Valeria Uran Sierra

Valeria Uran Sierra

He seguido el rastro de Marleny Zabala durante las últimas semanas, y esto me ha llevado a encontrarme entre muchas mujeres debatiendo una propuesta de economía solidaria para las familias que viven junto a ella en un Ecoasentamiento que construye, junto a otras mujeres y hombres, en el municipio de Armenia, Quindío, en el barrio La Nueva Armenia.

Hace más de dos décadas Marleny fue desplazada, junto a su familia, de la vereda Las Samarias del corregimiento de Berlín, en el municipio de San Felix, al oriente de Caldas. Su familia cultivaba café y chocolate, y tenían algunas cabezas de ganado, su fortaleza hubo de ser el cimiento que necesitaron sus hermanos y su padre para la oscuridad que llegó después de que su madre muriera.

La muerte de la madre hizo que ella saliera por primera vez del campo. A ella y a sus hermanas las enviaron a vivir con su abuela, pero ella enfermó y luego fueron a parar al internado María Inmaculada en la ciudad de Medellín. “Esa fue la primera vez que yo sentía que me habían arrancado de la tierra, fue un cambio muy drástico y por alguna razón que desconozco, sentía mucha hambre, me daba tanta hambre en ese lugar”.

Después de tres años retornó de nuevo a la vereda, con muchas ganas de continuar con lo que había dejado tirado: el ejercicio de ayudar a sembrar y cultivar, ocuparse de echar la leña al fogón y darle de comer a los animales. Pero a sus 17 años la violencia bipartidista y las amenazas la obligaron, junto a su padre, a buscar un nuevo lugar para vivir, y aprender a sobrevivir a la hostilidad de la ciudad para la que el campesino no está preparado.

Años más tarde su gran obstinación los llevó a regresar de nuevo a su finca para tratar de reconstruirlo todo. Se vinculó a una fundación llamada Paz en la Tierra, donde encontró elementos para construir una Asociación de Usuarios Campesinos, y una Junta de Acción Comunal para empezar a organizarse e incidir en la administración local.

Solo fue cuestión de un año de trabajo de base. Se constituyó un plan de trabajo que tenía como eje central la solicitud de un puesto de salud con un médico constante, mantenimiento de las carreteras, una escuela, y capacitación para la nutrición de los niños. Pero la Junta de Acción Comunal empezó a ser perseguida, las reuniones y asambleas fueron militarizadas, y muchos de los documentos fueron quemados. Para desgracia de todos, asesinaron a dos de sus compañeros, un par de ingenieros agrónomos que apoyaron la iniciativa hasta el final.
Marleny tuvo que irse, la organización se extinguió y una noche cualquiera conoció al grupo paramilitar la Mano negra. “Reconocí inmediatamente quiénes eran. Me dieron una amenaza: si no se va hoy, mañana seremos dos los muertos. Fue suficiente para irme de nuevo”. Con enorme tristeza se marchó a Manizales donde en poco tiempo empezó a trabajar como empleada de servicio doméstico, pero las dinámicas del lugar no le agradaron mucho y se fue a Bogotá para vivir con una amiga.

En esa enorme y devoradora ciudad consiguió formar parte de un grupo de misioneros redentoristas, facilitándosele terminar su bachillerato. En las mañanas trabajaba en el seminario y en las tardes tomaba clases a través de la radio. Después decidió ser misionera, y se vinculó junto a un sacerdote para trabajar con habitantes de la calle y con una ONG que se llamaba SOS Aldeas Infantiles. Entonces se despertó su deseo por la enseñanza y estudió pedagogía para la educación.

En 1998 sus hermanos fueron desplazados de la vereda. El río fue canalizado para construir una hidroeléctrica; continuaron las muertes y las fosas comunes. “Para cualquier colombiano escuchar decir fosa común o saber de una cerca a su casa no causa en él mayor resquemor. Parece que le estuvieran hablando de la siembra de una planta”. Ella dice haber muerto con los tantos que perdieron su vida allí, pero reconoció la envergadura del monstruo al que se enfrentaba y que era muy pequeña para enfrentarlo sola.

Entre tanto dolor continuó sus estudios, esta vez en Filosofía, pero enfermó. Meses más tarde mejoró y regresó junto a su familia. Quería acompañar a sus hermanos con la enfermedad de su padre, quería una revancha, y se vinculó al programa de Restitución de Tierras. Además de la pérdida de su territorio, ha tenido que cargar con la desaparición de su hermano.

Por eso no le quedó más que, junto a otras y otros, empezar una nueva reconstrucción del tejido social que se había diluido, y por tercera vez creó una Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Quindío, donde las Mujeres campesinas y sus familias se unen para construir; se vinculan a la Asociación de mujeres Multiétnicas, donde cada mujer pertenece a alguno de los Ecoasentamientos a nivel nacional. La Confluencia de Mujeres inició su proceso a partir de discusiones entre ellas mismas sobre la manera en que se deben de organizar para exigir sus derechos.

 

Emergencia del Ecoasentamiento: Laudato
Las complicaciones para Marleny y otras familias no cesaron con su llegada a la ciudad de Armenia al acceder a una pequeña porción de tierra. Han sido señaladas de haber ocupado esas tierras sin permiso alguno, pero los acusadores fueron quienes les vendieron el derecho a vivir allí. Tienen en sus manos los títulos de propiedad para comprobar la legitimidad de la adquisición, y no saldrán de allí. Han comunicado a la administración local que no aceptarán ningún trato de reubicación. Al contrario, han hecho toda la gestión para que les legalicen sus tierras, a través de la Ley 1848 del 18 de julio del 2008 que dice que todas las alcaldías y gobernaciones tienen 90 días para crear oficinas jurídicas para legalizar sin ningún costo los asentamientos que cumplan con los requisitos básicos.

