Edición 133 Noviembre 2017

Así le respondieron desde la Policía Nacional a Margarita Restrepo una de las tantas veces que insistió en conocer dónde estaba su hija, Karol Vanessa, a quien desaparecieron en el 2002 luego de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

Karol Vanessa tenía 17 años y se destacaba por su responsabilidad. Era la mano derecha de su madre, Margarita Restrepo. Junto a sus hermanos, vivía en el barrio Nuevos Conquistadores, y para ese año la Comuna 13 de Medellín afrontaba uno de los episodios más complejos en su historia, pues fue una zona de disputa por el territorio entre ‘paras’ y milicias urbanas.

Aunque Karol era feliz estudiando, su madre tuvo que sacarla del colegio por miedo a una bala perdida, o la angustia de que la desaparecieran. Un poco después, y previo a la Operación Orión, Karol se instaló en una casa de familia en busca de alternativas para ayudar a generar ingresos en su hogar. Se fue a vivir con Estela, una señora que la motivaba constantemente para que saliera adelante. Estela evitaba justamente que Karol dejara de soñar mientras cesaba la guerra con la que tenían que convivir en el sector. 

Así, Karol empezó a trabajar, y ganaba 50.000 pesos semanales. De esa ganancia nunca se compró una muda de ropa para ella porque siempre pensó en su madre, en sus hermanos y en Cristian, el único sobrino que conoció y alcanzó a tener en sus brazos.

Nunca regresaron…

El entonces presidente Álvaro Uribe y la Alcaldía de Medellín, que estaba a cargo del actual gobernador de Antioquia Luis Pérez, autorizaron la Operación Orión, una intervención militar liderada por el ex general Mario Montoya y realizada por más de 1000 hombres entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, que pretendía arrinconar y expulsar a las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, y los Comandos Armados del Pueblo -CAP-, que eran quienes controlaban esta parte de Medellín. Además, según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, unos 3000 paramilitares hicieron parte de la operación.

En el transcurso de la incursión militar, Margarita protegía a sus seis hijos de las balaceras que llovían desde los helicópteros del Ejército y las montañas del suroccidente de la Comuna 13. Colocaba colchones y refugiaba a los suyos en el patio de su casa. Los enfrentamientos duraban largas horas e iniciaban en cualquier momento. Sin embargo, Margarita y su familia lograron salir de esta.

El accionar militar duró oficialmente tres días, entre el 16 y el 19 de octubre del 2002, pero las desapariciones y los asesinatos se extendieron por meses. Inmediatamente acabó la operación, Margarita y su familia se desplazaron a Itagüí. Casi una semana más tarde, el viernes 25 de octubre del 2002, pasó lo inimaginable.

Margarita estaba en el trabajo. Karol la llamó: “Mamá, ¿me dejás ir a San Javier a verme con Jhon y Cristian?”. Margarita le respondió que no. Para ella todavía era peligroso ya que, luego de la operación, en el sector se presentaban allanamientos ilegales y se conocía de algunos secuestros por parte de hombres particulares, que los habitantes de la comuna veían subir y bajar con la Fuerza Pública. El temor seguía palpable. A pesar de ello, Karol logró convencerla. Margarita se limitó a pedirle que no tardara, le echó la bendición y apenas colgó el teléfono sintió, según cuenta, un peso de consciencia… una sensación de no haber cumplido su deber como madre al no responder lo que sus sentimientos le indicaban. Karol Vanessa llegó a la estación del metro San Javier de la Comuna 13 y se encontró con sus dos amigos. Jhon y Cristian nunca regresaron a sus casas. Ella tampoco.

“La justicia en Colombia es mala”

Margarita pasó ese viernes sin escuchar nada de Karol, hasta que decidió salir y buscar a su hija. Indagó en hospitales y hasta en las cárceles de Medellín. Tenía miedo y se sentía débil por no poder hacer nada.

Era un puente festivo y la denuncia de lo ocurrido se la recibieron sólo hasta el martes 29 de octubre. Con las ilusiones intactas, Margarita llamaba a diario para conocer qué pasaba en su búsqueda, aunque no era la única, pues los casos de desapariciones iban en aumento en la Comuna 13, y su miedo crecía cuando escuchaba en las noticias que había un NN en Medicina Legal.

“Ya van 15 años que no encuentran no solo a mi hija sino a muchos otros. Década y media sin saber si está viva, si está muerta, dónde está, quién la tiene, por qué lo hicieron…”. Margarita terminaba de relatar la historia de su hija, y con una mirada perdida y acompañada de lágrimas, cierra: “la justicia en Colombia es muy mala”.

Mujeres luchando por la verdad y la reparación

Los resultados de la Operación Orión fueron 88 asesinatos, 95 desaparecidos y un total de 370 detenciones arbitrarias. Aun así y desde ese entonces, Margarita ha luchado con sus hijos para encontrar el cuerpo de Karol, y ha resistido 15 años la falta de apoyo por parte de los gobiernos de turno. Además, junto a la organización social Mujeres Caminando por la Verdad, a la cual pertenecen otras 143 mujeres entre madres e hijas víctimas de la Operación Orión, está esperando una verdadera reparación por parte del Estado. Justamente a comienzos del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por los excesos de la intervención militar. Este hecho se traduce en que el Estado debe pedir perdón a la sociedad y a las víctimas, y comprometerse con la no repetición de lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha, ni el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez ni el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, han reconocido su responsabilidad.

Por el contrario, el senador del Centro Democrático afirmó, en pleno proceso de paz con las FARC durante el 2016, que “la operación sirvió para pacificar la comuna e iniciar la paz en Medellín”. Sin embargo, luego de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara, brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, comandado por alias don Berna, se apoderó del territorio, y tras su desmovilización, los combos siguieron armándose y enfrentándose por el poder.

Varias integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad han sido ayudadas económicamente. Pero ellas, junto a Margarita, esperan otro tipo de reparación: justicia, verdad y la búsqueda real y exhaustiva del cuerpo de las víctimas mortales. Además, esta organización exige que Álvaro Uribe, Luis Pérez y el ex general Mario Montoya pidan perdón, con el fin de dar un poco de descanso para Margarita y todas las víctimas de la Operación Orión que hoy luchan por demostrarle al país que lo ocurrido aquel octubre del 2002 fue un crimen de Estado.

