Edición 132 Octubre 2017

El Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Movete, es una articulación de organizaciones sociales, juveniles, ambientales y campesinas que nació en el 2013, por la necesidad de trabajar en conjunto para el Oriente de Antioquia. Este ejercicio de resistencia y defensa del territorio tiene un antecesor en el Oriente antioqueño: el Movimiento Cívico.

 

El Movimiento Cívico, una lucha que no culmina
Desde que el Oriente antioqueño, en la segunda mitad del siglo pasado, se colocó como un polo de desarrollo a nivel nacional e internacional con la construcción de la autopista Medellín - Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, más la expansión urbanística desde el Valle de Aburrá hacia el Oriente cercano y la llegada de las hidroeléctricas, las comunidades empezaron a verse afectadas. Fueron las altas tarifas de energía para esta región productora de la misma, lo que motivó a la conformación del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, quien desde entonces emprendió un ejercicio de organización y movilización.

Beatriz Gómez, oriunda de La Unión, Antioquia, hizo parte del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño desde 1993. Tratando de recordar cómo inició labores la organización, logra acertar con precisión cuando afirma que “hubo muchas personas 'tesas' y 'berracas' trabajando por las comunidades y la defensa de los territorios y del agua”. Doña Beatriz, algo nerviosa y un poco agitada, tal vez por sus 68 años de edad,  de los cuales dedicó más de 30 a la lucha y al Movimiento Cívico, recalca con orgullo que en el Oriente antioqueño se peleó en primera instancia contra uno de los servicios de energía más costosos del país.

Beatriz expresa con altivez que en ese suceso contra la empresa de energía Grupo Unión, quien suministra actualmente el servicio en el municipio de La Unión, inició en 1998, y que los líderes llevaron a cabo acciones de hecho como quemar llantas para visibilizarse. En esos años de tensión, doña Beatriz cuenta que se hacían reuniones clandestinas por el temor a la amenaza y el sometimiento, pero que aun con ello el amedrentamiento logró dispersar a los miembros del Movimiento Cívico.

Sin embargo, manifiesta con una alegría efusiva en su tono de voz que sus dos hijas han heredado parte de esa motivación, por lo que María*, la mayor de ellas, trabajó en la Gobernación de Antioquia y ahora está en la Alcaldía de Medellín debido a sus iniciativas. La otra hija de doña Beatriz, Luz Dary Valencia, junto a su nieta, Alejandra Valencia, se encuentra apoyando organizaciones sociales que se empeñan en defender el territorio en el Oriente, como la Tulpa Comunitaria y el Movete, las cuales actualmente se esmeran por retomar ese mecanismo de lucha.

"El Movimiento Cívico me dejó algo hermoso. Más que miedos, satisfacciones, y le pude abrir los ojos a muchas personas y muchos jóvenes, y el trabajo con la memoria colectiva ha sido fundamental. Hoy la intención por retomarla con la lucha contra el extractivismo es una forma atrevida pero genial de trabajar por el territorio y reactivar la memoria”. - Beatriz Gómez.


Constitución del Movete y los actuales escenarios de conflicto
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño presentó en el 2012 un informe alrededor de la crisis humanitaria dada por la creciente presentación de proyectos extractivos en el territorio; mostró 52 pedidos de concesión para micro o macrocentrales e hidroenergéticas para ese período.

Esta fue la primera motivación, pero no la más importante para el surgimiento del Movete, pues según explica Juan Bernal, quien pertenece a Conciudadanía e integra el movimiento, por otro lado el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) que venía actuando en el Oriente junto a otras organizaciones, visibilizó desde años anteriores las problemáticas con el agua desde esta parte de Antioquia.

En el 2013 se logró juntar la propuesta de la Asamblea Bosques con la planteada por el EDSPP, La primera trataba de identificar las problemáticas adyacentes en los proyectos extractivistas y la segunda proponía el Festival del Agua como mecanismo para unir al Oriente antioqueño, poniendo en claro las actividades mineroenergéticas y las consecuencias que se pretendían en el territorio. De esta manera, y desde el primer Festival, el cual reúne anualmente a unas mil personas, se trabajan cinco líneas: Hidroenergía, la minería, monocultivos, la seguridad y la soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria).

Luego de esto se evaluó el Festival del Agua y se consideró crear un actor para tal manifiesto, por lo que se consagró el Movete y nació oficialmente a finales de noviembre del 2013.

A pesar de lo anterior y la adaptación de las luchas hechas por el Movimiento Cívico, Johan Higuita, un estudiante de la Universidad de Antioquia de 24 años de edad y quien lleva dos en el Movete, asegura que las “movidas” de los gobiernos de turno para conceder terrenos a las multinacionales “generaron principalmente avances en las estrategias paramilitares, quienes legitimaban los proyectos en la región frente a la resistencia que venían desarrollando las comunidades”.

Antioquia está en un momento álgido, por lo que Movete se activó para organizarse, informar y luchar contra las microcentrales, reforzando las relaciones entre las comunidades y adelantando algunas acciones jurídicas para buscar formas de resistencia a estos proyectos, así como germinando movilizaciones que concienticen a las poblaciones del Oriente antioqueño. Lo que se viene en términos de políticas de Estado es preocupante, pero este tipo de expresiones que heredan otras formas de lucha prometen una apuesta solidaria con el departamento, las comunidades y el medio ambiente.

*El nombre de la mayor de sus hijas fue cambiado por petición de Beatriz.

Brasil es uno de los países suramericanos que ha tenido una cinematografía fuerte, y principalmente, auténtica, capaz de asumir su idiosincrasia y cultura para narrar con la cámara. Aunque sus orígenes se asemejan a los orígenes fílmicos de la región: películas sobre presidentes, familiares y gente poderosa, un hobby de la clase alta, con el tiempo y con las manifestaciones de libertad el cine se convirtió en un arte que condensaría las ideas de una generación y una población a través de la corriente más representativa del cine latinoamericano: el cinema novo.

El protagonista principal del cinema novo fue Glauber Rocha (1939 - 1981), quien propondría para el cine de Brasil una mirada crítica y actual de las realidades nacionales, además de una postura política, y lo más importante, una actitud práctica frente a las insuficiencias técnicas para la realización. El cine de Glauber Rocha y en general del cinema novo desarrollaron lo que luego se llamó “La estética del hambre”, lo cual significaba hacer películas utilizando los medios con los que cuentan, evidenciar en las realizaciones la escasez y la pobreza en la que se hunde al pueblo. Glauber Rocha no solo retrató la periferia, sino que utilizó las herramientas con las que esta sobrevive para narrar ese paisaje.

Otra de las características fundamentales del cine de Glauber Rocha fue la narrativa en torno a personajes colectivos, sus protagonistas no eran personas específicas, sino comunidades; los conflictos existentes entre las partes de un todo son el hilo conductor de la mayoría de sus películas, resaltando así la naturaleza, las tensiones y las dificultades de las personas en comunidad. Un cine totalmente antagónico comparado con el realizado por la productora Vera Cruz, la cual pretendía hacer un cine hollywodense invirtiendo grandes cantidades de dinero, sin exploraciones estéticas ni sociales profundas. El cinema novo es “la expresión trágica y plástica del subdesarrollo y del hambre en América Latina”, según R. Gubern en Historia del cine. Es volver poesía el dolor y la rabia de un pueblo. Glauber siempre defendió la idea de defender la cultura, de construir una identidad y una estética personal a partir de lo colectivo.