Las mujeres que habitan el Ecoasentamiento que han llamado Laudato sí, han cultivado y limpiado con ayuda de sus familias el espacio, convirtiéndose esta en su finca en la ciudad. Les parece molesto que los antiguos dueños después de ver con buena pinta el lugar y que ahora sí es habitable, empiecen a atacarlos y a tildarlos de invasores. Han recibido varias demandas y acudido a varias audiencias, les han ofrecido reubicaciones, participación en proyectos de vivienda con apoyo de la administración municipal de Armenia, pero no quieren abandonar este espacio, ya adelantan proyectos y tienen planes para la construcción y remodelación de sus viviendas; les agrada vivir cerca a la quebrada La Cristalina.

Quieren recuperar su identidad campesina, cultivar, construir sus casas y reconocerse, cuidar bienes de vida como laderas y fuentes de agua y tejerse comunitariamente. Las mujeres campesinas llevan a cuestas un enorme dolor, porque ni ellas ni sus familias en el campo o la ciudad se escapan de la violencia; deben soportar hasta el fin sus vidas, en silencio, el maltrato en el seno de la familia y la ciudad misma. Marleny sueña junto a otras mujeres construir dentro de su Ecoasentamiento una casa de la mujer que se convierta en una escuela de participación ciudadana, en donde puedan intercambiar sus productos y tener a su familia e hijos cerca, para de esta manera unir el campo con la ciudad.

Actualmente Marleny Zabala ha sido postulada para el premio Mujer Comfenalco, y al mismo tiempo ha recibido una amenaza de muerte por parte de grupos paramilitares. “Las mujeres no abandonamos nuestras luchas, nos desprendemos de nuestros miedos y nos aferramos a nuestros derechos”.

Empresarios nacionales e internacionales han demostrado gran interés durante los últimos años en la exploración y explotación de los recursos mineros en el territorio colombiano. Este hecho ha abierto un debate en los medios de comunicación nacionales y ha contribuido a la movilización de las comunidades donde se adelantan procesos de exploración. Se han generado protestas en pueblos que históricamente han sido netamente mineros, ya que las mismas multinacionales que quieren llevar a cabo actividades de gran minería en territorios donde el renglón económico es otro, también quieren ocupar las minas de estos pueblos como Segovia, Antioquia y Marmato, Caldas.

Son pueblos que llevan poco más de trescientos años extrayendo del río o de las vetas dentro de la montaña, minerales como el oro para intercambiarlo por su sustento diario. El despliegue mediático ha demostrado las visiones que tienen los entes estatales acerca de la minería y de los segmentos empresariales de este sector, y las visiones de quienes rechazan cualquier actividad minera y sus prácticas. Además se ha evidenciado la existencia de varios tipos de minería a lo largo y ancho del país que son hoy el eje central de las disputas entre el Gobierno, la comunidad y las trasnacionales.

En Colombia, cuando se habla de tipos de minería se clasifica en artesanal o barequeo; pequeña o de subsistencia; mediana y gran minería. La minería artesanal o de barequeo consiste en la recolección de materiales preciosos que son arrastradas por las aguas del río desde las laderas de las montañas, o desde los sedimentos del río sobre los que se hace la separación de los “granitos” de oro que se alcanzan a ver. Esta práctica no genera grandes problemas sociales y ambientales, y se convierte en una alternativa económica. Por su parte la pequeña minería o de subsistencia se apoya en herramientas sencillas, como poleas y motores de bajo calibre para extraer y remover la arena, el agua o hacer perforaciones, y no emplea sustancias químicas como el mercurio. Mientras que la mediana y gran minería, que puede presentarse de manera legal o ilegal, utiliza maquinaria pesada, sustancias químicas como el mercurio y en el peor de los casos se vale de grupos paramilitares o contribuye al lavado de dinero del narcotráfico, como se ha registrado en algunas regiones del país.

A partir del año 2001 las diferencias entre pequeña, mediana y gran minería desaparecieron del Código de Minas. Los requisitos y exigencias para realizar cualquier actividad minera fueron estandarizadas, obligando con el paso de los años a que el reconocimiento del “pequeño minero” desapareciera, y se decretó que: “solo son mineros tradicionales, quienes hayan trabajado antes de 1991”, como si la minería no fuera un asunto hereditario históricamente.

Los últimos debates que se han presentado en el país han girado alrededor de si la “pequeña minería” es legal o ilegal. El Estado cataloga de “minería ilegal” a las prácticas que “se limitan a simplemente extraer el recurso de la manera menos costosa y más rápida. La verdadera minería está bajo el amparo de reglas y procedimientos técnicos para extraer el mineral del subsuelo”. Así lo explica Álvaro Ponce, en su libro: ¿Cuál locomotora?

Aunque es sabido que “los pequeños mineros y de barequeo” siempre han existido, el Gobierno nacional sentenció el 25 de febrero del 2015 “las disposiciones trascendentales que permitan controlar acciones en contra de la minería ilegal”, y a su vez, en abril del 2017 diseñó una cartilla titulada: Normatividad para el control a la explotación ilícita de minerales. Allí ratifica que: “A partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, únicamente se constituye, declara y prueba el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado por la autoridad minera e Inscrito en el Registro Minero Nacional”.

