Derechos

Dicen que algunas no se conocían. Muchas familias huyeron de Machuca pues el recuerdo de sus seres queridos golpeaba tan fuerte que era imposible continuar con la vida. Hijos, madres, padres, hermanos y abuelos de las víctimas del incendio se encontraron allí, algunas llevan en sus cuerpos las huellas de una tragedia que como todas las partes dicen, nunca debió ocurrir.

Tras 20 años de los hechos, los sobrevivientes han continuado, pues no solo las tragedias traen dolor y desgracia; de las tragedias surgen los recursos individuales, familiares y colectivos para seguir. Desde la perspectiva psicosocial, a esto se le llama mecanismos de afrontamiento.

Allí estábamos después de 20 años, aún con la negativa de las partes de generar acciones para reparar, atender y acompañar a las víctimas de la tragedia de Machuca. Una y otra promesa, un arreglo floral cada aniversario en el cementerio, otro rumor de reparación, pero nada de garantías reales de atención e indemnización a las víctimas. Allí nos dimos cita para participar de la presentación del libro Machuca de Gearoid O Loingsigh.

Este, como todos los encuentros de los familiares de víctimas, estaría lleno de emociones, dolor, frustración, rabia, miedo, culpa, entre otras. Estos espacios que ponen en el centro a las víctimas deben contribuir a su recuperación emocional. Por eso deben estar acompañados de acciones psicosociales que eviten el daño y la revictimización; el trabajo con las víctimas no solo requiere de buenas intenciones, también requiere de experticia y cuidado. Cada encuentro con las víctimas debe constituirse como una acción reparadora, es decir que reconozca el dolor de las víctimas, contribuya a la construcción de la verdad y permita la expresión del dolor, la solidaridad y el apoyo mutuo. Fue por eso que me invitaron para compartir con las familias de Machuca un encuentro psicosocial enmarcado en el lanzamiento del libro, pero que tenía como propósito central encontrarse, reconocerse y seguir caminando juntos y juntas.

Fue así como el encuentro se desarrolló en tres momentos: preparación del lanzamiento del libro, lanzamiento del libro y proyecciones organizativas. Tras mi experiencia por más de 20 años en acompañamiento a víctimas en Colombia, hoy tengo certeza que estos encuentros son potentes si se orientan de la manera adecuada, si se brindan las herramientas que permitan que las víctimas puedan resignificar lo ocurrido, identificar los daños, impactos o trasformaciones en su vida como consecuencia de los hechos, finalmente los mecanismos de afrontamiento o resilencia que le permitieron a las personas o colectivos continuar.

Los encuentros con víctimas deben tener un alto componente simbólico, de escucha y de contención emocional. Estos espacios deben propiciar la confianza y solidaridad. Según Paul Pérez la confianza es lo que rompe ante hechos de violencia. El encuentro contó con esta perspectiva psicosocial, se dio inicio invitando a los y las participantes a organizarse en círculo desde la persona mayor, hasta la más joven; algunos no se conocían, otros no se recordaban, otros solo se acordaron cuando se miraron a los ojos y se reconocieron todos y todas como testigos y sobrevivientes de aquel día trágico, que les cambió para siempre la vida. Desde allí se hizo una siembra simbólica de lo que necesitan como proceso de familias sobrevivientes de Machuca. Fue así como los y las asistentes sembraron las semillas de verdad, justicia, paz, reparación, reconciliación, tranquilidad, amor, esperanza, solidaridad, ayuda, entre otras.

Era muy importante el intercambio con el autor del libro, escuchar cuáles fueron las motivaciones para escribirlo. Estos diálogos son importantes y también son actos reparadores. El autor contestó cada una de las preguntas contribuyendo a la compresión de las partes de las expectativas sobre el contenido del libro. Este espacio fue muy complejo para las víctimas, quienes expresaban su rabia, molestia e indignación. Las intervenciones estuvieron centradas en la ausencia de verdad, la responsabilidad de las partes; tras 20 años las víctimas plantean que no han recibido atención por parte del Estado. Tenían dolor y frustración por el no reconocimiento de responsabilidad de Ocensa, y molestia ante la inasistencia de los delegados del ELN a los espacios que se comprometieron.

En el tercer momento, bajo la necesidad de continuar fortaleciéndose como proceso, y construir la verdad desde su propia experiencia, surgieron iniciativas como la de escribir un libro sobre lo sucedido y sobre los sueños y las expresiones culturales que se han convertido en acciones transformadoras.

Pasado, presente y futuro se configuran como un solo momento. El país que queremos necesariamente bebe incluir a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las partes. Solo es posible la reconciliación cuando se transita desde la individualidad a lo colectivo, se resignifica la experiencia y se repara integralmente a las víctimas. Partir de la verdad, la de cada una de las partes, la que transformó la vida de las personas, familias y la comunidad de Machuca. Partir de los impactos que se generaron en todas las dimensiones, los daños permanentes.

Este encuentro terminó cargado de esperanzas, de compromisos e iniciativas. Las familias sobrevivientes de Machuca definieron seguir organizándose, para exigir sus derechos al Estado, Ocensa y al ELN. Se comprometieron con su proceso cada uno y cada una, aportando desde sus dones para evitar que tragedias como estas se repitan. Se compartieron ejercicios de respiración, de distención corporal, y cerramos este encuentro con semillas de girasol, adoptando sus características: buscar el sol que es la sabiduría, multiplicar la experiencia con otros y con otras, y germinar el territorio.

