Derechos

Siete meses después

Visité por vez primera la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, para participar de la carrera atlética Mocoa 10k Vive. Han pasado siete meses luego de la avalancha ocurrida por las fuertes lluvias y se ven aún las piedras, rocas, arbustos caídos, lodo por doquier, barrotes, y enseres de las casas destruidas. La ciudad que quedó en pie está sitiada, pues todos esos escombros no han sido removidos ni levantados, y las labores de reconstrucción y recuperación de infraestructura son inexistentes. Se suma al mismo tiempo el desánimo, la desesperación y el desamparo para los sobrevivientes y damnificados por cuenta del Estado colombiano y el Gobierno de “Paz, Equidad, Educación”, como también de las instancias departamental y municipal, quienes han brillado por su ausencia para la pronta solución de las necesidades básicas y prioritarias.

Es impresionante la negligencia gubernamental. Y lo sostiene así una habitante del barrio San Miguel, la señora Rosa Erazo, quien actualmente vive en el segundo piso de su casa que quedó de pie, pues hoy por hoy no tiene en dónde arrendar, debido a que el auxilio de arriendo por tres meses, de 250.000 pesos, no alcanza para lo que realmente cuesta un arriendo en esta ciudad, que oscila entre 350.000 pesos y 600.000 pesos.

Doña Rosa es doblemente desplazada, primero por la violencia armada, pues en el 2002 debió desplazarse del municipio de La Dorada como consecuencia del asesinato de su esposo, y recién llegada a Mocoa la alcaldía de la época le prometió una casa y el pago de la indemnización que nunca cumplió. Desde eso comenzó a labrar su porvenir levantando su casa donde está actualmente, y hoy medio destruida. Su presente diario está en cuidar a su madre con más de cien años de edad, en elaborar sombreros y bolsos de hiraca, y en alimentar pollos y gallinas para sostenerse y tener con qué comer y vivir. Está a la expectativa de lo que ocurra con la entrega de las nuevas casas, que cuentan las malas lenguas, serán por sorteo amén de la posibilidad de la demolición del barrio. Sobre esto doña Rosa dice: “Si piensan venir a demoler las casas aquí, me tendrán que demoler a mí también porque no tengo nada ni para dónde ir”.

Una de las grandes preguntas que se hacen los habitantes es qué pasó con el dinero y las promesas vendidas. Mientras tanto, duermen noche a noche con los ojos a medio cerrar y con el miedo permanente de que otra lluvia, otro aguacero, tan nada ajeno a este paisaje amazónico, genere un nuevo deslave, una nueva avalancha, para llevarse definitivamente la poca ilusión que les queda ante dios y ante la misma vida, que viene siendo esquiva por causa no del destino, sino de la misma naturaleza a la cual el hombre mismo se ha encargado de desproteger y destrozar sin anestesia.

Largos, fríos y sorpresivos eran los caminos que soportaban los chuecos pies de las y los abuelos nariñenses; es común escuchar las historias de sus travesías, varias horas caminando, expuestos al sol, la lluvia, la oscuridad y los temores. “La escuela quedaba a dos horas de camino, yo me levantaba a las cuatro de la mañana para poder llegar a clases, con una pequeña linterna empezaba la caminata, a veces me daba miedo el ruido del río y los matorrales, pero llegaba contento al salón, cuando salía me iba corriendo para quedarme con mis amigos un rato en el río”, recuerda Mauricio Grijalba,  nariñense que terminó sobreviviendo en la selva de cemento.

Ahora las anécdotas de los recorridos no van más allá de los estresantes trancones, accidentes o peligros en el transporte tradicional. Es por eso que los recuerdos envuelven a las nuevas generaciones, que anhelan quizá poder vivir aunque sea solo instantes las caminatas rigurosas e inciertas.

Hoy, cientos de pastusas y pastusas, sumidos en los afanes y rutinas de las labores cotidianas, hacen uso del famoso bus urbano; el matutino proceso consiste en correr cada mañana a la esquina a esperar su ruta, abordar, remover el metal y el papel en el bolsillo, despojarse de estos y postrarse a merced del celular durante el recorrido, de los apuntes olvidados para el parcial, del maquillaje, o simplemente atento a sostenerse porque tocó colgado en la puerta.

Todo parece normal y tranquilo, el inconveniente surge al saber que son cuatro las veces que se tiene que usar este transporte en el día, pues las dinámicas de los horarios y tiempos así lo determinan. Esto implica un costo diario de seis mil pesos, de acuerdo a ello el análisis presupuestal se clasifica por sectores. Por ejemplo Brayan Moya, estudiante de la Universidad de Nariño, comenta que sus gastos se calculan entre doce mil y quince mil pesos diarios, de los cuales invierte la mitad en los costos del transporte.