El presidente Juan Manuel Santos declaró en el año 2011 para BBC Mundo que “La minería ilegal es una prioridad para las autoridades, se encuentra en manos de grupos al margen de la ley, y en este momento es una actividad importante y de crecimiento fuerte de financiación para el país”. Por su parte Gustavo Wilchex Chaux, experto en la Gestión del Riesgo, señaló para BBC Mundo: “Hay muchos pequeños mineros, que hacen una explotación artesanal, que aunque no tienen licencia, no se pueden catalogar como maleantes”.

Para realizar un contrato de concesión en Colombia se deben pagar derechos de solicitud, demostrar que está habilitado legalmente para contratar, indicar el mineral o minerales de interés, delimitar el área solicitada, señalar las actividades exploratorias que se pretenden realizar, demostrar que tiene la capacidad económica para hacerlo y pagar por anticipado el valor del canon superficiario, una especie de impuesto donde se concreta un monto de acuerdo con la extensión solicitada y se paga hasta iniciada la exploración. Desde allí a este dinero se le conoce como Pago de regalías (Ley 685 de 2001). Estas exigencias de formalización, hasta el día de hoy, son imposibles de cumplir para un minero artesanal o pequeño minero.

Una muestra viva de ello actualmente es el caso de Segovia (Antioquia) y en el pasado el caso de Marmato (Caldas). Javier Marín, vocero de los mineros en Marmato relata que: “los pequeños mineros (de este municipio) tienen una proyección comunitaria del territorio como proceso de transición en la que una comunidad minera busca recuperar su capacidad agraria, pero a su vez, conservar su práctica minera ancestral”, y han manifestado públicamente que quieren formalizarse como lo exige el Estado, pero no les dan la oportunidad porque las exigencias son como para una trasnacional.

Por su parte, los mineros de Segovia, en medio de la desesperación decidieron protestar el pasado 21 de julio, inconformes frente a las políticas mineras que favorecen a la multinacional Gran Colombia Gold, la cual ilegalmente compró una empresa que era de los trabajadores: la Frontino Gold Mines. Esta multinacional también tiene presencia en Marmato; adquirió al parecer más de 100 títulos mineros en la parte del cerro El Burro ubicado en este municipio, y donde se centra la mayor extracción de oro. Finalizado el 2010 la trasnacional empezó a sacar a los mineros porque ella decía ser la dueña y cerró con grandes puertas metálicas las entradas a las minas; además destruyó la mayoría de los molinos de los pequeños mineros que de ellos dependían, y cerca de 822 personas se quedaron sin empleo.

El Gobierno, con sus políticas, ha dejado en evidencia que su preocupación principal no es la situación económico-social de las comunidades que han contribuido a la economía del país a través de esta actividad; más bien, necesita recuperar territorios para la minería a gran escala y considera como una amenaza las Consultas Populares que han tenido impulso en el país para evitar la gran minería. Hasta el momento, no ha mostrado disposición para negociar con los pequeños mineros la construcción de una política que regule y controle sus procesos, porque ya no los reconoce siquiera dentro del código de minas. Los mineros han pensado un sistema minero dentro de sus comunidades para resolver las necesidades que el Estado no ha resuelto, como una manera de sobrevivencia, como estrategia adaptativa a sus territorios; entienden que la auto regulación de la explotación y la construcción de alternativas organizativas son necesarias para su buen vivir, y que en la lógica del Estado o la racionalidad empresarial ellos no existen.

En la Consulta Popular en Cajamarca, Tolima, realizada el pasado 26 de marzo, el 97.7% de los ciudadanos que participaron, no aceptaron la explotación minera de oro en su territorio. La pregunta, diseñada por el Comité Ambiental y aprobada por la Corte Constitucional, fue: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en  el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?

Esta Consulta es la primera de origen ciudadano llevada a cabo en el país. Los habitantes convocaron, a partir de una recolección de firmas, a que se realizara este hecho histórico para Colombia, en defensa del territorio y soberanía. Sin embargo, sus resultados han despertado debate a nivel nacional, cuando al día siguiente se conocieron las declaraciones que en nombre del Gobierno dio el Ministro de Minas, German Arce. Este manifestó que la Consulta Popular fue una decisión política sin efecto vinculante, es decir, que no tiene la facultad de cambiar la ley, porque la Anglo Gold Ashanti ya tiene una licencia de exploración y podría solicitar la licencia ambiental para la explotación cuando lo decida.

Así mismo, Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos de la Anglo Gold Ashanti, aclaró que  “El Consejo de Estado, en la  sentencia emitida en diciembre pasado, adujo que deben respetarse los derechos adquiridos de las empresas que han venido desarrollando actividades con sus respectivos permisos”.  Esta declaración había sido emitida también por el presidente de la Asociación colombiana de minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, en la edición virtual de Portafolio el día 26 de marzo de 2017, mientras eran llevadas a cabo las votaciones: “El Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas”.

La multinacional también argumentó que para el año 2009 recibió títulos legales e inició formalmente trabajos de exploración en la mina “La Colosa”. Este proyecto, ubicado en el municipio de Cajamarca, emergió en ese entonces como uno de los más ambiciosos esfuerzos de la locomotora extractivista, la cual se venía impulsando con fuerza desde el año 2002.

