Edición 132 Octubre 2017

La capital del Valle es una de las ciudades con más fuentes hídricas del país, rodeada  y atravesada por cinco ríos: Cauca, Cali, Meléndez, Lili y Cañaveralejo. Estos ríos surten de agua potable a la ciudad, en especial el río Cauca, que aporta el 76% del recurso. Pero este gigante hídrico sufre contaminaciones en grandes cantidades tanto por las industrias como por los asentamientos que se encuentran en su rivera.

Algunos de los factores contaminantes son: los agroquímicos utilizados en la industria de la caña, los cuales se filtran por el subsuelo llegando hasta el río, y contienen agentes dañinos para el ser humano; los desechos farmacéuticos de sustancias toxicas para los seres vivos que llegan a provocar malformaciones de quienes consumen esta agua, y la minería a gran escala de oro y platino, la cual no solo destruye la rivera del Cauca sino que además utiliza mercurio, un elemento altamente cancerígeno. Lo anterior afecta a todo el ecosistema, como se reporta en el monitoreo que tiene la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en 19 estaciones a lo largo de unos 200 kilómetros del río a su paso por el Valle.

Pero no solo las industrias privadas son responsables de este crimen. Las entidades públicas encargadas del tratamiento del agua en la ciudad han provocado estragos en el río por falta de gestión. Existen déficits en las plantas de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y Río Cauca, y una infraestructura incapaz de limpiar efectivamente al agua que se regresa al caudal del río, es decir que los componentes orgánicos son depurados, pero los metales pesados y demás agentes dañinos como el plomo y el mercurio son imposibles de separar. Por otro lado, es responsable la entidad encargada de la recolección de basura, por su mal manejo de residuos sólidos; estos eran llevados al antiguo basurero de Navarro, el cual quedaba rodeado por barrios, y aunque este fue cerrado ya hace 10 años, sigue generando  lixiviados (líquidos tóxicos por la degradación de la basura) que han atravesado las geomenbranas y filtrado en el agua subterránea que desemboca en el Cauca. Es decir que no solo los residuos orgánicos  no son separados del agua como debería ser para regresar al río, sino que además el río sale de la ciudad con una contaminación letal, gracias a las industrias con niveles que duplican los parámetros internacionales permitidos.

Por otro lado, el río Meléndez también ha sufrido los estragos de la sustracción de oro, platino, carbón y hasta la tala indiscriminada del roble negro, utilizado como carbón vegetal. La comunidad de Villacarmelo, un corregimiento a las afueras del occidente de la ciudad, en las puertas del Parque Nacional Natural Farallones, por medio de la Asociación Campesina Gotas de Lluvia, integrada por adultos, jóvenes y niños, ha estado desde finales de los noventa resistiendo a estas prácticas que acaban con el ecosistema que se nutre del río Meléndez. Su trabajo va desde la creación de proyectos de construcción de pozos sépticos, en colaboración con entidades privadas, para las familias que no pueden solventar estos costos; la denuncia a terratenientes que explotan de manera indiscriminada la montaña; las campañas de reforestación, hasta la acción directa en la que han creado comités de protección ambiental, deteniendo a las volquetas que transportan el carbón.

En la actualidad los censos que se realizan al río Meléndez a la altura del corregimiento marcan 0% de mercurio, lo que influye en el turismo de forma positiva en la zona. Pero aguas abajo, el Meléndez, como si no fuera el mismo, se torna oscuro y delgado, con una contaminación “aceptable” según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma.

Aunque el agua en lo alto del Meléndez sea cristalina, las dificultades no se han terminado, los campesinos siguen trabajando y desdoblando su amor por su territorio a niñas, niños y jóvenes. La lucha se mantiene no solo con las empresas mineras y la tala, sino también con las entidades públicas como el Dagma, la CVC y Parques Nacionales, porque como dice Jaime, habitante del corregimiento, “no hacen, ni dejan hacer”.

*Este artículo fue producto del taller de Comunicación y Periodismo dinamizado por Periferia en el marco de la Escuela de Comunicación Uramba.

Largos, fríos y sorpresivos eran los caminos que soportaban los chuecos pies de las y los abuelos nariñenses; es común escuchar las historias de sus travesías, varias horas caminando, expuestos al sol, la lluvia, la oscuridad y los temores. “La escuela quedaba a dos horas de camino, yo me levantaba a las cuatro de la mañana para poder llegar a clases, con una pequeña linterna empezaba la caminata, a veces me daba miedo el ruido del río y los matorrales, pero llegaba contento al salón, cuando salía me iba corriendo para quedarme con mis amigos un rato en el río”, recuerda Mauricio Grijalba,  nariñense que terminó sobreviviendo en la selva de cemento.

Ahora las anécdotas de los recorridos no van más allá de los estresantes trancones, accidentes o peligros en el transporte tradicional. Es por eso que los recuerdos envuelven a las nuevas generaciones, que anhelan quizá poder vivir aunque sea solo instantes las caminatas rigurosas e inciertas.

Hoy, cientos de pastusas y pastusas, sumidos en los afanes y rutinas de las labores cotidianas, hacen uso del famoso bus urbano; el matutino proceso consiste en correr cada mañana a la esquina a esperar su ruta, abordar, remover el metal y el papel en el bolsillo, despojarse de estos y postrarse a merced del celular durante el recorrido, de los apuntes olvidados para el parcial, del maquillaje, o simplemente atento a sostenerse porque tocó colgado en la puerta.