La apertura del mercado a nivel global modificó todas las reglas de la producción nacional, y en el caso de las industrias, las textileras en Colombia no fueron la excepción. Antioquia, el departamento más golpeado.

La industria textilera en Colombia fue una de las producciones más importantes para el país. El problema llegó cuando la globalización impuso ciertas reglas no escritas que obligaron a modificar las estrategias políticas y de mercado para los confeccionistas y las textileras.

En Medellín, Antioquia, se encontraba la tradicional Coltejer, hoy en manos de la compañía mexicana Kaltex, y Fabricato-Tejicondor, empresas textileras que trabajan a partir de algodón y sus mezclas. Para el 2008, producían el 34% del tejido nacional. Estas generaban más valor agregado que en Bogotá, y dedicaban más del 40% a la exportación, mientras la industria bogotana destinaba el 90% de su producción al consumo interno.

Hoy en Colombia las cifras son contundentes. Según la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017, y la producción de productos textiles 8,8 %.

Sin embargo, Álvaro de J. Rendón, empresario y quien trabajó para la Industria del Vestido, una planta de confección en Medellín, sentencia que todo es culpa de la CCCyA. Y es que, en teoría, esa cámara tiene como objeto promover la Industria de la Confección a nivel nacional e internacional, además de representar y defender los intereses generales del sector. Sin embargo, Rendón resalta que este órgano de consulta ha hecho que las textileras ahora sean sólo picadoras de telas.

Por otro lado, las plantas satélites, es decir, las personas que confeccionan desde casa y trabajan como terceros, están siendo explotadas y todos sus derechos laborales son violados. Para Álvaro Rendón, la situación se ha convertido en un problema social ya que este método de contratación genera esfuerzos abismales para quienes laboran en sus plantas satélites, conformadas principalmente por mujeres. Ellas trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, y se ven sometidas a redoblar esfuerzos y a abandonar a sus familias. En otras palabras, los comerciantes se benefician mientras los confeccionistas son víctimas.

Los talleres satélites de la confección le solicitan al senador Luis Fernando Velasco, promotor de la CCCyA, que con la misma presión que ejerce al Gobierno nacional para mejorar condiciones de la Cámara de Confecciones, exija mejora en la vida laboral y los precios de la confección, pues son las que más generan empleo a nivel nacional.

Este año la CCCyA ha venido advirtiendo una crisis monumental para la industria textilera, y dice que las expectativas son mínimas. Hoy son más de 200 mil empleos perdidos, y la cifra va en aumento. Las textileras esperan a que el Ministerio del Trabajo se pronuncie al respecto. Con ese panorama, la pregunta que se formulan los confeccionistas es: ¿Qué solución les están dando a los operarios de los talleres satélites de la confección?, porque de seguir siendo explotados, la industria textilera colombiana estará pronto contando sus días.

En el 2005 se concretó la venta de Telecom, una de las entidades públicas más importantes para Colombia. Han pasado 12 años y los exempleados siguen reclamando por sus derechos

 

Desde 1991 se escuchaban ecos de la posible privatización a la línea telefónica más importante del país. Una década después, en 2001, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la máxima autoridad de planeación, publicó un acta en la cual indicaba unos lineamientos para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, partiendo fundamentalmente de las nuevas fuerzas del mercado.

Luego, el 10 de junio del 2002 desalojaron a los trabajadores de Telecom y el 12 de junio publicaron los decretos para liquidarlo. Ahí empezó el sufrimiento para casi dos mil personas que se vieron afectadas por distintas consecuencias de la venta forzada de Telecom, y todas relacionadas con la irresponsabilidad del Estado.

¿Quiénes fueron los afectados?
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de autorizar la venta de Telecom, y básicamente se dictaminaron dos años para el proceso legal de liquidación, y otros 15 años para cumplir tal abolición.

Sin embargo, Gonzalo Díaz, expresidente nacional del sindicato de Técnicos Telecom, afirma que los sindicalistas, aforados y no aforados, no alcanzaron a entrar en la tabla de indemnización que otorga el Gobierno.

Gonzalo explica que inclusive los que estaban a punto de pensionarse y presentaron demandas durante y después del 2005, año en el que se desarrolló directamente la erradicación de la cuenta de Telecom, no tuvieron la atención de los juzgados donde remitieron su pronunciamiento, debido a que, supuestamente, su situación estaba en proceso.

Esta determinación alojó cerca de unos 2000 afectados, de los cuales, afirma Gonzalo, muchos resultaron como vendedores ambulantes, algunos hasta con problemas mentales, e incluso al borde del suicidio.

La respuesta del Estado
Para el 2010, Gonzalo Díaz y Juan Pablo Sepúlveda, expresidente regional del Sindicato de Técnicos de Telecom, lideraron la construcción de un documento que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pretendían obligar al Estado a responder, pero está estancado y en lectura.

Más tarde, en el año 2014, la Corte Constitucional decretó la sentencia de unificación, la cual fundamentalmente señala al Estado por su negligencia en el manejo de las indemnizaciones y la situación de los pensionados de la antigua Telecom. Con esta, a su vez, consideró una atención especial a padres, madres y discapacitados exempleados para que no sólo recibieran una indemnización, sino que se les reincorporara laboralmente en algún cargo de cualquier entidad pública que requiriera trabajadores.