¿Qué dice la Ley?
Existen dos leyes que regulan los procesos de Consulta Popular en Colombia y legitiman la decisión tomada por los cajamarcunos: la ley 134 de 1994 (Art. 8) y la Ley 1757 de 2015 (Art. 4-42). Así mismo, las sentencias 123-2014 (medio ambiente) y la sentencia 273-2016 (autonomía de los entes territoriales).

La ley 134 de 1994, en su Artículo 8, es clara en la medida que explica: “En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”,  y  añade que el  umbral exigido para la validez de la Consulta corresponde a una tercera parte del censo electoral nacional o local, según sea el caso. Si esto es así,  debe de cumplirse la decisión. En el caso de Cajamarca, el umbral fue superado.  

La Constitución Política del 1991 diseñó herramientas para que se hiciera efectiva la participación ciudadana;  la Ley 134 de 1994, nace entonces para  desarrollar  principios constitucionales de la democracia participativa, entre esos la Consulta Popular.
Así mismo, la ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y concretamente en el capítulo IV, Artículo 41, explica el carácter de la decisión y los requisitos por lo tanto: “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los requisitos (…)   debe de votar la tercera parte de los habitantes que aparecen registrados, es decir,  más de  la mitad de la población”.

En el Artículo 42, explica que “Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva”, y para ello el plazo será de dos meses.

Por otro lado, las Sentencias 123 del 2014 y  273 del 2016 de la Corte Constitucional fueron emitidas a raíz de lo consignado en el Artículo 37 del Código de Minas, donde se prohibía a los entes municipales y departamentales excluir la minería de sus territorios y de los POT. Con la Sentencia 273-2016 este artículo fue declarado como inconstitucional, por violar la facultad y la asignación de competencias a las entidades territoriales y su distribución entre ellas y la Nación, consignada en el artículo 151 de la ley orgánica estatuida en la Carta Constitucional.

Por su parte, la Sentencia 123 del 2014, fue emitida a raíz de una demanda que argumentaba que este Artículo 37 estaba “vulnerando el principio de autonomía; además de  impedir  que se cumpla con el deber de protección del ambiente por parte de los concejos municipales”. La  sentencia, entonces, intenta  exponer  que   “el Estado en materia de exploración y explotación minera, (…)  debe buscar  el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio”, y asigna la propiedad del subsuelo y la propiedad de los recursos naturales al Estado (Art 288 y 322). También determina que la intervención del Estado en la economía debe seguir los parámetros establecidos por la ley, y que el Estado es también la población de un territorio, por ende tiene el derecho a regular  y decidir qué se hace en el suelo y subsuelo, si de actividades de explotación minera se trata.

Se han presentado debates alrededor de esto, pero en la práctica el Gobierno Nacional ha sido quien decide y da los permisos requeridos para que se lleven a cabo actividades mineras, por encima de las decisiones de las comunidades que allí se encuentren habitando. Sin embargo, el Artículo 33 de la Ley 136 de 1994 es claro al decir que “cuando haya un proyecto minero o de otra  naturaleza, que amenace con crear un cambio significativo en el  uso del suelo, que cambie la vocación del suelo, se deberá realizar una consulta popular”. Es decir, la realización de esta Consulta es una obligación, no una potestad. En esa medida se está aplicando la ley.

En ese sentido, la comunidad podrá intervenir en esas decisiones y convocar  a una Consulta Popular ya sea como iniciativa propia o del Alcalde municipal, cuando necesite tomar decisiones que puedan cambiar el componente social, económico y cultural en su territorio. En conclusión, la Consulta Popular llevada a cabo en Cajamarca, Tolima, es de carácter legítimo y la decisión tomada por los ciudadanos debería ser de obligatorio cumplimiento.

Otras Consultas Populares llevadas a cabo en Colombia
En Colombia se han realizado Consultas Populares sobre asuntos de seguridad y convivencia, para regular los juegos de azar, sobre la paz, el medio ambiente, la erradicación de drogas con glifosato, los rellenos sanitarios, la restricción vehicular para el día sin carro, los servicios públicos domiciliarios, la educación, la construcción de colegios, entre otros.
Sin embargo, lo que más suena en los últimos meses son las Consultas Populares para la defender el agua, la vida y el territorio de la amenaza que traen consigo las actividades minero-energéticas. Años atrás conocimos la experiencia de Tauramena, en Casanare, la de Piedras, en Tolima, y recientemente la de Cabrera, en Cundinamarca. En las tres, las comunidades rechazaron dichas actividades. Por eso se hizo importante que la  iniciativa se replicara en otras regiones de Colombia.  

En el caso de Piedras, la Anglo Gold Ashanti dirigió en 2013 una carta a la alcaldía del municipio para que considerara la instalación de dicha infraestructura dentro del POT -Plan de Ordenamiento Territorial-, como ya lo había proyectado en Cajamarca e Ibagué. Por eso se adelantó un fuerte proceso de movilización en contra de los impactos sociales y ambientales que podría traer esta irrupción, como la contaminación del agua con cianuro y otros elementos de alta peligrosidad para la vida, y el despojo de terrenos para la implementación de la infraestructura necesaria para las operaciones de tratamiento del material removido.

Se llevaron a cabo  audiencias públicas y tutela, y  finalmente la Consulta Popular, que se realizó el 28 de julio de 2013, con lo cual los habitantes del municipio y las organizaciones sociales y ambientales que los apoyaban pusieron de manifiesto la oposición total al proyecto La Colosa.

