Edición 134 Diciembre 2017

A diferencia de sus hermanos, Leonidas Proaño sobrevivió a la pobreza y al hambre, y así nació en 1910 en un sencillo hogar en Ibarra, un pueblo de artesanos en la provincia de Imbabura situada al norte del Ecuador. Durante su infancia, el sustento de su hogar provino del oficio de su padre de macetear sombreros, el cual el pequeño Leonidas también ejerció en largas jornadas que les sacaban cayos a sus manos y le hacían doler la espalda. Aun así, ser “compositor de sombreros” -como él mismo lo definía- fue la oportunidad para compartir la experiencia junto a su familia de una fe muy profunda y un hondo amor a sus raíces, a su pueblo. Sobre esta etapa escribiría en su autobiografía: “La dureza o la monotonía del trabajo eran suavizados por la conversación y el canto. El diálogo y el canto tienen un profundo sentido comunitario. El primero, el diálogo, es el mejor vehículo de intercomunicación personal. El segundo, el canto, es un vehículo inapreciable de armonización, a través de las voces, de los sentimientos. Y es un medio para crear alegría”.

Allí en el seno de su familia descubrió que la pobreza es un don en cuanto se tiene conciencia de ella, o en sus palabras “siempre que lleguemos los hombres a ser conscientes de nuestra congénita indigencia”, de ahí su amor por los pobres, por su capacidad de vivir lo comunitario y expresar la solidaridad. También de sus padres aprendió sobre el trabajo, la honradez y la valentía, que forjaron las semillas que luego dieron frutos en su vida.

En su juventud quería ser pintor, pero pronto la vocación lo hizo dudar de este camino, y en medio de este dilema terminó optando por el sacerdocio. “Tuvo que venir a Quito para los estudios de teología, y parece que sus padres no tenían cómo sostenerlo, y no tenían cómo viajar a Quito para visitarlo, lo veían una vez al año. Su madre hacía sus ahorritos para mandarle una tostadita, un poquito de maíz, unas papitas... Antes de ordenarse sacerdote su padre muere, y su madre queda en el peor desamparo, la viudez, la pobreza, entonces ella se vio obligada a vender el trocito de tierra y el pedacito de casa que tenían, para poder comprar la sotana y todos los requerimientos a monseñor para que se ordenará sacerdote, pero él se opuso porque no iba a permitir que su madre se quedara en la calle”, cuenta Nidia Arrobo, quien ahora es continuadora de su legado en la Fundación Pueblo Indio, que el mismo Proaño antes de morir dejó proyectada.

Una vez sacerdote empleó el método de ver-juzgar-actuar y entonces se dedicó a los jóvenes y obreros de su ciudad, Ibarra, y con ellos comenzó a trabajar para organizarlos. En este sentido apoyó la consolidación de las Juventudes obreras cristianas
-JOC-, y comenzó junto a otros amigos un proyecto de librería “La Cardijn” que continuó también con el periódico “La Verdad”, con el cual iba en su búsqueda para ser libre. Desde esta tribuna comenzaría a plasmar sus preocupaciones y posturas sobre los más pobres.

“A través de la vida hay hombres que abren caminos. Yo quiero ser uno de ellos”

No se sabe cómo, pero el nombre de este sacerdote que ya demostraba su entrega por el pueblo terminó para 1954 en la terna para ser Obispo, sin embargo al ser el tercero de la lista nadie creyó que este fuera a quedar seleccionado. La sorpresa llegó con una llamada del nuncio papal:

-Apúrese y tráigame la foto con toda la vestimenta de obispo– le dijo el nuncio molesto.

-Pero si yo no tengo nada, sólo tengo una raída sotana negra– contestó

Para solucionar esto, el nuncio terminó prestándole sus ropas, y así se tomó su primera foto como Obispo de Riobamba. El ahora monseñor se dirigía de Imbabura a Chimborazo, al centro sur del país. Mientras monseñor saludaba en un carro descapotable, se le acercó una indígena que no era distinguida de la zona, con un poncho totalmente viejo, sin zapatos y con un sombrero que casi no tenía forma de sombrero por su desgaste, y le dice: “por fin llegaste, taita amito”, haciendo referencia a los amos que todavía para esa época eran los hacendados, los curas, los obispos, y al taita que en lengua quichua quiere decir padre. Con esto lo reconoció como una figura superior pero cercana. "Eso le toca el corazón al monseñor de una forma impresionante, ya que él nunca olvidó esta frase", recuerda Nidia. De esta manera, monseñor comenzó a desmarcarse de la parafernalia y dejó de participar en los actos públicos con las autoridades.

