Equipo Periferia Bogotá

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En el mes de septiembre la ciudad de Bogotá se vió inmersa en un proceso de movilización gestado desde los barrios populares del sur: el paro de sur, Tunjuelo. Este fue un proyecto de organización colectiva que tenía como intensión manifestarse en contra de las múltiples afectaciones que tienen las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, pero que tuvo como punto de partida las consecuencias que ha dejado la mala administración del relleno sanitario Doña Juana sobre los habitantes de estas zonas.

Tomar como referencia el 27 de septiembre no era casual, más bien era algo sintomático. Los habitantes de la localidad recordaban cómo hace 20 años el relleno sanitario había tenido una explosión producto de la acumulación de gases, mal manejo de 800 toneladas de basura, algo que sin duda marcó un precedente para la población. Hoy, al verla proliferación de plagas en sus domicilios e incluso cultivos de la parte rural, sintieron que ese oscuro episodio se estaba repitiendo. Por eso elevaron su voz de descontento y empezaron a trabajar de forma colectiva en torno al desarrollo del paro del sur. Buscaban gritar que el sur no se podría seguir convirtiendo en el basurero de la ciudad, y que es necesario pensar en alternativas viables para dar un buen manejo a las 6000 toneladas de basura que llegan allí diariamente.

Pero esta era tan solo la punta del iceberg, por lo que otras localidades del sur de la ciudad se vieron involucradas y decidieron participar en esta movilización, que iba tomando más fuerza debido al trabajo barrial realizado por las mismas comunidades. La gente estuvo comprometida desde el inicio con el desarrollo del paro, y se encargó de brindar su apoyo, desde lo más pequeño,para que todo funcionara. 

¿Qué sucede en el sur?
Hace poco, el representante a la Cámara Inti Asprilla calificó como infame la forma de actuar de la actual administración con la gente del sur. Citó claramente cómo allí la clase popular tiene problemas con el ya mencionado relleno, sumado a la falta de rutas de transporte, la carencia de personal docente en las escuelas, las condiciones de inseguridad a las que están sometidos los jóvenes, ya que se denuncia que en estas zonas existe presencia paramilitar, el problema de la minería a cielo abierto, y como si fuera poco, los problemas que tiene el sistema de salud para estas zonas.

 

El paro se despertó en la ciudad
Durante la preparación del paro los participantes semanalmente se reunían a discutir la posibilidad de vincular la mayor cantidad de gente que aportara a la movilización. De dichas reuniones salían propuestas y asignación de tareas; había un proceso de organización que permitió involucrar a estudiantes, líderes sociales, maestros, medios de comunicación alternativa, y lo más importante, gente del común, convencidos de que este paro debía marcar un precedente histórico de movilización en toda la ciudad.

Llegó el 27 de septiembre y, sobre las 7:00 a.m., desde diferentes puntos de la ciudad se empezaban a agolpar personas que sentían la necesidad de apoyar la movilización. Llegaron organizaciones sociales, y aunque la administración militarizó las diferentes zonas como método de represión a la protesta social, el apoyo fue masivo, y los puntos de concentración fueron estratégicos. De esta forma salieron movilizaciones desde Bosa, Kennedy, El Tunal, algunos barrios del norte de la ciudad e incluso Universidades Públicas. Las consignas no se hicieron esperar y en la ciudad se escuchaba un grito:“¡A parar para avanzar, viva el paro popular!”
Andrey Téllez, docente que acompañó la movilización, manifestó que quien estaba en las calles era la “dignidad rebelde” exigiendo el pago de la deuda social de los problemas que siempre han existido, pero que lastimosamente se han agudizado y peor aún, que se están invisibilizando desde la administración. Al mismo tiempo dejó por sentado que esto no sería una movilización de un día, sino que era el inicio de todo un proceso que debía mantenerse hasta lograr una solución efectiva a las problemáticas del sur.

Así mismo, uno de los participantes de la marcha que salía desde la autopista sur, manifestó que “el sur tenía que dejar de ser patio trasero de la ciudad, porque el sur estaba poniendo el norte”, y que dicho evento debía ser un referente para las próximas generaciones para no permitir que dirigentes políticos hicieran de las suyas aprovechando el momento de elecciones que se aproxima.

Quedó claro entonces que la solidaridad y la lucha organizada del sur sabía cuál era el objetivo de parar la ciudad. Mostraron a los ciudadanos del común que allí estaban muchas personas dispuestas a poner su aliento y fuerzas con tal de ser escuchadas. El sol de la capital estaba en su mayor punto, y las calles se hicieron largas, pero las marchas no se detenían, y la idea de llegar hasta Usme no decaía.

Trascurrida la jornada y a pesar del cansancio y los encuentros con la Fuerza Pública, había una sonrisa en quienes participaban, y no era para menos, se había logrado detener gran parte de la ciudad: mostrar las problemáticas por la cuales se movían y aún más gratificante, se logró que cerca de mil personas se unieran en torno a una lucha que se había gestado desde meses atrás y que no se detendría allí.

El centro de Bogotá sigue en la mira de importantes sectores económicos y compañías inmobiliarias. Los recientes hechos de desalojo en la calle del Bronx y la ampliación de la represión policial en este sector ponen en evidencia el nuevo objetivo estratégico de los  grupos de poder que gobiernan la ciudad.

Durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2001), en forma violenta y sin ningún tipo de plan de protección integral para los habitantes de calle, fue desalojado en forma violenta el sector conocido como El Cartucho. En principio, desde la administración  se esgrimió que ello obedecía a un plan de reurbanización del centro de Bogotá, pero lo que nunca se dijo a los bogotanos es que tras los 9500 metros cuadrados de terreno que comprenden desde la carrera 10 hasta la carrera 9, entre calles 15ª y 15 bis, se movían grandes fuerzas económicas que esperaban paciente y estratégicamente a que el precio bajara, para hacerse a estos al mejor estilo del ladrón de esquina.  

Más recientemente, en el marco de la segunda administración de Enrique Peñalosa (2016-2019) el fenómeno se repitió. En esta oportunidad, el sector conocido como la calle del Bronx fue brutalmente desalojado por la Policía Metropolitana en compañía de fuerzas especiales del Ejército. En ese sentido, la opinión pública de la ciudad se repartió en dos bandos; muchos ciudadanos aseguraban que era una buena medida, ya que los centros de consumo afectaban a la población en general, y otro sector importante de la ciudadanía, en forma preocupada, manifestaba temer por la diáspora de habitantes de calles y  el posible aumento de la inseguridad en las calles del centro  de la ciudad.

