Edición 134 Diciembre 2017

El pasado 24 de noviembre se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo entre la guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, para darle, por fin, una salida social y política a ese conflicto militar cuya duración superó el medio siglo.

 

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron, es el reconocimiento mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptar que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí: la Mesa de Negociaciones en La Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente, pero sí reconocidos como actores sociales y políticos.

El Acuerdo Final que da fe de ello, es el resultado de un consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país, que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, en el que además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales.

Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general fue el escenario de un diálogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus víctimas. Por efecto, el Documento (Acuerdo Final) reconoce tanto las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también víctima) como de la histórica deuda social que aún hoy el Estado tiene para con el pueblo colombiano.

El estado de salud del Acuerdo Final
Sin pretender “aguar la fiesta”, pero sí reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original), debemos echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos cinco años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta para la construcción de la paz con justicia social y dignidad, tan anhelada y soñada por varias generaciones, y mirar cómo va hoy.

Es imposible ocultar que este proceso desde sus inicios ha sido asediado y atacado por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años, sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional, en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares.

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el Acuerdo Final, toda vez que “este era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'” (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). El resultado de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años, y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.

Posterior a esto y como efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast Track (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), a las manos del Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ejemplo Cambio Radical) y de para-política (ejemplo Centro Democrático).

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas son los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos, a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), así como a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de No Repetición (SVJRNR), para, tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final, tumbando la esencia del Fast Track, y brindando la posibilidad al Congreso de la República para iniciar “estudio” (léase manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma el del cuestionado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos” contra la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (punto 2 del Acuerdo Final), y contra sus dirigentes, amenazando con una pronta persecución jurídica hacia ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco, que se resistían a la erradicación manual, la cual va en contravía a lo acordado sobre la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final), fue atacada a tiros por el Ejército y la Policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacífico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos cómo la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, dio vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, y trasladó lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP quedará a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”.

Así mismo, la Corte Constitucional dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enlutó y sigue enlutando nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final).

Por su parte, los medios masivos de comunicación (RCN, Caracol, City Tv, CM&, Noticias Uno, El Tiempo, El Espectador, etc.), han sostenido un libreto noticioso y de opinión en estos temas de paz y de justicia social con un formato que estigmatiza, desinforma y oculta la verdad. En este caso en particular, han servido de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, poner en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia como único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas, y engañar al país al proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres, de los casi cinco millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros).

Soplan vientos de traición
En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de Paz y su Acuerdo Final, iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios, ganaderos, terratenientes, y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada.

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen, desde sus diferentes vertientes, sin excluir al ejecutivo mismo. Abonan así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con dignidad y justicia social para la presente y futura sociedad colombiana.

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó este proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?

Dicen que algunas no se conocían. Muchas familias huyeron de Machuca pues el recuerdo de sus seres queridos golpeaba tan fuerte que era imposible continuar con la vida. Hijos, madres, padres, hermanos y abuelos de las víctimas del incendio se encontraron allí, algunas llevan en sus cuerpos las huellas de una tragedia que como todas las partes dicen, nunca debió ocurrir.

Tras 20 años de los hechos, los sobrevivientes han continuado, pues no solo las tragedias traen dolor y desgracia; de las tragedias surgen los recursos individuales, familiares y colectivos para seguir. Desde la perspectiva psicosocial, a esto se le llama mecanismos de afrontamiento.

Allí estábamos después de 20 años, aún con la negativa de las partes de generar acciones para reparar, atender y acompañar a las víctimas de la tragedia de Machuca. Una y otra promesa, un arreglo floral cada aniversario en el cementerio, otro rumor de reparación, pero nada de garantías reales de atención e indemnización a las víctimas. Allí nos dimos cita para participar de la presentación del libro Machuca de Gearoid O Loingsigh.

Este, como todos los encuentros de los familiares de víctimas, estaría lleno de emociones, dolor, frustración, rabia, miedo, culpa, entre otras. Estos espacios que ponen en el centro a las víctimas deben contribuir a su recuperación emocional. Por eso deben estar acompañados de acciones psicosociales que eviten el daño y la revictimización; el trabajo con las víctimas no solo requiere de buenas intenciones, también requiere de experticia y cuidado. Cada encuentro con las víctimas debe constituirse como una acción reparadora, es decir que reconozca el dolor de las víctimas, contribuya a la construcción de la verdad y permita la expresión del dolor, la solidaridad y el apoyo mutuo. Fue por eso que me invitaron para compartir con las familias de Machuca un encuentro psicosocial enmarcado en el lanzamiento del libro, pero que tenía como propósito central encontrarse, reconocerse y seguir caminando juntos y juntas.