Todo parece normal y tranquilo, el inconveniente surge al saber que son cuatro las veces que se tiene que usar este transporte en el día, pues las dinámicas de los horarios y tiempos así lo determinan. Esto implica un costo diario de seis mil pesos, de acuerdo a ello el análisis presupuestal se clasifica por sectores. Por ejemplo Brayan Moya, estudiante de la Universidad de Nariño, comenta que sus gastos se calculan entre doce mil y quince mil pesos diarios, de los cuales invierte la mitad en los costos del transporte.

“Como no tengo empleo toca reducir gastos, en las noches camino las dos horitas, así guardo para las copias y uno que otro tinto y un cigarro”, afirma Yurany Nataly Cuaran, estudiante de Artes Visuales. Además señala que su hermana estudia en la misma institución, involucrando los mismos gastos. Estas dos chicas dependen de su madre, quien además de ser cabeza de hogar, debe sostener su núcleo familiar con algo menos de un salario mínimo mensual.

Hagamos cuentas
Los 48.262 pesos que aumentó el salario mínimo son arrasados en dos semanas si se utiliza el bus urbano dos veces al día, pero solo dura ocho días si su transporte es de cuatro turnos; ahora, un padre de familia gasta el indignante aumento en menos de una semana.

Es por situaciones como estas que Brayan, Yurany, estudiantes de las universidades de la ciudad y estudiantes de secundaria han decidido organizarse en un solo bloque, vinculando de igual manera a las y los pastusos en general. Después de arduas jornadas de estudio y debate, a este grupo amplio le han llamado Movimiento Que le Bajen al Bus.

Con la angustia de que cada semestre la situación económica se convierte en ese ladrón silencioso, concluyen que es indignante tragarse los abusivos aumentos de la tarifa del transporte en la ciudad, triste empezar cada año recibiendo decretos embaucadores, y que es más triste reconocer a los protagonistas de tales procesos, que se burlan de la confianza que los ciudadanos les otorgaron  con sus valiosos votos. Es desde este espacio donde se solicitó y concertó una mesa de negociación con Avante, empresa encargada del sistema estratégico de transporte público de Pasto, y con el Alcalde del municipio.

En este espacio están trabajando temas relacionados con el exagerado aumento a las tarifas del transporte público, entre ellos: tarifa diferencial para estudiantes; derogación del decreto 0675 del 7 de diciembre del 2016, que especifica el aumento a mil quinientos pesos la prestación del servicio de transporte; congelación de la tarifa; extensión de los horarios del servicio; movilidad y coberturas en algunas zonas de la ciudad.

Este proceso ha venido avanzando con diferentes actividades, movilizaciones, plantones, entrevistas y algunos acuerdos que se han forjado con la administración encargada. Se ha logrado hasta el momento la congelación del precio para estudiantes de las universidades. También se consensuó un presupuesto de noventa millones para que el Centro de Estudios Regional de la Universidad de Nariño (CEDRE) realice el proyecto económico que avale la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este gasto será dividido en 44 millones que pondrá la Universidad de Nariño y 53 millones que van por cuenta de la Alcaldía.

Este proceso es largo, en busca de mayores ganancias y beneficios para la población pastusa. Se espera el apoyo de la ciudadanía, para que miles de chicas, chicos, señoras y señores puedan por lo menos movilizarse con un pesito más en el bolsillo.

*Este artículo fue producto del taller de Comunicación y Periodismo dinamizado por Periferia en el marco de la Escuela de Comunicación Uramba.

En 2015 la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER– y Reporteros Sin Fronteras pusieron de manifiesto una verdad que para entonces ya era evidente: en Colombia existe una escandalosa concentración de los medios de comunicación en manos de 10 grupos y familias, quienes son propietarios de canales de televisión, emisoras, periódicos, revistas y medios digitales. A través del proyecto “Monitoreo de la Propiedad de Medios” pudimos constatar que las empresas mediáticas del país hacen parte de  grandes grupos económicos como lo son la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lulle y el Grupo Empresarial Santo Domingo- Valorem, quienes no sólo concentran gran parte de las audiencias sino que también tienen empresas en otros sectores.

Por solo tocar un ejemplo, la Organización Luis Carlos Sarmiento, dueña de medios como El Tiempo, también ostenta inversiones en empresas de otros sectores como la agroindustria, energía y gas, la infraestructura, la hotelería, la minería e industria, y el financiero e inmobiliario. Es por esto que las líneas editoriales de los medios de cada grupo empresarial se han alineado a los intereses económicos de sus negocios. Esta relación pone de presente el problema de una opinión pública que se busca construir, no desde los intereses de los ciudadanos, sino desde los intereses de los grandes empresarios.

En el 2008 Periferia y un grupo de estudiantes de comunicación popular hicimos el ejercicio de preguntarle a transeúntes en las calles de Medellín por temas de interés nacional y luego por las problemáticas en sus cotidianidades. Cuando se indagó por temas gruesos, como el papel que estaba jugando el Gobierno de esa época, y por sus políticas de seguridad democrática y confianza inversionista, en principio las personas respondían con una actitud positiva, hasta fanática en algunos casos, pero al continuar indagando por su conocimiento sobre su contenido y alcances, las respuestas comenzaron a carecer  de argumentos propios: “la seguridad democrática y la confianza inversionista son muy buenos porque han mejorado la situación del país”. Era la voz de los medios masivos en boca del pueblo. Lo que ellos expresaban correspondía entonces a información  que los medios que consumían les proporcionaban.

Al continuar indagando por otros temas con más cercanía a sus realidades cotidianas, afloró un panorama menos alentador: la mayoría nos manifestó su inconformidad por la manera en la que funcionaba el sistema de salud, el sistema educativo, el desempleo, y mientras nos acercábamos a temas como el precio de la canasta familiar y los servicios públicos más aumentaba la indignación de estas personas. Sin embargo en este caso y a diferencia de los temas gruesos (seguridad democrática y confianza inversionista), ninguno de ellos o ellas conectaba la relación entre Gobierno, administración pública, y situación social y económica. No le asignaban la responsabilidad a nadie. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué estas personas estaban a gusto con un Gobierno cuya prioridad no eran los asuntos sociales? ¿Por qué no responsabilizaban al Gobierno de las carencias, esas sí bien conocidas y padecidas por estos humildes, y  ante las cuales reaccionaban con indignación?

