Colombia Informa

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Saturday, 04 November 2017 00:00

Una ciudad que no cuenta con vos

La ciudad bonita de puentes luminosos y vías amplias. La ciudad bonita de casas diminutas, de colores brillantes construidos con ayeres amargos. La ciudad bonita, la del centro y la de la periferia: Medellín.

El desarrollo urbanístico en la ciudad se viene presentando como una epifanía de bienestar económico y social; sin embargo, con su llegada se han ignorado problemáticas existentes y emergentes. Los puentes, las vías, los centros comerciales y las urbanizaciones cubren con cemento las historias de resistencia y de construcción popular de barrios que se forjaron a sí mismos, en su mayoría, producto de una violencia insoslayable para los ojos de la sociedad colombiana. Así pues, la dureza del concreto ha aprisionado derechos fundamentales como el de la vivienda digna y la dignidad humana.

El modelo de ciudad aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 que regirá hasta el 2027 se opone a la construcción comunitaria de los barrios. Este plan contempla tres áreas estratégicas para desarrollar intervenciones: el borde, el río y la ladera. La ciudad se piensa para la inserción en un mercado global como una ciudad clúster y de inversión extranjera, transformación que se da a través de la renovación urbana. Para ello se debe construir y posteriormente reconstruir la infraestructura, proceso que en algunos casos genera gentrificación urbana -desplazamiento de los habitantes de un territorio, por la llegada de habitantes de mayores ingresos-.

El Naranjal
Desde el año 2013 se dio aviso del inicio del Plan Parcial Naranjal y Arrabal. El barrio El Naranjal se encontraba poblado por talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, recicladores, carretilleros, viviendas, vendedores ambulantes, caspetes y bares; ubicado en pleno centro y perteneciente a la Comuna 11 (Laureles) habitada en su mayoría por estratos 4, 5 y 6. El modelo de ciudad buscaba arrasar con el barrio para construir lo que llamaron “Ocho unidades de actuación urbanística”. Sólo la número dos está compuesta por cuatro torres, 114 oficinas, 240 apartamentos y 69 locales comerciales.

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras entregas de los apartamentos, algunos comerciantes del lugar fueron re-ubicados en Caribe en el sector conocido como El Caracol. Sin embargo, en abril de 2017, la fuerza estatal hizo operativos de hostigamiento a comerciantes y víctimas de la renovación urbana, obstruyendo su derecho al trabajo. Como lo menciona Rubén Aguirre, mecánico del sector, “A qué cliente le va gustar venir aquí y cuadrar su carro, de pronto ver que el tránsito se lo va llevar que porque esto es espacio público; día tras día el trabajo se ve más poquito, llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado viendo el hambre de cerquita”. Las ventas de apartamentos, oficinas y locales comerciales van en aumento, pero las soluciones de vivienda digna y trabajo para los antiguos pobladores de El Naranjal aún no son tangibles.

Moravia
La historia de los intentos de desalojo de Moravia se remonta al año 2007, cuando la comunidad de El Oasis sufrió un incendio que arrasó con más de 200 casas. Seguidamente, la administración prometió que daría casas a los afectados en un plazo de cuatro años, pero esta promesa no fue cumplida. En el 2014, siete años después del incendio, las personas que antes habitaban El Oasis lo ocuparon nuevamente. Con esta acción pretendieron construir sus casas nuevamente y exigir a la administración una vivienda digna, tal y como lo había prometido hace años.

Un año después, en el 2015, el Esmad desalojó a 38 familias ubicadas en El Oasis, sin ofrecer ningún tipo de garantía de vivienda o reubicación. Durante este tiempo se llevaba a cabo la construcción del puente de La Madre Laura, justo al frente del sector; este busca ser una de las vías de conexión del 'Distrito de la Innovación', y una de las principales banderas de 'Medellín la más innovadora', por lo que la comunidad afirma que el desalojo se debe a la construcción de este proyecto.