Fue así como el encuentro se desarrolló en tres momentos: preparación del lanzamiento del libro, lanzamiento del libro y proyecciones organizativas. Tras mi experiencia por más de 20 años en acompañamiento a víctimas en Colombia, hoy tengo certeza que estos encuentros son potentes si se orientan de la manera adecuada, si se brindan las herramientas que permitan que las víctimas puedan resignificar lo ocurrido, identificar los daños, impactos o trasformaciones en su vida como consecuencia de los hechos, finalmente los mecanismos de afrontamiento o resilencia que le permitieron a las personas o colectivos continuar.

Los encuentros con víctimas deben tener un alto componente simbólico, de escucha y de contención emocional. Estos espacios deben propiciar la confianza y solidaridad. Según Paul Pérez la confianza es lo que rompe ante hechos de violencia. El encuentro contó con esta perspectiva psicosocial, se dio inicio invitando a los y las participantes a organizarse en círculo desde la persona mayor, hasta la más joven; algunos no se conocían, otros no se recordaban, otros solo se acordaron cuando se miraron a los ojos y se reconocieron todos y todas como testigos y sobrevivientes de aquel día trágico, que les cambió para siempre la vida. Desde allí se hizo una siembra simbólica de lo que necesitan como proceso de familias sobrevivientes de Machuca. Fue así como los y las asistentes sembraron las semillas de verdad, justicia, paz, reparación, reconciliación, tranquilidad, amor, esperanza, solidaridad, ayuda, entre otras.

Era muy importante el intercambio con el autor del libro, escuchar cuáles fueron las motivaciones para escribirlo. Estos diálogos son importantes y también son actos reparadores. El autor contestó cada una de las preguntas contribuyendo a la compresión de las partes de las expectativas sobre el contenido del libro. Este espacio fue muy complejo para las víctimas, quienes expresaban su rabia, molestia e indignación. Las intervenciones estuvieron centradas en la ausencia de verdad, la responsabilidad de las partes; tras 20 años las víctimas plantean que no han recibido atención por parte del Estado. Tenían dolor y frustración por el no reconocimiento de responsabilidad de Ocensa, y molestia ante la inasistencia de los delegados del ELN a los espacios que se comprometieron.

En el tercer momento, bajo la necesidad de continuar fortaleciéndose como proceso, y construir la verdad desde su propia experiencia, surgieron iniciativas como la de escribir un libro sobre lo sucedido y sobre los sueños y las expresiones culturales que se han convertido en acciones transformadoras.

Pasado, presente y futuro se configuran como un solo momento. El país que queremos necesariamente bebe incluir a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las partes. Solo es posible la reconciliación cuando se transita desde la individualidad a lo colectivo, se resignifica la experiencia y se repara integralmente a las víctimas. Partir de la verdad, la de cada una de las partes, la que transformó la vida de las personas, familias y la comunidad de Machuca. Partir de los impactos que se generaron en todas las dimensiones, los daños permanentes.

Este encuentro terminó cargado de esperanzas, de compromisos e iniciativas. Las familias sobrevivientes de Machuca definieron seguir organizándose, para exigir sus derechos al Estado, Ocensa y al ELN. Se comprometieron con su proceso cada uno y cada una, aportando desde sus dones para evitar que tragedias como estas se repitan. Se compartieron ejercicios de respiración, de distención corporal, y cerramos este encuentro con semillas de girasol, adoptando sus características: buscar el sol que es la sabiduría, multiplicar la experiencia con otros y con otras, y germinar el territorio.

Participar es paz

Después de nueve meses de iniciada la fase pública del proceso de negociación y diálogos de paz en Quito, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este 30 de octubre de 2017 en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, a una media hora de Bogotá, se dio inicio al proceso de consulta sobre el punto uno de la agenda acordada desde el 30 de marzo de 2016 en Venezuela: Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz en Colombia.

Lo primero que hay que dejar claro, según palabras del comandante Pablo Beltrán, y de Consuelo Tapias de la subcomisión de participación del ELN, es que esta no es la participación sino un espacio de consulta con organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, para construir un mecanismo y un diseño que permita desarrollar el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. No debe ser el Gobierno o el ELN el que diga cómo participa la sociedad sino la misma gente la que lo proponga.

En principio, este ejercicio de escuchar a cerca de 225 personas, representantes de igual número de organizaciones e instituciones de la sociedad civil y algunas del Estado, se haría en la ciudad de Quito, pero debates alrededor de la metodología, la logística y los altos costos los condujeron a desarrollar el proceso en Colombia. Por eso decidieron conjuntamente enviar a la subcomisión de participación de la Mesa de Quito integrada por dos negociadoras del ELN: Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y dos del Gobierno: Luz Elena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, para cumplir con la importante tarea de escuchar y tomar atenta nota sobre las propuestas.

