Manuel Sebastián Perdomo

Manuel Sebastián Perdomo

Los movimientos estudiantiles en Colombia han luchado durante más de 30 años para exigir sus derechos y los de la sociedad en general. Sin embargo, hoy el país presenta un contexto muy distinto en algunos escenarios, y sus mecanismos de manifestación parecen estar cambiando mientras la resistencia continúa.

 

La historia de los movimientos estudiantiles es un tema apasionante, pues, como menciona el vicerrector de la Universidad del Rosario, Richard Santamaría Sanabria, en su texto La importancia del movimiento estudiantil en Colombia, la relevancia de estos se debe al “reconocimiento del valor inmutable del estudiantado y su significancia dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia”. A su vez subraya que “las grandes reformas constitucionales que conllevan una real conmoción en el funcionamiento del estado se han gestado con un papel protagónico y contundente del movimiento estudiantil colombiano”.

En ese sentido, la lucha de los estudiantes en Colombia ha sido efectivamente vital para que la sociedad reconozca las distintas coyunturas que ha atravesado el país, pasando el surgimiento de grupos armados ilegales, los grandes cambios legislativos, y hasta por expresiones de resistencia ante la violencia armamentista.

Actualmente, el contexto es significativamente otro, aunque no por ello menos adverso. El país vive un proceso de paz con dos de los grupos armados más influyentes en la historia del conflicto armado colombiano, y en teoría los escenarios de lucha están cambiando, pero la estigmatización, la represión y las amenazas aún existen.

Una lucha que cambia, pero no termina
El diario El Espectador recordó en junio de este año cuando en 1971 se llevó a cabo una de las movilizaciones estudiantiles más grandes en la historia del país, uniendo a universidades privadas y públicas, gremios y sindicatos bajo una consigna: “Por una educación nacional, científica y de masas”.

Las protestas habían empezado en enero, pero el suceso que desencadenó en tal paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato de 20 personas en la Universidad del Valle, el 26 de febrero de ese mismo año.

La represión incentivó a la unión de las distintas asambleas estudiantiles plasmada en el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, documento que proponía seis puntos. El más importante hablaba de abolir los Consejos Superiores Universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero (sectores extrauniversitarios), y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno.

El paro duró hasta septiembre y cerró en un común acuerdo entre estudiantes y el Estado, donde se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972.

Esa fue una de las primeras luchas que lograron visibilizarse a nivel nacional y, por ende, una de las victorias más importantes obtenidas para el movimiento estudiantil.

Hoy parece ser que diversos factores han reducido al movimiento, la unidad y a la movilización. O al menos eso afirma María Fernanda Uribe, estudiante de Ciencias Políticas y miembro importante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, pues para ella la lucha de los estudiantes universitarios ha perdido fuerza por una situación imperceptible: la edad. Y es que en las mismas inducciones que se realizan cada año en su universidad, se encuentra con estudiantes de hasta 15 años de edad. Para María “salir del colegio a los 15 años y llegar a un mundo tan grande como la universidad” es muy fuerte para ellos. Por lo tanto, vincularse a una lucha estudiantil que represente una mejora a nivel educativo, social o político es exigirle demasiado a un joven de esa edad.

Sin embargo, María Fernanda sostiene que el papel trascendental del movimiento estudiantil no es el único que ha decaído, pues, desde su punto de vista, las organizaciones políticas dentro de la universidad también están en un mal momento. María Fernanda dice que ha tratado de ser enfática en cambiar las formas de transmitir las ideas a la gente, pues puede ser otro gran motivo de la tangible falta de unidad. María lo propone con tal de incentivar a la participación y a adaptarse a las nuevas generaciones que van llegando a la academia universitaria.

Así las cosas, “ocurre que cuando se convoca a las marchas la gente a veces sale y a veces no”. Según María Fernanda, esa situación se debe a que hay métodos de convocatoria desgastados. De la misma forma, considera que en este momento el movimiento estudiantil se encuentra en un limbo ya que no se decide a la hora de proponer e implementar esos métodos los cuales se reducen al gusto de unos y se convierten en un repelente para las distintas voces que pretendan involucrarse.

Soranny Moncada, estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante desde hace más de cuatro años de la organización Proceso Nacional Identidad Estudiantil, agrega que la problemática se podría deber en gran parte a una marca de temor creada por el paramilitarismo dentro y fuera de la universidad, que prevalece y sin duda cumplió su objetivo dividiendo y señalando al estudiante que quisiera integrarse en una organización social o estudiantil.