Aquel 12 de noviembre de 1988 todo era fúnebre. Los segovianos recogían los vestigios que dejaron las balas y lavaban las marcas dejadas por los ríos de sangre al correr por las aceras. Muchas personas aún buscaban a sus familiares y el lamento era un sentir colectivo. El pueblo de Segovia se encontraba dolido y ahora se disponía a enterrar a ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres, algunos militantes de la Unión Patriótica y otros sin ningún tipo de relación con este movimiento. Todos habían caído en la masacre perpetrada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste –MRN- la noche anterior.

Después de la ceremonia previa al entierro, la zozobra no cesó. El miedo que había invadido al parque pocas horas atrás, retornó, mientras la multitud salía en procesión de la iglesia con el retumbar de un tambor que pronto se confundió con el sonido, ya conocido, del disparo de los fusiles. En ese momento la angustia y la desesperación se apoderaron una vez más de los segovianos y todos los que habían asistido a aquel acto fúnebre corrieron despavoridos, dejando tirados en el suelo los cuerpos de las víctimas de aquella masacre. “En medio de ese desespero uno buscaba dónde refugiarse, dónde salvar su vida, yo con una bebé de 10 meses logré entrar a una casa pero con miles de dificultades porque había un perro bravo, pero eso no nos importó, tumbamos la reja y nos entramos; la gente se tiró por los solares de las casas y ese perro acabo de hacer lo que los otros no hicieron”, cuenta Rocío, quien a pesar del relato se sonríe al recordar esta situación.

Rocío nació en Girardota, Antioquia, pero en 1983 se fue a vivir a Segovia ante el rechazo de sus padres por haber quedado en embarazo. Al llegar a este pueblo se instaló en un hotel, en donde estuvo con su esposo hasta que él consiguió empleo en el bar El Minero y pudieron establecerse en un apartamento en La Banca, la calle principal por donde subían y bajaban todos los carros. Sin embargo, a pocos meses, Rocío perdió a su hijo en el Hospital San Juan de Dios, debido a la inexperiencia y al desconocimiento de los cuidados que debía tener una mujer en esta condición. Este sería el primer episodio que marcaría su historia de desarraigo.

Sus días continuaron en Segovia y la ilusión de tener un hijo se mantuvo. Tras recuperarse de aquel mal momento buscó empleo, pero pronto se enteró de la situación de Segovia, un municipio que era botín de gamonales, también con una fuerte organización social, y a su vez con influencia de las guerrillas del ELN y las FARC; para el año 86 también de paramilitares. Rocío en medio de este contexto recuerda que llegó a conocer a gente a la que, en su inocencia, consideraba policías, pero que con el tiempo se dio cuenta de que eran guerrilleros, porque según ella, en Segovia los que mandaban no eran precisamente la fuerza pública.

En una ocasión Rocío pretendió pedir trabajo en la estación de Policía como cocinera, pero fue interceptada por un hombre de civil que le recomendó que no lo hiciera “si quería seguir viviendo”, así que desistió de esto y luego consiguió emplearse en labores varias, incluso en los malos tiempos tuvo que meterse a la concurrida mina para conseguir unos cuantos "riales", que según ella no alcanzaban “siquiera pa’ el coco” con el que se lavaba en la mina. Pese a las adversidades, la vida floreció y en el año 87 Rocío logró dar a luz a su primera hija, que recuerda, fue muy robusta y pesó dos libras y media.

El 13 de marzo de 1988 se realizaron las primeras elecciones populares de alcaldes en Colombia. En Segovia fue la oportunidad para el triunfo en las elecciones municipales de la recién surgida Unión Patriótica que desplazó a la hegemonía del Partido Liberal. Estos no se quedaron quietos y entonces las paredes del pueblo comenzaron a llenarse de grafitis con mensajes amenazantes, que acusaban de comunistas y guerrilleros a los segovianos por su elección en las urnas, y de panfletos firmados por el MRN que anunciaban que acciones violentas acaecerían sobre este ya aporreado pueblo minero. De esta manera, Fidel Castaño junto con el político liberal Cesar Pérez fraguaron la masacre que ejecutarían grupos paramilitares del Magdalena Medio (ACMM) y miembros de la Fuerza Pública que se harían pasar como el denominado MRN.

El viernes 11 de noviembre, en la tarde, Rocío iba a salir a buscar empleo en compañía de una vecina, pero comenzó a llover y decidió quedarse en casa. A las 7:30 de la noche el sonido de unas detonaciones se tomó el pueblo acostumbrado a la estridente música de las cantinas. Roció salió inquieta a ver qué estaba sucediendo y alcanzó a ver unas camionetas negras en las que venía un grupo de hombres encapuchados. Todos estaban de negro, armados con fusiles y disparaban indiscriminadamente. En este momento muchas personas buscaron refugio en la iglesia, en los bares y en sus casas, pero los victimarios fueron hasta estos lugares en busca de los militantes y simpatizantes de la UP. Esta noche resultaron asesinadas 46 personas y otras 60 heridas. Las víctimas fatales igual que las lesionadas tenían diferentes adscripciones políticas; varias de ellas eran militantes de la Unión Patriótica, pero también de los partidos Liberal y Conservador, de las juntas cívicas y de las organizaciones sindicales y sociales de la época.

A la vecina que acompañó a Rocío durante esta noche le dieron un disparo en una pierna, y Rocío logró esconderse y mantenerse a salvo hasta las 9:30, cuando todos salieron a mirar qué era lo que había sucedido. Pronto la energía se interrumpió dejándolos a oscuras y una vez más todos salieron a correr y a esconderse. Al regresar la luz, la Policía empezó la investigación sin ningún afán, recuerda Rocío. En esa situación, el comando que estaba en el parque no resultó atacado y durante la masacre tampoco hubo fuego de respuesta por parte de la Policía.