Las partes nombraron seis relatores que se encargaron de escuchar detenidamente, sistematizar y sintetizar las exposiciones de cada participante, que duraban 15 minutos cada una. Este delicado trabajo será el insumo a partir del cual las partes de la Mesa de Quito definirán cómo es que se adelantará el proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz de Colombia. Un trabajo que no será fácil, pues a pesar de importantes consensos o coincidencias entre las propuestas, las líneas rojas del Gobierno y los gremios que allí se presentaron, se mantienen.

También, vale anotar que existió descontento entre algunos miembros de la Mesa Social para la Paz, que reúne más de 200 organizaciones sociales y comunidades de fe, por el formato tan conservador que asumió la Mesa de Quito para adelantar estas audiencias previas a la participación. No hubo publicidad en los principales medios de comunicación ni por parte del Gobierno ni del ELN, tampoco fueron invitados los medios al cubrimiento periodístico de las audiencias, y para colmo de males, los jefes de delegación no se presentaron de manera directa a la instalación de un proceso que según el ELN y el Gobierno es la columna vertebral de la negociación. Según la Mesa Social para la Paz, fue una gran falla no aprovechar el inicio de las audiencias para animar a la sociedad y crear un ambiente propicio a la paz en un momento complicado en la implementación de los acuerdos de La Habana, y para la visibilización de la Mesa de Quito que ha pasado de bajo perfil.

Consensos y líneas rojas
Consultados algunos de los participantes en las audiencias, y miembros de la subcomisión de participación del ELN, coinciden en que las audiencias fueron exitosas y que las exposiciones en su gran mayoría cumplieron el objetivo de ofrecer propuestas de participación. En este sentido aseguran que hubo coincidencias incluso entre sectores, gremios y regiones que conservan diferencias políticas e ideológicas.

Algunos consensos son: la participación se debe desarrollar desde los territorios, que es donde se vive con mayor intensidad el conflicto armado y las dificultades de injusticia social. Así mismo, que debe ser de abajo hacia arriba, es decir desde lo local a lo departamental, regional y nacional. Partiendo desde los espacios territoriales como veredas y municipios. También debe ser amplia y plural, o sea que participen todos y todas sin importar partido, etnia, condición económica; en este sentido la propuesta de Gran Diálogo Nacional desde el movimiento social retoma fuerza. Debe aprovechar el enfoque diferencia acordado en La Habana. La mayoría de participantes también propusieron prorrogar y proteger el Cese Bilateral del Fuego.

Aunque no fue consenso, se escuchó de manera mayoritaria que el proceso de diálogos debería trasladarse a Colombia para estar cerca de la sociedad, que es la que recibirá los frutos de un eventual acuerdo. Esto además permite rodear el proceso y dinamizarlo. El otro tema que fue reiterado en casi todas las intervenciones fue el carácter de la participación, para la mayoría debe ser vinculante, o sea decisorio, o sino, dice la gente, para qué se le invita a participar si no es para decidir. Sin embargo, el Gobierno y algunas instituciones y gremios hablan de incidente, o que simplemente recomiende.
Las líneas rojas, que son los temas que según el Gobierno y los empresarios invitados no se pueden ni deben tocar por ningún motivo, y que también se plantearon en el proceso de La Habana, en este caso también fueron defendidos con vehemencia. Por ejemplo que el Modelo no se discute, tampoco la propiedad privada, ni la política minero energética, ni la doctrina militar.

Formas de participar
El 16 de noviembre, con la participación de la región Caribe, los sectores urbanos y las organizaciones indígenas y afros que habían aplazado su participación, finalizaron las audiencias. Las propuestas presentadas, algunas complejas, otras completas y otras muy puntuales, dejan un insumo muy importante en donde se señalan cómo, cuándo y dónde se debe realizar lo que sería un novedoso y dinámico proceso de apertura a la democracia en un país como Colombia que lo pide a gritos.

El concepto asambleario es el más mencionado, es decir la herramienta de reunión en grandes colectivos que permita construir propuestas a partir de temas concretos. Entre ellos se habló de congresos populares, mesas temático territoriales y poblacionales, y cabildos abiertos. En este sentido las mujeres, el sector minero energético y los trabajadores llevaron propuestas concretas. Otros plantearon que estas dinámicas deberían caminar a través de un proceso hacia una gran constituyente.

El Gran Diálogo Nacional y el minero energético y ambiental, son tal vez las herramientas más importantes que se recogen en este ejercicio, porque es a través de estos que se podría llegar a acuerdos básicos y fuertes, entre sectores antagónicos, para adelantar este proceso de participación, al cual aún le falta establecer con claridad los temas centrales, los que deberían salir justamente del ejercicio de diálogo. Sin duda el país merecía haber escuchado y observado en vivo tan importante ejercicio.

