Renan Vega Cantor

Renan Vega Cantor

Domingo, 17 Septiembre 2017 00:00

Peones incondicionales de los Estados Unidos

El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, como cruel paradoja de fondo, el director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el ultraderechista Mike Pompero, reveló, durante un foro sobre seguridad realizado en el Instituto Aspen de Colorado, Estados Unidos, que había realizado viajes a Bogotá y Ciudad de México a comienzos del mes de julio en donde habló con el alto Gobierno de estos dos países sobre Venezuela.

En concreto, afirmó que ''cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundo interés en garantizar que el país esté tan estable y democrático como sea posible”. Una confesión  que indica que el interés de los Estados Unidos en Venezuela, encubierto con una retórica falsamente democrática, es el petróleo de ese país, y para apropiarse plenamente de esa riqueza van a intervenir cuando les venga en gana, como en efecto lo están haciendo en forma descarada.

Agregó el terrorista en jefe de la CIA que “estamos trabajando muy duro para hacer eso” (es decir, desestabilizar al Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela). Argumentó además que  “yo siempre tengo cuidado cuando hablamos de Sur y Centroamérica y la CIA. Hay muchas historias. Así que quiero tener cuidado con lo que digo (cuidado para anunciar que está en marcha un golpe de Estado contra Venezuela,


debe entenderse), pero basta señalar que estamos
muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela, y nosotros –vale decir la CIA– está haciendo lo mejor de sí para entender la dinámica allá, para que podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado y otros, los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México (el viaje de la primera semana de julio, junto con el general Kelly), en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo''.

El jefe de la principal agencia terrorista de los Estados Unidos está diciendo, sin tapujos, que les ha ordenado a los gobiernos vasallos de México y Colombia que incrementen su participación en el proceso terrorista en marcha en Venezuela, cuyo fin estriba en derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Cuando el dueño del circo habla, en este caso el Director de la CIA, hay que creerle, máxime cuando esas palabras se ven rubricadas por los hechos: el Gobierno de Donald Trump, cual amo imperial de otros tiempos, impuso sanciones a miembros del Gobierno venezolano, entre ellas a funcionarios que se encuentran al frente del proceso constituyente, y dio la orden de retirar a su personal diplomático de Caracas; al mismo tiempo, arreció por medio de su “Ministerio de Colonias”, la Organización de Estados Americanos (OEA), su intento de legitimar una intervención en la República Bolivariana de Venezuela, aunque nuevamente esta maniobra le falló.

De inmediato, los payasos del circo, representados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, salieron a decir que el Gobierno de Venezuela estaba malinterpretando las palabras del amo imperial, que no querían decir lo que dijo, cuando estuvo en estos países dando órdenes.  

Según las declaraciones vergonzosas de los payasos de México y Colombia deberíamos creer que el jefe de la CIA visita nuestros países para hablar de temas tan “transcendentales” como el divorcio del futbolista James Rodríguez o la eliminación del Tricolor (la selección mexicana de Futbol) de la Copa de Oro y las preocupaciones que le genera que su director técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, haya sido abucheado al llegar al aeropuerto de Ciudad de México y le hayan gritando “vete a tu país”… A hablar de asuntos de “tanta monta” vendría el Director de la CIA a su patio trasero y no habría que malinterpretarlo con suposiciones sobre golpes de Estado y acciones terroristas oficiales de Colombia y México.

Los hechos muestran la manera rastrera como los actuales gobiernos de México y Colombia son cachorros de Estados Unidos en el continente latinoamericano, continuando con una tradición, rubricada en las últimas décadas en el caso del país azteca, y una actitud postrera por parte del Estado colombiano desde  comienzos del siglo XX.

Siguiendo el guión diseñado en los Estados Unidos, que se quitó la careta humanitaria y ha señalado la hora cero para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro, los regímenes de Colombia y México actúan en consonancia con ese guión, que significa el apoyo incondicional a los terroristas de Venezuela, formados y preparados por paramilitares colombianos, alcanzando unos niveles escandalosos de injerencia en los asuntos internos del hermano país. Acá en Colombia, por ejemplo,  se les dan clases de “democracia” a los venezolanos, se aplaude a través  de los medios de desinformación terrorista (Semana, El Espectador, El Tiempo, Caracol, RCN…) las acciones criminales de los mal llamados opositores, se insta a que se sabotee el proceso constituyente en marcha, se pinta como héroes a los criminales y asesinos (como Leopoldo López), se recibe oficialmente a gobernadores opositores (como a Henrique Capriles, del Estado de Miranda), se avala un fraudulento plebiscito y se aceptan como válidos los supuestos siete millones y medio de votos (en el que hasta los muertos votaron y se quemaron las urnas).

Para completar la vergüenza, que en este caso produce el hecho de ser colombiano, el régimen santista junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú presentaron una fallida declaración intervencionista que “exigía” suspender las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta declaración alcanzaba tal grado de injerencia que hasta el Gobierno de Uruguay se negó a apoyarle y le quitó el respaldo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otro cachorro del imperio, de nacionalidad uruguaya.

Esta decisión demuestra que no todos son peones del imperialismo ni tienen el grado de abyección y entreguismo que caracteriza a las clases dominantes de Colombia, de las cuales Juan Manuel Santos es uno de sus más conspicuos ejemplares: anti latinoamericanos por excelencia, enemigos de los pueblos del sur del Río Bravo, eslabones de la dominación imperialista, en fin, títeres amaestrados en inglés.  

Jueves, 03 Agosto 2017 00:00

¡El país más feliz del mundo!

Existe un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y hace pocos días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle. En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.

En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadoras, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboní, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.

En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbío, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.

En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos. En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares.

En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados  internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia.

En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de “la cárcel o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de “primero la cárcel y luego la muerte”), además han sido asesinados ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha.  El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco; el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, fue solo quince días después de haber salido de la cárcel.

En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre. En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013.  Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que “este país es uno de los más desiguales del mundo”.

En ese país, según  una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio Gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones. En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina.

En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). En ese país se difunde cada cierto tiempo la noticia -que parece entresacada de los cuentos de hadas-, de que es lugar más feliz del mundo.

El país del que les hablo es Colombia, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el Nobel de la Paz, lo cual en verdad debería leerse como el Nobel de la Muerte, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibido tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra).

Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas.

Es bueno preguntarse por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos (como Boaventura de Sousa Santos) –algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia–. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales –y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción  separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir– se pronuncien con tanta beligerancia contra el Gobierno venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia.

Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia –en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz–, y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los Estados Unidos y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados.

El lunes 29 de mayo de 2017 murió el ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se convirtió en el primer gobernante en ser, al mismo tiempo, derrocado por una invasión militar de los Estados Unidos, capturado en forma ilegal, juzgado y condenado por un tribunal de la primera potencia mundial. Como si fuera poco, la invasión que sufrió Panamá el 20 de diciembre de 1989 se constituyó en la piedra inaugural del nuevo desorden mundial, tras la caída del Muro de Berlín, un hecho que había acontecido semanas antes.

Para derrocar a Noriega, los invasores de Estados Unidos llevaron a cabo la operación denominada “Causa Justa”, por parte del gobierno de George Bush I, quien ordenó la invasión de Panamá, que fue también la de toda nuestra América, aunque de eso no exista mucha conciencia. A raíz de la muerte de Manuel Antonio Noriega vale la pena recordar la invasión de 1989, el hecho principal que debería subrayarse, pero que no se menciona o se señala como algo anecdótico, para quedarse en chismes secundarios sobre la vida de Noriega que ocultan las verdaderas razones de la acción criminal de Estados Unidos.