El 18 de agosto del 2017 se presentó otro incendio en el mismo sector, ocasionando que 300 viviendas fueran consumidas en llamas. Gran parte de las familias afectadas decidieron resguardarse bajo el puente de La Madre Laura y aún continúan sin soluciones de vivienda digna por parte de la administración.

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén, un barrio cuyas casas llevan distintos colores y por cuyos caminos se pasean vacas, gallinas y ovejas, está ubicado en el municipio de Bello, aunque hace parte de la jurisdicción de Medellín. Gran parte de quienes habitan actualmente el barrio son campesinos desplazados de distintos lugares de Colombia.

El 28 de diciembre del 2016, con la justificación de estar en zona de alto riesgo, 175 familias del barrio recibieron una orden en la que se les exigía desocupar sus casas. 15 días después, el 12 de enero del 2017 el Esmad llegó a Nueva Jerusalén y comenzó con el desalojo y la demolición de las viviendas.

Frente a estos hechos la comunidad tomó acciones para impedir el desalojo y exigió un espacio para dialogar con ambas administraciones -Bello y Medellín-. Tan solo tres días después integrantes del Esmad, carabineros y soldados contraguerrilla ingresaron al barrio, dando inicio a unas horas violentas en las que hubo 42 personas de la comunidad heridas. A finales de enero se llevó a cabo una audiencia en la que se exigió a las administraciones que debían garantizar un subsidio de arriendo por 250 mil pesos hasta que las familias fueran reubicadas definitivamente; de igual manera se estipuló un plazo de dos años para dar solución definitiva de vivienda a la comunidad.

La Iguaná
El 28 de marzo de 2017, 24 familias que anteriormente habían sido víctimas del conflicto armado fueron desalojadas del barrio La Iguaná, sector Los Ranchitos. El desalojo se ejecutó bajo el pretexto de que la comunidad se encontraba asentada en zona de alto riesgo y fue llevado a cabo a la fuerza por el Esmad, luego de que los habitantes se negaran a abandonar sus hogares.

Ante la incertidumbre de quienes fueron desalojados, la administración acordó que cumpliría con un pliego de seis puntos que compone subsidios para arriendo, subsidio alimentario, garantía de educación para niños y jóvenes, atención a mujeres embarazadas e infantes en el programa de buen comienzo, adquisición de vivienda definitiva y la no ejecución de medidas judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.

Pasados los tres meses les fueron suspendidos los subsidios de arriendo a las familias. La comunidad se encontraba a la espera de las garantías de vivienda digna que la administración había asegurado; lo anterior teniendo en cuenta que el 26 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado a favor de una acción de tutela en la que se aseguraba que se les debía garantizar a las familias una vivienda digna. “La alcaldía solo dio tres meses de arriendo y a la gente la dejó en la calle. Prácticamente no hay nada”, afirmó la lideresa de La Iguaná, Xiomara Quinchía. Así mismo, asegura que actualmente la mayoría de quienes fueron desalojados se encuentran viviendo en lugares con unas condiciones lamentables.

La Paralela
En este barrio, ubicado entre la estación Acevedo y Tricentenario del metro, el dos de agosto del presente año se informó que 297 viviendas planean ser desalojadas por la construcción de la estación Multimodal del Metrocable Línea P Acevedo - Picacho que se planea desde 2016.

Hasta ahora, se les ha ofrecido a las familias montos de dinero que no equivalen al valor real de sus casas y cuotas para que las familias paguen un arriendo durante tres meses. Este protocolo ya se ha llevado a cabo en otros desalojos de la ciudad (Puente de la Madre Laura, Nueva Jerusalén, La Iguaná), en los que las comunidades, luego de los tres meses, han denunciado que se encuentran a la deriva. Las exigencias y promesas de una vivienda digna no fueron cumplidas por la administración.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, a lo que nos oponemos es a que nos maltraten, a que nos violen los derechos. Queremos que nos aseguren unas condiciones dignas para vivir. Uno debe salir en iguales o mejores condiciones de las que estaba”, afirma José Muñoz*, habitante de la Paralela. Mientras los pobladores de la ciudad proponen Mejoramiento Integral de Barrios, las administraciones siguen priorizando los intereses de algunos sectores como el constructor, pensando en un modelo de ciudad para el turismo que olvida las necesidades inmediatas de quienes construyeron precaria y comunitariamente la ciudad.

