Juan David Guerra

Juan David Guerra

Saturday, 04 November 2017 00:00

Tumaco entre la coca, la inequidad y la muerte

Tumaco es el municipio con más cultivos de coca en el país. El número de hectáreas llega a las 20.000. En este territorio, habitado por alrededor de 5000 familias campesinas y por comunidades indígenas, persisten fuertes dinámicas de violencia. El pasado cinco de octubre fue un reflejo de ello. Este día, oficiales de la Policía Antinarcóticos asesinaron a siete campesinos e hirieron a alrededor de 20 en la vereda El Tandil.

La comunidad de El Tandil, de las veredas aledañas, e incluso de los resguardos indígenas, tienen como principal fuente de sustento el cultivo de la coca, y no cuentan ni con condiciones ni con garantías de vida óptimas. Como explica Diana Montilla, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje -Asominuma-, “las personas mestizas y los afro deben pagar alrededor de 500.000 pesos para poder tener energía de seis de la tarde a diez de la noche, y en los resguardos no hay plantas, no hay energía”. Los padres de familia deben gestionar los docentes para educar a sus hijos, y adicional a eso, solo hay un puesto de salud en una vereda llamada El Azúcar, que fue una donación de la Organización Médicos sin Fronteras hace diez años, pero que nunca se ha usado, no han llevado médicos ni enfermeras, y hoy está a punto de caerse.

Cuando una persona se enferma su mejor opción es acudir a San Lorenzo, en Ecuador, porque en Tumaco no es posible encontrar una buena atención. Y el transporte también es un problema: para llegar a la zona, hay que hacer un recorrido de aproximadamente una hora hasta el sector de la variante, antes de llegar a Llorente, luego hay que llegar a La Playa, luego partir hacia la vereda El Playón o El Vallenato, y de ahí desplazarse hasta la vereda El Tandil, en moto o en carro. La movilidad entre las veredas, que se hace sobre todo por vía fluvial, se restringe por los riesgos del caudal del río, desde de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Con todas estas problemáticas, y con las dificultades que conlleva el proceso, los campesinos tienen la intención de sustituir sus cultivos, pero existe un problema con la tierra, ya que no hay claridad sobre la pertenencia de varios terrenos. Se ha dicho que los campesinos han despojado a los miembros del Consejo Comunitario. No se sabe exactamente cuál terreno le pertenece al Consejo y cuál a los campesinos asociados en Asominuma.
Por esta situación han preferido esperar a que haya una clarificación en el territorio para poder entrar en el proceso de sustitución de cultivos. Ante este problema, la líder de Asominuma expresa que la organización “nunca se ha opuesto ni ha dicho que no quiere la sustitución, de hecho los campesinos entregaron un documento a la Vicepresidencia de la República manifestando su voluntad de sustituir”.

¿Qué ocurrió el cinco de octubre?
“Muchos compañeros campesinos empezaron a llegar desde las siete de la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí ahí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando”.

“Salí corriendo, y en un trayecto de unos 10 metros me caí tres veces. Mis compañeros me empujaron. Detrás de un palo había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos pero los disparos seguían. Miré hacia atrás y vi una salida. Me metí corriendo, y salimos. Llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Al llegar ahí vi que uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar la arremetida de las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando”.

De esta manera narra lo sucedido Elier Martínez, integrante de la acción comunal de la vereda, y quien vivió en carne propia la desazón de la masacre, que tuvo antecedentes puntuales en el marco del problema de los cultivos.

En abril se vivió un incidente en el territorio. Unidades de la Policía ingresaron al lugar y erradicaron varias hectáreas en veredas de la zona baja del Alto Mira. Estas acciones no estuvieron acompañadas de ninguna ayuda o auxilio del Gobierno. Eso hizo que las comunidades se organizaran en un proceso de manifestación pacífica que desencadenó en la retención de 12 policías que posteriormente fueron dejados en libertad. Situación similar se presentó durante los primeros días de octubre: unidades antinarcóticos ingresaron al territorio intentando implementar el proceso de erradicación forzada, y las comunidades decidieron mantener un cordón humanitario exigiendo la suspensión de la erradicación.

Según reseñan la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Unipa, y la Asociación Minga, el asentamiento de los policías se estableció el primero de octubre sobre territorio perteneciente a la comunidad indígena, más exactamente al Resguardo Piedra Sellada. Por esto el martes tres, aproximadamente a las 10:30 a.m., “65 guardias indígenas acudieron al lugar donde construyó su base la Fuerza Pública y ante la solicitud de hablar con los oficiales al mando de policías y militares, fueron agredidos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil”. El cuatro de octubre, un día antes de la masacre, los líderes indígenas persistieron en su intención de hacer retirar de su territorio a los oficiales, pero tampoco lo lograron.

Finalmente, el cinco de octubre, jueves, los líderes indígenas quisieron intentar una vez más hacer valer su soberanía. Al llegar a la zona se encontraron con cientos de campesinos que se manifestaban y que formaban un cerco humanitario a los cultivos de hoja de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de, hasta ahora, siete campesinos, en unos hechos que apenas se esclarecen y que ya están siendo investigados. Hechos que, en pleno inicio del llamado “posconflicto”, ya marcan un punto de ruptura, y que dejaron huella sobre muchos campesinos. “Es como un trauma. Duermo poco. Me despierto y me traslado al lugar. Me pongo a pensar estando ahí. Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. Hasta la fecha, me he puesto a llorar porque sigo sin entender”, expresa Elier Martínez.

La agresión persistió
En la mañana del domingo, tres días después de la masacre, llegaron a la vereda El Tandil periodistas de distintos medios de comunicación que se encontraron con la Comisión de Verificación conformada por representantes de la ONU, la Mapp/OEA, Pastoral Social de Tumaco, la Personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño. También estaban la Guardia Indígena e integrantes de organizaciones como el Movice y la Corporación Jurídica Yira Castro. Todos con la intención de verificar las cifras y las versiones de la masacre.

Allí se encontraron, primero, con oficiales del Ejército, y después, con el campamento de la Policía Antinarcóticos, los responsables de la masacre. Algunos oficiales tenían su rostro cubierto con pasamontañas, no portaban ninguna identificación, la mayoría estaba en camiseta, incluyendo quien se presentó como capitán, que nunca se identificó. No importó la petición del delegado de Naciones Unidas de que se descubrieran el rostro, lo único que hicieron fue retirarse hacia la parte de atrás, mientras los oficiales del ESMAD presentes en el lugar amenazaron con lanzarle gases a la delegación si esta se movía más.

Luego de intentar dialogar con los policías, conformaron una pequeña comisión de alrededor de 15 personas, para adentrarse en la maleza y verificar la presencia de un cuerpo que un miembro de la Comunidad Indígena Awá había visto cuando caminaba por ahí en la mañana. Con el indígena que hizo la denuncia, dos periodistas, algunos campesinos de la zona, y con un representante de cada organización, partió la comisión en busca del cuerpo. Los demás se devolvieron a la zona donde estaba el Ejército, para evitar confrontaciones con los policías.

Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga - Somos Defensores, quien hizo parte de la comisión, relata así lo que sucedió después: “Caminamos unos 15 minutos por la maleza y cruzamos una quebrada. Íbamos caminando, cuando en un momento la Policía grita que tenemos que salir de allí, y acto seguido lanzan una primera granada aturdidora. Íbamos en fila india por las condiciones del terreno. Los que están en la cabeza de la marcha se botan al piso y empiezan a identificarse. Adelante estaba la ONU, la Mapp/OEA, y los representantes del Gobierno local y departamental. A pesar de que nos identificamos ellos siguieron disparando. Los disparos no eran al aire, sino contra nosotros los que estábamos allí en la comisión. Después del segundo disparo nos dimos cuenta de que podíamos seguir gritando y no nos iban a hacer caso”.
Ante tal situación, huyeron del lugar mientras gritaban pidiendo ayuda al Ejército, con la guía de los indígenas, y con miedo por saber que existía la posibilidad de que el terreno estuviera minado. Varias de las personas que esperaban a la comisión en el sitio donde estaba el Ejército, decidieron, luego de escuchar las explosiones, los gritos, y las balas, ir a socorrer a los que estaban atrapados entre el fuego y la maleza, lo que dio lugar a una grave denuncia. “Fueron cuatro personas que intentaron entrar mientras gritaban nuestros nombres. Y la Policía les contestaba. Se hacían pasar por nosotros, para que los compañeros fueran llegando hacía donde ellos estaban. Si no es por la Guardia Indígena que se da cuenta de que era un engaño, seguramente se hubieran podido jalar alguno de los compañeros. Esa denuncia hay que hacerla”, relata Cifuentes, quien agrega, además, que “debe haber algo muy fuerte, muy terrible en el campamento de la Policía, para que ellos prefieran asumir todo lo que implique haberle disparado a una comisión de derechos humanos”.