Manuel A. Noriega era un militar común y corriente, formado en la Escuela de las Américas (la fábrica anticomunista de dictadores de los Estados Unidos), que hizo parte de la nómina de agentes secretos de la CIA, cuando esta era dirigida por George Bush, quien luego fue presidente de los Estados Unidos y el encargado de dar la orden de invadir a Panamá. Noriega no se diferenciaba de los militares formados en los Estados Unidos para servir al “mundo libre”, hegemonizado por el imperio del norte, en labores de contrainsurgencia. Cometió el error, no de meterse en el negocio del narcotráfico, porque eso en verdad poco le interesa a los Estados Unidos, sino de distanciarse de sus antiguos amos y asumir una postura independiente, sobre todo en lo relativo a los procesos de paz de América Central a finales de la década de 1980. Esto disgustó profundamente al Gobierno de los Estados Unidos, que planeó su derrocamiento para entronizar en su lugar a un títere incondicional, cuyo nombre no vale la pena recordar, y asegurarse el control del Canal de Panamá.
Para realizar la invasión se esgrimió el pretexto de que Noriega era un dictador –como si eso le importara a los Estados Unidos– y estaba involucrado en negocios de narcotráfico, en alianza con el cartel de Medellín. Se adujo textualmente, con todo el cinismo del caso, que la invasión a Panamá se hacía para "proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses presentes en el país, defender la democracia y los derechos humanos, combatir el narcotráfico y asegurar la futura neutralidad del canal". Para lograr su captura, Estados Unidos organizó una sangrienta invasión en la que participaron unos 25 mil militares, en la mayor campaña llevada a cabo en el mundo por los Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam.

Las tropas de asalto que venían de las bases militares de Estados Unidos solo tuvieron que realizar un corto recorrido para ocupar el territorio soberano de Panamá. Portaban armas contundentes y experimentaron con nuevos artefactos bélicos, como aviones, helicópteros, ametralladoras, cañones, vehículos de asalto –que luego van a usar en Irak, Yugoslavia, Afganistán…–, arrasando con lo que encontraban a su paso. Su devastadora acción dejó una cifra de siete mil panameños muertos, de los barrios más pobres de Ciudad Panamá, como aconteció con El Chorrillo, que fue bombardeado en forma inmisericorde.

Tras la invasión brutal y a medida que caían los reductos militares que enfrentaban a los ocupantes, quedó en evidencia que Noriega no contaba con respaldo popular, por lo que en últimas se vio obligado a refugiarse en la sede del Nuncio Apostólico. El Vaticano, encabezado por Juan Pablo II, no le concedió asilo y lo entregó finalmente a las tropas de los Estados Unidos en los primeros días de enero de 1990, como muestra del “sentido humanitario” del papa anticomunista. Noriega, que era pusilánime y cobarde, no enfrentó a los invasores hasta sus últimas consecuencias, ni tampoco tuvo la valentía de suicidarse como lo hizo, por ejemplo, Salvador Allende. En razón de esa cobardía se convirtió en el botín que justificaba la invasión a los ojos de Estados Unidos.

Noriega cayó en manos de los Estados Unidos en una forma relativamente fácil, sin mucha resistencia, aunque el costo humano de la invasión haya sido terrible para los panameños, puesto que dejó miles de muertos y heridos, así como la destrucción de barrios enteros de la capital panameña. Noriega fue capturado por los invasores, trasladado a los Estados Unidos, donde fue juzgado como narcotraficante y condenado a 40 años de cárcel. Permaneció en prisión durante 20 años en las cárceles de los Estados Unidos, luego de lo cual fue entregado a Francia y por último a Panamá.

Con este proceder quedó establecido un grave precedente a nivel mundial en términos de derecho internacional, puesto que un país –los Estados Unidos– no solamente se arroga el proceder arbitrario y unilateral, que le da su fuerza y su poder, de condenar por anticipado al mandatario de un país al que considera como su enemigo, sino que dispone invadir un territorio, masacrar a sus habitantes y destruir su infraestructura, con el pretexto de capturarlo. Luego de que lo hubo logrado puso en lugar de Noriega a un títere incondicional, y juzgó y condenó a su antiguo socio de la CIA, en un juicio secreto, para que nadie escuchara las posibles denuncias de Noriega sobre sus vínculos poco santos con los estadounidenses.

Estados Unidos, actuando como el sheriff del oeste, cumplió la función de ser acusador, dictar sentencia y ejecutarla a su antojo, sin el más mínimo respeto por el derecho internacional, a pesar de que actuó contra un antiguo miembro de la CIA, lo que demuestra que Estados Unidos nunca tiene amigos sino intereses. Un antecedente funesto que debe recordarse en la actualidad, para referirse a los acontecimientos de Venezuela, y cuando las acusaciones y mentiras de los medios de desinformación contra el Gobierno legítimo y constitucional de ese país lo catalogan como una “dictadura”, y el Comando Sur de los Estados Unidos recomienda su derrocamiento. Esto indica que los acontecimientos de Panamá, a finales de 1989, fueron la antesala inaugural de lo que ha sucedido en las últimas tres décadas, cuando la primera potencia del mundo se ha convertido en un régimen criminal e ilegítimo, un peligro para cualquier país soberano e independiente.

Domingo, 30 Abril 2017 00:00

Mocoa, una tragedia poco natural

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, a propósito de numerosas tragedias ambientales y humanas, que no  hay desastres naturales. Lo que se presentan son catástrofes que se originan por acciones humanas que se pueden indicar de manera precisa, y cuya responsabilidad esencial recae en empresas nacionales y extranjeras (madereras, mineras, forestales), grandes terratenientes y ganaderos, y diversos sectores extractivistas… En contra de cualquier evidencia, los grandes medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo…) que convierten cualquier tragedia en una mercancía que se vende y se consume, y de la que obtienen grandes beneficios, señalan que lo de Mocoa ha sido otro desastre natural, como si fuera un castigo divino o la furia imparable de una manigua incivilizada.  

No hay tal, puesto que para entender las causas que explican lo acontecido en Mocoa es necesario referirse a factores de índole local, y a la manera como los mismos se retroalimentan con factores mundiales, asociados al cambio climático. Las dos cosas están ligadas en forma directa como lo debe mostrar un análisis medianamente serio de lo acontecido.

La tragedia
Al amanecer del primero de abril de 2017 una inmensa masa de piedras, palos, lodo y escombros arrasó y afectó en forma directa a diecisiete barrios de Mocoa, dejando a su paso un saldo de más de 300 muertos, un cuarenta por ciento de ellos niños, centenares de heridos y miles de damnificados, que perdieron lo poco que tenían. Como un hecho reiterativo en este tipo de catástrofes, los afectados son siempre los más pobres entre los pobres, los eternamente vulnerables, los nadies, de los que no se sabe su existencia, ni sus dramas, pero cuyo dolor incrementado sí beneficia a los dueños de los medios de desinformación y a politiqueros del Gobierno o en campaña electoral.  

Mocoa es una ciudad de unos 60 mil habitantes, la puerta de entrada por tierra a la amazonia colombiana, que se localiza en el piedemonte de la cordillera andina. Se encuentra en medio de ríos, quebradas y corrientes de agua. Tres de ellos, el Mocoa, Mulato y Sangoyaco se salieron de su cauce y arrasaron con lo que encontraron. Fueron afectados los barrios ubicados en las laderas bajas, en zonas que previamente fueron deforestadas y en las que nunca se debió construir ningún asentamiento humano, pero hasta allí llegaron miles de colombianos huyendo de la violencia paramilitar y extractivista que ha asolado la región.