¿Por qué están luchando hoy los estudiantes?
Los estudiantes siempre se han vinculado a las luchas que proponen los distintos sectores sociales que se empeñan en exigir sus derechos, nunca sin olvidar sus necesidades. De esta manera, para Soranny hoy hay un problema clave para resolver: la desfinanciación.

Soranny explica que, aunque hace 10 años los movimientos estudiantiles estaban más atomizados regionalmente y hoy están más articulados a nivel nacional, falta superar esa barrera de unidad concertando las necesidades puntuales, apuntando a la construcción de paz, que abran espacios dentro de las mismas universidades.

Los casos específicos actualmente son el decreto 2034 y el programa Ser Pilo Paga (SPP). El primero, una reforma a la educación, y el segundo, para las organizaciones estudiantiles, una beca abstracta y egoísta. Ambos son para Soranny y muchos estudiantes, unas políticas aplicadas como forma de privatizar la educación. Según Soranny, se está eligiendo una estrategia política y económica por encima de una necesidad social, y siempre ha sido así.

Por lo tanto, la lucha estudiantil siempre tendrá cómo resistir y contra qué luchar, porque esa chispa de rebeldía necesaria para confrontar y reclamar sus derechos no desiste. Las expectativas de los movimientos de los estudiantes se basan en superar errores pasados y lograr la unidad que requieren para asumir los retos que década tras década no disminuyen, sino que, todo lo contrario, se reproducen sistemáticamente mientras atentan contra sus derechos.

La apertura del mercado a nivel global modificó todas las reglas de la producción nacional, y en el caso de las industrias, las textileras en Colombia no fueron la excepción. Antioquia, el departamento más golpeado.

La industria textilera en Colombia fue una de las producciones más importantes para el país. El problema llegó cuando la globalización impuso ciertas reglas no escritas que obligaron a modificar las estrategias políticas y de mercado para los confeccionistas y las textileras.

En Medellín, Antioquia, se encontraba la tradicional Coltejer, hoy en manos de la compañía mexicana Kaltex, y Fabricato-Tejicondor, empresas textileras que trabajan a partir de algodón y sus mezclas. Para el 2008, producían el 34% del tejido nacional. Estas generaban más valor agregado que en Bogotá, y dedicaban más del 40% a la exportación, mientras la industria bogotana destinaba el 90% de su producción al consumo interno.

Hoy en Colombia las cifras son contundentes. Según la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017, y la producción de productos textiles 8,8 %.

Sin embargo, Álvaro de J. Rendón, empresario y quien trabajó para la Industria del Vestido, una planta de confección en Medellín, sentencia que todo es culpa de la CCCyA. Y es que, en teoría, esa cámara tiene como objeto promover la Industria de la Confección a nivel nacional e internacional, además de representar y defender los intereses generales del sector. Sin embargo, Rendón resalta que este órgano de consulta ha hecho que las textileras ahora sean sólo picadoras de telas.

Por otro lado, las plantas satélites, es decir, las personas que confeccionan desde casa y trabajan como terceros, están siendo explotadas y todos sus derechos laborales son violados. Para Álvaro Rendón, la situación se ha convertido en un problema social ya que este método de contratación genera esfuerzos abismales para quienes laboran en sus plantas satélites, conformadas principalmente por mujeres. Ellas trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, y se ven sometidas a redoblar esfuerzos y a abandonar a sus familias. En otras palabras, los comerciantes se benefician mientras los confeccionistas son víctimas.

Los talleres satélites de la confección le solicitan al senador Luis Fernando Velasco, promotor de la CCCyA, que con la misma presión que ejerce al Gobierno nacional para mejorar condiciones de la Cámara de Confecciones, exija mejora en la vida laboral y los precios de la confección, pues son las que más generan empleo a nivel nacional.

Este año la CCCyA ha venido advirtiendo una crisis monumental para la industria textilera, y dice que las expectativas son mínimas. Hoy son más de 200 mil empleos perdidos, y la cifra va en aumento. Las textileras esperan a que el Ministerio del Trabajo se pronuncie al respecto. Con ese panorama, la pregunta que se formulan los confeccionistas es: ¿Qué solución les están dando a los operarios de los talleres satélites de la confección?, porque de seguir siendo explotados, la industria textilera colombiana estará pronto contando sus días.

