Así se mueven las fichas burocráticas del ajedrez del Estado

El cierre del año en Colombia está más que agitado en materia política. La renegociación con las FARC en La Habana, los inicios tortuosos de diálogos con el ELN en Quito, un escenario económico indescifrable por cuenta de las bajas en los precios del petróleo, por un dólar que sigue al alza y por una nueva reforma tributaria que pretende ser estructural, el cambio de procurador, una agenda legislativa copada, entre otras, son algunos de los hechos y situaciones que marcan este fin de año.

Nuevo procurador
“Me propongo hacer una procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado Social de Derecho, probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley. Una Procuraduría que no sea vocera de los radicalismos, y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica”, expresó Fernando Carrillo ante el Congreso en pleno, durante su discurso de agradecimiento a esta entidad por su elección. Fernando Carrillo fue escogido con 92 votos a favor y tres en blanco, en una elección que disputó con una exmagistrada, María Mercedes López, y el exvicefiscal Fernando Perdomo.

La Procuraduría General de la Nación es una entidad que está por fuera de las tres ramas del poder público, y cuya función es representar y defender a los ciudadanos, así como velar por el interés general y el bien común, y por la defensa y la divulgación –en compañía de la Defensoría del Pueblo- de los Derechos Humanos. Vale mencionar que Carrillo es un abogado liberal, que participó y lideró los movimientos estudiantiles que dieron como resultado la Constitución del 91, que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha sido Ministro de Justicia y de Interior. También que para llegar a ser Procurador tuvo que ser postulado por el Consejo de Estado, una de las altas cortes de la Rama Judicial; aunque para muchos no es más que la llegada de otro poderoso burócrata a los más altos escaños del poder. Y que además, hay quien considera que su elección se dio por influencia del Presidente, lo que lleva, por supuesto, a muchos cuestionamientos. ¿Hay garantías en un país donde el Fiscal y el Procurador, muy lejos de verse como líderes independientes, son personas que trabajaron de la mano con el Gobierno de turno?
Sus responsabilidades son inmensas. Debe, primero, recobrar el equilibrio y la imparcialidad ideológica de la institución, que tanto afectó Alejandro Ordoñez con sus sesgos y su persecución a los líderes de izquierda, las víctimas y reclamantes de tierra, y la comunidad LGTBI. Y segundo, fortalecer la lucha contra la corrupción, sobre todo en las regiones y las zonas más apartadas del país, y mucho más ahora ante un eventual escenario de posconflicto.

Llegan nuevos magistrados al tribunal de la Corte Constitucional
Esta entidad, que fue creada con la constitución de 1991, tiene varias funciones, todas muy importantes, como lo son: la revisión de la constitucionalidad (que se cumpla con lo planteado en la Constitución) de las leyes del Congreso, de los decretos del Gobierno, y de las iniciativas para modificar la Constitución; también le corresponde revisar y resolver tutelas y aprobar tratados internacionales.

Gracias a esta entidad hemos avanzado en materia de derechos. Muchas comunidades, como la indígena, la LGTBI y las madres cabeza de familia se han visto beneficiadas por decisiones que ha tomado. Un ejemplo de ello fue dar la razón a 73 indígenas y campesinos que interpusieron una tutela para defender sus derechos de acceso a la tierra y a la vida digna, ante la iniciativa del Gobierno de declarar su territorio (en Puerto Gaitán, Meta) como primera zona para ejecutar las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que muy lejos de ayudar y proteger al campesinado, legaliza y legitima la acumulación de tierras. Decisiones como esta, muestran el poder que tiene este alto tribunal, y debe invitar a abrir los ojos y ejercer una veeduría activa sobre esta nueva elección.

Se trata del cambio de cinco de sus nueve magistrados. Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, primero, y María Victoria Calle, hoy presidenta de esta entidad, y el reemplazo del polémico Jorge Pretelt, después. El punto es que para inicios del próximo año los cambios estarán hechos, y que como es de esperarse en Colombia, ya se está hablando de un tráfico de influencias y de intereses entre altos mandatarios, como la actual procuradora y los magistrados de las otras cortes.

La agenda legislativa se mueve
Es usual que para fin de año el Congreso esté lleno de responsabilidades, proyectos, elecciones, y hasta escándalos. Pero este cierre de legislatura está más que copado. Una Reforma Tributaria que pretende tapar un hueco fiscal de más de 30 billones de pesos, y que desde ya suscita polémica por las cargas que arroja sobre los más pobres y la clase media; y la disposición de que sea el Congreso el que refrende, apruebe e implemente el Acuerdo de Paz que salga de la renegociación en La Habana, son ya suficientes para que esté activo. Pero además de eso, cursan en el Congreso la elección de varios magistrados de la Corte Constitucional, un acto legislativo para que personas más jóvenes pueden llegar al Congreso, una iniciativa para declarar el agua derecho fundamental, dos leyes que pretenden mejorar el sistema de salud, y dos iniciativas para rebajar o modificar el salario de los congresistas.

Y entre otras, resalta un proyecto de acto legislativo elaborado por el senador Alberto Castilla que modifica la Constitución y declara a los campesinos como “sujetos de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina”.

Y se nos vinieron las Reformas…
La llamada “Reforma Tributaria estructural” no es la única que caerá sobre los colombianos en este año que viene. Se aproxima una reforma tan esperada como polémica, y a la que además también debemos criticar, analizar y vigilar, una reforma que aunque no hace parte del ámbito tributario, sí lo es del ámbito judicial: la reforma a la Justicia. Hace un mes se oficializó la intención de impulsar una nueva reforma y para ello los presidentes de las cortes, el presidente del Congreso y el Ministro de Justicia, trabajan en la elaboración de “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”. El país ha estado esperando una propuesta sería, estructural y que tenga la defensa jurídica de los ciudadanos de a pie como principal prioridad. Esperemos que esta sea.

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Juan David Guerra
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