Consultas Populares próximas a realizarse
Cumaral, Meta, se suma a la lista de Consultas Populares que se llevarán a cabo a lo largo del país, en defensa del territorio. El Alcalde de Cumaral ha hecho pública la decisión de convocar el próximo cuatro de junio a una consulta frente a la explotación de hidrocarburos en el municipio. Los habitantes de este municipio del Piedemonte llanero decidirán sobre la vocación de sus suelos: continuar siendo despensa alimentaria o permitir la explotación petrolera.
La alcaldía del municipio se dio a la tarea de exponer  el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 009 de 2012, celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, también llamado Proyecto Llanos 69 –LL69,  señalando que “afectará de manera irreparable el recurso  hídrico contenido en:  ríos, caños, nacederos, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten a otros municipios distintos a Cumaral como: El Calvario, Restrepo, Villavicencio y Medina, en los departamentos del Meta y Cundinamarca”.

Por otro lado, en Ibagué, Tolima, la Consulta Popular es promovida por su  alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el pasado 4 de enero de 2016, quien presentó la propuesta de la mano de comités ambientalistas. El 29 de febrero el Concejo municipal dio el visto bueno a la Consulta, y el 29 de junio el Tribunal Administrativo del Tolima declaró constitucional la pregunta propuesta por el alcalde Jaramillo. Esta fue programada para el 2 de octubre, y luego pospuesta para el 30 de octubre por ser el mismo día en que se realizaría el Plebiscito Especial para la Paz.

Sin embargo, días después fue suspendida de manera provisional, producto de la demanda emitida al Consejo de Estado por Alberto Enrique Cruz Tello,  representante de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, quien argumentó que la pregunta no era clara y podrían verse afectadas las actividades mineras llevadas a cabo en el departamento del Tolima desde hace varios años. El 12 de diciembre, se volvió a contemplar la posibilidad de llevar a cabo la Consulta; el Alcalde presentó la nueva pregunta al Concejo municipal buscando su aprobación, y por consiguiente del Tribunal del Tolima.  "Lo que se votará es si Ibagué quiere tener su suelo de vocación minera o agrícola con protección del agua", señaló el Alcalde. Hasta el momento no se han dado más declaraciones. Y se desconoce cómo va el proceso.

En tercer lugar está Pijao, Quindío. En pocos meses se llevará a cabo la Consulta en este municipio, pero aún no se ha establecido una fecha concreta y se desconoce la pregunta. Son 23 títulos mineros los que amenazan la vocación agrícola y cafetera del municipio. La Agencia Nacional de Minas (ANLA) ha informado que de los 42 títulos  otorgados a municipios como Salento, Córdoba y Pijao, el 70% están en proceso de renuncia, todos corresponden a explotación de oro y ninguno está en actividad. Pero los quindianos continúan trabajando para que se lleve a cabo la Consulta en Pijao, y este 17 de abril se conoció la noticia de que Calarcá, Quindío, también se prepara. Las comunidades quieren ratificar  y blindar sus territorios. No piensan aprobar ninguna actividad extractivista que ponga riesgo el agua, la vida y el territorio.

En cuarto lugar, Marmato, Caldas también ha acudido a este mecanismo de participación. En este municipio la situación es muy particular, pues sus habitantes llevan más de trecientos años practicando la pequeña minería, y hoy  también se ven afectados por la minería a gran escala a título de La Gran Colombia Gold. “Las comunidades indígenas, los afrocolombianos y los mineros tradicionales de la población trabajan en reuniones independientes, con la asesoría de expertos, para preparar sus puntos para la discusión con las autoridades nacionales”, informó para El Tiempo un ex personero municipal que ha participado de manera activa en el proceso.

La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio por medio de una Consulta Popular debe dejar una lección para el caso de Marmato. Por eso emitió un comunicado en el que invita a las autoridades locales "para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio".

La  empresa Gran Colombia Gold  se encuentra desalojando a los habitantes del municipio de Marmato hasta una pequeña vereda llamado El Llano. Poco a poco las familias son ubicadas allí y con los dineros que deben ser invertidos bajo la directriz del Gobierno: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que es un compromiso social que tiene una empresa que se encuentra explotando y generando impactos en un territorio y a su comunidad.

En quinto lugar, está Paujil, Caquetá. La comunidad se encuentra recolectando firmas para llevar a cabo la Consulta Popular: “ya son más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, las recolectadas para la realización de una consulta popular que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región”, según documenta El Tiempo. Martín Trujillo, vocero de esta iniciativa ciudadana, dice que en los próximos días esperan completar 4.000 firmas recolectadas, que serían posteriormente revisadas por la Registraduría Nacional, la cual, en un plazo de 20 días ordenaría a las autoridades correspondientes fijar la fecha para la realización de la Consulta. Los promotores de esta Consulta estuvieron en Cajamarca para aprender de la estrategia de campaña utilizada en el municipio tolimense durante la época previa a las votaciones, y posteriormente replicarla en su territorio.

Por último, cabe mencionar el ejercicio pedagógico, de organización y movilización que vienen llevando a cabo diferentes procesos en todo el país, y que buscan en la Consulta Popular una determinación frente el uso de sus suelos y el futuro de sus territorios. Es el caso, por ejemplo, del Cinturón Occidental Ambiental, COA, que trabaja en municipios del Suroeste antioqueño en contra de la explotación de oro en manos de la Anglo Gold Ashanti, y para declarar esta región como un territorio sagrado para la vida.