Friday, 08 December 2017 00:00

Un patrimonio que no termina de ser pagado

En el 2005 se concretó la venta de Telecom, una de las entidades públicas más importantes para Colombia. Han pasado 12 años y los exempleados siguen reclamando por sus derechos

 

Desde 1991 se escuchaban ecos de la posible privatización a la línea telefónica más importante del país. Una década después, en 2001, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la máxima autoridad de planeación, publicó un acta en la cual indicaba unos lineamientos para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, partiendo fundamentalmente de las nuevas fuerzas del mercado.

Luego, el 10 de junio del 2002 desalojaron a los trabajadores de Telecom y el 12 de junio publicaron los decretos para liquidarlo. Ahí empezó el sufrimiento para casi dos mil personas que se vieron afectadas por distintas consecuencias de la venta forzada de Telecom, y todas relacionadas con la irresponsabilidad del Estado.

¿Quiénes fueron los afectados?
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de autorizar la venta de Telecom, y básicamente se dictaminaron dos años para el proceso legal de liquidación, y otros 15 años para cumplir tal abolición.

Sin embargo, Gonzalo Díaz, expresidente nacional del sindicato de Técnicos Telecom, afirma que los sindicalistas, aforados y no aforados, no alcanzaron a entrar en la tabla de indemnización que otorga el Gobierno.

Gonzalo explica que inclusive los que estaban a punto de pensionarse y presentaron demandas durante y después del 2005, año en el que se desarrolló directamente la erradicación de la cuenta de Telecom, no tuvieron la atención de los juzgados donde remitieron su pronunciamiento, debido a que, supuestamente, su situación estaba en proceso.

Esta determinación alojó cerca de unos 2000 afectados, de los cuales, afirma Gonzalo, muchos resultaron como vendedores ambulantes, algunos hasta con problemas mentales, e incluso al borde del suicidio.

La respuesta del Estado
Para el 2010, Gonzalo Díaz y Juan Pablo Sepúlveda, expresidente regional del Sindicato de Técnicos de Telecom, lideraron la construcción de un documento que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pretendían obligar al Estado a responder, pero está estancado y en lectura.

Más tarde, en el año 2014, la Corte Constitucional decretó la sentencia de unificación, la cual fundamentalmente señala al Estado por su negligencia en el manejo de las indemnizaciones y la situación de los pensionados de la antigua Telecom. Con esta, a su vez, consideró una atención especial a padres, madres y discapacitados exempleados para que no sólo recibieran una indemnización, sino que se les reincorporara laboralmente en algún cargo de cualquier entidad pública que requiriera trabajadores.

Aún con ese decreto, el Ministerio del Trabajo, para ese entonces a cargo de Clara López, no hizo nada. De la misma manera, el Ministerio de Comunicaciones se limitó a asegurar que no tenían en dónde meter a los exempleados de Telecom.

Gonzalo asegura que hoy en día no cree en la justicia, pues, para él, sólo responden a ciertos intereses y según el boom mediático que la demanda contenga. Mientras tanto, planea utilizar otros recursos legales al alcance de su mano con tal de exigir lo que a él y a los centenares de afectados de la liquidación de Telecom les corresponde. Gonzalo Díaz pide unidad con las organizaciones sindicales, y confía en que su lucha se consagrará siempre y cuando acuda a sus propios medios para lograrlo.

Así le respondieron desde la Policía Nacional a Margarita Restrepo una de las tantas veces que insistió en conocer dónde estaba su hija, Karol Vanessa, a quien desaparecieron en el 2002 luego de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

Karol Vanessa tenía 17 años y se destacaba por su responsabilidad. Era la mano derecha de su madre, Margarita Restrepo. Junto a sus hermanos, vivía en el barrio Nuevos Conquistadores, y para ese año la Comuna 13 de Medellín afrontaba uno de los episodios más complejos en su historia, pues fue una zona de disputa por el territorio entre ‘paras’ y milicias urbanas.

Aunque Karol era feliz estudiando, su madre tuvo que sacarla del colegio por miedo a una bala perdida, o la angustia de que la desaparecieran. Un poco después, y previo a la Operación Orión, Karol se instaló en una casa de familia en busca de alternativas para ayudar a generar ingresos en su hogar. Se fue a vivir con Estela, una señora que la motivaba constantemente para que saliera adelante. Estela evitaba justamente que Karol dejara de soñar mientras cesaba la guerra con la que tenían que convivir en el sector. 