El pasado 29 de marzo de 2016 el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Gobierno Nacional anunciaron públicamente estar listos para la fase pública de las negociaciones. En este marco, el 6 de abril de 2016 varios medios alternativos, entre ellos la Agencia Colombia Informa, entrevistaron de manera exclusiva a dos miembros del Comando Central del ELN, Antonio García y Pablo Beltrán, y concedieron sus principales aportes a Periferia, para ser publicados en esta edición.

La participación de la sociedad
Antonio García manifiesta que “para avanzar en la solución política del conflicto, lo fundamental es que haya tiempo para que la gente pueda formular interrogantes a los problemas que históricamente no se han resuelto. El tiempo de la paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas sociales. No es un tiempo cronológico o simplemente de números, de años o de meses, sino el necesario para la búsqueda de las soluciones. En la medida que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso y que estas soluciones interpreten a la diversidad de Colombia, no solamente a una parte, habrá paz”.

Condiciones para un proceso de paz
Pablo Beltrán dice “Nosotros estamos participando en estos procesos desde el año 91, o sea hace 25 años. ¿Cuál es la diferencia de este con procesos anteriores? Que es más maduro, eso es cierto. Ambas partes tenemos más conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Somos más realistas: 25 años de intentos de procesos de solución política también dejan muchas enseñanzas”.
 

Para Antonio García “El acuerdo de la solución política no es la paz. Eso es hipotéticamente. Hay que ir a la realidad para ver si esos acuerdos se pueden implementar, que puedan incidir sobre la realidad y cambiar las circunstancias del conflicto. Podemos decir que el tiempo de la paz llegó cuando haya una sincronía con la ejecución de los acuerdos. No solamente se trata de la voluntad que se expresa en firmar el acuerdo sino que ese documento tenga la fuerza, la capacidad, la audiencia, el consenso en la sociedad colombiana para cambiar el país, eso hace parte de las condiciones”.

Conversaciones de La Habana, realidad y cambios sociales
Beltrán expresa que, “para que estos procesos tengan éxito, hay que empoderar a la sociedad como sujeto protagónico e independiente de las partes que están en la mesa. Poner eso como una meta, como un requisito, justifica que hayamos determinado como primer punto de la agenda la participación de la sociedad. ¿Cómo lograr eso? El diseño no lo va a hacer el ELN ni el Gobierno, lo tiene que hacer la misma gente. ¿Cuál es punto de partida? El conjunto de la sociedad colombiana que se está movilizando por la paz. De ahí se parte para trascender más allá hacia los sectores que no están ni organizados, ni movilizados, ni interesados en estos procesos”.

Por su parte Antonio García piensa que “Una solución política es el reconocimiento de que la sociedad vive un conflicto que lo ha llevado a la confrontación militar, quiere decir que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. Es un conflicto mayor producto de que la democracia no funciona bien. Se requiere de una gran reflexión: es la diferencia entre un pliego de peticiones y el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos; tiene que irse a buscar el origen de la confrontación en las luchas del movimiento social y político, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de las mujeres. Se requiere asumir que en Colombia no hay democracia, reconocer que en nuestro país hay pobres, marginados, trabajadores, desplazados, víctimas.  Es de ese reconocimiento y de esa diversidad de donde nace un nuevo consenso. La solución política abre una tremenda posibilidad de generar un proceso democratizador.