Pues bien, los peores temores de los habitantes de la ciudad se hicieron realidad. No solamente se dispersaron los centros de consumo por toda la ciudad, sino que la inseguridad se aumentó en niveles considerables por toda Bogotá: incrementó el robo de celulares, de bicicletas y de autopartes de vehículos, además, el comercio del sector se vio seriamente afectado, en tanto las ventas disminuyeron cerca del 80%. Edward, un comerciante de telas del sector afirma que “antes podíamos vender cinco millones de pesos al mes, ahora ni siquiera para pagar el arriendo alcanza”.

Sin embargo, los  efectos inmediatos de los abruptos desalojos en el centro la ciudad no son lo peor, pues el fondo del asunto se encuentra  ligado a la “recuperación” de este sector para las familias adineradas de la ciudad. Enrique Peñalosa ha encabezado esta cruzada contra residentes pobres del sector, vendedores ambulantes y habitantes de calle, esto bajo el eufemístico presupuesto de renovación urbana y cultural de la zona.

Así las cosas, el proceso de gentrificación realizado durante más de 30 años, sumado a la precaria o inexistente intervención institucional en el centro de Bogotá, logró devaluar los terrenos en más de un 500%, pues locales comerciales en los que el metro cuadrado costaba hace 30 años  60 millones de pesos, hoy son ofertados a grandes corporaciones inmobiliarias por 650.000 pesos. Daniel, un habitante de calle que frecuenta el centro afirma  que “nos sacaron de acá para vendérselo a gente rica que quiere construir centros comerciales”.

La empírica afirmación de Daniel no está lejos de la realidad, pues el proyecto de reestructuración del centro de Bogotá no pretende esos fines altruistas y culturales que desde la administración Peñalosa se plantean, sino que, en el marco del Plan Centro para Bogotá, propone a este sector como un gran eje comercial, educativo y de vivienda  para los estratos altos. En otras palabras, los ricos de la ciudad quieren evitar la fatiga de desplazarse, pretendiendo volver al lugar del que huyeron hace más de setenta años tras el Bogotazo.

¿Qué implica renovar el centro?
Peñalosa se ha referido a su propósito de hacer uso del espacio en cuestión bajo la idea de que “aprovechando la desvalorización para los propietarios de los predios del 'Bronx', podemos hacer una revitalización urbana”. Lo claro es que no existe una intención para mejorar las condiciones de vida de los casi 10.000 habitantes de calle que se encuentran distribuidos por toda la ciudad, y de los cuales aproximadamente 2.000 se encontraban en el sector del Bronx.
Por eso, dos elementos deben tenerse en cuenta en relación a  las implicaciones que tiene el desarrollo del plan que pretende trasformar el centro de Bogotá. En principio, es necesario preguntarse sobre la participación de las comunidades que allí habitan en la elaboración e implementación de estas políticas, pues como anota Daniel “al Señor alcalde no le importa lo que pasa con la gente, él solo quiere echarle cemento a todo el mundo por encima”. Dicho esto, es posible pensar que las pretensiones de la política de renovación del centro responden más a intereses económicos de grandes grupos inmobiliarios, que a las necesidades concretas de los pobladores que allí habitan.

El segundo elemento que debe ser reflexionado y comprendido por el grueso de la ciudadanía está relacionado con las preguntas ¿para quiénes es el nuevo centro de Bogotá?  ¿Cómo podremos los ciudadanos disfrutar integralmente de ese espacio? Pues bien, de acuerdo a declaraciones dadas a la oficina de prensa de la Alcaldía por Mónica Ramírez, gerente directora de la fundación Gilberto Avendaño, quien es la mano derecha de Peñalosa en todos los temas que tienen que ver con el centro de la ciudad, este espacio constituye un importante botín para la consolidación de un modelo de ciudad elitista y aburguesada. Afirma Ramírez que “aquí hay comercio, universidades, oficinas de gobierno, una actividad  turística y económica importante”.

Este fenómeno se ha presentado en otros sectores de Bogotá. Por ejemplo, los habitantes de los barrios La Macarena y La Perseverancia han sido desplazadas y obligados a habitar en los márgenes de la ciudad, debido a la construcción de  grandes centros comerciales, universidades privadas y cadenas de restaurantes extranjeras. Por eso, las propuestas de la ciudadanía deben estar encaminadas no a abogar por la conservación de las condiciones de vida actuales de los habitantes de calle, o de permitir que el centro de Bogotá se mantenga controlado por grupos organizados de delincuentes, sino a que el grueso de los habitantes sea tenido en cuenta en las dinámicas económicas y políticas que se desarrollan en la ciudad, para que la población pueda disfrutar de los espacios urbanos, sumando cada vez más hacia la construcción de vida digna integral para los pobladores urbanos de Bogotá.

Diferentes organizaciones de víctimas del país se dieron cita el pasado 27 de julio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la conmemoración de los nueve años de la ejecución extrajudicial de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de Soacha víctima del conflicto armado. Allí los familiares de las víctimas manifestaron su rechazo a que los militares responsables de estos hechos fuesen acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

 

La justicia en el caso de Soacha
En el año 2008, más de 15 jóvenes de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente reportados por el Ejército como caídos en combate en Santander y Norte de Santander. Hasta el momento, solo pocos casos han sido juzgados. Uno de ellos es el de Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, por el cual en 2012 fueron condenados seis militares a 53 y 54 años de prisión. También, este año, 21 militares que eran investigados fueron condenados por estar involucrados en el asesinato de cinco de estos jóvenes.

Sin embargo, María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Steven Sanabria, uno de estos jóvenes desaparecidos y asesinados, asegura que su caso se encuentra en la completa impunidad. Su hijo, de 16 años, fue llevado con engaños a Ocaña, en el Norte de Santander, donde la Brigada 16 del Ejército lo torturó y asesinó. Posteriormente lo llevó a una fosa común como NN, acusado de guerrillero. Luego de nueve años no hay respuesta sobre este crimen, asegura Sanabria.