Así, Karol empezó a trabajar, y ganaba 50.000 pesos semanales. De esa ganancia nunca se compró una muda de ropa para ella porque siempre pensó en su madre, en sus hermanos y en Cristian, el único sobrino que conoció y alcanzó a tener en sus brazos.

Nunca regresaron…

El entonces presidente Álvaro Uribe y la Alcaldía de Medellín, que estaba a cargo del actual gobernador de Antioquia Luis Pérez, autorizaron la Operación Orión, una intervención militar liderada por el ex general Mario Montoya y realizada por más de 1000 hombres entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, que pretendía arrinconar y expulsar a las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, y los Comandos Armados del Pueblo -CAP-, que eran quienes controlaban esta parte de Medellín. Además, según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, unos 3000 paramilitares hicieron parte de la operación.

En el transcurso de la incursión militar, Margarita protegía a sus seis hijos de las balaceras que llovían desde los helicópteros del Ejército y las montañas del suroccidente de la Comuna 13. Colocaba colchones y refugiaba a los suyos en el patio de su casa. Los enfrentamientos duraban largas horas e iniciaban en cualquier momento. Sin embargo, Margarita y su familia lograron salir de esta.

El accionar militar duró oficialmente tres días, entre el 16 y el 19 de octubre del 2002, pero las desapariciones y los asesinatos se extendieron por meses. Inmediatamente acabó la operación, Margarita y su familia se desplazaron a Itagüí. Casi una semana más tarde, el viernes 25 de octubre del 2002, pasó lo inimaginable.

Margarita estaba en el trabajo. Karol la llamó: “Mamá, ¿me dejás ir a San Javier a verme con Jhon y Cristian?”. Margarita le respondió que no. Para ella todavía era peligroso ya que, luego de la operación, en el sector se presentaban allanamientos ilegales y se conocía de algunos secuestros por parte de hombres particulares, que los habitantes de la comuna veían subir y bajar con la Fuerza Pública. El temor seguía palpable. A pesar de ello, Karol logró convencerla. Margarita se limitó a pedirle que no tardara, le echó la bendición y apenas colgó el teléfono sintió, según cuenta, un peso de consciencia… una sensación de no haber cumplido su deber como madre al no responder lo que sus sentimientos le indicaban. Karol Vanessa llegó a la estación del metro San Javier de la Comuna 13 y se encontró con sus dos amigos. Jhon y Cristian nunca regresaron a sus casas. Ella tampoco.

“La justicia en Colombia es mala”

Margarita pasó ese viernes sin escuchar nada de Karol, hasta que decidió salir y buscar a su hija. Indagó en hospitales y hasta en las cárceles de Medellín. Tenía miedo y se sentía débil por no poder hacer nada.

Era un puente festivo y la denuncia de lo ocurrido se la recibieron sólo hasta el martes 29 de octubre. Con las ilusiones intactas, Margarita llamaba a diario para conocer qué pasaba en su búsqueda, aunque no era la única, pues los casos de desapariciones iban en aumento en la Comuna 13, y su miedo crecía cuando escuchaba en las noticias que había un NN en Medicina Legal.

“Ya van 15 años que no encuentran no solo a mi hija sino a muchos otros. Década y media sin saber si está viva, si está muerta, dónde está, quién la tiene, por qué lo hicieron…”. Margarita terminaba de relatar la historia de su hija, y con una mirada perdida y acompañada de lágrimas, cierra: “la justicia en Colombia es muy mala”.

Mujeres luchando por la verdad y la reparación

Los resultados de la Operación Orión fueron 88 asesinatos, 95 desaparecidos y un total de 370 detenciones arbitrarias. Aun así y desde ese entonces, Margarita ha luchado con sus hijos para encontrar el cuerpo de Karol, y ha resistido 15 años la falta de apoyo por parte de los gobiernos de turno. Además, junto a la organización social Mujeres Caminando por la Verdad, a la cual pertenecen otras 143 mujeres entre madres e hijas víctimas de la Operación Orión, está esperando una verdadera reparación por parte del Estado. Justamente a comienzos del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por los excesos de la intervención militar. Este hecho se traduce en que el Estado debe pedir perdón a la sociedad y a las víctimas, y comprometerse con la no repetición de lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha, ni el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez ni el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, han reconocido su responsabilidad.