Aún con ese decreto, el Ministerio del Trabajo, para ese entonces a cargo de Clara López, no hizo nada. De la misma manera, el Ministerio de Comunicaciones se limitó a asegurar que no tenían en dónde meter a los exempleados de Telecom.

Gonzalo asegura que hoy en día no cree en la justicia, pues, para él, sólo responden a ciertos intereses y según el boom mediático que la demanda contenga. Mientras tanto, planea utilizar otros recursos legales al alcance de su mano con tal de exigir lo que a él y a los centenares de afectados de la liquidación de Telecom les corresponde. Gonzalo Díaz pide unidad con las organizaciones sindicales, y confía en que su lucha se consagrará siempre y cuando acuda a sus propios medios para lograrlo.

Yo también rompo el silencio

La primera vez que sentí esa clase de miedo no había cumplido once años. Mi madre, en un intento por solucionar su situación sentimental, se había casado de nuevo. El tipo, un hombre veinte años mayor que ella, me producía escozor desde que entré a su casa: su amabilidad, que rayaba con el servilismo; su mirada que me seguía a todas partes. No sabía qué sentía al respecto, pero me incomodaba. Cuando pienso en esos primeros momentos recuerdo esa sensación de repulsión e incomodidad por todo mi cuerpo.

Antes de vivir con mi nuevo padrastro, incluso antes de que yo supiera de su existencia, mi madre solo mencionó que iríamos a vivir solas, sin mi abuela y mi tía. Mi reacción de fastidio, entonces, pasó a ser relacionada con un sentimiento que sí tenía cabida y no representaba ningún peligro para la seguridad de la situación: “Laura está celosa porque no quiere compartir a la mamá”.


La primera vez que se acercó a mí ni siquiera me tocó. Fue una pregunta lasciva que yo entendía que estaba mal, pero solo respondí sonrojándome. Y le dije a mi madre de la manera menos clara posible, que decidió continuar con su tranquilidad y tratar el asunto como un momento aislado que yo había malinterpretado. Eso, sin embargo, hizo que dentro de mí se rompiera cualquier lazo de confianza, respeto y consideración hacia ella.

Supe que, como cualquier chica de las historias que escuchaba de mi familia, que siempre se referían a chicas pobres o campesinas, debía irme y encontrar mi propio lugar a salvo en el mundo.

Durante casi ocho años las preguntas lascivas evolucionaron al abuso sexual y me culpé de no ser capaz de expresarme de otra forma, de no usar eufemismos, de mi cuerpo voluptuoso (que solía esconder bajo ropa gigantesca o apretar con vendajes), de que me gustaran los hombres, de no acudir a personas ajenas al círculo cercano de mi familia que entenderían mi alarma al no tener vínculos con él, de no reaccionar violentamente para defenderme, de no ser capaz de irme.

La violencia sexual, perpetrada por familiares o personas del círculo cercano, suele ser progresiva, según datos recogidos de la Unicef: “Muchas veces ocurre que [las víctimas] son sorprendidos, confundidos y engañados, ya que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr la confianza [de las víctimas]”. Y en ese sentido mi caso siguió a la estadística. Supongo que suele ser lo más inteligente, pues además de crearle seguridad y confianza a los adultos, confunde a quien poco o nada sabe del tema.

Lo que no entendía en ese momento es que era completamente normal, reaccionaba conforme me habían educado, reaccionaba con el miedo, la vergüenza y la incertidumbre: “...cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad”, como expresó Virginie Despentes en 2006. El miedo, la humillación y la vergüenza se extienden siempre en dirección femenina. Mujeres o cuerpos de hombres feminizados.


Mi historia se suma a millones de historias más de otras mujeres en el mundo. No tuvo nada que ver con mi estrato socioeconómico, ni con la educación de mi familia, fue resultado de un problema sociocultural que nos atañe a todos.


De nada le sirvió a mi madre regalarme un libro de Simone de Beauvoir a los nueve años, comentar historias tristes de niñas violadas en tugurios, o debatir con amigos y familiares sobre la situación de violencia sexual de otras mujeres. La violencia sexual hace parte de la vida de cada uno de nosotros, tanto si la recibimos como si la perpetramos. “Dejen de hacernos creer que la violencia sexual contra las mujeres es un fenómeno reciente, o propio de un grupo específico”. “La herida de una guerra que se libra en el silencio y en la oscuridad”. “Es asombroso que las mujeres no digamos nada a las niñas, que no haya ninguna transmisión de saber, ni de consignas de supervivencia, ni de consejos prácticos y simples. Nada”, afirma Despentes.

En la segunda semana de octubre, miles de sobrevivientes de abuso sexual compartieron sus historias utilizando la etiqueta #MeToo / #YoTambien en redes sociales. Este tipo de ejercicio es importante, poderoso y, a la vez, fundamental. Más allá de lograr empatía y concientización entre quien se pueda considerar un aliado, importa como ejercicio de reconocimiento de la otra, de su ira y de la ira colectiva que busca culminar en la organización de esa colectividad para hacer cambios visibles y trascendentales. Porque es primordial reconocer la expansión del problema y la propia vulnerabilidad para gestionar espacios de reunión, consenso y unión. No somos casos aislados, producto de monstruos nacidos de la casualidad o de una conducta extraña; por el contrario, nuestra experimentación diaria frente al abuso y la violencia sexual es resultado de una normalización cultural de dicha violencia y de la hegemonía del patriarcado, del machismo que nos recorre a todos.