A la muerte súbita del primero de abril, que era una tragedia anunciada desde tiempo atrás, se suma otra tragedia permanente, la de la huida, ya que la mayor parte de los habitantes del municipio son desplazados por las violencias, incluyendo en ellas la generada por la explotación minera y petrolera, de la que nunca se habla. En efecto, Mocoa es un poblado grande que se ha ensanchado por la llegada de refugiados del conflicto, que vienen del resto del departamento, lo que quiere decir que un hilo invisible, pero directo, une a los muertos y heridos de la avalancha y a los muertos y heridos de la guerra en la región. Los desarraigados y expulsados de sus tierras y sitios de origen y de trabajo tuvieron que asentarse en zonas inadecuadas para ser habitadas, construir sus humildes ranchos en la ronda de los ríos, desprovistos de cualquier servicio básico.

Las causas
El Putumayo es el quinto departamento del país que más ha sido afectado por la deforestación, que alcanzó en el 2015 la cifra de 9 mil hectáreas.  Deforestar, quitar la cobertura vegetal del suelo, es una vía segura hacia el desastre, puesto que desnudar las montañas genera erosión y la tierra se torna más vulnerable a las intensas lluvias que arrastran los sedimentos. En Mocoa se deforestaron las cuencas hídricas y en ciertos barrios, como San Antonio, el que primero sintió y sufrió la avalancha, se eliminó por completo la cubierta vegetal. En sentido opuesto, el barrio El Carmen quedó en pie, debido a que en ese lugar se conservó el bosque primario, formado por la especie Chiparos, junto con cedros, cachimbos, palo negros, chontas y ceibas. Esa vegetación evitó que el desastre fuera mayor en el norte de Mocoa, ya que esos árboles absorben y retienen agua, al tiempo que sus raíces estabilizan el suelo e impiden la erosión.  

Algunos periodistas enfatizan que la erosión ha sido generada por los pobres que se arruman en tugurios insalubres en gran parte de Mocoa. Eso es la apariencia, el resultado de las acciones de supervivencia de aquellos que han sido desplazados por la violencia y no les queda otra alternativa que instalarse, a riesgo de su vida, en las rondas de los ríos. Ese señalamiento deja de lado a los grandes responsables y beneficiarios de la deforestación en el Putumayo, que son compañías petroleras, mineras y madereras. No por azar, la mitad de los puntos calientes de deforestación se encuentran en la amazonia, un territorio saqueado por empresas colombianas y extranjeras, un paraíso del extractivismo.  En los últimos 50 años, tras el descubrimiento de petróleo en la década de 1960, se inició la fiebre del oro negro en la región y luego vino la prospección minera en el departamento, incluyendo los cerros que circundan a Mocoa. Como lo denuncia la Asociación Minga: “Bloques petroleros y títulos mineros dibujan hoy el mapa del departamento por encima de ecosistemas estratégicos y culturas ancestrales, junto con los corredores viales '4G' que sirven a tales megaproyectos. Una  economía transnacional que instalan allí empresas como Vetra, Gran Tierra, Amerisur, Anglo Gold, entre otras”.

Junto a los factores locales, deforestación, explotación minera, expulsión de población, pobreza inducida que obliga a la gente a apiñarse en las rondas de los ríos y en construcciones frágiles e insalubres, debe hablarse del impacto de las transformaciones mundiales del clima. Estas son una realidad inocultable, no solo por lo acaecido en Mocoa sino al mismo tiempo en otros lugares del mundo próximos y distantes (Perú, Europa, Vietnam…). En concreto, se han modificado los patrones de precipitación mensual y anualmente, así como la frecuencia de eventos extremos (huracanes, tifones, ciclones), por lo que ahora las lluvias son más intensas en ciertos lugares, como en la amazonia. En la noche del 31 de marzo de 2017 la lluvia que cayó en Mocoa alcanzó la cifra de 600 mm, cuando anualmente se vierte un promedio de 10.000 mm, lo cual indica que en pocas horas llovió lo correspondiente a un mes.

 En pocas palabras, la combinación entre la destrucción ambiental y forestal y los altos niveles de vulnerabilidad de los más pobres, asolados por la guerra y la minería, son las principales causas de la tragedia de Mocoa. La suma de esos factores locales y mundiales conduce a pensar seriamente, para el caso colombiano, la directa relación que existe entre colonización, deforestación y modificación climática.

Los lunáticos y reaccionarios
Cuando en el 2005 se produjo el desastre de Nueva Orleans, en Luisiana (Estados Unidos), un pastor protestante llamado Tony Perkins aseguró que los desastres naturales son enviados por Dios, "son un castigo por el aborto y el matrimonio homosexual". Lo interesante del caso es que años después a ese mismo personaje se le inundó su propia casa, como castigo a su impertinente ignorancia.

Pero si por los Estados Unidos llueve en materia de estupideces, por acá, en Colombia, no escampa, puesto que el senador uribista del Centro (Anti) Democrático, Daniel Cabrales, sostuvo: “El día de ayer se registró una avalancha en Mocoa donde dan parte de más de 30 (sic) muertes, de donde según me cuentan fue provocada con dinamita explosiva depositada por las Farc”. Mentiras de este calado no extrañan en gente tan ignorante y atrevida, por la impunidad que la cobija, cuyos intereses están vinculados a los grandes terratenientes y ganaderos, los mismos que han contribuido a deforestar los suelos de este país y a producir catástrofes como la de Mocoa.

Miércoles, 29 Marzo 2017 00:00

El regreso del imperialismo

Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del imperialismo. Su espectro emerge de entre todos los conceptos que el capitalismo y sus ideólogos enterraron entre 1989 y 1991, brota de las cenizas que dejó el mito del fin de la historia. Entre esos muertos, que siempre gozaron de buena salud, estaban el capitalismo (que pasó a llamarse economía de mercado, sociedad abierta o democracia), las clases y la lucha de clases (reemplazadas por ciudadanía y sociedad civil), la igualdad (sustituida por equidad), la explotación (en su lugar se habla de esfuerzo individual, de exitosos y fracasados), la clase obrera y el proletariado (bautizados como emprendedores, o miembros de la clase media). Con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética se anunció con gran triunfalismo que entrabamos al fin de la historia y con ella terminaban las pesadillas del capitalismo, que se expresaban en los conceptos antes evocados. El culto al acabose llevó a proclamar que el imperialismo ya no existía, si era que alguna vez había existido.

En su lugar se anunció un nuevo orden mundial de dicha y prosperidad –que se inauguró con la primera guerra del golfo (1990-1991) –, al cual se le agregó el remoquete de globalización, para denotar que el fin de la historia era mundial. En ese nuevo orden de la globalización desaparecían las relaciones de dominación y sometimiento que caracterizan el capitalismo en su expansión mundial desde el siglo XVI, con la conquista sangrienta de América. Y se abría una época en que imperaban las relaciones de fraternidad entre los países, los cuales se beneficiarían de los frutos benéficos de la globalización. Esta fue presentada como una nueva ley de la gravedad social, irreversible e incuestionable, frente a la cual nada se podía hacer. Como lo dijo uno de sus ideólogos más famosos, el novelista Mario Vargas Llosa, oponerse a la globalización es como ladrarle a la luna.

En estas condiciones, el término imperialismo, forjado en las luchas políticas y anticapitalistas desde finales del siglo XIX, desapareció del léxico político y dejó de ser un instrumento analítico de la economía y de las ciencias sociales, incluso en importantes círculos de la izquierda, que fueron cautivados por la vulgata de la globalización.

Desde los Estados Unidos, los círculos empresariales del gran capital, así como los políticos imperialistas, se encargaron de imponer la idea de la globalización, que fue difundiéndose en la mentalidad de la gente del mundo entero, como si en verdad fuera una realidad incuestionable. Así, la globalización entró a formar parte en un lapso de menos de treinta años, de un nuevo sentido común, asumido en general sin ninguna perspectiva crítica. Eso fue reforzado por la propaganda que repite en forma incansable que los productos microelectrónicos que hoy son fetichizados hasta el cansancio (como el celular y sus derivados) son la máxima expresión de la globalización.