Por el contrario, el senador del Centro Democrático afirmó, en pleno proceso de paz con las FARC durante el 2016, que “la operación sirvió para pacificar la comuna e iniciar la paz en Medellín”. Sin embargo, luego de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara, brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, comandado por alias don Berna, se apoderó del territorio, y tras su desmovilización, los combos siguieron armándose y enfrentándose por el poder.

Varias integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad han sido ayudadas económicamente. Pero ellas, junto a Margarita, esperan otro tipo de reparación: justicia, verdad y la búsqueda real y exhaustiva del cuerpo de las víctimas mortales. Además, esta organización exige que Álvaro Uribe, Luis Pérez y el ex general Mario Montoya pidan perdón, con el fin de dar un poco de descanso para Margarita y todas las víctimas de la Operación Orión que hoy luchan por demostrarle al país que lo ocurrido aquel octubre del 2002 fue un crimen de Estado.

Sunday, 22 October 2017 00:00

Movete: Una resistencia heredada

El Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Movete, es una articulación de organizaciones sociales, juveniles, ambientales y campesinas que nació en el 2013, por la necesidad de trabajar en conjunto para el Oriente de Antioquia. Este ejercicio de resistencia y defensa del territorio tiene un antecesor en el Oriente antioqueño: el Movimiento Cívico.

 

El Movimiento Cívico, una lucha que no culmina
Desde que el Oriente antioqueño, en la segunda mitad del siglo pasado, se colocó como un polo de desarrollo a nivel nacional e internacional con la construcción de la autopista Medellín - Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, más la expansión urbanística desde el Valle de Aburrá hacia el Oriente cercano y la llegada de las hidroeléctricas, las comunidades empezaron a verse afectadas. Fueron las altas tarifas de energía para esta región productora de la misma, lo que motivó a la conformación del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, quien desde entonces emprendió un ejercicio de organización y movilización.

Beatriz Gómez, oriunda de La Unión, Antioquia, hizo parte del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño desde 1993. Tratando de recordar cómo inició labores la organización, logra acertar con precisión cuando afirma que “hubo muchas personas 'tesas' y 'berracas' trabajando por las comunidades y la defensa de los territorios y del agua”. Doña Beatriz, algo nerviosa y un poco agitada, tal vez por sus 68 años de edad,  de los cuales dedicó más de 30 a la lucha y al Movimiento Cívico, recalca con orgullo que en el Oriente antioqueño se peleó en primera instancia contra uno de los servicios de energía más costosos del país.

Beatriz expresa con altivez que en ese suceso contra la empresa de energía Grupo Unión, quien suministra actualmente el servicio en el municipio de La Unión, inició en 1998, y que los líderes llevaron a cabo acciones de hecho como quemar llantas para visibilizarse. En esos años de tensión, doña Beatriz cuenta que se hacían reuniones clandestinas por el temor a la amenaza y el sometimiento, pero que aun con ello el amedrentamiento logró dispersar a los miembros del Movimiento Cívico.

Sin embargo, manifiesta con una alegría efusiva en su tono de voz que sus dos hijas han heredado parte de esa motivación, por lo que María*, la mayor de ellas, trabajó en la Gobernación de Antioquia y ahora está en la Alcaldía de Medellín debido a sus iniciativas. La otra hija de doña Beatriz, Luz Dary Valencia, junto a su nieta, Alejandra Valencia, se encuentra apoyando organizaciones sociales que se empeñan en defender el territorio en el Oriente, como la Tulpa Comunitaria y el Movete, las cuales actualmente se esmeran por retomar ese mecanismo de lucha.

"El Movimiento Cívico me dejó algo hermoso. Más que miedos, satisfacciones, y le pude abrir los ojos a muchas personas y muchos jóvenes, y el trabajo con la memoria colectiva ha sido fundamental. Hoy la intención por retomarla con la lucha contra el extractivismo es una forma atrevida pero genial de trabajar por el territorio y reactivar la memoria”. - Beatriz Gómez.


Constitución del Movete y los actuales escenarios de conflicto
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño presentó en el 2012 un informe alrededor de la crisis humanitaria dada por la creciente presentación de proyectos extractivos en el territorio; mostró 52 pedidos de concesión para micro o macrocentrales e hidroenergéticas para ese período.

Esta fue la primera motivación, pero no la más importante para el surgimiento del Movete, pues según explica Juan Bernal, quien pertenece a Conciudadanía e integra el movimiento, por otro lado el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) que venía actuando en el Oriente junto a otras organizaciones, visibilizó desde años anteriores las problemáticas con el agua desde esta parte de Antioquia.