“Como no tengo empleo toca reducir gastos, en las noches camino las dos horitas, así guardo para las copias y uno que otro tinto y un cigarro”, afirma Yurany Nataly Cuaran, estudiante de Artes Visuales. Además señala que su hermana estudia en la misma institución, involucrando los mismos gastos. Estas dos chicas dependen de su madre, quien además de ser cabeza de hogar, debe sostener su núcleo familiar con algo menos de un salario mínimo mensual.

Hagamos cuentas
Los 48.262 pesos que aumentó el salario mínimo son arrasados en dos semanas si se utiliza el bus urbano dos veces al día, pero solo dura ocho días si su transporte es de cuatro turnos; ahora, un padre de familia gasta el indignante aumento en menos de una semana.

Es por situaciones como estas que Brayan, Yurany, estudiantes de las universidades de la ciudad y estudiantes de secundaria han decidido organizarse en un solo bloque, vinculando de igual manera a las y los pastusos en general. Después de arduas jornadas de estudio y debate, a este grupo amplio le han llamado Movimiento Que le Bajen al Bus.

Con la angustia de que cada semestre la situación económica se convierte en ese ladrón silencioso, concluyen que es indignante tragarse los abusivos aumentos de la tarifa del transporte en la ciudad, triste empezar cada año recibiendo decretos embaucadores, y que es más triste reconocer a los protagonistas de tales procesos, que se burlan de la confianza que los ciudadanos les otorgaron  con sus valiosos votos. Es desde este espacio donde se solicitó y concertó una mesa de negociación con Avante, empresa encargada del sistema estratégico de transporte público de Pasto, y con el Alcalde del municipio.

En este espacio están trabajando temas relacionados con el exagerado aumento a las tarifas del transporte público, entre ellos: tarifa diferencial para estudiantes; derogación del decreto 0675 del 7 de diciembre del 2016, que especifica el aumento a mil quinientos pesos la prestación del servicio de transporte; congelación de la tarifa; extensión de los horarios del servicio; movilidad y coberturas en algunas zonas de la ciudad.

Este proceso ha venido avanzando con diferentes actividades, movilizaciones, plantones, entrevistas y algunos acuerdos que se han forjado con la administración encargada. Se ha logrado hasta el momento la congelación del precio para estudiantes de las universidades. También se consensuó un presupuesto de noventa millones para que el Centro de Estudios Regional de la Universidad de Nariño (CEDRE) realice el proyecto económico que avale la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este gasto será dividido en 44 millones que pondrá la Universidad de Nariño y 53 millones que van por cuenta de la Alcaldía.

Este proceso es largo, en busca de mayores ganancias y beneficios para la población pastusa. Se espera el apoyo de la ciudadanía, para que miles de chicas, chicos, señoras y señores puedan por lo menos movilizarse con un pesito más en el bolsillo.

*Este artículo fue producto del taller de Comunicación y Periodismo dinamizado por Periferia en el marco de la Escuela de Comunicación Uramba.

Durante 12 años el mayor Julio Cesar Torrijos obstruyó la investigación por el caso del asesinato del niño Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, luego de una brutal acción policial ocurrida el Primero de mayo de 2005. El oficial, que hoy se encuentra privado de la liberad por delitos de narcotráfico, encubrió a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y este cuatro de agosto lo manifestó en audiencia de imputación y reconocimiento de cargos en las salas del juzgado 57 penal. Por el crimen y gracias a la confesión del mayor Torrijos, la Fiscalía llamó a otros uniformados.

Mataron a Nicolás y destruyeron su hogar
Nicolás era una promesa. Con tan solo 15 años era un joven sensible, comprometido, buen lector, solidario, y defensor de la vida de los animales, y por supuesto de los derechos humanos. “Nicolás era todo para Margarita su madre, quien solo vivía para él… después de darle su desayuno y despacharlo para el colegio de La Salle en Bogotá, lo único que esperaba era salir de su trabajo en la tarde para ir a verlo nuevamente; Nicolás era quien leía a sus padres antes de dormir, literalmente se quitaba el abrigo para entregárselo a quien lo necesitara”, por eso su muerte fue demoledora para su hogar, complementa el abogado del caso, Pedro Mahecha.

Con el asesinato de Nicolás no solo se perdió una vida, sino que se destruyó el cálido hogar que durante años le sirvió de abrigo; también acabaron con la felicidad de su abuela. La relación de los esposos se deterioró hasta romperse, los bienes del hogar se gastaron en esta lucha por la verdad y la justicia; Yuri, su padre, debió salir del país por las constantes amenazas y atentados contra su vida, sin embargo desde el exilio continuó lo que hasta ahora ha sido la única razón de su vida: alcanzar la justicia frente al asesinato de su hijo.

