Código de represión social ya está listo

El pasado jueves 16 de junio, después de 12 horas y 17 minutos de debate, la plenaria de la cámara de representantes aprobó el código de policía. Solo queda pendiente la conciliación ante el senado y la sanción presidencial. Este código impactará con más fuerza en los sectores políticos y sociales que se oponían a dicha reforma, porque será una herramienta política para exterminar cualquier posibilidad de expresión social y protesta.

 

Diego Felipe Becerra, joven grafitero de 17 años fue asesinado por un policía durante la persecución que se siguió luego de sorprenderlo pintando un grafiti el norte de Bogotá el 11 de agosto del 2011, y hasta ahora ha sido evidente la operación en la que ha incurrido la policía para tapar y desviar la investigación; al día de hoy los policías implicados han sido dejados en libertad por vencimiento de términos. En marzo del 2014 el joven Yeison Castrillón fue golpeado por la policías del CAI en la localidad de Kennedy en Bogotá, producto de tal agresión tuvo que ser operado inmediatamente, y estuvo en coma inducido.

Pese a que la policía ha perdido credibilidad y confianza de la mayoría de la población, no solo por estos casos sino por los desalojos, las agresiones contra comunidades pobres y vendedores ambulantes, sin contar los escándalos de corrupción, su relación con grupos delincuenciales y su participación en diversos delitos; con este nuevo código de policía se le otorgaron herramientas jurídicas que seguramente van a incremetar las cifras y los casos de arbitariedad y represión policial, ahora amparados en normas que buscan supuestamente “una mejor convivencia ciudadana”.

Javier Montoya, abogado de la universidad de Antioquia explica lo que significa la aprobación de este nuevo código de policía: “con este código se están tratando de revivir normas de estado de sitio, normas que trataron de implementar a través del estatuto antiterrorista hace muchos años para avasallar a las personas, violar los derechos, restringir la locomoción, la intimidad y la privacidad”
El 14 de junio se siguió en la cámara de representantes el debate sobre el código de policía, aprobado el 16 de junio. El Representante por el polo democrático Alirio Uribe Muñoz quien está de acuerdo con archivar dicha propuesta manifestó lo siguiente: “Claro que necesitamos un código nuevo de policía porque el que tenemos es un hijo de estado de sitio, nació como tal y luego se convirtió en legislación permanente, el problema de este código es que no lo hizo el congreso, es un código de policía hecho por policías, para darle poderes exorbitantes. Yo siento que en muchos artículos que tienen que ver con la minería ilegal con el proxenetismo, prostitución y demás estamos corriendo el riesgo de convertir delitos en contravenciones”. Esto en pocas palabras seria darle un tinte penal al código de policía.

A continuación los puntos más cuestionados del recién aprobado código de policía:

Allanamientos sin autorización judicial
En el artículo dos de la Constitución Política de Colombia, se plasma como principio fundamental el deber del Estado de garantizar la protección de honra y bienes por parte de las autoridades y se reafirma en el artículo 15 “derecho a la intimidad”. Por eso las autoridades requieren autorización judicial para ingresar a una vivienda, ya que si se va a excepcionar este derecho se debe hacer con el debido proceso y sus requisitos están establecidos en los artículos 213 de la ley penal.

“La sentencia más importante sobre las capturas es una sentencia del año 96 a raíz de una demanda de inconstitucionalidad en contra de las capturas administrativas, tal como se plantea violaría la reserva judicial legal frente a los domicilios. Hay por lo menos 15 causales para que los policías se metan a la casa de los ciudadanos. Es un código de policía que es imposible de aplicar”, señala Alirio Uribe Muñoz.

Restricción al derecho de protesta
Las protestas se harán cuando ellos las permitan y podrán disolverlas cuando se vea alterado el orden público. Esta norma también atenta contra el derecho constitucional a la libre expresión y la protesta, pues en otras palabras ellos deciden cuándo estas tienen un fin legítimo.

Como lo expresa en un pronunciamiento de la vocería del congreso de los pueblos “En Colombia, el Derecho a la protesta es un mecanismo de participación política que debe ser protegido. La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha reconocido El derecho de reunión como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos.”(C 179/1994).

Un ejemplo de la selectividad del derecho a la protesta podría ser la marcha promovida por Álvaro Uribe el dos de abril del presente año, que contó implícitamente con la aprobación de la autoridad pública, por eso no había casi policías y no hizo presencia el ESMAD. Mientras tanto, en las movilizaciones promovidas por los sectores populares, caso la Minga Nacional que recién acaba de ocurrir en el país, los helicópteros sobrevolaban la multitud generando presión y los antimotines asechaban a los manifestantes en cada lugar. Incluso, resultaron tres comuneros indígenas muertos en confrontación con el ESMAD.

La estigmatización de las protestas, entonces, se harían más intensas y agresivas, pues estas de por sí ya implican una alteración del orden público y sus razones siempre son la inconformidad por el orden establecido.

Medidas correctivas
El nuevo código también establece la posibilidad de imponer medidas correctivas cuando la policía se considere amenazada o irrespetada y multas que permitirán el cobro coactivo y el reporte en centros de riesgos. Lejos de resolver problemas de los ciudadanos legaliza la estigmatización a los sectores sociales más pobres y atiza la violencia en las calles pues no establece controles a la actividad de los policías. Así, de forma selectiva someten a las requisas a cualquiera sin posibilidad de resistirse. Por ejemplo ¿Qué posibilidad tendrá la gente desempleada de sobrevivir, al no poder trabajar en los buses vendiendo? Así como lo establece la nueva normativa, esto será tan ilícito como robar.

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Diego Martinez
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