Sebastián Quiroga

Sebastián Quiroga

Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos - Politólogo

El presidente Santos afirmó en el Foro Económico Mundial realizado en Medellín, el pasado mes de junio, que si no se aprobaba el plebiscito con las FARC para refrendar los acuerdos de La Habana, se iba a retornar a la guerra, y más aún que la guerra iba a llegar a las ciudades. “Información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra, y la guerra urbana que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo”.

La afirmación generó una fuerte controversia; se le reprochó al presidente querer infundir temor en la ciudadanía para presionar la aprobación de los acuerdos. No obstante, más allá de la polémica más generalizada, es interesante analizar la afirmación del presidente.

En perspectiva histórica, las ciudades han sido territorios de disputa, de presencia y de actuación armada en estos años de conflicto, es decir de guerra, como dice el presidente Santos. De hecho por muchos años algunas ciudades colombianas fueron consideradas como las más peligrosas del mundo, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México; Bogotá incluso fue considerada la ciudad más peligrosa de América según encuesta realizada por la agencia de noticias Associated Press, con casi 10 homicidios diarios, duplicando el promedio continental.

En el estudio “Violencia juvenil en Contextos Urbanos” realizado por el CERAC en 2014, se identifican las dinámicas de la violencia en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué, en la segunda mitad del siglo XX. Con sus matices y variaciones, hay unos momentos comunes en la violencia en las ciudades en Colombia.

Algunos de esos momentos comunes tienen que ver con la presencia guerrillera en las ciudades, con la retoma paramilitar de éstas, y con la posterior consolidación de poderes territoriales con funciones sociales, políticas, militares y económicas en los territorios urbanos.

Durante todos los años 60, 70 y 80 las ciudades alimentaron de jóvenes rebeldes las filas insurgentes, al tiempo que dicha presencia guerrillera aumentaba. Este proceso fue detonado por conflictos sociales y económicos que el sistema político era incapaz de tramitar por las vías democráticas e institucionales. El Frente Nacional y los gobiernos posteriores no sólo no resolvieron el problema de la violencia, sino que lo profundizaron.

A esta presencia inicial de la insurgencia en las ciudades, sobrevino la actuación de los carteles del narcotráfico en los años 80 y 90, con atentados, bombas, sicariatos, etc. Parte de la década del 90 y del 2000, fueron escenario de la expansión y consolidación de las milicias guerrilleras, y de la retoma paramilitar de éstas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, es importante señalar que esta confrontación armada en las ciudades ha estado íntimamente relacionada con la conflictividad social y política que se presenta en dichos centros urbanos. Al respecto, y en un contexto de análisis de las áreas de conflicto en Bogotá, el mismo estudio del CERAC dice: “Estas áreas tienen en común tres aspectos: (1) Los peores indicadores socioeconómicos. (2) Mercados criminales relacionados con la provisión ilegal de servicios de seguridad; el narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando; el lavado de activos, etc. (3) Las principales problemáticas de violencia juvenil”.

Hoy, como expresión cruenta, desalmada y vil de las realidades urbanas, persiste la desaparición forzada, la limpieza social, y el desplazamiento intraurbano. Apenas se empiezan a superar las batidas ilegales por parte del ejército, pero aún no cesa el reclutamiento de los combos y las pandillas atizadas por las “bandas criminales”, nuevo nombre del fenómeno paramilitar. Los índices de calidad de vida de las ciudades mejoran bastante en las rendiciones de cuentas de los alcaldes y secretarios, pero las situaciones concretas se complejizan y empeoran.

No obstante, las ciudades, sus problemas, sus necesidades, sus actores, han estado marginados de la actual agenda de paz, y sólo son mentados para amenazar y hablar de los riesgos del no en el plebiscito; o sea para hacer campaña.

Es verdad, y una fortuna, que sobre las ciudades colombianas no hay amenazas permanentes de bombardeos, ni edificios en ruinas. Sin embargo la guerra está en las ciudades hace rato, presidente; que usted desde el pedestal que ocupa no la sienta, es otra cosa. Puede empeorar para las clases medias y altas, preocupadas por las altas tasas de inseguridad; pero sin duda hay millones de colombianas y colombianos que vivimos en la zozobra de la confrontación en los barrios de Colombia, y que vivimos los rigores de la necesidad y la exclusión.

Por eso se hace necesario impulsar iniciativas de construcción de paz desde las ciudades, que nos lleven a construir vida digna en los territorios urbanos. Esa es la tarea.

El gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá,  en apenas 7 meses de gobierno, ha despertado distintas polémicas y conflictos en la ciudad y el país. Cambió el diseño del metro y la propuesta de transporte masivo que estaba aprobada, haciendo perder miles de millones de pesos en estudios previos; anunció y aprobó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); aumentó el presupuesto del Plan Distrital de Desarrollo en más de 10 billones de pesos; llegó a la alcaldía falsificando sus títulos y hoja de vida, entre otras nefastas polémicas y situaciones para la ciudad.

Pero sin duda una de las mayores polémicas en la ciudad, está relacionada con la reserva ambiental Thomas Van Der Hammen, y los anuncios de construir allí una gran ciudadela con miles de unidades de vivienda, “corredores verdes” y tres autopistas. No obstante, antes que concentrarnos en esta polémica particular, es importante identificar las tensiones de fondo que allí se evidencian.

Porque sin duda, aunque la defensa de la Reserva Van Der Hammen es una tarea crucial de la ciudadanía bogotana, lo que está en riesgo es mucho mayor. El modelo de ciudad y el modelo económico, no sólo afectan a las comunidades campesinas, afros e indígenas, sino que además vienen amenazando las comunidades urbanas y suburbanas, deteriorando su territorio, y deteriorando sus condiciones y sus posibilidades de vida digna.

En este marco más amplio de discusión, la Reserva Van Der Hammen es sólo un caso paradigmático por su gravedad y dimensión, pero no es el único, ni el peor. Miremos algunos de estos casos:

Ibagué está en medio de un proceso de consulta previa, en la perspectiva de impedir que se construya la mina “La Colosa”. Esta mina que se proyecta como una de las más grandes explotaciones de oro a cielo abierto, y amenaza con contaminar la cuenca del río Coello, que surte de agua varios municipios, entre ellos Ibagué. La comunidad, de la mano del alcalde y de algunos concejales de la ciudad, impulsa esta importante iniciativa para detener la minería y sus impactos negativos.

En Bucaramanga en el año 2013 se realizó la movilización de las 100 mil voces por el agua. Una gran jornada de protesta y rechazo a la realización de minería en el páramo de Santurbán. Tal como se expresó en un artículo dado a conocer por el Centro  de Memoria, “exigirán ‘la suspensión inmediata de todas las actividades de las multinacionales mineras’ en los complejos biogeográficos de los páramos de Santurbán y Almorzadero, así como en los ecosistemas productores de agua para el consumo humano”.

La ciudad de Cartagena, principal destino turístico del país, ha venido posicionándose también como un destino comercial e industrial. Esto contrasta con las altas tasas de desigualdad, inequidad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. La ciudad que mayor proyección de crecimiento económico tiene, avergüenza por su profunda injusticia, y la indignidad con que trata a su población pobre, negra la mayoría. “La ciudad está en un momento transcendental para posicionarse en el mundo, por lo que deben emprenderse estas acciones, ponderando sus beneficios y minimizando sus efectos colaterales, para actuar en el marco de un urbanismo sustentable”, tal como dice una columna de opinión de Sergio Padilla publicada en El Universal.

Finalmente el caso de Bogotá es paradigmático por varias situaciones. La explotación minera en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, afecta y desplaza a las comunidades; genera problemas respiratorios, además de ir abriendo un socavón de dimensiones gigantescas en las montañas de la ciudad. Finalmente, la intención de urbanizar la reserva Thomas Van Der Hammen, con perspectivas de extensión de la ciudad, amenaza más de 1300 hectáreas de bosque, lo que se considerada el segundo pulmón de Bogotá. Pero parece que la ambición y la voracidad puede más que la necesidad de conservar el aire, el agua, y en últimas la vida.

En síntesis, y como acabamos de ver, la discusión del modelo de ciudad es uno de los puntos más álgidos de cara a construir condiciones y garantías de vida digna, pues choca con los modelos y planes previstos para nuestros territorios. Las nuevas inversiones y perspectivas económicas del “modelo de desarrollo”, desconocen a las comunidades, su tradición, su historia, su arraigo territorial; igualmente desprecian las estructuras ecosistémicas, los cuerpos hídricos, y demás bienes naturales, necesarios para conservar la vida y garantizarla.

Las comunidades urbanas, siguiendo ejemplo de campesinos, indígenas y afros (que dignamente nos enseñan a defender nuestros derechos y nuestro territorio), hemos resistido con tesón esta arremetida, y lo seguiremos haciendo, a pesar de los gobernantes locales y departamentales, que la mayoría de las veces parecen más gestores de negocios y productividad, que administradores y servidores públicos.

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