La respuesta la conseguimos al preguntar por su opinión sobre  los medios de comunicación que consumían, que como ya dijimos eran las grandes empresas mediáticas. Estas respuestas expresaron cansancio frente a los temas y a los formatos de televisión, prensa y radio, pues consideraron que estos medios siempre hablaban de lo mismo. Si esto lo relacionamos entonces con el contexto de concentración mediática anteriormente enunciado, podemos entender que las agendas de los grandes medios en lugar de pensar en los problemas de la gente, están centrados en las agendas y los intereses políticos y económicos de los poderosos.

Ante este problema la pregunta por quiénes somos los representados y cómo somos representados en los medios de comunicación cobra una  importancia central, sobre todo si vamos a hablar de una comunicación para la paz. En el caso de las empresas mediáticas, el otro, diverso, es ignorado y utilizado desde el estereotipo; en estas no hay espacio para los debates de Jairo, el mecánico del barrio Castilla en Medellín, para las luchas de la comunidad de Guamal, Meta, en contra de la explotación petrolera, o para la de María, presidenta del sindicato de trabajadoras domésticas.  Y menos si Jairo, María, o las comunidades de Guamal están organizados y poniendo en debate asuntos políticos y sociales que cuestionan el estado de cosas injustas.

Por ello, para hablar de un periodismo para la paz, debemos hablar del oficio por visibilizar el país diverso que es nuestra Colombia, y la tarea de los medios de comunicación popular, entonces, es la de arraigarse a los territorios y construir en conjunto con las comunidades apuestas comunicativas que partan de sus propias necesidades, con miras a construir una conciencia pública que responda a las necesidades de las mayorías, en lugar de una opinión pública que responda a los intereses económicos de unas minorías.  

Esta es la tarea que iniciamos hace 13 años con el periódico Periferia, la de aunar voces con apuestas por un país justo y con dignidad para la gente de a pie, pero también la de enunciar las violaciones a los derechos humanos y las injusticias que se dan en un país como Colombia, donde mientras se asesinaban más de cinco mil personas, la mayoría jóvenes desempleados de zonas rurales y barrios periféricos, para engrosar y maquillar las cifras de la guerra contrainsurgente,  los medios masivos de información callaban y replicaban las voces oficiales que ofrecían relatos exitosos sobre el triunfo militar de los “héroes” de Colombia sobre los terroristas. Vale la pena para nuestra labor recordar a Paulo Freire citando a Marx en la pedagogía del oprimido cuando escribió: "Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante, al pregonarla".

De la guerra a la construcción de paz
La comunicación, como proceso social y humano, atraviesa nuestra cotidianidad individual y colectiva. Como lo dice Erik Torrijo en su texto “Emancipar la comunicación para sustentar la paz”, es gracias a los vínculos comunicacionales que toda sociedad se constituye, dado que estos hacen posible la expresión, la interacción y el entendimiento en el sentido del diálogo. Estos últimos son también los fundamentos culturales para la paz, por lo que Torrijo sustenta que la comunicación es paz, aunque no toda la paz dependa de ella.

Sus argumentos nos llevan a preguntarnos por el papel que las empresas mediáticas han jugado en la construcción de la guerra y la paz en nuestro país, cuando estas han limitado la comunicación a un ejercicio informativo, instrumental e impositivo, que visibiliza a unos e invisibiliza a otros, según sus necesidades e intereses económicos y políticos. Mientras la comunicación esté cautiva en unos pocos, y no le pertenezca a todo el colectivo de la sociedad, la paz será el relato de esos pocos que la tengan cautiva.

En el marco del conflicto armado esta situación para las clases populares no tiene un tinte diferente. La relación entre los poderes económicos y políticos con los actores del conflicto han impuesto una única versión de lo sucedido, en donde ellos son víctimas amenazadas, y en peligro latente. Esta tensión se traslada a toda la sociedad, especialmente a los más pobres que son la mayoría. En esta labor el periodismo ejercido desde las empresas mediáticas ha jugado el papel de arraigar una cultura del conflicto, del enemigo interno, y del miedo. En este marco la postura oficialista se irriga por toda la sociedad y se convierte en su relato. En el corazón de ese relato está la venganza, la militarización del pensamiento, y la consecuente violencia generalizada.

En la época del conflicto bipartidista a mediados del siglo pasado, la prensa señaló de bandoleros a los campesinos alzados en armas para defenderse en diferentes regiones del país de la violencia estatal y paramilitar (pájaros), y se dedicó a cubrir el despliegue de las operaciones militares. ¿Qué país tendríamos si la gente del común hubiera conocido las razones de estos campesinos? ¿Si el Gobierno hubiera escuchado sus reclamos? Esto no lo sabemos, pero la historia demuestra que la negación del otro solo favoreció el incremento y transformación de los ciclos de violencia.

Igualmente, las estadísticas, los partes de guerra y los resultados del actual conflicto se cubrieron a partir de los comunicados de prensa de las instituciones oficiales, y la otra parte, como las víctimas que producía  este conflicto, quedaron a un lado de las noticias. Se llegó a negar la existencia del conflicto; el discurso del enemigo interno se tomó los titulares de prensa, la televisión y la radio.