Se dedicó a las grandes visitas pastorales por toda la diócesis, y así pudo constatar que la Iglesia de Riobamba tenía 36.000 hectáreas de tierras, fruto de la herencia colonial, y los indígenas -decía monseñor- no tenían tierra sino en las uñas y vivían como topos en chozas. También se dio cuenta de la penosa situación de los indígenas de esta región; observó que vestían de negro o gris, que tenían las muelas podridas, los cabellos desgreñados, estaban en un completo abandono por lo que eran explotados económica y socialmente, y además sufrían una de opresión psicológica, entonces decía: "Yo le quiero dar al indio tierra, trabajo y dignidad".

Antes de la primera reforma agraria en Ecuador, el monseñor Proaño comenzó a darle tierra a los indígenas de Chimborazo, pero allí no se quedó su labor, él sabía que lo más importante era que los indígenas tomaran conciencia y comenzó las escuelas radiofónicas para enseñarles el alfabeto en Quichua, valorando la lengua que es prioritaria para la identidad. También les mostró que tenían derechos, entonces los indios se comenzaron a alzar y a reclamar.

Nidia menciona que en principio, cuando él celebraba la misa, llegaban “los señores” y ocupaban las bancas, y los indígenas que habían llegado primero tenían que ponerse de pie, irse para atrás y arrodillarse en los suelos de los costados. Un día monseñor les dijo: “ustedes tienen tantos derechos como ellos, o más, porque seguramente ustedes levantaron este templo”, y con esto los indígenas comenzaron a ocupar las bancas, y los denominados señores dejaron de ir. Se armó la revolución del poncho, los indígenas de otras haciendas de Chimborazo comenzaron a reclamar también que se les devolvieran las tierras, poniendo como ejemplo la labor del monseñor Proaño. En otras diócesis comenzaron a exigir también lo mismo. Para este momento el monseñor ya era incómodo para los poderes económicos y políticos, que lo veían como una amenaza, mientras que para los indígenas él era una luz de esperanza.

Así, sin frenos ni marcha atrás, siguió la revolución, y el rumor no sólo llegó a oídos sordos, sino que también otras experiencias en el continente comenzaron a interesarse por el proceso que se gestaba Riobamba.

Monseñor Proaño es reconocido como una de las figuras que impulsó la teología de la liberación en Latinoamérica, hizo parte del Concilio Vaticano II y luego firmó el pacto de las catacumbas de Santa Domitila, en Roma, en el cual sin decirle a nadie se comprometió junto a otros sacerdotes del mundo a vivir en pobreza y en optar preferencialmente por los pobres. Luego también participó de la Conferencia Episcopal Latinoamericana -CELAM- de Medellín en 1968; en este espacio que resultaría en cultivo de organización a favor de los pobres de Latinoamérica, compartió su visión de los indígenas del Ecuador. Se encargó después del Instituto Pastoral Latinoamericano –IPLA–. Todo este trabajo trajo consigo la persecución y una contra ofensiva de los sectores de la iglesia conservadores, que entonces comenzaron a arremeter contra estas propuestas liberadoras. En el caso del monseñor Proaño, por la denuncia del nuncio y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, llegó un visitador apostólico de Roma para sacarlo del obispado en 1973, porque según ellos era un comunista, subversivo y estaba armando a los indios.

Antes de la llegada del visitador, Proaño le avisó a la comunidad, y esta organizó un recibimiento muy grande. Le exigieron hablar primero con ellos antes que con el obispo, entonces le mostraron la realidad en que vivían, sin armas, pero con la radio por donde aprendían. Después de esto, el visitador le dijo al monseñor que no se preocupara porque había visto una fuerte relación entre las comunidades y el evangelio. Para despedirlo, los indígenas hicieron una concentración enorme, donde una indígena de Imbabura se sacó la faja de la falda que llevaba, se la colgó al visitador y le dijo:

-Padre visitador, usted dígale al Papa santo que de aquí no saca al taita obispo, porque por el ojo ve, oído oye, boca habla, mano hace, pata no mas no quiere caminar, pero caminará.

El monseñor Proaño murió en 1988 y fue sepultado por su solicitud en la comunidad de Pucahuaico. Antes de morir reunió a un grupo de cinco personas, entre ellos Nidia, y le encomendó continuar la obra, porque entendía que desde la iglesia jerárquica no lo iban a hacer. Monseñor Proaño abrió el camino de la lucha de los indígenas en Ecuador que continúan exigiendo sus derechos, hoy en día en contra del modelo extractivista que azota a la región.

Los movimientos estudiantiles en Colombia han luchado durante más de 30 años para exigir sus derechos y los de la sociedad en general. Sin embargo, hoy el país presenta un contexto muy distinto en algunos escenarios, y sus mecanismos de manifestación parecen estar cambiando mientras la resistencia continúa.