Una lucha por la reparación integral
Se perdieron muchas cosas en la familia de Nicolás, pero la sociedad ganó un incansable luchador por los derechos humanos. Yuri Neira se dedicó de cuerpo y alma a buscar a los responsables y a luchar por la abolición de la brutalidad policial encarnada en el Esmad. En abril de 2011, el juzgado 37 administrativo de Bogotá ordenó una indemnización por 160 millones de pesos para la familia de Nicolás Neira, pero para ellos y para Mahecha, esa indemnización aparte de ser ridícula no satisfacía para nada los elementos integrales de la reparación que incluyen verdad, justicia y no repetición; así afirmo el jurista quien además considera que en esa condena “no hubo una expresión seria por parte del Estado para evitar que hechos tan lamentables como los sucedidos ese Primero de mayo de 2005 se repitan en el futuro… peor aún es que el Estado acaba de anunciar la creación de un Esmad rural, seguramente, para reprimir, las justas protestas de los campesinos”.

Además, esta condena del juzgado 37 administrativo no conminó, como era de esperarse, a la justicia penal, y tampoco lo hizo en el ámbito disciplinario compulsando las copias respectivas a las autoridades correspondientes, es decir, mantuvo la cadena de impunidad del aparato de justicia, ya que la viceprocuradora de ese entonces había proferido fallo condenatorio destituyendo a dos oficiales por el caso de Nicolás Neira, pero el ex procurador Ordoñez tumbó esta decisión de su subalterna. De esta situación conoció el juzgado y el tribunal y no hicieron nada al respecto, detalla el abogado Pedro Mahecha.

Por eso, es a la familia de Nicolás a quien le ha correspondido, en conjunto con su abogado, mover cielo y tierra para que este aparato pesado de la justicia camine. Ellos han instaurado todas las quejas, demandas, peticiones y denuncias respectivas no solo ante las instancias de justicia nacionales sino ante la Comisión interamericana de justicia, y es por eso que el caso se movió y logró la confesión del mayor Torrijos.

Lo que sigue
La investigación debe ir más arriba, plantea Mahecha. En ese año (2005) hay pruebas de que las acciones del Esmad fueron especialmente violentas debido a una directriz de los mandos superiores de la policía y por parte del Gobierno que en ese entonces dirigía Álvaro Uribe Vélez, y hasta ellos deben llegar las decisiones de la justicia. Hasta hace poco la Fiscalía más que buscar a los responsables tenía una especie de estrategia dirigida a escudriñar en el pensamiento libertario de Nicolás, tal vez con el objetivo de legitimar la brutalidad ejercida contra un rebelde. Y es por esa razón que Yuri Neira, el padre de Nicolás, decide empeñarse en llegar hasta el mismo despacho del nuevo Fiscal General y como se dice popularmente, empapelarlo de toda clase de solicitudes que volvieran la investigación al curso debido. Tal tenacidad encontró resultados, ya que el propio Fiscal Néstor Humberto en uno de sus viajes a Europa lo contactó personalmente, según relata el jurista Pedro Mahecha.

La audiencia de imputación de cargos del cuatro de agosto deja claro que si el mayor Julio Cesar Torrijos reconoció haber encubierto a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del menor, y haber obedecido a sus superiores para mantener la imagen del Esmad y de la Policía Nacional, entonces no se ha dicho toda la verdad ni están todos los responsables tras las rejas. De parte de la familia se tiene claro quiénes son los responsables, además hay muchos testigos que vieron que al niño no solo lo impactaron con una cápsula disparada por un trufly, sino que le dieron fuertes golpes de bolillo en su cabeza y cuerpo. La necropsia dictaminó que al niño Nicolás le abrieron su cráneo prácticamente en dos, de sien a sien, con una herida de 26 centímetros, que según los médicos era irreparable. Por eso, según manifiesta Mahecha, después de obstruir el aparato de justicia 12 años, de destruir una familia moral, económica y socialmente, de causarle grandes gastos a la justicia, este crimen no puede terminar con una sentencia que evite hurgar en las profundidades de un aparato militar y policial, de un Estado violador de los DDHH.

Ante la petición de esta familia, la Comisión Interamericana de Justicia le comunicó el 31 de julio al Estado colombiano y le corrió traslado de los expedientes, para que en tres meses, es decir el 31 de octubre se pronuncie frente al caso de Nicolás Neira. Por otro lado, el pasado 18 de agosto fueron citados a una nueva audiencia de imputación de cargos otros uniformados, pues se debe investigar la línea de responsabilidades hacia abajo, es decir el patrullero que disparó la cápsula, y los que golpearon a Nicolás hasta causarle la muerte; pero también hacia arriba, porque Torrijos reconoció que obedeció a un superior.

Sin embargo, siendo las 10:40 de la mañana, el Juez 71 penal municipal de Bogotá, con funciones de garantía, decidió enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva si la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar el asesinato a manos del Esmad del niño Nicolás David Neira Álvarez. “Sin palabras distintas de que el festín de la impunidad en este caso continúa su curso perverso. Seguiremos reclamando verdad y justicia”, puntualizó Mahecha.