Por esto, las madres, familiares y esposas de estos jóvenes, organizadas en el colectivo “Las Madres de Soacha”, se encontraron el pasado 27 de julio, junto con otras tantas organizaciones de víctimas, para honrar la memoria y dignificar a las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales desde la puesta artística “Cuerpos Gramaticales”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia se han registrado a la fecha 8.504.127 víctimas, de las cuales 8.186.896 son del conflicto armado, de estas 1.770.470 son desapariciones forzadas, homicidios y fallecidos. Es por ello que en el marco de la negociación y los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, las partes manifestaron que las víctimas y sus familiares serían el centro del proceso. La JEP fue concertada y consignada en el punto quinto –Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado– del documento final del Acuerdo de Paz, como el mecanismo judicial a través del cual se juzgarán los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, con el fin de judicializar en el menor tiempo posible a los que se les demuestre culpabilidad en delitos en el contexto de guerra.

Pero un debate sobre las competencias o no de la JEP inició en marzo del presente año, cuando un juez ordinario se negó a imputar cargos por el caso de tres “falsos positivos” de Soacha, argumentando que precisamente el caso debe corresponderle a la justicia transicional. Organizaciones de derechos humanos, así como la fiscal del caso, se mostraron en desacuerdo manifestando que “fueron muertos en circunstancias de indefensión”, por lo que no hacen parte del conflicto.

María Sanabria, también integrante de Las Madres de Soacha, dice que sus principales exigencias en este espacio es que haya justicia, por lo tanto “estos casos no deben considerarse crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, crímenes cometidos por agentes estatales, y estos no tienen por qué tener prelación en la JEP. Estos casos son de la justicia ordinaria. Queremos a las cabezas altas, de donde viene la orden, porque los soldados solo cumplieron con disparar”.


Una siembra de resistencia y esperanza
Wilmar Botina, organizador de Cuerpos Gramaticales y perteneciente al Colectivo Agroarte cuenta que este es un colectivo que nace hace 15 años como forma de resistencia a la Escombrera en la ciudad de Medellín, lugar que era destinado a enterramientos clandestinos de personas que habían sido detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas, aprovechando la condición de botadero de escombros para el ocultamiento de los cuerpos.

“Somos sembradores y sembradoras del territorio, nacemos como una forma de resistencia a las 22 operaciones. En el 2002 pasan cinco operaciones importantes y devastadoras en términos de derechos humanos, unas de ellas son Mariscal, Cortafuegos y la más cruel y la más tremenda es la Operación Orión, con la que inicia el tema de Seguridad Democrática con el Gobierno de entonces, que deja a más de 300 personas enterradas y desaparecidas en la Escombrera, 72 muertos y un centenar de personas violentadas en sus derechos fundamentales”, asegura Botina.

Cuerpos Gramaticales, para Sanabria, “es un espacio para contarle al mundo sobre las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos; también para contar lo que sucedió en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que fue el cómplice. Fueron más de 6000 ejecuciones extrajudiciales”. Las Siembras, como ejercicios de recuperación de la memoria en espacios donde se implanta la política como miedo, permiten recuperar el territorio, generando espacios para el diálogo entre la búsqueda de la justicia y la verdad. Botina resume la propuesta artística como un espacio donde “nos sembramos como país, nos sembramos como luchas”.

El movimiento de víctimas crece en todo el país como respuesta a las cada vez más visibles violaciones de derechos humanos. Ante ello Sanabria asegura que “solos no hacemos nada”, y finaliza comentado que su lucha por la justicia es hoy, “mientras mis huesos tengan carne y mi nariz tenga halito, ahí estaré. Ellos están pensando que cada vez que me ponen trabas, que cada vez que sacan alguna ley o que me niegan el acceso a la justicia, yo me voy a cansar y me voy a sentar a llorar. Pues no, fíjese que con eso me dan más fuerzas para seguir adelante, no saben, no se lo imaginan. Necesitamos que más personas se unan, porque aún hay mucho miedo de decir, de contar, de denunciar. Queremos con todo esto que se hace, mostrarle a las otras personas que sí se puede, que unidas podemos”.

Transeúntes y curiosos se acercan a mirar la propuesta artística que tiene una duración aproximada de ocho horas. Algunos con inocencia preguntan: ¿Por qué se echan tierra encima esas personas? A lo cual unánimemente los organizadores responden: “Porque están sembrando esperanza”.

En Bogotá, como  en la mayor parte de las ciudades de Colombia, se ha presentado una explosión demográfica desde la segunda mitad del siglo XX, que ha  obligado a las instituciones del Gobierno a proyectar planes de ordenamiento territorial y soluciones de vivienda para la gran cantidad de personas que se desplazan a los centros urbanos.  En el caso de la capital, los habitantes empobrecidos se han ubicado en la periferia de la ciudad (principalmente el sur), debido a que en su momento fueron lugares deshabitados o que carecían de propietarios.

Ante este fenómeno, durante la primera alcaldía de Peñalosa (1997-2000) se propuso la Vivienda de Interés Social (V.I.S) como un mecanismo para solucionar la demanda de vivienda en  Bogotá, y que perseguía el supuesto objetivo de organizar en forma planificada y eficiente el espacio urbano. Luego de casi dos décadas es posible observar las implicaciones reales de este experimento para las personas que habitan el sur de la capital.

La entidad encargada de planear, desarrollar y ejecutar las soluciones de vivienda propuestas por el entonces alcalde, fue Metrovivienda. Los proyectos consistieron básicamente en construir grandes ciudadelas en los márgenes de la ciudad; el costo de la vivienda era financiado a 10 o 15 años por entidades bancarias, y solo podrían acceder a él las personas que tuviesen trabajos formales o que se encontraran bancarizadas de alguna forma.

En esa medida,  el “gran gerente”  no solo vendió en la opinión pública la idea que había resuelto el problema de la vivienda  en la ciudad, sino que concretó un negocio fabuloso para los bancos, pues según registró el diario El tiempo en junio del 2000, les otorgó la no despreciable cifra de 30.000 deudores para un tiempo de quince años o más, para lo que correspondió a la primera fase de ejecución del proyecto de vivienda, tiempo en que quienes lograron acceder a este “beneficio” terminarían pagando una cantidad considerable en solo  intereses a dichas entidades bancarias.