El cine de Brasil ha sido enriquecido con la estética que Glauber Rocha propuso; Eduardo Coutinho, por ejemplo, haría en 1984 su más grande film: Cabra, marcado para morrer, en el cual documentó los hechos de 20 años antes, donde, filmando una película con actores naturales y sobre la situación que ocurría en la comunidad, sus equipos de trabajo fueron destruidos y sus compañeros perseguidos y reprimidos tras el golpe de estado. Cabra, marcado para morrer es el relato de un testigo, el grito de un oprimido, y la reconstrucción histórica de la memoria, tan necesaria para reconocer una idiosincrasia y una manera de existir.

También hay un cine moderno de Brasil, como el realizado por Héctor Babenco (Pixote o Carandirú) o Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) que recogen parte de ese legado impulsado por el cinema novo, aunque, a diferencia de aquel, este es realizado con la más alta tecnología, y los más altos estándares de la industria fílmica alejándose de la forma que caracterizó a los máximos exponentes del movimiento.

El cinema novo fue un movimiento que respondió a una tendencia estética impulsada por los movimientos sociales a nivel mundial; también en Francia, en Italia o en África nacieron a mediados del siglo pasado formas de hacer cine que destruían los cánones, reflexionaban de manera crítica las realidades políticas de su región y exaltaban los valores de la gente simple, de la gente común, de los habitantes de la periferia. El cine hoy en día, en alguna medida (en la medida más comercial), ha cedido ante esas formas modernas, ante la tecnología, ante mayores niveles de producción, ha abandonado esas formas características, esa estética de la pobreza, el contar las historias también con diversos recursos y no solo pretender contar con las palabras e imágenes, tecnológicas pero vacías.

Los colombianos nos encontramos en un contexto de cierre definitivo del conflicto armado, lo cual nos llena de alegría y esperanza. Los impactos por el silenciamiento de los fusiles son evidentes, especialmente los relacionados con el derecho a la vida: las cifras de violencia producto de la confrontación bajaron en más de un 90%. Eso ya es un hecho histórico que no podemos desconocer, así como agradecer a sus protagonistas.

Sin embargo, paradójicamente los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos no han parado; las cifras son contundentes. Eso significa que hay una guerra contra estos activistas. De ahí la preocupación de muchos sectores de la sociedad, la comunidad internacional, e incluso, de instituciones del Gobierno y Estado colombiano, responsables de proteger a los activistas de DDHH.

En consecuencia, desde el Programa Somos Defensores quisimos ir más allá de las cifras y análisis coyunturales para indagar sobre qué elementos subyacen para que el fenómeno se mantenga. Para ello, nos fuimos a las entrañas mismas del Estado colombiano, como el garante de derechos que es, y a través de informes especiales, identificamos tres elementos (ya descritos en las páginas de Periferia hace varios meses) que a nuestro entender son problemáticos y ponen en cuestión la legitimidad del Estado frente a su responsabilidad de garantizar la vida y libertad de estos activistas.

EPISODIO I. La impunidad contraataca
Analiza 458 casos judiciales de líderes y lideresas sociales asesinados entre los años 2009 y 2016, periodo que lleva el Proceso Nacional de Garantías, espacio de interlocución entre el movimiento de DDHH, el Gobierno y Estado colombiano, acompañado por la comunidad internacional, y que coincide también con los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos.

Con información de la misma Fiscalía General, el Episodio I da cuenta en detalle sobre los avances judiciales en los casos referidos. La primera conclusión es que 397 casos (87%) se encuentran en la impunidad. La segunda, que en tan solo 28 casos (6%) hay esclarecimiento, es decir cuentan con sentencias en firme, pero una cifra muy baja para el elevado número de asesinatos. Adicional a ello, la Fiscalía no hizo mayor esfuerzo; la Oficina de Naciones para los Derechos Humanos en Colombia, fue quien ayudó a documentarlos.
Por otra parte, el 63% de los casos se encuentran en etapa de indagación, lo cual es grave en la medida que en muchos de los hechos han pasado varios años desde su ocurrencia y las pruebas se han perdido.

El análisis de los casos esclarecidos tampoco da cuenta de los responsables intelectuales de los crímenes, se queda en autores materiales sin ninguna conexión con grupos paramilitares o agentes de la Fuerza Pública, a lo sumo con disidencias de las guerrillas. Tampoco profundiza en modus operandi, ni patrones de ataques.

Otra gran conclusión que refiere el Episodio I es que con estos resultados tan precarios, la Fiscalía no tiene elementos suficientes para afirmar que detrás de los homicidios contra defensores y defensoras no hay sistematicidad, pues ello sólo se puede deducir de altos niveles de investigaciones sentenciadas.

EPISODIO II. El lado oscuro de la fuerza
Se adentra en un aspecto espinoso de tratar en un país como Colombia, donde indagar sobre el papel de los servicios de inteligencia en el contexto de violencia socio política, además de reservado, es un tema tabú. Pues bien, este Informe Especial logra hacer una línea de tiempo que da cuenta de cómo se crearon y crecieron los servicios de inteligencia en el país, sus intereses, apoyos económicos, docilidad de acuerdo a los intereses de los mandatarios de turno, el fortalecimiento de la tecnología para el seguimiento –legal o ilegal– sin control alguno por parte del resto de ramas del poder público, de tal manera que han podido criminalizar al movimiento social y de DDHH, en total impunidad.  

Para ilustrar cómo la inteligencia oficial ha sido utilizada para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a organizaciones sociales y activistas, se describen casos de Cali, Medellín, Barrancabermeja y Bucaramanga, y también el caso más conocido por lo mediático, el del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

A lo largo del Informe también se desarrolla la tesis según la cual las Fuerzas Militares, desde que crearon la teoría del enemigo interno para perseguir a las insurgencias, ampliaron esta concepción para combatir también al movimiento social, de DDHH, opositores políticos y todo estamento que consideraran crítico del Estado colombiano. Bajo este concepto naturalizaron la persecución a través de sus servicios de inteligencia y llegaron a tales grados de criminalización.

EPISODIO III. La amenaza fantasma
Contrario al papel cumplido por las instituciones anteriores, este Informe muestra cómo los Gobiernos nacionales, especialmente a través de entidades como el Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Consejería para los DDHH, sí se preocuparon por mecanismos de protección para personas en riesgo alto o extremo, lo cual se refleja en una extensa normatividad desarrollada a lo largo de estos años. Sin embargo, tales esfuerzos han sido insuficientes, pues la problemática de ataques al liderazgo social persiste y pareciera crecer.