Un aspecto central de la vulgata de la globalización es esconder la dura realidad de las relaciones internacionales, en la cual impera la opresión, la explotación, la desigualdad, el saqueo, la guerra que libran los grandes poderes del mundo (hegemonizados por los Estados Unidos) contra los países periféricos, con la finalidad de apropiarse de las riquezas naturales y de la fuerza de trabajo, barata y abundante, que permita asegurar el funcionamiento del capitalismo en los países del centro.

Con mucho éxito, ocasionado en gran medida por la derrota de los proyectos anticapitalistas a nivel mundial y por la crisis ideológica que eso conllevó, los imperialistas se presentaron a sí mismos como la encarnación de la globalización, vale decir, como los portavoces del progreso y la prosperidad de los pueblos de la tierra. Y lograron que muy pocos catalogaran el nuevo desorden mundial como un sistema imperialista, el que fue impuesto a “rajatabla” desde Washington a nombre del “libre comercio”, con la aquiescencia de las clases dominantes de cada país. Con ello se eliminaron las restricciones para la libre movilidad del capital por el orbe entero, se abrieron los países para que las empresas transnacionales los explotaran a sus anchas y saquearan sus bienes comunes de tipo natural, se generalizaron las peores condiciones para los trabajadores, con una renovada explotación y pérdida de derechos. A los reacios a la globalización se les bombardeó, ocupó y masacró (como lo demuestra Irak, Yugoslavia, Afganistán, Libia…), pero eso no fue visto como una acción imperialista, sino como parte de “guerras justas” y “guerras humanitarias”.

Pero, como todo se acaba, la ideología del libre comercio empezó a ser cuestionada en los últimos años por fracciones del propio capitalismo, que plantean un retorno a la política clásica del imperialismo. Su máxima expresión se encuentra encarnada en el actual gobierno de los Estados Unidos, del multimillonario Donald Trump. Este es un personaje antiglobalización desde la derecha, que desde sus primeras acciones en el gobierno liquidó de un plumazo el acuerdo comercial del Pacífico y lo más seguro es que elimine el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) con Europa. Así mismo, ha manifestado que va a renegociar el tratado de libre Comercio de América del Norte, con México, y ha dicho que va a terminar la construcción del Muro en la frontera que separa a los dos países y no ha disimulado su odio a los migrantes y extranjeros.

A raíz de estos hechos, los globalizadores –como Barack Obama, Hilary Clinton y sus admiradores– que han librado guerras, masacrado miles de personas, impulsado el saqueo de continentes enteros, expulsado millones de migrantes… ahora se rasgan las vestiduras y alertan por el peligro que se cierne sobre la humanidad por el fin de la globalización, la que aseguraban hasta no hace mucho tiempo era irreversible, diciendo, con poca imaginación, que al frente de los Estados Unidos se encuentra un loco, un desquiciado, al que debe derrocarse para que la globalización siga su curso. Tan pobre argumentación indica que la estupidez también se globalizó e impide analizar las contradicciones del capitalismo, sin explicarlas, como si fueran producto de la libre voluntad de los individuos y no representaran intereses de clase.

El efecto positivo del cambio político de los Estados Unidos radica en que ha hecho emerger desde las profundidades de ultratumba, el espectro del imperialismo. Este en realidad nunca desapareció, simplemente se le ocultó y se le intentó embellecer con el manto de la globalización. De la misma forma que la crisis de 2007 hizo reaparecer al capitalismo como apelativo del sistema actual, los sucesos del 2016 han hecho renacer al imperialismo, a pesar de las lágrimas de cocodrilo de los apologistas de la globalización. El imperialismo está de vuelta y eso debe considerarse como una oportunidad para los luchadores anticapitalistas del mundo, que ahora deben rescatar y actualizar una categoría que tanta utilidad tiene para entender y enfrentar el imperio del capital.

El 21 de enero de 2017 se terminan los ocho años de mandato presidencial de Barak Obama en los Estados Unidos, con un balance absolutamente negativo para este personaje, si se consideran las grandes expectativas que se generaron luego de su primera elección en noviembre de 2008. En ese momento se anunció que en Estados Unidos había comenzado un nuevo ciclo histórico, que traería resultados benéficos para el resto del mundo, en razón de que había sido elegido un individuo de piel negra y profesor universitario. En forma alegre se creía que por el solo hecho de ser el primer presidente negro de los Estados Unidos se estaba dando paso a un nuevo tipo de gobierno en esa potencia, que dejaría atrás las acciones imperialistas, agresivas y criminales contra el resto del planeta. Se suponía que con Obama se inauguraba un período de humanitarismo, de paz y de concordia en las relaciones internacionales. Los cálculos fueron demasiado optimistas, y en verdad, poco realistas, ya que es muy cándido suponer que por cuestiones circunstanciales de raza o de género (como lo planteó la candidatura reciente de Hilary Clinton) se va a modificar un sistema imperialista.

La política de Obama en nada ha modificado ese proyecto de dominación mundial de los Estados Unidos y, por el contrario, ha acentuado las acciones criminales y terroristas en el ámbito internacional por parte de ese país. Uno de los mejores ejemplos al respecto es el de la institucionalización de los llamados “martes de la muerte”, como se examina en este artículo.

Lista en mano
Durante su nefasto gobierno, Barack Obama instauró una novedosa práctica criminal, una nueva forma de terrorismo de Estado, con alcances mundiales, política que de seguro va a ser mantenida por sus sucesores. Cada martes en las primeras horas del día Obama se reunía con sus asesores de seguridad con el fin de confeccionar y actualizar una lista con los nombres de aquellos considerados como “enemigos de los Estados Unidos” y determinar, con nombre y apellido, a aquellos que debían ser asesinados durante esa semana. Así como suena, sin eufemismos, el individuo que fungía como Presidente de la primera potencia mundial decidía a quiénes se iba a asesinar, porque estaba claro que no se iban a capturar vivos.

Desde la Casa Blanca se planeaba, con ayuda de sofisticada tecnología, la ubicación de los enemigos que se debían matar. Recurriendo a información satelital se detectaba el lugar donde se encontraba el blanco elegido y se daban las órdenes, que permanecían en secreto, para que desde alguna base militar de los Estados Unidos, dentro o fuera del país, a control remoto se maniobrara un dron provisto de “armas inteligentes” que descargara sus bombas letales sobre el objetivo. Una información de prensa que comentó este tipo de acciones afirmaba, con un tono de reproche y de admiración, que “La muerte en las montañas del norte de Pakistán viene de arriba. Discreta y perniciosa, se abate de repente como un aguacero”.

Guerra preventiva al extremo
La innovación perversa de Barack Obama, acaso producto de su formación académica como abogado experto en “derechos civiles”, consistió en que esas muertes planificadas se convirtieron en una rutina de cada semana. Esos asesinatos se realizaban en cualquier lugar, sin importar si eran países con los que Estados Unidos estuviera oficialmente en guerra. En otras palabras, no solamente se acudía a este tipo de asesinato de estado en Irak, Afganistán o Libia, sino en Yemen, Siria, Somalia, Pakistán, Filipinas o en cualquier lugar en donde el gobierno de Obama ubicara a alguien que catalogara como terrorista y como enemigo. La estrategia se basa en el principio de hacer la guerra sin dejar rastro, entendiendo como tal no el rastro de muerte y destrucción (que es evidente), sino en que los Estados Unidos nadie se dé cuenta ni reclame por los muertos que se ocasionan en el exterior, incluso ciudadanos de los mismos Estados Unidos, radicados en algún país musulmán y vistos como fundamentalistas. No deja rastro, sobre todo porque no produce muertos del lado del país agresor, no importa que en el lado de los agredidos queden decenas o centenas de muertos.