 

La historia de los movimientos estudiantiles es un tema apasionante, pues, como menciona el vicerrector de la Universidad del Rosario, Richard Santamaría Sanabria, en su texto La importancia del movimiento estudiantil en Colombia, la relevancia de estos se debe al “reconocimiento del valor inmutable del estudiantado y su significancia dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia”. A su vez subraya que “las grandes reformas constitucionales que conllevan una real conmoción en el funcionamiento del estado se han gestado con un papel protagónico y contundente del movimiento estudiantil colombiano”.

En ese sentido, la lucha de los estudiantes en Colombia ha sido efectivamente vital para que la sociedad reconozca las distintas coyunturas que ha atravesado el país, pasando el surgimiento de grupos armados ilegales, los grandes cambios legislativos, y hasta por expresiones de resistencia ante la violencia armamentista.

Actualmente, el contexto es significativamente otro, aunque no por ello menos adverso. El país vive un proceso de paz con dos de los grupos armados más influyentes en la historia del conflicto armado colombiano, y en teoría los escenarios de lucha están cambiando, pero la estigmatización, la represión y las amenazas aún existen.

Una lucha que cambia, pero no termina
El diario El Espectador recordó en junio de este año cuando en 1971 se llevó a cabo una de las movilizaciones estudiantiles más grandes en la historia del país, uniendo a universidades privadas y públicas, gremios y sindicatos bajo una consigna: “Por una educación nacional, científica y de masas”.

Las protestas habían empezado en enero, pero el suceso que desencadenó en tal paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato de 20 personas en la Universidad del Valle, el 26 de febrero de ese mismo año.

La represión incentivó a la unión de las distintas asambleas estudiantiles plasmada en el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, documento que proponía seis puntos. El más importante hablaba de abolir los Consejos Superiores Universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero (sectores extrauniversitarios), y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno.

El paro duró hasta septiembre y cerró en un común acuerdo entre estudiantes y el Estado, donde se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972.

Esa fue una de las primeras luchas que lograron visibilizarse a nivel nacional y, por ende, una de las victorias más importantes obtenidas para el movimiento estudiantil.

Hoy parece ser que diversos factores han reducido al movimiento, la unidad y a la movilización. O al menos eso afirma María Fernanda Uribe, estudiante de Ciencias Políticas y miembro importante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, pues para ella la lucha de los estudiantes universitarios ha perdido fuerza por una situación imperceptible: la edad. Y es que en las mismas inducciones que se realizan cada año en su universidad, se encuentra con estudiantes de hasta 15 años de edad. Para María “salir del colegio a los 15 años y llegar a un mundo tan grande como la universidad” es muy fuerte para ellos. Por lo tanto, vincularse a una lucha estudiantil que represente una mejora a nivel educativo, social o político es exigirle demasiado a un joven de esa edad.

Sin embargo, María Fernanda sostiene que el papel trascendental del movimiento estudiantil no es el único que ha decaído, pues, desde su punto de vista, las organizaciones políticas dentro de la universidad también están en un mal momento. María Fernanda dice que ha tratado de ser enfática en cambiar las formas de transmitir las ideas a la gente, pues puede ser otro gran motivo de la tangible falta de unidad. María lo propone con tal de incentivar a la participación y a adaptarse a las nuevas generaciones que van llegando a la academia universitaria.

Así las cosas, “ocurre que cuando se convoca a las marchas la gente a veces sale y a veces no”. Según María Fernanda, esa situación se debe a que hay métodos de convocatoria desgastados. De la misma forma, considera que en este momento el movimiento estudiantil se encuentra en un limbo ya que no se decide a la hora de proponer e implementar esos métodos los cuales se reducen al gusto de unos y se convierten en un repelente para las distintas voces que pretendan involucrarse.

Soranny Moncada, estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante desde hace más de cuatro años de la organización Proceso Nacional Identidad Estudiantil, agrega que la problemática se podría deber en gran parte a una marca de temor creada por el paramilitarismo dentro y fuera de la universidad, que prevalece y sin duda cumplió su objetivo dividiendo y señalando al estudiante que quisiera integrarse en una organización social o estudiantil.

¿Por qué están luchando hoy los estudiantes?
Los estudiantes siempre se han vinculado a las luchas que proponen los distintos sectores sociales que se empeñan en exigir sus derechos, nunca sin olvidar sus necesidades. De esta manera, para Soranny hoy hay un problema clave para resolver: la desfinanciación.

Soranny explica que, aunque hace 10 años los movimientos estudiantiles estaban más atomizados regionalmente y hoy están más articulados a nivel nacional, falta superar esa barrera de unidad concertando las necesidades puntuales, apuntando a la construcción de paz, que abran espacios dentro de las mismas universidades.