En ese sentido, el hallazgo principal del Episodio III se centra en describir que el “pecado” del Gobierno nacional radica en haberse dedicado a generar mecanismos de protección únicamente físicos, materiales e individuales, sin tener en cuenta el fondo de los contextos, donde han jugado un papel determinante las dos problemáticas descritas en los Episodios I y II, lo cual convirtió la protección en un instrumento aislado de las causas, factores y actores provocadores de los crímenes contra defensores y defensoras de DDHH. En otras palabras, los Gobiernos nacionales pusieron el acento en proteger personas de manera individual como en una “burbuja aséptica” de la violencia socio política, pero sin trascender a resolver las causas estructurales que alimentan la persistencia del fenómeno.

Así las cosas, decir que si en el actual contexto, el Estado y Gobierno colombiano están realmente comprometidos con la búsqueda de la paz, es necesario que frenen de raíz la criminalización contra tantos hombres y mujeres que se levantan diariamente a luchar por los derechos de sus comunidades. Para ello las políticas provenientes de las diferentes instituciones y ramas del poder público deben ser sistémicas y responder al fondo del problema y dejar de responder a la presión social y mediática a través de directrices e informes efectistas, espontáneos y coyunturales. Sólo así recuperarán la legitimidad perdida como garante de los derechos humanos de los colombianos.

*Directora de la Asociación MINGA. Coordinadora del Programa Somos Defensores

El estudiante y la plaza

Corrían aires de rebeldía, coletazos de mayo del 68 en Francia, de los curas rebeldes junto a los tugurianos en las periferias, se agitaba el poder negro y el movimiento LGTBI en el norte. Mientras los jóvenes en el mundo exigían con espíritu antiimperialista el fin de la guerra en Vietnam, en Colombia los estudiantes comenzaban a elevar consignas por el derecho a la educación. Así iniciaba la década de  los años 70.

Luis Fernando Barrientos vivía en Caicedo La Toma, un barrio alargado y de calles apretadas en donde todos se conocen, ubicado en el Oriente de Medellín. A diferencia de sus amigos, Barrientos no era muy hábil con el baloncesto, el fútbol o en las caminatas que realizaban a Santa Elena, sin embargo era un curioso de toda clase de aparatos electrónicos. “Mi recuerdo de Fernando es el de un hombre muy bondadoso, proclive a cierta ingenuidad casi natural, en el sentido de que era muy receptivo y una persona supremamente tranquila, su aspecto coincidía justamente con esto; era regordete, pausado en habla y en la forma de caminar”, rememora Gabriel Murillo, quien fue su amigo y ahora es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia.

Su familia estaba conformada por su madre, padre y hermana, a la cual –recuerda Gabriel– quería de manera especial. La situación en su hogar no era fácil, ellos dependían en gran medida de los oficios de limpieza en los que trabajaba su madre en el centro de la ciudad, quien toda su vida había sido obrera y a causa de la quiebra de la fábrica, en la que trabajó durante 17 años,  no tenía nada en sus manos. Sin embargo los esfuerzos de esta madre siempre estuvieron concentrados en sacar adelante a sus hijos, por esto se levantaba a las tres de mañana para preparar las labores del hogar, a las seis los dejaba donde una vecina y salía a trabajar. Luis Fernando era la esperanza de progreso para su hogar, sobre todo al conseguir ser admitido a Ciencias Económicas  en la universidad pública del departamento: la Universidad de Antioquia.  

En aquellos días era sencillo reconocer un estudiante, la principal sospecha recaía sobre su  juventud, la cual  era acompañada por un libro bajo el hombro porque no  eran comunes las copias ni los morrales, y esto era evidencia de que en aquella mente existía la necesidad de movimiento y transformaciones, en un país quieto y con destino confinado a los intereses del agotado Frente Nacional.

Gabriel y Luis Fernando tenían esas inquietudes en su mente, por esto junto con otros vecinos y el zapatero del barrio comenzaron un grupo de estudio en donde leían un poco sobre Lenin y Mao, y las revoluciones que aquellos hombres consiguieron a una distancia incalculable de este barrio poblado por la clase obrera, donde se había proclamado a María Cano como “La Flor del Trabajo” casi 50 años atrás.  

Para 1973 Barrientos ya estudiaba Economía, sin embargo, en sus planes estaba pasarse a Ingeniería Electrónica para darle rienda a las curiosidades que cultivaba. La ciudadela universitaria llevaba apenas cuatro años de inaugurada y era abierta y de libre circulación para la ciudad; algunos  espacios todavía estaban en construcción, por lo cual funcionaban sólo unos bloques, entre ellos  la biblioteca, refugio de muchos estudiantes que hasta tarde permanecían estudiando los libros, que en la mayoría de los casos eran su principal y única fuente de consulta.  

Pero no sólo se dedicaban a estudiar, también había espacio para las revoluciones del espíritu. Durante los intermedios de las lecturas y discusiones sobre los procesos en Rusia y China, el grupo de amigos de Barrientos escuchaba Opera en el tocadiscos del Zapatero, ya que el artesano amigo era un apasionado coleccionista y  conocedor de este género. Luis Fernando para entonces también tenía una relación amorosa en secreto con una vecina mayor que él, y esto generaba en sus amigos un tema para todo tipo de bromas.  Su madre, por su parte, esperaba con ansias tener el diploma que le concedería un título a su hijo y justificaría los esfuerzos cotidianos.

Pronto sobrevino el 8 de junio de 1973
Este día se realizó una asamblea en el Teatro Comandante Camilo Torres para conmemorar el día del estudiante caído y combativo, un homenaje a nombres como Gonzalo Bravo Páez y Uriel Gutiérrez, estudiantes asesinados a manos del Estado colombiano. Además de la conmemoración, la sesión también abordó los incumplimientos de la Universidad en el tema que desde el 71 los estudiantes venían agitando con su programa mínimo: el cogobierno. Esta discusión, recuerda Gabriel, tuvo una participación masiva del estudiantado.

Al salir del teatro el sol golpeaba con fuerza sobre la todavía anónima plaza principal de la universidad. Gabriel, junto a algunos compañeros, fue a almorzar a unas pocas cuadras de la ciudadela, y al regresar lo sorprendió la noticia en la radio que pregonaba el nombre de su amigo. Luis Fernando Barrientos resultó asesinado por un agente infiltrado del DAS, de nombre Maximiliano Zapata,  en la esquina de la avenida Barranquilla con Ferrocarril. Su cuerpo cayó luego de ser disparado un proyectil detrás de una camioneta, mientras se manifestaba a plena luz del día en un mitin y  acompañado de otros estudiantes. Este mitin, considera Gabriel, podría haber sido el primero de Fernando, pero resultó suficiente para que perdiera la vida.

Tendido sobre la calle, el cuerpo de Fernando fue levantando rápidamente por el grupo de estudiantes que pronto se multiplicó y lo cargó  hasta el escritorio del rector de la Universidad, en búsqueda de explicaciones a lo sucedido.  Allí, tal vez a causa de una bomba molotov de alguno de los estudiantes enfurecidos, el fuego se propagó y terminaría por incendiar todo el bloque administrativo. Después de esto el cuerpo de Luis Fernando desapareció. Los que decían ser autoridades intentaron sepultarlo prontamente para disipar lo ocurrido, sin embargo la madre de Luis Fernando, cual Antígona, se mantuvo terca, exigiendo que el cuerpo de su hijo apareciera. Ante su furia, el cuerpo retornó.