Se logró descontextualizar las causas, los orígenes y las razones de los diferentes actores armados, metiéndolos a todos en un mismo costal, de manera que para la sociedad daba lo mismo una masacre paramilitar que una toma guerrillera; daba lo mismo 10 muertos que 100, y daba lo mismo que se hubieran asesinado a las víctimas con sevicia y cometiendo vejámenes  en medio del combate.  Finalmente, la cereza del pastel sería la justificación pública, en horario triple A y por televisión, a cargo del jefe de Estado, de los crímenes en donde estaban involucrados los miembros de las fuerzas militares, llamados falsos positivos de manera eufemística. “No eran angelitos… no estarían recogiendo café”, refiriéndose a los jóvenes asesinados.

Ahora, en cuanto al proceso de paz en La Habana  entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, este se adelantó en medio de un modelo de aislamiento y secretismo, orientado a que la sociedad perdiera cualquier interés en ellos. Una vez alcanzados los acuerdos de paz, medios como RCN optaron por obstaculizar su desarrollo, afianzando discursos en contra de lo que las partes acordaron y maximizando las voces contra este. Sin embargo esto es otro ejemplo de los intereses que existen detrás de la información, porque RCN hace parte de la Organización Ardila Lule, de la cual también hace parte la empresa de gaseosas Postobón, quien tiene investigaciones judiciales por supuesta financiación a grupos paramilitares.  Detrás de la oposición o de la invisibilización de los procesos de paz, como pasa con el actual proceso en Quito entre el ELN y el Gobierno, existe un interés claramente político para ocultar las causas del conflicto, y evitar que algunos actores expresen su visión sobre la solución política y en especial sus propuestas de cambio.

Por estas razones, hay que volver al libro “La violencia en Colombia” de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, un libro de testimonios, donde se recogen las voces, imágenes de víctimas y testigos de la cruel historia de la violencia bipartidista. En el ejercicio periodístico no hay que olvidar a esas fuentes inagotables que hacen de la memoria una revelación de testimonios que nos impulsa a poner punto seguido a la historia, a seguir escribiéndola, pero que a su vez también favorecen ejercicios de visibilización y posteriormente de justicia.

En medio de esta “horrible noche” diferentes apuestas de memoria han comenzado la tarea de tejer iniciativas que busquen la verdad de lo sucedido. Muchos son los casos en los que hemos trabajado de la mano con personas que han resultado víctimas del conflicto. Narrar sus historias a través de un medio ha permitido ejercicios de darle un orden lógico a lo sucedido, y poder transmitirlo a otras personas y familiares, quienes muchas veces sólo se enteran de lo sucedido a través de un recorte de periódico, porque para muchas de estas personas narrar de su viva voz la historias resulta doloroso.

También ser publicados en un medio ha servido en procesos judiciales, como sustento de que aquellos aterradores sucesos sí existieron, por lo cual  es un deber del Estado garantizar la justicia y verdad en estos casos. La verdad en muchas oportunidades sale a flote gracias a la vocación honesta de un comunicador o comunicadora popular, o la de un periodista.

Hay que manifestar que el conflicto armado ha generado una restricción para nuestra labor. También  ha generado un miedo que se sustenta en el asesinato a periodistas que ejercen una rigurosa labor en las regiones, cubriendo temas relacionados a las alianzas del poder, las violaciones de derechos humanos, las víctimas. Quienes han cubierto la otra versión del conflicto han sido señalados y estigmatizados. Este miedo busca generar límites para un periodismo  como ejercicio vivo, independiente y  sin sometimientos al  poder económico.  

Ante el actual contexto y desde nuestro ejercicio podemos afirmar que no existirá paz mientras se mantengan los conflictos sociales. La paz no es la ausencia de guerra ni el silencio de los fusiles. Así esta sea ya una frase que parece de cajón.

Por ello creemos que las transformaciones sociales son un imperativo. En el caso de la comunicación es necesario que afloren y se mantengan medios que sean la voz de  las comunidades como protagonistas. Pero esto solo puede darse a partir del reconocimiento de las organizaciones sociales y de las mismas comunidades de la necesidad de vincular en todas sus apuestas, procesos y proyectos la comunicación como eje estratégico, pero una comunicación que camine hacia la construcción de una nueva visión del mundo, del poder político y de la justicia social, que sea humanista, democrática, con valores solidarios. Es decir, una comunicación para la paz.

Como hemos dicho anteriormente, la comunicación popular es núcleo de la autonomía, porque les da la herramienta a las comunidades para que se autorreconozcan, y para que valoren sus propios esfuerzos, sus luchas y sus propuestas sociales y políticas, para que se vean como protagonistas de su propio presente y futuro, y no como gregarios de las apuestas de otros.

El centro de Bogotá sigue en la mira de importantes sectores económicos y compañías inmobiliarias. Los recientes hechos de desalojo en la calle del Bronx y la ampliación de la represión policial en este sector ponen en evidencia el nuevo objetivo estratégico de los  grupos de poder que gobiernan la ciudad.

Durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2001), en forma violenta y sin ningún tipo de plan de protección integral para los habitantes de calle, fue desalojado en forma violenta el sector conocido como El Cartucho. En principio, desde la administración  se esgrimió que ello obedecía a un plan de reurbanización del centro de Bogotá, pero lo que nunca se dijo a los bogotanos es que tras los 9500 metros cuadrados de terreno que comprenden desde la carrera 10 hasta la carrera 9, entre calles 15ª y 15 bis, se movían grandes fuerzas económicas que esperaban paciente y estratégicamente a que el precio bajara, para hacerse a estos al mejor estilo del ladrón de esquina.  

