidades del capital internacional en la era del neoliberalismo, bajo la imposición de la OMC. Las 10 mil becas que el gobierno ha destinado para los bachilleres de estratos bajos con mejores pruebas Saber 11° (Icfes) no son más que la estocada para una universidad pública que agoniza. No tienen como propósito facilitar el acceso de los pobres a la educación superior sino todo lo contrario: a través de la transferencia de recursos de la universidad pública a las universidades privadas acelerar el deterioro de las primeras a la vez que debilita la lucha de la sociedad por mantenerlas.

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