Al día siguiente las calles estrechas se colmaron de gentes, en el barrio de Fernando no cabía una persona más, pero tampoco había espacio para más indignación. Cuando el Ejército quiso intervenir la ceremonia en el transcurso de la tarde, fue expulsado por el grupo de estudiantes, amigos y conocidos de Barrientos, quienes con palos y con lo que tenían  a mano se enfrentaron a  la fuerza pública, hasta que esta, temerosa, decretó el toque de queda.
Ese año la universidad cerró temporalmente. Tiempo después aparecieron las cercas delimitando sus márgenes y a la plaza principal de la Universidad los estudiantes la nombraron en honor a  Luis Fernando. Su memoria se volvió una anécdota sin rostro que se cuenta por los pasillos, pero que no consiguió impedir que un hecho como este volviera a suceder.

En este momento Colombia está sumergida, de nuevo, en un escándalo de corrupción. Y no uno cualquiera. Todo comenzó con quien era el encargado de perseguir la corrupción del país, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Se descubrió, gracias a la justicia de Estados Unidos, que Moreno y un amigo suyo,  el abogado Leonardo Luis Pinilla, habrían recibido dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de frenar un proceso que había contra él. Pero esto no se quedó ahí, el escándalo del fiscal anticorrupción  sirvió para descubrir algo mucho peor. La justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Colombia más información, incluyendo interceptaciones a conversaciones de los tres mencionados, y fue así como se conoció el nombre de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, señalados de recibir dineros para favorecer a congresistas investigados sobre todo por parapolítica y por corrupción: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Los tres congresistas mencionados en esta red de sobornos, y que tenían y tienen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, son el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, el barón electoral de La U, Musa Besayle, y el ex senador antioqueño Luis Alfredo Ramos. Lo delicado es que, primero, este escándalo apenas comienza y es seguro que aparecerán más nombres de implicados, y segundo, que desde ya se alzan voces de preocupación por la posible impunidad de la que gozarán los ex magistrados.

Dos preguntas surgen cuando se habla de corrupción en las altas instancias de la justicia: ¿Por qué se da? ¿Y cómo evitarla? La primera ya está respondida en cierta medida. En Colombia existe un diagnóstico más o menos establecido sobre los tres asuntos que producen la corrupción en la justicia. Primero, la garantizada impunidad para los magistrados que cometen delitos, ya que su sistema de juzgamiento, que es distinto al que tenemos los demás colombianos, no funciona; segundo, la facultad que tienen estos de nominar e incidir en la elección de otras dignidades del Estado (el Contralor, el Fiscal y el Procurador, por ejemplo), y que crea un insano vínculo entre magistrados y políticos; y tercero, el origen de los magistrados de las altas cortes, que son ternados o escogidos por el Congreso o por el Gobierno, lo que también crea un vínculo político que pone en duda su independencia.

A los magistrados no los juzga nadie
En Colombia hay cuatro Altas Cortes. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados que conforman estas instituciones son llamados aforados, es decir, que gozan de un fuero legal especial.  Cuando un magistrado comete un delito, primero se le hace un juicio político en el Congreso, y después, si se cumple con todo el procedimiento y se le declara “indigno”, este pierde el fuero, y su caso es enviado a la Corte Suprema que vuelve y arranca el proceso y lo juzga penalmente.

Este procedimiento solo ha funcionado una vez desde que se creó, y fue con Jorge Pretelt, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que fue declarado indigno luego de ser investigado por favorecer a la Empresa Fidupetrol en el proceso de una tutela. De resto, todos los casos que llegan al Congreso, y más específicamente a la comisión que los recibe, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, son archivados, y los procesos que inician, fracasan. ¿Por qué esta inoperancia?

“La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no tiene autoridad moral ni legitimidad para hacer los juzgamientos, y tampoco tiene la capacidad. Para uno investigar conductas delictivas necesita un aparato capaz de encontrar la prueba, buscar la prueba, y sostener la prueba, y la Comisión de Acusaciones no lo tiene”, explica Ramón Mena, presidente de Asonal Judicial S.I. seccional Antioquia, y juez décimo de familia de Medellín.  Este proceso de juicio en el Congreso es político, en otras palabras, que un investigado sea declarado indigno o no, no depende realmente de sus actuaciones, sino del apoyo que tenga, o que no tenga, en el Congreso. Y es aquí donde se encuentra otro problema, y es que la relación entre los magistrados y los congresistas es más cercana de lo que se podría creer (y de lo que debería ser). De hecho, el Congreso ayuda a escoger algunos de los magistrados de las cortes.

Por estas críticas es que se ha hablado de crear una institución más eficaz para investigar y juzgar a los magistrados, como lo explica la Doctora en derecho, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez: “¿Cuándo se habla de crear una comisión paralela? Cuando el proceso de politización de las Altas Cortes se da por la facultad para nominar. El poder legislativo se acerca al poder judicial, y así se niega la posibilidad de que haya objetividad. Por ejemplo el origen de la Corte Constitucional es el Senado, y el Senado al final terminaría siendo el que juzga estos mismos magistrados. Ahí se ve la necesidad de una institución que no esté en el Congreso. Lo que demuestra que sería mejor tener una institución aparte, y que su origen no fuera político”.

Funciones nominadoras de las Cortes, el origen del problema
Las Altas Cortes tienen la responsabilidad de participar en los procesos de escogencia de otros dignatarios del Estado. Al Contralor del país lo elige el Congreso de una terna presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Procurador, la terna es conformada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República.

Es así como se crea el insano vínculo entre los magistrados y los políticos, entre las cortes y el Congreso, e incluso entre estas y el poder ejecutivo. Vínculo que para muchos explica, al menos en parte, la corrupción, y que desde los debates de académicos, investigadores, ex magistrados y analistas, se ha pedido eliminar de raíz.  

En palabras de Ramón Mena, “deben alejarse las cortes y los magistrados de la facultad nominadora, porque eso genera un carrusel, donde los magistrados nombran el procurador y el procurador nombra los amigos de los magistrados de la corte, las esposas, o nombran al fiscal y el fiscal les abre una puerta burocrática donde nombra a todas las personas que estos tengan para recomendar”.

Como complemento, la profesora Maria Cristina Gómez dice que “eso (la facultad nominatoria de las cortes) antes de crear colaboración crea una contaminación entre poderes. Lo que queremos es evitar que la Rama Judicial asuma esos procesos de clientelismo, que se perciben en el Congreso, se ven en el ejecutivo, y que terminan en corrupción. Sacar la facultad nominatoria, quitarla, es quitar la facultad de que se llegue a un cierto clientelismo que termina en corrupción”.

¿Cómo nombrar a los magistrados?
Esta es otra cuestión que surge, primero, porque en los procesos de conformación de las cortes también hay intereses políticos de por medio, y segundo, porque al tratarse de las más altas corporaciones de justicia del país se esperaría que estuvieran integradas por personas altamente calificadas, y con criterios éticos sólidos.