Soy Azul pero me dicen Violeta

En el colegio mis amiguitas se burlaban de mi nombre, Violeta, por eso nunca me gustó, y cuando apenas tenía cinco años les dije a mis padres Luis Santiago y Claudia que quería cambiármelo. Ellos se sorprendieron, era solo una niña y ya tomaba determinaciones sobre mi vida, ¿y cómo quieres llamarte? Azul les dije, era mi color preferido.

Mis padres, amorosos, siempre cuidaron de mis dos hermanos y de mí, pero no tanto para prohibirnos soñar, jugar y volar por cuenta propia, como dice mi padre. Él cree que los humanos somos como las aves: a los pichones siempre los cuidan, les dan de comer y les enseñan lo básico, luego deben volar por cuenta propia y ahí los padres casi siempre terminan su tarea. Ellos se esmeraron por nuestra educación, no tanto para que obtuviéramos buenas calificaciones sino para que aprendiéramos y fuéramos buenas personas con capacidad de tomar decisiones.

Por eso nos levantamos libres, bueno, hasta donde el cuidado de nuestros padres nos lo permitía. Siempre estábamos con papá y mamá, a donde quiera que fuera mi padre por razones de su trabajo allá estábamos los cinco; mi padre es el mejor ingeniero mecánico del país, eso dice él orgulloso y yo le creo, se graduó como yo de la Universidad Nacional, pero él lo hizo cuando yo ni siquiera estaba en sus planes, por allá en el año 81. Es un antioqueño muy buena gente, humano, buen lector, amante de Dostoievski, y del ajedrez, hasta lo practicó en competencia. Ha trabajado en las principales obras viales del país y es experto en ventilación de túneles; aunque ya se pensionó aún lo llaman para asesorías. A veces peleamos por las ideas políticas, confieso que yo soy más radical que él. Mi padre cree que es tan mala una dictadura de izquierda como una de derecha. Yo lo pongo en duda.

Mi madre es adorable. Aunque se graduó en la Universidad de Cundinamarca y es tecnóloga agrícola, desde que nació mi hermano mayor no tuvo más vida sino para nosotros. Ella es la que nos transfirió el carácter fuerte, la solidaridad y la capacidad del equilibrio, nunca uno de nosotros tuvo más que el otro; mi madre nos conoce en lo más profundo y sabe de qué somos capaces y de qué no, ella sabe que somos incapaces de caminar senderos de injusticia. Nunca se queda callada y discute siempre que considera que tiene argumentos; además es una artista, hace con sus manos casi lo que quiera: con la madera, con las telas, con las agujas, con las pinturas; sus manos saben amar y en especial saben transformar.

Y mis dos hermanitos… ellos son libres, igual que yo, y nos amamos. Todos terminamos nuestras carreras universitarias con enfoque humanista, y cada uno se ha tomado en serio lo que escogió ser y hacer. El mayor, aunque vive lejos, nunca se ha ido, siempre quiso saber de dónde proviene nuestra especie y las razones de sus comportamientos culturales, además escribe muy lindo; y el menor es increíble, nunca quiso estudiar formalmente, ni asistir a clases en el colegio, pero ante la angustia de mis padres se comprometió a graduarse y lo hizo, al estilo de Estanislao Zuleta. Estudió por su cuenta y obtuvo uno de los mejores resultados en las pruebas Icfes; ahora se empeña en prepararse para transformar el sistema educativo del país.

No sé qué decir de mí, es tan difícil hablar de una misma. No sé si es importante haber tenido una gran memoria desde muy niña, y haberme aprendido las 32 banderas de los equipos del mundial de futbol del año 98 en Francia, o haber leído un libro maravilloso que me regaló mi padre, “los niños del mundo”; aún lo recuerdo, todavía me impresiono con las imágenes de los niños de Brasil de la zona de la Amazonía, sus pies siempre descalzos permitían que sus dedos crecieran diferente a los míos, tanto que servían como las manos para agarrar cosas. Nunca fui la mejor estudiante, pero sí una de las más destacadas, quería estar en todo, lo discutía todo, incluso el día de mi graduación de bachiller exigí hablar en la despedida pública en el teatro, pese a que no estaba en el protocolo.