Es una obviedad que el mundo esté hecho para los hombres, de clase media-alta, blancos, heterosexuales y de “occidente” (esa denominación simbólica en la que se ubica la población que está empezando a vivir como un estadounidense), por eso, lo común es que queden invisibilizados los referentes culturales ubicados fuera de esa normalidad, incluso cuando son algunos de los artistas más influyentes en su oficio, como es el caso de Alice Guy, una de las pioneras del cine a principios del siglo pasado, de quién se hizo un artículo en números pasados de Periferia.

Tan desconocida es Alice como Marta Rodríguez (por lo menos en el ámbito cultural del país), pero aquí, que siempre estamos en el centro de la periferia, hemos decidido hacerle este corto pero valioso perfil de su obra pasada y sus proyectos futuros. Porque Marta está viva y haciendo mucho cine.

Marta Rodríguez nació en Bogotá en el año 1933 y al terminar sus estudios, en 1951, viajó a Barcelona para estudiar filosofía, pero cambió de opinión e ingresó a la facultad de sociología. En 1957 viajó a París y se dedicó especialmente a ver cine y a establecer contacto con los círculos obreros, a conocer las problemáticas sociales por las que pasa el país y Europa. Volvió a Colombia un año después, donde conoció al sacerdote Camilo Torres y juntos llevaron a cabo trabajos de campo en Tunjuelito, Bogotá.

Un año después volvió a París a estudiar cine, conoció a Jean Rouch, uno de los principales referentes dentro del movimiento conocido como “Cinema verité”, una corriente cinematográfica que usaba como materia prima las imágenes reales, los actores reales y las situaciones que viven las comunidades para narrar una historia sincera. Sus primeros trabajos cinematográficos dieron cuenta de una profunda preocupación por lo social, por esos protagonistas marginales, invisibilizados en la cotidianidad, y por los medios tradicionales de difusión.

En 1965 volvió a Colombia a terminar sus estudios en antropología y conoció al fotógrafo Jorge Silva, con quien realizó uno de sus documentales más importantes de la cinematografía nacional: Chircales (1972), un registro etnográfico, casi sin diálogos, de una familia de Bogotá que de manera artesanal y en las peores condiciones laborales hace ladrillos. Las imágenes de Chircales no necesitan palabras; los rostros, las tonalidades, los personajes y el trabajo cotidiano es el hilo conductor de una historia triste que se repite en Colombia todavía hoy (Chircales se puede encontrar en plataformas de video como YouTube y muy seguramente en cualquier biblioteca del país que cuente con videoteca). La pre-producción de Chircales se realizó con varias técnicas de investigación social como la observación participante, estrategias que evidenciaban un compromiso social y un interés teórico práctico; Marta Rodríguez y Jorge Silva asumirían las cámaras como una herramienta de difusión social y de resistencia política.

Antes de que Chircales se terminara de pos-producir, Marta Rodríguez y Jorge Silva viajaron a los Llanos orientales y grabaron el documental de denuncia Planas, testimonio de un etnocidio (1971), sobre las masacres y torturas de los indígenas guahibos. Con él reciben el presupuesto para finalizar Chirchales y ambas películas ganan la Paloma de Oro en el Festival de cine de Leipzig, Alemania.

Sus documentales siguieron dando voz (es decir, escuchando) a las personas reales y en conflicto, entes de un país olvidado y olvidador. Sus siguientes realizaciones fueron Campesinos (1976), La voz de los sobrevivientes (1980), Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1982), Nacer de nuevo (1987), Amor, mujeres y flores (1989), Memoria viva (1992) junto al documentalista boliviano Iván Sanjinés. Con su hijo Lucas Silva realizó Amapola, la flor maldita (1998), Los hijos del trueno (1999) y La hoja sagrada (2002). Junto a Fernando Restrepo Nunca más (2001), Una casa sola se vence (2004) y Soraya, amor no es olvido (2006).

El trabajo de Marta Rodríguez es sin duda uno de los más importantes en la historia del cine colombiano (y del cine mundial). Su incesante lucha por visibilizar los rostros de Colombia sigue en pie; en este momento se encuentra realizando una campaña para recoger fondos y poder realizar la pos-producción de su más reciente documental: La sinfónica de los Andes. Su obra no es lo suficientemente difundida en un país que olvida fácil, que desdeña la memoria porque sabe que es materia prima de la lucha y la resistencia. Afortunadamente tenemos la palabra, para exigir a los administradores de cultura más difusión y más apoyo a un cine nacional que no pretende vender, sino contar un país con muchas historias pendientes.

 

 

La apertura del mercado a nivel global modificó todas las reglas de la producción nacional, y en el caso de las industrias, las textileras en Colombia no fueron la excepción. Antioquia, el departamento más golpeado.