Mena, en su rol de representante de los trabajadores de la Rama Judicial, cuenta que están exigiendo que haya “meritocracia y carrera judicial. Que sea un concurso público en el que tengan igual oportunidad los litigantes, los académicos y la Rama Judicial, y que obedezca a parámetros serios y estrictos”.

“Lo que tenemos hoy en día son magistrados que han llegado por arriba, han llegado en paracaídas con rosca política y estas son las consecuencias. Magistrados que no sienten la Rama Judicial, que no les importa hacer fraudes, que no les importa cometer delitos, que no tienen el conocimiento”, agrega Mena.

¿Será que la solución es un referendo?
“La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial": Fernando Carrillo.  

El 13 de agosto, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, envió  una carta a Marta Lucía Olano, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En ella propuso la realización de un referendo para reformar a la justicia. Cinco días después, el 18 de agosto, el país conoció gracias a Blu Radio, la intención del Gobierno nacional de llevar a cabo esta reforma, que tiene, según los medios, la realización de un referendo como primer plan. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia, expresó que el Gobierno sí impulsará una reforma a la justicia, pero que aún no se ha definido si con un referendo, una asamblea constituyente, o por vía legislativa.

Lo que sí se sabe, por las declaraciones del Ministro, es que sea cual sea el mecanismo, este tendría entre otras intenciones crear un nuevo organismo para juzgar los magistrados, desligar la política de la justicia, y mejorar la formación de los abogados.

La iniciativa de convocar a la ciudadanía para que haga parte de un proceso de reforma integral a la justicia suena bien. Pero la coyuntura electoral que se avecina, la crisis de gobernabilidad que aún carga el Gobierno, las distintas iniciativas de reformas que han planteado otros políticos, y el mismo descontento de la ciudadanía, hacen oscurecer el panorama. ¿Será esta la oportunidad de reformar a la justicia?


Durante la última semana del mes de agosto se materializó el paso a la vida política y social legal de la organización guerrillera FARC-EP, dejando atrás la  guerra militar que le declaró hace 53 años al  régimen colombiano y a la tradicional élite política y económica que ha ostentado el poder por más de 200 años.

 

Tras un largo y tortuoso camino de diálogo y negociaciones iniciado hace seis años entre FARC-EP y el Gobierno nacional en La Habana- Cuba, para poner fin al conflicto armado colombiano, el pasado 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá se oficializó la culminación de la Mesa de Negociaciones. Allí se firmó  y se dio a conocer al país y a la comunidad internacional el Documento del “Acuerdo Final para la Terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” compuesto por más de 300 páginas y en el que se reseña  todo lo acordado entre las partes para materializar la solución  política y social al conflicto armado que por más de 50 años ha azotado al país.

Superando la pequeñez
La construcción del Acuerdo Final entre los delegados del Gobierno nacional, los integrantes de las  FARC-EP  y los sectores sociales que también allí participaron, estuvo marcado por diferentes y diversos episodios desafortunados que pusieron en grave riesgo el proceso mismo a tal punto de llevarlo, en varias ocasiones, casi a su fracaso. Casos como los constantes saboteos  guerreristas de un gran sector de la élite colombiana, la ya reconocida intransigencia y mezquindad del Estado y del Gobierno nacional para ceder en temas económicos y sociales en beneficio de millones de  víctimas del modelo económico, y el resultado del plebiscito –producto de la desinformación y la mentira- no lograron, en esta primera etapa, derrotar la perseverancia y los anhelos de paz con justicia social  que reclama el pueblo colombiano.

Camino  hacia las zonas veredales
A partir del 1 de diciembre de 2016 se dio inicio al traslado y concentración de toda  la militancia  (guerrilleros/as y milicianos/as)  de las FARC-EP a las 26 Zonas Veredales Transitorias y de Normalización (ZVTN) y a los ocho Puntos Transitorios de Normalización (PTN) localizados en la geografía rural nacional  donde mayor presencia e incidencia había ejercido esta guerrilla durante su actividad político-militar. En tales zonas se dio el proceso de conteo del armamento, de censo de los militantes,  de todo lo pertinente a la cedulación, de certificaciones para las amnistías e indultos, de compromisos individuales por escrito de no volver a tomar las armas para confrontar al Estado, recepción y registro de información para asunto de víctimas del conflicto militar, de capacitaciones académicas y  jornadas de pedagogía del Acuerdo Final con comunidades de todo tipo que visitaban las zonas, y  de muchas otras  funciones propias del proceso de reincorporación de esta guerrilla a la vida civil consignadas en el Acuerdo Final y sus respectivos protocolos.

A pesar de los incumplimientos: ¡adiós a las armas!
La culminación de las ZVTN, igual que el retiro del  armamento que ya reposaba  en los respectivos  contenedores de cada una de las ellas, se extendió 75 días más en el calendario acordado, debido a los constantes y sistemáticos incumplimientos por parte del Estado y del Gobierno nacional a lo acordado en La Habana, en lo que respecta a la entrega e infraestructura de las zonas veredales; la sentencia de inconstitucionalidad que hiciera la Corte Constitucional al llamado Fast Track (vía rápida) –dos meses después de que esta misma magistratura la hubiese avalado–, lo cual  ha hecho vulnerable y frágil el  Acuerdo Final en manos del Congreso de la República y de los enemigos acérrimos del mismo; los obstáculos y freno a la libertad de los presos; la lentitud en la cedulación, entre otros. El 16 de agosto la ONU certificó la dejación total de las armas de esta organización guerrillera y se oficializo por tanto el fin de las FARC-EP en su carácter de ilegal y militar.

Congreso fundacional
A pesar de los  muchos temas que aún reposan en la mesa del Gobierno para su cumplimiento, de los ya reiterativos ataques, señalamientos y acusaciones   ”malaleches”  provenientes  de la narco-parapolítica  incrustada en el Congreso de la República, de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, y de RCN y Caracol, las FARC, con más de 1.200 delegados  de todo el territorio nacional, por fin pudieron llevar a cabo el Congreso Fundacional del  partido político con el que ingresarán a la vida civil política y social para disputarse, junto con el pueblo colombiano, el poder político para una Colombia con justicia social y dignidad.

El Congreso fundacional de las FARC sesionó durante cinco días sin pausa, y luego de sus deliberaciones y decisiones democráticas le presentó al país, entre muchas otras conclusiones, su nombre: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido comprometido con la lucha de clase, su confrontación al capitalismo y al imperialismo; su símbolo: una rosa roja en fondo blanco; una Dirección Nacional compuesta por 111 integrantes  en la que se refleja la representatividad de toda la guerrillerada, del PCCC (Partido Comunista Colombiano Clandestino) y del Movimiento Bolivariano (estos últimos apéndices de la organización insurgente en su trabajo social y político en la clandestinidad); y la Plataforma Estratégica del Partido. En un gran evento político cultural llevado a cabo el primero de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en presencia de más de 15.000 asistentes, se clausuró este congreso y se hizo el lanzamiento público y oficial del partido FARC y su compromiso a apostarle, en esta coyuntura, a una Gran Convergencia Nacional hacia un Gobierno de Transición para el periodo 2018-2022.

