Ciudad

El centro de Bogotá sigue en la mira de importantes sectores económicos y compañías inmobiliarias. Los recientes hechos de desalojo en la calle del Bronx y la ampliación de la represión policial en este sector ponen en evidencia el nuevo objetivo estratégico de los  grupos de poder que gobiernan la ciudad.

Durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2001), en forma violenta y sin ningún tipo de plan de protección integral para los habitantes de calle, fue desalojado en forma violenta el sector conocido como El Cartucho. En principio, desde la administración  se esgrimió que ello obedecía a un plan de reurbanización del centro de Bogotá, pero lo que nunca se dijo a los bogotanos es que tras los 9500 metros cuadrados de terreno que comprenden desde la carrera 10 hasta la carrera 9, entre calles 15ª y 15 bis, se movían grandes fuerzas económicas que esperaban paciente y estratégicamente a que el precio bajara, para hacerse a estos al mejor estilo del ladrón de esquina.  

Más recientemente, en el marco de la segunda administración de Enrique Peñalosa (2016-2019) el fenómeno se repitió. En esta oportunidad, el sector conocido como la calle del Bronx fue brutalmente desalojado por la Policía Metropolitana en compañía de fuerzas especiales del Ejército. En ese sentido, la opinión pública de la ciudad se repartió en dos bandos; muchos ciudadanos aseguraban que era una buena medida, ya que los centros de consumo afectaban a la población en general, y otro sector importante de la ciudadanía, en forma preocupada, manifestaba temer por la diáspora de habitantes de calles y  el posible aumento de la inseguridad en las calles del centro  de la ciudad.

Pues bien, los peores temores de los habitantes de la ciudad se hicieron realidad. No solamente se dispersaron los centros de consumo por toda la ciudad, sino que la inseguridad se aumentó en niveles considerables por toda Bogotá: incrementó el robo de celulares, de bicicletas y de autopartes de vehículos, además, el comercio del sector se vio seriamente afectado, en tanto las ventas disminuyeron cerca del 80%. Edward, un comerciante de telas del sector afirma que “antes podíamos vender cinco millones de pesos al mes, ahora ni siquiera para pagar el arriendo alcanza”.

Sin embargo, los  efectos inmediatos de los abruptos desalojos en el centro la ciudad no son lo peor, pues el fondo del asunto se encuentra  ligado a la “recuperación” de este sector para las familias adineradas de la ciudad. Enrique Peñalosa ha encabezado esta cruzada contra residentes pobres del sector, vendedores ambulantes y habitantes de calle, esto bajo el eufemístico presupuesto de renovación urbana y cultural de la zona.

Así las cosas, el proceso de gentrificación realizado durante más de 30 años, sumado a la precaria o inexistente intervención institucional en el centro de Bogotá, logró devaluar los terrenos en más de un 500%, pues locales comerciales en los que el metro cuadrado costaba hace 30 años  60 millones de pesos, hoy son ofertados a grandes corporaciones inmobiliarias por 650.000 pesos. Daniel, un habitante de calle que frecuenta el centro afirma  que “nos sacaron de acá para vendérselo a gente rica que quiere construir centros comerciales”.

La empírica afirmación de Daniel no está lejos de la realidad, pues el proyecto de reestructuración del centro de Bogotá no pretende esos fines altruistas y culturales que desde la administración Peñalosa se plantean, sino que, en el marco del Plan Centro para Bogotá, propone a este sector como un gran eje comercial, educativo y de vivienda  para los estratos altos. En otras palabras, los ricos de la ciudad quieren evitar la fatiga de desplazarse, pretendiendo volver al lugar del que huyeron hace más de setenta años tras el Bogotazo.