Rocío vivió 12 años en Segovia hasta que terminó por irse a Medellín. Esta experiencia le hizo creer que no era conveniente que sus hijas crecieran en un ambiente de violencia, pero al llegar a la capital antioqueña se estableció en el barrio Santo Domingo Savio, desde donde le queda otra historia de violencia por contar…

 

Un arquitecto de sueños

Quienes conocieron a Rodrigo Saldarriaga lo recuerdan como un hombre comprensivo, cariñoso, supremamente tierno, y también, supremamente fuerte y obstinado. Contra viento y marea forjó su carrera política y sobre todo artística, con la que sembró muchas semillas y construyó muchos sueños.

A sus 20 años, cuando estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional en Medellín, y militaba en el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario -MOIR-, descubrió que lo suyo era el teatro. Omaira Rodríguez, actriz y amiga incondicional de Rodrigo, lo conoció unos seis años después de que naciera Anacleto Morones, de Rulfo, la primera obra escrita y dirigida por Rodrigo, donde las viejitas rezanderas, cuenta Omaira, fueron interpretadas solo por hombres. Con esta obra se despidió del MOIR y fundó el Pequeño Teatro, en el año 1975. También desistió de su carrera como arquitecto, aunque nunca dejó de serlo.

“Yo estaba en quinto de bachillerato. Allá llegó un profesor que se llamaba Jorge Villa. Él nos decía que allá en el Pequeño Teatro había un mono barbado que dictaba clases de lectura, entonces llegamos, yo me madrugaba, venía acá de uniforme y todo. Yo no sé Rodrigo cómo hizo para encarretar a un señor, el dueño de esta casa. Ese señor se enamoró de Rodrigo porque vio que le gustaba Shakespeare, porque lo vio muy interesado en que esta casa era para teatro. El señor era muy intelectual, afortunadamente, entonces (en 1987) Rodrigo le entregó la cédula, y él le entregó las llaves de la casa, con el compromiso que le íbamos pagando de a poquito”, relata Omaira, quien además recuerda a Rodrigo, ese hombre de barba y pelo largos, como un padre.

Algunas de las anécdotas que contaba, y que recuerda Rodríguez, es que comenzando su carrera teatral, Saldarriaga fue expulsado de la Universidad de Antioquia porque se tomaba el teatro Camilo Torres para ensayar sus obras. Pero él ni siquiera era estudiante. “Me expulsaron de una Universidad donde yo no estaba ni inscrito”, decía. Años después, esta Universidad le dio el título honoris causa como Arquitecto, pues aunque abandonó su carrera, toda la vida dibujaba, diseñaba y soñaba con los escenarios. Era una de esas pasiones e ideas obstinadas que tenía Rodrigo, y muchos teatros de la ciudad y de algunos municipios fueron diseñados por él.

Rodrigo estaba empecinado en que las salas del teatro se llenaran. “Hace 15 años estábamos presentando una obra, y resulta que ese día solo vinieron dos niños de un colegio, para hacer una tarea. Habían comprado boletas de estudiante. Rodrigo les decía que entraran a ver la obra, y ellos decían “no, pero es que estamos solos”. Él les dijo, “vayan tranquilos que ellos hacen la obra para ustedes”. Entonces los acompañó y se sentó con ellos a ver la obra”, cuenta Omaira. Fue luego de este episodio cuando a Rodrigo se le ocurrió implementar la idea de entrada libre y aporte voluntario, inspirado en el teatro a la gorra que se hace en otros países. Y así fue, a la semana siguiente empezaron a repartir boletería, y la obra a la que antes habían asistido dos niños, estaba llena.

“Al principio daban monedas, como cuando van a la iglesia. Pero era normal, porque no había educación, entonces iniciamos la formación de públicos”, relata Omaira con alegría, pues esto significó un gran crecimiento para los actores. Ellos buscaban hacer teatro para la gente, y no para las sillas vacías, porque como decía Rodrigo, “una silla no llora, una silla no ríe, una silla no siente”.

A Rodrigo le gustaba leer, cocinar, dibujar, y contemplarse. Era además un gran amigo para quienes estuvieron cerca de él. Gabriela, su primera esposa y madre de su hijo, fue su confidente hasta el final de sus días. También fue así con Cristina Toro, integrante del Águila Descalza, con quien convivió durante 16 años. Rodrigo le huyó muchas veces a la muerte. Su imaginación y su personalidad activa no se detuvieron ni cuando tuvo un derrame cerebral, causado por la presión de las deudas que en algún momento tuvieron en el Pequeño Teatro, ni cuando tuvo problemas de la próstata, o cuando desmayó en el escenario por un problema en el corazón.

Cuando Saldarriaga empezó a recoger los frutos de su carrera teatral, quiso dedicarse a la política porque tenía el sueño de poder cambiar y ayudar a la gente desde este escenario. Fue candidato a la Gobernación de Antioquia en dos ocasiones, y aunque obtuvo mucha votación de amplios sectores alternativos, culturales y sociales del departamento, no lo logró. En el 2014 lo intentó de nuevo, pero esta vez para la Cámara de Representantes, y resultó electo.

Meses antes de viajar a Bogotá para asumir su cargo, a Rodrigo le descubrieron un cáncer linfático y cayó enfermo. Su salud empezó a deteriorar, y días después, a sus 64 años, falleció. Sus últimos deseos fueron que se firmara el compromiso legal, en los estatutos del Pequeño Teatro, para que ese lugar nunca se destine a algo diferente al arte; también deseó ser cremado para que con sus cenizas se sembrara un árbol. Y así fue. Hoy alimenta la vida de un guayacán amarillo que apenas crece en el cerro El Volador.

Rodrigo era un humanista, pensaba en un país donde todos tuvieran los mismos derechos; era un idealista. Siempre, desde los diferentes escenarios donde estuvo, luchó por los obreros, por los campesinos, por la gente pobre. Según Omaira, el principal aporte de Rodrigo fue “crear y dejar este legado, crear este pensamiento de que tenemos que seguir, a través del teatro, manifestándonos, diciendo cosas, tocando corazones, tocando al pueblo; seguir enseñando, a nivel sensitivo y de reflexión”.

Por Pedro Marín | Revista Ópera - Brasil

El día empieza a las ocho de la mañana. Llegamos a Pacaraima, en cuyas calles, aunque brasileñas, emana el sonido hispánico de todas las bocas, de todos los rincones. Al bajarnos del carro, un señor se acerca ofreciendo cambio: 4500 bolívares por cada real. Joach, el venezolano que nos acompaña desde que nos conocimos en el aeropuerto de Boa Vista, hace cuatro horas, niega la oferta. “Muy poco”, dice él.

