Olimpo Cárdenas Delgado

Olimpo Cárdenas Delgado

Durante 12 años el mayor Julio Cesar Torrijos obstruyó la investigación por el caso del asesinato del niño Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, luego de una brutal acción policial ocurrida el Primero de mayo de 2005. El oficial, que hoy se encuentra privado de la liberad por delitos de narcotráfico, encubrió a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y este cuatro de agosto lo manifestó en audiencia de imputación y reconocimiento de cargos en las salas del juzgado 57 penal. Por el crimen y gracias a la confesión del mayor Torrijos, la Fiscalía llamó a otros uniformados.

Mataron a Nicolás y destruyeron su hogar
Nicolás era una promesa. Con tan solo 15 años era un joven sensible, comprometido, buen lector, solidario, y defensor de la vida de los animales, y por supuesto de los derechos humanos. “Nicolás era todo para Margarita su madre, quien solo vivía para él… después de darle su desayuno y despacharlo para el colegio de La Salle en Bogotá, lo único que esperaba era salir de su trabajo en la tarde para ir a verlo nuevamente; Nicolás era quien leía a sus padres antes de dormir, literalmente se quitaba el abrigo para entregárselo a quien lo necesitara”, por eso su muerte fue demoledora para su hogar, complementa el abogado del caso, Pedro Mahecha.

Con el asesinato de Nicolás no solo se perdió una vida, sino que se destruyó el cálido hogar que durante años le sirvió de abrigo; también acabaron con la felicidad de su abuela. La relación de los esposos se deterioró hasta romperse, los bienes del hogar se gastaron en esta lucha por la verdad y la justicia; Yuri, su padre, debió salir del país por las constantes amenazas y atentados contra su vida, sin embargo desde el exilio continuó lo que hasta ahora ha sido la única razón de su vida: alcanzar la justicia frente al asesinato de su hijo.

Una lucha por la reparación integral
Se perdieron muchas cosas en la familia de Nicolás, pero la sociedad ganó un incansable luchador por los derechos humanos. Yuri Neira se dedicó de cuerpo y alma a buscar a los responsables y a luchar por la abolición de la brutalidad policial encarnada en el Esmad. En abril de 2011, el juzgado 37 administrativo de Bogotá ordenó una indemnización por 160 millones de pesos para la familia de Nicolás Neira, pero para ellos y para Mahecha, esa indemnización aparte de ser ridícula no satisfacía para nada los elementos integrales de la reparación que incluyen verdad, justicia y no repetición; así afirmo el jurista quien además considera que en esa condena “no hubo una expresión seria por parte del Estado para evitar que hechos tan lamentables como los sucedidos ese Primero de mayo de 2005 se repitan en el futuro… peor aún es que el Estado acaba de anunciar la creación de un Esmad rural, seguramente, para reprimir, las justas protestas de los campesinos”.

Además, esta condena del juzgado 37 administrativo no conminó, como era de esperarse, a la justicia penal, y tampoco lo hizo en el ámbito disciplinario compulsando las copias respectivas a las autoridades correspondientes, es decir, mantuvo la cadena de impunidad del aparato de justicia, ya que la viceprocuradora de ese entonces había proferido fallo condenatorio destituyendo a dos oficiales por el caso de Nicolás Neira, pero el ex procurador Ordoñez tumbó esta decisión de su subalterna. De esta situación conoció el juzgado y el tribunal y no hicieron nada al respecto, detalla el abogado Pedro Mahecha.

Por eso, es a la familia de Nicolás a quien le ha correspondido, en conjunto con su abogado, mover cielo y tierra para que este aparato pesado de la justicia camine. Ellos han instaurado todas las quejas, demandas, peticiones y denuncias respectivas no solo ante las instancias de justicia nacionales sino ante la Comisión interamericana de justicia, y es por eso que el caso se movió y logró la confesión del mayor Torrijos.

Lo que sigue
La investigación debe ir más arriba, plantea Mahecha. En ese año (2005) hay pruebas de que las acciones del Esmad fueron especialmente violentas debido a una directriz de los mandos superiores de la policía y por parte del Gobierno que en ese entonces dirigía Álvaro Uribe Vélez, y hasta ellos deben llegar las decisiones de la justicia. Hasta hace poco la Fiscalía más que buscar a los responsables tenía una especie de estrategia dirigida a escudriñar en el pensamiento libertario de Nicolás, tal vez con el objetivo de legitimar la brutalidad ejercida contra un rebelde. Y es por esa razón que Yuri Neira, el padre de Nicolás, decide empeñarse en llegar hasta el mismo despacho del nuevo Fiscal General y como se dice popularmente, empapelarlo de toda clase de solicitudes que volvieran la investigación al curso debido. Tal tenacidad encontró resultados, ya que el propio Fiscal Néstor Humberto en uno de sus viajes a Europa lo contactó personalmente, según relata el jurista Pedro Mahecha.

