Corte otorga derechos de la naturaleza al río Atrato

A través de la Sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional otorgó derechos de la naturaleza al río Atrato, respaldando así a las organizaciones comunitarias del Chocó que históricamente han luchando por el agua, su cultura y la vida de su territorio.

El río Atrato, uno de los más poderosos del país, que cuenta con más de 15 ríos y 300 quebradas tributarias a lo largo de su recorrido, fue el primer ecosistema en ganar Derechos de la Naturaleza en el país. Este fallo de la Corte Constitucional se dio tras la acción de tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, y resalta cambios para el río tanto como para las poblaciones humanas que viven alrededor de este. Según la sentencia T-622 de 2016, el Gobierno está obligado a “descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del río Atrato y sus afluentes, así como la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal”, y a “restablecer los derechos de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato, especialmente en lo que tiene que ver con la recuperación de su cultura, participación, territorio, identidad, modo de vida y actividades productivas, incluida la pesca, la caza, la agricultura, la recolección de frutos y la minería artesanal... a garantizar: (i) la soberanía alimentaria de las comunidades y (ii) prevenir su desplazamiento involuntario de la zona por actividades mineras ilegales y daños ambientales”.

Este fallo tiene antecedentes alrededor del mundo, incluyendo América: en los EEUU, en varias comunidades, existen derechos de la naturaleza, y masivamente existen en Ecuador, donde estos derechos están contemplados dentro de la misma constitución. El río Atrato es el agua de la vida para el departamento del Chocó, y es significativo que sea el primer río del país en ganar derechos. Este departamento es el más empobrecido y menos preciado por el Gobierno nacional en intervención social, y a pesar de su riqueza en recursos naturales, incluyendo el oro, la contaminación del territorio y los gritos en contra de esto por parte de las comunidades locales han sido ignorados de forma sistemática.

El oro es uno de los recursos más exportados del país, la mayoría de su explotación está en el Chocó y Antioquia; su extracción, tanto legal como ilegal, usa una sustancia supremamente tóxica para todos los seres vivos: el mercurio. Según la organización internacional Mercury Watch, que apuesta por reducir el mercurio usado en la minería artesanal del oro a nivel mundial, Colombia es el país con más contaminación por mercurio en América, por lo que ecosistemas del Chocó y Antioquia son los más afectados. La minería trae la deforestación, el saqueo de maderas, y la erosión de las cuencas, lo que ha causado una crisis ambiental, que en el caso del Chocó esta crisis está agravada con la contaminación por mercurio del Atrato. Las enfermedades y muertes causadas por el mercurio en este río han forzado al Gobierno a declarar una crisis humanitaria en varias zonas. Los medios de comunicación nacionales tienden a enfocarse en la minería ilegal y en la presencia de actores armados ilegales en el Chocó, pero el fallo está en contra de entes del Estado, y la minería legal, tanto como la ilegal, debe detener el uso de sustancias tóxicas para extraer metales en el departamento.

Llegar a este punto de gran ganancia jurídica no fue fácil. En Colombia, desde los años 90 la política minero-energética ha sido una prioridad económica para los diferentes gobiernos, sin un reconocimiento de sus efectos socio-ambientales, y la biodiversidad del país está en alto riesgo por estas actividades. Con esta decisión, la Corte Constitucional favoreció al planeta, a la población, al agua, y a los recursos naturales, y los puso por encima de las políticas económicas. “Es el momento de comenzar a tomar las primeras medidas para proteger de forma eficaz el planeta y sus recursos antes de que sea demasiado tarde o el daño sea irreversible”, concluyó la Corte Constitucional. Existe la esperanza de que este sea el primer fallo de muchos, representando un giro legal después de más de dos décadas de política neoliberal que ha causado daños irreversibles para el país, el planeta y todos sus seres vivos.

Las comunidades del Chocó sirven como referente e inspiración para los movimientos a lo largo del territorio nacional, quienes luchan por sus ríos libres, y recursos naturales para el bien común, y el fallo sirve como precedente jurídico. La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de “respetar” a la naturaleza, “dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista”. A todas las comunidades que combaten por el agua y la vida contra sustancias venenosas, mega-industrias de exportación como carbón y petróleo, mono-cultivos de café y caña, y explotación de otros metales no preciosos, la alta corte les ha avalado en sus luchas históricas, y al parecer, está empezando a respetar y respaldar sus exigencias.

 

ACTORES

Durante años, la batalla jurídica fue encabezada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de varias organizaciones comunitarias de la región, como el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, y el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó.

Según la Corte Constitucional, los culpables de “no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región”, son: la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Defensa Nacional, Salud y Protección Social, y Agricultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Nacional de Salud, las gobernaciones de Chocó y Antioquia, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, la Policía Nacional, la Unidad Contra la Minería Ilegal, y las alcaldías de los municipios de Acandí, Bojayá, Lloró, Medio Atrato, Riosucio, Quibdó, Río Quito, Unguía, Carmen del Darién, Bagadó, Carmen de Atrato y Yuto –de Chocó–, y Murindó, Vigía del Fuerte y Turbo –de Antioquia–.

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Gina Spigarelli
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