La política ética  más difícil que la guerra misma
Sin duda alguna, dos amenazas fuertes acechan al nuevo partido político FARC y a sus integrantes en el escenario de legalidad a asumir: una es la sombra  de la  muerte, ya sea por parte de la derecha oligárquica o la derecha narco-paramilitar (o ultraderecha, que en todo caso favorece a la primera), como ya sucedió, en casos recientes,  con el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato en 1.990 de Carlos Pizarro –comandante del M-19  y candidato presidencial- y de innumerables líderes y lideresas sociales y políticos asesinados por el Estado colombiano de manera directa o a través de sus reconocidos escuadrones de la muerte; y la otra amenaza es la  cooptación que el sistema hace de sus contradictores, como también ya sucedió con algunos jefes altos y  medios de las cuatro organizaciones guerrilleras (M-19, PRT, EPL, CRS) que  dejaron sus armas a inicios de los años 90 y quienes no sólo se desmovilizaron ideológicamente, sino que terminaron legitimando, con sus cuestionados procederes políticos y personales, al sistema social y político oligárquico que decían confrontar, e incluso, algunos de ellos terminaron asociados con la narco parapolítica.

Ojalá esta nueva luz de esperanza para una Nueva Colombia, recreada en la  justicia social, la libertad, la dignidad, la soberanía y el poder popular,  se haga realidad y no pase a ser un capítulo más del libro gordo de las frustraciones que alimenta la memoria amarga de nuestra  martirizada patria.

A finales de agosto el huracán Harvey originó una de las peores inundaciones en la historia de Estados Unidos. A su paso por el Estado de Texas produjo medio centenar de muertos, destrozó unas 150 mil viviendas y destruyó cerca de un millón de automóviles, dejó sin luz eléctrica a 300 mil personas y afectó en forma directa a otras 13 millones. Se calcula que el costo total de su impacto equivale a unos 150 mil millones de dólares.

La inundación fue resultado de una lluvia sin precedentes, hasta el punto que algunos meteorólogos informan que una de ese tipo se produce cada mil años. En efecto, cayó sobre el Estado de Texas tanta agua en un día, como el equivalente a la que pueda caer en un año, y con dicha cantidad se podrían llenar 35 mil edificios como el Empire State, que tiene 102 pisos.

Los medios de desinformación muestran las escenas de destrucción como si fueran accidentales e inexplicables. En ese contexto, nadie habla del cambio climático como la razón básica que explica lo sucedido en Texas, el primer Estado petrolero de los Estados Unidos, y en Houston, considerada la capital petrolera del mundo. ¿Por qué este huracán fue tan destructivo? ¿Qué explica que Houston y otras ciudades hayan recibido un nivel de lluvias nunca antes visto y se hayan inundado?

Para empezar, el Estado de Texas es una tierra de los republicanos que niegan el cambio climático y han convertido la construcción en un próspero negocio, completamente desregulado y sin ningún control gubernamental. Esto explica que se hayan destruido la mayor parte de humedales que existían en las afueras de la ciudad, el 70% en el período 1992 y 2010. Esos lugares ahora están pavimentados, con lo que se ha perdido una fuente natural de control de aguas y se han construido edificaciones, principalmente para pobres, en zonas fácilmente inundables.

Al mismo tiempo, la fuerza del huracán y las intensas lluvias son un resultado del aumento de la temperatura en las aguas del Golfo de México, que hoy son dos grados más calientes que en 1980. Y este incremento en el calor de las aguas oceánicas es la fuerza que alimenta los huracanes que se han hecho más frecuentes y destructivos en los últimos años por el calentamiento mundial, por la sencilla razón que el aumento de la temperatura calienta los mares y lanza más agua evaporada a la atmósfera.  Y ese calentamiento es producto del uso de combustibles fósiles, cuyo campeón indiscutible es Estados Unidos y su emblema el Estado de Texas. Visto así el asunto, tenemos que el cambio climático se ha sentido en forma directa en una región donde se encuentran los principales responsables de esa brusca modificación del clima. Y eso se ha producido en el mismo momento en que el Gobierno del millonario Donald Trump niega que exista el cambio climático.

Que Harvey, como fue bautizado el huracán que llegó hasta Texas, se hubiera presentado en la primera potencia mundial, indica que el cambio climático, uno de los eventos más dramáticos de nuestro tiempo, no va a discriminar entre ricos y pobres, aunque desde luego estos últimos sean siempre los primeros y más afectados. Eso mismo sucede en los Estados Unidos, puesto que los muertos y damnificados por el impacto de Harvey son los pobres y los negros, que no tienen dinero ni recursos para huir fuera del Estado o viven en los lugares más desprotegidos y en las viviendas construidas en zonas inundables y con materiales de mala calidad.

Lo sucedido con Harvey pone de presente que en Estados Unidos, en virtud del individualismo y egoísmo dominantes, sus habitantes no están preparados ni han sido educados para afrontar este tipo de catástrofes, que se creía solamente iban a azotar a los países más pobres de la cuenca del Caribe. Como no existen planes de prevención, la solución que se adapta como se ha visto también en La Florida con el huracán Irma, es de lo más tragicómica: huir en carro de los huracanes y las tormentas, formando interminables trancones de miles de kilómetros y quemando millones de galones de gasolina, lo cual acelera el cambio climático y le suministra combustible a los huracanes, para que sean más frecuentes y destructivos. Ese es el costo de la ignorancia ambiental y de la arrogancia que supone que puede huirse en forma impune de los problemas que genera un modelo irracional de vida y de sociedad.

En lugar de considerar los efectos negativos de este modo de vida (o mejor de muerte) sobre el clima mundial, siendo los datos científicos cada vez más contundentes,  no podían faltar las “explicaciones” religiosas de los pastores protestantes, para quienes las inundaciones de Texas no son resultado de ningún cambio climático, puesto que ellos niegan que exista, sino que son un castigo de Dios porque en ese lugar y en todos los Estados Unidos se acepta la homosexualidad. Por ejemplo, el pastor evangélico Kevin Swanson aseguró que no era coincidencia que las inundaciones hubieran sucedido en Houston, donde “hubo una muy activa alcaldesa pro-homosexual hasta mayo del 2016”, porque “Jesús envía el mensaje a casa, a menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, todos ellos también perecerán”.

A la impunidad ambiental que caracteriza a los dueños de Texas, los grandes petroleros, junto con su analfabetismo climático, debe agregársele, para configurar un explosivo coctel, la ignorancia del fanatismo religioso, con su sarta de embustes y estupideces. Que esa mezcla se produzca en los Estados Unidos, la primera potencia mundial y epicentro de los mayores desarrollos científicos y tecnológicos, indica que la estupidez no tiene patria y es de las pocas cosas que verdaderamente se han globalizado, hasta alcanzar unas cotas de cretinismo que abruman por su falta de sentido. En esta perspectiva, en Estados Unidos aparte de los huracanes producidos por el cambio climático, hay que agregar los huracanes del odio, la ignorancia y la mentira.

