La misma sanguijuela

“El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado”. William Faulkner, a quien se le atribuye la frase, nunca dejó claro si era una advertencia o el suspiro de un hombre resignado. Lo que sí está claro es que, al igual que el pasado y la materia, la violencia cambia sus patrones, muta el nombre de sus victimarios, pero nunca desaparece.

Casi cuarenta años lleva una sanguijuela violenta, codiciosa y perversa amenazando los signos vitales del Oriente antioqueño. Las hidroeléctricas fueron su primera manifestación. El mal servicio y los altos costos de la luz, sumados al desplazamiento que provocó la inundación del viejo Peñol para construir la represa de Guatapé, desencadenaron lo que sería un precedente de organización y movilización ciudadana: el Movimiento Cívico del Oriente. La cacería de brujas contra los líderes de la organización demuestra que el Movimiento Cívico fue un actor incómodo para los intereses económicos que descubrieron la riqueza productiva de la región.

A los acicates políticos se sumó la perversa lógica de la guerra armada en la década de los 90.  La población del Oriente antioqueño –sobre todo de sus municipios periféricos- quedó atrapada en un conflicto inmisericorde, de todos contra todos y todos contra todo, entre las guerrillas, los grupos paramilitares, y las milicias del ejército. Veredas totalmente deshabitadas; municipios gobernados por el miedo, el luto, el silencio… el shock, sería el saldo de un conflicto que azotó la región cual plaga egipcia.

Paradójicamente, la presencia de los grupos armados mantuvo vírgenes y protegidas algunas riquezas del territorio, y postergó la ejecución de megaproyectos planeados desde los ochenta. Hoy los fusiles solo truenan en los recuerdos de las víctimas, pero todavía truenan. El fin de la guerra trajo consigo otro tipo de violencia silenciosa que tiene la misma capacidad de destrucción de un mortero, nociva para los vigentes procesos de retorno, y revictimizante con la población retornada.

La riqueza hídrica es la mayor bendición y la peor maldición del Oriente antioqueño. Según un mapa elaborado en el 2016 por Nathalia Ávila, investigadora de la Universidad Federal de Paraná, a las nueve centrales hidroeléctricas activas en el territorio, la locomotora mineroenergética pretendía sumarle otras 39: cinco de ellas se encontraban en construcción, 18 tenían licencia ambiental o concesión de aguas, 12 estaban en trámite de licenciamiento, y cuatro habían sido negadas.  

Dichos proyectos ofrecen regalías, carreteras, escuelas, indemnizaciones, y prometen ser motores de desarrollo y progreso. La oferta seduce a las Administraciones municipales carentes de recursos fiscales y a las comunidades olvidadas por los entes locales.

Al respecto, Fredy Díaz, integrante del Instituto Nacional Sindical, afirma que: “No puedo entender extractivismo sin la violación de derechos humanos. Las tasas más altas de desplazamiento están en sitios donde se han logrado imponer los proyectos hidroeléctricos, mineros o pozos petroleros”. Además, Díaz sospecha que las administraciones municipales apoyan este tipo de proyectos porque suplen obligaciones del Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar las escuelas, carreteras, y parques construidos por las empresas.  

La microcentral El Popal, ubicada en el sector conocido como El Ocho en jurisdicción de Cocorná, es una de las nueve centrales generadores de energía identificadas por Nathalia Ávila. Donde los turistas y los cocornenses antes se bañaban y hacían sancochos, hoy hay letreros que dicen: “Riesgo de muerte”, “prohibido lanzarse de los muros o nadar en este sitio”. A un lado del puente construido sobre el muro de contención, se ven piedras gigantes como huevos prehistóricos desnudos por la merma del caudal, y la Casa de Máquinas que capta el 75% del río para producir 19.9 megavatios de energía. Al otro lado, ronca una retroexcavadora mientras saca sedimento del río represado. Así son los cadáveres de los ríos cuando mueren: tan marrones y estáticos que producen una filosa tristeza.

“Este charco nos daba la posibilidad de que estas comunidades afectadas por el conflicto se volvieran a encontrar, volvieran a construir esos lazos campesinos tradicionales. Al quitarnos el charco nos impiden esa reconstrucción del tejido social, que para mí es una de las grandes pérdidas con este proyecto”, afirma Sebastián Guzmán, integrante de la Corporación Cocorná Consiente que brinda acompañamiento a las personas afectadas por el proyecto, y la cual gracias a la movilización social logró suspender otros dos proyectos energéticos que quisieron asentarse en el municipio.