Obama terminó siendo peor que Bush, al llevar la guerra preventiva al grado absoluto, puesto que se trata de matar a quien se supone enemigo de los Estados Unidos, antes que estos pudieran actuar contra esa potencia. Un directivo de la CIA se lo dijo sin rodeos al Washington Post: "Estamos matando a esos hijos de puta más rápido de lo que pueden crecer".

Terrorismo de estado “inteligente”
Para que se vea que no falta la sofisticación en la forma de matar por parte de los gobernantes de los Estados Unidos, Obama y sus asesores distinguían dos tipos de ataques: los personalizados y los específicos. Los primeros matan a personas, los segundos a grupos, principalmente de jóvenes. Más exactamente, como lo ha dicho el periodista Jeremy Scahill: “…el presidente Obama ha dado autorización para que se realicen ataques incluso sin conocer la identidad de las personas atacadas, la política conocida como “signature strikes”, ataques contra grupos sospechosos. La idea es que ser un hombre en edad militar, de cierta región de un determinado país del mundo, es suficiente para ser considerado un blanco legítimo, sólo basándose en su género, su edad y su presencia geográfica”.

Alegando que se programa una muerte inteligente en que solo se matan a los sospechosos-culpables (con una edad entre 20 y 40 años), se supone que solo mueren los objetivos a liquidar, pero no se suele mencionar que los drones matan en forma indiscriminada, generando lo que se llama en el lenguaje orweliano “daños colaterales”. Un ejemplo terrorífico: “El 17 de marzo de 2011, cuatro misiles Hellfire, disparados desde un avión no tripulado estadounidense, se estrelló contra una estación de autobuses en la ciudad de Datta Khel, en la región fronteriza de Waziristán de Pakistán. Se estima que 42 personas perdieron la vida”.

Con este procedimiento se buscan solo muertes, nada de vivos para capturar, porque eso evoca los problemas de Guantánamo y Abu Ghraib y las consecuencias que se pueden derivar. Se basa en una lógica implacable de leguleyo: es mejor matar a un sospechoso que capturarlo y luego tener que enfrentar problemas judiciales o de denuncias internacionales. En síntesis, bajo el régimen de Obama el terrorismo de Estado, y las muertes que genera, se ha hecho legal, legítimo e incluso destila una ética mortífera, la de arrogarse el derecho de asesinar a quien se le venga en gana, sin que sea sometido a juicio, sin que se le haya declarado culpable, sin que tenga derecho a defenderse. La Casa Blanca opera como juez, jurado y verdugo. Como lo recordó Fidel Castro, en el 2012, Obama no solo era un presidente de los Estados Unidos, sino su “asesino en jefe”.

Era el primero de enero de 1994 y La Habana y toda Cuba parecía caerse a pedazos, en pleno Período Especial, como resultado del impacto directo que la desaparición de la Unión Soviética y el llamado bloque socialista de Europa oriental había tenido sobre el comercio y la economía cubanas.  Yo había llegado hacía ocho días a la isla por primera vez y pude contemplar en forma directa las carencias y la falta de alimentos (se generalizó el arroz con frijol como comida cotidiana); las tiendas oficiales estaban completamente vacías como si el país estuviera en guerra (y en realidad soportaba un tipo especial de guerra de baja intensidad, presionada por los Estados Unidos, para que Cuba se plegara ante el imperio y la gusanería de Miami).  No había transporte, por falta de petróleo,  y empezó a utilizarse en forma masiva la bicicleta. Los pocos carros y motos Urales (por su procedencia soviética)  que circulaban por las calles de La Habana iban siempre atestados y gran parte de gente se desplazaba a pie y de esa forma recorría grandes trayectos.

Las cosas no iban mejor en el interior del país, como lo pude constatar en un viaje que hice a la ciudad de Santa Clara, para participar en un Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. En el recorrido de 250 kilómetros parecía que transitáramos por un desierto, puesto que en el trayecto nos encontramos con uno o dos carros nada más.    

La situación se notaba más crítica al recorrer las calles de La Habana Vieja, con gran parte de sus construcciones a punto de irse al suelo y la gente deambulando todo el día en busca de algo que pudiera aliviar su dura existencia. Además, se racionaba la luz eléctrica durante varias horas por día, puesto que era necesario ahorrar hasta la última gota de petróleo.

A pesar de esas carencias, me llamó poderosamente la atención que hombres y mujeres utilizaran la palabra compañero o compañera para hablar con los demás. Un vocablo que hoy, más de veinte años después, casi ha desaparecido en el lenguaje que se usa en la isla, como resultado del impacto avasallador del turismo. Hoy ya no se dice compañero sino señor, como muestra de un gran cambio simbólico en la vida cotidiana de la gente. También me impactó positivamente que las escuelas siguieran funcionando que los niños llevaran sus uniformes limpios y no se viera ni un solo niño mendigando en las calles; que los cines proyectaran películas y estuvieran siempre concurridos y se presentaran producciones como Fresa y Chocolate, que se estrenó por esos días y que tuve la oportunidad de ver en el cine Yara de La Habana.

En el exterior no se daba un peso por la continuidad de la Revolución y los “cubanologos” –esa insoportable ralea de “especialistas” sobre Cuba y Fidel, generalmente de derecha y de extrema derecha–  no dudaban en su caída, lo que discutían era cuánto tiempo iba a durar. Algunos decían al comenzar 1994 que no llegaba al final de ese año. En apariencia tenían la razón, si se consideraba la situación internacional (con el triunfo de la derecha y la contrarrevolución a nivel mundial), en la que se destacaba la desaparición de la URSS, y más cerca la derrota de los sandinistas en Nicaragua, así como la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que empezó a funcionar en forma oficial, precisamente, el primero de enero de 1994. En el orden internacional lo que se imponía era el neoliberalismo puro y duro, adoptado por los nuevos países que se desprendieron de la antigua URSS y en Europa oriental, estando al orden del día la apertura incondicional de los países a la dominación imperialista, camuflada ahora con el nombre de globalización. Esto en América Latina quería decir ALCA (Alianza de Libre Comercio de las Américas), un proyecto de vocación expansionista para el continente americano que Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, anunció en enero de 1994, en el que se convocó a todos los países del continente, excepto a Cuba.  

A este panorama internacional, absolutamente desfavorable para Cuba, se sumaba su crítica situación interna, que se palpaba a flor de piel. No podía ser de otra forma, ya que el comercio cubano cayó de 8.200 millones de dólares a fines de la década de 1980, a 2.200 tras la disolución de la URSS, y en 1993, cuando hasta ahora empezaba a impulsarse el turismo, este representaba un magro ingreso anual de 250 millones de dólares.

Ese primero de enero de 1994, cuando se cumplían los 35 años de la Revolución Cubana, el ambiente era de desesperanza, de temor, de incertidumbre entre los habitantes de Cuba. Ese día en un apartamento en La Habana del Este, en donde me alojaba, en las horas de la noche prendí el televisor, justo en el momento en que en la ciudad de Santiago se realizaba un acto conmemorativo y en que hablaba Fidel Castro. Puse atención al discurso y quedé impactado por su contenido, pero especialmente por una afirmación que desde entonces me retumba en la cabeza, cuando con convicción el líder de la Revolución Cubana afirmó: “Fácil es ser revolucionarios en tiempos fáciles, lo que no resulta fácil es ser revolucionarios en tiempos difíciles. Los que aquí nos reunimos somos revolucionarios de tiempos difíciles”.