La audiencia de imputación de cargos del cuatro de agosto deja claro que si el mayor Julio Cesar Torrijos reconoció haber encubierto a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del menor, y haber obedecido a sus superiores para mantener la imagen del Esmad y de la Policía Nacional, entonces no se ha dicho toda la verdad ni están todos los responsables tras las rejas. De parte de la familia se tiene claro quiénes son los responsables, además hay muchos testigos que vieron que al niño no solo lo impactaron con una cápsula disparada por un trufly, sino que le dieron fuertes golpes de bolillo en su cabeza y cuerpo. La necropsia dictaminó que al niño Nicolás le abrieron su cráneo prácticamente en dos, de sien a sien, con una herida de 26 centímetros, que según los médicos era irreparable. Por eso, según manifiesta Mahecha, después de obstruir el aparato de justicia 12 años, de destruir una familia moral, económica y socialmente, de causarle grandes gastos a la justicia, este crimen no puede terminar con una sentencia que evite hurgar en las profundidades de un aparato militar y policial, de un Estado violador de los DDHH.

Ante la petición de esta familia, la Comisión Interamericana de Justicia le comunicó el 31 de julio al Estado colombiano y le corrió traslado de los expedientes, para que en tres meses, es decir el 31 de octubre se pronuncie frente al caso de Nicolás Neira. Por otro lado, el pasado 18 de agosto fueron citados a una nueva audiencia de imputación de cargos otros uniformados, pues se debe investigar la línea de responsabilidades hacia abajo, es decir el patrullero que disparó la cápsula, y los que golpearon a Nicolás hasta causarle la muerte; pero también hacia arriba, porque Torrijos reconoció que obedeció a un superior.

Sin embargo, siendo las 10:40 de la mañana, el Juez 71 penal municipal de Bogotá, con funciones de garantía, decidió enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva si la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar el asesinato a manos del Esmad del niño Nicolás David Neira Álvarez. “Sin palabras distintas de que el festín de la impunidad en este caso continúa su curso perverso. Seguiremos reclamando verdad y justicia”, puntualizó Mahecha.

Nacido y criado en Ocaña, Luis Emil Sanabria Durán alternó su actividad estudiantil en la Universidad Industrial de Santander  con la militancia en el partido Comunista Marxista Leninista, PCML, que dirigía la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL. Él mismo asegura que quien lo llevó a la Juventud Revolucionaria de Colombia, y luego al partido PCML fue el propio Oscar William Calvo, destacado dirigente revolucionario, asesinado con tan solo 32 años de edad el 20 de noviembre de 1985, a manos de agentes del Estado y en pleno proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur.
 
La conversación con Sanabria no tiene el objetivo de mostrar el terrorismo de Estado en medio del proceso de paz y desmovilización del EPL en 1991, sino las experiencias de participación ciudadana y procesos constituyentes a los que, una vez reinsertado a la legalidad, Luis ha dedicado décadas.

Entre los años 80 y 90 existía alto nivel organizativo social y popular en la región de Norte de Santander, allí tenía fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el EPL. Este último siempre le apostó a la participación electoral de las masas, y  tuvieron éxito igual que la Unión Patriótica cuando pudieron hacer uso de la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986 y ejecutada por primera vez en 1988. El EPL enarbolaba la consigna “Por una nueva Asamblea Nacional Constituyente” desde el año 1984, que fue fortalecida con la iniciativa estudiantil de 1990, llamada “Séptima papeleta” que coincidía con esta propuesta. En 1991, tras los acuerdos de paz y la desmovilización armada del M-19 y el EPL, y la muerte de miles de militantes de izquierda a manos del terrorismo de Estado y sus grupos paramilitares, se haría realidad la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de la compleja situación creada en los procesos de izquierda revolucionaria, muchos combatientes de las guerrillas desmovilizadas entraron a engrosar las  filas del paramilitarismo, y de los organismos de seguridad del Estado, mientras se realizaban masacres, confrontaciones entre guerrillas y desmovilizados, mientras que otros, la mayoría de ellos, se dedicaron a fomentar procesos organizativos en las mismas comunidades en donde habían desarrollado su actividad guerrillera o política; en este caso con el apoyo y la coordinación de otras fuerzas políticas y sociales de la región.

Cuenta Luis Emil que por allá en 1998 cuando se desempeñaba como subsecretario de paz en Norte de Santander, llegaron a recoger hasta 200 cadáveres de líderes sociales asesinados por los paramilitares, por su participación en las marchas de esa época. Por su labor política y las actividades ejecutadas dentro de su cargo fue incluido en una lista de 13 personas declaradas objetivo militar por los paramilitares y el Ejército. De estos solo viven dos, uno de ellos es Sanabria.

