Derechos

Diferentes organizaciones de víctimas del país se dieron cita el pasado 27 de julio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la conmemoración de los nueve años de la ejecución extrajudicial de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de Soacha víctima del conflicto armado. Allí los familiares de las víctimas manifestaron su rechazo a que los militares responsables de estos hechos fuesen acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

 

La justicia en el caso de Soacha
En el año 2008, más de 15 jóvenes de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente reportados por el Ejército como caídos en combate en Santander y Norte de Santander. Hasta el momento, solo pocos casos han sido juzgados. Uno de ellos es el de Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, por el cual en 2012 fueron condenados seis militares a 53 y 54 años de prisión. También, este año, 21 militares que eran investigados fueron condenados por estar involucrados en el asesinato de cinco de estos jóvenes.

Sin embargo, María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Steven Sanabria, uno de estos jóvenes desaparecidos y asesinados, asegura que su caso se encuentra en la completa impunidad. Su hijo, de 16 años, fue llevado con engaños a Ocaña, en el Norte de Santander, donde la Brigada 16 del Ejército lo torturó y asesinó. Posteriormente lo llevó a una fosa común como NN, acusado de guerrillero. Luego de nueve años no hay respuesta sobre este crimen, asegura Sanabria.

Por esto, las madres, familiares y esposas de estos jóvenes, organizadas en el colectivo “Las Madres de Soacha”, se encontraron el pasado 27 de julio, junto con otras tantas organizaciones de víctimas, para honrar la memoria y dignificar a las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales desde la puesta artística “Cuerpos Gramaticales”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia se han registrado a la fecha 8.504.127 víctimas, de las cuales 8.186.896 son del conflicto armado, de estas 1.770.470 son desapariciones forzadas, homicidios y fallecidos. Es por ello que en el marco de la negociación y los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, las partes manifestaron que las víctimas y sus familiares serían el centro del proceso. La JEP fue concertada y consignada en el punto quinto –Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado– del documento final del Acuerdo de Paz, como el mecanismo judicial a través del cual se juzgarán los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, con el fin de judicializar en el menor tiempo posible a los que se les demuestre culpabilidad en delitos en el contexto de guerra.

Pero un debate sobre las competencias o no de la JEP inició en marzo del presente año, cuando un juez ordinario se negó a imputar cargos por el caso de tres “falsos positivos” de Soacha, argumentando que precisamente el caso debe corresponderle a la justicia transicional. Organizaciones de derechos humanos, así como la fiscal del caso, se mostraron en desacuerdo manifestando que “fueron muertos en circunstancias de indefensión”, por lo que no hacen parte del conflicto.

María Sanabria, también integrante de Las Madres de Soacha, dice que sus principales exigencias en este espacio es que haya justicia, por lo tanto “estos casos no deben considerarse crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, crímenes cometidos por agentes estatales, y estos no tienen por qué tener prelación en la JEP. Estos casos son de la justicia ordinaria. Queremos a las cabezas altas, de donde viene la orden, porque los soldados solo cumplieron con disparar”.


Una siembra de resistencia y esperanza
Wilmar Botina, organizador de Cuerpos Gramaticales y perteneciente al Colectivo Agroarte cuenta que este es un colectivo que nace hace 15 años como forma de resistencia a la Escombrera en la ciudad de Medellín, lugar que era destinado a enterramientos clandestinos de personas que habían sido detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas, aprovechando la condición de botadero de escombros para el ocultamiento de los cuerpos.

“Somos sembradores y sembradoras del territorio, nacemos como una forma de resistencia a las 22 operaciones. En el 2002 pasan cinco operaciones importantes y devastadoras en términos de derechos humanos, unas de ellas son Mariscal, Cortafuegos y la más cruel y la más tremenda es la Operación Orión, con la que inicia el tema de Seguridad Democrática con el Gobierno de entonces, que deja a más de 300 personas enterradas y desaparecidas en la Escombrera, 72 muertos y un centenar de personas violentadas en sus derechos fundamentales”, asegura Botina.

Cuerpos Gramaticales, para Sanabria, “es un espacio para contarle al mundo sobre las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos; también para contar lo que sucedió en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que fue el cómplice. Fueron más de 6000 ejecuciones extrajudiciales”. Las Siembras, como ejercicios de recuperación de la memoria en espacios donde se implanta la política como miedo, permiten recuperar el territorio, generando espacios para el diálogo entre la búsqueda de la justicia y la verdad. Botina resume la propuesta artística como un espacio donde “nos sembramos como país, nos sembramos como luchas”.