¿Por la vía política se va a lograr lo que en estos años no se ha conseguido con la confrontación armada?
P.B.: Este proceso es un experimento y una exploración. Los intentos anteriores no han sido tan claros. ¿Se acuerda de un proceso en el año 91? Se hizo una nueva Constitución, un pacto que lleva más de 30 ajustes en función de las transnacionales. Eso es una muestra de la falta de voluntad política, porque las constituciones son tratados de paz, para mencionar la inmediatamente anterior. Entonces, si éste proceso que viene va a tener éxito, lo va a dar el empoderamiento de la sociedad porque si se quedan solamente en la mesa, no pasan de ser uno más. Pero si la gente lo retoma, será un proceso democratizador y por supuesto se abre una vía muy importante que de verdad va a aportar a que las cosas cambien.

A.G.: No es que en Colombia falte una constitución o una constituyente. Incluso muchas de las cosas que están en la constitución, si se aplicaran, no tendríamos tantos problemas. Hay que ver por qué mucha de la letra no se cumple. Tiene que ver en la manera de ver la política, las instituciones, cómo se orienta el tratamiento a los problemas de la sociedad. Muchas veces, para decirlo de una manera muy concreta, la medicina puede existir pero si no está el médico que identifique la enfermedad o que el paciente no tenga el dinero para comprarla o que la EPS le dé la cita para formularle la medicina… Eso es la constitución, la medicina, pero si no se aplica o depende de a quién se le aplica, ¿entonces?

¿Qué hacer con el paramilitarismo?
A.G.: El paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado y enmarcada en una política internacional del Pentágono. Es la participación del Estado en el control sobre quien disienta de las políticas de Gobierno. Para eso, se desarrollan estructuras que encubren, que protegen al Estado y que aparentemente funcionan paralelamente a la institucionalidad,  pero responden a las directrices del Estado. En Colombia eso se ligó tanto que llegó un punto en el que no se pudo diferenciar. Nosotros, en el campo de la confrontación militar, cuando atacábamos a los paramilitares resultábamos combatiendo con compañías o batallones del Ejército. Los paramilitares se movían en una lógica de complementariedad en la confrontación militar con el Estado.

Ahora, que eso ya se haya superado, no lo creemos. Lo que ocurrió fue que el paramilitarismo se trasladó hacia adentro de las instituciones, lo que permitió posteriormente los falsos positivos. Ese es un reflejo de que el paramilitarismo está adentro…En estos días están llamando a declarar al general Montoya porque es quien más exigía resultados. Él no pedía heridos, no pedía capturados: Pedía muertos. Ese fenómeno va a ser muy difícil de tratar. Para eso se requiere que la sociedad participe, que identifique dónde está el tema del paramilitarismo.

P.B.: Los paramilitares están aliados con los sectores de ultraderecha que no quieren los procesos de paz. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de estos grupos, dice que ya no existe el paramilitarismo, que son bandas. La realidad demuestra que sí existen, que sí tienen relaciones con el Estado, pero insisten en que solo son 'manzanas podridas'. Aseguran que no es una decisión del Estado la guerra sucia, que se trata de casos aislados de personajes que se extralimitaron en sus funciones. Si los que desataron la guerra sucia no reconocen que son los responsables, ¿el futuro cuál es? ¡Que lo sigan haciendo!

La discusión sobre justicia tiene que ver con eso, con asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo, ¿sí o no? Nosotros, como guerrilla, las vamos a asumir pero lo que vemos del Gobierno es que no, que ellos individualizan los casos, pero como Estado o como régimen, no lo quieren a asumir.

¿Qué piensan de la jurisdicción especial para la paz? ¿Puede servir para el ELN?
P.B.: Sobre lo que se ha trabajado en La Habana, nosotros decimos que son acuerdos que se han hecho allá. Por supuesto, que si el Gobierno quiere llevar los conceptos o el modelo que se ha trabajado allá a esta negociación, nosotros no tenemos problema.