Tal vez sea importante contar que siempre me irritó la injusticia, en todos los casos, las discriminaciones, las desigualdades sociales, nunca pude con eso. Tengo grandes amigas y amigos, muchos de ellos gracias a que en un momento tuve el valor de defenderlos justo cuando eran agredidos, como Alejandro que era víctima de la homofobia de sus compañeros. Cuando terminé la secundaria ya sabía lo que quería estudiar, para eso me formé toda la vida al lado de los que amo, para ayudar a cambiar el mundo, y también en el colegio tuve la oportunidad de encontrar mi vocación de socióloga. Me presenté a la Universidad del Rosario, por si acaso no pasaba a la Nacional, pero pasé, y nunca tuve duda que era allí donde quería terminar mi carrera. Y así lo hice este año, en 2017, antes de que mi vida y la de mis seres queridos se volviera casi un infierno por cuenta del atentado cobarde del Centro Comercial Andino.

Jamás negaré mi pensamiento crítico, ni mis autores preferidos como Fals Borda o Estanislao Zuleta; admiré sus vidas rebeldes y en especial sus actos rebeldes, siempre atados a las transformaciones sociales, al humanismo. Para eso estudié, por eso trabajé muchas veces durante mi carrera con comunidades de diferentes regiones del país; conozco de primera mano sus ausencias y sus carencias, las viví con ellos, no me pueden engañar con cuentos. Por eso hice mi tesis con las comunidades de Suárez, en el departamento del Cauca. Por eso escojo a mis amigos entre los que como yo quieren transformar estas injusticias. Por eso jamás sería capaz de cometer un acto infame que cegue la vida de personas que igual que yo son víctimas de un sistema decadente.

La vida de mis padres, de mi familia y de mis amigos cambió desde el 24 de junio de 2017 a las 7:30 pm, ocho días después del atentado del Centro Comercial Andino. En casa estaba mi padre solo, enruanado, apaciguando el frío de la noche bogotana. Cuando abrió la puerta tras los golpes, recibió tal vez el impacto más grande de su vida. Le increparon, le entregaron la orden de allanamiento, y le enrostraron que yo, Violeta, su hija, tenía una orden de captura por intervenir en el atentado del Andino. Solo de imaginarme el momento, siento el mismo frío y desolación que él sintió. Los agentes fueron por los rincones de la casa, buscaron quién sabe qué, era la casa de mis padres, no la mía. Le quitaron su celular, se llevaron cuatro computadores, dos torres viejas, y dos discos portátiles en desuso, todos de mi padre, y hasta unas USB publicitarias sin usar que le había entregado una compañía española en la que presta asesoría. Luego abandonaron el lugar sin grandes hallazgos.

Los medios insisten en que hay pruebas contundentes contra mí, y contra los chicos que fueron seguidos con sigilo y detalle y capturados casi al mismo tiempo. Sin embargo, hoy nadie da crédito a las supuestas pruebas, pasó la fiebre mediática, el desenfreno. Nadie volvió a preguntar por la señora que vio a un tipo extraño en el baño de mujeres el día del atentado, ni por la ausencia de las cámaras de seguridad y los perros antiexplosivos justo ese día, ni por las autoincriminaciones del Clan del Golfo. Mucho menos se volvió a preguntar por el infierno que se presentaba en casa de una familia que veía cómo su entorno se derrumbaba, cómo los amigos de la casa se alejaban temerosos, cómo el teléfono dejó de sonar, y cómo las visitas dejaron de llegar.

Ahora mis padres discuten entre sí, evitan hablarse o lo hacen por señas, tienen paranoia, sienten que todas las comunicaciones están interceptadas y que los vecinos del frente en realidad son agentes que los observan y los escuchan. Ya no ven ni oyen noticias, en estas casi siempre quieren mostrarles a un monstruo en vez de a su hija alegre y amorosa; están mamados de la frase “pruebas contundentes” que usaban a toda hora los “periodistas” de Caracol y la W.

La última vez que nos vimos con mis padres fue en mayo. Desde entonces no siento el calor de sus brazos en mi cuerpo. Sufro por ellos, y aunque no me siento culpable de nada, desearía que todo esto jamás hubiera sucedido. Sus vidas les cambiaron, tienen miedo que involucren a sus otros hijos en toda esta farsa. Soportaron seguimientos descarados, amenazas de nuevos allanamientos. Les ha tocado cambiar hábitos, y hasta acudir a los psicólogos para superar todo este trago amargo. Desde mayo no saben de mí, y no quiero que lo sepan, es mejor así. No puedo volver y eso me revienta por dentro, siento que no tengo garantías, los medios de comunicación me condenaron antes de que yo pudiera siquiera demostrar mi inocencia.

Confío en mis padres, en su fuerza, en su amor y tengo la seguridad que convertirán la adversidad en una nueva etapa de resurgimiento. Ellos seguirán yendo al psicólogo para que les ayude a soportar la angustia, se ayudarán con el tabaco y las oraciones; al final pasarán por encima de todo gracias a la fuerza del amor.

Me llamo Violeta, no soy terrorista, quiero ser azul como el cielo, y libre como el viento.
*La voz de la protagonista de esta historia fue reconstruida a partir de las declaraciones e historias de sus padres.