Los casos específicos actualmente son el decreto 2034 y el programa Ser Pilo Paga (SPP). El primero, una reforma a la educación, y el segundo, para las organizaciones estudiantiles, una beca abstracta y egoísta. Ambos son para Soranny y muchos estudiantes, unas políticas aplicadas como forma de privatizar la educación. Según Soranny, se está eligiendo una estrategia política y económica por encima de una necesidad social, y siempre ha sido así.

Por lo tanto, la lucha estudiantil siempre tendrá cómo resistir y contra qué luchar, porque esa chispa de rebeldía necesaria para confrontar y reclamar sus derechos no desiste. Las expectativas de los movimientos de los estudiantes se basan en superar errores pasados y lograr la unidad que requieren para asumir los retos que década tras década no disminuyen, sino que, todo lo contrario, se reproducen sistemáticamente mientras atentan contra sus derechos.

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa(DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisissobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales.

Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicos, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades, y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incómoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002.

El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas se deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, se trata de unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

El pasado 24 de noviembre se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo entre la guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, para darle, por fin, una salida social y política a ese conflicto militar cuya duración superó el medio siglo.

 

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron, es el reconocimiento mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptar que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí: la Mesa de Negociaciones en La Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente, pero sí reconocidos como actores sociales y políticos.

El Acuerdo Final que da fe de ello, es el resultado de un consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país, que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, en el que además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales.

Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general fue el escenario de un diálogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus víctimas. Por efecto, el Documento (Acuerdo Final) reconoce tanto las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también víctima) como de la histórica deuda social que aún hoy el Estado tiene para con el pueblo colombiano.

El estado de salud del Acuerdo Final
Sin pretender “aguar la fiesta”, pero sí reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original), debemos echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos cinco años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta para la construcción de la paz con justicia social y dignidad, tan anhelada y soñada por varias generaciones, y mirar cómo va hoy.

Es imposible ocultar que este proceso desde sus inicios ha sido asediado y atacado por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años, sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional, en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares.

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el Acuerdo Final, toda vez que “este era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'” (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). El resultado de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años, y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.

Posterior a esto y como efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast Track (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), a las manos del Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ejemplo Cambio Radical) y de para-política (ejemplo Centro Democrático).

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas son los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos, a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), así como a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de No Repetición (SVJRNR), para, tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final, tumbando la esencia del Fast Track, y brindando la posibilidad al Congreso de la República para iniciar “estudio” (léase manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma el del cuestionado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos” contra la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (punto 2 del Acuerdo Final), y contra sus dirigentes, amenazando con una pronta persecución jurídica hacia ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco, que se resistían a la erradicación manual, la cual va en contravía a lo acordado sobre la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final), fue atacada a tiros por el Ejército y la Policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacífico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos cómo la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, dio vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, y trasladó lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP quedará a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”.

Así mismo, la Corte Constitucional dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enlutó y sigue enlutando nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final).

Por su parte, los medios masivos de comunicación (RCN, Caracol, City Tv, CM&, Noticias Uno, El Tiempo, El Espectador, etc.), han sostenido un libreto noticioso y de opinión en estos temas de paz y de justicia social con un formato que estigmatiza, desinforma y oculta la verdad. En este caso en particular, han servido de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, poner en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia como único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas, y engañar al país al proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres, de los casi cinco millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros).

Soplan vientos de traición
En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de Paz y su Acuerdo Final, iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios, ganaderos, terratenientes, y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada.

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen, desde sus diferentes vertientes, sin excluir al ejecutivo mismo. Abonan así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con dignidad y justicia social para la presente y futura sociedad colombiana.

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó este proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?

Participar es paz

Después de nueve meses de iniciada la fase pública del proceso de negociación y diálogos de paz en Quito, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este 30 de octubre de 2017 en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, a una media hora de Bogotá, se dio inicio al proceso de consulta sobre el punto uno de la agenda acordada desde el 30 de marzo de 2016 en Venezuela: Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz en Colombia.

Lo primero que hay que dejar claro, según palabras del comandante Pablo Beltrán, y de Consuelo Tapias de la subcomisión de participación del ELN, es que esta no es la participación sino un espacio de consulta con organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, para construir un mecanismo y un diseño que permita desarrollar el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. No debe ser el Gobierno o el ELN el que diga cómo participa la sociedad sino la misma gente la que lo proponga.

En principio, este ejercicio de escuchar a cerca de 225 personas, representantes de igual número de organizaciones e instituciones de la sociedad civil y algunas del Estado, se haría en la ciudad de Quito, pero debates alrededor de la metodología, la logística y los altos costos los condujeron a desarrollar el proceso en Colombia. Por eso decidieron conjuntamente enviar a la subcomisión de participación de la Mesa de Quito integrada por dos negociadoras del ELN: Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y dos del Gobierno: Luz Elena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, para cumplir con la importante tarea de escuchar y tomar atenta nota sobre las propuestas.