Los terrenos destinados para la construcción de los proyectos de V.I.S en Bogotá, se ubicaron en los extremos finales de la ciudad: en la localidad de Bosa en límites con el municipio de Mosquera, y en Usme casi que en su parte rural. En ese sentido, la solución de vivienda propuesta por la institucionalidad obligó a los habitantes desposeídos a  marginalizarse geográficamente. Vale la pena señalar que no solamente la planificación del terreno es errónea  por las distancias geográficas, sino que la vocación del suelo es otra. En el caso de Usme, esta es una zona eminentemente agrícola, y Bosa es, nada más y nada menos que la zona inundable del río Bogotá.

Con la intención de esconder y disfrazar la inequidad en la ciudad, la administración Peñalosa en su primera versión también desconoció todos los principios ambientales de los terrenos donde se erigirían los proyectos de vivienda. El caso de la ciudadela El Recreo en Bosa es de resaltar, por la negligencia con la que se actuó, pues sin escuchar a la comunidad de la localidad y a las entidades de orden ambiental, se construyeron parques, colegios y 90.000 viviendas a escasos 100 metros del río Bogotá. Esto supuso que en el 2011, con razón a los desbordamientos periódicos (y naturales) del río, la ciudadela se anegara por completo, causando una importante crisis económica, ambiental y sanitaria para la capital.

Pero además de ubicarse sobre terrenos no aptos para la vivienda, estos proyectos lesionan la intimidad y la dignidad de los seres que allí habitan. El frente de las casas es de 2.50 metros, con 18 metros de largo, espacio insuficiente para familias que en promedio tienen cinco integrantes. Es decir que en un espacio de 500 metros cuadrados conviven cerca de 1150 personas. A esto debe sumarse que las casas comparten todas las estructuras físicas y de servicios, es decir, paredes y redes de servicios públicos, por ende, cuando hay alguna afectación en un domicilio, suelen verse afectados muchos más. Al respecto señala un habitante de una de estas viviendas, que “a pesar de estar separadas, prácticamente se convive con los vecinos en un mismo espacio, ya que uno logra escuchar incluso cuando alguien enciende una luz”.  

Así mismo, en diálogo con Camilo Gaitán, habitante del sector de El Recreo, encontramos que los desplazamientos al trabajo o a los centros de educación y de regreso a casa, tardan en promedio 2:50 horas al día. Con un cálculo básico, se podría decir que un  habitante de Bosa emplea casi 300 horas al año en desplazamientos, eso quiere decir que quince días de su vida por año las pasa al interior de un bus o un servicio de transporte público. Según Gaitán, “es irónico que poder salir de la localidad sea lo más tortuoso, El Recreo da la imagen de ser un embudo, ya que hay muchas casas construidas pero las vías de acceso son mínimas y esto convierte en un problema el hecho de pensar salir de aquí”. Esta situación afecta las posibilidades de explotar en forma efectiva el potencial artístico, social, académico  y afectivo de los seres humanos que allí habitan.

Evidentemente, la oferta institucional dista mucho de poder considerarse como una opción válida para la vivienda de los y las explotadas en Bogotá, razón por la cual en el ejercicio de construcción de ciudades para la vida diga, es necesario que la vivienda sea pensada desde las necesidades reales y la perspectiva de la dignidad de las comunidades, y no desde la lógica excluyente y económica del mercado, lo cual debe dar paso a otras soluciones a estas problemáticas, y por qué no, empezar a volcar la mirada hacia propuestas alternativas a la expansión urbana.

Los diferentes procesos de revocatoria de mandato que se desarrollan por estos días en Ocaña (Norte de Santander), El Copey (Cesar) y Bogotá son unos de los 107 procesos de este tipo que se adelantan en Colombia. Esto no solo pone de manifiesto la inconformidad de importantes sectores de la sociedad con sus administraciones, sino que permite identificar lo complejo de pensar, construir y proyectar las ciudades en la actualidad. Para entender a qué responden las formas en que se organizan las ciudades, se necesario ver a los centros urbanos como espacios de disputa política entre actores, con diferentes formas de concebir y de actuar sobre los mismos.

Hoy por hoy, uno de los escenarios en que se hace más evidente la tensión entre los diferentes sectores políticos y económicos por la consolidación de un modelo de ciudad es Bogotá, y el marco de referencia para la discusión se encuentra en el proceso de revocatoria que se desarrolla contra la administración de Enrique Peñalosa, pues ha posibilitado que se expongan y confronten en forma abierta los modelos de ciudad que se movilizan desde los diferentes sectores.

La visión de una ciudad que se configure alrededor de la dignidad y calidad de vida de sus habitantes, y no sobre presupuestos exclusivos de producción y consumo de servicios, ha sido desarrollado por un importante conjunto de organizaciones sociales. Por ejemplo, la Cumbre Urbana y la articulación de procesos urbanos del movimiento social y político Congreso de los Pueblos han delineado una propuesta en la que expresan esta concepción del modelo de ciudad popular, contraria a modelos de ciudad concebidos por la administración Peñalosa, e inclusive, dista de concepciones que se reclaman progresistas, como la expresada por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Este modelo comprende que las ciudades son lugares donde existe una incomprensible exclusión y marginalización de los y las empobrecidas, de allí que plantee que las ciudades deben planearse y estructurarse de manera que no deterioren el medio ambiente; así mismo, que el acceso y disfrute de lo público debe ser imperativo, los ciudadanos deben gozar de servicios públicos y acceso a la vivienda digna, y que el ejercicio de participación política activa de los ciudadanos es una prioridad.

Esta concepción de una ciudad dinamizada por sus pobladores, en la que haya participación política, amabilidad con el medio ambiente y administración democrática del espacio, está en contradicción a un modelo en el que el espacio se considere como un privilegio al que un pequeño grupo de personas tenga acceso, y esto es sin lugar a dudas la visión del alcalde Peñalosa. Este modelo de ciudad, contenido en el “PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 2016-2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, presentado por Peñalosa, trabaja sobre tres pilares: 1. Igualdad de Calidad de Vida; 2. Democracia Urbana; 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.

Este se ve reflejado, por ejemplo, en la pretensión de construir sobre la reserva natural Van Der Hammen, que funge como un refugio ambiental para los bogotanos. También en episodios como el desalojo violento de más de trescientas familias en la localidad de Suba en el mes de abril del año en curso. Sobre este hecho, Elvira, vocera del asentamiento de Bilbao (Suba), en entrevista con Contagio Radio, manifestó irregularidades en el procedimiento de desalojo: “a nosotros nunca nos habían dicho que teníamos que desalojar. Había como 90 niños, mujeres embarazadas (…), los niños están afuera, la gente está en la calle, hay heridos, yo soy una de las voceras que acá había, he ido a la alcaldía, había pedido que por favor nos escuchara, acá nunca hubo una entidad (…), no tenemos para dónde coger y la mayoría de gente se resiste”.