Una situación es característica tanto en la masacre de los campesinos el cinco de octubre, como en el ataque a la Comisión de Verificación y de derechos humanos, el ocho. En los dos episodios la Policía Antinarcóticos fue quien atacó, y los oficiales del Ejército –que estaban ubicados a solo 10 minutos del lugar de la masacre- fueron quienes atendieron a los heridos.

A los policías antinarcóticos que perpetraron la masacre también se les acusa de haber alterado la escena del crimen. Los campesinos denuncian que los oficiales se dedican en las horas de la madrugada a cortar los árboles, a remover la tierra, y a tapar rastros de sangre. De estos oficiales, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, pidió relevar 102, y la Procuraduría abrió investigación contra 14 militares y 40 policías. Esto en aras de esclarecer los hechos de una masacre de la que se culpó a las disidencias de las FARC, pero que tiene claros responsables en la Policía Antinarcóticos.

Por lo pronto las comunidades claman justicia ante un hecho que demuestra la incapacidad del Gobierno para controlar a sus oficiales, y lo erróneo de un mecanismo de erradicación que, al hacerse a la brava, olvida las necesidades y requerimientos de los campesinos. “Descansaría de pronto el día que escuche un juez de la república decir que los culpables están condenados a tantos años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ese día talvez descansaré”, expresó Elier Martínez, sobreviviente de la masacre.

En este momento Colombia está sumergida, de nuevo, en un escándalo de corrupción. Y no uno cualquiera. Todo comenzó con quien era el encargado de perseguir la corrupción del país, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Se descubrió, gracias a la justicia de Estados Unidos, que Moreno y un amigo suyo,  el abogado Leonardo Luis Pinilla, habrían recibido dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de frenar un proceso que había contra él. Pero esto no se quedó ahí, el escándalo del fiscal anticorrupción  sirvió para descubrir algo mucho peor. La justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Colombia más información, incluyendo interceptaciones a conversaciones de los tres mencionados, y fue así como se conoció el nombre de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, señalados de recibir dineros para favorecer a congresistas investigados sobre todo por parapolítica y por corrupción: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Los tres congresistas mencionados en esta red de sobornos, y que tenían y tienen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, son el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, el barón electoral de La U, Musa Besayle, y el ex senador antioqueño Luis Alfredo Ramos. Lo delicado es que, primero, este escándalo apenas comienza y es seguro que aparecerán más nombres de implicados, y segundo, que desde ya se alzan voces de preocupación por la posible impunidad de la que gozarán los ex magistrados.

Dos preguntas surgen cuando se habla de corrupción en las altas instancias de la justicia: ¿Por qué se da? ¿Y cómo evitarla? La primera ya está respondida en cierta medida. En Colombia existe un diagnóstico más o menos establecido sobre los tres asuntos que producen la corrupción en la justicia. Primero, la garantizada impunidad para los magistrados que cometen delitos, ya que su sistema de juzgamiento, que es distinto al que tenemos los demás colombianos, no funciona; segundo, la facultad que tienen estos de nominar e incidir en la elección de otras dignidades del Estado (el Contralor, el Fiscal y el Procurador, por ejemplo), y que crea un insano vínculo entre magistrados y políticos; y tercero, el origen de los magistrados de las altas cortes, que son ternados o escogidos por el Congreso o por el Gobierno, lo que también crea un vínculo político que pone en duda su independencia.

A los magistrados no los juzga nadie
En Colombia hay cuatro Altas Cortes. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados que conforman estas instituciones son llamados aforados, es decir, que gozan de un fuero legal especial.  Cuando un magistrado comete un delito, primero se le hace un juicio político en el Congreso, y después, si se cumple con todo el procedimiento y se le declara “indigno”, este pierde el fuero, y su caso es enviado a la Corte Suprema que vuelve y arranca el proceso y lo juzga penalmente.

Este procedimiento solo ha funcionado una vez desde que se creó, y fue con Jorge Pretelt, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que fue declarado indigno luego de ser investigado por favorecer a la Empresa Fidupetrol en el proceso de una tutela. De resto, todos los casos que llegan al Congreso, y más específicamente a la comisión que los recibe, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, son archivados, y los procesos que inician, fracasan. ¿Por qué esta inoperancia?

“La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no tiene autoridad moral ni legitimidad para hacer los juzgamientos, y tampoco tiene la capacidad. Para uno investigar conductas delictivas necesita un aparato capaz de encontrar la prueba, buscar la prueba, y sostener la prueba, y la Comisión de Acusaciones no lo tiene”, explica Ramón Mena, presidente de Asonal Judicial S.I. seccional Antioquia, y juez décimo de familia de Medellín.  Este proceso de juicio en el Congreso es político, en otras palabras, que un investigado sea declarado indigno o no, no depende realmente de sus actuaciones, sino del apoyo que tenga, o que no tenga, en el Congreso. Y es aquí donde se encuentra otro problema, y es que la relación entre los magistrados y los congresistas es más cercana de lo que se podría creer (y de lo que debería ser). De hecho, el Congreso ayuda a escoger algunos de los magistrados de las cortes.

Por estas críticas es que se ha hablado de crear una institución más eficaz para investigar y juzgar a los magistrados, como lo explica la Doctora en derecho, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez: “¿Cuándo se habla de crear una comisión paralela? Cuando el proceso de politización de las Altas Cortes se da por la facultad para nominar. El poder legislativo se acerca al poder judicial, y así se niega la posibilidad de que haya objetividad. Por ejemplo el origen de la Corte Constitucional es el Senado, y el Senado al final terminaría siendo el que juzga estos mismos magistrados. Ahí se ve la necesidad de una institución que no esté en el Congreso. Lo que demuestra que sería mejor tener una institución aparte, y que su origen no fuera político”.

Funciones nominadoras de las Cortes, el origen del problema
Las Altas Cortes tienen la responsabilidad de participar en los procesos de escogencia de otros dignatarios del Estado. Al Contralor del país lo elige el Congreso de una terna presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Procurador, la terna es conformada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República.

Es así como se crea el insano vínculo entre los magistrados y los políticos, entre las cortes y el Congreso, e incluso entre estas y el poder ejecutivo. Vínculo que para muchos explica, al menos en parte, la corrupción, y que desde los debates de académicos, investigadores, ex magistrados y analistas, se ha pedido eliminar de raíz.  

En palabras de Ramón Mena, “deben alejarse las cortes y los magistrados de la facultad nominadora, porque eso genera un carrusel, donde los magistrados nombran el procurador y el procurador nombra los amigos de los magistrados de la corte, las esposas, o nombran al fiscal y el fiscal les abre una puerta burocrática donde nombra a todas las personas que estos tengan para recomendar”.

Como complemento, la profesora Maria Cristina Gómez dice que “eso (la facultad nominatoria de las cortes) antes de crear colaboración crea una contaminación entre poderes. Lo que queremos es evitar que la Rama Judicial asuma esos procesos de clientelismo, que se perciben en el Congreso, se ven en el ejecutivo, y que terminan en corrupción. Sacar la facultad nominatoria, quitarla, es quitar la facultad de que se llegue a un cierto clientelismo que termina en corrupción”.

¿Cómo nombrar a los magistrados?
Esta es otra cuestión que surge, primero, porque en los procesos de conformación de las cortes también hay intereses políticos de por medio, y segundo, porque al tratarse de las más altas corporaciones de justicia del país se esperaría que estuvieran integradas por personas altamente calificadas, y con criterios éticos sólidos.

Mena, en su rol de representante de los trabajadores de la Rama Judicial, cuenta que están exigiendo que haya “meritocracia y carrera judicial. Que sea un concurso público en el que tengan igual oportunidad los litigantes, los académicos y la Rama Judicial, y que obedezca a parámetros serios y estrictos”.

“Lo que tenemos hoy en día son magistrados que han llegado por arriba, han llegado en paracaídas con rosca política y estas son las consecuencias. Magistrados que no sienten la Rama Judicial, que no les importa hacer fraudes, que no les importa cometer delitos, que no tienen el conocimiento”, agrega Mena.

¿Será que la solución es un referendo?
“La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial": Fernando Carrillo.  