Rompo el silencio con este texto. El silencio que he ido rompiendo en mi proceso para deshacerme de mi papel de víctima y convertirme en una sobreviviente que mantiene la esperanza de ver un mundo diferente, y de dejar mi situación privilegiada y silenciosa para, en cambio, gritar y exigir en nombre de las generaciones que me sucederán.

La ciudad bonita de puentes luminosos y vías amplias. La ciudad bonita de casas diminutas, de colores brillantes construidos con ayeres amargos. La ciudad bonita, la del centro y la de la periferia: Medellín.

El desarrollo urbanístico en la ciudad se viene presentando como una epifanía de bienestar económico y social; sin embargo, con su llegada se han ignorado problemáticas existentes y emergentes. Los puentes, las vías, los centros comerciales y las urbanizaciones cubren con cemento las historias de resistencia y de construcción popular de barrios que se forjaron a sí mismos, en su mayoría, producto de una violencia insoslayable para los ojos de la sociedad colombiana. Así pues, la dureza del concreto ha aprisionado derechos fundamentales como el de la vivienda digna y la dignidad humana.

El modelo de ciudad aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 que regirá hasta el 2027 se opone a la construcción comunitaria de los barrios. Este plan contempla tres áreas estratégicas para desarrollar intervenciones: el borde, el río y la ladera. La ciudad se piensa para la inserción en un mercado global como una ciudad clúster y de inversión extranjera, transformación que se da a través de la renovación urbana. Para ello se debe construir y posteriormente reconstruir la infraestructura, proceso que en algunos casos genera gentrificación urbana -desplazamiento de los habitantes de un territorio, por la llegada de habitantes de mayores ingresos-.

El Naranjal
Desde el año 2013 se dio aviso del inicio del Plan Parcial Naranjal y Arrabal. El barrio El Naranjal se encontraba poblado por talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, recicladores, carretilleros, viviendas, vendedores ambulantes, caspetes y bares; ubicado en pleno centro y perteneciente a la Comuna 11 (Laureles) habitada en su mayoría por estratos 4, 5 y 6. El modelo de ciudad buscaba arrasar con el barrio para construir lo que llamaron “Ocho unidades de actuación urbanística”. Sólo la número dos está compuesta por cuatro torres, 114 oficinas, 240 apartamentos y 69 locales comerciales.

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras entregas de los apartamentos, algunos comerciantes del lugar fueron re-ubicados en Caribe en el sector conocido como El Caracol. Sin embargo, en abril de 2017, la fuerza estatal hizo operativos de hostigamiento a comerciantes y víctimas de la renovación urbana, obstruyendo su derecho al trabajo. Como lo menciona Rubén Aguirre, mecánico del sector, “A qué cliente le va gustar venir aquí y cuadrar su carro, de pronto ver que el tránsito se lo va llevar que porque esto es espacio público; día tras día el trabajo se ve más poquito, llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado viendo el hambre de cerquita”. Las ventas de apartamentos, oficinas y locales comerciales van en aumento, pero las soluciones de vivienda digna y trabajo para los antiguos pobladores de El Naranjal aún no son tangibles.

Moravia
La historia de los intentos de desalojo de Moravia se remonta al año 2007, cuando la comunidad de El Oasis sufrió un incendio que arrasó con más de 200 casas. Seguidamente, la administración prometió que daría casas a los afectados en un plazo de cuatro años, pero esta promesa no fue cumplida. En el 2014, siete años después del incendio, las personas que antes habitaban El Oasis lo ocuparon nuevamente. Con esta acción pretendieron construir sus casas nuevamente y exigir a la administración una vivienda digna, tal y como lo había prometido hace años.

Un año después, en el 2015, el Esmad desalojó a 38 familias ubicadas en El Oasis, sin ofrecer ningún tipo de garantía de vivienda o reubicación. Durante este tiempo se llevaba a cabo la construcción del puente de La Madre Laura, justo al frente del sector; este busca ser una de las vías de conexión del 'Distrito de la Innovación', y una de las principales banderas de 'Medellín la más innovadora', por lo que la comunidad afirma que el desalojo se debe a la construcción de este proyecto.

El 18 de agosto del 2017 se presentó otro incendio en el mismo sector, ocasionando que 300 viviendas fueran consumidas en llamas. Gran parte de las familias afectadas decidieron resguardarse bajo el puente de La Madre Laura y aún continúan sin soluciones de vivienda digna por parte de la administración.

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén, un barrio cuyas casas llevan distintos colores y por cuyos caminos se pasean vacas, gallinas y ovejas, está ubicado en el municipio de Bello, aunque hace parte de la jurisdicción de Medellín. Gran parte de quienes habitan actualmente el barrio son campesinos desplazados de distintos lugares de Colombia.

El 28 de diciembre del 2016, con la justificación de estar en zona de alto riesgo, 175 familias del barrio recibieron una orden en la que se les exigía desocupar sus casas. 15 días después, el 12 de enero del 2017 el Esmad llegó a Nueva Jerusalén y comenzó con el desalojo y la demolición de las viviendas.