¿Qué implica renovar el centro?
Peñalosa se ha referido a su propósito de hacer uso del espacio en cuestión bajo la idea de que “aprovechando la desvalorización para los propietarios de los predios del 'Bronx', podemos hacer una revitalización urbana”. Lo claro es que no existe una intención para mejorar las condiciones de vida de los casi 10.000 habitantes de calle que se encuentran distribuidos por toda la ciudad, y de los cuales aproximadamente 2.000 se encontraban en el sector del Bronx.
Por eso, dos elementos deben tenerse en cuenta en relación a  las implicaciones que tiene el desarrollo del plan que pretende trasformar el centro de Bogotá. En principio, es necesario preguntarse sobre la participación de las comunidades que allí habitan en la elaboración e implementación de estas políticas, pues como anota Daniel “al Señor alcalde no le importa lo que pasa con la gente, él solo quiere echarle cemento a todo el mundo por encima”. Dicho esto, es posible pensar que las pretensiones de la política de renovación del centro responden más a intereses económicos de grandes grupos inmobiliarios, que a las necesidades concretas de los pobladores que allí habitan.

El segundo elemento que debe ser reflexionado y comprendido por el grueso de la ciudadanía está relacionado con las preguntas ¿para quiénes es el nuevo centro de Bogotá?  ¿Cómo podremos los ciudadanos disfrutar integralmente de ese espacio? Pues bien, de acuerdo a declaraciones dadas a la oficina de prensa de la Alcaldía por Mónica Ramírez, gerente directora de la fundación Gilberto Avendaño, quien es la mano derecha de Peñalosa en todos los temas que tienen que ver con el centro de la ciudad, este espacio constituye un importante botín para la consolidación de un modelo de ciudad elitista y aburguesada. Afirma Ramírez que “aquí hay comercio, universidades, oficinas de gobierno, una actividad  turística y económica importante”.

Este fenómeno se ha presentado en otros sectores de Bogotá. Por ejemplo, los habitantes de los barrios La Macarena y La Perseverancia han sido desplazadas y obligados a habitar en los márgenes de la ciudad, debido a la construcción de  grandes centros comerciales, universidades privadas y cadenas de restaurantes extranjeras. Por eso, las propuestas de la ciudadanía deben estar encaminadas no a abogar por la conservación de las condiciones de vida actuales de los habitantes de calle, o de permitir que el centro de Bogotá se mantenga controlado por grupos organizados de delincuentes, sino a que el grueso de los habitantes sea tenido en cuenta en las dinámicas económicas y políticas que se desarrollan en la ciudad, para que la población pueda disfrutar de los espacios urbanos, sumando cada vez más hacia la construcción de vida digna integral para los pobladores urbanos de Bogotá.

En Bogotá, como  en la mayor parte de las ciudades de Colombia, se ha presentado una explosión demográfica desde la segunda mitad del siglo XX, que ha  obligado a las instituciones del Gobierno a proyectar planes de ordenamiento territorial y soluciones de vivienda para la gran cantidad de personas que se desplazan a los centros urbanos.  En el caso de la capital, los habitantes empobrecidos se han ubicado en la periferia de la ciudad (principalmente el sur), debido a que en su momento fueron lugares deshabitados o que carecían de propietarios.

Ante este fenómeno, durante la primera alcaldía de Peñalosa (1997-2000) se propuso la Vivienda de Interés Social (V.I.S) como un mecanismo para solucionar la demanda de vivienda en  Bogotá, y que perseguía el supuesto objetivo de organizar en forma planificada y eficiente el espacio urbano. Luego de casi dos décadas es posible observar las implicaciones reales de este experimento para las personas que habitan el sur de la capital.

La entidad encargada de planear, desarrollar y ejecutar las soluciones de vivienda propuestas por el entonces alcalde, fue Metrovivienda. Los proyectos consistieron básicamente en construir grandes ciudadelas en los márgenes de la ciudad; el costo de la vivienda era financiado a 10 o 15 años por entidades bancarias, y solo podrían acceder a él las personas que tuviesen trabajos formales o que se encontraran bancarizadas de alguna forma.