Para sellar nuestros pasaportes, nos dirigimos a la oficina de la Policía Federal, en la frontera. Ella es constituida por dos cuidades: la ya mencionada Pacaraima, al lado brasileño, y Santa Elena de Uairén, al lado venezolano.

La primera es caótica: vive –o sobrevive– en función de la exploración mayoritariamente ilegal de yacimientos de oro, y del traslado de brasileños y venezolanos; así pues, en función del contrabando. Las calles son agitadas, y las contadoras de billetes, en las pequeñas tiendas que venden azúcar, macarrones, crema dental, champú y pañales, hacen el cambio del bolívar al real, del real al bolívar, para viajeros que vienen o se van para lejos, y quizá encontrarán alguna confortación al final del viaje. Vendedores ambulantes y cambistas están por todas partes, pendientes del movimiento.

Santa Elena de Uairén, a su vez, está envuelta en tensión. Cruzamos la ciudad en un taxi, compartido con una brasileña de Pacaraima, cuyos hijos, nos cuenta orgullosa, estudian Medicina en Isla Margarita, Venezuela. Las armas de la prensa apuntan hacia otro lado que no es el suyo: hasta los cambistas y contrabandistas venezolanos, o hasta los trabajadores comunes que vienen a Brasil, y que así aseguran algún bienestar a sus familias o a sí mismos en Venezuela. Son la cara de la pobreza impuesta al pueblo por “la dictadura de Maduro” –cuando no se convierten, es claro, en “perseguidos políticos”–. Los brasileños que en este infierno bolivariano encuentran la oportunidad de estudiar Medicina, por otro lado, simplemente no existen. Es imposible también no acordarse del brasileño Antonio, en Boa Vista, que trabaja como extractor de metales al norte de Brasil: vestía una chaqueta adornada con los colores de la bandera venezolana y el día siguiente ingresaría a la República Bolivariana para distribuir copias de un CD con canciones autorales –en las voces de otros artistas, las letras van, poco a poco, conquistando ciudades rumbo a Caracas–.

De cualquier manera, Santa Elena es una ciudad tensa. Por ella pasamos para sellar nuestros pasaportes e ingresar al país, en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, a camino de la terminal de buses local. La estación –una pequeña construcción redonda– es circundada por calles de tierra. El ambiente es de Viejo Oeste: los rostros miran el suelo, pero los ojos, erguidos, miran siempre otros ojos. Decenas de conductores se alinean en sus carros, en un puesto de PDVSA, para llenar los tanques de gasolina y después venderla a brasileños por un precio superior. “Tenemos la gasolina más económica del mundo y al lado tenemos un país con la tercera gasolina más cara del mundo. Lógicamente es un atractivo para aquellas personas que quieren vivir de una manera fácil”, declaró en marzo de este año el alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús Valles. Aquí encontramos otro personaje curioso: un taxista brasileño que se hace pasar por venezolano y que se sostiene trabajando en la ruta para Santa Elena, con una cooperativa de taxistas de la ciudad, hablando español de forma clara y perfectamente adaptado al acento de la región, a pesar de su figura –un hombre alto, blanco y barbado– que contrasta con la venezolana.

¿Por qué me urge resaltar estas escenas? Porque es evidente para los que recorren ese camino que a lo largo de él no hay solo pobrecitos o santos –ni solo demonios o tramuyeros–. Sobre todo, es manifiesto que provienen de las dos naciones los ciudadanos que se benefician de la frontera, aunque sean de una sola los que sirven de muleta ideológica para periodistas y periódicos oportunistas, que escupen en la verdad pisoteados por los botines de sus editores y patrones.

Los venezolanos que cruzan rumbo a Pacaraima son los que, frente a la crisis económica y sin perspectivas, intentan beneficiarse financieramente de esta posibilidad –como los millones de mexicanos, o incluso brasileños, que todos los años ingresan a Estados Unidos para trabajar, sin papeles–. ¿Serían estos los tristes frutos del capitalismo en nuestro país? ¿Del subdesarrollo del continente, impuesto por el norte? Sin dudas. Pero de este problema –que pertenece a nosotros, brasileños– no se oye hablar. ¿Cómo podríamos imaginar cuáles son sus raíces?

Cuando se trata de Venezuela, por otro lado, los medios de comunicación no se callan. El escarceo producido acerca de los venezolanos que cruzan las fronteras para “huir del hambre” es notorio. En cambio, grita el silencio sobre la guerra económica iniciada por Trump contra el país.

Ingresamos a Venezuela, por lo tanto, con una visión clara: la de que los personajes que vimos y conocimos en este trayecto son utilizados en una campaña ideológica contra el Gobierno venezolano –campaña que nadie hace contra nuestro gobierno o contra el de cualquier país alineado, aunque los personajes criados por estos sean similares– y este parece ser el caso en la mayoría de las veces –aún más sombrío–. Este es un aviso para los próximos días: mirar con tenacidad, pensar con claridad, escribir con honestidad. Más que todo, llegar al destino sin olvidar a Brasil y nuestra propia condición.

Hemos visto cómo el cine se ha transformado a lo largo de la historia, desde sus narrativas hasta sus tecnologías; la visión del mundo ha sido delimitada en fotogramas, y el séptimo arte ha impulsado el desarrollo de aparatos alucinantes. Las cámaras han sido testigos de los sueños, las esperanzas y los deseos más sublimes y tenebrosos de la humanidad.

Viendo al pasado es más sencillo dar nombre y delimitar escuelas y corrientes artísticas referentes al cine: el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, el cinema nuovo de Brasil, o la época dorada del cine mexicano. No sabemos cómo se va llamar esta época de cine que vivimos, pero podemos identificar algunas características, a nivel estético y comercial que representan el presente y dan una pista de lo que será el futuro.