Las Asambleas Constituyentes Populares
A pesar de la arremetida paramilitar, la convergencia de varias fuerzas políticas, organizaciones sociales y populares y sectores de la iglesia logró conformar, hacia finales de los años 90, una Mesa por la paz, un Comité de atención a desplazados, y un Comité de paz, que hacían parte de Redepaz. Existía también la Asamblea Popular de desarrollo y paz del Catatumbo y Diálogos locales de paz, liderados por monseñor Leonardo Gómez Serna. La experiencia de la Asociación de campesinos de la India en Santander sirvió de ejemplo, ya que fue una de las primeras experiencias de participación popular en los procesos de paz.

Por otro lado, se habían instalado Asambleas Populares en San Calixto y El Tarra, procesos participativos sociales que recogían elementos de las propuestas de las FARC y especialmente del ELN, en la lógica de la Convención Nacional que por esos tiempos tomó gran audiencia en el país. La del municipio de Mogotes, en Santander, se bautizó como Asamblea Municipal de Constituyentes; era el pueblo haciendo uso del artículo tercero de la Constitución del 91. La consigna era “con Biblia y Constitución hacemos revolución”, porque era una alianza entre la iglesia y el pueblo, con sectores del cooperativismo y la organización campesina, principalmente.

Era tan importante y fuerte la iniciativa popular en Mogotes, que en 1997 cuando el ELN retuvo por denuncias de corrupción al alcalde Doryan Rodríguez, que le decían chocatón –y que por cierto, dice Luis Emil, recientemente volvió a ser elegido y capturado por corrupción–, la gente del pueblo, acompañada de monseñor Gómez Serna, se fue para el campamento del ELN y le exigieron que entregara al alcalde, porque ellos también sabían que era corrupto y lo querían juzgar. El ELN no tuvo más remedio que devolverlo. La Asamblea le pidió rendición de cuentas, confirmó los actos de corrupción y le exigió la renuncia. Quedó al frente del Gobierno la Asamblea Municipal de Constituyentes, la cual trabajaba de la mano con el Concejo, y con un nuevo alcalde elegido del proceso, y que hacía las veces de gerente bajo la orientación de la Asamblea.

Empezó un ejercicio de planeación y  participación basado en el artículo tercero de la Constitución, en donde figura que la democracia es directa. Los constituyentes eran los comerciantes, transportadores, campesinos, la iglesia, los maestros, etc. Estos se fueron a las veredas, planearon con la gente el diseño social, cultural y económico de su municipio. Ahora el alcalde tenía que hacer rendición mensual de cuentas, la Asamblea Popular tomaba decisiones que se llamaban mandatos y los concejales convertían esos mandatos en acuerdos municipales. Muchas regiones se sintieron convocadas a aprender del proceso; algunas embajadas acompañaron también.  Mogotes ganó en 1999 el Premio Nacional de Paz.

En adelante y durante cinco años los alcaldes no se inventaron programas de gobierno sino que se sintieron con la responsabilidad de construirlo con la población. Antes de este proceso solo estaban los partidos Liberal y Conservador, luego de eso estaban casi todos, incluido el Polo. Además, Redepaz promovió 100 ejercicios de procesos participativos constituyentes de las mismas características en 100 diferentes municipios de Nariño, Antioquia, y Huila. Unos con mayor éxito que otros.


La contra-constituyente
Pero como dicen popularmente, tanta dicha no podía ser cierta. Mientras que el ELN se alejó de la zona como organización armada, el paramilitarismo del Bloque Central Bolívar  nunca cumplió con las condiciones que la Asamblea Constituyente le había impuesto a los grupos armados de retirarse del territorio; retomaron el control y ubicaron su retaguardia en el corregimiento del Riachuelo, del municipio de Charalá, y desde allí planearon la estrategia para acabar con la Asamblea Municipal Constituyente. Amenazaron a los más destacados en el proceso como los padres Joaquín y Héctor, asesinaron a una religiosa y desplazaron a los maestros. En ese momento Álvaro Uribe subió al poder y se convirtió en un enemigo de los procesos constituyentes. Ahora Mogotes es satanizado.

No obstante, la meta de 100 municipios con procesos constituyentes se multiplicó a 200 en todo el país, pero con algunos de ellos muy desvirtuados en su esencia fundacional, y manipulados por los partidos políticos. Uribe persiguió las constituyentes por doquier; la iglesia católica que había apoyado el proceso, ahora amenazaba con excomulgar a quienes lo apoyaban. Hoy existe en Mogotes un comité constituyente pero muy discreto. Redepaz fue perseguida y amenazada y tuvo que disminuir su dinámica organizativa. Los procesos populares pasaron a la resistencia adoptando procesos de participación, de defensa del territorio, de movimiento cívico y otras expresiones que les permiten actuar directamente en la construcción de sus planes de vida y de sus propuestas de localidad, región y país, porque la gente, dice Luis Emil, “a pesar de todo no renuncia a su deseo de participar y decidir sobre sus territorios”.