Las partes nombraron seis relatores que se encargaron de escuchar detenidamente, sistematizar y sintetizar las exposiciones de cada participante, que duraban 15 minutos cada una. Este delicado trabajo será el insumo a partir del cual las partes de la Mesa de Quito definirán cómo es que se adelantará el proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz de Colombia. Un trabajo que no será fácil, pues a pesar de importantes consensos o coincidencias entre las propuestas, las líneas rojas del Gobierno y los gremios que allí se presentaron, se mantienen.

También, vale anotar que existió descontento entre algunos miembros de la Mesa Social para la Paz, que reúne más de 200 organizaciones sociales y comunidades de fe, por el formato tan conservador que asumió la Mesa de Quito para adelantar estas audiencias previas a la participación. No hubo publicidad en los principales medios de comunicación ni por parte del Gobierno ni del ELN, tampoco fueron invitados los medios al cubrimiento periodístico de las audiencias, y para colmo de males, los jefes de delegación no se presentaron de manera directa a la instalación de un proceso que según el ELN y el Gobierno es la columna vertebral de la negociación. Según la Mesa Social para la Paz, fue una gran falla no aprovechar el inicio de las audiencias para animar a la sociedad y crear un ambiente propicio a la paz en un momento complicado en la implementación de los acuerdos de La Habana, y para la visibilización de la Mesa de Quito que ha pasado de bajo perfil.

Consensos y líneas rojas
Consultados algunos de los participantes en las audiencias, y miembros de la subcomisión de participación del ELN, coinciden en que las audiencias fueron exitosas y que las exposiciones en su gran mayoría cumplieron el objetivo de ofrecer propuestas de participación. En este sentido aseguran que hubo coincidencias incluso entre sectores, gremios y regiones que conservan diferencias políticas e ideológicas.

Algunos consensos son: la participación se debe desarrollar desde los territorios, que es donde se vive con mayor intensidad el conflicto armado y las dificultades de injusticia social. Así mismo, que debe ser de abajo hacia arriba, es decir desde lo local a lo departamental, regional y nacional. Partiendo desde los espacios territoriales como veredas y municipios. También debe ser amplia y plural, o sea que participen todos y todas sin importar partido, etnia, condición económica; en este sentido la propuesta de Gran Diálogo Nacional desde el movimiento social retoma fuerza. Debe aprovechar el enfoque diferencia acordado en La Habana. La mayoría de participantes también propusieron prorrogar y proteger el Cese Bilateral del Fuego.

Aunque no fue consenso, se escuchó de manera mayoritaria que el proceso de diálogos debería trasladarse a Colombia para estar cerca de la sociedad, que es la que recibirá los frutos de un eventual acuerdo. Esto además permite rodear el proceso y dinamizarlo. El otro tema que fue reiterado en casi todas las intervenciones fue el carácter de la participación, para la mayoría debe ser vinculante, o sea decisorio, o sino, dice la gente, para qué se le invita a participar si no es para decidir. Sin embargo, el Gobierno y algunas instituciones y gremios hablan de incidente, o que simplemente recomiende.
Las líneas rojas, que son los temas que según el Gobierno y los empresarios invitados no se pueden ni deben tocar por ningún motivo, y que también se plantearon en el proceso de La Habana, en este caso también fueron defendidos con vehemencia. Por ejemplo que el Modelo no se discute, tampoco la propiedad privada, ni la política minero energética, ni la doctrina militar.

Formas de participar
El 16 de noviembre, con la participación de la región Caribe, los sectores urbanos y las organizaciones indígenas y afros que habían aplazado su participación, finalizaron las audiencias. Las propuestas presentadas, algunas complejas, otras completas y otras muy puntuales, dejan un insumo muy importante en donde se señalan cómo, cuándo y dónde se debe realizar lo que sería un novedoso y dinámico proceso de apertura a la democracia en un país como Colombia que lo pide a gritos.

El concepto asambleario es el más mencionado, es decir la herramienta de reunión en grandes colectivos que permita construir propuestas a partir de temas concretos. Entre ellos se habló de congresos populares, mesas temático territoriales y poblacionales, y cabildos abiertos. En este sentido las mujeres, el sector minero energético y los trabajadores llevaron propuestas concretas. Otros plantearon que estas dinámicas deberían caminar a través de un proceso hacia una gran constituyente.