En primer lugar, los medios para difundir la imagen se han multiplicado por miles. Las pantallas cada vez más inundan el diario vivir y permean todas las actividades humanas; lo audiovisual no es exclusivo del cine, ni siquiera de la televisión, y eso implica la irrupción de nuevos canales que a su vez influyen en la manera como se construye la imagen. Cada vez más, directores reconocidos experimentan con, por ejemplo: videos verticales (para ver en celular), realidad virtual, medios de difusión alternativa como el internet (el director de cine David Lynch ha hecho gran parte de sus trabajos para la web), o la transmedia: contar diferentes historias utilizando varios medios enmarcados en un mismo universo estético, en donde el espectador interactúa con el producto final moldeando la historia a su gusto (algo así como un Rayuela interactivo).

Por esto y mucho más el cine no es lo que era, o por lo menos, no es solo lo que era. Siguen existiendo las películas como tradicionalmente han sido: dos horas de pantalla horizontal, con una historia de inicio, nudo y desenlace; plano medio, primer plano, plano general, etc. Y, personalmente, consideramos que es la mejor experiencia artística de la imagen audiovisual. Pero vale la pena descubrir los nuevos medios con que lo audiovisual irrumpe, porque la creatividad no está limitada a un solo invento, sino que se expande con cada herramienta.

Con la llegada del sonido Charles Chaplin y Buster Keaton fueron dos de los directores que vieron con sospecha la nueva tecnología; para ellos, el sonido iba a limitar el contenido de sus películas pues al ser mudas cualquier persona las podía entender, sin necesidad de conocer el idioma o saber leer. Por algún tiempo Chaplin continuó haciendo películas en silencio, aunque integrando sonidos ambientales. Fue en El Gran Dictador cuando decidió hablar, lo hizo para dar uno de los discursos más bellos de la historia, y demostró que el problema no son los medios sino la manera en cómo se utilizan y transforman. Otros directores murieron en el olvido al no poder aprovechar y asumir la responsabilidad estética que imponía el público y el mercado. Buster Keaton fue uno de los más grandes directores que no pudo dar voz a sus películas.

Lo único constante en el mundo es el cambio. Las nuevas tecnologías, cada vez más y a mayor velocidad, transformarán la manera en cómo miramos y nos exhibimos; las redes sociales, y en especial las conocidas “Historias” de Instagram, fragmentos de vídeo para “reportar” en pocos segundos lo que se hace, son un ejemplo del cómo lo audiovisual está al instante y para todos los públicos. Es igual de vital aprender a leer estas imágenes, son las que acompañan nuestro día a día, y siempre dicen algo, aunque parezcan 10 segundos sin sentido.

 

Yo también rompo el silencio

La primera vez que sentí esa clase de miedo no había cumplido once años. Mi madre, en un intento por solucionar su situación sentimental, se había casado de nuevo. El tipo, un hombre veinte años mayor que ella, me producía escozor desde que entré a su casa: su amabilidad, que rayaba con el servilismo; su mirada que me seguía a todas partes. No sabía qué sentía al respecto, pero me incomodaba. Cuando pienso en esos primeros momentos recuerdo esa sensación de repulsión e incomodidad por todo mi cuerpo.

Antes de vivir con mi nuevo padrastro, incluso antes de que yo supiera de su existencia, mi madre solo mencionó que iríamos a vivir solas, sin mi abuela y mi tía. Mi reacción de fastidio, entonces, pasó a ser relacionada con un sentimiento que sí tenía cabida y no representaba ningún peligro para la seguridad de la situación: “Laura está celosa porque no quiere compartir a la mamá”.


La primera vez que se acercó a mí ni siquiera me tocó. Fue una pregunta lasciva que yo entendía que estaba mal, pero solo respondí sonrojándome. Y le dije a mi madre de la manera menos clara posible, que decidió continuar con su tranquilidad y tratar el asunto como un momento aislado que yo había malinterpretado. Eso, sin embargo, hizo que dentro de mí se rompiera cualquier lazo de confianza, respeto y consideración hacia ella.

Supe que, como cualquier chica de las historias que escuchaba de mi familia, que siempre se referían a chicas pobres o campesinas, debía irme y encontrar mi propio lugar a salvo en el mundo.

Durante casi ocho años las preguntas lascivas evolucionaron al abuso sexual y me culpé de no ser capaz de expresarme de otra forma, de no usar eufemismos, de mi cuerpo voluptuoso (que solía esconder bajo ropa gigantesca o apretar con vendajes), de que me gustaran los hombres, de no acudir a personas ajenas al círculo cercano de mi familia que entenderían mi alarma al no tener vínculos con él, de no reaccionar violentamente para defenderme, de no ser capaz de irme.

La violencia sexual, perpetrada por familiares o personas del círculo cercano, suele ser progresiva, según datos recogidos de la Unicef: “Muchas veces ocurre que [las víctimas] son sorprendidos, confundidos y engañados, ya que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr la confianza [de las víctimas]”. Y en ese sentido mi caso siguió a la estadística. Supongo que suele ser lo más inteligente, pues además de crearle seguridad y confianza a los adultos, confunde a quien poco o nada sabe del tema.

Lo que no entendía en ese momento es que era completamente normal, reaccionaba conforme me habían educado, reaccionaba con el miedo, la vergüenza y la incertidumbre: “...cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad”, como expresó Virginie Despentes en 2006. El miedo, la humillación y la vergüenza se extienden siempre en dirección femenina. Mujeres o cuerpos de hombres feminizados.


Mi historia se suma a millones de historias más de otras mujeres en el mundo. No tuvo nada que ver con mi estrato socioeconómico, ni con la educación de mi familia, fue resultado de un problema sociocultural que nos atañe a todos.


De nada le sirvió a mi madre regalarme un libro de Simone de Beauvoir a los nueve años, comentar historias tristes de niñas violadas en tugurios, o debatir con amigos y familiares sobre la situación de violencia sexual de otras mujeres. La violencia sexual hace parte de la vida de cada uno de nosotros, tanto si la recibimos como si la perpetramos. “Dejen de hacernos creer que la violencia sexual contra las mujeres es un fenómeno reciente, o propio de un grupo específico”. “La herida de una guerra que se libra en el silencio y en la oscuridad”. “Es asombroso que las mujeres no digamos nada a las niñas, que no haya ninguna transmisión de saber, ni de consignas de supervivencia, ni de consejos prácticos y simples. Nada”, afirma Despentes.