En el 2013 se logró juntar la propuesta de la Asamblea Bosques con la planteada por el EDSPP, La primera trataba de identificar las problemáticas adyacentes en los proyectos extractivistas y la segunda proponía el Festival del Agua como mecanismo para unir al Oriente antioqueño, poniendo en claro las actividades mineroenergéticas y las consecuencias que se pretendían en el territorio. De esta manera, y desde el primer Festival, el cual reúne anualmente a unas mil personas, se trabajan cinco líneas: Hidroenergía, la minería, monocultivos, la seguridad y la soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria).

Luego de esto se evaluó el Festival del Agua y se consideró crear un actor para tal manifiesto, por lo que se consagró el Movete y nació oficialmente a finales de noviembre del 2013.

A pesar de lo anterior y la adaptación de las luchas hechas por el Movimiento Cívico, Johan Higuita, un estudiante de la Universidad de Antioquia de 24 años de edad y quien lleva dos en el Movete, asegura que las “movidas” de los gobiernos de turno para conceder terrenos a las multinacionales “generaron principalmente avances en las estrategias paramilitares, quienes legitimaban los proyectos en la región frente a la resistencia que venían desarrollando las comunidades”.

Antioquia está en un momento álgido, por lo que Movete se activó para organizarse, informar y luchar contra las microcentrales, reforzando las relaciones entre las comunidades y adelantando algunas acciones jurídicas para buscar formas de resistencia a estos proyectos, así como germinando movilizaciones que concienticen a las poblaciones del Oriente antioqueño. Lo que se viene en términos de políticas de Estado es preocupante, pero este tipo de expresiones que heredan otras formas de lucha prometen una apuesta solidaria con el departamento, las comunidades y el medio ambiente.

*El nombre de la mayor de sus hijas fue cambiado por petición de Beatriz.

Por Sebastían Perdomo

La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) se pensó a finales de los 90, pero solo hasta el 2003 su creación se concretó tras la necesidad de escuchar a las víctimas del conflicto armado de esta parte de Antioquia. Sin embargo, su lucha se ha diversificado debido a las frecuentes formas de violencia que continúa soportando esta región.

Conflicto y lucha
En el año 1988, en el municipio de Segovia hubo una serie de amenazas mediante grafitis, boletines, cartas, entre otros, donde el gripo ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) prometió acciones violentas contra dirigentes de izquierda. Previamente, entre marzo de 1986 y octubre de 1988, allí y en Remedios, fueron asesinados 16 líderes comunitarios, todos militantes de la Unión Patriótica (UP).

Luego, este grupo ilegal salió a la luz pública y, cuenta el informe del libro Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia (1982 – 1997) escrito por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que las amenazas fueron persistentes contra los miembros de la UP, quienes en gran parte salieron victoriosos en las elecciones del 88 en esta región y donde sus militantes fueron el principal objetivo de estas actuaciones. Más tarde, en octubre de ese mismo año y tras enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Policía, tres agentes murieron, por lo que el Ejército tomó represalias contra la población.

Pero el caso más lamentable ocurrió el 11 de noviembre de 1988 durante un ataque del MRN, liderado por Fidel Castaño, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y 45 heridas. Fernando Álvarez, Representante Legal de ASOVISNA, relata que para la séptima conmemoración de aquella masacre, se llevó a cabo una movilización nacional denominada “Peregrinación a Segovia”, la cual pretendía promover la no repetición de esos hechos.

En 1995, previo a la peregrinación, Fernando asegura que llamaron al Párroco y al Director del Hospital en Segovia a decirles: “les van a faltar tumbas y camas para las personas muertas y heridas que van a quedar”. Esa fue la amenaza que dictaron los paramilitares si continuaban invitando a la peregrinación de aquel año. A pesar del ambiente de miedo que se palpitaba, la caminata se realizó.

Ante estos ataques contra líderes sociales, en el mismo informe se manifiesta que “el último ciclo de protesta (1994 – 1997) marcó el declive progresivo de las manifestaciones de protesta social en la región”. Además, dice que “para comienzos de 1996, los miembros de las Juntas Cívicas que aún permanecían en la región redujeron su trabajo [de protesta social que fue fuerte luego de la masacre de 1988] a una veeduría ciudadana en medio de una estigmatización y victimización crecientes”.