Jueves, 26 Enero 2017 00:00

Simacota

Don Héctor me contó que ese día, el siete de enero de 1965, su patrón, un hombre acaudalado que tenía varias fincas y buen ganado, lo mandó a llevar una razón a otra finca de su propiedad a la cual se llegaba después de andar varias horas y pasar por Simacota. Antes que molestarse, Héctor con 15 años de edad y acostumbrado a la rudeza del trabajo en el campo, se puso feliz. Era una oportunidad de librarse de las fuertes jornadas, y conocer de primera mano los acontecimientos que rompieron la tranquilidad y rutina de aquella región, y especialmente de ese pequeño pueblo enclavado en las montañas de las “bravas tierras de Santander”.

La guerrilla se había tomado el pueblo esa madrugada del siete de enero, y aunque en la zona aún estaban tibias las cenizas de los fuegos provocados por la violencia de los años 50 que incendiaron las vidas de los campesinos de la región, esa toma era una novedad después de unos breves años de pacificación alcanzados luego del pacto entre las oligarquías liberales y conservadoras en 1958.

En realidad el patrón de don Héctor quería enterarse de cuan grave era la situación y había inventado la excusa del viaje a su otra finca para que el joven pudiera contarle lo que había sucedido en Simacota. Pero no fue mucho lo que el muchacho pudo verificar porque cuando llegó al pueblo ya todo había pasado y por allí solo había rumores. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, conformada por un grupo de jóvenes desconocidos, al parecer estudiantes apoyados por campesinos de la región, que habían llegado a San Vicente de Chucurí en julio de 1964 tomaron la decisión de “presentarse en sociedad” ese día y en ese lugar, sorprendiendo no solo a los uniformados de la policía y el ejército, sino a los habitantes. Ese día los revolucionarios después de expresar las causas del levantamiento armado, dieron lectura a un manifiesto de 12 puntos con el programa político, económico y social que resolvería las difíciles condiciones de la época.

Todo eso no se supo ese día por supuesto, sino que se fue conociendo con el tiempo. De la misma manera que yo, luego de 52 años me enteraría que el personaje que leyó el manifiesto no fue un guerrillero sino otro muchacho campesino llamado Juan Afanador quien como la mayoría de los campesinos y campesinas fueron convidados al parque central y se ofreció, ante la solicitud… o exigencia del guerrillero que comandaba el asalto, a leerlo. Eso me lo contó don Héctor, y me sorprendí más aún al enterarme que ese hombre estaba vivo y podría contarme más detalles de su experiencia; sin embargo, la búsqueda fue infructuosa en mi fugaz paso por la región.

Dos cafés amargos de muy buen aroma me permitieron conversar un largo rato con don Héctor. El suficiente para viajar con él a su dura niñez, y conocer a través de su historia de vida las condiciones sociales de la gente en esa época. El padre de don Héctor quien sufrió la penosa enfermedad de la lepra, ante la muerte de su esposa tuvo que abandonar a sus pequeños por razones legales y sanitarias en un centro educativo aislado en las montañas, allí vivían segregados todos los hijos de leprosos, y por eso, a sus siete años y a pesar de su cortísima edad, tuvo conciencia suficiente para escapar del lugar con sus hermanitos.

Solo pobreza, maltrato, abandono, trabajo y carencias de toda clase acompañaron a esos chicos por años. Ya adulto, en algún pueblo de la región don Héctor fue inspector de policía, y tuvo que convivir con las leyes que imperaban, las que por supuesto eran establecidas por las Farc y el ELN; a ellos acudían entre otros los párrocos, él mismo como inspector y las autoridades para resolver decenas de casos de convivencia entre vecinos, “ellos eran el Estado”, comenta don Héctor. La salud, la educación, la vivienda y el empleo eran precarios, y la gente siempre vivía alcanzada.

Hace 15 años don Héctor encontró una forma de vivir, o sobrevivir, a través de la venta de lotería, pero no le gusta, prefiere trabajar en los proyectos de las organizaciones campesinas, porque sueña con ayudar a resolver el abandono histórico del campesinado y a la par mejorar su calidad de vida. A pesar de sus 69 años, y sus dificultades para caminar, su paso es firme y enérgico, es incansable. Me acompañó a buscar a Juan Afanador, y me señaló cómo llegar al pueblo de Simacota, no sin antes contarme por dónde, cómo y en cuánto tiempo se llega a cada uno de los municipios de la provincia Guanentina.

Allá llegué, a Simacota, con las señas que don Héctor me dio, luego de bajar y serpentear por una angosta carretera en parte destapada y en parte pavimentada durante casi 30 minutos. A cada lado el monte amenaza tragarse la vía, los campesinos pasan sudorosos con sus mulas cargadas, y el calor sofocante alborota el olor de los helechos y la boñiga.