Frente a estos hechos la comunidad tomó acciones para impedir el desalojo y exigió un espacio para dialogar con ambas administraciones -Bello y Medellín-. Tan solo tres días después integrantes del Esmad, carabineros y soldados contraguerrilla ingresaron al barrio, dando inicio a unas horas violentas en las que hubo 42 personas de la comunidad heridas. A finales de enero se llevó a cabo una audiencia en la que se exigió a las administraciones que debían garantizar un subsidio de arriendo por 250 mil pesos hasta que las familias fueran reubicadas definitivamente; de igual manera se estipuló un plazo de dos años para dar solución definitiva de vivienda a la comunidad.

La Iguaná
El 28 de marzo de 2017, 24 familias que anteriormente habían sido víctimas del conflicto armado fueron desalojadas del barrio La Iguaná, sector Los Ranchitos. El desalojo se ejecutó bajo el pretexto de que la comunidad se encontraba asentada en zona de alto riesgo y fue llevado a cabo a la fuerza por el Esmad, luego de que los habitantes se negaran a abandonar sus hogares.

Ante la incertidumbre de quienes fueron desalojados, la administración acordó que cumpliría con un pliego de seis puntos que compone subsidios para arriendo, subsidio alimentario, garantía de educación para niños y jóvenes, atención a mujeres embarazadas e infantes en el programa de buen comienzo, adquisición de vivienda definitiva y la no ejecución de medidas judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.

Pasados los tres meses les fueron suspendidos los subsidios de arriendo a las familias. La comunidad se encontraba a la espera de las garantías de vivienda digna que la administración había asegurado; lo anterior teniendo en cuenta que el 26 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado a favor de una acción de tutela en la que se aseguraba que se les debía garantizar a las familias una vivienda digna. “La alcaldía solo dio tres meses de arriendo y a la gente la dejó en la calle. Prácticamente no hay nada”, afirmó la lideresa de La Iguaná, Xiomara Quinchía. Así mismo, asegura que actualmente la mayoría de quienes fueron desalojados se encuentran viviendo en lugares con unas condiciones lamentables.

La Paralela
En este barrio, ubicado entre la estación Acevedo y Tricentenario del metro, el dos de agosto del presente año se informó que 297 viviendas planean ser desalojadas por la construcción de la estación Multimodal del Metrocable Línea P Acevedo - Picacho que se planea desde 2016.

Hasta ahora, se les ha ofrecido a las familias montos de dinero que no equivalen al valor real de sus casas y cuotas para que las familias paguen un arriendo durante tres meses. Este protocolo ya se ha llevado a cabo en otros desalojos de la ciudad (Puente de la Madre Laura, Nueva Jerusalén, La Iguaná), en los que las comunidades, luego de los tres meses, han denunciado que se encuentran a la deriva. Las exigencias y promesas de una vivienda digna no fueron cumplidas por la administración.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, a lo que nos oponemos es a que nos maltraten, a que nos violen los derechos. Queremos que nos aseguren unas condiciones dignas para vivir. Uno debe salir en iguales o mejores condiciones de las que estaba”, afirma José Muñoz*, habitante de la Paralela. Mientras los pobladores de la ciudad proponen Mejoramiento Integral de Barrios, las administraciones siguen priorizando los intereses de algunos sectores como el constructor, pensando en un modelo de ciudad para el turismo que olvida las necesidades inmediatas de quienes construyeron precaria y comunitariamente la ciudad.

En el mes de septiembre la ciudad de Bogotá se vió inmersa en un proceso de movilización gestado desde los barrios populares del sur: el paro de sur, Tunjuelo. Este fue un proyecto de organización colectiva que tenía como intensión manifestarse en contra de las múltiples afectaciones que tienen las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, pero que tuvo como punto de partida las consecuencias que ha dejado la mala administración del relleno sanitario Doña Juana sobre los habitantes de estas zonas.

Tomar como referencia el 27 de septiembre no era casual, más bien era algo sintomático. Los habitantes de la localidad recordaban cómo hace 20 años el relleno sanitario había tenido una explosión producto de la acumulación de gases, mal manejo de 800 toneladas de basura, algo que sin duda marcó un precedente para la población. Hoy, al verla proliferación de plagas en sus domicilios e incluso cultivos de la parte rural, sintieron que ese oscuro episodio se estaba repitiendo. Por eso elevaron su voz de descontento y empezaron a trabajar de forma colectiva en torno al desarrollo del paro del sur. Buscaban gritar que el sur no se podría seguir convirtiendo en el basurero de la ciudad, y que es necesario pensar en alternativas viables para dar un buen manejo a las 6000 toneladas de basura que llegan allí diariamente.

Pero esta era tan solo la punta del iceberg, por lo que otras localidades del sur de la ciudad se vieron involucradas y decidieron participar en esta movilización, que iba tomando más fuerza debido al trabajo barrial realizado por las mismas comunidades. La gente estuvo comprometida desde el inicio con el desarrollo del paro, y se encargó de brindar su apoyo, desde lo más pequeño,para que todo funcionara. 

¿Qué sucede en el sur?
Hace poco, el representante a la Cámara Inti Asprilla calificó como infame la forma de actuar de la actual administración con la gente del sur. Citó claramente cómo allí la clase popular tiene problemas con el ya mencionado relleno, sumado a la falta de rutas de transporte, la carencia de personal docente en las escuelas, las condiciones de inseguridad a las que están sometidos los jóvenes, ya que se denuncia que en estas zonas existe presencia paramilitar, el problema de la minería a cielo abierto, y como si fuera poco, los problemas que tiene el sistema de salud para estas zonas.