En esa medida,  el “gran gerente”  no solo vendió en la opinión pública la idea que había resuelto el problema de la vivienda  en la ciudad, sino que concretó un negocio fabuloso para los bancos, pues según registró el diario El tiempo en junio del 2000, les otorgó la no despreciable cifra de 30.000 deudores para un tiempo de quince años o más, para lo que correspondió a la primera fase de ejecución del proyecto de vivienda, tiempo en que quienes lograron acceder a este “beneficio” terminarían pagando una cantidad considerable en solo  intereses a dichas entidades bancarias.

Los terrenos destinados para la construcción de los proyectos de V.I.S en Bogotá, se ubicaron en los extremos finales de la ciudad: en la localidad de Bosa en límites con el municipio de Mosquera, y en Usme casi que en su parte rural. En ese sentido, la solución de vivienda propuesta por la institucionalidad obligó a los habitantes desposeídos a  marginalizarse geográficamente. Vale la pena señalar que no solamente la planificación del terreno es errónea  por las distancias geográficas, sino que la vocación del suelo es otra. En el caso de Usme, esta es una zona eminentemente agrícola, y Bosa es, nada más y nada menos que la zona inundable del río Bogotá.

Con la intención de esconder y disfrazar la inequidad en la ciudad, la administración Peñalosa en su primera versión también desconoció todos los principios ambientales de los terrenos donde se erigirían los proyectos de vivienda. El caso de la ciudadela El Recreo en Bosa es de resaltar, por la negligencia con la que se actuó, pues sin escuchar a la comunidad de la localidad y a las entidades de orden ambiental, se construyeron parques, colegios y 90.000 viviendas a escasos 100 metros del río Bogotá. Esto supuso que en el 2011, con razón a los desbordamientos periódicos (y naturales) del río, la ciudadela se anegara por completo, causando una importante crisis económica, ambiental y sanitaria para la capital.

Pero además de ubicarse sobre terrenos no aptos para la vivienda, estos proyectos lesionan la intimidad y la dignidad de los seres que allí habitan. El frente de las casas es de 2.50 metros, con 18 metros de largo, espacio insuficiente para familias que en promedio tienen cinco integrantes. Es decir que en un espacio de 500 metros cuadrados conviven cerca de 1150 personas. A esto debe sumarse que las casas comparten todas las estructuras físicas y de servicios, es decir, paredes y redes de servicios públicos, por ende, cuando hay alguna afectación en un domicilio, suelen verse afectados muchos más. Al respecto señala un habitante de una de estas viviendas, que “a pesar de estar separadas, prácticamente se convive con los vecinos en un mismo espacio, ya que uno logra escuchar incluso cuando alguien enciende una luz”.  

Así mismo, en diálogo con Camilo Gaitán, habitante del sector de El Recreo, encontramos que los desplazamientos al trabajo o a los centros de educación y de regreso a casa, tardan en promedio 2:50 horas al día. Con un cálculo básico, se podría decir que un  habitante de Bosa emplea casi 300 horas al año en desplazamientos, eso quiere decir que quince días de su vida por año las pasa al interior de un bus o un servicio de transporte público. Según Gaitán, “es irónico que poder salir de la localidad sea lo más tortuoso, El Recreo da la imagen de ser un embudo, ya que hay muchas casas construidas pero las vías de acceso son mínimas y esto convierte en un problema el hecho de pensar salir de aquí”. Esta situación afecta las posibilidades de explotar en forma efectiva el potencial artístico, social, académico  y afectivo de los seres humanos que allí habitan.

Evidentemente, la oferta institucional dista mucho de poder considerarse como una opción válida para la vivienda de los y las explotadas en Bogotá, razón por la cual en el ejercicio de construcción de ciudades para la vida diga, es necesario que la vivienda sea pensada desde las necesidades reales y la perspectiva de la dignidad de las comunidades, y no desde la lógica excluyente y económica del mercado, lo cual debe dar paso a otras soluciones a estas problemáticas, y por qué no, empezar a volcar la mirada hacia propuestas alternativas a la expansión urbana.

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