No obstante, creemos que es imposible que haya justicia si no hay verdad. ¿Las clases dominantes tienen disposición de reconocer la verdad del conflicto o va a ser solo el cuento de las 'manzanas podridas'? Ese es el corazón del problema porque sin verdad, no hay reparación ni garantías de no repetición.

Esa es la discusión cuando en el punto de víctimas hablamos del tema de no olvido. Hay que hacer memoria, estos pueblos necesitan memoria colectiva e historias comunes. En ese sentido, ese es un punto que vamos a tocar en el diálogo sobre víctimas, acá debe haber verdad histórica, no es un asunto solo de académicos. ¿Somos capaces los colombianos de tener una historia común del conflicto o cada uno va a hacer su historia por aparte?

¿Cómo se hace para construir la memoria histórica, para desenterrar la verdad?
A.G.: En el caso del ELN hacemos una precisión. Una cosa es el tema de las víctimas y otra, muy diferente, la situación jurídica de nuestros integrantes. Porque a veces se quiere relacionar la justicia como si la insurgencia fuera una 'fábrica de victimarios' y nosotros no estamos acá para negociar eso. El ELN tiene una condición de ser un movimiento alzado en armas y va a negociar con el Gobierno colombiano cómo va a ser la nueva situación jurídica del ELN y sus integrantes para hacer la política legal.

El tema de justicia será abordado por la comunidad de víctimas. Eso no es con el ELN. Vamos a contribuir para que ese tema sea tratado por los afectados, ¿cómo va a ser el mismo Estado, quien se hizo ausente para proteger a la sociedad y para aplicar la justicia cuando se violó, el que la aplique ahora?  Se trata de reconstruir los hechos, que es la verdad histórica, lo que nos debe llevar a la verdad jurídica.

¿Cuál  es el papel de Estado Unidos, su responsabilidad en este conflicto?
P.B.: En una publicación del Washington Post del mes de diciembre de 2013, el Pentágono comenta que las FARC están negociando porque “hicimos la guerra”. Y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos: “la guerrilla está sentada gracias al diseño de guerra que aplicamos”.  Ellos hacen la guerra. Por ejemplo ¿cuál es el departamento que tiene más tierra productiva en el país? El Vichada. ¿Cuál fue el modelo de guerra en este territorio? de paramilitarismo, de descomposición del tejido social y comunitario indígena, de disgregación de la organización  social de los indígenas. ¿Después qué vino? Las Zidres que piden la entrega de la altillanura a las multinacionales del agronegocio. ¿Todo eso es una coincidencia? No, son etapas del mismo plan.

El despojo de las comunidades afro en el Bajo Atrato lo motivó la constitución de grandes empresas para la producción de palma aceitera. Primero vino el paramilitarismo, la expulsión de las comunidades negras, el apropiamiento de los paramilitares de esas tierras, vendérselas al agronegocio, asociarse al capital extranjero y hoy existe una mezcla entre ese capital y los testaferros de los paramilitares que expulsaron a las comunidades negras. Ese modelo es la prueba de que primero viene la guerra sucia, toda la destrucción del tejido social y luego los grandes proyectos de palma aceitera, de caucho, de cacao. Etc.

A.G.: Lo que termina de decir Pablo es muy importante porque en el fenómeno que analizamos confluyen varios elementos. Uno, el narcotráfico que fue introducido para comprometer a la población en la siembra. Después se introdujo el paramilitarismo en las zonas de cultivo y de ahí mismo se financió. Tercero, el diseño militar: hubo una gran reestructuración que terminó de hacerse en 2003 y sigue. Luego viene el modelo neoliberal y dentro de ese contexto la lógica norteamericana.

 ¿Qué implica hacer el anuncio de fase pública en Venezuela?
P.B.: Es Venezuela, aun en medio de sus dificultades políticas internas, la que ha promovido el proceso de paz en Colombia. Gracias al presidente Chávez, las FARC iniciaron un proceso de diálogo con Álvaro Uribe que hoy sigue en La Habana. También gracias a él empezamos diálogos exploratorios con Santos, en la sede de la cancillería en Caracas.