Otro ejemplo es la constante persecución de Peñalosa hacia vendedores informales desde el inicio de su mandato, con acciones como el desalojo de 200 vendedores de la calle 72, el 26 de enero del año 2016, bajo el supuesto de “recuperar espacio público de la ciudad”. Jhon, integrante del gremio de vendedores ambulantes aseguró a Contagio Radio, que “fuera de los 230 vendedores que desalojó de la calle 72 el día 26 de enero, el alcalde Peñalosa desalojó 130 de la carrera séptima, el viernes siguiente desalojó 280 de la 19 con cuarta, a los cuales no les ha dado solución. Él sale a decir a los medios de comunicación con bombos y platillos que se le está dando soluciones. Aquí en la calle 72 estamos haciendo un acto simbólico mostrando que es mentira lo que él dice, (…) quiero invitar a la nueva ministra de trabajo a que inste al alcalde de Bogotá a que antes de seguir haciendo operativos de desalojo y de recuperación de espacio público, construya la política pública a favor de los vendedores informales e instale la mesa de concertación distrital”.

A su vez, la disminución de políticas sociales es el resultado de la priorización del gasto, por el cual se transfirió mayor presupuesto a la empresa Transmilenio, que actualmente se encuentra colapsada por el incremento de usuarios y la baja frecuencia de las rutas. A esto se suma la privatización de lo público como la enajenación de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), argumentando que el mercado de telecomunicaciones es de competencia internacional, lo cual deja sin maniobra a las empresas públicas de operación nacional, al tener un bajo número de usuarios con relación a la empresa multinacional. Estas son algunas de las manifestaciones de la manera de administrar la ciudad desde un modelo que sobrepone el interés privado a las problemáticas de la sociedad, como la atención a la pobreza.

En ese sentido, el modelo de ciudad se encuentra en el centro de las agendas de organizaciones y partidos políticos de todas las naturalezas; esto puede resultar sumamente provechoso para la ciudad, en tanto sus habitantes reconozcan estas tensiones y se hagan partícipes de la discusión. Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, COMOSOC, como espacios de organización social se han trazado el reto de construir ciudad desde el movimiento urbano. En el año 2014 se realizó en la ciudad de Medellín el primer Foro Social Urbano Alternativo y Popular que pretendía trazar una ruta para la construcción de propuestas en las ciudades. En la actualidad, estos espacios también han aportado a procesos como la revocatoria en la ciudad de Bogotá, y a la movilización social en la ciudad de Popayán, Cali y Medellín. Con todo esto, queda recordar que el ejercicio de pensar la ciudad pasará por la comprensión de las necesidades del ciudadano sobre las necesidades del crecimiento económico, que en lo real han generado la segregación y el aumento de la pobreza en las grandes ciudades de Colombia.

Wednesday, 20 April 2016 00:00

La señora de las obleas

Esta es la historia de la señora que dejó de ser cualquier vendedora ambulante y pasó a ser Janet la vendedora de obleas.

 “Mick Jagger estuvo comiendo oblea en la Plaza de Bolívar”, “Mick Jagger pagó 10.000 pesos por una oblea en Bogotá”, “la oblea mejor pagada que Janet ha vendido”, “la vendedora de obleas reveló nuevos detalles de la oblea que compró el artista”. Así titularon las noticias del ocho y nueve de marzo del 2016.

Si Mick Jagger no le hubiera comprado una oblea, Janet nunca hubiera sido Janet para el ojo público, sino que hubiera seguido siendo una vendedora que por 14 años no ha sido otra cosa que la señora que vende obleas al lado del Teatro Colón.  

Todos le preguntaron por los sabores que eligió el vocalista de los Rolling Stones; incluso, después de esa compra, la oblea de arequipe con mora pasó a llamarse la Mick Jagger. Además, el pago fue el tema que cautivó a la mayoría. Hubo rumores que decían que Janet dijo que valía $10.000, que no dio los vueltos, etc. La verdad es que el manager de Jagger dio diez mil y dijo “deje así”. Para los medios, Janet              -además de la afortunada que le vendió la oblea a Jagger-, fue la vendedora que vendió la oblea más cara, entre las obleas vendidas por una vendedora de obleas.
 
Nadie se hubiera enterado de quién es Janet, si no hubiera sido porque la tarde del 8 de marzo, al equipo de producción del concierto le dio por llevar al cantante a conocer la ciudad, y él, en el camino, se antojó de un dulce típico que justo vendía ella. De otra manera Janet no hubiera salido en la prensa, ni en la radio y mucho menos en la televisión.

Aunque antes ha tenido otras oportunidades de protagonizar en los medios. Por ejemplo, cuando ha integrado la multitud de trabajadores ambulantes que se toman la Plaza de Bolívar para protestar para que se les respete el trabajo. En esas manifestaciones han estado las cámaras, los micrófonos y los ojos de los periodistas, pero estos, a lo sumo, han visto a la señora que el alcalde de Bogotá abrazó, pero no han visto a la vendedora de obleas que pide que no se le lleven el puesto por no estar carnetizada.

Eso tiene una clara justificación. Así como Janet hay cientos que no llaman la atención lo suficiente, pues los homogeniza el mismo reclamo: pedir que se les permita trabajar en el espacio público donde han trabajado por años.

Janet no es de las que se queja porque le toca trabajar en la calle. Al contrario, siempre repite “el trabajo no es deshonra”. Aunque al principio, cuando empezó a vender obleas, la costumbre de trabajar en fábricas le sembró la pena. Sin embargo, después de ver que las obleas vendidas en el Centro de Bogotá, y en uno que otro pueblo en época de ferias, daban más ganancia que los extensos y mal pagos horarios de obrera, se dedicó orgullosa a la venta de dulce típico.  

En Bogotá parece ser que el negocio de las obleas es familiar. Al lado de Janet hay otros dos carritos, en los que se dedican a venderlas una madre y su hija. La señora tiene más de 60 años y quién sabe hace cuántos vende obleas.