El 13 de agosto, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, envió  una carta a Marta Lucía Olano, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En ella propuso la realización de un referendo para reformar a la justicia. Cinco días después, el 18 de agosto, el país conoció gracias a Blu Radio, la intención del Gobierno nacional de llevar a cabo esta reforma, que tiene, según los medios, la realización de un referendo como primer plan. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia, expresó que el Gobierno sí impulsará una reforma a la justicia, pero que aún no se ha definido si con un referendo, una asamblea constituyente, o por vía legislativa.

Lo que sí se sabe, por las declaraciones del Ministro, es que sea cual sea el mecanismo, este tendría entre otras intenciones crear un nuevo organismo para juzgar los magistrados, desligar la política de la justicia, y mejorar la formación de los abogados.

La iniciativa de convocar a la ciudadanía para que haga parte de un proceso de reforma integral a la justicia suena bien. Pero la coyuntura electoral que se avecina, la crisis de gobernabilidad que aún carga el Gobierno, las distintas iniciativas de reformas que han planteado otros políticos, y el mismo descontento de la ciudadanía, hacen oscurecer el panorama. ¿Será esta la oportunidad de reformar a la justicia?


La Reforma Política y Electoral nace del punto de participación política del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Fue radicada el 17 de mayo en la Cámara, recogiendo gran parte de las propuestas elaboradas por la Misión Electoral Especial (MEE). Sus tres focos son: las mejoras a la institucionalidad electoral (el CNE), el sistema y la manera de escoger, y la financiación de las campañas.

Entre varias de sus creaciones institucionales –como la Fiscalía General, o la Corte Constitucional–, la Constitución de 1991 creó el Consejo Nacional Electoral, el organismo que se ha encargado desde entonces de regular lo relacionado con los comicios y con los partidos políticos.

La MEE propuso encargar de todo lo relativo con el sistema político-electoral, a tres entidades: la Registraduría, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral (CE). La primera, que ya tiene funciones electorales (organiza, planea, y ejecuta los eventos de índole electoral del país), mejoraría sus funciones con el uso de plataformas tecnológicas. El CEC asumiría el grueso de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Electoral, que fue lo más novedoso y controversial de las propuestas, sería una nueva alta corte para la Rama Judicial, y se encargaría de resolver demandas y procesos de pérdida de investidura, separación de cargos, nulidad de elecciones, pérdida de personería jurídica de los partidos, y emitiría sanciones disciplinarias.

Algunos analistas y académicos se mostraron a favor de la propuesta de la MEE. Como el ex fiscal, ex procurador, y ex ministro en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Alfonso Gómez Méndez, para quien esta propuesta, que implica serias reformas y reconsideraciones de orden constitucional (como quitarle el poder electoral a las Sección Quinta del Consejo de Estado para dárselo a la Corte Electoral), es “un mecanismo en la dirección correcta para corregir las fallas que hoy todos estamos comentando en temas de partidos, listas y financiación de campañas”.

Otros, de entrada, rechazaron la propuesta, como el exsenador Juan Lozano, quien es más cercano a las toldas uribistas: “como si no fuera ya suficiente la carga burocrática que debemos asumir con los impuestos de los colombianos, crear una nueva supercorte. La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y tribunales”.

¿Cómo quedó este punto en el proyecto radicado?
No se acogió la idea de crear una corte o tribunal electoral. Se propuso la creación de una nueva institución, el Consejo Electoral Colombiano. Este órgano electoral, además de todas las tareas que hoy cumple el CNE en cuanto a regulación de elecciones y partidos, tendría más dientes para corregir irregularidades, como en el caso de las inhabilidades o los fraudes electorales, en los que actuaría –y este es un planteamiento que hizo la MEE- antes de las posesiones, evitando así la realización de jornadas electorales atípicas. Tendrá más presencia regional, y contará con funciones de policía judicial para controlar la financiación ilegal. Además, con el fin de “despolitizar” al Consejo y de garantizar una verdadera autonomía, los consejeros no serán nombrados por el Congreso (como ocurre con los magistrados del CNE); la elección de nuevos integrantes se hará por el método de “cooptación” (los miembros antiguos nombran a los nuevos). A la Registraduría se le exigirá llegar a las zonas donde antes había confrontaciones armadas, facilitar las votaciones en las zonas rurales (ofreciendo el transporte, por ejemplo), y mejorar sus procesos de contratación, para hacerla más transparente y eficaz.

Remodelación del sistema electoral ¿Una oportunidad para tener verdaderos partidos?
“Con la mejor intención de acabar el bipartidismo, los constituyentes del 91 prácticamente acabaron con los partidos. Hoy, solo tenemos siglas o nombres cuya principal función es repartir avales”, expresó el ya citado Alfonso Gómez Méndez, en una de sus columnas. Y precisamente a corregir esta situación, la falta de partidos serios, se enfocaron las recomendaciones de la MEE, así como lo acogido de estas por el Gobierno.
Se continuará con la circunscripción nacional de 100 senadores, pero no con voto preferente, sino con lista cerrada y bloqueada, lo que quiere decir que cada partido ofrecerá una lista de candidatos enumerados, los ciudadanos no votarían pensando tanto en personas, sino en el partido, y en la lista que este acomoda luego de procesos internos de escogencia. Reformular el sistema de partidos de esta manera, es convertirlos en centros políticos democráticos y con agendas programáticas serias. Sería una oportunidad para formar partidos estructurados, con democracia interna, y sobre todo, con diferencias ideológicas marcadas.

Es común, por ejemplo, ver en un solo partido, en las plenarias del Senado, un conjunto de posturas distintas, y a veces contradictorias. Pocas diferencias ideológicas y programáticas pueden haber, por ejemplo, entre el Partido Conservador y el Liberal (en este último se han hecho propuestas que van más allá de lo conservador, como limitar la posibilidad de adoptar a un concepto de familia cerrado, y excluyendo a las parejas homoparentales). Y ya se ha escuchado a los mismos senadores –incluso a Claudia López– que no es si quiera imperativo tener una constante interacción con sus respectivos partidos. “Yo puedo volver por la dirección del Partido Verde en cuatro años y no pasaría nada”, expresó la senadora en un debate sobre la Reforma al Equilibrio de Poderes en el 2014.

Además, para conformar el Senado los aspirantes compiten con campañas costosas (el máximo autorizado en las elecciones de 2014 eran 740 millones, pero según estudios, como el realizado por la firma Cifras y Conceptos, en promedio cada campaña costó alrededor de 3.000 millones, y algunas llegaron casi hasta los 12.000). Esto también se reduciría, porque el Estado aumentaría su financiación, y esta se haría de manera más directa y organizada (gracias a la lista cerrada), con los partidos.

La lista cerrada, propuesta que ya había estado sobre la mesa en las reformas políticas anteriores (la del 2003, la del 2009, y con la del Equilibrio de Poderes del 2014), es un gran avance. Así se corregirá la aguda atomización de los partidos, que desde la creación de la Carta Política se ha querido revertir.

Más financiación pública
Se aumentará la financiación pública, en busca de disminuir la privada (lo que ayudará a reducir la dependencia y la filiación que tienen muchos políticos con sectores económicos o particulares). Esta será directa hacia los partidos, tanto antes como después de los procesos electorales, y de manera indirecta (con el transporte de los electores y el acceso a los medios de comunicación). Será de obligación legal la entrega de rigurosa información contable, que será revisada y auditada por una unidad especializada. Se aumentará el control y la regulación en relación con financiación de propaganda electoral, transporte y movimientos monetarios, y se prohibirá a las campañas y partidos la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Se estimulará, con incrementos en la financiación estatal, a los partidos donde se dé más espacio a las mujeres y los jóvenes.

La pugna política ya comenzó
La reforma toca de manera directa a los partidos políticos y sus integrantes, incluyendo a los congresistas que serán quienes le darán el visto bueno. Esta fue radicada faltando un poco menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales. Los congresistas ya están calculando sus movimientos.

Por otro lado, las reglas de juego, ahora que se están implementando vía legislativa los Acuerdos de Paz, ya son otras: con una votación que quedó 5-3, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó literales del denominado “Fast-Track”. Ahora la votación de cada proyecto para implementar los Acuerdos se hará artículo por artículo, y no se tendrá que contar con el aval del Gobierno para que se hagan cambios a las propuestas.

¿Pasará, de manera integral, esta reforma en el Congreso, ahora que el trámite legislativo es otro, y teniendo en cuenta que es un tema que toca de manera directa a los mismos congresistas?