En la segunda semana de octubre, miles de sobrevivientes de abuso sexual compartieron sus historias utilizando la etiqueta #MeToo / #YoTambien en redes sociales. Este tipo de ejercicio es importante, poderoso y, a la vez, fundamental. Más allá de lograr empatía y concientización entre quien se pueda considerar un aliado, importa como ejercicio de reconocimiento de la otra, de su ira y de la ira colectiva que busca culminar en la organización de esa colectividad para hacer cambios visibles y trascendentales. Porque es primordial reconocer la expansión del problema y la propia vulnerabilidad para gestionar espacios de reunión, consenso y unión. No somos casos aislados, producto de monstruos nacidos de la casualidad o de una conducta extraña; por el contrario, nuestra experimentación diaria frente al abuso y la violencia sexual es resultado de una normalización cultural de dicha violencia y de la hegemonía del patriarcado, del machismo que nos recorre a todos.


Rompo el silencio con este texto. El silencio que he ido rompiendo en mi proceso para deshacerme de mi papel de víctima y convertirme en una sobreviviente que mantiene la esperanza de ver un mundo diferente, y de dejar mi situación privilegiada y silenciosa para, en cambio, gritar y exigir en nombre de las generaciones que me sucederán.

La ciudad bonita de puentes luminosos y vías amplias. La ciudad bonita de casas diminutas, de colores brillantes construidos con ayeres amargos. La ciudad bonita, la del centro y la de la periferia: Medellín.

El desarrollo urbanístico en la ciudad se viene presentando como una epifanía de bienestar económico y social; sin embargo, con su llegada se han ignorado problemáticas existentes y emergentes. Los puentes, las vías, los centros comerciales y las urbanizaciones cubren con cemento las historias de resistencia y de construcción popular de barrios que se forjaron a sí mismos, en su mayoría, producto de una violencia insoslayable para los ojos de la sociedad colombiana. Así pues, la dureza del concreto ha aprisionado derechos fundamentales como el de la vivienda digna y la dignidad humana.

El modelo de ciudad aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 que regirá hasta el 2027 se opone a la construcción comunitaria de los barrios. Este plan contempla tres áreas estratégicas para desarrollar intervenciones: el borde, el río y la ladera. La ciudad se piensa para la inserción en un mercado global como una ciudad clúster y de inversión extranjera, transformación que se da a través de la renovación urbana. Para ello se debe construir y posteriormente reconstruir la infraestructura, proceso que en algunos casos genera gentrificación urbana -desplazamiento de los habitantes de un territorio, por la llegada de habitantes de mayores ingresos-.

El Naranjal
Desde el año 2013 se dio aviso del inicio del Plan Parcial Naranjal y Arrabal. El barrio El Naranjal se encontraba poblado por talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, recicladores, carretilleros, viviendas, vendedores ambulantes, caspetes y bares; ubicado en pleno centro y perteneciente a la Comuna 11 (Laureles) habitada en su mayoría por estratos 4, 5 y 6. El modelo de ciudad buscaba arrasar con el barrio para construir lo que llamaron “Ocho unidades de actuación urbanística”. Sólo la número dos está compuesta por cuatro torres, 114 oficinas, 240 apartamentos y 69 locales comerciales.

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras entregas de los apartamentos, algunos comerciantes del lugar fueron re-ubicados en Caribe en el sector conocido como El Caracol. Sin embargo, en abril de 2017, la fuerza estatal hizo operativos de hostigamiento a comerciantes y víctimas de la renovación urbana, obstruyendo su derecho al trabajo. Como lo menciona Rubén Aguirre, mecánico del sector, “A qué cliente le va gustar venir aquí y cuadrar su carro, de pronto ver que el tránsito se lo va llevar que porque esto es espacio público; día tras día el trabajo se ve más poquito, llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado viendo el hambre de cerquita”. Las ventas de apartamentos, oficinas y locales comerciales van en aumento, pero las soluciones de vivienda digna y trabajo para los antiguos pobladores de El Naranjal aún no son tangibles.

Moravia
La historia de los intentos de desalojo de Moravia se remonta al año 2007, cuando la comunidad de El Oasis sufrió un incendio que arrasó con más de 200 casas. Seguidamente, la administración prometió que daría casas a los afectados en un plazo de cuatro años, pero esta promesa no fue cumplida. En el 2014, siete años después del incendio, las personas que antes habitaban El Oasis lo ocuparon nuevamente. Con esta acción pretendieron construir sus casas nuevamente y exigir a la administración una vivienda digna, tal y como lo había prometido hace años.

Un año después, en el 2015, el Esmad desalojó a 38 familias ubicadas en El Oasis, sin ofrecer ningún tipo de garantía de vivienda o reubicación. Durante este tiempo se llevaba a cabo la construcción del puente de La Madre Laura, justo al frente del sector; este busca ser una de las vías de conexión del 'Distrito de la Innovación', y una de las principales banderas de 'Medellín la más innovadora', por lo que la comunidad afirma que el desalojo se debe a la construcción de este proyecto.

El 18 de agosto del 2017 se presentó otro incendio en el mismo sector, ocasionando que 300 viviendas fueran consumidas en llamas. Gran parte de las familias afectadas decidieron resguardarse bajo el puente de La Madre Laura y aún continúan sin soluciones de vivienda digna por parte de la administración.

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén, un barrio cuyas casas llevan distintos colores y por cuyos caminos se pasean vacas, gallinas y ovejas, está ubicado en el municipio de Bello, aunque hace parte de la jurisdicción de Medellín. Gran parte de quienes habitan actualmente el barrio son campesinos desplazados de distintos lugares de Colombia.

El 28 de diciembre del 2016, con la justificación de estar en zona de alto riesgo, 175 familias del barrio recibieron una orden en la que se les exigía desocupar sus casas. 15 días después, el 12 de enero del 2017 el Esmad llegó a Nueva Jerusalén y comenzó con el desalojo y la demolición de las viviendas.

Frente a estos hechos la comunidad tomó acciones para impedir el desalojo y exigió un espacio para dialogar con ambas administraciones -Bello y Medellín-. Tan solo tres días después integrantes del Esmad, carabineros y soldados contraguerrilla ingresaron al barrio, dando inicio a unas horas violentas en las que hubo 42 personas de la comunidad heridas. A finales de enero se llevó a cabo una audiencia en la que se exigió a las administraciones que debían garantizar un subsidio de arriendo por 250 mil pesos hasta que las familias fueran reubicadas definitivamente; de igual manera se estipuló un plazo de dos años para dar solución definitiva de vivienda a la comunidad.