“Uno de esos días –cuenta Janet- en los que vino la policía a sacarnos de la calle, ella salió corriendo y la llanta de su carro se quedó atrapada en el adoquín que está al frente de la entrada del Teatro Colón. El carrito se volteó y los recipientes de vidrio, donde echa las salsas, estallaron uno tras otro, dejando un reguero de mora, arequipe y queso que se fue mezclando en el desagüe de la calle. La gente, muy acomedida, le empezó a dar plata. Recogió 50.000 y con eso mandó a remendar el carrito”.

Los policías no solo hacen correr a los vendedores, “en ocasiones –cuenta Janet- le echan límpido a los productos, para que queden inservibles y uno pierde toda la mercancía”.

Hace un año a Janet le retuvieron su carrito de obleas. Ella lo recuperó gracias a una edil de La Candelaria, pero tuvo que esperar un par de semanas para poderlo reclamar. Mientras tanto, temeraria como los demás vendedores, volvió a la antigua, como cuando no tenía carrito de obleas: tomó un coche de bebé, le acomodó unas cuantas varillas y rearmó un puestecito provisional.

Parece ser que los planes gubernamentales para la recuperación del espacio público incluyen sacar a los vendedores ambulantes de su lugar de trabajo y reubicarlos. El pasado 14 de abril el periódico El Tiempo publicó una nota sobre un fallo en el que se le negaba a una vendedora ambulante trabajar en la calle 72 de Bogotá. Decía “Los magistrados Beatriz Teresa Galvis Bustos, Laula Halima Liévano Jiménez y Hendry Aldemar Barreto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocaron el fallo del 22 de febrero del 2016 que le permitía a la vendedora informal Carmenza Vargas García seguir trabajando en los andenes de la calle 72”.

Decía además que “Según los magistrados, el Instituto para la Economía Social (Ipes) "hizo un ofrecimiento formal a la señora de las alternativas de quioscos disponibles, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y mínimo vital". Por ello no impartirán órdenes a las entidades demandadas por Vargas García, de 45 años de edad. La demanda había sido interpuesta en febrero después de los operativos de la Alcaldía de recuperación del espacio público en la calle 72, entre la avenida Caracas y la carrera 7.a. Según el Ipes, la señora Vargas había ganado un sorteo para trabajar con el quiosco 209 B, ubicado en la avenida Caracas con calle 47, pero ella lo rechazó, al igual que otras propuestas de reubicación”.

La reubicación es una opción, pero estas, en ocasiones, se dan en espacios poco aptos para que el negocio de los “ambulantes”, como los llama el artículo, prospere. Tal vez, porque en 14 años, como los que lleva Janet trabajando en el Centro Histórico, forman una clientela fija para los vendedores ambulantes y el cambio significa siempre un nuevo comienzo, en un lugar distinto, con tiempos distintos y gente distinta.  

“Hace días pasó el Alcalde por aquí –recuerda Janet-. Un vendedor ambulante aprovechó su paseo y le preguntó: ¿señor Alcalde, usted prefiere que haya un ladrón en cada esquina que un vendedor en cada cuadra? El Alcalde se rió. Más adelante otro vendedor le preguntó ¿Por qué se ríe?, y el Alcalde le respondió: 'Hay que dejar que la gente exprese sus opiniones' ”.

A veces, los políticos y los periodistas son así como la respuesta del alcalde, políticamente correctos. El problema es cuando lo que está de por medio a lo “políticamente correcto”, es el sostenimiento económico de una familia que depende de un vendedor ambulante, el cual, por falta de oportunidades laborales, no puede ingresar a un trabajo formal y busca una manera honrada de sostenimiento.

Janet nunca había existido en sus reclamos. Solo existió para el ojo público cuando Mick Jagger la hizo existir. Pero es claro que los periodistas no tienen la culpa, la noticia fue Mick Jagger comiendo oblea y diciendo oblea, eso es indiscutible. Y lo otro indiscutible es que ese golpe de suerte que Janet llama bendición, esa compra de $10.000 del 8 de marzo, fue un impulso para sus ventas. Antes de Mick Jagger vendía un paquete de obleas al día, y hoy vende dos y hasta tres.

Los gobiernos suelen autodenominarse de alguna manera y las formas en las que lo hacen varían, como en la utilización de algún buen adjetivo que los deje bien parados. “El gobierno de la paz”, de “la educación”, “la cultura ciudadana”, entre otros. Incluso, algunos han nombrado su mandato justo con el antónimo de lo que harán, como el doble gobierno de la “seguridad” –que repitió desde 2002 hasta 2010- y que al contrario de seguridad generó una red de informantes ciudadanos que sirvió para situar a los civiles en frente del visor de la guerra. Bogotá, la capital de Colombia, se disputa ahora entre el cambio de unos adjetivos a otros, de “Humana” a “Mejor para todos”. Y entre ambos lemas hay una distancia abismal.

“Ojalá podamos algún día olvidar la palabra estrato”, discurso de posesión de Gustavo Petro
Bogotá Humana buscó hacer del ser humano el centro de la política, y por ello construyó una inclusión real de poblaciones difícilmente involucradas en la toma de decisiones en Colombia, como afros, indígenas, agricultores, LGTBI e incluso de unos que parecía que políticamente pasaban desapercibidos, como los animalistas y los antitaurinos. Ejemplo de ello fue Clarisa Ruiz Correal, anterior secretaria de cultura, quien dirigió su proyecto hacia dos aspectos fundamentales: la primera infancia y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones, incluyendo a los animales y la naturaleza.

La Bogotá Humana creyó en la cultura y aumentó el presupuesto de estas entidades notoriamente. El Instituto Distrital de las Artes, Idartes, tenía en 2011 un presupuesto de 21.798 millones de pesos, luego, en el primer año de la administración Petro comenzó con un presupuesto de 71.098 millones y en 2015 aumentó a 142.780 millones. Además se generó desde el gobierno una descriminalización del grafitti, y se incluyó y dignificó a ese tipo de artistas, comenzando porque cambió la forma de llamar su oficio con un eufemismo, de grafitti a arte urbano.

No todo fue tan positivo, fue humano incluso en equivocarse continuadamente. El gobierno Petro tuvo errores trascendentales en aspectos de planeación urbana y no alcanzó metas tan ambiciosas como la descontaminación del río Bogotá o la cobertura total de agua potable para todos los estratos socioeconómicos, entre otros. Pero es claro que logró grandes avances sociales, que como dijo Clarisa Ruiz “solo un gobierno progresista alcanza”. Y estos crearon un colchón que permitirá a Peñalosa no comenzar su mandato en cero, tiene ya un camino avanzado, por lo menos en la inclusión social.