La industria textilera en Colombia fue una de las producciones más importantes para el país. El problema llegó cuando la globalización impuso ciertas reglas no escritas que obligaron a modificar las estrategias políticas y de mercado para los confeccionistas y las textileras.

En Medellín, Antioquia, se encontraba la tradicional Coltejer, hoy en manos de la compañía mexicana Kaltex, y Fabricato-Tejicondor, empresas textileras que trabajan a partir de algodón y sus mezclas. Para el 2008, producían el 34% del tejido nacional. Estas generaban más valor agregado que en Bogotá, y dedicaban más del 40% a la exportación, mientras la industria bogotana destinaba el 90% de su producción al consumo interno.

Hoy en Colombia las cifras son contundentes. Según la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017, y la producción de productos textiles 8,8 %.

Sin embargo, Álvaro de J. Rendón, empresario y quien trabajó para la Industria del Vestido, una planta de confección en Medellín, sentencia que todo es culpa de la CCCyA. Y es que, en teoría, esa cámara tiene como objeto promover la Industria de la Confección a nivel nacional e internacional, además de representar y defender los intereses generales del sector. Sin embargo, Rendón resalta que este órgano de consulta ha hecho que las textileras ahora sean sólo picadoras de telas.

Por otro lado, las plantas satélites, es decir, las personas que confeccionan desde casa y trabajan como terceros, están siendo explotadas y todos sus derechos laborales son violados. Para Álvaro Rendón, la situación se ha convertido en un problema social ya que este método de contratación genera esfuerzos abismales para quienes laboran en sus plantas satélites, conformadas principalmente por mujeres. Ellas trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, y se ven sometidas a redoblar esfuerzos y a abandonar a sus familias. En otras palabras, los comerciantes se benefician mientras los confeccionistas son víctimas.

Los talleres satélites de la confección le solicitan al senador Luis Fernando Velasco, promotor de la CCCyA, que con la misma presión que ejerce al Gobierno nacional para mejorar condiciones de la Cámara de Confecciones, exija mejora en la vida laboral y los precios de la confección, pues son las que más generan empleo a nivel nacional.

Este año la CCCyA ha venido advirtiendo una crisis monumental para la industria textilera, y dice que las expectativas son mínimas. Hoy son más de 200 mil empleos perdidos, y la cifra va en aumento. Las textileras esperan a que el Ministerio del Trabajo se pronuncie al respecto. Con ese panorama, la pregunta que se formulan los confeccionistas es: ¿Qué solución les están dando a los operarios de los talleres satélites de la confección?, porque de seguir siendo explotados, la industria textilera colombiana estará pronto contando sus días.

En el 2005 se concretó la venta de Telecom, una de las entidades públicas más importantes para Colombia. Han pasado 12 años y los exempleados siguen reclamando por sus derechos

 

Desde 1991 se escuchaban ecos de la posible privatización a la línea telefónica más importante del país. Una década después, en 2001, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la máxima autoridad de planeación, publicó un acta en la cual indicaba unos lineamientos para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, partiendo fundamentalmente de las nuevas fuerzas del mercado.

Luego, el 10 de junio del 2002 desalojaron a los trabajadores de Telecom y el 12 de junio publicaron los decretos para liquidarlo. Ahí empezó el sufrimiento para casi dos mil personas que se vieron afectadas por distintas consecuencias de la venta forzada de Telecom, y todas relacionadas con la irresponsabilidad del Estado.

¿Quiénes fueron los afectados?
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de autorizar la venta de Telecom, y básicamente se dictaminaron dos años para el proceso legal de liquidación, y otros 15 años para cumplir tal abolición.

Sin embargo, Gonzalo Díaz, expresidente nacional del sindicato de Técnicos Telecom, afirma que los sindicalistas, aforados y no aforados, no alcanzaron a entrar en la tabla de indemnización que otorga el Gobierno.

Gonzalo explica que inclusive los que estaban a punto de pensionarse y presentaron demandas durante y después del 2005, año en el que se desarrolló directamente la erradicación de la cuenta de Telecom, no tuvieron la atención de los juzgados donde remitieron su pronunciamiento, debido a que, supuestamente, su situación estaba en proceso.

Esta determinación alojó cerca de unos 2000 afectados, de los cuales, afirma Gonzalo, muchos resultaron como vendedores ambulantes, algunos hasta con problemas mentales, e incluso al borde del suicidio.

La respuesta del Estado
Para el 2010, Gonzalo Díaz y Juan Pablo Sepúlveda, expresidente regional del Sindicato de Técnicos de Telecom, lideraron la construcción de un documento que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pretendían obligar al Estado a responder, pero está estancado y en lectura.