La misma sanguijuela

“El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado”. William Faulkner, a quien se le atribuye la frase, nunca dejó claro si era una advertencia o el suspiro de un hombre resignado. Lo que sí está claro es que, al igual que el pasado y la materia, la violencia cambia sus patrones, muta el nombre de sus victimarios, pero nunca desaparece.

Casi cuarenta años lleva una sanguijuela violenta, codiciosa y perversa amenazando los signos vitales del Oriente antioqueño. Las hidroeléctricas fueron su primera manifestación. El mal servicio y los altos costos de la luz, sumados al desplazamiento que provocó la inundación del viejo Peñol para construir la represa de Guatapé, desencadenaron lo que sería un precedente de organización y movilización ciudadana: el Movimiento Cívico del Oriente. La cacería de brujas contra los líderes de la organización demuestra que el Movimiento Cívico fue un actor incómodo para los intereses económicos que descubrieron la riqueza productiva de la región.

A los acicates políticos se sumó la perversa lógica de la guerra armada en la década de los 90.  La población del Oriente antioqueño –sobre todo de sus municipios periféricos- quedó atrapada en un conflicto inmisericorde, de todos contra todos y todos contra todo, entre las guerrillas, los grupos paramilitares, y las milicias del ejército. Veredas totalmente deshabitadas; municipios gobernados por el miedo, el luto, el silencio… el shock, sería el saldo de un conflicto que azotó la región cual plaga egipcia.

Paradójicamente, la presencia de los grupos armados mantuvo vírgenes y protegidas algunas riquezas del territorio, y postergó la ejecución de megaproyectos planeados desde los ochenta. Hoy los fusiles solo truenan en los recuerdos de las víctimas, pero todavía truenan. El fin de la guerra trajo consigo otro tipo de violencia silenciosa que tiene la misma capacidad de destrucción de un mortero, nociva para los vigentes procesos de retorno, y revictimizante con la población retornada.

La riqueza hídrica es la mayor bendición y la peor maldición del Oriente antioqueño. Según un mapa elaborado en el 2016 por Nathalia Ávila, investigadora de la Universidad Federal de Paraná, a las nueve centrales hidroeléctricas activas en el territorio, la locomotora mineroenergética pretendía sumarle otras 39: cinco de ellas se encontraban en construcción, 18 tenían licencia ambiental o concesión de aguas, 12 estaban en trámite de licenciamiento, y cuatro habían sido negadas.  

Dichos proyectos ofrecen regalías, carreteras, escuelas, indemnizaciones, y prometen ser motores de desarrollo y progreso. La oferta seduce a las Administraciones municipales carentes de recursos fiscales y a las comunidades olvidadas por los entes locales.

Al respecto, Fredy Díaz, integrante del Instituto Nacional Sindical, afirma que: “No puedo entender extractivismo sin la violación de derechos humanos. Las tasas más altas de desplazamiento están en sitios donde se han logrado imponer los proyectos hidroeléctricos, mineros o pozos petroleros”. Además, Díaz sospecha que las administraciones municipales apoyan este tipo de proyectos porque suplen obligaciones del Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar las escuelas, carreteras, y parques construidos por las empresas.  

La microcentral El Popal, ubicada en el sector conocido como El Ocho en jurisdicción de Cocorná, es una de las nueve centrales generadores de energía identificadas por Nathalia Ávila. Donde los turistas y los cocornenses antes se bañaban y hacían sancochos, hoy hay letreros que dicen: “Riesgo de muerte”, “prohibido lanzarse de los muros o nadar en este sitio”. A un lado del puente construido sobre el muro de contención, se ven piedras gigantes como huevos prehistóricos desnudos por la merma del caudal, y la Casa de Máquinas que capta el 75% del río para producir 19.9 megavatios de energía. Al otro lado, ronca una retroexcavadora mientras saca sedimento del río represado. Así son los cadáveres de los ríos cuando mueren: tan marrones y estáticos que producen una filosa tristeza.

“Este charco nos daba la posibilidad de que estas comunidades afectadas por el conflicto se volvieran a encontrar, volvieran a construir esos lazos campesinos tradicionales. Al quitarnos el charco nos impiden esa reconstrucción del tejido social, que para mí es una de las grandes pérdidas con este proyecto”, afirma Sebastián Guzmán, integrante de la Corporación Cocorná Consiente que brinda acompañamiento a las personas afectadas por el proyecto, y la cual gracias a la movilización social logró suspender otros dos proyectos energéticos que quisieron asentarse en el municipio.

Benito Guarín, sobreviviente del exterminado Movimiento Cívico e integrante de la Asociación de Pequeños Productores del Oriente antioqueño, ASOPROA, también manifestó su inconformidad con este tipo de proyectos: “Se generan recursos enormes en la región, pero no llegan a los campesinos. El campesino no pasa de arreglárselas para conseguir con qué comer. La vereda La Aurora [zona de influencia de El Popal] en verano es invivible porque la vereda se queda sin agua. Estos proyectos tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, el abastecimiento regional: las 5.000 hectáreas inundadas dejan de producir comida. Al dejar de producir, los alimentos hay que traerlos de afuera y eso encarece el costo de vida”.

Otro ejemplo es San Carlos, municipio donde actualmente funcionan tres centrales hidroeléctricas, y el cual sigue siendo atractivo para las empresas que quieren producir energía. Celsia, filial de la empresa Argos, desde el 2012 llegó al corregimiento de Puerto Garza con la pretensión de utilizar 27 de los 140 kilómetros del río Samaná Norte para construir una hidroeléctrica llamada Porvenir II que producirá 352 megavatios.

La comunidad es reticente al proyecto, entre otras cosas, porque la economía pesquera estaría amenazada con el represamiento del río, y como lo explica Alexis Giraldo: “La central Punchiná ha operado más de 30 años en la zona y, hoy por hoy, no vemos los resultados del desarrollo que nos trae a nuestras comunidades”. Durante cinco años, los habitantes de la zona han conformado ocho comités de concertación para debatir el plan de manejo ambiental presentado por Celsia, solicitar información, exigir la inclusión de análisis no tenidos en cuenta, y llamar la atención de la Administración municipal. La puesta en marcha de Porvenir II aún no empieza, pero Puerto Garza está empecinado en defender “nuestra empresa: el río. La empresa de los campesinos, de los pobres”.