Me transporté a mis días de infancia cuando iba con el abuelo a ordeñar, el campo casi siempre huele a lo mismo, a recuerdos. Fui pasando despacio por las paredes de las casas, tratando de descubrir los secretos que guardaban. Es un pueblo bonito, que conserva el pasado en medio de la modernidad del internet, y de los jóvenes campesinos que ya no usan machete al cinto y sombrero sino celular. En una sola cuadra hay dos o tres carnicerías, y a pesar del extremo calor se comercia el café traído de las veredas.

Me paré en medio del parque y traté de imaginarme a Juan Afanador leyendo el manifiesto de Simacota, sin embargo solo pude escuchar nuevamente a don Héctor, y otras decenas de historias de hombres y mujeres, de diferentes lugares y épocas, duras todas, llenas de carencias todas, de humillación, de despojo; en años nada ha cambiado. De pronto lo vi, a Afanador con tan solo 15 años, en medio del parque central, rodeado de campesinos y campesinas, leyendo los 12 puntos… me cuesta saber si lo hace ahora o en 1965.

Periferia habló con el abogado Sergio Guzmán, de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, sobre los alcances del acuerdo de Justicia logrado en diciembre de 2015, en materia de prisioneros políticos. Guzmán asegura que estos suman cerca de 12.500, es decir, casi el 10% del total de la población carcelaria colombiana; más de la mitad de estos prisioneros jamás han tomado en sus manos un arma, pero han actuado en defensa de derechos legítimos a través de huelgas, protestas, bloqueos, manifestaciones; o han declarado su simpatía con las causas revolucionarias, y por razón de ello, han sido judicializados, muchos con base en la ley 1453 de 2011, mal llamada de seguridad y convivencia ciudadana. Los de las Farc llegan aproximadamente a 3500.

Antecedentes del acuerdo
Hay que recordar, comenta el abogado, que como efecto de una demanda del general Harold Bedoya, contra el art. 127 del código penal que reconocía la conexidad de varios delitos con la rebelión, la Corte Constitucional mediante sentencia C-456/97 le asestó un duro golpe a esa norma y la declaró inexequible, dándole la razón al general. Es decir, desaparecieron los delitos conexos al delito de Rebelión, y a partir de ese momento los rebeldes se juzgaron como delincuentes comunes, o sea que delitos como el homicidio y todos los demás  cometidos en acciones propias de la guerra insurgente, se procesarían como delitos comunes y por separado cada uno de ellos a través de la figura del concurso de delitos. El fin es obvio, quitarle peso a la filosofía e ideología de los alzados en armas contra el Estado y juzgarlos como terroristas, secuestradores, narcotraficantes, etc.

Paralelamente, los militares del Estado colombiano y sus instituciones dieron cruentas luchas jurídicas y políticas para garantizar que sus delitos fueran juzgados y procesados por la Justicia Penal Militar, y que sus agentes tuvieran protección legal como el fuero militar, que los eximiera de ser juzgados por delitos cometidos, según ellos, en el ejercicio de sus funciones, evitando la justicia ordinaria. No obstante miles de ellos son procesados por los juzgados penales ordinarios, y otros han provocado condenas al Estado por la jurisdicción internacional, por violaciones a los derechos humanos, porque los servidores públicos (Fuerzas militares) son responsables legal y constitucionalmente de su protección y defensa, y como se sabe muchos han incurrido en promoción del paramilitarismo, masacres, asesinatos políticos y crímenes de Estado, que son violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, por eso no tienen ninguna clase de tratamiento preferencial o benevolente como el fuero militar.

Bases del acuerdo
Como ninguna de las partes derrotó a la otra (Estado- insurgencia) en medio de la confrontación armada, entonces hay un equilibrio de poderes y sobre esta base es que se conforma la mesa de diálogo y negociación. Por eso dice Sergio, la gente cree, de ambas partes, que a la mesa se llega a imponer a la otra sus criterios y sus intenciones, y que el que cede claudica, pero ese es un escenario en donde el gobierno y la insurgencia deben ceder en sus pretensiones, porque ninguna pudo derrotar a la otra en el marco de la guerra; si alguna de las partes hubiera ganado la guerra no habría negociación. Esta es la base político filosófica del proceso de La Habana y del nuevo proceso que se inicia en Quito con el ELN.

En materia de justicia, las normas penales del derecho interno colombiano son estrechas para atender la solución política de un conflicto armado como el colombiano, por eso se acude a las normas internacionales que son más amplias, más desarrolladas, reconocen y son aplicables a todas las partes del conflicto sin excepción. En especial reconoce la rebelión como un derecho y no como un delito, la conexidad de varios delitos con la rebelión, y contempla la violación de los derechos humanos a cargo de las autoridades legal y constitucionalmente constituidas (los Estados). Ambas partes responden en el marco de la justicia interna, cuando corresponda, y en el marco del derecho penal internacional, tanto por la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como por la violación al Derecho Internacional Humanitario cuando cualquiera de las partes incurre en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es en este marco que se da el debate en la mesa de La Habana, Cuba.