Más tarde, en el año 2014, la Corte Constitucional decretó la sentencia de unificación, la cual fundamentalmente señala al Estado por su negligencia en el manejo de las indemnizaciones y la situación de los pensionados de la antigua Telecom. Con esta, a su vez, consideró una atención especial a padres, madres y discapacitados exempleados para que no sólo recibieran una indemnización, sino que se les reincorporara laboralmente en algún cargo de cualquier entidad pública que requiriera trabajadores.

Aún con ese decreto, el Ministerio del Trabajo, para ese entonces a cargo de Clara López, no hizo nada. De la misma manera, el Ministerio de Comunicaciones se limitó a asegurar que no tenían en dónde meter a los exempleados de Telecom.

Gonzalo asegura que hoy en día no cree en la justicia, pues, para él, sólo responden a ciertos intereses y según el boom mediático que la demanda contenga. Mientras tanto, planea utilizar otros recursos legales al alcance de su mano con tal de exigir lo que a él y a los centenares de afectados de la liquidación de Telecom les corresponde. Gonzalo Díaz pide unidad con las organizaciones sindicales, y confía en que su lucha se consagrará siempre y cuando acuda a sus propios medios para lograrlo.

De regreso a Marinilla estaba perdida por la gritería de la muchedumbre. “Desalojen, desalojen”, decían los bomberos con las caras salpicadas de pantano.

–Soy Claudia la dueña de esa casa que se le está entrando el agua.

Minutos después me estrujaron hacia la salida. Encima tenía la maleta negra en la cual cargaba los papeles personales, los papeles judiciales del barrio, los accesorios, además del sueño de la comunidad “La Quebradita” que esperaba el juicio final de la Gobernación.

El reloj suizo vibró por primera vez a las cinco de la mañana con la intención de levantar a Claudia de las cobijas rigurosas que utilizan los marinillos. Se paró de su cama en forma de marcha, se estiró como un resorte, se persignó como lo hacía todos los días y se dirigió a la tina del baño.

Se duchó cantando los vallenatos del Binomio de Oro, según dice es la única forma de desestresarse.  Se secó, se enjuagó los dientes postizos y se dirigió a la pieza para retocarse la cara. Claudia -cuarentona jodida, sonrisa resplandeciente, pelo rojizo como la sangre, seduciendo como de costumbre a sus vecinos por su forma particular de arreglarse- tenía como fin protestar frente a los encopetados y lujosos edificios de La Alpujarra.

Salió de Marinilla a las siete de la mañana. A las 8 y 30 ya estaba en el centro de Medellín por su ímpetu de gloria. Cuando se bajó del bus de Sotramar, estiró la mano derecha y se la puso a un Renault amarillo vivo de los años 80.

–Señor me lleva a la Gobernación por favor.

–Sí mi amor-, le respondió con voz morbosa el taxista.
–¿Cuánto cuesta?
–Para usted mi amor, solo 5000 pesitos y le abro la puerta gratis como se lo merece.

Vio los edificios magníficos de la Gobernación y le preguntó a un peatón la dirección que tenía en la libreta. Por fin llegó al despacho de la Secretaria de Gobernación y diligenció la correspondiente cita. El gobernador la estaba esperando a las diez de la mañana. Tocó la puerta tres veces.

–Señor gobernador mucho gusto. Mi nombre es Claudia del municipio de Marinilla y vengo para cuadrar los papeles del proyecto La Quebradita–, dijo segura de sí misma.

–Listo señorita, bien pueda entre a mi despacho y conversemos acerca del tema.

Pasaron dos horas y salió la señora con una emoción en su brazo, como si se hubiera ganado la lotería. Le pregunté el motivo de semejante felicidad y no tardó en decirme que los papeles habían cumplido con todos los requisitos y aproximadamente en un mes comenzarían con la remodelación del barrio y la quebradita.

Cuando se bajó del bus de Sotramar miró hacia el fondo de la calle donde quedaba su digno hogar. Desde la distancia observó una multitud acompañada de los carros del cuerpo de bomberos y pensó que algo malo estaba pasando.

De repente aceleró las pisadas hasta llegar a la zona acordonada por unas cintas rojas y negras que advertían “lugar de peligro, por favor no pasar”. Claudia vio su casa entre el lodo y la inundación. Del desespero se le olvidó la advertencia de la cinta. Se agachó unos cuantos centímetros, caminó por la acera cinco metros con el bolso terciado. Abrió la puerta verde de la casa. “¡Uyyy mami!”, le respondieron los hijos encima de los colchones y los ratones flotadores.

-Tranquilos mijitos, voy a decirle a la comunidad que el gobernador nos va a solucionar el problema con el cauce de la quebradita. Todo comienza el mes entrante.