Más recientemente, en el marco de la segunda administración de Enrique Peñalosa (2016-2019) el fenómeno se repitió. En esta oportunidad, el sector conocido como la calle del Bronx fue brutalmente desalojado por la Policía Metropolitana en compañía de fuerzas especiales del Ejército. En ese sentido, la opinión pública de la ciudad se repartió en dos bandos; muchos ciudadanos aseguraban que era una buena medida, ya que los centros de consumo afectaban a la población en general, y otro sector importante de la ciudadanía, en forma preocupada, manifestaba temer por la diáspora de habitantes de calles y  el posible aumento de la inseguridad en las calles del centro  de la ciudad.

Pues bien, los peores temores de los habitantes de la ciudad se hicieron realidad. No solamente se dispersaron los centros de consumo por toda la ciudad, sino que la inseguridad se aumentó en niveles considerables por toda Bogotá: incrementó el robo de celulares, de bicicletas y de autopartes de vehículos, además, el comercio del sector se vio seriamente afectado, en tanto las ventas disminuyeron cerca del 80%. Edward, un comerciante de telas del sector afirma que “antes podíamos vender cinco millones de pesos al mes, ahora ni siquiera para pagar el arriendo alcanza”.

Sin embargo, los  efectos inmediatos de los abruptos desalojos en el centro la ciudad no son lo peor, pues el fondo del asunto se encuentra  ligado a la “recuperación” de este sector para las familias adineradas de la ciudad. Enrique Peñalosa ha encabezado esta cruzada contra residentes pobres del sector, vendedores ambulantes y habitantes de calle, esto bajo el eufemístico presupuesto de renovación urbana y cultural de la zona.

Así las cosas, el proceso de gentrificación realizado durante más de 30 años, sumado a la precaria o inexistente intervención institucional en el centro de Bogotá, logró devaluar los terrenos en más de un 500%, pues locales comerciales en los que el metro cuadrado costaba hace 30 años  60 millones de pesos, hoy son ofertados a grandes corporaciones inmobiliarias por 650.000 pesos. Daniel, un habitante de calle que frecuenta el centro afirma  que “nos sacaron de acá para vendérselo a gente rica que quiere construir centros comerciales”.

La empírica afirmación de Daniel no está lejos de la realidad, pues el proyecto de reestructuración del centro de Bogotá no pretende esos fines altruistas y culturales que desde la administración Peñalosa se plantean, sino que, en el marco del Plan Centro para Bogotá, propone a este sector como un gran eje comercial, educativo y de vivienda  para los estratos altos. En otras palabras, los ricos de la ciudad quieren evitar la fatiga de desplazarse, pretendiendo volver al lugar del que huyeron hace más de setenta años tras el Bogotazo.

¿Qué implica renovar el centro?
Peñalosa se ha referido a su propósito de hacer uso del espacio en cuestión bajo la idea de que “aprovechando la desvalorización para los propietarios de los predios del 'Bronx', podemos hacer una revitalización urbana”. Lo claro es que no existe una intención para mejorar las condiciones de vida de los casi 10.000 habitantes de calle que se encuentran distribuidos por toda la ciudad, y de los cuales aproximadamente 2.000 se encontraban en el sector del Bronx.
Por eso, dos elementos deben tenerse en cuenta en relación a  las implicaciones que tiene el desarrollo del plan que pretende trasformar el centro de Bogotá. En principio, es necesario preguntarse sobre la participación de las comunidades que allí habitan en la elaboración e implementación de estas políticas, pues como anota Daniel “al Señor alcalde no le importa lo que pasa con la gente, él solo quiere echarle cemento a todo el mundo por encima”. Dicho esto, es posible pensar que las pretensiones de la política de renovación del centro responden más a intereses económicos de grandes grupos inmobiliarios, que a las necesidades concretas de los pobladores que allí habitan.

El segundo elemento que debe ser reflexionado y comprendido por el grueso de la ciudadanía está relacionado con las preguntas ¿para quiénes es el nuevo centro de Bogotá?  ¿Cómo podremos los ciudadanos disfrutar integralmente de ese espacio? Pues bien, de acuerdo a declaraciones dadas a la oficina de prensa de la Alcaldía por Mónica Ramírez, gerente directora de la fundación Gilberto Avendaño, quien es la mano derecha de Peñalosa en todos los temas que tienen que ver con el centro de la ciudad, este espacio constituye un importante botín para la consolidación de un modelo de ciudad elitista y aburguesada. Afirma Ramírez que “aquí hay comercio, universidades, oficinas de gobierno, una actividad  turística y económica importante”.

Este fenómeno se ha presentado en otros sectores de Bogotá. Por ejemplo, los habitantes de los barrios La Macarena y La Perseverancia han sido desplazadas y obligados a habitar en los márgenes de la ciudad, debido a la construcción de  grandes centros comerciales, universidades privadas y cadenas de restaurantes extranjeras. Por eso, las propuestas de la ciudadanía deben estar encaminadas no a abogar por la conservación de las condiciones de vida actuales de los habitantes de calle, o de permitir que el centro de Bogotá se mantenga controlado por grupos organizados de delincuentes, sino a que el grueso de los habitantes sea tenido en cuenta en las dinámicas económicas y políticas que se desarrollan en la ciudad, para que la población pueda disfrutar de los espacios urbanos, sumando cada vez más hacia la construcción de vida digna integral para los pobladores urbanos de Bogotá.

De visita por el velorio

Allí me encontraba, sentado al lado de doña Teresa, una señora de 70 años, de baja estatura y una joroba muy notoria. La verdad no sabía bien qué estaba haciendo en estas circunstancias; si bien con Willy compartí parte de mi infancia, no habíamos hecho una gran amistad, ni cercana, es más, él era de esos niños maldadosos y se sentía superior a los demás.