El Gran Diálogo Nacional y el minero energético y ambiental, son tal vez las herramientas más importantes que se recogen en este ejercicio, porque es a través de estos que se podría llegar a acuerdos básicos y fuertes, entre sectores antagónicos, para adelantar este proceso de participación, al cual aún le falta establecer con claridad los temas centrales, los que deberían salir justamente del ejercicio de diálogo. Sin duda el país merecía haber escuchado y observado en vivo tan importante ejercicio.

De regreso a Marinilla estaba perdida por la gritería de la muchedumbre. “Desalojen, desalojen”, decían los bomberos con las caras salpicadas de pantano.

–Soy Claudia la dueña de esa casa que se le está entrando el agua.

Minutos después me estrujaron hacia la salida. Encima tenía la maleta negra en la cual cargaba los papeles personales, los papeles judiciales del barrio, los accesorios, además del sueño de la comunidad “La Quebradita” que esperaba el juicio final de la Gobernación.

El reloj suizo vibró por primera vez a las cinco de la mañana con la intención de levantar a Claudia de las cobijas rigurosas que utilizan los marinillos. Se paró de su cama en forma de marcha, se estiró como un resorte, se persignó como lo hacía todos los días y se dirigió a la tina del baño.

Se duchó cantando los vallenatos del Binomio de Oro, según dice es la única forma de desestresarse.  Se secó, se enjuagó los dientes postizos y se dirigió a la pieza para retocarse la cara. Claudia -cuarentona jodida, sonrisa resplandeciente, pelo rojizo como la sangre, seduciendo como de costumbre a sus vecinos por su forma particular de arreglarse- tenía como fin protestar frente a los encopetados y lujosos edificios de La Alpujarra.

Salió de Marinilla a las siete de la mañana. A las 8 y 30 ya estaba en el centro de Medellín por su ímpetu de gloria. Cuando se bajó del bus de Sotramar, estiró la mano derecha y se la puso a un Renault amarillo vivo de los años 80.

–Señor me lleva a la Gobernación por favor.

–Sí mi amor-, le respondió con voz morbosa el taxista.
–¿Cuánto cuesta?
–Para usted mi amor, solo 5000 pesitos y le abro la puerta gratis como se lo merece.

Vio los edificios magníficos de la Gobernación y le preguntó a un peatón la dirección que tenía en la libreta. Por fin llegó al despacho de la Secretaria de Gobernación y diligenció la correspondiente cita. El gobernador la estaba esperando a las diez de la mañana. Tocó la puerta tres veces.

–Señor gobernador mucho gusto. Mi nombre es Claudia del municipio de Marinilla y vengo para cuadrar los papeles del proyecto La Quebradita–, dijo segura de sí misma.

–Listo señorita, bien pueda entre a mi despacho y conversemos acerca del tema.

Pasaron dos horas y salió la señora con una emoción en su brazo, como si se hubiera ganado la lotería. Le pregunté el motivo de semejante felicidad y no tardó en decirme que los papeles habían cumplido con todos los requisitos y aproximadamente en un mes comenzarían con la remodelación del barrio y la quebradita.

Cuando se bajó del bus de Sotramar miró hacia el fondo de la calle donde quedaba su digno hogar. Desde la distancia observó una multitud acompañada de los carros del cuerpo de bomberos y pensó que algo malo estaba pasando.

De repente aceleró las pisadas hasta llegar a la zona acordonada por unas cintas rojas y negras que advertían “lugar de peligro, por favor no pasar”. Claudia vio su casa entre el lodo y la inundación. Del desespero se le olvidó la advertencia de la cinta. Se agachó unos cuantos centímetros, caminó por la acera cinco metros con el bolso terciado. Abrió la puerta verde de la casa. “¡Uyyy mami!”, le respondieron los hijos encima de los colchones y los ratones flotadores.

-Tranquilos mijitos, voy a decirle a la comunidad que el gobernador nos va a solucionar el problema con el cauce de la quebradita. Todo comienza el mes entrante.

*Este artículo es resultado del taller de Prensa Escrita durante el proceso de Comunicadores Comunitarios del Movimiento social por la vida y la defensa del territorio, MOVETE.

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCAG) son una figura territorial creada desde las comunidades campesinas e indígenas que viven en el campo, que producen la tierra y viven de comercializar sus productos agrícolas o pecuarios. Estos tienen el objetivo de fortalecer los ejercicios de autonomía y soberanía alimentaria de las comunidades, quienes a través de sus organizaciones propias, asociaciones y cooperativas, se reúnen para consolidar la Junta de Gobierno, el plan de trabajo territorial y el despliegue logístico del TCAG.