*Este artículo es resultado del taller de Prensa Escrita durante el proceso de Comunicadores Comunitarios del Movimiento social por la vida y la defensa del territorio, MOVETE.

Más allá de las medallas

Aquí, en el municipio de Granada, Antioquia, una mañana, mientras Elizabeth Castro abría su almacén –que es una rutina diaria- para atender a su clientela, Romelia Quintero entraba a mi apartamento para hacer el aseo y ganarse treinta mil pesos, como lo hace otras dos o tres veces por semana en diferentes casas de familia. Claro, a esta última, el día que no la llaman de alguna parte “para hacerles el oficio” –como cuenta ella-, saca una pequeña mesa, al lado pone una freidora y enseguida la pipeta de gas, y con eso se instala en la esquina de la ferretería de la señora Elizabeth y se pone a hacer empanadas.

Las señoras, Elizabeth y Romelia, son las madres de Miguel Ángel Hoyos Castro y Elizabeth Castaño Quintero, respectivamente. Dos ciclistas que a sus quince años de vida ya adornan sus casas de medallas, trofeos y reconocimientos obtenidos por sus hazañas deportivas. Entre ellas, las dos de oro, una de plata y una de bronce logradas en los II Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile, celebrados del 29 de septiembre al 8 de octubre del presente año.

Doña Elizabeth
La progenitora de Miguel Ángel me recibió en su almacén y para poder conversar conmigo le pidió a su empelada que atendiera a la clientela. “Él tiene trofeos hasta en la escuela de ciclismo, de aquí del municipio, donde lo entrenan y lo apoyan, porque si no fuera por esa institución, mi hijo no estuviera donde está. Mi esposo y yo solos no seríamos capaces. Uno es con las uñas. Afortunadamente Guillermo, mi esposo, fue ciclista, conoce mucho de bicicletas y es prácticamente el mecánico de mi hijo”, afirma la madre de este joven campeón. Y continúa: “Él monta en una bicicleta que al papá le pudo haber costado seis o siete millones de pesos, pero así mismo cuestan los repuestos y accesorios. Y más que él se estiró mucho -creció- y es una lucha porque ha habido que acondicionarle la bicicleta, o vender la viejita para ajustar y comprarle otra. Este deporte es muy costoso”.

Continúa: “Y no solo es el sacrificio económico. También en la alimentación hay que mantenerle una dieta acorde a sus exigencias deportivas. Así él sea consciente qué debe comer y qué no, a uno le toca, que si a los demás hijos se les frita, a Miguel tiene que ser el pollo o la carne asada. A la vez que se le apoya en todo, como por ejemplo cuando va a entrenar y hay una salida, en pos de él nos quedamos en la casa. Son pequeños sacrificios que Miguel va viendo dentro de su formación, que para mí tiene que ser integral.

Uno como madre se preocupa hasta por una gripa. Mire que un día casi no podía ir a correr porque estaba enfermo y le dimos analgésicos. Y al fin le dijo al papá: Ya me siento bien. Bueno, vaya pues corra, lo animó mi esposo. Ganó, fue campeón nacional infantil, pero en la noche me despertaron los gritos de Guillermo porque mi hijo estaba convulsionando. Usted no sabe lo que se siente, mi marido y yo con él cargado para el hospital pensando que mi hijo se me iba a morir. Ese es el peor susto que nos ha pasado, aparte de los aporreones porque a veces llega con las nalgas en carne viva, y así le duela, apreto los dientes y le hago las curaciones”.

La señora Elizabeth me enumeró varias circunstancias que rodean a su hijo y que lo han ayudado tanto en su crecimiento deportivo como en lo personal, pues como dice ella: “tiene trofeos y condecoraciones exhibidas hasta en el Club de ciclismo”, de un sinnúmero de competencias ganadas, pero hasta ahora los logros más grandes para él, han sido los conseguidos en Santiago Chile.

“Con la primera medalla –él se ganó dos de oro y una de plata en dichos juegos-, cuando me la colgaban del cuello, yo sentía que mi corazón se me iba a explotar. Y después que uno se voltea hacia la bandera ¡y empieza a sonar el himno de Colombia!, a mí se me puso la piel como de gallina. Pero en medio de ese sentimiento inexplicable, a la vez era la intriga de saber quiénes serían los próximos contrincantes y cómo me iría a sentir en las demás pruebas que seguían”, comenta Miguel Ángel con un ánimo como si todavía no hubiera salido de esa emoción.

Doña Romelia
A las 6:15 de la tarde me recibió los treinta mil pesos que se ganó por el día de trabajo, y con ellos en la mano dijo: “voy a ir a comprarle unas fruticas a mi niña –a Elizabeth, su hija- porque don Camilo –Martínez, el entrenador del Club de ciclismo- me la recatea mucho que porque está muy subidita de peso”.