 

El paro se despertó en la ciudad
Durante la preparación del paro los participantes semanalmente se reunían a discutir la posibilidad de vincular la mayor cantidad de gente que aportara a la movilización. De dichas reuniones salían propuestas y asignación de tareas; había un proceso de organización que permitió involucrar a estudiantes, líderes sociales, maestros, medios de comunicación alternativa, y lo más importante, gente del común, convencidos de que este paro debía marcar un precedente histórico de movilización en toda la ciudad.

Llegó el 27 de septiembre y, sobre las 7:00 a.m., desde diferentes puntos de la ciudad se empezaban a agolpar personas que sentían la necesidad de apoyar la movilización. Llegaron organizaciones sociales, y aunque la administración militarizó las diferentes zonas como método de represión a la protesta social, el apoyo fue masivo, y los puntos de concentración fueron estratégicos. De esta forma salieron movilizaciones desde Bosa, Kennedy, El Tunal, algunos barrios del norte de la ciudad e incluso Universidades Públicas. Las consignas no se hicieron esperar y en la ciudad se escuchaba un grito:“¡A parar para avanzar, viva el paro popular!”
Andrey Téllez, docente que acompañó la movilización, manifestó que quien estaba en las calles era la “dignidad rebelde” exigiendo el pago de la deuda social de los problemas que siempre han existido, pero que lastimosamente se han agudizado y peor aún, que se están invisibilizando desde la administración. Al mismo tiempo dejó por sentado que esto no sería una movilización de un día, sino que era el inicio de todo un proceso que debía mantenerse hasta lograr una solución efectiva a las problemáticas del sur.

Así mismo, uno de los participantes de la marcha que salía desde la autopista sur, manifestó que “el sur tenía que dejar de ser patio trasero de la ciudad, porque el sur estaba poniendo el norte”, y que dicho evento debía ser un referente para las próximas generaciones para no permitir que dirigentes políticos hicieran de las suyas aprovechando el momento de elecciones que se aproxima.

Quedó claro entonces que la solidaridad y la lucha organizada del sur sabía cuál era el objetivo de parar la ciudad. Mostraron a los ciudadanos del común que allí estaban muchas personas dispuestas a poner su aliento y fuerzas con tal de ser escuchadas. El sol de la capital estaba en su mayor punto, y las calles se hicieron largas, pero las marchas no se detenían, y la idea de llegar hasta Usme no decaía.

Trascurrida la jornada y a pesar del cansancio y los encuentros con la Fuerza Pública, había una sonrisa en quienes participaban, y no era para menos, se había logrado detener gran parte de la ciudad: mostrar las problemáticas por la cuales se movían y aún más gratificante, se logró que cerca de mil personas se unieran en torno a una lucha que se había gestado desde meses atrás y que no se detendría allí.

Tumaco es el municipio con más cultivos de coca en el país. El número de hectáreas llega a las 20.000. En este territorio, habitado por alrededor de 5000 familias campesinas y por comunidades indígenas, persisten fuertes dinámicas de violencia. El pasado cinco de octubre fue un reflejo de ello. Este día, oficiales de la Policía Antinarcóticos asesinaron a siete campesinos e hirieron a alrededor de 20 en la vereda El Tandil.

La comunidad de El Tandil, de las veredas aledañas, e incluso de los resguardos indígenas, tienen como principal fuente de sustento el cultivo de la coca, y no cuentan ni con condiciones ni con garantías de vida óptimas. Como explica Diana Montilla, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje -Asominuma-, “las personas mestizas y los afro deben pagar alrededor de 500.000 pesos para poder tener energía de seis de la tarde a diez de la noche, y en los resguardos no hay plantas, no hay energía”. Los padres de familia deben gestionar los docentes para educar a sus hijos, y adicional a eso, solo hay un puesto de salud en una vereda llamada El Azúcar, que fue una donación de la Organización Médicos sin Fronteras hace diez años, pero que nunca se ha usado, no han llevado médicos ni enfermeras, y hoy está a punto de caerse.

Cuando una persona se enferma su mejor opción es acudir a San Lorenzo, en Ecuador, porque en Tumaco no es posible encontrar una buena atención. Y el transporte también es un problema: para llegar a la zona, hay que hacer un recorrido de aproximadamente una hora hasta el sector de la variante, antes de llegar a Llorente, luego hay que llegar a La Playa, luego partir hacia la vereda El Playón o El Vallenato, y de ahí desplazarse hasta la vereda El Tandil, en moto o en carro. La movilidad entre las veredas, que se hace sobre todo por vía fluvial, se restringe por los riesgos del caudal del río, desde de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Con todas estas problemáticas, y con las dificultades que conlleva el proceso, los campesinos tienen la intención de sustituir sus cultivos, pero existe un problema con la tierra, ya que no hay claridad sobre la pertenencia de varios terrenos. Se ha dicho que los campesinos han despojado a los miembros del Consejo Comunitario. No se sabe exactamente cuál terreno le pertenece al Consejo y cuál a los campesinos asociados en Asominuma.
Por esta situación han preferido esperar a que haya una clarificación en el territorio para poder entrar en el proceso de sustitución de cultivos. Ante este problema, la líder de Asominuma expresa que la organización “nunca se ha opuesto ni ha dicho que no quiere la sustitución, de hecho los campesinos entregaron un documento a la Vicepresidencia de la República manifestando su voluntad de sustituir”.