Hacíamos un círculo alrededor del féretro; a mi derecha estaba Mauricio el hermano de Willy y al otro lado se encontraba su madre doña Teresa. – ¿Qué fue lo que le paso?–, le pregunte a Mauro. –Se puso a jugar borracho con un arma y se pegó un tiro en la cabeza–, me afirmo al oído. –Qué vaina, es la peor forma de morir–, le dije con tono de consolación. La verdad nunca he sido bueno para dar ánimos.

Quien más me intrigaba era la mamá de Willy, me dijeron que ella no se había dopado, porque a pesar la muerte su hijo se notaba tranquila. Por lo que me contaron, sí que lo había sufrido en vida. Recuerdo a mi madre hablar de ella; decía que a doña Teresa el marido le había dado muy mala vida, la golpeaba y solía irse por mucho tiempo dejándola con sus hijos sin nada de comida. Luego le tocó con Willy. Tal vez por eso casi nunca sonreía.

Estar allí me hizo devolverme en el tiempo, a mi barrio añorado que me vio crecer, de niño fui muy feliz a pesar de la pobreza. Doña Teresa, quien era muy amiga de mi madre, a veces la pasaba peor que nosotros, y por eso aunque yo estaba muy pequeño, cuando me caían algunos pesos los compartía con ella.

Camila, la hija menor de doña Teresa, había llorado toda la noche. Se le notaba en sus ojos cansados e irritados; a pesar de que peleaba mucho con Willy, Camila era de una personalidad muy afectuosa. Esa noche se sentía algo en el ambiente, como un alivio, no sé por qué.

– ¿No tenían otra foto?, esa que pusieron no me gusta, no era la apropiada para el sepelio de Willy– afirmé atrevidamente, a lo que Camila contestó: –no teníamos más fotos de él.  

Esa foto enmarcada de Willy, puesta en la cabecera del féretro, me llamaba la atención; posaba como un típico bandido, parecía no haber dormido en días, también se le veía pensativo, con el rostro acabado. Tenía una mirada abrumadora y abismal, tan penetrante que daba la sensación de haber visto terribles cosas y que conociera los misterios del mismísimo infierno.

Seguía llegando gente, todos iban más por curiosidad que por otra cosa. Así son todos los velorios, asiste hasta el que no conoce al difunto. Solo vi a una niña que lloraba desconsoladamente. – ¿Quién ese ella?–, le pregunte a Mauricio. –Esa es la hija de Willy–, me dijo Mauro. –Cuéntame un poco, ¿cómo paso todo? Yo aún no puedo creer que él esté muerto–, exclamé. –Nada parce, llegó de una farra a las tres de la mañana, toda la noche se había drogado y había tomado guaro, se sentó al lado de la cama de la cucha y se puso a jugar con la pistola, en esas se le disparó en el lado derecho de la cabeza, arriba de la oreja–. Le interrumpí para pedirle que saliéramos un rato.

La casa de doña Teresa estaba ubicada a las orillas de una quebrada. Para salir a la calle teníamos que subir unas escalas muy angostas atrapadas por dos muros, por lo que la genta hacía fila para poder ver a Willy. Eran alrededor de las siete de la noche, afuera no pasaba nada, las motos iban y venían como de costumbre en los barrios populares, sin embargo, adentro de esa casa había otra dimensión, por así decirlo. A pocos velorios he ido en mi vida y este era el más extraño de todos; mientras subía con Mauro pensaba, reflexionaba sobre la vida, me sentía raro en ese ambiente, no sé si en verdad esa dura despedida más bien era una celebración secreta. Disfrutando del aire frío de la noche veía las semejanzas de mi barrio villa Turbay con este, las calles mal pavimentadas, casas de tabla, de adobe y de todas las formas, una encima de otra, hacia arriba comenzando la montaña.

Ya habíamos cruzado varias calles, todo un laberinto. Llegamos hasta el puente sobre la quebrada ubicada detrás de la casa del velorio. –Mauro ¿entonces qué pasó? ¿Alcanzaron a llevarlo al hospital?–, le pregunté mientras divisaba la quebrada desde el puente por el que estábamos pasando. –Sisas, él aún estaba vivo, el primo y yo lo llevamos mientras repetía constantemente que no lo dejáramos morir. Cogimos un taxi. Estando en el hospital en urgencias nos hicieron esperar, mientras él se nos desangraba. Al cabo de una hora lo atendieron, a la madrugada nos dieron la inesperada noticia de que no pudieron hacer nada, dijo el médico que se le había ido sangre al cerebro–. Me estremecía ese relato espantoso.

-Oe parce, acá lo estamos esperando, está toda completa–, le gritaban desde el extremo del puente unos tipos, sentados en unas escalas muy improvisadas mientras levantaban la botella de ron. Sin decirme nada él se dirigió hacia ellos, yo no lo iba a esperar entonces me seguí. Luego de estar allí adentro me tomé un tinto y escuchaba la oración fúnebre. A pesar de las circunstancias sonreía en mi interior; me sentía contento de saber que aún tengo a mi madre viva, aunque su salud siempre tiene un pero.

–Maicol ¿cómo está tu mamá?–, me pregunto doña Teresa. –Bien, gracias a Dios–, contesté sonriendo. –Hace tiempo no la veo, tú estás muy grande, te pareces mucho a tu papá, aunque él era más alto. –Camila, doña Teresa, ya me voy a ir, me alegra haberlos visto, lástima la situación. Lamento mucho lo de  Willy–, dije. –Bueno Maicol, gracias por la compañía, me saluda a su madre, dígale que no se pierda tanto–, respondió Camila con una lágrima rodando por sus mejillas rosadas, con la voz entre cortada.