Benito Guarín, sobreviviente del exterminado Movimiento Cívico e integrante de la Asociación de Pequeños Productores del Oriente antioqueño, ASOPROA, también manifestó su inconformidad con este tipo de proyectos: “Se generan recursos enormes en la región, pero no llegan a los campesinos. El campesino no pasa de arreglárselas para conseguir con qué comer. La vereda La Aurora [zona de influencia de El Popal] en verano es invivible porque la vereda se queda sin agua. Estos proyectos tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, el abastecimiento regional: las 5.000 hectáreas inundadas dejan de producir comida. Al dejar de producir, los alimentos hay que traerlos de afuera y eso encarece el costo de vida”.

Otro ejemplo es San Carlos, municipio donde actualmente funcionan tres centrales hidroeléctricas, y el cual sigue siendo atractivo para las empresas que quieren producir energía. Celsia, filial de la empresa Argos, desde el 2012 llegó al corregimiento de Puerto Garza con la pretensión de utilizar 27 de los 140 kilómetros del río Samaná Norte para construir una hidroeléctrica llamada Porvenir II que producirá 352 megavatios.

La comunidad es reticente al proyecto, entre otras cosas, porque la economía pesquera estaría amenazada con el represamiento del río, y como lo explica Alexis Giraldo: “La central Punchiná ha operado más de 30 años en la zona y, hoy por hoy, no vemos los resultados del desarrollo que nos trae a nuestras comunidades”. Durante cinco años, los habitantes de la zona han conformado ocho comités de concertación para debatir el plan de manejo ambiental presentado por Celsia, solicitar información, exigir la inclusión de análisis no tenidos en cuenta, y llamar la atención de la Administración municipal. La puesta en marcha de Porvenir II aún no empieza, pero Puerto Garza está empecinado en defender “nuestra empresa: el río. La empresa de los campesinos, de los pobres”.

El río Dormilón, en San Luis, también ha sido amenazado a muerte en más de una ocasión. Los Vigías del Río Dormilón conformaron una veeduría ciudadana que recurre a las vías legales y a la manifestación pacífica -en marzo de 2015 caminaron por la autopista Medellín hasta la sede principal de la Corporación Ambiental (Cornare)- para mantener la fuente hídrica libre y protegida de las ambiciones hidroenergéticas. Según los Vigías, la defensa del río no solo responde a motivaciones ambientales, sino también a la preservación de un lugar cargado de simbolismo para el municipio: “El río cierra brechas, ayuda a que el elitismo desaparezca. Ahí interactuamos todos, eso hace que una sociedad sea más equilibrada en términos de relacionamiento”, asegura Evelio Giraldo, integrante de este colectivo.
La amenaza hidroenergética que se extiende por todo el territorio llega hasta el municipio de Sonsón. Son dos las terminales hidroeléctricas que captan las aguas nacientes en el páramo –el cual cumple la función de esponja: en épocas de verano evita la sequía de los arroyos, y en invierno retiene el agua evitando las crecientes y avalanchas-. Las miradas ahora están puestas sobre el río Aures. Los habitantes de las veredas La Loma, Naranjal Arriba y La Habana manifiestan su preocupación por los taludes que provocan las carreteras abiertas por la empresa responsable del proyecto sin tener los permisos requeridos. Además, aseguran los afectados, la empresa vierte los desechos en los nacimientos de agua y la maquinaria pesada deteriora las redes de abastecimiento.

Humberto Blandón, por ejemplo, hace un año que no puede acceder a la parcela donde antes trabajaba. La empresa le impide el acceso porque el terreno está ubicado en la zona de obras. “No nos dejan trabajar, ni nos quieren comprar la tierra”, se queja Blandón.

Las quejas y reclamos de los habitantes no encuentran amparo en la Administración municipal. Wilfran Henao argumenta que la empresa y la Alcaldía se aprovechan del desconocimiento de la población y su poca capacidad organizativa para dilatar los tramites y darle oportunidad de maniobra a la empresa, “es triste que esto terminara en manos de extranjeros”, dice Wilfran. Mientras que Carmenza Carmona sostiene que la problemática es consecuencia de un obsoleto Plan de Ordenamiento Territorial que no se actualiza desde el 2001: “El sector público nunca supo explotar nuestras potencialidades rurales. Ahora llegan los privados y lo aprovechan a su manera”.

Campo sin campesinos
La ambición energética no es el único conflicto socioambiental latente en el Oriente antioqueño. Los proyectos enfocados a la conservación ambiental, amparados en normativas del Gobierno nacional, también son motivo de preocupación.

En San Francisco hay 84 familias adscritas al programa Banco2. El proyecto, diseñado por Cornare y replicado en distintas partes del país, es un fondo que recibe recursos de empresas privadas que buscan compensar económicamente las afectaciones ambientales causadas por sus operaciones. Con ese fondo la Corporación Ambiental les paga a los campesinos que se comprometen a cuidar los bosques y las fuentes hídricas.