La Iguaná
El 28 de marzo de 2017, 24 familias que anteriormente habían sido víctimas del conflicto armado fueron desalojadas del barrio La Iguaná, sector Los Ranchitos. El desalojo se ejecutó bajo el pretexto de que la comunidad se encontraba asentada en zona de alto riesgo y fue llevado a cabo a la fuerza por el Esmad, luego de que los habitantes se negaran a abandonar sus hogares.

Ante la incertidumbre de quienes fueron desalojados, la administración acordó que cumpliría con un pliego de seis puntos que compone subsidios para arriendo, subsidio alimentario, garantía de educación para niños y jóvenes, atención a mujeres embarazadas e infantes en el programa de buen comienzo, adquisición de vivienda definitiva y la no ejecución de medidas judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.

Pasados los tres meses les fueron suspendidos los subsidios de arriendo a las familias. La comunidad se encontraba a la espera de las garantías de vivienda digna que la administración había asegurado; lo anterior teniendo en cuenta que el 26 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado a favor de una acción de tutela en la que se aseguraba que se les debía garantizar a las familias una vivienda digna. “La alcaldía solo dio tres meses de arriendo y a la gente la dejó en la calle. Prácticamente no hay nada”, afirmó la lideresa de La Iguaná, Xiomara Quinchía. Así mismo, asegura que actualmente la mayoría de quienes fueron desalojados se encuentran viviendo en lugares con unas condiciones lamentables.

La Paralela
En este barrio, ubicado entre la estación Acevedo y Tricentenario del metro, el dos de agosto del presente año se informó que 297 viviendas planean ser desalojadas por la construcción de la estación Multimodal del Metrocable Línea P Acevedo - Picacho que se planea desde 2016.

Hasta ahora, se les ha ofrecido a las familias montos de dinero que no equivalen al valor real de sus casas y cuotas para que las familias paguen un arriendo durante tres meses. Este protocolo ya se ha llevado a cabo en otros desalojos de la ciudad (Puente de la Madre Laura, Nueva Jerusalén, La Iguaná), en los que las comunidades, luego de los tres meses, han denunciado que se encuentran a la deriva. Las exigencias y promesas de una vivienda digna no fueron cumplidas por la administración.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, a lo que nos oponemos es a que nos maltraten, a que nos violen los derechos. Queremos que nos aseguren unas condiciones dignas para vivir. Uno debe salir en iguales o mejores condiciones de las que estaba”, afirma José Muñoz*, habitante de la Paralela. Mientras los pobladores de la ciudad proponen Mejoramiento Integral de Barrios, las administraciones siguen priorizando los intereses de algunos sectores como el constructor, pensando en un modelo de ciudad para el turismo que olvida las necesidades inmediatas de quienes construyeron precaria y comunitariamente la ciudad.

Actualmente Colombia se encuentra oscilando entre la desinformación de los medios de comunicación y la esperanza de superar tantas décadas de violaciones a los Derechos Humanos -DDHH-y al Derecho Internacional Humanitario -DIH-.

Con el propósito de generar escenarios de justicia transicional, se ha acordado el diseño e implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como una oportunidad histórica para develar los factores que dieron origen y han determinado el desarrollo del conflicto que vive el país.

Este sistema contiene diez principios que nacen en el acuerdo de La Habana y son desarrollados mediante el Acto Legislativo 01 del cuatro de abril del 2017, donde se ubica a las víctimas en el centro de este andamiaje de justicia transicional, concibiéndolas como el actor principal en el restablecimiento de sus derechos y la contribución para que los actores -grupos insurgentes, paramilitares, terceros que se han beneficiado por el conflicto y principalmente agentes del Estado-, no vuelvan a repetir los hechos victimizantes.

Uno de los escenarios del Sistema será la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), la cual obedece a los principios de equidad, equilibrio y simetría en el tratamiento a todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la comisión de delitos configurados como graves violaciones a los DDHH y al DIH.

Bajo esa lógica se diseñó la ley 1820 de 2016, una iniciativa legislativa que busca aplicar algunos beneficios tanto a insurgentes como a agentes del Estado, con el fin de reducir la utilización de medios retributivos de la justicia, y de esa manera instar a los actores armados a contribuir a la materialización de los derechos de las víctimas, siempre bajo la premisa de generar un trato simétrico, equilibrado y equitativo.

Conforme a estas condiciones, se crean tres figuras aplicables a los integrantes de la insurgencia, a saber: amnistía de iure, libertad condicionada y traslado a zona veredal. Al transcurrir los 180 días (prorrogados) de la existencia de las zonas veredales, los excombatientes de las FARC-EP adquirieron la libertad condicionada mediante Decreto 1274 de 2017. Asimismo, se crean tres figuras aplicables para los agentes del Estado: renuncia a la persecución penal, libertad condicionada y traslado a guarnición militar. Cada una de ellas con requisitos exigibles de manera simétrica y equilibrada.


Tanto la amnistía iure como la renuncia a la persecución penal son destinadas para delitos no graves; la libertad condicionada ha sido diseñada para aquellos casos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado (insurgente o agente de Estado) se encuentre privado de su libertad por cinco años o más.

Por último, el traslado a zonas veredales o a guarnición militar (según sea aplicable), únicamente se puede predicar para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado lleve menos de cinco años privado de su libertad.

Sin embargo, por iniciativa y discurso engañoso del señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la nación, se impulsó por parte del Gobierno nacional el Decreto 706 de 2017, cuya pretensión era aplicar únicamente a agentes del Estado otros beneficios sumados a los ya desarrollados mediante la Ley 1820.

Figuras como la revocatoria y la sustitución de las medidas de aseguramiento para agentes del Estado, hacían parte del cúmulo de nuevos beneficios para estos, cuyo sustento no era más que, según el análisis miope del fiscal general, equilibrar la balanza en el tratamiento para los militares, toda vez que, a diferencia de los insurgentes, estos aún se encontraban privados de la libertad.