El movimiento de víctimas crece en todo el país como respuesta a las cada vez más visibles violaciones de derechos humanos. Ante ello Sanabria asegura que “solos no hacemos nada”, y finaliza comentado que su lucha por la justicia es hoy, “mientras mis huesos tengan carne y mi nariz tenga halito, ahí estaré. Ellos están pensando que cada vez que me ponen trabas, que cada vez que sacan alguna ley o que me niegan el acceso a la justicia, yo me voy a cansar y me voy a sentar a llorar. Pues no, fíjese que con eso me dan más fuerzas para seguir adelante, no saben, no se lo imaginan. Necesitamos que más personas se unan, porque aún hay mucho miedo de decir, de contar, de denunciar. Queremos con todo esto que se hace, mostrarle a las otras personas que sí se puede, que unidas podemos”.

Transeúntes y curiosos se acercan a mirar la propuesta artística que tiene una duración aproximada de ocho horas. Algunos con inocencia preguntan: ¿Por qué se echan tierra encima esas personas? A lo cual unánimemente los organizadores responden: “Porque están sembrando esperanza”.

El pasado 12 de julio, la comunidad indígena del resguardo Kokonuko ubicado en el departamento del Cauca, en el predio Aguas Tibias N°2, sufrió un ataque por parte del Esmad donde resultaron heridos 23 indígenas, cuatro de ellos de gravedad.

 

La comunidad indígena del resguardo Kokonuko realizaba el proceso de recuperación y saneamiento del resguardo Aguas Tibias N°2. Jhoe Nilson Sauca, ex gobernador del resguardo indígena de Kokonuko, y actualmente encargado del programa Defensa Vida y DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, nos cuenta sobre el proceso que desarrollan en el territorio desde hace más de veinte años: “la comunidad indígena del resguardo Kokonuko desde 1971, cuando fue la creación del CRIC, inició el proceso de liberación de la madre tierra. En un primer ejercicio fue recuperar la finca llamada El Seminario que la tenía la curia, de ahí en adelante la comunidad continuó el proceso de recuperación de la madre tierra”.

Este proceso ayudó al fortalecimiento de diversas comunidades y resguardos indígenas, consolidando sus planes de vida a nivel familiar y del resguardo, según cuenta con detalle Jhoe. También enfatiza en que el existir del pueblo Kokonuko inicia a partir de los principios del CRIC, que son la unidad, la necesidad de la tierra, y la reclamación de unos derechos territoriales constituidos desde la época de la corona española. “El pueblo Kokonuko desde ese tiempo hasta ahora hemos venido saneando y recuperando la tierra… cuando los españoles llegaron intentaron acabar con nosotros y corrimos hacia las montañas, y hoy que estamos acá ya el Gobierno nos quiere bajar por el tema del agua, porque ellos la ven como un negocio, y nosotros la protegemos, a nosotros nos interesa preservar nuestro entorno y mantener la armonía del hombre con la madre tierra”, puntualiza Suaca.

Jhoe nos cuenta que el resguardo Kokonuko está constituido en la parte alta del páramo, al lado del volcán Puracé, igual que el resguardo indígena de Puracé y el resguardo indígena de Paletará, y que poseen grandes extensiones de reserva de páramo de donde salen las grandes fuentes hídricas, “allí nace el río Cauca y diferentes vertientes que lo alimentan, todo esto ha sido preservado hasta el tiempo de hoy”. Esto último es un mandato que la misma comunidad tiene frente a la conservación de los nacimientos de agua, y se aplica también para los particulares que están en los territorios que hoy se sanean y recuperan.

Hoy son 5600 indígenas del resguardo Kokonuko que han venido saneando territorios como el de Aguas Tibias, una finca que comprende 85 hectáreas, y que queda en el corazón de este resguardo. En acuerdos pactados y firmados en el año 2016 el Estado se comprometió a entregarlo a la comunidad, pero aún no se ha acordado la compra del territorio con el señor Diego Angulo, propietario particular del predio. “El dueño oferta pero el Gobierno no se mueve a comprarlo”, detalla Jhoe, también menciona que “el conflicto se ha dado por un negocio que hace poco empezó a existir, inició como un pequeño valneario, y el propietario no le paga impuestos al municipio, ni al departamento, ni al mismo resguardo, amparándose que se encuentra en medio de un resguardo indígena y por eso no paga impuestos”.