Bajo esta premisa, el pasado mes de noviembre se constituyeron el TCAG “Vida y soberanía popular”, ubicado en los Distritos 2 y 6 del municipio de Saravena, y el TCAG del “Piedemonte araucano”, ubicado en el Distrito 1 de Fortul, ambos en el departamento de Arauca. Durante la declaración oficial de estos territorios, hombres y mujeres lucieron orgullosos los productos de su finca o sus proyectos económicos. En medio del mercado campesino, vecinos e invitados conversaron, creando lazos afectivos que contribuyen a fortalecer el tejido social.  

Con esta declaración y constitución se ponen en práctica tres vocaciones que históricamente han tenido estos pueblos araucanos. La primera es el tipo de democracia que desde la llegada de los colonos han aplicado, la de carácter participativo. Es decir que en asambleas, reuniones, comités y vocerías, la comunidad participa directamente en la construcción de su futuro, sin intermediación de actores externos que no representan sus intereses y necesidades.   

La otra vocación que hace posible el TCAG es la agrícola y pecuaria, porque permite que las comunidades continúen produciendo alimentos bajo la agricultura orgánica, limpia de agrotóxicos, como forma de preservar su salud y la vida de las personas y la naturaleza, evitando que las parcelas sean vendidas a empresas. Por eso, en las instalaciones de los TCAG encontramos papaya, yuca, plátano, naranjas, hortalizas, gallinas criollas, vacas, frutas de todo tipo, cacao, e incluso las mujeres impulsan proyectos como la elaboración de chocolates, postres, vinos de frutas, entre otros. De esta manera, también permiten que las comunidades exijan a las instituciones el apoyo a sus proyectos productivos.
La tercera vocación es la defensa y permanencia en el territorio, porque si bien es cierto que la tierra debe ser para quien la trabaja, también se debe defender con lucha y organización y no permitir el despojo por parte de los megaproyectos viales o petroleros como Caño Limón, o Verilo llano 58 y 51, en Saravena y Fortul, los cuales han dejado grandes afectaciones ambientales, sociales y culturales. Esta responsabilidad de defender el territorio recae en toda la comunidad, que se ha organizado en la Guardia Campesina, Étnica y Popular para poder tener una herramienta encargada de esta labor.

La guardia campesina garantizará que las multinacionales no invadan el TCAG; así mismo motivará a que la organización del territorio sea estable y sus miembros sigan el ejemplo de disciplina que caracteriza a los miembros de la guardia. Su carácter siempre será defensivo, porque su lógica es proteger y preservar, no destruir. Para lograr su objetivo, se valen de un bastón hecho con la madera más resistente que ofrezca el territorio, el cual no dudarán en usar si una amenaza pretende dañar el TCAG.

Lo que sigue de aquí en adelante es hacer realidad el plan de trabajo de las TCAG, de la mano de las Juntas de Gobierno, figura por elección democrática. En estos miembros de las comunidades recae la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas hechas por la gente, hablando de igual a igual con las Alcaldías, Consejos municipales, Gobernación, y demás entidades del Estado para que sea reconocida la autonomía y soberanía de estos territorios.

Desde el Coordinador Nacional Agrario se impulsa la creación de estas figuras territoriales populares, que se encaminan al reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, siguiendo el ejemplo de los pueblos hermanos indígenas y afrodescendientes. Solo queda por decir que donde haya una familia campesina trabajando la tierra para que tenga comida en su mesa, hay todo un ejercicio político de preservar la vida. Debemos darle dignidad a ese acto bondadoso con la movilización, organización y lucha popular en el campo.

Editorial 134: Todo por ganar

El mal de todos no puede seguir siendo el consuelo de los tontos. Este año 2017 ha sido uno de los más frustrantes para la sociedad colombiana en general. Lo que podría haber sido la ventana para ver asomos de democracia y cambios, resultó ser un roto en la pared por el que se asoma un panorama lúgubre; en materia social y económica el balance no puede ser peor para los más humildes que no ven en los planes de los que conducen el país, y que se lo roban descaradamente, la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

La paz, como hemos dicho en otros editoriales, en vez de ser la esperanza de cambios democráticos de un país que ha sido testigo de la desigualdad, la injusticia y los horrores de la guerra durante 200 años, y de los atropellos de las élites a través de la muerte y el despojo, se ha convertido en la herramienta discursiva de las mismas élites para continuar disfrutando el botín burocrático del poder político. Pero este año al menos la reacción social en los territorios tuvo mayor impacto, mejor contenido, y desde las comunidades podría estarse encubando una suerte de opinión política alternativa interesante. Algo cualitativamente mejor a lo que ocurrió años anteriores.

Esta opinión política, moldeada en medio de la lucha y la movilización, y afianzada en reivindicaciones concretas que tocan el nervio de la gente pobre, como su necesidad por el agua potable, y por derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo, sería el paso que esperamos muchos hacia una base social capaz de engendrar una cultura política crítica, que produjera golpes claves sobre las instituciones corruptas de la vieja política. El voto castigo en contra de los partidos tradicionales y las facciones de derecha y ultraderecha, padres de todos los males y corruptelas, podría ser su primera manifestación concreta en las elecciones de 2018.