El acuerdo
En el acuerdo quedaron expresamente excluidos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en que hayan incurrido las partes, como la tortura, la desaparición, el acceso carnal violento, entre otras, por tanto estos no pueden ser indultables ni amnistiables.

La justicia no será distributiva (ojo por ojo, diente por diente), que es la que se impone en las normas internas en donde la cárcel es la única forma de castigo; será restaurativa, o sea que habrá sanciones alternativas diferentes a la prisión y cárcel sólo en algunos casos. En este nuevo modelo de justicia prima la verdad plena a fin de restaurar, resarcir a las víctimas y la sociedad, y en este plano la cárcel no es única salida; este modelo de justicia es una salida humanista y moderna que se aplica en los países más avanzados.

Una vez se firme el acuerdo general definitivo Gobierno – Farc, debe aprobarse una amnistía (borrón y cuenta nueva) y también debe darse el indulto (borrar la pena) para los prisioneros de guerra de las Farc. Se puede proyectar que el 70%, aproximadamente, de los que están hoy en la cárcel serían beneficiados de la amnistía y el indulto en el marco del Tribunal de Paz; los demás pueden recibir otro tipo de tratamiento por dicho tribunal, según esté o no incurso en crímenes de guerra y/o delitos de lesa humanidad. Otros presos políticos diferentes a los rebeldes (guerrilleros), pueden beneficiarse, no con indulto y amnistía pero si a través de otras figuras procesales y penales. Expresamente el acuerdo 35 plantea: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”.

Como una contribución al clima para las conversaciones de La Habana, el gobierno unilateralmente concedió libertad a través del indulto a 30 insurgentes de las Farc, procesados por rebelión y que no tuviesen delitos conexos. De otro lado, tras un esfuerzo de la Coalición Larga Vida a la Mariposas, se logró que un grupo de intelectuales liderados por Adolfo Pérez Esquivel y Noam Chomsky, impulsara una campaña por el indulto humanitario para que el gobierno dejara en libertad a 71 prisioneros políticos que padecían enfermedades que son incompatibles con la reclusión; luego, el gobierno en respuesta a dicha iniciativa se comprometió a realizar unas brigadas que verificaran el mal estado de salud de los prisioneros políticos para proceder al indulto humanitario, y a concentrarlos en patios especiales; en el caso de Antioquia sería en la cárcel de Itagüí, “sin embargo, hemos estado solicitando que esos aproximadamente 170 reclusos sean concentrados en el patio 16 de la cárcel de Bellavista; esto ocurriría en abril y mayo”, expone el abogado Guzmán.

Martes, 19 Abril 2016 00:00

Gracias a la vida conocí a Violeta

Hasta que por fin la conocí. La había escuchado de lejos, ni siquiera la ubicaba en el mapa, la confundía de vez en cuando y hasta desconocía que era la autora de esa canción que tararean miles y que inmortalizó la fenomenal Mercedes Sosa “Gracias a la vida”. 

La misma semana que en Colombia asesinaban a cuatro líderes sociales y ambientales, en Honduras, la noche del 2 de marzo de 2016, la muerte abrió de una patada la puerta de la casa en donde descansaba Berta Cáceres, entró con violencia y le asestó un golpe tan fuerte que le arrebató la vida a ella y dejó mal heridos a millones de seres vivos, incluido el sagrado río Gualcarque, al que había dedicado sus mejores cuidados. Aunque Honduras está a más de 1700 kilómetros de Colombia, no es una distancia tan grande para la muerte que tiene las manos muy grandes y los pasos muy largos. De todas maneras no se sabe si ella, la muerte, habita en Honduras o en Colombia, posee el don de la ubicuidad o tiene hermanas gemelas andando por todo el planeta.

Berta Cáceres, ante todo era una mujer autónoma, libre y emancipada. Por haber nacido indígena guardaba una carga mayor de amor a la vida, al planeta y a la naturaleza, a la que todas las cosmovisiones, excepto la occidental, reconocen como sagrada y cuidan como a una madre.

Igual que en Colombia, en Honduras el crimen y la corrupción se pasean por las calles, los campos, los ríos y el aíre, y dicen que duermen y se alimentan en los estamentos institucionales y se financian con los fondos de los bancos nacionales y extranjeros. Desde agosto del 2009 –el gobierno, hijo del golpe de estado que sacó de su casa a Zelaya, el presidente legal y legítimo de ese país, promovió y aprobó leyes del despojo, como la Ley General de Aguas que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos y cortó de un solo tajo las normas que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Como el territorio del pueblo Lenca de Honduras, que fue uno de los más afectados. Allí, se promovió la construcción de 17 represas, la mayoría con fondos de origen estadounidense denominados “Desafío del Milenio” CDM.

El territorio ancestral del pueblo Lenca, es el útero en donde Berta Cáceres se formó y por eso dio su vida para protegerlo de la agresión de las transnacionales y el gobierno, que entre 2010 y 2013 aprobó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca ubicado en la zona noroccidental de Honduras entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. De la sangre del río Gualcarque, sagrado para los indígenas Lenca descendientes de la cultura maya, este proyecto pretende generar 21.3 MW en una concesión de 20 años.