Esta afirmación resume muy bien el carácter de Fidel Castro Ruz: un revolucionario a carta cabal, un revolucionario de tiempos difíciles. Y qué más tiempos difíciles que los que a él le tocó vivir y sortear desde la década de 1950, cuando dirigió un proceso auténtico y original, que rompió con el capitalismo y el imperialismo y planteó un modelo socialista para un país de América Latina. Tiempos difíciles como los que afrontó en medio de un criminal y cincuentenario bloqueo económico, político y cultural por parte de la primera potencia mundial y que se sigue manifestando en la actualidad. Tiempos difíciles como los planteados por la Perestroika en la Unión Soviética de Gorbachov, cuando Fidel avizoró que de allí no iba a salir nada bueno y se negó a secundar esa política suicida.  Tiempos difíciles como los del Período Especial, en donde Cuba, sola y aislada, sin recursos energéticos, soportó el primer caso de Pico de Petróleo registrado en el siglo XX, y ese pequeño país, en medio de terribles dificultades, logró sobrevivir. Tiempos difíciles en que cayeron sucesivamente los diversos estados autodenominados socialistas, y gran parte de sus antiguos dirigentes (como los de la nomenclatura soviética) se pasaron, con más pena que gloria, al bando de los capitalistas y neoliberales. Tiempos difíciles en los que, después de 1989, intelectuales conversos y políticos pragmáticos pedían que Cuba abandonara su idea de independencia y dignidad y se plegara en forma incondicional a los designios del imperialismo y del capitalismo. Pero Fidel no abjuró de sus convicciones y se mantuvo en ellas hasta su muerte física.

Para ser revolucionario de tiempos difíciles se requiere coraje, convicción, dignidad, enfrentar los retos aunque se pueda perder,  no claudicar ante el primer obstáculo, no plegarse a las corrientes dominantes y no renunciar al antiimperialismo y al anticapitalismo. Eso lo hizo Fidel, al tiempo que se convirtió en la voz  actualizada de los viejos y nuevos problemas que genera el capitalismo. Al respecto se recuerdan sus palabras en la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, cuando en medio de la tecnocracia ambiental y el “capitalismo verde” fue el único que planteó sin tapujos la responsabilidad del capitalismo en la destrucción ambiental, y en hundir en la pobreza a los países del Tercer Mundo. Son también notables sus apreciaciones sobre la crisis civilizatoria que ha generado el capitalismo y los peligros que eso entraña para el futuro de la humanidad, así como sus denuncias sobre el carácter destructivo del armamento moderno, impulsado por países imperialistas y sus empresas multinacionales.

Fidel Castro siguió siendo revolucionario, aunque en el mundo entero gran parte de los que alguna vez se declararon revolucionarios (“los revolucionarios de tiempos fáciles”) lo hayan dejado de ser, por plegarse al capitalismo y disfrutar de algunas de sus migajas. Mantuvo su dignidad hasta el final, sin renunciar a la independencia y a la soberanía, con los costos que eso supone. Por esto mismo, luego de su muerte física, gran parte de esos conversos (como Mario Vargas Llosa) no han ocultado su antipatía por un personaje que no se retractó de sus convicciones ni se plegó ante el imperialismo. En el fondo les duele que puedan seguir existiendo este tipo de revolucionarios, de tiempos difíciles, que nadan contra la corriente, y que son ejemplo de una ética insobornable y de una honradez sin mácula, como lo dijo el mismo Fidel en ese discurso del primero de enero de 1994: “Los hombres de la Revolución podrían cometer errores, pero los hombres de la Revolución jamás traicionarían sus principios, los hombres de la Revolución serían honrados, los hombres de la Revolución jamás abandonarían las ideas por las cuales tanto habían luchado nuestra generación y las generaciones que nos precedieron”.

“…No señora Clinton, no es usted o el Apocalipsis; usted también es el Apocalipsis”.
Jaime Ornelas Delgado

 

Con los resultados electorales del 8 de noviembre de este año en los Estados Unidos ha terminado una época histórica, la de la mal llamada globalización, y se abre otra, incierta e igualmente peligrosa. Ese es un cambio esencial que poco ha sido destacado en estos días por decenas de comentaristas que expresan una nostalgia por la “globalización” que termina, con más pena que gloria, y ha dejado en su camino una terrible desigualdad, guerras imperialistas de agresión por doquier (Irak, Libia, Afganistán, Ucrania, Siria…), eliminación de los derechos de los trabajadores, consumo desaforado del petróleo y un trastorno climático que pone en riesgo la vida humana y arrasa con miles de especies animales y vegetales.

Lo que muere…
En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y se desmoronó el bloque socialista de Europa oriental que dos años después se llevó consigo a la Unión Soviética, se proclamó el comienzo de una nueva era de progreso, prosperidad y paz perpetua. Se señalaba que con el triunfo del capitalismo en su versión estadounidense, no solo se abría una nueva era en la historia humana, sino que habíamos llegado al fin de la historia. Ese fin venía acompañado de las promesas de producir ríos de leche y miel para la humanidad en su conjunto, tras la caída del oso soviético, con la imposición brutal de un orden neoliberal a escala global, acompañado de un nuevo metarrelato, que se presentaba como el fin de los metarrelatos, que nos anunciaba que habían desaparecido las fronteras, el Estado-nación ya no era relevante, el libre comercio aseguraba el éxito para los países que lo adoptaran y el fracaso para quienes lo rechazaran.

A partir de ese instante se universalizó la apertura comercial, la formación de bloques económicos (como la Unión Europea), la imposición de Tratados de Libre Comercio, empezando por el NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, y se dio paso a una nueva recolonización del mundo por parte de los países imperialistas, encabezados por Estados Unidos, y las empresas multinacionales. Se generalizó la privatización de las empresas públicas, la mercantilización de los servicios básicos, la conversión de los bienes comunes en mercancías que se compran y se venden sin límite.

El libre comercio se convirtió en la divisa de los que en forma cínica empezaron a llamarse “globalizadores” y se presentaban como nuevos mesías que le traían al mundo confort y bienestar. Para legitimar ese proyecto de expolio de los pobres del mundo se inventó un lenguaje estereotipado, en el que desaparecieron referencias a la desigualdad, a la injustica, a la explotación, a las clases sociales, al capitalismo y al imperialismo.

Tras el sofisma del libre comercio, que siempre ha sido unilateral, en favor de las grandes potencias mundiales, se libraron guerras criminales de conquista y sometimiento, que han dejado millones de muertos, desperdigados por lo que antes se llamaba Tercer Mundo o en las ruinas de lo que fueran los países del socialismo burocrático. Esas guerras se encubrieron con la careta de impulsar los derechos humanos y la democracia, como una nueva forma de imperialismo pretendidamente humanitario, cuyo objetivo primordial ha sido el de imponer los valores mercantiles del capitalismo, garantizar la apropiación de bienes naturales (el petróleo en primer lugar), y mantener elevados niveles de ganancia para los capitalistas y sus empresas.


Esto ha conducido a una abismal desigualdad, como no se registraba antes en la historia, que se evidencia en la cifra suministrada por la ONG Oxfam, en enero de este año: un uno por ciento de la población mundial tiene más ingresos que el 99 por ciento restante. Esta minoría de multimillonarios, junto con su ejército de servidores incondicionales (entre los que se encuentran algunos de sus intelectuales, tipo Mario Vargas Llosa), son los grandes ganadores de la globalización. Constituyen lo que ya hoy se puede denominar como la Clase de Davos, apelativo que hace referencia a la ciudad de Suiza donde anualmente se reúnen los millonarios del mundo y los gobiernos imperialistas para hacer un balance de lo que han ganado en un año y ostentar su riqueza y poderío. Los perdedores de la globalización han sido los trabajadores de los cinco continentes, los campesinos, y los pobres en general.