Varios partidos ya aclaran sus posturas. Las listas cerradas, que es el tema que más toca a los congresistas, está pensada a partir de 2018, pero es probable que, ni si quiera los congresistas más afines al Gobierno acepten cambiar las reglas de juego tan apresuradamente. El temor a que sea más difícil regresar al Capitolio, por cuenta de que no hay mecanismos democráticos claros para que sus partidos los postulen en la lista, ya se siente. Además temen que estos, aun teniendo esos mecanismos, los dejen en puestos de lista tan altos que les sea más difícil alcanzar una curul.

Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, afirmó que su colectividad aprobaría la propuesta, “pero para 2022”. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, más radical aún, afirmó en entrevista para El Tiempo que en su partido no van “a votar la reforma política, ni un solo artículo, y no lo haremos por las listas cerradas, que son una improvisación”. Una de las principales cabezas del Polo, el hoy presidenciable Jorge Enrique Robledo, también expresó su desacuerdo con la propuesta: “Nos quieren vender ahora el cuento barato de que cerrando las listas se evita la corrupción en la política”.

En conclusión, es probable que la propuesta pase, pero no para las elecciones que vienen. En cuanto a los otros puntos, que no tocan de manera tan directa a los congresistas, no ha habido tanto rechazo. El punto de financiación les conviene, y el de mejorar el sistema institucional no les preocupa tanto.

La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, que atravesó los cuatro debates correspondientes con el fast track, terminó el proceso de conciliación en la Cámara de Representantes el 28 de marzo, y pasó a revisión en la Corte Constitucional.

Luego de intervenciones del fiscal en todas las discusiones, y con la presencia y participación de organizaciones de víctimas, activistas sociales, miembros de la Fuerza Pública, y del ámbito académico, se aprobó el modelo de justicia transicional que nació del Proceso de Paz con las FARC, y que tendrá como tarea brindar justicia, buscar y esclarecer la verdad, y reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Guerrilleros, civiles, y agentes del Estado serán procesados. Pero, a diferencia de lo que se creía, no habrá un trato igualitario para estos tres grupos. En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública y el tratamiento que tendrán en esta jurisdicción, preocupan varios puntos: la responsabilidad de mando, la presunción de legalidad, y que los militares sean liberados sin exigírseles el cumplimiento de los deberes de reparación y contribución a la verdad.

A propósito de estas preocupaciones, las declaraciones de los líderes defensores de la Fuerza Pública, y de los líderes de Derechos Humanos, no se han hecho esperar.  “Estamos ante una ley de perdón y olvido, y de punto final disfrazada. Hoy no está claro cómo van a reparar”, expresó Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad.  Por su parte, Nelson Romero, presidente de la  Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Confecore), expresó: “Es una justicia creada para juzgar militares y exonerar terroristas. Será una cacería brutal en contra de los militares”.  

Responsabilidad de mando  
El Estatuto de Roma, que es la reglamentación internacional que habla de la figura de responsabilidad de mando, expresa en el artículo 28 que “el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo”. Colombia está adscrita a este Estatuto, así como a la Corte Penal Internacional, que es el tribunal encargado.

Pero en el último debate, y luego de que miembros de la Fuerza Pública exigieran al Presidente y a los legisladores modificar lo establecido en el Proceso de Paz, se estableció que se aplicaría esta figura cuando hubiere una  responsabilidad “de tipo jurídica y de facto”, y cuando hubiere “control efectivo de la respectiva conducta”, lo que recorta el margen de aplicabilidad de la figura y contradice lo dicho en el Estatuto, que no solo no habla de “control efectivo sobre la conducta”, sino que presenta un espacio más amplio al dejar claro que no es necesario que el alto mando sepa de la conducta para que sea castigado, y dice que aplica cuando éste “hubiere debido saber” de la realización de la misma.

Presunción de legalidad  
Se trata de un principio jurídico que presume como legales las conductas de los integrantes de la Fuerza Pública. Este se observa como una ventaja que tendrán los militares al momento de enfrentar los juicios. Además pone en riesgo la aplicabilidad de la justicia; qué pasaría si, por ejemplo, un militar acude a este principio en su defensa, alegando que cometió un crimen grave siguiendo una directiva del Ministerio de Defensa, como ocurrió con los falsos positivos.

¿Los militares también repararán y contribuirán a la verdad?
El viernes 17 de marzo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió a través de una resolución la libertad de 817 miembros de la Fuerza Pública, que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado, para que ingresaran al modelo de justicia especial. Se ha dicho que varios de esos militares, que ya han pagado parte de sus condenas (cinco años o más), no tendrán que continuar en ningún proceso de justicia, lo que lleva a preguntarse si sí habrá contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

¿Qué dicen los militares?
Nelson Romero Velásquez, presidente de Confecore, ofreció su postura a propósito de estos cuestionamientos.

Al hablar de la responsabilidad de mando, y mencionarle el recorte que hubo al artículo del Estatuto de Roma, Romero expresó que  “es justo que se maneje de esta forma por cuanto no es justa la justicia que se maneja en mi país, de serlo se podría pensar en la injusticia de este recorte en la norma”, e hizo hincapié en un asunto que está siendo objeto de cuestionamientos en sectores políticos: la conformación del Tribunal de Paz. Al respecto señaló que “los jueces de la Justicia Especial van a perseguir y encarcelar a los comandantes militares que dieron resultados positivos en contra de los integrantes de las FARC. Solo hay que conocer la procedencia de cada uno de estos jueces para poder prever lo que se viene en contra de los integrantes de la Fuerza Pública”.  

Además, al hablar sobre la llamada “línea roja” del Gobierno de no negociar lo relativo a la Fuerza Pública y a la doctrina militar, Romero mencionó los llamados a militares a calificar servicios, el desmonte de las unidades de combate y el cambio de léxico en las escuelas de formación militar, como consecuencias de lo pactado en La Habana. “No es cierto, lo primero que se negoció debajo de cuerda fue a la Fuerza Pública, puesto que para poder pensar en la toma del poder, que es lo que los terroristas están dispuestos a hacer, sabían que lo primero que se debía hacer era debilitar a las Fuerzas Militares y policiales”, agregó.  


Las organizaciones de Derechos Humanos se preocupan
Adriana Arboleda, abogada y directora de la Corporación Jurídica Libertad, denunció las que para ella son las trampas del Gobierno en la Jurisdicción Especial para la Paz en el tratamiento a los militares.

“La primera trampa que hace es que establece un pie de página donde empieza a recortar el tema de la responsabilidad de mando, lo que amerita que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, se haya pronunciado diciendo que dejar por fuera la responsabilidad de mando, es dejar abiertas las puertas para que la Corte Penal Internacional entre y actúe”, respondió ante el cuestionamiento sobre la delimitación realizada a la responsabilidad de mando. Delimitación que, según ella, no se hará para los guerrilleros, quienes prefirieron tener “seguridad jurídica”.  

Una segunda trampa de la que habla Arboleda es el establecer como legítimas las acciones del Ejército amparados en la figura de presunción de legalidad. “Usted no puede presumir la legalidad ante graves violaciones a los derechos humanos. Eso ya no solo viola el derecho internacional sino el mismo derecho interno. Usted no puede decir que se presume legal una ejecución extrajudicial, una tortura, una agresión sexual”, expresó.  

Por último, explicó por qué hay facciones de asociaciones y organizaciones de ex militares que están en contra de la jurisdicción: “¿A Acore por qué no le interesa el Proceso de Paz? Porque ellos están involucrados en los grandes negocios que tiene el Ejército, negocios para la compra de uniformes, de armamento, de alimentación”.

¿Las víctimas qué dicen?
Martha Soto, a quien le desaparecieron su hermano en acciones en las que se vincula a la Policía, y quien es la secretaria técnica del capítulo de Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresa su preocupación por las modificaciones que al Acuerdo de Paz han hecho en el Congreso: “Siento que ha habido un manoseo por parte de los legisladores que han acomodado las cosas a su conveniencia. Se pierde la esencia del Acuerdo, que con sus aciertos y sus fallas, fue firmado por dos partes”.

También mencionó lo que para ella es la responsabilidad de la Fuerza Pública en esta etapa de posconflicto. “La Fuerza Pública debería combatir a los grupos paramilitares, perseguir y judicializar. Han detenido a ocho personas, dirigentes campesinos, siendo acusados de ser del ELN”, dijo al tiempo que contaba que mientras ella estaba en esta entrevista, realizada en un foro nacional para la creación de estrategias de participación política de las comunidades, en Barrancabermeja, donde se hacía el mismo evento, miembros del CTI entraron a llevarse a varios líderes y defensores de Derechos Humanos. “Necesitamos unas fuerzas armadas para la paz”, concluyó.