Aunque la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) que presta su nombre para ejecutar el proyecto hidroeléctrico es hondureña, son capitales chinos y alemanes los que usufructúan la obra y la construyen, también los que han tenido que enfrentar la fuerza de la movilización del pueblo Lenca, hijos del Cacique Lempira, quien luchó por esos territorios contra los españoles durante la colonización de Honduras. Y fue Berta, la que se vistió de cacica para liderarlos, junto a hombres como Tomás García, indígena asesinado en julio de 2013 por el ejército hondureño en medio de una protesta contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

A Berta sin duda alguna la perseguían los agentes del Estado, los sicarios pagados por las empresas constructoras y los cobardes de toda pelambre, en especial los comisionistas, que se ocultan detrás de sus corbatas y sus cargos ejecutivos. Durante la mañana del día 2 de marzo, el día de su asesinato, testigos vieron a sicarios de la empresa constructora, DESA, en un coche hablando mal de Berta, manifestó su abogada Marcia Aguiluz. Además “Denunciamos que el 20 de febrero de 2016 durante la movilización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Vice Alcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la empresa DESA en promover el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sentenció a muerte a la compañera Berta Cáceres”.

Ya el 16 de febrero, hombres armados habían perseguido a Berta y a otros miembros del COPINH cuando iban saliendo de Río Blanco, territorio cercano al municipio de San Francisco de Yojoa. Los persiguieron en vehículo desde Plan de Encima hasta Zacapa, en el mismo municipio. Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y el ejército de familias lencas del COPINH en Jarcia, Guinse e Intibucá, donde protestaban contra los proyectos hidroeléctricos, un agente de la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC, hostigó a Berta Cáceres y le dijo que “ellos no respondían por ella si pasaba algo”. Manifestaron los líderes del COPINH.

Aunque ninguna vida, en especial estas tan dignas y tan valiosas, deberían ser arrebatadas, las de Tomás y Berta han marcado en el alma de los hondureños y en la de los ambientalistas de todo el mundo una cicatriz imposible de borrar. Sus muertes siempre injustas e injustificables, solo tienen sentido porque fueron ofrecidas a la vida, porque dejaron tambaleando el proyecto de muerte de la hidroeléctrica Agua zarca, que no ha podido avanzar y que seguramente se paralizará ante la lucha del pueblo Lenca.

Berta Cáceres caminó por todo el mundo sembrando resistencia y dignidad, abrazando causas sociales y promoviendo la defensa de la vida en todas sus expresiones. En Colombia tuvimos el orgullo de sentir ese abrazo y de recibirla en el seno del Congreso de los pueblos, del que se hizo militante. Por ella, por sus hijas Laura y Berta Zúñiga Cáceres, valientes mujeres que caminan los mismos senderos de su madre, alzamos nuestra voz dolorida e indignada, y también por ellas sonreímos con aire poderoso de desprecio ante los asesinos, capitalistas cobardes que se escondieron detrás de la máscara de la muerte ante la mirada firme de una mujer.

La misma semana que en Colombia asesinaban a cuatro líderes sociales y ambientales, en Honduras, la noche del 2 de marzo de 2016, la muerte abrió de una patada la puerta de la casa en donde descansaba Berta Cáceres, entró con violencia y le asestó un golpe tan fuerte que le arrebató la vida a ella y dejó mal heridos a millones de seres vivos, incluido el sagrado río Gualcarque, al que había dedicado sus mejores cuidados. Aunque Honduras está a más de 1700 kilómetros de Colombia, no es una distancia tan grande para la muerte que tiene las manos muy grandes y los pasos muy largos. De todas maneras no se sabe si ella, la muerte, habita en Honduras o en Colombia, posee el don de la ubicuidad o tiene hermanas gemelas andando por todo el planeta.

Berta Cáceres, ante todo era una mujer autónoma, libre y emancipada. Por haber nacido indígena guardaba una carga mayor de amor a la vida, al planeta y a la naturaleza, a la que todas las cosmovisiones, excepto la occidental, reconocen como sagrada y cuidan como a una madre.

Igual que en Colombia, en Honduras el crimen y la corrupción se pasean por las calles, los campos, los ríos y el aíre, y dicen que duermen y se alimentan en los estamentos institucionales y se financian con los fondos de los bancos nacionales y extranjeros. Desde agosto del 2009 –el gobierno, hijo del golpe de estado que sacó de su casa a Zelaya, el presidente legal y legítimo de ese país, promovió y aprobó leyes del despojo, como la Ley General de Aguas que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos y cortó de un solo tajo las normas que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Como el territorio del pueblo Lenca de Honduras, que fue uno de los más afectados. Allí, se promovió la construcción de 17 represas, la mayoría con fondos de origen estadounidense denominados “Desafío del Milenio” CDM.