El río Dormilón, en San Luis, también ha sido amenazado a muerte en más de una ocasión. Los Vigías del Río Dormilón conformaron una veeduría ciudadana que recurre a las vías legales y a la manifestación pacífica -en marzo de 2015 caminaron por la autopista Medellín hasta la sede principal de la Corporación Ambiental (Cornare)- para mantener la fuente hídrica libre y protegida de las ambiciones hidroenergéticas. Según los Vigías, la defensa del río no solo responde a motivaciones ambientales, sino también a la preservación de un lugar cargado de simbolismo para el municipio: “El río cierra brechas, ayuda a que el elitismo desaparezca. Ahí interactuamos todos, eso hace que una sociedad sea más equilibrada en términos de relacionamiento”, asegura Evelio Giraldo, integrante de este colectivo.
La amenaza hidroenergética que se extiende por todo el territorio llega hasta el municipio de Sonsón. Son dos las terminales hidroeléctricas que captan las aguas nacientes en el páramo –el cual cumple la función de esponja: en épocas de verano evita la sequía de los arroyos, y en invierno retiene el agua evitando las crecientes y avalanchas-. Las miradas ahora están puestas sobre el río Aures. Los habitantes de las veredas La Loma, Naranjal Arriba y La Habana manifiestan su preocupación por los taludes que provocan las carreteras abiertas por la empresa responsable del proyecto sin tener los permisos requeridos. Además, aseguran los afectados, la empresa vierte los desechos en los nacimientos de agua y la maquinaria pesada deteriora las redes de abastecimiento.

Humberto Blandón, por ejemplo, hace un año que no puede acceder a la parcela donde antes trabajaba. La empresa le impide el acceso porque el terreno está ubicado en la zona de obras. “No nos dejan trabajar, ni nos quieren comprar la tierra”, se queja Blandón.

Las quejas y reclamos de los habitantes no encuentran amparo en la Administración municipal. Wilfran Henao argumenta que la empresa y la Alcaldía se aprovechan del desconocimiento de la población y su poca capacidad organizativa para dilatar los tramites y darle oportunidad de maniobra a la empresa, “es triste que esto terminara en manos de extranjeros”, dice Wilfran. Mientras que Carmenza Carmona sostiene que la problemática es consecuencia de un obsoleto Plan de Ordenamiento Territorial que no se actualiza desde el 2001: “El sector público nunca supo explotar nuestras potencialidades rurales. Ahora llegan los privados y lo aprovechan a su manera”.

Campo sin campesinos
La ambición energética no es el único conflicto socioambiental latente en el Oriente antioqueño. Los proyectos enfocados a la conservación ambiental, amparados en normativas del Gobierno nacional, también son motivo de preocupación.

En San Francisco hay 84 familias adscritas al programa Banco2. El proyecto, diseñado por Cornare y replicado en distintas partes del país, es un fondo que recibe recursos de empresas privadas que buscan compensar económicamente las afectaciones ambientales causadas por sus operaciones. Con ese fondo la Corporación Ambiental les paga a los campesinos que se comprometen a cuidar los bosques y las fuentes hídricas.

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, Andrea Echeverri, integrante de Movete (Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio), plantea algunas objeciones: “Es una amenaza de despojo de los territorios. Lo que hace Banco2 es poner un precio, de alrededor de 10.000 pesos, a la tonelada de carbono emitida. Banco2 permite que se amplíen las fronteras hidroeléctricas, mineras y deforestadoras. ¿Quiénes aportan a Banco2? Empresas contaminantes: Ecopetrol, EPM, Anglogold Ashanti, Asocolflores, Argos, Sumicol Corona. El programa busca proteger los bosques, pero pone condiciones muy restrictivas que desconocen las tradiciones campesinas. Según la lógica, en este país puede contaminar el que puede pagar. Hay gente que la meten a la cárcel por cortar tres frailejones, cuando una empresa puede llegar a cortar tres mil”.

De momento, Banco2 funciona en cinco zonas declaradas por Cornare como áreas de reserva forestal protectora, que abarcan nueve de los 23 municipios del oriente; uno de ellos es Sonsón. Carmenza Carmona asegura que: “En la actualidad hay una conflictividad: los campesinos quieren retornar al territorio de donde fueron desplazados y la Corporación Ambiental y la Administración municipal les dicen que no pueden porque es una zona de reserva forestal. En [el corregimiento] Río Verde les dicen que no pueden tumbar bosque, que no pueden cultivar… Los campesinos preguntan qué pueden hacer y Cornare responde que la información ya fue socializada. La comunidad dice no tener conocimiento y Cornare presenta listados de reuniones donde aparecen estudiantes de la Universidad de Antioquia e integrantes de corporaciones que no tienen nada qué ver. En Río Verde se declararon en desobediencia a la institucionalidad. El campesino no conoce las leyes. El programa de Banco2 les da cada dos meses 600.000 pesos a los campesinos, así tengan 100 hectáreas, les pagan por cuidar dos y el resto no las pueden utilizar. Cornare es el mayor terrateniente que tenemos en Sonsón”. Los campesinos cuentan preocupados: “a mí me pidieron la escritura y, cuando me quiero salir del programa, Cornare no me la quiere entregar, entonces ¿yo soy dueño de la finca o no?”

Andrea Rendón ha investigado la maraña jurídica que hay detrás de las reservas forestales. Rendón encontró medidas que generan suspicacias. En primer lugar, dice ella, “contrastando la caracterización de algunos mapas, en algunos casos, el área delimitada para la reserva está contigua a un embalse. Y en otro caso, el área delimitada del embalse está dentro de una reserva”.  Por otra parte, en las áreas de reserva forestal está prohibido realizar procesos de licenciamientos para construcciones destinadas a salud, educación o vías, pero sí se permite la instalación de redes de transporte de energía o estudios de suelo. Además, muchas áreas de reserva truncan los procesos de reparación a las víctimas del conflicto porque delimitan terrenos considerados baldíos, condición que anula, inmediatamente, cualquier posibilidad de otorgar o formalizar títulos de propiedad.

Por último, Andrea aclara que: “Si se trata de un predio que está en situación de informalidad, ubicado en zona de reserva, el campesino que habita ese baldío no tiene derecho a recibir compensaciones por la casa que construyó, por la cosecha, por las vacas, etc. Eso va en detrimento patrimonial del campesino que de por sí es pobre”. Ante este panorama, Rendón plantea una hipótesis: las áreas de reserva forestal están pensadas para sacar a los campesinos y proteger el agua que utilizarían los futuros proyectos hidroeléctricos.

Durante catorce años Orlando Botero estuvo obligado a vivir en el exilio, por culpa del conflicto armado. Hace tres años regresó a su lugar en el mundo: la vereda La Honda, en el Carmen de Viboral, donde nacen los ríos Melcocho y Santo Domingo. Tras ser declarada como zona de reserva forestal, por los boscosos cañones de La Honda se escuchan ecos de la guerra. “A Cornare lo vemos como ese ente policial que persigue y sanciona. Ellos no quieren que estemos acá, quieren que egresemos a las filas del desempleo, los campesinos estamos en vía de extinción”, dice con una amargura sepulcral.  

Epílogo
Después de visitar una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el Meta, Diego Aretz llegó a la conclusión de que, tal vez, los culpables de la guerra y la violencia, son aquellos “que no quiere[n] acabarla”. Este manto de duda que se cierne sobre el Oriente antioqueño no es nuevo. Si queremos que haya un futuro posible, lo dijo Andrea Echeverri,  “el momento actual nos llama a la unión y un despliegue de creatividad desde los pueblos para enfrentar este modelo que está acabando con la vida”.

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