Diferentes organizaciones de víctimas del país se dieron cita el pasado 27 de julio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la conmemoración de los nueve años de la ejecución extrajudicial de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de Soacha víctima del conflicto armado. Allí los familiares de las víctimas manifestaron su rechazo a que los militares responsables de estos hechos fuesen acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

 

La justicia en el caso de Soacha
En el año 2008, más de 15 jóvenes de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente reportados por el Ejército como caídos en combate en Santander y Norte de Santander. Hasta el momento, solo pocos casos han sido juzgados. Uno de ellos es el de Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, por el cual en 2012 fueron condenados seis militares a 53 y 54 años de prisión. También, este año, 21 militares que eran investigados fueron condenados por estar involucrados en el asesinato de cinco de estos jóvenes.

Sin embargo, María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Steven Sanabria, uno de estos jóvenes desaparecidos y asesinados, asegura que su caso se encuentra en la completa impunidad. Su hijo, de 16 años, fue llevado con engaños a Ocaña, en el Norte de Santander, donde la Brigada 16 del Ejército lo torturó y asesinó. Posteriormente lo llevó a una fosa común como NN, acusado de guerrillero. Luego de nueve años no hay respuesta sobre este crimen, asegura Sanabria.

Por esto, las madres, familiares y esposas de estos jóvenes, organizadas en el colectivo “Las Madres de Soacha”, se encontraron el pasado 27 de julio, junto con otras tantas organizaciones de víctimas, para honrar la memoria y dignificar a las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales desde la puesta artística “Cuerpos Gramaticales”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia se han registrado a la fecha 8.504.127 víctimas, de las cuales 8.186.896 son del conflicto armado, de estas 1.770.470 son desapariciones forzadas, homicidios y fallecidos. Es por ello que en el marco de la negociación y los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, las partes manifestaron que las víctimas y sus familiares serían el centro del proceso. La JEP fue concertada y consignada en el punto quinto –Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado– del documento final del Acuerdo de Paz, como el mecanismo judicial a través del cual se juzgarán los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, con el fin de judicializar en el menor tiempo posible a los que se les demuestre culpabilidad en delitos en el contexto de guerra.

Pero un debate sobre las competencias o no de la JEP inició en marzo del presente año, cuando un juez ordinario se negó a imputar cargos por el caso de tres “falsos positivos” de Soacha, argumentando que precisamente el caso debe corresponderle a la justicia transicional. Organizaciones de derechos humanos, así como la fiscal del caso, se mostraron en desacuerdo manifestando que “fueron muertos en circunstancias de indefensión”, por lo que no hacen parte del conflicto.

María Sanabria, también integrante de Las Madres de Soacha, dice que sus principales exigencias en este espacio es que haya justicia, por lo tanto “estos casos no deben considerarse crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, crímenes cometidos por agentes estatales, y estos no tienen por qué tener prelación en la JEP. Estos casos son de la justicia ordinaria. Queremos a las cabezas altas, de donde viene la orden, porque los soldados solo cumplieron con disparar”.


Una siembra de resistencia y esperanza
Wilmar Botina, organizador de Cuerpos Gramaticales y perteneciente al Colectivo Agroarte cuenta que este es un colectivo que nace hace 15 años como forma de resistencia a la Escombrera en la ciudad de Medellín, lugar que era destinado a enterramientos clandestinos de personas que habían sido detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas, aprovechando la condición de botadero de escombros para el ocultamiento de los cuerpos.

“Somos sembradores y sembradoras del territorio, nacemos como una forma de resistencia a las 22 operaciones. En el 2002 pasan cinco operaciones importantes y devastadoras en términos de derechos humanos, unas de ellas son Mariscal, Cortafuegos y la más cruel y la más tremenda es la Operación Orión, con la que inicia el tema de Seguridad Democrática con el Gobierno de entonces, que deja a más de 300 personas enterradas y desaparecidas en la Escombrera, 72 muertos y un centenar de personas violentadas en sus derechos fundamentales”, asegura Botina.

Cuerpos Gramaticales, para Sanabria, “es un espacio para contarle al mundo sobre las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos; también para contar lo que sucedió en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que fue el cómplice. Fueron más de 6000 ejecuciones extrajudiciales”. Las Siembras, como ejercicios de recuperación de la memoria en espacios donde se implanta la política como miedo, permiten recuperar el territorio, generando espacios para el diálogo entre la búsqueda de la justicia y la verdad. Botina resume la propuesta artística como un espacio donde “nos sembramos como país, nos sembramos como luchas”.