El cuatro de septiembre el ELN y el Gobierno de Colombia publicaron un documento conjunto en el que anunciaban el acuerdo al que llegaron sobre cese al fuego bilateral y temporal. La noticia, aunque esperada, no dejó de ser un acontecimiento, un hecho extraordinario si se tiene en cuenta que desde el principio el Gobierno planteó que el modelo de negociar en medio del conflicto no cambiaría, y menos después del éxito obtenido en el proceso de La Habana con las FARC. Contrasta con la postura del ELN que aspiraba, desde la instalación en febrero de 2017, que el proceso se diera en medio de un pacto de cese al fuego. Según los elenos, este pacto crearía un ambiente favorable a la paz y evitaría derramamiento de sangre, siempre doloroso e innecesario.

Por estar las partes en polos opuestos es que el acuerdo de cese al fuego es un acontecimiento, igual o de mayor importancia que la visita del Papa Francisco. O mejor, los dos acontecimientos jugaron en un tiempo preciso para complementarse y crear un momento político que le permitiría a las partes darle oxígeno al polémico y oculto proceso de Quito, y brindar un gesto de bienvenida al sumo pontífice que con su peregrinación por Colombia venía no solo a respaldar los procesos de paz y reconciliación, sino a cobrar unas cuentas pendientes a esa masa católica y conservadora que en octubre de 2016 le había dado en la cara a las aspiraciones de millones de colombianos y colombianas que querían una paz, mucho mejor de la que se alcanzó con las FARC, gracias a la derrota del plebiscito.

Es decir que el acuerdo de cese bilateral jugó y jugará durante los siguientes meses en el ámbito político nacional e internacional, y pondrá en la agenda de amigos y enemigos de la paz el tema de la continuidad del proceso con el ELN, lo que significa que el tema se va a meter en las campañas electorales de 2018.

Los astros se alinearon durante cinco días para el Gobierno Santos, que pudo mirar por el rabillo del ojo y con sorna a los uribistas católicos, apostólicos y romanos que tanta zancadilla le han puesto a los procesos de paz, y levantar su alicaída imagen aporreada por los escándalos de corrupción más recientes;  también para el ELN que le torció de alguna manera el cuello al modelo de negociar en medio de la guerra y ganó legitimidad e imagen ante la nación. Esto limpia el camino para que avance el punto uno de la agenda: Participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cual venía embolatado por la prioridad que el Gobierno le venía dando a los asuntos humanitarios del punto 5F, especialmente al asunto del secuestro y las hostilidades contra la infraestructura petrolera.

Sería mejor o políticamente correcto decir que nadie ganó y nadie perdió, pero la verdad es que las cuentas de cobro se presentaron y hasta se puede decir que fue justo que así se dieran las cosas. Además es seguro que impactarán los resultados futuros a nivel electoral.

Aunque según el texto, “para el cumplimiento de este Acuerdo se establecerá un mecanismo de veeduría y verificación integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, la ONU, y la Iglesia Católica; mecanismo que funcionará con el doble propósito de prevenir e informar cualquier incidente”, la pregunta es ¿qué debemos hacer los colombianos y las colombianas organizados y no organizados en medio de esta coyuntura de cese al fuego? Y ¿cómo aprovechar esos tres meses para sacar adelante las aspiraciones colectivas por las que hemos trabajado  o  que hemos soñado tanto tiempo?

Un asunto clave es rodear el acuerdo, protegerlo, y esto se puede hacer a través de las veedurías sociales y comunitarias en los territorios, especialmente en donde el conflicto ha sido más fuerte; nada impide crear estos mecanismos y debería ser bien visto por las cuatro partes oficiales. Gracias a estas veedurías se acompañarían con acciones humanitarias a las comunidades de los territorios que por causa de la violencia paramilitar, la judicialización y la criminalización de sus organizaciones sociales vienen padeciendo persecución de diferente índole.

También sería un momento propicio para identificar los territorios que han sufrido mayor impacto por el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, y extender de esta manera un cese de hostilidades en contra de la sociedad civil. Este cese debería incluir el alivio a la población carcelaria que sufre la indignación del hacinamiento, la insalubridad y la falta de atención a las enfermedades catastróficas. Debería contemplarse la salida, a casa por cárcel o condicional de aquellos presos y detenidas cuya situación lo requiera por razones humanitarias.

Por otro lado, existen razones suficientes para considerar el momento de cese bilateral como una oportunidad para desarrollar la propuesta de cese de hostilidades contra toda la sociedad, en especial los pobres que padecen la legislación tributaria en su contra; el sistema de salud que mata y un desempleo e informalidad que ya nadie aguanta.

Finalmente, es fundamental que en este periodo las organizaciones sindicales, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, las mujeres, las iglesias, los procesos, las regiones, las etnias, etc., se preparen para participar en las audiencias que están acordadas en la mesa de Quito y que seguramente se desarrollarán una vez sea instalado el cuarto ciclo de negociaciones que inicia el 23 de octubre.

Pero no solo deberían prepararse para la participación los sectores y procesos que están o van a ser convocados a Quito. Todos los que tengan experiencias, ideas y metodologías concretas para garantizar que desde sus espacios se pueda aportar a la paz de Colombia y en especial a sus transformaciones, también deberían exigir su participación.

El cese al fuego bilateral y temporal, en suma, es una gran oportunidad para que el país ensaye otras formas diferentes o adicionales a la tradicional participación electoral, tan desprestigiada. Las consultas, las mesas de trabajo, los cabildos, las asambleas populares, las constituyentes, las mingas y toda clase de iniciativas institucionales o extrainstitucionales están a la orden del día en un país que clama participación y paz, pero con cambios y transformaciones.