Monday, 20 February 2017 00:00

Así inicia la carrera a las presidenciales

Colombia está llena de precandidatos presidenciales. Fijos se cuentan casi veinte, aunque varios analistas –Daniel Coronel es el principal– hablan de alrededor de treinta. Unos han sido más claros y visibles en sus aspiraciones, otros quizás no desean llegar hasta la presidencia, pero sí medir sus fuerzas y hacer sonar sus nombres en la contienda, y algunos, más pragmáticos, prefieren hablar de convergencias y alianzas. El punto es que desde ya se reflejan los primeros movimientos de campaña, agregando a eso que los medios empiezan a escribir sus noticias con el enfoque de las elecciones del próximo año.

Varias situaciones son características del ambiente: la aparición constante de precandidatos, una izquierda atomizada, un remezón en el Gobierno, la próxima salida del vicepresidente (que ya tiene reemplazo), y las primeras opciones de alianzas que se empiezan a dibujar.

Se agita el Gabinete
Varios son los ministros y funcionarios del Gobierno que tienen intenciones de reemplazar a su jefe. El primero es el Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, que no se ha ido por ser el encargado de defender las principales reformas del Proceso de Paz en el Congreso, pero que quiere pelearse el cupo entre los liberales. El segundo es Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura, que quiere representar al Partido de la U en las elecciones. El tercero es Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda; el mismo de la reforma tributaria, los desfalcos en Ecopetrol, y la venta de Isagen. Además, está Clara López, jefa de la cartera de trabajo, quien ya inicia sus primeros movimientos para salir del gabinete y entrar en forma en la batalla electoral.

A ellos se les suma un diplomático y un director administrativo. Juan Carlos Pinzón, antes Ministro de Defensa y hoy embajador en EEUU, y Simón Gaviria, Director Nacional de Planeación (conocido por haber firmado, cuando era congresista, nada más que una Reforma a la Justicia sin haberla leído).

Vale mencionar que todos ellos, como funcionarios del Gobierno de Santos, fueron los artífices de muchas de sus reformas, políticas y proyectos en contra de las gentes más desfavorecidas. Es difícil esperar que tengan posturas o propuestas distintas a las que impulsan desde sus puestos de trabajo, enfocadas en favorecer a los grandes sectores económicos y a las transnacionales.

¿Cuál será el candidato del Presidente?
Con tantos candidatos entre sus ministros, en su partido, y en la Unidad Nacional, la pregunta que aparece es quién será el “bendecido” por el presidente y recibirá su apoyo. Humberto de la Calle fue el que primero se mencionó como el preferido de Santos. Su paciencia, su experiencia y su liderazgo en el Proceso de Paz, hizo que sin él pronunciarse directamente –o refiriéndose al tema con su ya frase comodín “cada día trae su afán”–, sectores políticos y medios de comunicación empezaran a nombrarlo precandidato. A De la Calle lo apoyan sectores académicos, organizaciones y una facción del Partido Liberal.

Otro de los mencionados como posible ungido del Presidente es Juan Carlos Pinzón. Iniciando febrero, por medio de la Silla Vacía, se supo que en una reunión privada que tuvo el Presidente con varios de los más importantes congresistas del Partido de la U, éste hizo saber que le agradaba la idea de que el embajador participara en la consulta interna. Pinzón, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, se caracterizó por su férreo talante como Ministro de Defensa, aunque más en contra de la protesta social, e incluso del Proceso de Paz, que de las organizaciones delincuenciales.

Los verdes y su alianza anticorrupción
Una constante, desde ya, son las llamadas alianzas. Varios precandidatos empiezan a moverse y a juntarse con otros. Esto se da por dos cosas. Primero para competir contra los más fuertes; muchos hablan de la gran probabilidad de que o Germán Vargas Lleras o el candidato que represente al uribismo pase a la segunda vuelta. Y segundo, por haber hallado propuestas o enfoques en común. Una alianza que se menciona desde ya es la conformada por los precandidatos del Partido Verde (Claudia López, Sergio Fajardo, y Antonio Navarro), con Jorge Robledo y su movimiento. Esta alianza puede sonar dispar, empezando por discursos propios de los candidatos; un ejemplo es que Claudia López y Sergio Fajardo hablan constantemente de “defender el mercado”, refiriéndose a la necesidad de expandir el modelo económico y de llevarlo a las regiones (idea en la que insistió mucho la congresista en las discusiones del plebiscito), mientras que Jorge Robledo, por el contrario, es defensor de un cambio estructural en la economía del país.

Esta alianza, a la que también se invitó a Clara López, tiene como enfoque el tema de la corrupción que se ha convertido en lugar común por estos días, y mucho más a raíz de los escándalos por los sobornos de Odebrecht (empresa de Brasil que admitió en ese país y en Estados Unidos que había sobornado burócratas en todo el continente para conseguir contratos), y que ya salpica la campaña presidencial del hoy presidente y de Oscar Iván Zuluaga.

Germán Vargas, con ventaja entre los candidatos
Si de alguien se ha dicho que tiene intenciones de ocupar el primer cargo del país, es del vicepresidente. Tempranamente se le empezó a mencionar como un candidato claro de la contienda.

Si alguien tiene ventajas en tiempos de campaña es quien ostenta un cargo con visibilidad pública, como la vicepresidencia; a modo de ejemplo, en este último mes que trabajará como vicepresidente, Vargas Lleras recorrerá nada más que 100 municipios inaugurando obras de infraestructura. Por ello se le ha criticado, por aprovecharse de la labor que le encomendó el Presidente de encargarse de la gestión de los proyectos de vivienda, infraestructura y acueductos, para hacer campaña política. También se le ha criticado por hacer parte del Gobierno y a la vez mostrarse como alguien en desacuerdo con sus políticas (es clara la estrategia de mostrarse alejado de las medidas más impopulares de éste); pasó con el punto sobre justicia del Proceso de Paz, pasó con la Reforma Tributaria, y pasa ahora que intenta desmarcarse, a través de comunicados, de los escándalos por corrupción que afronta su jefe.

Vargas Lleras es un claro representante de la clase política colombiana, no solo porque su familia tuvo dirigentes en los más altos cargos del Estado, sino por lo camaleónico de su comportamiento político.

Iniciando febrero se supo que ha ofrecido el puesto de vicepresidente para su campaña a tres políticos de tres partidos distintos; a Simón Gaviria del Partido Liberal, a David Barguil del Partido Conservador, e incluso, a quien es uno de los más representativos senadores del Centro Democrático, el también precandidato, Iván Duque.

Los movimientos del uribismo
Así como en los otros partidos y sectores políticos hay movimientos con miras a las presidenciales, en el uribismo ya se empiezan a conocer tanto los nombres de los posibles candidatos, como las intenciones que tienen (ya se le oyó a José Obdulio Gaviria hablar de, en caso de que su partido llegue al poder ejecutivo, poner al Acuerdo de Paz y sus reformas “en discusión nuevamente”).

A Oscar Iván Zuluaga ya se le descarta de la puja dentro del Centro Democrático por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht, entidad que presuntamente le pagó a un asesor para que trabajara en su campaña. Mientras que Iván Duque ya está armando el que sería su equipo de trabajo, con quien peleará contra Carlos Holmes Trujillo y los otros aspirantes de su partido.

Por su parte, el sector conservador más cercano al uribismo también inicia su ritmo de trabajo electoral. El exprocurador Alejandro Ordoñez, que por sus críticas al Proceso de Paz –y quizás también por estrategia política– se juntó con el Centro Democrático en la campaña del “no”, ya habla y se abandera de la lucha anticorrupción (como si no lo hubieran sacado precisamente por un hecho de corrupción: por haber ofrecido puestos para llegar a la procuraduría) y ya se le ve compartiendo con uno de los sectores en los que más se hizo popular, tras las discriminatorias marchas por las cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación: los cristianos. Por su parte, Marta Lucía Ramírez, quien quedó más empoderada luego de su apoyo a los sectores del “no” en el plebiscito y que también es cercana al uribismo, volvió a tomar la palabra en los encuentros del Partido Conservador, y ya se dice que está en plan de disputarse el aval de su partido con David Barguil y Mauricio Cárdenas, que son líderes conservadores mucho más cercanos a Santos.