Ante este panorama la respuesta del Estado local, regional y nacional ha sido la militarización del territorio Kokonuko. Jhoe narra con tristeza los hechos: “el territorio fue militarizado con Esmad, Policía y Fuerzas Militares el martes 12 de julio desde las tres de la madrugada, y a eso de las cinco de la mañana nos empezaron a atacar con gases lagrimógenos, se escucharon disparos. Esta acción se hizo sin importar que habían niños, niñas, jóvenes, mayores y mayoras”, y refuerza con profunda indignación que tiene “coraje de ver a esos chiquitos llorando”.  

En un comunicado emitido al final de ese día, la comunidad denunció otros atropellos: “en las horas de la tarde la lucha se trasladó a los caseríos de las veredas de San Pedrillo y Tres de Noviembre, pertenecientes al Resguardo Indígena de Kokonuko, donde al Esmad no le importó disparar gases lacrimógenos afectando más de 150 viviendas donde se encontraban mujeres embarazadas, madres lactantes, mayores y mayoras, provocando pánico entre la población indígena”.  Esta intervención del Esmad provocó traumas psicológicos y afectaciones respiratorias a niños y niñas. Además obstaculizó a las unidades de atención de la IPS Minga y el CRIC el auxilio a comuneros heridos.

La comunidad también denuncia que el Esmad disparó indiscriminadamente a la población. Se encontraron posteriormente casquillos de fusil, así como partes de alambre de púa que, según señaló la comunidad, eran tiros recalzados que estas fuerzas del Estado utilizan para dispararles. Esta acción por parte del Esmad, la policía y militares duró hasta la una de la madrugada del miércoles 13 de julio, afectando al resguardo y su territorio ancestral.

Toda esta situación llevó a la realización de una reunión el día 17 de julio en Bogotá, en la Casa Giralda, con autoridades indígenas del resguardo Kokonuko, el CRIC y miembros del Gobierno nacional como el Ministro del Interior Guillermo Rivera, y delegados de la Agencia Nacional de Tierras. Allí, el Gobierno reconoció que “el desalojo no se dio en el predio del señor Angulo, sino dentro de nuestro territorio ancestral, y que hubo heridos de nuestra comunidad”, según relata Yuber Mapallo Jalvin, secretario del Resguardo Kokonuko, quien puntualizó que el Estado se volvió a comprometer para darle celeridad al canje de tierras, así como a la desmilitarización del territorio.

Al cierre de esta edición la comunidad sostenía una reunión en territorio Kokonuko con participación de delegados de las diferentes instancias del Estado, para dar cuenta de los resultados y acuerdos sostenidos en la reunión; la comunidad invitó a fortalecer el ejercicio de unidad en la práctica, como mandato del XV congreso realizado en Río Blanco Sotara del pueblo Yanacona.

Las notas musicales de paz las escribe la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó; su apuesta y propuesta es la reconciliación.

El pasado 11 de julio, 25 viviendas, así como árboles y animales del caserío de San José de Apartadó, amanecieron con "pintas" alusivas al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC. Días antes había ocurrido lo mismo en la vereda La Cristalina. Ante este clima de zozobra, la Comunidad, que lleva 20 años construyendo apuestas de paz en este territorio afectado por la presencia paramilitar, pintó sus muros con mensajes como este: "Vamos a cerrar una página y juntos abriremos una nueva historia, donde la reconciliación sea la protagonista".  

“¿Dónde está la paz tan publicitada hoy en el país?”, es la pregunta que se la hace la Comunidad de Paz, ya que los hechos señalados no responden a una única presencia que este grupo paramilitar ha realizado en el territorio con fines de instigar, vulnerar y amenazar su tranquilidad. Su presencia se ha venido dando fuertemente durante el año pasado y el presente año en diversas veredas y corregimientos de esta región del país. La Comunidad de Paz a través de sus diferentes medios de difusión ha dejado constancia de las múltiples apariciones en el territorio por parte de este grupo, también han señalado que las autoridades y Gobiernos locales correspondientes niegan constantemente su presencia.

Por el contrario, según manifiestan los habitantes de esta región, brigadas del Ejército se reúnen con este grupo ilegal para coordinar acciones. En una constancia emitida el 19 de junio en su página web, la Comunidad de Paz señaló que han “podido comprobar que altos mandos de las brigadas 17 y 11 del Ejército de Antioquia y Córdoba se reúnen con grupos paramilitares en las veredas: Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó y Murmullo, del corregimiento de Batata del municipio de Tierralta, Córdoba, todo esto con la intención de coordinar todo el modelo de control sobre la población y de estigmatización a nuestra Comunidad de Paz”.