El territorio ancestral del pueblo Lenca, es el útero en donde Berta Cáceres se formó y por eso dio su vida para protegerlo de la agresión de las transnacionales y el gobierno, que entre 2010 y 2013 aprobó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca ubicado en la zona noroccidental de Honduras entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. De la sangre del río Gualcarque, sagrado para los indígenas Lenca descendientes de la cultura maya, este proyecto pretende generar 21.3 MW en una concesión de 20 años.

Aunque la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) que presta su nombre para ejecutar el proyecto hidroeléctrico es hondureña, son capitales chinos y alemanes los que usufructúan la obra y la construyen, también los que han tenido que enfrentar la fuerza de la movilización del pueblo Lenca, hijos del Cacique Lempira, quien luchó por esos territorios contra los españoles durante la colonización de Honduras. Y fue Berta, la que se vistió de cacica para liderarlos, junto a hombres como Tomás García, indígena asesinado en julio de 2013 por el ejército hondureño en medio de una protesta contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

A Berta sin duda alguna la perseguían los agentes del Estado, los sicarios pagados por las empresas constructoras y los cobardes de toda pelambre, en especial los comisionistas, que se ocultan detrás de sus corbatas y sus cargos ejecutivos. Durante la mañana del día 2 de marzo, el día de su asesinato, testigos vieron a sicarios de la empresa constructora, DESA, en un coche hablando mal de Berta, manifestó su abogada Marcia Aguiluz. Además “Denunciamos que el 20 de febrero de 2016 durante la movilización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Vice Alcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la empresa DESA en promover el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sentenció a muerte a la compañera Berta Cáceres”.

Ya el 16 de febrero, hombres armados habían perseguido a Berta y a otros miembros del COPINH cuando iban saliendo de Río Blanco, territorio cercano al municipio de San Francisco de Yojoa. Los persiguieron en vehículo desde Plan de Encima hasta Zacapa, en el mismo municipio. Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y el ejército de familias lencas del COPINH en Jarcia, Guinse e Intibucá, donde protestaban contra los proyectos hidroeléctricos, un agente de la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC, hostigó a Berta Cáceres y le dijo que “ellos no respondían por ella si pasaba algo”. Manifestaron los líderes del COPINH.

Aunque ninguna vida, en especial estas tan dignas y tan valiosas, deberían ser arrebatadas, las de Tomás y Berta han marcado en el alma de los hondureños y en la de los ambientalistas de todo el mundo una cicatriz imposible de borrar. Sus muertes siempre injustas e injustificables, solo tienen sentido porque fueron ofrecidas a la vida, porque dejaron tambaleando el proyecto de muerte de la hidroeléctrica Agua zarca, que no ha podido avanzar y que seguramente se paralizará ante la lucha del pueblo Lenca.

Berta Cáceres caminó por todo el mundo sembrando resistencia y dignidad, abrazando causas sociales y promoviendo la defensa de la vida en todas sus expresiones. En Colombia tuvimos el orgullo de sentir ese abrazo y de recibirla en el seno del Congreso de los pueblos, del que se hizo militante. Por ella, por sus hijas Laura y Berta Zúñiga Cáceres, valientes mujeres que caminan los mismos senderos de su madre, alzamos nuestra voz dolorida e indignada, y también por ellas sonreímos con aire poderoso de desprecio ante los asesinos, capitalistas cobardes que se escondieron detrás de la máscara de la muerte ante la mirada firme de una mujer.

Martes, 20 Octubre 2015 00:00

Gracias a la vida conocí a Violeta

Hasta que por fin la conocí. La había escuchado de lejos, ni siquiera la ubicaba en el mapa, la confundía de vez en cuando y hasta desconocía que era la autora de esa canción que tararean miles y que inmortalizó la fenomenal Mercedes Sosa “Gracias a la vida”. 

Miércoles, 29 Abril 2015 15:00

La guerra y la paz son decisiones humanas

Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, premio nobel de paz en 1992, fue la invitada especial a la celebración de los setenta años de la Universidad del Tolima, en Ibagué, este 12 de marzo. También en una breve y exclusiva entrevista con Periferia reflexionó sobre los acuerdos de paz y el pos acuerdo en Colombia frente a la experiencia en Guatemala.

Lunes, 29 Septiembre 2014 20:32

Los relatos de Rubén

libroruben

Cuando supe que Rubén Darío Zapata tenía un nuevo libro en impresión, me sorprendí. En principio porque Rubén vive atiborrado de trabajo y no sé de dónde saca tiempo para escribir, y también porque lo tenía muy callado, yo no sabía. Cuando tuve en mis manos “Angustias Íntimas y Esperanzas Obstinadas” y empecé a leer sus relatos me sorprendí más, porque el trabajo resultó muy bello, a pesar de haber tenido que sortear tantas dificultades, sobre todo económicas.

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