Romelia es otra madre que lucha para que su hija triunfe en el ciclismo. Ella me recibió en su casa y desde la entrada no dejaba de sentirse orgullosa al pasearme por la sala, las piezas y un pequeño corredor diciéndome: “Vea, esas son las medallas que ella se ha ganado, los trofeos, cosas de menciones de honor. Por aquí están las que se ganó en Chile, las que se ganó en Cali esta semana en los juegos de Supérate, que ganó tres: dos de plata y una de oro. Ella corre pista y ruta. Estos son los letreros que le pintan los amigos y amigas, que hasta yo le digo que ya no hay dónde poner más, que pegue también en la pieza de atrás”.

Mientras recorríamos su casa íbamos hablando. Y cuando le pregunté por el costo de la bicicleta donde entrenaba su hija, dijo: “Beeeendito, a ella le provoca tener una bicicleta, pero no hay forma. Con los diez o quince mil pesos que me quedan de la venta de empanadas y de dos o tres días a la semana que me llaman para trabajar en casas, ¡de dónde por Dios voy a sacar para una bicicleta, si no más la que le prestan en el Club de ciclismo vale como dos millones de pesos! Si no fuera por ellos, mi hija no podría entrenar ni ganarse todas esas… –y mostraba de nuevo las medallas y trofeos-. Allá solo le dejan traer la bicicleta pa'la casa pa' lavarla”, acentúa la señora Romelia.

Luego nos sentamos en un modesto mueble de la sala donde, ya con más confianza, me empezó a narrar la corta historia de su pequeña Elizabeth:

“Ella estaba haciendo cuarto de escuela y como había olimpiadas escolares, entonces la profesora la puso a competir y el director del Club de ciclismo la vio cómo corría ella y me dijo que él le veía 'buena mecha a la niña'; que por qué no se la llevaba así sea viernes y sábado, para entrenar. Que se le veía muy buen potencial. Y ya, la seguí llevando.

Algo difícil es lo de la comida. Yo le doy lo elemental porque para la dieta uno tiene que tener muy buena plata y don Camilo siempre me ha dicho que la necesita más tallaita. Pero lo más duro es para las salidas, yo le doy lo que haya, si diez hay, pues diez le doy. A veces solo tengo cinco mil pesos y me los recibe calladita. Solo me contesta que mi Dios me lo pague.

Ella un día intentó con el papá –porque hace nueve años que no vive con nosotros- y le dijo que le diera para el uniforme que valía por ahí doscientos mil pesos, y él le contestó que ¡qué va a valer tanto una mecha de uniforme y unos tenis! Después le dijo que le diera veinte mil, o cincuenta mil -no recuerdo cuánto-, para una salida a una competencia y él le dijo que iba a mirar. Y como no apareció con ni un peso, ella no le volvió a decir nada. Sí hay gente que nos ayuda, como los de la colonia de Cali que son muy formales. A uno le da es hasta pena de la manera que lo atienden.

Aparte de los otros trabajos, a veces también cuido niños y ayudo por ahí a hacer almuerzos. Yo sé que con eso nunca voy a poder comprar una bicicleta. Con lo que la apoye el Club de ciclismo, hasta ahí. No sé cómo mi diosito me multiplica esos diez o quince mil pesos de las empanaditas o los treinta mil del aseo en las casas, porque no sé de donde me sale tanta plata. El ciclismo es un deporte muy costoso”.

Y así terminó de narrar la señora Romelia parte de lo que le toca batallar para llevar a su hija a ser la campeona en diferentes competencias y conseguir la medalla de bronce en los Segundos Juegos Suramericanos de la juventud en Santiago Chile. Pero lo dijo sin ningún ánimo de generar lástima y menos quejarse de la vida, porque lo último que salió de su boca fue: “Gracias a Dios en esta casa no nos hace falta nada para vivir”.

El pueblo granadino se agolpó en las calles, puertas y ventanas de las casas para ver entrar y recibir a estos dos deportistas. En el colegio suspendieron algunas de las clases para ir a las calles a seguir la multitud que los escoltaba. “Es primera vez que se ve eso aquí en Granada tan histórico”, dijo Elizabeth. “Yo sí sabía que iba a asistir el colegio, pero nunca pensé que nos iban a llevar en camioneta a recorrer todo el pueblo con toda esa caravana detrás pitando. Eso fue muy vacano”, dijo Miguel Ángel con emoción.

Ya que ningún medio de comunicación regional ni nacional se ocupó de los dos granadinos medallistas de estos juegos, que por lo menos Colombia se entere que detrás de ellos hay unas madres campeonas, luchando toda una vida para que sus hijos consigan estos y muchos otros triunfos. Siempre hay alguien más allá de las medallas.

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