El movimiento de víctimas crece en todo el país como respuesta a las cada vez más visibles violaciones de derechos humanos. Ante ello Sanabria asegura que “solos no hacemos nada”, y finaliza comentado que su lucha por la justicia es hoy, “mientras mis huesos tengan carne y mi nariz tenga halito, ahí estaré. Ellos están pensando que cada vez que me ponen trabas, que cada vez que sacan alguna ley o que me niegan el acceso a la justicia, yo me voy a cansar y me voy a sentar a llorar. Pues no, fíjese que con eso me dan más fuerzas para seguir adelante, no saben, no se lo imaginan. Necesitamos que más personas se unan, porque aún hay mucho miedo de decir, de contar, de denunciar. Queremos con todo esto que se hace, mostrarle a las otras personas que sí se puede, que unidas podemos”.

Transeúntes y curiosos se acercan a mirar la propuesta artística que tiene una duración aproximada de ocho horas. Algunos con inocencia preguntan: ¿Por qué se echan tierra encima esas personas? A lo cual unánimemente los organizadores responden: “Porque están sembrando esperanza”.

El pasado 12 de julio, la comunidad indígena del resguardo Kokonuko ubicado en el departamento del Cauca, en el predio Aguas Tibias N°2, sufrió un ataque por parte del Esmad donde resultaron heridos 23 indígenas, cuatro de ellos de gravedad.

 

La comunidad indígena del resguardo Kokonuko realizaba el proceso de recuperación y saneamiento del resguardo Aguas Tibias N°2. Jhoe Nilson Sauca, ex gobernador del resguardo indígena de Kokonuko, y actualmente encargado del programa Defensa Vida y DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, nos cuenta sobre el proceso que desarrollan en el territorio desde hace más de veinte años: “la comunidad indígena del resguardo Kokonuko desde 1971, cuando fue la creación del CRIC, inició el proceso de liberación de la madre tierra. En un primer ejercicio fue recuperar la finca llamada El Seminario que la tenía la curia, de ahí en adelante la comunidad continuó el proceso de recuperación de la madre tierra”.

Este proceso ayudó al fortalecimiento de diversas comunidades y resguardos indígenas, consolidando sus planes de vida a nivel familiar y del resguardo, según cuenta con detalle Jhoe. También enfatiza en que el existir del pueblo Kokonuko inicia a partir de los principios del CRIC, que son la unidad, la necesidad de la tierra, y la reclamación de unos derechos territoriales constituidos desde la época de la corona española. “El pueblo Kokonuko desde ese tiempo hasta ahora hemos venido saneando y recuperando la tierra… cuando los españoles llegaron intentaron acabar con nosotros y corrimos hacia las montañas, y hoy que estamos acá ya el Gobierno nos quiere bajar por el tema del agua, porque ellos la ven como un negocio, y nosotros la protegemos, a nosotros nos interesa preservar nuestro entorno y mantener la armonía del hombre con la madre tierra”, puntualiza Suaca.

Jhoe nos cuenta que el resguardo Kokonuko está constituido en la parte alta del páramo, al lado del volcán Puracé, igual que el resguardo indígena de Puracé y el resguardo indígena de Paletará, y que poseen grandes extensiones de reserva de páramo de donde salen las grandes fuentes hídricas, “allí nace el río Cauca y diferentes vertientes que lo alimentan, todo esto ha sido preservado hasta el tiempo de hoy”. Esto último es un mandato que la misma comunidad tiene frente a la conservación de los nacimientos de agua, y se aplica también para los particulares que están en los territorios que hoy se sanean y recuperan.

Hoy son 5600 indígenas del resguardo Kokonuko que han venido saneando territorios como el de Aguas Tibias, una finca que comprende 85 hectáreas, y que queda en el corazón de este resguardo. En acuerdos pactados y firmados en el año 2016 el Estado se comprometió a entregarlo a la comunidad, pero aún no se ha acordado la compra del territorio con el señor Diego Angulo, propietario particular del predio. “El dueño oferta pero el Gobierno no se mueve a comprarlo”, detalla Jhoe, también menciona que “el conflicto se ha dado por un negocio que hace poco empezó a existir, inició como un pequeño valneario, y el propietario no le paga impuestos al municipio, ni al departamento, ni al mismo resguardo, amparándose que se encuentra en medio de un resguardo indígena y por eso no paga impuestos”.

Ante este panorama la respuesta del Estado local, regional y nacional ha sido la militarización del territorio Kokonuko. Jhoe narra con tristeza los hechos: “el territorio fue militarizado con Esmad, Policía y Fuerzas Militares el martes 12 de julio desde las tres de la madrugada, y a eso de las cinco de la mañana nos empezaron a atacar con gases lagrimógenos, se escucharon disparos. Esta acción se hizo sin importar que habían niños, niñas, jóvenes, mayores y mayoras”, y refuerza con profunda indignación que tiene “coraje de ver a esos chiquitos llorando”.  