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Casi 20 años después de la tragedia de Machuca en el nordeste antioqueño (18 de octubre de 1998),  en donde un estallido de un oleoducto a manos de fuerzas del ELN provocó un desenlace trágico de 84 muertos, el periodista irlandés Gearoid  Padraig Ó Loingsigh, quien por un tiempo vivió en Segovia, escribió un libro en el cual investigó elementos que nadie había puesto de relieve y que involucra además del ELN, la responsabilidad de Ocensa y el Estado colombiano en dicha tragedia. Periferia habló con él sobre la obra que será lanzada el 3 de octubre en Quito - Ecuador.

Periferia: ¿Cuál fue la razón que lo motivó a escribir este libro justo en este momento que hay un proceso de paz con el ELN?
Gearoid: Independientemente de este proceso, la verdad es necesaria, hay cosas qué  escribir sobre Machuca y lo iba a hacer con o sin proceso de paz con el ELN. 84 muertos y quemados en medio de semejante tragedia da escalofrío, pero hay necesidad de presentar otras explicaciones distintas a la que ha dado el Estado, que no ha escuchado ni leído la sociedad, por ejemplo en materia de industria petrolera, y el impacto de esta en la tragedia. No defiendo al ELN, pero creo que esta organización tiene razón en muchas cosas frente a la industria petrolera, por eso sale mejor librado en el libro que las empresas y el Estado.

P: ¿Cuáles son esas cosas que la gente no sabe o no ha leído o escuchado sobre la industria petrolera?
G: Pues la misma industria, y los Estados hacen hasta lo imposible para que no se sepa que esta es una actividad de mucho riesgo; que las explosiones en los oleoductos son más comunes de lo que se cree, que un oleoducto no explota solamente por agentes externos, o cargas dinamiteras, sino también por reacciones químicas, corrosión, movimiento del suelo, mayor o menos humedad o lluvia, etc. También que la industria en el mundo gasta miles de millones de dólares en prevención y seguridad industrial, en planes de contingencia. Los tubos explotan en Canadá y en México, o en Nigeria, y causan incendios también, y matan personas, pero allá existen los protocolos y los planes de contingencia que hacen que una tragedia sea menos grave.

P: ¿El comando del ELN que realizó el atentado podía saber qué clase de crudo o material llevaba este oleoducto que pasa por Machuca?
G: Antes debo explicar que el oleoducto que pasa por Machuca viene de Casanare. En Machuca no hay petróleo, el oleoducto pasa por allí porque está en la línea recta hacia el occidente y resulta más barato construirlo en el lugar que se hizo, cerca de Machuca. Estos oleoductos llevan petróleo crudo, pero este no tiene la misma composición química de otro, y nadie puede saber qué reacción concreta tiene este tubo, excepto la empresa que lo transporta. En este caso Ocensa. En mis investigaciones Ocensa nunca preparó a la comunidad para una eventualidad como la que se presentó, ni advirtió el peligro de la cercanía del tubo, ni se aseguró que estuviera en el otro lado de la montaña, en donde no había gente, entre otras cosas, lo cual hubiera cambiado el destino de esas 84 personas, aun en medio de un atentado dinamitero de la guerrilla.

P: ¿Entonces qué fue lo que pasó?
G: Los guerrilleros rasos que pusieron la carga son responsables de lo que se llama homicidio culposo de 84 personas, eso no se puede poner en duda; pero quienes pusieron el tubo cerca a Machuca también tienen culpa. Esa noche el tubo transportaba un petróleo muy volátil, muy puro, que al contacto con una hormilla u otra fuente de calor explotaba fácilmente;  Corantioquia concluye que  cualquier derrame siempre afectaría el pueblo de Machuca y que se debería mover el pueblo o el tubo, y que si se hubiera puesto el tubo del otro lado de la montaña nunca hubiera matado a nadie. Es decir, que con guerrilla o sin guerrilla, los  protocolos básicos para atender en cuestión de minutos una tragedia de esa magnitud son obligatorios y en este caso no existían. No había comunicación para avisar cualquier accidente, la ambulancia más cercana está a dos horas y media por carretera destapada; el plan de contingencia no contemplaba incendios y se sabe que en accidentes con quemados la atención de las primeras horas es fundamental. En esta oportunidad la tragedia se dio a las 12:30 de la media noche, y los últimos heridos salieron en helicóptero a las 4 de la tarde, es decir 15 horas y media después.

P: En el libro usted presenta debates jurídicos frente a la responsabilidad del ELN, ¿cuáles son esos debates?
G: No son tan fáciles, pero en principio los fallos hablan de dolo eventual por parte de quienes llevaron a cabo los atentados, y de coautoría en el caso de los comandantes del COCE. Según los análisis de juristas y los míos propios, no hay dolo porque ningún guerrillero sabía ni quería causar semejante tragedia, menos sobre una población en donde habían familiares de sus compañeros o de ellos mismos. Lo de Machuca le causó más daño al ELN, a su imagen externa e interna. Y en cuanto a la responsabilidad de la comandancia, es absurdo, así no funciona la guerrilla, no hay órdenes en directo ni conocimiento de las acciones que corresponden a las estructuras regionales o locales.

*
Esta obra saldrá a la luz pública oficialmente el 3 de octubre, luego de su lanzamiento en Quito. Después en Colombia se harán presentaciones y lanzamientos en Bogotá, Cali y Medellín, inicialmente.

Sea como fuere, a la comunidad de Machuca aún no le sanan las heridas. El pueblo es tan pobre como hace 30, 20 o 10 años. El tubo sigue allí, igual que el pueblo, igual que la gente que se curó sola sus heridas. Todos han ofrecido recursos pero ninguno ha cumplido. Esta obra podría coadyuvar a  generar un nuevo momento para encontrar verdad y resarcir a las víctimas, y a su dignidad.

 

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