“Soy Feliciano Valencia, pertenezco al pueblo Nasa del departamento del Cauca, soy parte del Congreso de los Pueblos y miembro del Equipo de Paz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN”. Amable, siempre bien dispuesto, Feliciano simplifica las cosas. Se presenta con sencillez, explica su situación y los motivos por los que se encuentra imputado por la justicia ordinaria: “Estamos en el Centro Indígena de Armonización Gualanday, resguardo indígena de Munchique Los Tigres, municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. Esta es una iniciativa que los cabildos han venido estableciendo en el marco de la administración de la justicia indígena. Fui trasladado aquí, proveniente de la cárcel de mediana y máxima seguridad de San Isidro, por un falso delito que se me imputó; secuestro simple, que se dio en 2008 en el marco de la minga que los pueblos indígenas realizamos en el municipio de Piendamó, territorio ancestral de La María”.

Ya adentrados en la charla, reivindica la figura de estos espacios que le permiten mantener sus labores sociales y espirituales aun estando imputado por la justicia, y proyecta los beneficios de la autonomía indígena al conjunto del campo social: “Algún día deberemos crear unos espacios como estos para que los presos políticos, luchadores sociales y populares salgan de esas cárceles. Podemos hacer que nuestro proceso le sirva a ellos en su proceso de armonización; el mundo indígena tiene la posibilidad de cimentar su autonomía y lo podemos abrir al campo social y popular”.

Aún recluido en el Centro de Armonización, la situación de sus hermanos indígenas, del Congreso de los Pueblos del que es vocero y del conjunto del movimiento popular, lo interpela permanentemente. Las visitas son frecuentes, la preocupación por el futuro también. La conversación, entonces, deriva naturalmente a la coyuntura del año que recién empieza.

Distintos sectores, disconformes con la forma en que el gobierno respondió a las demandas sociales, están anunciando un gran paro nacional para este año. ¿El movimiento indígena será parte?
Hay una agenda que como movimiento indígena venimos empujando, que tiene que ver con autonomía, tierra, territorio y con unos acuerdos pactados con el gobierno. Esa es nuestra agenda, esa agenda ha logrado confluir en lo que llamamos Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, sobre una metodología de movilización y negociación.

Segundo, hay una agenda como Congreso de los Pueblos que nos estamos pensando además de los puntos que tiene la Cumbre, como ser la construcción de poder popular desde abajo.

Tercero, hay un movimiento afrocolombiano que se viene articulando en términos de precisar su escenario organizativo. Ese esfuerzo de lucha y movilización social ha compaginado con algo que llamamos la Mesa Social para la Paz. Ahí hay muchos procesos que están convergiendo.

Por eso la jornada de mayo se está pensando para tres cosas: obligar a que el gobierno cumpla, encontrarnos para ir avanzando en esta noción de articulación y visibilizar estas luchas que venimos librando en el país. Eso tiene que arrojar, dependiendo donde nos encontremos y donde se movilice, el plan de acción para 5 o 10 años de lucha organizada. Lo pensamos así porque no podemos seguir dando tumbos en términos de que hacemos una movilización, el gobierno nos llama a negociar, paramos la movilización, nos dejamos engatusar por el gobierno pero pasados los años no pasa nada. Yo creo que ya vamos apretando más la tuerca en términos de precisar hacia dónde camina la movilización.

Los más radicales hemos dicho que las jornadas de este año servirán para preparar un levantamiento, indígena, social y popular, al menos en el 2017 o 2018. Esto no cambia nada sin un levantamiento del pueblo colombiano, y lo tenemos que ir preparando, así que vamos a ir calibrando hacia ese horizonte.