Peñalosa ha estado preparándose para ser Alcalde desde hace más de una década. “Será necesario hacer una labor sin precedentes, para reducir los gastos no estrictamente indispensables en todas las entidades y hacer que cada peso de impuestos y tarifas que pagan los ciudadanos con esfuerzo, produzca resultados que mejoren efectivamente la vida de los bogotanos”, aseguró Peñalosa en su discurso de posesión. Y es que hoy, al recibir la nueva administración, su gabinete ha manifestado que se encontraron con muchos y poco efectivos consejos ciudadanos, con cargos públicos en espacios donde no son necesarios y con un esfuerzo ambicioso de abarcar tanto que al final puede parecer poco eficiente. Peñalosa propone la reestructuración de los espacios de participación ciudadana, la pregunta es cómo va a hacerlo, cómo va a incluir de manera eficiente a esas poblaciones históricamente excluidas. Allí está el gran reto, en hacer de la participación ciudadana un espacio eficaz y eficiente, sin sacrificar la inclusión por la rentabilidad.

“Bogotá en los próximos 40 años debe ser tres veces la Bogotá que es hoy” discurso de posesión de Enrique Peñalosa
Uno de los temas descuidados por la administración Petro fue el patrimonio, ya que los esfuerzos se enfocaron más en lo social que en lo patrimonial. En el nuevo gobierno el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, recibirá el aumento presupuestal que no dio el anterior burgomaestre. Peñalosa viene con la firme intención de emprender un proceso como en el que se ha embarcado Medellín en los últimos años, embellecer el espacio público, con el agregado que en Bogotá además se quiere recuperar y mantener el patrimonio. Es este un tema desde luego importante, pero debe estar acompañado de planes de empoderamiento social, ya que el monumento es la forma, pero la memoria es el contenido. El actual gobierno planea hacer un plan de conservación y reparación del centro histórico, para transformar ese espacio en un territorio habitable, pero habrá que esperar la respuesta de la ciudadanía a dichos planes, con la firme esperanza de que el proceso social sea más fuerte que el arquitectónico y no esté acompañado de desplazamientos urbanos.

Peñalosa informó a su gabinete sobre la necesidad de generar alianzas público privadas para unir esfuerzos hacia el mejoramiento de los procesos de la administración pública. Resultado de ello será la posible unión de los festivales Jazz, Colombia y Salsa al Parque; para los que el nuevo director de Idartes, el actor Juan Santiago Ángel, propone buscar alianzas con empresas privadas que den mayores patrocinios en los eventos. Por su parte la nueva secretaria de educación, muy acorde con lo dicho por el Alcalde, ha informado que hay una necesidad de incentivar la demanda y ligarse al sector privado, mediante los “colegios por concesión”.


Los medios de comunicación generaron una presión ahogante en la administración Petro, en la que todo fue “el gran escándalo”. No tanto ruido se hizo con el tema de Peñalosa y el Institute of Transport Development Policy (Instituto de Políticas de Desarrollo de Transporte), aunque algunos medios lo han mencionado. Como El Espectador, periódico que en días pasados publicó que “es noticia, conocida y difundida por medios y redes sociales, la vinculación del Alcalde en 2001 al Institute of Transport Development Policy (ITDP) y a su órgano de directores en 2006, lo cual le imprime un evidente sesgo a las soluciones urbanas de transporte que él decida tomar. Esta institución, que preside desde 2009, según su director ejecutivo, Walter Hook, ha ´diseñado, apoyado e inspirado´ desde 2004 más de 54 sistemas de Transmilenios o Bus Rapid Transit (BRT), como ´solución pragmática´…”. Debe recordase, por ejemplo, que la instauración del Transmilenio en el primer gobierno Peñalosa, atrasó la construcción del metro de Bogotá. Sin embargo, es temprano para hacer acusaciones, pero se está a tiempo para prevenir consecuencias.

La gran apuesta de la “Bogotá mejor para todos”, será la cultura ciudadana, pero la pregunta es si será una cultura ciudadana enfocada en costosas campañas, para que las personas no se pasen los semáforos en rojo y los ciclistas utilicen el casco, o si será una cultura ciudadana enfocada en el empoderamiento de los ciudadanos de los derechos civiles que los cobijan y de la construcción colectiva del espacio público. Como lo explica el analista de la Universidad Externado de Colombia en comunicación política y docente, “El ejercicio retórico de la administración de Petro, en el que toda la comunicación sensible pasaba por él, no permitió que muchas de sus buenas prácticas de política cultural tuvieran eco en los ciudadanos. Lo que se sabe hasta ahora es que la cultura ciudadana y sus estrategias de persuasión para incidir en los comportamientos ya están terminando de pensarse y prontamente veremos la traducción de la “Bogotá Mejor Para Todos”, en diferentes temas como ahorro del agua, el espacio público y movilidad, entre otros. Pues ya se comunicó que este aspecto lo liderará Mockus (creador de un concepto revolucionario de la cultura ciudadana en su gobierno)”.

Volviendo al principio. La Bogotá Humana propendió por el ser humano en su integridad, y al traducir la “Bogotá mejor para todos”, humanos somos todos y mejor para todos ¿sería hacernos más humanos? Parece lo mismo pero no es. Habrá que ver qué de progresista, en el sentido humano y no económico, trae este nuevo gobierno. Hasta ahora comienzan a verse los planes de la nueva administración y los errores de la anterior. Las cartas ya están sobre la mesa y las manifestaciones y agresiones que hubo en Transmilenio en días pasados ya permiten comenzar a sacar conclusiones.

A los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, les robaron 43 vacas de su finca “La Tanga”, en Turbo, Antioquia. Ellos tomaron venganza la noche del 14 de enero de 1990. Fueron a Pueblo Bello, por donde supuestamente pasaron las vacas robadas, sacaron a golpes a 43 campesinos de sus casas, los montaron en un camión y se los llevaron, diciendo que eran ayudantes de las Farc; grupo armado al que responsabilizaron del robo. 43 vacas por 43 campesinos.