Estas iniciativas, realizadas o por realizar, muestran con firmeza cuál es el futuro que desean las comunidades para sus territorios. La Consulta Popular es tal vez el único mecanismo que les queda para detener las actividades minero-energéticas que cambian la vocación de su suelo y degradan el medio ambiente. Sin embargo, el debate frente a su validez continúa, y es incierto quién ganará en esta pelea.

Fuentes:
La BBC; El Tiempo; El Espectador; Dejusticia.org; ElOlfato.com (Medio local en Ibagué, Tolima); Portafolio.co; Justiciaambieentalcolombiana.org.
Ley estatutaria 1757 de2015;  Ley estatutaria 134 de 1994; C-123-14; C-273-16; Registraduría Nacional; EJAtlas.

Wednesday, 29 March 2017 00:00

El regreso del “Tesoro Quimbaya”

La Cultura Quimbaya es reconocida por el impresionante diseño de las piezas que elaboraban con una aleación entre cobre, plata y oro, cuyo proceso se denomina Tumbaga. Algunos antropólogos han revelado en sus estudios que aunque existen restos de hace 10.000 años, hacia 1530 se encontraban organizados bajo una Federación, ubicada en Chinchiná. Esta sería entonces la que lucharía contra los saqueadores españoles que entraron a su territorio en 1539 atraídos por el oro que poseían. Producto de las rebeliones de 1542 y 1577, los Quimbaya terminaron sometidos y diezmados. En 1539 existía un promedio de 20.000 de ellos, pero en 1628 no quedaban más de sesenta, y en 1700 desaparecieron.

El 18 de diciembre de 2006, el abogado Felipe Rincón Salgado interpuso una demanda de acción popular con el objetivo de que 122 piezas pertenecientes a lo que se conoce como el Tesoro Quimbaya, regresen a Colombia. Estas se encuentran exhibidas en el Museo de América en España, desde que el presidente Carlos Holguín Mallarino en 1892 decidió obsequiarlas a la reina de España, María Cristina de Habsburgo, bajo el argumento de agradecer su apoyo en una querella fronteriza con Venezuela y conmemorar el IV Centenario del descubrimiento de América, celebrado en España y en los Estados Unidos.

En el año 2009 esta demanda llegó a estancias judiciales, valiéndose de que el acto de Holguín para aquella época fue llevado a cabo sin el consentimiento del Congreso y por tanto fue un acto ilegal. Rincón aseguró que España debía regresarlas puesto que "hacen parte del patrimonio cultural y arqueológico del país". El juzgado 23 administrativo de Bogotá ordenó que las entidades correspondientes “iniciaran y llevaran hasta su culminación, todas las actuaciones de orden administrativo, jurídico, diplomáticos y económicas inclusive que sean necesarias tendientes a repatriar o readquirir las 122 piezas de oro de la cultura Quimbaya”.

Pero según el periódico El Tiempo, “el 17 de febrero del 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo y negó la petición del tutelante, afirmando que no probó la vulneración de derechos colectivos. El caso escaló al Consejo de Estado, que el 2 de junio del 2011 se abstuvo de revisar la sentencia”.

Rincón interpuso entonces una nueva tutela emitida al Consejo de Estado, donde solicitó al juez que “se deje en firme el fallo de primera instancia que ordenó readquirir las piezas de oro”. Esta fue rechazada nuevamente, por lo que el caso llegó a la Corte Constitucional y el magistrado Rojas Ríos convocó a una audiencia pública para tomar una decisión final sobre el caso de la Repatriación del Tesoro Quimbaya.

El 28 de enero del año 2016, desde la Corte Constitucional la secretaria jurídica Cristina Pardo manifestó que para la época no se le podían establecer las labores al entonces presidente Holguín Mallarino en el exterior, y por su parte Patty Londoño, canciller encargada de llevar el caso, dijo que el presidente tenía autonomía para manejar las relaciones exteriores y sus actos, por tanto tenían legitimidad, validez y legalidad, y añadió que no existían recursos jurídicos para obligar a España a regresar las piezas.
El delegado de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro Novoa, aseguró que una de las razones para que el Tesoro fuese reintegrado es que "el Tesoro Quimbaya no ha sido estudiado a profundidad ni en Colombia ni en España, lo que significa que hay una laguna en el conocimiento de esta cultura”, e insistió en que la Corte Constitucional debía ordenar al Ministerio de Cultura "adelantar gestiones administrativas necesarias para conseguir la repatriación".

Esto aunque en el año 2011 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya había expuesto en su página web que “en colaboración con el Museo de América de Madrid, estudiaría con los últimos avances en técnicas de observación y análisis no destructivo el conjunto de piezas de metalurgia precolombina” pretendiendo conocer a profundidad los procesos de fabricación, montaje y uso del conjunto arqueológico conocido como Tesoro de los Quimbaya, de Colombia. Para ello, los objetos fueron trasladados desde el museo a dos laboratorios, donde serían examinados. Los resultados fueron publicados en mayo del 2013 en el Journal of Archaelogical Science.

El director del área de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, Fernando Vicario Leal, asegura que es imprescindible "defender el regreso por un efecto simbólico para la creación de una nueva realidad cultural", y añadió que España debe devolverlo “como un buen gesto que constituye un acto de construcción de cultura”.