En esta misma constancia, la Comunidad deja por escrito que estas estructuras paramilitares sostienen puestos de control armado en las siguientes veredas: Arenas Bajas, Nuevo Antioquia, Playa Larga, Rodoxali, la Hoz, del municipio de Apartadó, en Turbo, del departamento de Antioquia, y también en La Resbalosa, Machosolo, Resbalosita, Naín, Murmullo, Alto Joaquín y Baltazar, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba; en otras veredas de esta región este grupo ilegal patrulla como si fuera ejército oficial, dañando y amenazando lo que encuentra por su camino, y desangrando cada vez más la región, puntualizan.

Hechos como el hurto de alimentos, animales y dinero, amenazas de muerte, presencia constante en el territorio, la instalación de bases y retenes paramilitares, y la constante intimidación a familias y líderes que hacen parte de la Comunidad de Paz, tienen paralizada a la población. Otros hechos que se han registrado desde el mes de marzo en las diferentes constancias que han realizado, responden a diferentes situaciones como la presencia de estos grupos en diferentes veredas para reunir a los pobladores, en donde manifiestan que “esa hp comunidad de paz tiene que acabarse y no existir más”. Esto ocurrió en las veredas Multo Medio y Mulatos. En el casco urbano de San José de Apartadó su presencia también se ha sentido, en especial ante el gremio de comerciantes a los que el grupo ilegal ha llegado a “cobrar vacuna”; según ellos “es un aporte a la causa”. Los comerciantes también han manifestado su temor ante la intimidación de los paramilitares.

El 2 de julio llegó un grupo de paramilitares fuertemente armado a la vereda La Resbalosa, también de este corregimiento; así lo narró la Comunidad de Paz en otra constancia emitida el 12 de julio en su página web: “nos reunieron a los pobladores y se presentaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Uno de ellos se presentó como jefe político encargado de convencer a los pobladores para sostener allí los puntos de información; otro se presentó como jefe de tropa, más conocido como “El Rayo”; otro se presentó como comandante de puntos. Luego presentaron a una persona de civil como “un punto” (informante) del sector La Rica, entre Naín y La Resbalosa, Córdoba”. Según relataron, esta reunión se hizo de manera forzada, por lo que violó los derechos de los campesinos.

Algo preocupante también para esta población, según manifestaron,  es que se instaló un “punto” en su vereda, y ante su negativa, la respuesta de los paramilitares fue: “gústele o no, vamos a colocar aquí un punto y si nos toca comprar un terreno y construir una casa para ubicar a nuestro informante, lo haremos, pero la junta de acción comunal tiene que ubicarlo como una familia más de la vereda; además no hay problema si lo capturan, pues tenemos todo coordinado con los militares y con la Fiscalía para que no dure más de 24 horas capturado”. De igual manera reafirmaron que, “vinimos para quedarnos y queremos a todos organizados, trabajando para nosotros, por lo que no queremos sapos que anden informando sobre nuestra presencia”.

A pesar de todo, la Comunidad de Paz persiste, y como lo explican, su “Comunidad ha sobrevivido por más de 20 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas y muertes pero aún seguimos, gracias a nuestros principios y reglamentos que son los que nos han fortalecido en nuestra resistencia y vida comunitaria”.

Por Asorenacer*

Entre las décadas de los 70 y los 80 se dio el proceso de asentamiento de las veredas La Suiza y El Jardín, pertenecientes al corregimiento de Salaminita en el municipio de Pivijay, Magdalena. Durante este tiempo muchas familias campesinas provenientes de diferentes lugares de la región llegaron a esta zona del departamento, y comenzaron a asentarse en algunos terrenos prósperos para la agricultura y en los cuales solo había una pequeña población dispersa.

Los predios de la vereda La Suiza pertenecían a las señoras Aura de Polo y María Teresa de Polo. En 1980 y después del proceso de verificación realizado por el Incora, se realizó la distribución de la tierra adjudicando a cada parcelero 10 hectáreas de territorio. Entre 1982 y 1983 inició el proceso de asentamiento de la vereda El Jardín con la llegada de 21 parceleros a las tierras del señor Julián Escalante Charris, solicitando que les permitiera cultivar en las tierras que aparecen como de su propiedad. Escalante cedió, pero cuando las tierras estaban cultivadas y civilizadas los expulsó del territorio sin reconocer nada por el trabajo realizado. Ante este hecho, los campesinos buscaron asesoría con el Incora, obteniendo como resultado la adjudicación de estos predios. Para el año 1986,  Salaminita fue reconocida como corregimiento del municipio de Pivijay, y para 1990 ya contaba con una infraestructura básica y bienes comunes, como el puesto de salud y la escuela. En 1993, el censo dio cuenta de un estimado de 211 habitantes.