A los 25 días de los hechos, los familiares de los secuestrados recibieron una llamada en la que les decían que podían reclamar los cuerpos de sus seres queridos en el hospital. Solo había seis bolsas negras con restos, tirados en un rincón del Hospital de Montería; contó una de las víctimas, en su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 25 años después de lo sucedido, en enero de 2015, los paramilitares solo habían entregado siete cuerpos, de los 43 desaparecidos en 1990.
Por esa época, Ramón García era un joven desplazado de Pueblo Bello, que huyó con su familia a Medellín, obligado por los paramilitares. En la ciudad comenzó a estudiar en el Liceo Consejo y uno de sus profesores, que era docente de la extinta Escuela Popular de Arte de Medellín (EPA), lo invitó a que asistiera a clases de arte. Allá, Ramón aprendió lo “técnico y lo poderoso” –dice– que sabe del teatro.

Cuando cualquier grupo armado llegaba a una finca campesina, obligaba a las familias a salir corriendo con lo poco que tuvieran puesto o lo que alcanzaran a tomar en el instante. Si no se iban, les prometían la muerte y no era una amenaza. Fue poco lo que estuvo Ramón en la EPA, porque tuvo que volver a Pueblo Bello a recuperar alguna ropa, cobijas, ollas y otras cosas que su familia no había alcanzado a sacar de la finca el día que los desplazaron. Ramón pensaba ir rápido, volver a Medellín y a la EPA y formarse como artista; pero lo sorprendió un accidente –no tan accidental- que cambiaría su vida.

“El día que volví a Pueblo Bello pensé que podía sacar las cosas y devolverme rápido, pues me habían dicho que el ambiente estaba calmado, es decir, que los paracos no habían vuelto”. Ramón ya había sido retenido en tres ocasiones por las Autodefensas Unidas de Colombia y no quería que el regreso a la finca motivara su cuarta retención. Con miedo viajó 15 horas y entró a la casa a recoger sus cosas.

Estando allá, escuchó un alboroto de gente que desde lejos decía que los paramilitares se acercaban al pueblo. Salió corriendo hacia el río, sin recuperar ninguna pertenencia. El afán de sus pasos lo hizo resbalar, cayó en el río y se golpeó la columna. Ramón perdió la movilidad de su cuerpo y se sometió a varias cirugías que le devolvieron parte de la movilidad, mediante el uso de una silla de ruedas. “Mi accidente tiene mucho que ver con el conflicto armado” –dice–. Ramón no volvió a la EPA, pero le quedó lo que aprendió del teatro.

El accidente, permanecer con vida y ver cómo se desangraba Pueblo Bello llevaron a Ramón a formar el grupo Talento y Futuro en 1999, un colectivo de teatro que tenía dos propósitos: exteriorizar el dolor de un pueblo de madres, hermanas, padres e hijos que habían perdido en un solo día a 43 de sus habitantes y, aún más importante, ser una opción distinta para los jóvenes que por la fuerza o por la necesidad se enlistaban día a día en las filas de los grupos armados que tenían influencia en esa esquina del norte del país.

Por la misma época en la que Ramón fundó Talento y Futuro, el 9 de enero de 1999, 150 paramilitares del Bloque Sur, Putumayo, interrumpieron una noche silenciosa en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo, un pueblo estigmatizado por este mismo grupo como “pueblo guerrillero”. Eligieron 28 personas al azar, las pusieron en un círculo y las asesinaron, acusándolas de ser colaboradoras de la guerrilla. Entre los jóvenes que cerraron los ojos con fuerza, para creer que no veían morir a sus familiares y vecinos, estaba Antonio Santacruz, quien nunca olvidó lo sucedido.

Sin conocerse, Ramón y Antonio tuvieron la misma iniciativa. En el 2010, Antonio ya era docente del Colegio Rural El Tigre, y allí también fundó un grupo de teatro, al que llamó Tierra Fértil, con el mismo objetivo, ser una alternativa distinta y resistir a las atrocidades de los grupos armados. Luego convocó a los alumnos y exalumnos del colegio, por demás el único del pueblo, y desde entonces, hasta hoy, estos jóvenes conforman el grupo. “Fue tanta la expectativa de la comunidad por nuestra iniciativa –recuerda Antonio-, que en la presentación de la primera obra que hicimos no cabía la gente en el auditorio, desde entonces Tierra Fértil tiene como política que todas sus obras se presentan primero en El Tigre y luego en cualquier otro escenario”.

Talento y Futuro y Tierra Fértil, tienen en común que son dos iniciativas sociales alternativas a la guerra y ambas expresan el dolor que el conflicto armado ha dejado en millones de familias colombianas. Por estos colectivos teatrales han pasado más de 500 jóvenes de Antioquia, Chocó, Córdoba y Putumayo que por estar haciendo teatro han dejado de pertenecer a los grupos armados. Como reconocimiento a su trabajo, la Unidad de Víctimas y el Festival Iberoamericano de Teatro invitaron a Talento y Futuro y Tierra Fértil a participar en la obra inaugural del Festival, coordinada por La Fura Dels Baus.

La Fura Dels Baus fue el grupo catalán que abrió el Festival. Su estilo de trabajo consiste en montar un macroespectáculo con luces, fuegos pirotécnicos y un elenco de actores profesionales y amateurs oriundos del país en el que se va a presentar La Fura. Esta vez su obra inaugural solo tuvo actores colombianos, 30 jóvenes víctimas del conflicto armado, integrantes de Talento y Futuro y Tierra fértil.

Estos jóvenes actuaron el pasado domingo 6 de marzo en la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, con la obra Afrodita y el juicio de Paris, un mito clásico griego. Esta historia consiste en que las diosas del Olimpo se disputan entre ellas quién es la más hermosa y para remediar la discusión Zeus envía al príncipe Paris a que la elija. Cada una le ofrece algo a Paris para obtener el título, la ganadora es Afrodita, pues le promete a Paris entregarle a Helena de Troya, la mortal más hermosa del mundo. Pero el guión de la obra de teatro no contó la historia completa, le faltó narrar que tal “regalo” de Afrodita es lo que desata la legendaria guerra de la ciudad de Troya.

Al estudiar el mito para su presentación, a los jóvenes de Talento y Futuro y de Tierra Fértil, no les fue difícil creer que la discusión entre las diosas desatara la legendaria guerra, pues sus vivencias los han llevado a confirmar que cualquier disputa puede detonar una: el puesto de la diosa más bella del Olimpo o el robo de 43 vacas.

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