El 23 de febrero de este año la Corte Constitucional tuvo programado en el orden del día el fallo para este caso que viene estudiando durante los últimos cinco años, y parece ser que podría salir a favor de la repatriación y conservación del patrimonio del país. Para ello existen solo tres acciones que podrían garantizar la entrega por parte de España. La primera es que el presidente Juan Manuel Santos llegue diplomáticamente a un acuerdo con este país; la segunda, es solicitar apoyo de la Unesco; y la tercera, implantar una demanda al gobierno español.

Fiebre del oro
En el pasado, España saqueó y esclavizó las culturas precolombinas que se encontraban habitando estos territorios, producto de sus prácticas orfebres, pues la Corona española estaba en una crisis económica. La fabricación con oro de vasijas, cascos, coronas y prendedores, se encargó de mostrar a los españoles que estas eran tierras ricas en recursos.

Por eso, durante la época colonial, miles de kilos de oro labrado y modelado por los precolombinos terminaron fundidos y desapareciendo a causa de la famosa “fiebre del oro” y a través de la guaquería, que se extendió hasta el último cuarto del siglo XIX y que contribuyó al crecimiento de poblaciones como Pereira (Risaralda), y Armenia y Calarcá (Quindío). De hecho, las piezas que Holguín Mallarino obsequió fueron encontradas por un guaquero en la vereda Soledad de Filandia (Quindío) y compradas a este por su gobierno. Por eso el Tesoro no debe ser visto como un conjunto de riquezas sino como un legado cultural.

Según el Boletín Cultural y Bibliográfico de El Museo del Oro, “Será la Ley 48 de 1918, casi 30 años después del hallazgo, la que declare los objetos precolombinos como pertenecientes a la historia patria y prohíba su destrucción y libre destino sin permiso del Ministerio de Instrucción Pública. Pero habrá que esperar dos años más, a 1920, para que se apruebe una nueva ley que prohíba su salida del país sin autorización”.

Aún no se sabe si España devolverá las piezas que en Colombia, y sobre todo en el Quindío, se reclaman. El Tesoro Quimbaya empieza a cobrar otro sentido para este departamento y sus habitantes, al entender que fue un territorio habitado por una cultura que sobrepasó los límites del ingenio para su época, explica el abogado Felipe Robledo, que hace parte de la Academia de Historia del Quindío, y quien se encuentra trabajando por la repatriación y el regreso de las piezas al departamento del Quindío.

Han manifestado desde el Museo de América, donde se custodia, que “El Tesoro llegó a España en 1892 de forma totalmente legal y gracias a la generosidad del pueblo y del Gobierno colombianos en época republicana, por iniciativa de su presidente Holguín Mallarino, aunque fue entregado por el siguiente gobierno de Rafael Núñez como regalo institucional a la Corona Española”.

Desde el 8 de diciembre de 2016 se han registrado varios derrumbes en la ladera periférica del vaso Las Azucenas, que hace parte del basurero en el predio de Villa Karina, ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío. Por este motivo se encuentra cerrada la vía que une la variante de Chagualá cerca al municipio de Calarcá, con La Nubia en Salento. Los habitantes se han visto obligados a buscar vías alternas y a cruzar por el municipio de Salento para conseguir llegar al poblado y realizar sus diligencias. Por suerte estos derrumbes en la vía aún no cobran vidas humanas.

Ambientalistas del municipio de Calarcá y campesinos de la zona han presentado fuertes denuncias debido al mal manejo que se le han dado a los lixiviados que de allí brotan y que provocan impactos ambientales serios como la sequía de varios nacimientos de agua que existían antes de la construcción del basurero y de su vertimiento a las quebradas; el riesgo de que la infraestructura colapse y que todos los desechos terminen en la quebrada Agualinda y la Duquesa, afluentes del río Quindío; y el posible represamiento del caudal de la quebrada El Crucero, ocasionado por el movimiento de tierra desde la base del borde norte del vaso Villa Karina. Al respecto, Enrique Díaz, campesino de esta zona, denunció que este riesgo de represamiento del caudal de la quebrada puede arrasar con su vivienda ubicada a unos metros de allí.

Por otro lado, la emisión de fuertes gases a la atmósfera genera molestias respiratorias para los campesinos, quienes desde que inició el proyecto han realizado denuncias sobre el mal manejo de este tema. A todo lo anterior se suma la desvalorización de los predios y la acidificación de los suelos.

María Rubenia Londoño López, presidente de una de las Juntas de Acción Comunal, se ha encargado de enviar reiterados derechos de petición al director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ). En el último, enviado el pasado 8 de junio de 2016, manifestó: “Solicito dar respuesta definitiva a la Resolución No. 130 de febrero de 2003 otorgada a la entidad Multiproposito. (…) Desde el momento y de acuerdo a sendos derechos de petición que las veredas afectadas han remitido a su despacho, así como en reuniones, (…) en el consejo municipal de Calarcá, usted, manifestó, que debía tomar una decisión”. El tiempo se cumplió y no hubo solución.

El director de la CRQ dijo al respecto: “La respuesta definitiva a la Resolución No. 130 de febrero de 2003 que otorga a la empresa Multiproposito S.A., para la construcción del parque Ambiental Villa Karina, nos permitimos consignar los siguientes comentarios: el proceso en mención viene siendo tramitado bajo las indicaciones señaladas en la Ley 1333 de 2009 la que contempla que se debe de pasar por una serie de etapas como la indagación preliminar, iniciación del procedimiento sanitario, notificaciones(…), el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 señala: La autoridad ambiental competente, procederá a formular cargos contra el supuesto infractor de la normatividad ambiental de hallarlo culpable”.