Los caminos de la izquierda
Si bien se ha dicho que los pasos que está dando el país para separar la política de las armas pueden ayudar a fortalecer a la izquierda, y que por ende ésta se debe organizar, unir, y se debe volver competitiva, el escenario no se ve de tal forma. Por el contrario son varios los candidatos de izquierda que hablan de cambio y de una gran convergencia, y que aun así se muestran sectarios y se cierran a los demás.

Entre los candidatos de izquierda están: Gustavo Petro, que a pesar de los procesos legales que tiene en su contra no ha dejado de mostrarse como candidato; Piedad Córdoba, que a inicios del presente año, y tras una visita a Cuba por la muerte de Fidel Castro, dejó saber su intención de ingresar a la contienda; Clara López, que aspira liderar una gran convergencia por la paz; y Jorge Enrique Robledo, que con ayuda de los líderes de su partido ya es candidato oficial.

Por su parte, las FARC insiste en la necesidad de un “Gobierno de transición”, cuya propuesta fue expresada por su jefe máximo, Rodrigo Londoño Echeverry: “Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores que han trabajado sin tregua por ello”, expresó Timochenko.

Lo cierto es que frente al camino que debe tomar la izquierda, son más las divisiones que los encuentros. Tal es el caso del principal partido de esta tendencia que tiene el país: el Polo Democrático.

¿Qué pasa en el Polo?
En el partido de izquierda formado hace poco más de diez años con la intención de unificar las fuerzas políticas de este sector, no han faltado, paradójicamente, las divisiones. En el año 2016 fueron varios los hechos y situaciones que las hicieron incrementar: la imposibilidad de escoger a los directivos, las disputas para conseguir su presidencia, y la designación en abril de la expresidenta de la colectividad, Clara López, como Ministra de Trabajo. Al final, llegaría el que sería el mayor asunto de disputa interna en el partido, esto es, la posición a tomar con relación a la etapa electoral que se avecina.

Los rostros de la contienda
Dos son los rostros que sobresalen en la división actual del partido, dos los caminos que se quieren recorrer. Jorge Enrique Robledo por un lado y Clara López por el otro. Y con ellos dos fuertes facciones del partido entran en división: el Moir y el Polo Social. Los primeros, el grupo al que pertenece Robledo, apoyan la idea de una candidatura que busque, ante todo, un gobierno realmente diferente, que cambie el modelo neoliberal. Y los segundos, el grupo de López, tienen como principal prioridad la implementación de los acuerdos de paz y sus respectivas reformas.

Cabe mencionar que ambos líderes ya empiezan a moverse dentro de las dinámicas electorales. En octubre de 2016, 20 meses antes de las elecciones presidenciales, Robledo anunció a través de una carta su intención de ser candidato. Que haya anunciado dicha intención desde tan rápido no es algo novedoso; muchos otros están moviendo sus fichas y trabajando con miras a la presidencia desde antes. Lo nuevo es que haya sido el primero en hacerlo público.
Pero Clara no se queda atrás. La facción política del Polo de la que hace parte, ya la nombra como “la próxima presidenta”, y desde ya se anuncia su próxima salida de la cartera de trabajo.

¿El Comité Ejecutivo Nacional está con Robledo y las bases del partido con Clara?
El pasado 16 de enero el Comité Ejecutivo Nacional, con una votación de 18 contra 12 –incluyendo votos que no se esperaban como el del presidente del partido Álvaro Argote, el excongresista Jaime Dussán, y el exsenador Antonio Peñalosa–, expidió una resolución que para muchos inclinó la balanza de parte de Robledo.

Entre otras disposiciones, resolvió que los aspirantes a representar al partido como candidatos a la presidencia tenían hasta el 31 de enero para inscribirse en la Secretaría General. Robledo lo hizo, Clara no. Ahora él se perfila como el único aspirante del partido, y de ella se dice que de no poder ser candidata de éste, participará a través del mecanismo de recolección de firmas. Por su parte, Iván Cepeda, Senén Niño y Alirio Uribe exigen en el partido la realización de un nuevo congreso nacional, que sea quien elija la candidatura, lo que le daría a López una nueva oportunidad para ser candidata, e incluso, se dice, que la realización de dicho evento le daría ventajas y mayorías en el partido.

Por parte del Polo Social la respuesta ante esta resolución no se hizo esperar, y varias situaciones indican que la aspiración de Clara aún está viva. El mismo 31 de enero, en el Salón de la Constitución del Senado, varios miembros del Polo Social, encabezados por Senén Niño, Celio Nieves y el esposo de Clara, Carlos Romero, rindieron un homenaje a la Ministra por su labor en el ministerio y en pro de la paz. Llevaron carteles con su rostro, leyeron su hoja de vida, le dieron las gracias por su labor en la cartera de trabajo, gritaron consignas, y le pidieron, públicamente, que fuera candidata presidencial. Lo cierto es que ella ya empieza a sonar y a hacer públicas sus intenciones de ser precandidata, y de –como lo expresó en entrevista para Yamid Amat– liderar una gran convergencia con “la Izquierda y fuerzas alternativas en defensa de la paz”.

El cierre del año en Colombia está más que agitado en materia política. La renegociación con las FARC en La Habana, los inicios tortuosos de diálogos con el ELN en Quito, un escenario económico indescifrable por cuenta de las bajas en los precios del petróleo, por un dólar que sigue al alza y por una nueva reforma tributaria que pretende ser estructural, el cambio de procurador, una agenda legislativa copada, entre otras, son algunos de los hechos y situaciones que marcan este fin de año.

Nuevo procurador
“Me propongo hacer una procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado Social de Derecho, probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley. Una Procuraduría que no sea vocera de los radicalismos, y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica”, expresó Fernando Carrillo ante el Congreso en pleno, durante su discurso de agradecimiento a esta entidad por su elección. Fernando Carrillo fue escogido con 92 votos a favor y tres en blanco, en una elección que disputó con una exmagistrada, María Mercedes López, y el exvicefiscal Fernando Perdomo.

La Procuraduría General de la Nación es una entidad que está por fuera de las tres ramas del poder público, y cuya función es representar y defender a los ciudadanos, así como velar por el interés general y el bien común, y por la defensa y la divulgación –en compañía de la Defensoría del Pueblo- de los Derechos Humanos. Vale mencionar que Carrillo es un abogado liberal, que participó y lideró los movimientos estudiantiles que dieron como resultado la Constitución del 91, que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha sido Ministro de Justicia y de Interior. También que para llegar a ser Procurador tuvo que ser postulado por el Consejo de Estado, una de las altas cortes de la Rama Judicial; aunque para muchos no es más que la llegada de otro poderoso burócrata a los más altos escaños del poder. Y que además, hay quien considera que su elección se dio por influencia del Presidente, lo que lleva, por supuesto, a muchos cuestionamientos. ¿Hay garantías en un país donde el Fiscal y el Procurador, muy lejos de verse como líderes independientes, son personas que trabajaron de la mano con el Gobierno de turno?
Sus responsabilidades son inmensas. Debe, primero, recobrar el equilibrio y la imparcialidad ideológica de la institución, que tanto afectó Alejandro Ordoñez con sus sesgos y su persecución a los líderes de izquierda, las víctimas y reclamantes de tierra, y la comunidad LGTBI. Y segundo, fortalecer la lucha contra la corrupción, sobre todo en las regiones y las zonas más apartadas del país, y mucho más ahora ante un eventual escenario de posconflicto.

Llegan nuevos magistrados al tribunal de la Corte Constitucional
Esta entidad, que fue creada con la constitución de 1991, tiene varias funciones, todas muy importantes, como lo son: la revisión de la constitucionalidad (que se cumpla con lo planteado en la Constitución) de las leyes del Congreso, de los decretos del Gobierno, y de las iniciativas para modificar la Constitución; también le corresponde revisar y resolver tutelas y aprobar tratados internacionales.

Gracias a esta entidad hemos avanzado en materia de derechos. Muchas comunidades, como la indígena, la LGTBI y las madres cabeza de familia se han visto beneficiadas por decisiones que ha tomado. Un ejemplo de ello fue dar la razón a 73 indígenas y campesinos que interpusieron una tutela para defender sus derechos de acceso a la tierra y a la vida digna, ante la iniciativa del Gobierno de declarar su territorio (en Puerto Gaitán, Meta) como primera zona para ejecutar las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que muy lejos de ayudar y proteger al campesinado, legaliza y legitima la acumulación de tierras. Decisiones como esta, muestran el poder que tiene este alto tribunal, y debe invitar a abrir los ojos y ejercer una veeduría activa sobre esta nueva elección.