¿Qué ocurrió el cinco de octubre?
“Muchos compañeros campesinos empezaron a llegar desde las siete de la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí ahí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando”.

“Salí corriendo, y en un trayecto de unos 10 metros me caí tres veces. Mis compañeros me empujaron. Detrás de un palo había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos pero los disparos seguían. Miré hacia atrás y vi una salida. Me metí corriendo, y salimos. Llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Al llegar ahí vi que uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar la arremetida de las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando”.

De esta manera narra lo sucedido Elier Martínez, integrante de la acción comunal de la vereda, y quien vivió en carne propia la desazón de la masacre, que tuvo antecedentes puntuales en el marco del problema de los cultivos.

En abril se vivió un incidente en el territorio. Unidades de la Policía ingresaron al lugar y erradicaron varias hectáreas en veredas de la zona baja del Alto Mira. Estas acciones no estuvieron acompañadas de ninguna ayuda o auxilio del Gobierno. Eso hizo que las comunidades se organizaran en un proceso de manifestación pacífica que desencadenó en la retención de 12 policías que posteriormente fueron dejados en libertad. Situación similar se presentó durante los primeros días de octubre: unidades antinarcóticos ingresaron al territorio intentando implementar el proceso de erradicación forzada, y las comunidades decidieron mantener un cordón humanitario exigiendo la suspensión de la erradicación.

Según reseñan la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Unipa, y la Asociación Minga, el asentamiento de los policías se estableció el primero de octubre sobre territorio perteneciente a la comunidad indígena, más exactamente al Resguardo Piedra Sellada. Por esto el martes tres, aproximadamente a las 10:30 a.m., “65 guardias indígenas acudieron al lugar donde construyó su base la Fuerza Pública y ante la solicitud de hablar con los oficiales al mando de policías y militares, fueron agredidos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil”. El cuatro de octubre, un día antes de la masacre, los líderes indígenas persistieron en su intención de hacer retirar de su territorio a los oficiales, pero tampoco lo lograron.

Finalmente, el cinco de octubre, jueves, los líderes indígenas quisieron intentar una vez más hacer valer su soberanía. Al llegar a la zona se encontraron con cientos de campesinos que se manifestaban y que formaban un cerco humanitario a los cultivos de hoja de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de, hasta ahora, siete campesinos, en unos hechos que apenas se esclarecen y que ya están siendo investigados. Hechos que, en pleno inicio del llamado “posconflicto”, ya marcan un punto de ruptura, y que dejaron huella sobre muchos campesinos. “Es como un trauma. Duermo poco. Me despierto y me traslado al lugar. Me pongo a pensar estando ahí. Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. Hasta la fecha, me he puesto a llorar porque sigo sin entender”, expresa Elier Martínez.

La agresión persistió
En la mañana del domingo, tres días después de la masacre, llegaron a la vereda El Tandil periodistas de distintos medios de comunicación que se encontraron con la Comisión de Verificación conformada por representantes de la ONU, la Mapp/OEA, Pastoral Social de Tumaco, la Personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño. También estaban la Guardia Indígena e integrantes de organizaciones como el Movice y la Corporación Jurídica Yira Castro. Todos con la intención de verificar las cifras y las versiones de la masacre.

Allí se encontraron, primero, con oficiales del Ejército, y después, con el campamento de la Policía Antinarcóticos, los responsables de la masacre. Algunos oficiales tenían su rostro cubierto con pasamontañas, no portaban ninguna identificación, la mayoría estaba en camiseta, incluyendo quien se presentó como capitán, que nunca se identificó. No importó la petición del delegado de Naciones Unidas de que se descubrieran el rostro, lo único que hicieron fue retirarse hacia la parte de atrás, mientras los oficiales del ESMAD presentes en el lugar amenazaron con lanzarle gases a la delegación si esta se movía más.

Luego de intentar dialogar con los policías, conformaron una pequeña comisión de alrededor de 15 personas, para adentrarse en la maleza y verificar la presencia de un cuerpo que un miembro de la Comunidad Indígena Awá había visto cuando caminaba por ahí en la mañana. Con el indígena que hizo la denuncia, dos periodistas, algunos campesinos de la zona, y con un representante de cada organización, partió la comisión en busca del cuerpo. Los demás se devolvieron a la zona donde estaba el Ejército, para evitar confrontaciones con los policías.

Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga - Somos Defensores, quien hizo parte de la comisión, relata así lo que sucedió después: “Caminamos unos 15 minutos por la maleza y cruzamos una quebrada. Íbamos caminando, cuando en un momento la Policía grita que tenemos que salir de allí, y acto seguido lanzan una primera granada aturdidora. Íbamos en fila india por las condiciones del terreno. Los que están en la cabeza de la marcha se botan al piso y empiezan a identificarse. Adelante estaba la ONU, la Mapp/OEA, y los representantes del Gobierno local y departamental. A pesar de que nos identificamos ellos siguieron disparando. Los disparos no eran al aire, sino contra nosotros los que estábamos allí en la comisión. Después del segundo disparo nos dimos cuenta de que podíamos seguir gritando y no nos iban a hacer caso”.
Ante tal situación, huyeron del lugar mientras gritaban pidiendo ayuda al Ejército, con la guía de los indígenas, y con miedo por saber que existía la posibilidad de que el terreno estuviera minado. Varias de las personas que esperaban a la comisión en el sitio donde estaba el Ejército, decidieron, luego de escuchar las explosiones, los gritos, y las balas, ir a socorrer a los que estaban atrapados entre el fuego y la maleza, lo que dio lugar a una grave denuncia. “Fueron cuatro personas que intentaron entrar mientras gritaban nuestros nombres. Y la Policía les contestaba. Se hacían pasar por nosotros, para que los compañeros fueran llegando hacía donde ellos estaban. Si no es por la Guardia Indígena que se da cuenta de que era un engaño, seguramente se hubieran podido jalar alguno de los compañeros. Esa denuncia hay que hacerla”, relata Cifuentes, quien agrega, además, que “debe haber algo muy fuerte, muy terrible en el campamento de la Policía, para que ellos prefieran asumir todo lo que implique haberle disparado a una comisión de derechos humanos”.

Una situación es característica tanto en la masacre de los campesinos el cinco de octubre, como en el ataque a la Comisión de Verificación y de derechos humanos, el ocho. En los dos episodios la Policía Antinarcóticos fue quien atacó, y los oficiales del Ejército –que estaban ubicados a solo 10 minutos del lugar de la masacre- fueron quienes atendieron a los heridos.

A los policías antinarcóticos que perpetraron la masacre también se les acusa de haber alterado la escena del crimen. Los campesinos denuncian que los oficiales se dedican en las horas de la madrugada a cortar los árboles, a remover la tierra, y a tapar rastros de sangre. De estos oficiales, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, pidió relevar 102, y la Procuraduría abrió investigación contra 14 militares y 40 policías. Esto en aras de esclarecer los hechos de una masacre de la que se culpó a las disidencias de las FARC, pero que tiene claros responsables en la Policía Antinarcóticos.

Por lo pronto las comunidades claman justicia ante un hecho que demuestra la incapacidad del Gobierno para controlar a sus oficiales, y lo erróneo de un mecanismo de erradicación que, al hacerse a la brava, olvida las necesidades y requerimientos de los campesinos. “Descansaría de pronto el día que escuche un juez de la república decir que los culpables están condenados a tantos años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ese día talvez descansaré”, expresó Elier Martínez, sobreviviente de la masacre.

Siete meses después

Visité por vez primera la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, para participar de la carrera atlética Mocoa 10k Vive. Han pasado siete meses luego de la avalancha ocurrida por las fuertes lluvias y se ven aún las piedras, rocas, arbustos caídos, lodo por doquier, barrotes, y enseres de las casas destruidas. La ciudad que quedó en pie está sitiada, pues todos esos escombros no han sido removidos ni levantados, y las labores de reconstrucción y recuperación de infraestructura son inexistentes. Se suma al mismo tiempo el desánimo, la desesperación y el desamparo para los sobrevivientes y damnificados por cuenta del Estado colombiano y el Gobierno de “Paz, Equidad, Educación”, como también de las instancias departamental y municipal, quienes han brillado por su ausencia para la pronta solución de las necesidades básicas y prioritarias.

Es impresionante la negligencia gubernamental. Y lo sostiene así una habitante del barrio San Miguel, la señora Rosa Erazo, quien actualmente vive en el segundo piso de su casa que quedó de pie, pues hoy por hoy no tiene en dónde arrendar, debido a que el auxilio de arriendo por tres meses, de 250.000 pesos, no alcanza para lo que realmente cuesta un arriendo en esta ciudad, que oscila entre 350.000 pesos y 600.000 pesos.

Doña Rosa es doblemente desplazada, primero por la violencia armada, pues en el 2002 debió desplazarse del municipio de La Dorada como consecuencia del asesinato de su esposo, y recién llegada a Mocoa la alcaldía de la época le prometió una casa y el pago de la indemnización que nunca cumplió. Desde eso comenzó a labrar su porvenir levantando su casa donde está actualmente, y hoy medio destruida. Su presente diario está en cuidar a su madre con más de cien años de edad, en elaborar sombreros y bolsos de hiraca, y en alimentar pollos y gallinas para sostenerse y tener con qué comer y vivir. Está a la expectativa de lo que ocurra con la entrega de las nuevas casas, que cuentan las malas lenguas, serán por sorteo amén de la posibilidad de la demolición del barrio. Sobre esto doña Rosa dice: “Si piensan venir a demoler las casas aquí, me tendrán que demoler a mí también porque no tengo nada ni para dónde ir”.

Una de las grandes preguntas que se hacen los habitantes es qué pasó con el dinero y las promesas vendidas. Mientras tanto, duermen noche a noche con los ojos a medio cerrar y con el miedo permanente de que otra lluvia, otro aguacero, tan nada ajeno a este paisaje amazónico, genere un nuevo deslave, una nueva avalancha, para llevarse definitivamente la poca ilusión que les queda ante dios y ante la misma vida, que viene siendo esquiva por causa no del destino, sino de la misma naturaleza a la cual el hombre mismo se ha encargado de desproteger y destrozar sin anestesia.

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