Luego de conocer esta respuesta, el ambientalista Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos de Calarcá, manifestó de forma pública que “tanto la empresa Multiproposito S.A. y la Corporación Autónoma Regional Quindío (CRQ), insisten en afirmar que los deslizamientos no tienen nada qué ver con el basurero Villa Karina, siendo entonces un claro intento por ocultar la gravedad de lo que está ocurriendo”.
En este momento la CRQ continúa revisando cada una de estas etapas, que en total son quince. Y hasta que sea terminada esta revisión, no se podrá proceder a cerrar definitivamente el relleno sanitario, y a sancionar a la empresa Multipropósito y su principal accionista Jorge Arturo Sanabria.

El ingeniero Edison Vélez Higuita, gerente de la empresa Multipropósito dio una declaración al periódico local La Crónica en la que señaló: “El derrumbe hace parte de un movimiento de tierra que se había presentado hace algunos días, pero eso de que se tapó un nacimiento de agua no es cierto. Los nacimientos no se tapan. El nacimiento que está en ese punto no se había tocado nunca. Incluso hace algunos años atrás se había construido un muro de contención para mitigar un posible deslizamiento en la zona”. Además explicó: “Lo que pasó fue que por las lluvias fuertes de los últimos días el terreno se saturó y propició el movimiento de tierra, el cual atendimos en un trabajo conjunto con la secretaría de Infraestructura de Calarcá, quien puso a disposición la maquinaria necesaria para dar paso en la vía”. Sin embargo, los deslizamientos continúan y la vía se encuentra cerrada.

Así nace el basurero en Villa Karina
Para el año 2001, el departamento sufría una crisis sanitaria, y no contaba con un lugar óptimo para verter los desechos generados por los habitantes. El primer territorio que se pensó como viable, estaba ubicado cerca al Mariposario en el municipio de Calarcá. Pero por problemas jurídicos en la compra de los predios, no se concedió el permiso ambiental para la construcción del relleno sanitario a cargo de la empresa Multipropósito, denominada en ocasiones por los habitantes afectados, producto del malestar e inconformidad, como “Mugreproposito”. Para el siguiente año, la empresa compró la finca Villa Karina, y allí inició la construcción de lo que sería el primer vaso del relleno sanitario exclusivo para el municipio de Calarcá, bajo la Resolución 130 del 2003, por medio de la cual se le otorga la licencia ambiental para la construcción y operación del sistema de manejo y tratamiento del municipio; pero años más tarde se convirtió en el vertedero de todo el departamento y departamentos vecinos.

Cuando se inició la obra, la empresa le prometió a la comunidad la construcción de un Parque Ambiental, una Planta de Compostaje y algunos cultivos de heliconias, en compensación a las molestias que causaría durante los siguientes 12.4 años. Pero desde entonces, la empresa ha realizado diferentes jugadas cuando caducan los permisos y la contratación, para la obtención de las licencias ambientales y el diseño de las medidas preventivas conforme a la ley y lo que estipula la Resolución 518 de marzo de 2014. Los habitantes temen verse obligados a dejar sus tierras, porque según estudios de una ingeniera especialista en sismología, el terreno se encuentra ubicado en una zona que presenta fallas geológicas, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo.

La CRQ, que fue quien le otorgó la licencia a la empresa Multipropósitos, igualmente ha sido quien la ha sancionado actuando como juez y parte. La falta de una posición clara frente a tan alarmante caso es lo que más afecta a la comunidad, pues dentro del proceso no ha sido posible conocer los estudios presentados por la empresa Multipropósitos S.A sobre vulnerabilidad por contaminación de lixiviados al acuífero, argumentando problemas por derechos de autor. La CRQ tampoco ha adelantado junto con las entidades gubernamentales las adecuaciones a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y desconoce la problemática que se vive en el departamento, porque además, el relleno Andalucía, ubicado entre el corregimiento de Pueblo Tapado y la Tebaida, y que se está utilizando en este momento, presenta también fallas graves y su vida útil ya se cumplió, por lo que la comunidad está frente a una grave y posible emergencia sanitaria y un eminente desastre ambiental.

Dentro del análisis y acompañamiento jurídico realizado por la abogada ambiental, Johana Suarez, a las comunidades vecinas del relleno sanitario Villa Karina, en las veredas el Crucero, Buenos Aires, Chagualá y Palo Grande, se ha encontrado que en ninguna de las resoluciones que modificaron la Resolución 130 del 28 de febrero de 2003, se cambió la vida útil del proyecto, concluyendo que ésta ya se cumplió, y ni la empresa ni las autoridades gubernamentales han tomado las medidas necesarias para el manejo de los residuos en el departamento del Quindío. ¿Cuál sería entonces la solución, además de cerrar el relleno sanitario y sancionar a la empresa Multipropósitos S.A? ¿Quién es entonces el culpable, la empresa o la entidad ambiental que le otorgó en años anteriores la licencia para proceder?
En el año 2001 existía un serio problema con el manejo de los residuos sólidos, que hoy, 2017, todavía persiste, pero además, existen dos basureros en el departamento del Quindío, un crecimiento urbanístico desmedido y pocas soluciones para este problema ambiental, social y político.

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