Creación de ASOVISNA
Fernando Álvarez cuenta que tuvo que salir del municipio en 1996 junto a otros compañeros, pues hacían parte de un listado de inteligencia y les sindicaban como insurgentes; un señalamiento con el que siempre, aún hoy, tienen que sufrir. Otros compañeros se quedaron, pero poco a poco fueron saliendo y continuaban su lucha principalmente desde Medellín. El 22 de abril de 1996 se dio una masacre en dos barrios periféricos del casco urbano de Segovia, distantes entre sí: El Tigrito y La Paz. Como consecuencia de esta incursión de paramilitares, hubo 14 personas muertas. Poco después, las investigaciones dieron como resultado la condena de Rodrigo Antonio Cañas Forero, oficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Contraguerrilla Nro. 46.

En 1997 entró a operar el GAN (Grupo de Autodefensas del Nordeste), pero se pudo establecer que tanto los que ejecutaron masacres el 22 de abril, como los que estuvieron ahí ocho meses entre el 2 de enero e inicios de septiembre de 1997, no eran una estructura propiamente paramilitar, sino que estaba compuesto por unas Convivir que operaban desde Medellín, y con la anuencia del Ejército Nacional. Muchos de esos que participaron en los asesinatos colectivos y selectivos, fueron asesinados luego en Medellín para borrar posibles testigos.

Así entonces, el informe realizado por el CNMH y todo lo vivido entre 1986 y 1996 por las dos poblaciones más importantes en esta parte de Antioquia, motivó la conformación de una organización que recogiera las historias de las víctimas del Estado, paramilitares y la insurgencia. En el 2003 y con la participación de 50 personas, se conformó ASOVISNA.

A partir de ahí, la asociación se centró en cuatro ejes:
Investigación; acompañamiento y denuncia; trabajo de memoria y verdad; y acompañamiento judicial. Por ahora han desarrollado principalmente memoria y verdad porque desde la asociación se espera que ambas no queden invisibilisadas.


La construcción de memoria se realiza hoy apartir de la publicación de informes. ASOVISNA le apuesta a esos dos conceptos fundamentales por el contexto actual, los cuales deben ser elaborados por las comunidades y no por una memoria oficial, porque la verdad se diluye y queda en el escenario, afirma Fernando.

Oliva de Jesús Castaño, secretaria de ASOVISNA, una mujer de 67 años que se vinculó a la organización en el 2015, concuerda con Álvarez al afirmar que se trabaja más en memoria y verdad porque saben que hay personas necesitadas de ser escuchadas. En este punto se hacen capacitaciones para que sus miembros puedan enfrentar la situación y mirar qué es lo que realmente pasó con ellos. "Todos tenemos derecho a eso, a la verdad", y subraya que "la voz del Estado no es tan verdad".

Oliva llegó a Medellín desplazada por los paramilitares en Segovia, y se vinculó gracias a una invitación de Fernando. Primero fue desplazada de San Roque, Antioquia (1994); luego cuando vivió en el campo, en Segovia (1997). De allí se fue al pueblo (barrio José Antonio Galán), hizo parte de la Junta de Acción Comunal (JAC), y la desplazaron de Segovia a Medellín (1997). En Medellín también fue desplazada de su barrio Esfuerzos de Paz, en el 2012 y, afirma ella, fue el Bloque Metro.

Ahora, en el acompañamiento judicial se labora en relación a demandas, algunas por desplazamiento, otras por ejecuciones extrajudiciales, y algunas por los hechos del 11 de noviembre de 1988. En la investigación, ASOVISNA ha frenado un poco por las condiciones del territorio. “Primero porque hay unos sectores que tienen control social, y también por la falta de recursos”, asegura Fernando.

La legitimidad social es buena, pues ella está articulada al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y además hace parte de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Cuentan con el apoyo de la Coordinación Colombia - Europa y el Proceso Social de Garantías. En esos escenarios se han podido visibilizar y ASOVISNA tiene cierto reconocimiento.

Hoy la lucha es por motivar a la construcción de la verdad, dejar el miedo, pues no es fácil reconocer que los Policías, como le sucedió a Oliva, desplazan comunidades, o son cómplices y victimarios directos en algunas masacres. Asimismo, el nordeste antioqueño hoy actúa contra un escenario de conflicto social paralelo al armado, en el que la solidaridad de todas las organizaciones sociales es fundamental para afrontarlo, y en el cual ASOVISNA está dispuesta a aportar.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.