Se trata del cambio de cinco de sus nueve magistrados. Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, primero, y María Victoria Calle, hoy presidenta de esta entidad, y el reemplazo del polémico Jorge Pretelt, después. El punto es que para inicios del próximo año los cambios estarán hechos, y que como es de esperarse en Colombia, ya se está hablando de un tráfico de influencias y de intereses entre altos mandatarios, como la actual procuradora y los magistrados de las otras cortes.

La agenda legislativa se mueve
Es usual que para fin de año el Congreso esté lleno de responsabilidades, proyectos, elecciones, y hasta escándalos. Pero este cierre de legislatura está más que copado. Una Reforma Tributaria que pretende tapar un hueco fiscal de más de 30 billones de pesos, y que desde ya suscita polémica por las cargas que arroja sobre los más pobres y la clase media; y la disposición de que sea el Congreso el que refrende, apruebe e implemente el Acuerdo de Paz que salga de la renegociación en La Habana, son ya suficientes para que esté activo. Pero además de eso, cursan en el Congreso la elección de varios magistrados de la Corte Constitucional, un acto legislativo para que personas más jóvenes pueden llegar al Congreso, una iniciativa para declarar el agua derecho fundamental, dos leyes que pretenden mejorar el sistema de salud, y dos iniciativas para rebajar o modificar el salario de los congresistas.

Y entre otras, resalta un proyecto de acto legislativo elaborado por el senador Alberto Castilla que modifica la Constitución y declara a los campesinos como “sujetos de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina”.

Y se nos vinieron las Reformas…
La llamada “Reforma Tributaria estructural” no es la única que caerá sobre los colombianos en este año que viene. Se aproxima una reforma tan esperada como polémica, y a la que además también debemos criticar, analizar y vigilar, una reforma que aunque no hace parte del ámbito tributario, sí lo es del ámbito judicial: la reforma a la Justicia. Hace un mes se oficializó la intención de impulsar una nueva reforma y para ello los presidentes de las cortes, el presidente del Congreso y el Ministro de Justicia, trabajan en la elaboración de “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”. El país ha estado esperando una propuesta sería, estructural y que tenga la defensa jurídica de los ciudadanos de a pie como principal prioridad. Esperemos que esta sea.

El momento que está viviendo Colombia es realmente histórico. No vivíamos situaciones tan cruciales desde que creamos una nueva constitución a inicios de los años noventa. Colombia abraza la posibilidad de ir cerrando las puertas de un conflicto tan largo como dañino. El pasado 26 de septiembre se realizó lo que muchos colombianos esperamos por algo más de cuatro años: la firma final y definitiva del Proceso de Paz con las FARC.

Y el 2 de octubre, aunque ganó el “no” en el plebiscito que aprobaría el acuerdo con las FARC, y por tanto no se puede proceder a una implementación directa, sí seguimos en un espacio de discusión en torno a la paz. El triunfo del “no” más que ser el fin de los acuerdos y de la esperanza de paz, es la puerta a un segundo capítulo de esta historia. Quedan, de hecho, diversos caminos para la implementación de los mismos: primero, una Asamblea Nacional Constituyente, que incluya a todos los sectores políticos y sociales, y que busque la paz; segundo, que por medio de tramites de ley en el Congreso se gestionen las amnistías y los puntos del acuerdo; tercero, que se conforme otra fase del proceso, en el que haya tres grupos representativos, los antes opositores del proceso, el Gobierno Nacional, y las FARC; y cuarto, que la misma ciudadanía convoque a cabildos abiertos en los municipios para refrendar los acuerdos. Así mismo, han tomado fuerza propuestas como el Gran Diálogo Nacional, que nace de diversos actores sociales y políticos para promover una amplia participación de la sociedad en la construcción de la paz. Esta oportunidad de paz aún está viva, solo que habrá que ser más paciente y esforzarnos más.

Dicha coyuntura de paz no solo sirve como una oportunidad para bajar aún más los índices de violencia (que ya han bajado gracias a la realización del Proceso de Paz y el cese al fuego), sino que además será una buena excusa para pensar y repensar el país que soñamos, será una gran oportunidad de poner ahora los ojos en las problemáticas más cruciales y profundas que tiene el país, y que son, además, la verdadera raíz del conflicto. La verdad es que no es exagerado o utópico asegurar que este momento podría ser una oportunidad inmensa de empezar a mejorar el país, o que podría sumirnos en un nuevo capítulo, más incluyente, más tolerante, más participativo, y más equitativo, de nuestra historia nacional.

En otras palabras, es una gran oportunidad para empezar a construir, mínimamente, con sólidos y democráticos cimientos un verdadero “Estado Social de Derecho”.

Ahora, independiente de que se apruebe o no este Proceso de Paz, así como uno eventual con el ELN, si hay algo cierto es que es hora de ir poniendo los ojos en las instituciones del aparato estatal. Es hora de analizar cuáles instituciones han hecho (o han tratado de hacer) su trabajo con rigurosidad y siguiendo los procedimientos que la Constitución ordena, y cuáles, por el contrario, se han convertido en fortines de la corrupción y la criminalidad, o en simples espacios para pagar cuotas políticas y para acaparar más el poder. Para dicha tarea, que requiere de un análisis detenido y ordenado, y que ya está siendo objeto de escrutinio y discusión por parte de grandes constitucionalistas del país,  es necesario, además, poner los ojos tan siquiera por un momento en hechos del pasado.

El 4 de julio de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, después de tortuosas discusiones, promulgó nuestra nueva carta política, nuestra “norma de normas”: la Constitución Política de 1991. Esta fue una carta que cambió, no parcial, sino radical y profundamente, nuestra construcción como país y nuestro rumbo político. La Constitución de 1886, anterior a esta, nos había durado un poco más de un siglo y nos había sumido no solo en un profundo bipartidismo, con una inclusión nula de las comunidades, los grupos indígenas y de las corrientes políticas divergentes como las de izquierda; sino que además nos había sumergido, políticamente, en lo que muy bien podría llamarse una “moral cristiana”, pues dicha carta declaraba a Dios como “principal fuente de autoridad”. Además era marcadamente centralista y otorgaba fuertes facultades al poder ejecutivo.  En resumen, y además pasando por alto otros aspectos negativos de esta, se puede decir que se trataba de una Constitución poco acorde con las necesidades políticas, pluralistas y sociales del país, que lejos estaba de hacernos vivir en un estado laico e incluyente.

Ahora, volviendo a la Constitución de 1991, es importante mencionar y recalcar que más allá de las serias críticas que se le puede hacer –como que tiene un carácter, para muchos, neoliberal- sí fue incluyente, sí fue un buen intento de reabrir el panorama político y de responder a las necesidades del pueblo. Los principales cambios y postulados de esta Constitución son: el querer expandir el panorama político, antes resumido en los intereses de dos partidos nada más; el incluir varios mecanismos para mejorar la participación ciudadana en los procesos y las decisiones políticas (como el referendo, la asamblea nacional constituyente, la consulta popular, y el plebiscito), que en la actualidad se han convertido en mecanismos de lucha contra grandes poderes, como lo es la consulta popular con la mega minería y las empresas transnacionales. Creó, además, nuevas instituciones que se convertirían en piezas claves para el estado, como la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar y acusar cuando se viola la ley, y la muy importante Corte Constitucional, encargada de vigilar la constitucionalidad de las leyes del Congreso y de defender y luchar por los derechos. Y fuera de eso, incluyó en la Constitución la Carta de Derechos, guía clave para definir lo constitucional; y creó la tutela, un mecanismo legal para que los ciudadanos pudieran defender sus derechos fundamentales cuando estos se vieran vulnerados.

La verdad es que de no ser por organismos como la Corte Constitucional, y por postulados de la Carta Magna como el libre desarrollo de la personalidad o la libertad de expresión, así como la vida digna, no sería posible entablar luchas tan arduas como lo son la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, la eutanasia, el aborto, el porte de dosis mínimas de droga, o las luchas contra las grandes empresas.  