Ese mundo de los globalizadores se viene derrumbando desde el 11 de septiembre de 2001, se agrietó aún más con la crisis económica y financiera que se inició en 2008, se evidencia con la construcción de los nuevos muros de la infamia en Europa, con el triunfo del Brexit en Inglaterra (para abandonar la Unión Europea) y se rubrica ahora con la victoria de Donald Trump, candidato de extrema derecha, xenófobo, racista y misógino.

La ideología globalizadora anunció que el capitalismo ya no conocería más crisis, pero estas se han hecho más frecuentes y agudas. Esos abogados de la globalización prometían más y mejores puestos de trabajos, con altos salarios, pero en contravía se ha generalizado el desempleo y la precarización laboral. Esos propagandistas sostenían que la integración económica traería estabilidad en los mercados, pero lo que ha generado es estancamiento, migración y expulsión masiva tras la desintegración de los mercados nacionales. Para completar, la posibilidad de enfrentar el caos generado por la política imperialista, denominada como globalización, se dificultó por la desestructuración de los trabajadores, las derrotas de los proyectos alternativos y la conversión de las izquierdas en apéndices funcionales al nuevo orden global, con contadas excepciones. Esto supuso que la izquierda abandonara cualquier proyecto, e incluso lenguaje de clase, y las “alternativas” fueran canalizadas, como lo están siendo en Europa y los Estados Unidos, por la extrema derecha, la que representa Donald Trump.

Lo que viene…
Como no hay alternativas revolucionarias ni antisistémicas, el mundo que se derrumba ante nuestros ojos es empujado por las fuerzas de la reacción y la extrema derecha, con un discurso xenófobo, racista y de odio contra los migrantes. Esa es la base social que apoyó a Donald Trump, lo catapultó a la Casa Blanca, y respalda su programa antiglobalizador. Ese programa plantea la revisión de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Estados Unidos, y en primer término con el NAFTA, renunciar al Tratado Transpacífico de libre comercio, sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de París, denunciar a China por manipulaciones cambiarias, imponer aranceles proteccionistas a los productos que ingresan a la Unión Americana, e incluso ha planteado un programa de reindustrialización interno.

Estos anuncios, aunque fueran solo anuncios, ya indican un cambio fundamental, cuyas consecuencias empiezan a sentirse de forma inmediata. Supone abandonar los paradigmas establecidos como verdades indiscutibles desde 1989, relativos al libre comercio, a la apertura económica, al pretendido fin de las fronteras y de los Estados, a la teoría del goteo de riqueza de los más opulentos hacia los miserables…

Incluso, el cambio en términos políticos puede ir más allá, puesto que se vislumbra en el horizonte la posibilidad de poner término al orden imperialista de 1945, en el cual Estados Unidos era el “defensor atómico” de Europa, por los anuncios de Trump de romper la OTAN. Ese multimillonario, excéntrico y ordinario, triunfó con un discurso que combina la xenofobia y el racismo, con la promesa de recuperar la “grandeza de Estados Unidos”, que se dibuja con la promesa de crear nuevos empleos y empresas, impulsar la protección económica contra los “enemigos comerciales” de los Estados Unidos. En suma, Trump ha ganado las elecciones con un discurso antiglobalización, radicalmente opuesto al de los Clinton, los Obama o los Busch. En ese discurso se han elegido cuidadosamente a los que se ven como enemigos de la “grandeza estadounidense” y responsables de su decadencia: los inmigrantes que arrebatan puestos de trabajo a los estadounidenses, el liberalismo comercial que destruye empleos internos, y a Wall Street y los medios de comunicación que lo respaldan.

El fin de la ideología de la globalización se manifiesta en la erosión del gran relato del mundo del libre comercio como motor de crecimiento y de la integración “pos-nacional”. Renacen los nacionalismos de extrema derecha y la protección de las fronteras, como se evidencia con una que fue de las propuestas centrales de Trump: la conclusión de un gigantesco muro de 3200 kilómetros en la frontera con México.

El mundo que muere había nacido en 1989, duró menos de treinta años, y no la eternidad que nos anunciaron Francis Fukuyama y compañía. Fue terriblemente cruel y devastador, hasta el punto que la continuación de la vida humana en el planeta está seriamente cuestionada. Nos anunció que con más tecnología microelectrónica se solucionarían los grandes problemas de la humanidad, dando por sentado que el solo hecho de utilizar compulsivamente teléfono celular y whatsapp ya éramos cosmopolitas y no vulgarmente xenófobos y racistas, como se acaba de demostrar en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia (con el plebiscidio) y con todo lo que viene en cadena.

El mundo que se abre es igualmente terrible, ante la inexistencia por el momento de una alternativa anticapitalista, y por eso, como en la década de 1930 suenan las trompetas del fascismo, que entonan sus cantos de odio y muerte desde los Estados Unidos, a nombre de la recuperación de su pérdida grandeza. Y eso va a costar al mundo millones de muertos, guerras y desolación, de la misma manera que ha sucedido desde 1989. Pero en el horizonte también se abren nuevas oportunidades para reconstruir proyectos alternativos que se desmarquen tanto de las nostalgias de la globalización como de la xenofobia racista en marcha.

La injusticia, la desigualdad y la miseria que caracteriza a la sociedad colombiana, se expresa a pequeña escala en las cárceles, donde miles de colombianos, pobres y humildes, soportan terribles condiciones de vida, si a eso pudiera llamársele vida, o más bien, como diría Fiódor Dostoyevski, cabría llamar a esas prisiones como las “casas de los muertos”. En Colombia, en las últimas décadas y como expresión de la contrainsurgencia reinante, se ha consolidado un nuevo sistema penitenciario, una copia tropical del imperante en los Estados Unidos, potencia mundial que lo organiza, financia y apoya. Presentamos en este artículo tres “noticias” sobre ese sistema penitenciario.

PRIMERA NOTICIA: Los prisioneros asesinados y enterrados en la misma cárcel, en La Modelo, por los paramilitares en el 2000-2001.
El 3 de julio de 2001, los paramilitares asesinan a 30 guerrilleros de las FARC y el ELN dentro de la prisión. Actuaron a sus anchas durante 24 horas. Este es un hecho más, inscrito dentro de la carnicería que se llevó a cabo en esa prisión durante varios años y que se calcula dejó entre 100 y 400 prisioneros asesinados, la mayor parte de los cuales fueron despedazados, como en las casas de piques, y sus restos fueron convertidos en comidas para cerdos o tirados a las alcantarillas.

Los paramilitares controlaban tres de los cinco patios de la cárcel, y patrullaban en su interior junto con los guardias del IMPEC.  El procedimiento, que junto con la existencia de fosas donde se incineraba a personas en algunos lugares del país, propio de la maquinaria de crímenes nazis en Europa, tiene un hilo común con las atrocidades del régimen hitleriano: el jefe paramilitar que organizó esa masacre, Juan de Jesús Pimiento (alias Juancho Diablo), estaba vinculado a grupos neonazis y paras y era doctor en filosofía de una universidad de Alemania.  Este, se dice en una crónica, “llegó resuelto a cumplir su propósito. […] les notificó que era el nuevo dueño de la cárcel: desde ese día les quedaba prohibido cualquier alusión a las Farc, cualquier tipo de entrenamiento y banderas de la organización guerrillera. […] Pimiento los esperaba en la mañana siguiente, de madrugada, para dirigir un entrenamiento militar, en lo que era un experto. Como era de esperarse, ningún guerrillero se presentó. En la madrugada, J de J  activó sus gatillos; el tiroteo duró 12 horas. 25 personas de las Farc murieron. Sus cuerpos, desmembrados y tirados por las alcantarillas”.