Durante esta misma década, los grupos paramilitares venían consolidando su poder en la región. En 1998 comenzaron a darse las primeras amenazas contra los miembros de la población. El siete de junio de 1999 paramilitares al mando de Tomás Gregorio Guillén, alias “Esteban”, del frente Pivijay adscrito al Bloque Norte de las AUC, ingresaron a la población, los reunieron a todos a un lado de la vía y los obligaron a ver los asesinatos de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien por mas de 10 años había sido la inspectora de policía del corregimiento. Como consecuencia, la comunidad se desplazó de manera masiva hacia poblaciones cercanas, por lo que el poblado quedó totalmente abandonado. Según relata Erika Rangel, miembro de Asorenacer, “por la violencia que hubo en ese momento, la muerte de la inspectora, la muerte de dos campesinos parceleros, se presentó el desplazamiento masivo de todo el pueblo. Al pasar los días, el pueblo fue arrasado, los paramilitares metieron unos buldócer, quedando el pueblo completamente solo y devastado, porque no quedó ni una sola vivienda en pie”.

Esta tragedia no paró allí, y por el contrario se prolongaba en el tiempo y el espacio, ya que los asesinatos y las persecuciones sobre los pobladores de Salaminita se extendieron en el territorio y durante meses. Lesa Daza, representante legal de Asorenacer cuenta que “después de que pasó el caso de Salaminita, para el mes de agosto asesinan a dos parceleros, papá e hijo, José Palmera y Víctor Palmera. Luego, un mes más tarde, entraron a la parcelación El Jardín y asesinaron a los esposos Blanca Flor Gutiérrez y Domingo Gonzáles Ternera, y ese mismo día desaparecieron a Fredy Polo. Al año siguiente, en el mes de agosto nuevamente en la parcelación El Jardín, asesinan a los esposos Pedro Araque y Eloisa Gutierrez”.

En el año 2001, los señores Alfonso Díaz Quintero y Vicente Rueda Guarín, comenzaron a contactar a quienes se habían desplazado para que les vendieran sus predios. Debido a la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las familias, muchas de ellas accedieron a venderlos. Fue de esta manera como las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, reconocidos ganaderos y terratenientes de la región, terminaron siendo los dueños de los predios, luego de comprarlos a precios irrisorios.
Durante el 2009 se empezó a promover el proceso de reparación de la comunidad de Salaminita, mediante el trabajo de la Organización de Población Desplazada –OPD– de Aracataca, y en marzo del 2013 se logró la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras –URT–, y quedaron así registrados los formularios y las declaraciones de los solicitantes. En abril del mismo año se realizaron unos talleres con la comunidad, en los que se logró cartografiar los predios, y ese mismo año el Consejo Noruego para los Refugiados comenzó a hacer acompañamiento al proceso. En el 2014 nació Asorenacer, plataforma que representa a la población desplazada de Salaminita. La Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tomó el caso en sus manos y a través del trabajo de recolección de información a finales del mismo año lograron presentar las demandas.

Durante un año el proceso estuvo detenido por orden emitida por un juez de Aracataca, porque siete de los solicitantes fueron demandados por falso testimonio por el opositor del proceso. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó la restitución de los 37 lotes que conforman el centro poblado de Salaminita y exhortó a diferentes instituciones estatales a comprometerse en la reconstrucción de este corregimiento arrasado.

El 7 de junio del presente año los pobladores realizaron un retorno simbólico hasta los territorios en los que alguna vez proyectaron sus vidas, esperando que se cumpla la sentencia que ordena la reconstrucción del centro poblado y que se agilicen los procesos del área rural. De igual manera, en esta conmemoración se hizo la inscripción oficial de Salaminita como sujeto reparación colectiva ante la delegada de la Unidad de Victimas, y así, a paso firme y con la esperanza de sus pobladores, este corregimiento empezó a renacer.
*Asociación de Víctimas de Salaminita, La Suiza y El Jardín

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