Pero –y esto es lo más importante– en su parte orgánica, esto es, en cuanto a instituciones o partes del estado se refiere, nos dejó con serias y estructurales falencias en las tres ramas del poder público. A partir de los debates y los análisis que muchos investigadores, periodistas y constitucionalistas han hecho de este tema, surgen muchas preguntas, todas de mucha importancia, como estas:

¿No es redundante que haya una entidad como la procuraduría, con funcionarios que, entre otras cosas, pueden destituir a dirigentes elegidos por voto popular, contradiciendo el “bloque de constitucionalidad”? ¿Ha sido bueno el papel de la Corte Constitucional como defensora e interprete natural de la Constitución? ¿Es conveniente que la Fiscalía General de la Nación haga parte de la rama judicial; o debería ser mejor una entidad externa a las tres ramas (como la procuraduría o la contraloría), o debería estar mejor en el ejecutivo, como en Estados Unidos?

En cuanto a juzgar a altos funcionarios ¿Se debería buscar otro mecanismo distinto al que existe, en el que en la Cámara se acusa y en el Senado se sanciona, viendo que en décadas solo una persona (el magistrado Jorge Pretelt) ha sido sancionada, y viendo que hay archivadas miles de investigaciones, como las casi 300 del Álvaro Uribe por delitos relacionados con violación a los derechos humanos? ¿Se debería sustituir el “Consejo Superior de la Judicatura”, entidad encargada de administrar la rama judicial y de ser ente disciplinario de los magistrados o funcionarios de la misma, viendo que, no solo no ha administrado bien sino que además ha fallado en su función disciplinaria? ¿Se debería crear un “Tribunal de aforados” que sea el que juzgue a los aforados?  

Coso se ve, las discusiones no son pocas y fuera de eso no son simples preguntas. A continuación una pequeña radiografía de las falencias de las ramas del poder público.

Poder ejecutivo: centralización de la democracia y el acaparamiento de poder  
El poder ejecutivo, en cabeza del presidente, siguió creciendo, siguió siendo fortín poderoso desde el cual no solo se gobierna muchas veces sin límite, sino que además se erigió como controlador de los otros poderes. El mejor ejemplo es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sin duda fue el más autoritario de todos en estos 25 años.

Bajo este Gobierno el Congreso y las más importantes Cortes sucumbieron ante sus intenciones. El Congreso aprobó casi la totalidad de lo que éste propuso, como cuando propuso la Ley de Justicia y Paz, que en su primer momento se llamó “Ley de Alternatividad Penal”, que pretendía concederle amnistía e indulto a 31.000 paramilitares, y que, gracias a las organizaciones de derechos humanos y a la oposición que había, no prosperó; o cuando el Congreso aprobó un referendo para que Uribe, solo él, pudiera reelegirse por una segunda vez, y que por fortuna fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Un presidente tiene mucho poder, constitucionalmente es el “jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa”. Por eso fue un error permitir la reelección, eso es faltar al equilibrio normal que deben tener los poderes y las instituciones de un gobierno.

La Rama Judicial: La politización de la justicia y la inoperancia como regla
En cuanto a la Rama Judicial hay varios problemas. No hay suficiente investigación, y la que se hace es investigación “de escritorio”, con poco trabajo de campo. Segundo, el sistema ha colapsado. Le hacen faltan recursos y no ha habido cómo agilizar un sin número de procesos penales; por algo se dice, en broma, que aquí hay “un sistema penal aplazatorio”. Otro problema que hay tiene que ver con el llamado Consejo Superior de la Judicatura, la entidad encargada de administrar la carrera judicial y la Rama Judicial, y de ser juez disciplinario de los magistrados de las altas cortes, jueces o abogados cuando estos incurran en malas conductas, pero no hace bien ni lo uno ni lo otro. No es buen administrador, entre otras cosas, porque muchos de quienes lo conforman no tienen conocimientos en administración, y lo peor, su sala disciplinaria no cumple a cabalidad su papel, porque muchos de los magistrados son postulados y elegidos (por el presidente y el Congreso) para pagar favores políticos, para mantener fichas claves en esa esquita del estado, y no por ser personas íntegras, imparciales y calificadas.

Esto ha llevado a una politización de la justicia. De hecho hubo una iniciativa de ley que buscaba suprimir y cambiar dicha entidad, y reformar el equilibrio de poderes. A pesar de todo esto, y de que muchos presidentes han tratado de entorpecer el trabajo de las altas cortes (como cuando en el gobierno de Uribe se chuzaron las comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia), muchas veces sí han tenido un papel determinante en la construcción de un país mejor, la Corte Suprema ha sido valerosa juzgando a personas con mucho poder, y la Corte Constitucional ha tomado las decisiones que el Congreso no ha sido capaz o no ha querido, como las referentes a los derechos de las víctimas y de la comunidad LGBTI.

El Congreso: institución cavernaria, oligárquica y corrupta
Para empezar, el Congreso, con sus líderes y partidos tradicionales, se ha convertido en un estamento “contrarreformista”, dado que se ha opuesto a las ideas, las decisiones y a las instituciones que han defendido los derechos de las comunidades, como las Cortes, o hasta el mismo Gobierno Nacional –quién lo creyera-, con la intención de querer mantener favorabilidad con quienes votan. Por otro lado, sigue siendo demasiado clientelista. O muchas veces el Congreso rehúye a tareas que se le encargan, como legislar de manera integral en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, o como reglamentar la eutanasia; porque saben que así, aun cuando se hace un bien y se avanza en materia de derechos, se pierden votos, se pierde poder.

Otras veces, de manera dañina y sucia, se ha convertido no en el ente que hace control político al Gobierno (como lo estipula la constitución), sino, por el contrario, en el encargado de “aprobarle” todo a este, de hacerle caso y de seguirle el juego en todo; en otras palabras, se convierten en congresistas del bolsillo del presidente. O peor, en otras ocasiones han sido el brazo político de organizaciones criminales, como cuando estalló el escándalo de la “parapolítica”, en el que más de la mitad del Congreso estaba siendo investigado por nexos con grupos y líderes paramilitares.  

Organismos de control: ¿defensa de los intereses del pueblo o representación de la “plutocracia” y el conservatismo radical del país?
Colombia acaba de vivir un mal episodio por cuenta del exjefe del Ministerio Público, el señor Alejandro Ordoñez. Este no solo fue elegido y reelegido con vicios de trámite y gracias a sus influencias sobre los que lo eligieron (el tan conocido “yo te elijo, tú me eliges” que le costó su cargo), sino que además, y por ocho años, usó su poder para inculcar, defender y promover sus creencias católicas, homofobas y discriminadoras. Sancionó y destituyó a varias personas más por querer hacerlo que por haber un motivo, como a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba. Sanciones que, como ya lo demostraron el Consejo de Estado y múltiples sectores políticos, se basaron en triquiñuelas jurídicas insostenibles e impresentables (como usar evidencia falsa o manipulada en los procesos). Pero el mayor costo es el político: que la principal cabeza del Ministerio Público sea una persona sesgada, parcializada, y que use todo su inmenso poder en contra de sus contradictores políticos, no solo no tiene presentación, sino que invita a revisar qué tan pertinente es que haya una persona que no fue escogida por voto popular y que aun así tenga facultades tan extralimitadas. Y lo mismo pasa con la Defensoría del pueblo. Nada más hoy quien ostenta el cargo de defensor de pueblo es uno más de los influyentes políticos de la capital del país. Quizás la institución que mejor hace su trabajo en cuanto a estos organismos se refiere es la Contraloría, que a pesar de verse envuelta en escándalos gigantescos, ha podido mantener un nivel decente de trabajo al cuidado de lo público.   

En conclusión, los órganos de control no han defendido los derechos de los ciudadanos a cabalidad, incluso se han convertido en tranca para la democracia. La rama judicial es muy inoperante y además se ha politizado; el Congreso no ha hecho su trabajo de representar al país, de hacer control político al Gobierno, ni de defender los derechos e intereses de los ciudadanos. Y el ejecutivo sigue siendo el mayor centro del poder, aún extralimitado y poderoso.

La paz no solo se construye con acuerdos de papel; implica más que eso. Implica, primero, cambios trascendentales y profundos a las principales problemáticas del país, que son la raíz del conflicto colombiano; es necesario buscar la justicia social y la igualdad en Colombia. Y segundo, implica instituciones estatales donde prime la participación ciudadana, la inclusión de todos los sectores sociales, la meritocracia y la defensa de los derechos humanos y de los intereses del pueblo.

Es más que crucial que el país entre en este tipo de debates. Es hora de que la academia, los estudiantes, las organizaciones sindicales y sociales, las víctimas, la comunidad LGBTI, y los ciudadanos de a pie, se interesen e inmiscuyan en estas discusiones, mucho más ante un eventual escenario constituyente en búsqueda de la paz.

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