Como muestra de la justicia que impera en Colombia, ese siniestro individuo  “Salió de la cárcel en 2002 sin dejar ninguna prueba de su participación en las masacres de La Modelo, ni en los crímenes por los que había sido acusado”. Ese individuo decía, para reafirmar sus concepciones de nazi convencido, que “Hitler ríe desde la historia, pero nadie se contamina con su alegría, enojado contempla esa masa de latinoamericanos, raza totalmente impura, usar la esvástica como un simple abre latas”.  

SEGUNDA NOTICIA: Modernización carcelaria en Colombia, siguiendo el modelo de los Estados Unidos (es decir, el encarcelamiento en masa) y bajo la asesoría y financiación de ese país
A esto se le puede denominar “imperialismo penitenciario” y tiene sus raíces en el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano que fue firmado en marzo de 2000 por la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Justicia de Colombia.  Como consecuencia de la implementación de dicho acuerdo, que formó parte del contrainsurgente Plan Colombia, se incrementó en forma exponencial la población carcelaria en el país, principalmente los presos políticos y de conciencia. El sistema penitenciario se militarizó, se generalizó el hacinamiento, así como la violación de derechos humanos de los prisioneros.

La financiación de este “nuevo programa penitenciario” se inició con una “donación” por parte de los Estados Unidos de 4.5 millones de dólares.  Como laboratorio de ese sistema se construyó la cárcel de Valledupar, la tenebrosa Tramacúa, que entró en funcionamiento a finales del 2000. En esa prisión, un verdadero antro de venganza contra cualquier ser humano, los presos acceden al agua limpia en un promedio de diez minutos por día, no funcionan las instalaciones sanitarias, no existe atención médica para los reclusos, la comida es una lavaza inmunda en la que se encuentran restos de materia fecal.

Como parte del “nuevo sistema penal” los carceleros han sido reemplazados por miembros de las fuerzas armadas, caracterizados por su visceral anticomunismo y su odio hacia los insurgentes y luchadores sociales que abarrotan las prisiones colombianas. Dentro de las cárceles se han creado el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORE), que son unidades de contra-insurgencia que lanzan en forma periódica ataques cobardes contra los presos políticos y prisioneros de guerra, ataques que se acentúan cuando se efectúan huelgas de hambre y otras formas de protesta por parte de los prisioneros.

Lo peor del caso radica en que Colombia, que se ha convertido en el socio principal del imperialismo penitenciario impulsado por los Estados Unidos, es mencionada como ejemplo a imitar en otros países de América Latina y el mundo. Por eso, en este país por obra y gracia de Estados Unidos o por propia iniciativa operan programas de formación “académica” en el plano internacional, hasta el punto que se han capacitado en labores de control represivo a 22 mil carceleros entre el 2009 y el 2013, entre los que se incluyen militares, policías y funcionarios. La mitad de esos “estudiantes-carceleros” provienen de México, Honduras, Guatemala y Panamá.

Tan apreciada es la labor represiva que se adelanta en las cárceles colombianas, que el general John Kelly, del Comando Sur de los Estados Unidos, aseguró sin pestañear en el Congreso de ese país que es una “belleza tener una Colombia” porque “son tan buenos colaboradores, especialmente en el ámbito militar, son tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otra parte a capacitar a los mexicanos, los hondureños, los guatemaltecos, los panameños, lo hacen casi sin hacer preguntas. Y lo hacen por su propia cuenta. Son tan agradecidos por lo que hemos hecho por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, realmente, alentarlos por 20 años, y han realizado un trabajo magnífico”.

TERCERA NOTICIA: Estados Unidos usa a Colombia como un sitio clandestino de encarcelamiento
Después del 11 de septiembre de 2001 se generalizó la práctica terrorista de los Estados Unidos de usar cárceles, “legales” y “clandestinas”, en más de cincuenta países del mundo, para torturar y desaparecer a quienes esa potencia imperialista declara como sus enemigos, por considerarlos como terroristas internacionales, que además no están sujetos al tratamiento que disponen los acuerdos internacionales. Mediante su propia y forzada interpretación, los Estados Unidos han generalizado la tortura a nivel mundial.

Para que ese sistema criminal funcione se requiere de la participación consciente de sus socios en los países en los que se implantan esas cárceles clandestinas. Hasta ahora se sabía que eso había operado en Europa Oriental (República Checa, Polonia, Bulgaria…), África (Egipto, Libia…) y otros lugares del planeta, pero no se tenían referencias que eso hubiera ocurrido en algún país de América, salvo los propios Estados Unidos con su colonia de Guantánamo.  Pero he aquí que nos acabamos de enterar que eso ya empezó a funcionar en Colombia.

Vale mencionar una crónica de prensa en la que se cuenta el caso de una persona de nacionalidad estadounidense, con el nombre de Kaleil Isaza Tuzman, quien relató que "estoy metido en una situación kafkiana… Estuve en la cárcel 'La Picota' por meses, y ahora me tienen en el llamado 'Bunker' en la planta baja de las oficinas de La Fiscalía". Desde principios de septiembre de 2015 esta persona ha estado recluida en prisión en Colombia, como resultado de una orden de detención emitida en los Estados Unidos. En este caso se evidencia que los Estados Unidos está acudiendo a uno de sus socios estatales y carcelarios más fieles, Colombia, para burlar la legislación internacional e incluso interna de esa potencia, con el fin de mantener a los acusados en condiciones de absoluta vulnerabilidad, en un país donde la violación de los derechos humanos es el pan de cada día.

Por todo lo mencionado en esta nota, puede concluirse, tal como lo nombró un comentarista para theprista.co.uk, que las Prisiones Colombianas son  la antesala del infierno.

“Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.  Tribunal Especial de Medellín, citado en “Justicia investiga 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares”, El Tiempo, mayo 15 de 2015.

 

Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores, terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático, desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios –los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas.

La gran prensa –también de “empresarios de bien”, responsables directos de la guerra– ha difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas “mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en la geografía nacional en los últimos 60 años.

Ahora cuando se habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables del conflicto armado a empresarios, estos y sus voceros han dicho que eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la estrategia del castro-chavismo de tomarse el país, con la complicidad de Juan Manuel Santos y con el objetivo de ahuyentar la inversión privada del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y masacres.

Según la Revista Semana, una defensora incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una “cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores: “El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar la 'verdad'. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos”. Estos temores simplemente demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo confiesan por anticipado es que esos temores simplemente revelan hasta dónde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los políticos de la BACRIM de los 'uribeños' y de sus periodistas. En efecto, la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57 empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia y Paz.

Y a partir de esa indagación académica se ha armado un escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que no queden dudas, la misma Revista Semana – ¿será que teme que también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “en el sector privado existe una prevención de que la justicia en general, y particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana, pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado a la sociedad colombiana.

Haciendo eco de la sorpresa que produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios, ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones de Colombia. Además, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo, que sabían que era una organización ilegal'”.


Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido “defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra “civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los responsables. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.

Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), y de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestlé). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los “ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la muerte de otros miles–, entre los que se encuentran las empresas del azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas mineras y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.

Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales, ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso, el temor a la verdad que tienen los empresarios, los periodistas de los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de cuyas empresas, Postobón, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y patrióticos empresarios”. No sorprende, en ese sentido, el cinismo del presidente de la Anif -Asociación Nacional de Entidades Financieras-, Bruce Mac Master, quien aseguró que “no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios”.

Razón tenía Bertolt Brecht cuando decía que "con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres".

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