Saturday, 04 November 2017 00:00

Editorial 133: Lo mataron porque no avisó

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Ayer 17 de octubre asesinaron a Jair Cortés, un líder afro miembro de la junta de gobierno del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Desde ayer mismo y como era natural sus familiares, amigos, sus compañeros y compañeras de trabajo; y todos los que luchamos por las causas sociales lo lloramos y denunciamos con dolor y rabia este crimen. No hicieron lo mismo los partidos políticos de gobierno, ni los que se autodenominan oposición, o sea la ultraderecha uribista y sus seguidores. Lo que más duele es que tampoco se pronunció la sociedad colombiana insensibilizada por los grandes medios masivos de comunicación acostumbrados a alimentar los sentimientos de la gente y conducir sus emociones hacia donde consideran pertinente, inclusive a la justificación de estos crímenes.

Hoy 18 de octubre, escuchamos por los medios radiales la voz del ministro de defensa Luis Carlos Villegas diciendo cínicamente que Jair Cortés “no avisó” que se dirigía a la zona de alto riesgo, o sea su territorio colectivo, el mismo en donde debe ejercer su labor de vocal en la junta de gobierno para lo cual fue elegido. Es decir que el ministro justificó el asesinato de Jair y le echó la culpa de su propia muerte. Con la misma palabrita, hace menos de una semana el ministro Villegas había justificado la demencial reacción policial contra una comisión de verificación que llevaba miembros de organismos internacionales como la ONU y Mapp Oea; periodistas y defensores de derechos humanos , porque “no avisaron” que iban a entrar a la zona riesgosa en donde una días antes, según decenas de testigos, la policía antinarcóticos asesinó alevemente a siete campesinos que protegían de la erradicación forzada sus cultivos de coca, y exigían el cumplimiento del punto pactado en la Habana que se comprometió a erradicar esos cultivos de manera consensuada y bajo condiciones de sustitución y garantías económicas.

El ministro Villegas, que se ha convertido, por sus declaraciones, en un militar reaccionario de traje y corbata, nos hizo recordar al expresidente Uribe cuando en el año 2007 se dirigió al país por televisión en horario tripe A, y justificó los crímenes de Estado cometidos contra indefensos jóvenes de Soacha, humildes campesinos, habitantes de calle, líderes sociales, etc. Que más tarde desataría el escándalo conocido como falsos positivos cuyas denuncias dejaron salir de la olla podrida el olor nauseabundo que producían los miles de muertos a manos de los miembros de las fuerzas militares en macabra complicidad con los paramilitares, a cambio de dinero, vacaciones, permisos y cuanta dadiva ofreció el gobierno de Uribe para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente y justificar la inversión militar y de paso imponer una cultura de la guerra. En ese entonces Uribe dijo que esos jóvenes hallados muertos supuestamente en combate en inmediaciones de Ocaña Norte de Santander “no estaban precisamente sembrando café” y que además eran poco más que pillos de barrio, como quien dice “ si hubo equivocación de todas maneras eran delincuentes a los que se puede matar y de paso se le hace un favor a la sociedad”.
Este discurso convertido en cultura justificadora de la muerte sobrevivió a Uribe y se renovó con con Santos y su ministro Villegas. La culpa de los asesinatos de líderes, campesinos y comunidades que protestan por incumplimiento de acuerdos, o contra la devastación de sus territorios bajo el poder de la locomotora minero energética, ahora son responsabilidad de las bandas, las disidencias de las Farc, los neoparamilitares y otra cantidad de grupos armados, a los que el Estado extrañamente no puede controlar ni derrotar; así se ocultan el terrorismo de Estado y se justifica la existencia de un gigantesco ejército.

Varios miembros del gobierno y del Congreso dieron su pésame hoy a la familia de Jair y “lamentaron” su muerte. Muchos de ellos habían hablado con el líder a propósito de la masacre de siete campesinos el día jueves 5 de octubre de 2017 a manos de la policía antinarcóticos ocurridos en medio de la erradicación forzada y de irregulares hechos. En esta denuncia Jair y su comunidad estuvieron activos y beligerantes en la defensa de su territorio y de su gente. Todos los congresistas que fueron a Tumaco y hablaron con la comunidad de Alto Mira y Frontera saben muy bien lo que pasó, como lo sabe el comandante de la policía que extrañamente no retiró a sus agentes una vez se conocieron las irregularidades en medio del operativo que provocó la masacre, y que hubiera evitado una eventual tragedia con la comisión de verificación recibida a tiros por estos mismos dementes. Los grandes medios también lo saben, y el presidente de la República; los policías se quedaron borrando las huellas que dejaron sus armas, sus disparos, su crimen tres días atrás; huellas que los forenses leerían como se hace con un libro, huellas que son testigos de la crueldad de los militares colombianos.

El asesinato de Jair no es un caso aislado, es una agresión sistemática contra los gobiernos autónomos de las comunidades afro; desde su nacimiento legal en 1997, Alto Mira y Frontera ha recibido el dolor de la muerte de sus líderes en quince oportunidades, cinco de ellas contra miembros de la junta de gobierno, el más reciente fue Genaro García en 2015. El asesinato de Jair se ha lamentado hipócritamente desde el gobierno, pero el de los siete campesinos y los más de 220 líderes sociales ocurridos en los últimos 20 meses no. Por el contrario se han justificado, se han minimizado, se ha dicho por parte de Villegas y Santos y el ministro Rivera del interior, que son casos aislados, que no son sistemáticos. Que la culpa es de ellos, por no avisar, por tomarse el atrevimiento de defender el territorio, su cultura, su vida y por construir paz.

Lo mínimo que deberían hacer el Estado y el gobierno de Santos, si algo les queda de vergüenza, sería ofrecer las garantías a todos los colombianos y las colombianas que luchan por los derechos humanos, por las transformaciones sociales, por la participación y la paz, para ejercer su digna actividad; ahora con mayor razón en medio del cese bilateral que pactó con el ELN, en el que entre otras cosas se comprometió a prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales, y aplicar la justicia a los responsables materiales.

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