Nada más alejado de la realidad que lo afirmado por el fiscal general de la Nación; la Ley 1820 desarrolló figuras equilibradas para todos aquellos actores que pretendan sujetarse a la JEP. Además, según cifras de la Secretaría de la Jurisdicción especial Para la Paz, son 1.751 Agentes del Estado que se encuentran en el censo de esta dependencia. De dicha cifra, 1.693 personas, es decir el 96%, han suscrito actas de compromiso de sometimiento a la JEP, de estas, 669 personas han sido beneficiadas con la libertad condicionada y 87 con el traslado a alguna guarnición militar.

En otras palabras, y en concordancia con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, contenidas en el Decreto 706, únicamente para los agentes del Estado, estaría creando un trato asimétrico y ventajoso a favor de los militares. No obstante, hasta hoy han sido beneficiados con estas figuras 243 castrenses.

La problemática se tornó más grave aún tras la expedición de la Circular 0005 del 19 de mayo del año en curso, suscrita por la señora María Paulina Riveros Dueñas, vicefiscal general de la Nación, donde imparte una directriz a sus funcionarios delegados ordenándoles solicitar de manera inmediata la revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento a favor de los militares involucrados en casos de lo que la opinión pública ha conocido como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, aseverando que los únicos requisitos de ley que se deben considerar para aplicar estos beneficios son la solicitud presentada por el agente del Estado dirigida a la Fiscalía y la suscripción de un acta de compromiso de sometimiento a la JEP.

Esta situación evidencia que el espíritu del acuerdo de paz celebrado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, se ve desdibujado una vez ingresa al Congreso de la República y al Gobierno, los cuales han modificado elementos determinantes de las normas que han surgido alrededor de esta oportunidad de alcanzar la paz en el territorio nacional.

La reglamentación e implementación de los acuerdos, mediante el proceso legislativo, no puede convertirse en un escenario donde se cambien las reglas de juego a quienes participaron de los acuerdos de paz, no se trata de una renegociación de los acuerdos.

Aunque ya se han elegido los 51 magistrados que conformarán la JEP, aún se encuentra en trámite la ley estatutaria que le dará reglamentación y existencia material a este escenario de justicia transicional, ya que si bien se expidieron los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, estos se han configurado como parámetros generales que exigen un nivel más específico de regulación por parte del legislador colombiano.

Hasta la fecha se han aprobado 102 artículos de 160 que contiene la ley estatutaria, en medio de álgidos debates y shows mediáticos de algunos partidos políticos, quienes de manera cínica se han escudado en un falso discurso en el que se abanderan de las luchas de las víctimas para negar su respaldo a la Justicia Transicional.

La ausencia de Cambio Radical y el Centro Democrático no es una situación fortuita, se consideran detractores de la ley estatutaria debido a su supuesta “defensa de las víctimas”, empero, tras bambalinas esconden su intención de proteger los intereses de terceros beneficiados con el conflicto colombiano, e incluso cuidar los suyos, toda vez que ambos partidos han tenido una larga trayectoria de relación con el paramilitarismo y la corrupción. No en vano, muchos de sus integrantes y cercanos, han sido sancionados penalmente por parapolítica, paramilitarismo, narcotráfico, homicidios, entre otros hechos victimizantes que ponen en tela de juicio la imparcialidad y seriedad de estos partidos políticos

A esto se suma las declaraciones del señor Germán Vargas Lleras, integrante también del partido Cambio Radical, quien ha aseverado de manera engañosa que la JEP juzgará 48 millones de colombianos, intentando polarizar la sociedad civil frente al rechazo de la legitimidad de la JEP, maquillando las relaciones paramilitares de su partido político.

Asimismo, el fiscal general de la Nación, señalado en los escándalos de corrupción en los debates del Congreso, ha sido un obstáculo más para la aprobación de la ley estatutaria, pues ha centrado su discurso mediático en la responsabilidad de la insurgencia, pero de otro lado imparte directrices a sus delegados para que otorguen beneficios a los agentes del Estado, generando tratamientos asimétricos y ventajosos, haciendo venia al cinismo del ente acusador mediante entuertos jurídicos que dan la espalda a la ley y la constitución.

La ratificación de las víctimas como centro del sistema de justicia y la participación de las mismas, si bien era un aspecto poco claro hasta el momento, quedaron consignadas en el articulado aprobado, que ha establecido que estas mínimamente tendrán una participación como intervinientes especiales, y las normas que se expidan en el futuro podrán considerarlas más que esto.
También se deja claro que el juzgamiento y sanciones se generarán conforme a una interpretación complementaria del Derecho Internacional de los DDHH y del DIH, asumiendo la responsabilidad estatal de materializar la protección y respeto por las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, ha quedado con carácter explícito el compromiso del Estado colombiano de no repetir hechos victimizantes como lo ocurrido con la Unión Patriótica, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la creación, promoción o apoyo a grupos paramilitares.


A pesar de ello, aún se encuentra en tela de juicio el compromiso del Estado con la paz y las garantías de no repetición, pues el discurso que se ha querido posicionar ante la opinión pública invisibiliza su responsabilidad como principal actor victimizante. Las constantes declaraciones en las que se asevera que las víctimas son falsas o se pretenden mostrar a los militares como mártires de la justicia colombiana son muestra de ello.

No en vano el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía ha manifestado que la JEP es un instrumento para continuar la guerra jurídica que se ha generado en los estrados judiciales contra los agentes del Estado. Pronunciamientos irresponsables que buscan mostrar a los victimarios como víctimas.

Las FARC-EP hasta la fecha han llevado a cabo actos tempranos con carácter reparador, como el perdón pedido a las víctimas de Bojayá y de Granada, mientras que el Estado colombiano sigue negando su responsabilidad.

Aun así, la sociedad colombiana no puede caer en el pesimismo absoluto. En este momento de nuestra historia existe una pugna para definir quién la escribe y cuál verdad se posiciona. Las víctimas de crímenes de Estado han asumido esta disputa mediante el ejercicio de la memoria colectiva, negándose a que el victimario (Estado) escriba la historia del conflicto que ha vivido el país, batallando para que las generaciones venideras escuchen sus voces y conozcan la realidad de esta historia de dolor y lucha.

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