¿Cómo ve esta situación del gobierno de tener diálogos de paz con las insurgencias y al mismo tiempo generar mayores niveles de sometimiento al movimiento social?
El Estado colombiano tiene que despejar si la movilización social realmente es un derecho, al cual podemos acceder todos los colombianos y colombianas cuando se nos desconocen y vulneran nuestros demás derechos, o igual que a los indios también lo que hace es una emulación de reconocimiento social. Porque lo que vemos prácticamente es eso, por un lado la Constitución nos da, pero por el otro el gobierno nos restringe lo que está hecho en materia jurídica y constitucional. Ahí tenemos que sentarnos a analizar por qué el régimen y los gobiernos siempre han jugado a eso.

Si vamos a los casos de los diferentes presos políticos que hay en el país, vamos a encontrar gente que se levantó, se movilizó, exigió cumplimiento de los compromisos del gobierno, y ahora están perseguidos, judicializados, condenados y encarcelados. Es un tema, una coyuntura que al movimiento social tiene que preocuparle y debe poner en la agenda. A mí me preocupa que nos hemos afanado en movilizarnos, en negociar con el gobierno, pero no hemos creado contingencias o estrategias para confrontar la persecución social y étnica que los gobiernos nos hacen.

A los indios nos pasó en 1991 lo que hoy está pasando en La Habana, donde prometen reconocimiento e inclusión, posibilidades de hacer política y legalidad. Pero pasados 24 años de esa Constitución lo que vemos es una total contradicción. Cuando intentamos hacer lo que está en la ley, el gobierno nos dice que no. Entonces lo que se pacte en La Habana con las FARC, cuando se empiece a hacer en el territorio colombiano, ¿no va a ser problemático?

Volviendo a su caso concreto ¿Cuál fue el motivo real de su detención, cómo va el proceso, cuáles son las perspectivas?
Lo más contradictorio es lo siguiente: a mí el juez de primera instancia me absuelve porque el alegato de la Fiscalía era que yo era el autor del secuestro del soldado Chaparral Santiago; como se demostró que no era así, el tribunal me condenó por ser coautor del secuestro. Como quien dice: ´listo, Feliciano no es el autor entonces lo condenamos por coautor´. Cómo me van a imputar una coautoría cuando el juez me está diciendo que yo no soy autor en ningún momento y que no hubo delito; se demostró hasta la saciedad que no.

Pero estaban pasando varias cosas: por un lado estaba enardecida la Liberación de la Madre Tierra; por otro lado se venía la coyuntura electoral y nosotros estábamos cabalgando fuertemente en una convergencia en el departamento del Cauca; y por otro lado se venía la implementación de los acuerdos autonómicos, tema muy cuestionado por la senadora Paloma Valencia de Popayán, por el Centro Democrático del Cauca y por los ricos del departamento. Algo tenía que pasar, lo que está claro es que ésta es una condena no jurídica sino eminentemente política. A mí me condenan por asuntos políticos.

Espero que en mayo me vaya bien y podamos anular esta condena, esta sentencia, a través del proceso de casación que ya interpusimos. Pero, a manera de conclusión, queda claro que todo aquel que se atreva a confrontar al régimen, lo matan, termina exiliado, termina en una cárcel o es expulsado prácticamente de nuestra nación. Esa es la realidad a la cual tenemos que enfrentarnos todos aquellos que nos atrevemos hacer un planteamiento diferente.

Fotografía: Colombia Informa

Representantes de los Consejos Comunitarios de la población afro y de los Cabildos indígenas de toda la región del Alto Baudó, en el Chocó, realizaron el pasado jueves 8 y viernes 9 de octubre una asamblea interétnica; tomaron la decisión de movilizarse hacia la cabecera municipal en el mes de noviembre, y realizar un Minga que haga visible los reclamos de las comunidades. Abandono del Estado y corrupción de los gobernantes son los principales señalamientos que hacen los pobladores. Piden que el gobierno cumpla, detenga las fumigaciones con glifosato y se aprueben proyectos para incentivar la soberanía alimentaria.

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