Es que todo el 2017 las calles y carreteras de ciudades y regiones colombianas estuvieron ocupadas de manifestantes de diferentes gremios como los transportadores, arroceros, magisterio, comunidades en contra de la minería y por la defensa del agua, campesinos, cocaleros, además de paros cívicos de más de 20 días en Chocó y Buenaventura, paros campesinos y barriales, mingas de la Cumbre Agraria, consultas populares en defensa del agua y el territorio; es decir acciones combinadas de corte extrainstitucional y también institucional. En la práctica los resultados no son muy diferentes a los de los años anteriores, el Gobierno logró apaciguar las protestas con promesas y posteriores incumplimientos, pero los paros cívicos y las consultas son elementos para observar con mayor interés y detenimiento.

En el caso de los paros cívicos, se nota un fortalecimiento de la protesta en el marco de una visión territorial regional, así es como el Occidente colombiano, o sea el Pacífico, se hizo sentir con reivindicaciones que lograron cautivar el apoyo del país y volcar la mirada centralista hacia la región, hacia la periferia nacional. Los pueblos afros e indígenas le recordaron al resto de colombianos que allí había unos compatriotas sufriendo las perversidades del centralismo y el clasismo de las élites. Este elemento no es de poca monta, porque con seguridad fortaleció la autoestima y el autoreconocimiento de los habitantes del Pacífico, y eso no va a parar ahí, menos en medio de un polvorín como el que se vive con la presencia de otros grupos armados, claramente encubados y financiados por los estamentos del Estado, como son los paramilitares, neoparamilitares, o como ahora los quieran llamar, disputándose esos territorios en donde todo el mundo tiene puestos sus ojos.

Por su parte, las consultas populares son luchas exitosas que le están ganando el pulso a las transnacionales, al Gobierno y a los grupos armados; y por otro lado le están torciendo el cuello al modelo neoliberal, el mismo que el Estado dice que no cede ni en un milímetro en las negociaciones de paz con las insurgencias. El tema es tan importante que el mismo Estado ha tenido que recurrir a su estructura jurídica, política y constitucional para burlar los resultados.

Esto lo que va a provocar es mayor indignación y fortalecimiento de la unidad de diferentes sectores de base que ya han demostrado que son capaces de pasar por encima de la disciplina de sus partidos. De hecho, es común ver a uribistas o vargaslleristas trabajando con fervor y de la mano con izquierdistas, ambientalistas, verdes, entre otros, en las consultas contra la minería y en favor del agua, aun en contra de sus jefes del Centro Democrático, Partido Liberal, o Cambio Radical.

Ante las trampas institucionales y la desfinanciación de las consultas, la gente viene ejecutando actividades colectivas para recoger los recursos necesarios para financiarlas. Esto evidencia la crisis de los partidos. Sin lugar a dudas el 2018 va a tener record en materia de consultas y sin riesgo a equivocarnos, todas las va a ganar la gente, el pueblo, las comunidades.

Estos son saltos cualitativos que deben ser atendidos por los sectores democráticos que luchan por el cambio. Las recientes audiencias de participación, acordadas en la mesa de Quito, aunque desarrolladas en la oscuridad y el aislamiento de la sociedad, ofrecieron gratos resultados. Entre las más de 200 exposiciones de los sectores populares y algunos institucionales representados allí, hubo consensos importantes que muestran que la sociedad se está cansando de las prácticas políticas tradicionales, y de las políticas excluyentes del Estado. Por ejemplo, casi todas las voces coincidieron en la necesidad de la participación amplia, plena, desde los territorios, de abajo hacia arriba, con capacidad de decisión, y en muchos casos exigiendo que la negociación de paz debe ser en Colombia y de cara a la sociedad.

Lo que le falta a la gente es creer en sus propias capacidades de participación y transformación; en la posibilidad de ejercer soberanía y decidir cuál es el país que quiere. Así, en el 2018 podríamos elevar la consigna del voto castigo contra los de siempre, o sea los uribistas, los santistas y los vargaslleristas, también contra los que se camuflan con otros nombres, pero son los mismos; luchar contra la cultura de “toca votar por el menos malo”. Hay posibilidad de construir nuevos referentes políticos, así se pierda en esta oportunidad electoral, ir acumulando hacia el 2022, y llegar a segunda vuelta con propuestas de cambio, de impacto social. Al fin y al cabo, después de padecer a las mismas élites durante 200 años, nada tenemos que perder y sí todo por ganar.

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