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, Andrea Echeverri, integrante de Movete (Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio), plantea algunas objeciones: “Es una amenaza de despojo de los territorios. Lo que hace Banco2 es poner un precio, de alrededor de 10.000 pesos, a la tonelada de carbono emitida. Banco2 permite que se amplíen las fronteras hidroeléctricas, mineras y deforestadoras. ¿Quiénes aportan a Banco2? Empresas contaminantes: Ecopetrol, EPM, Anglogold Ashanti, Asocolflores, Argos, Sumicol Corona. El programa busca proteger los bosques, pero pone condiciones muy restrictivas que desconocen las tradiciones campesinas. Según la lógica, en este país puede contaminar el que puede pagar. Hay gente que la meten a la cárcel por cortar tres frailejones, cuando una empresa puede llegar a cortar tres mil”.

De momento, Banco2 funciona en cinco zonas declaradas por Cornare como áreas de reserva forestal protectora, que abarcan nueve de los 23 municipios del oriente; uno de ellos es Sonsón. Carmenza Carmona asegura que: “En la actualidad hay una conflictividad: los campesinos quieren retornar al territorio de donde fueron desplazados y la Corporación Ambiental y la Administración municipal les dicen que no pueden porque es una zona de reserva forestal. En [el corregimiento] Río Verde les dicen que no pueden tumbar bosque, que no pueden cultivar… Los campesinos preguntan qué pueden hacer y Cornare responde que la información ya fue socializada. La comunidad dice no tener conocimiento y Cornare presenta listados de reuniones donde aparecen estudiantes de la Universidad de Antioquia e integrantes de corporaciones que no tienen nada qué ver. En Río Verde se declararon en desobediencia a la institucionalidad. El campesino no conoce las leyes. El programa de Banco2 les da cada dos meses 600.000 pesos a los campesinos, así tengan 100 hectáreas, les pagan por cuidar dos y el resto no las pueden utilizar. Cornare es el mayor terrateniente que tenemos en Sonsón”. Los campesinos cuentan preocupados: “a mí me pidieron la escritura y, cuando me quiero salir del programa, Cornare no me la quiere entregar, entonces ¿yo soy dueño de la finca o no?”

Andrea Rendón ha investigado la maraña jurídica que hay detrás de las reservas forestales. Rendón encontró medidas que generan suspicacias. En primer lugar, dice ella, “contrastando la caracterización de algunos mapas, en algunos casos, el área delimitada para la reserva está contigua a un embalse. Y en otro caso, el área delimitada del embalse está dentro de una reserva”.  Por otra parte, en las áreas de reserva forestal está prohibido realizar procesos de licenciamientos para construcciones destinadas a salud, educación o vías, pero sí se permite la instalación de redes de transporte de energía o estudios de suelo. Además, muchas áreas de reserva truncan los procesos de reparación a las víctimas del conflicto porque delimitan terrenos considerados baldíos, condición que anula, inmediatamente, cualquier posibilidad de otorgar o formalizar títulos de propiedad.

Por último, Andrea aclara que: “Si se trata de un predio que está en situación de informalidad, ubicado en zona de reserva, el campesino que habita ese baldío no tiene derecho a recibir compensaciones por la casa que construyó, por la cosecha, por las vacas, etc. Eso va en detrimento patrimonial del campesino que de por sí es pobre”. Ante este panorama, Rendón plantea una hipótesis: las áreas de reserva forestal están pensadas para sacar a los campesinos y proteger el agua que utilizarían los futuros proyectos hidroeléctricos.

Durante catorce años Orlando Botero estuvo obligado a vivir en el exilio, por culpa del conflicto armado. Hace tres años regresó a su lugar en el mundo: la vereda La Honda, en el Carmen de Viboral, donde nacen los ríos Melcocho y Santo Domingo. Tras ser declarada como zona de reserva forestal, por los boscosos cañones de La Honda se escuchan ecos de la guerra. “A Cornare lo vemos como ese ente policial que persigue y sanciona. Ellos no quieren que estemos acá, quieren que egresemos a las filas del desempleo, los campesinos estamos en vía de extinción”, dice con una amargura sepulcral.  

Epílogo
Después de visitar una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el Meta, Diego Aretz llegó a la conclusión de que, tal vez, los culpables de la guerra y la violencia, son aquellos “que no quiere[n] acabarla”. Este manto de duda que se cierne sobre el Oriente antioqueño no es nuevo. Si queremos que haya un futuro posible, lo dijo Andrea Echeverri,  “el momento actual nos llama a la unión y un despliegue de creatividad desde los pueblos para enfrentar este modelo que está acabando con la vida”.

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