En un comunicado emitido al final de ese día, la comunidad denunció otros atropellos: “en las horas de la tarde la lucha se trasladó a los caseríos de las veredas de San Pedrillo y Tres de Noviembre, pertenecientes al Resguardo Indígena de Kokonuko, donde al Esmad no le importó disparar gases lacrimógenos afectando más de 150 viviendas donde se encontraban mujeres embarazadas, madres lactantes, mayores y mayoras, provocando pánico entre la población indígena”.  Esta intervención del Esmad provocó traumas psicológicos y afectaciones respiratorias a niños y niñas. Además obstaculizó a las unidades de atención de la IPS Minga y el CRIC el auxilio a comuneros heridos.

La comunidad también denuncia que el Esmad disparó indiscriminadamente a la población. Se encontraron posteriormente casquillos de fusil, así como partes de alambre de púa que, según señaló la comunidad, eran tiros recalzados que estas fuerzas del Estado utilizan para dispararles. Esta acción por parte del Esmad, la policía y militares duró hasta la una de la madrugada del miércoles 13 de julio, afectando al resguardo y su territorio ancestral.

Toda esta situación llevó a la realización de una reunión el día 17 de julio en Bogotá, en la Casa Giralda, con autoridades indígenas del resguardo Kokonuko, el CRIC y miembros del Gobierno nacional como el Ministro del Interior Guillermo Rivera, y delegados de la Agencia Nacional de Tierras. Allí, el Gobierno reconoció que “el desalojo no se dio en el predio del señor Angulo, sino dentro de nuestro territorio ancestral, y que hubo heridos de nuestra comunidad”, según relata Yuber Mapallo Jalvin, secretario del Resguardo Kokonuko, quien puntualizó que el Estado se volvió a comprometer para darle celeridad al canje de tierras, así como a la desmilitarización del territorio.

Al cierre de esta edición la comunidad sostenía una reunión en territorio Kokonuko con participación de delegados de las diferentes instancias del Estado, para dar cuenta de los resultados y acuerdos sostenidos en la reunión; la comunidad invitó a fortalecer el ejercicio de unidad en la práctica, como mandato del XV congreso realizado en Río Blanco Sotara del pueblo Yanacona.

Las notas musicales de paz las escribe la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó; su apuesta y propuesta es la reconciliación.

El pasado 11 de julio, 25 viviendas, así como árboles y animales del caserío de San José de Apartadó, amanecieron con "pintas" alusivas al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC. Días antes había ocurrido lo mismo en la vereda La Cristalina. Ante este clima de zozobra, la Comunidad, que lleva 20 años construyendo apuestas de paz en este territorio afectado por la presencia paramilitar, pintó sus muros con mensajes como este: "Vamos a cerrar una página y juntos abriremos una nueva historia, donde la reconciliación sea la protagonista".  

“¿Dónde está la paz tan publicitada hoy en el país?”, es la pregunta que se la hace la Comunidad de Paz, ya que los hechos señalados no responden a una única presencia que este grupo paramilitar ha realizado en el territorio con fines de instigar, vulnerar y amenazar su tranquilidad. Su presencia se ha venido dando fuertemente durante el año pasado y el presente año en diversas veredas y corregimientos de esta región del país. La Comunidad de Paz a través de sus diferentes medios de difusión ha dejado constancia de las múltiples apariciones en el territorio por parte de este grupo, también han señalado que las autoridades y Gobiernos locales correspondientes niegan constantemente su presencia.

Por el contrario, según manifiestan los habitantes de esta región, brigadas del Ejército se reúnen con este grupo ilegal para coordinar acciones. En una constancia emitida el 19 de junio en su página web, la Comunidad de Paz señaló que han “podido comprobar que altos mandos de las brigadas 17 y 11 del Ejército de Antioquia y Córdoba se reúnen con grupos paramilitares en las veredas: Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó y Murmullo, del corregimiento de Batata del municipio de Tierralta, Córdoba, todo esto con la intención de coordinar todo el modelo de control sobre la población y de estigmatización a nuestra Comunidad de Paz”.

En esta misma constancia, la Comunidad deja por escrito que estas estructuras paramilitares sostienen puestos de control armado en las siguientes veredas: Arenas Bajas, Nuevo Antioquia, Playa Larga, Rodoxali, la Hoz, del municipio de Apartadó, en Turbo, del departamento de Antioquia, y también en La Resbalosa, Machosolo, Resbalosita, Naín, Murmullo, Alto Joaquín y Baltazar, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba; en otras veredas de esta región este grupo ilegal patrulla como si fuera ejército oficial, dañando y amenazando lo que encuentra por su camino, y desangrando cada vez más la región, puntualizan.

Hechos como el hurto de alimentos, animales y dinero, amenazas de muerte, presencia constante en el territorio, la instalación de bases y retenes paramilitares, y la constante intimidación a familias y líderes que hacen parte de la Comunidad de Paz, tienen paralizada a la población. Otros hechos que se han registrado desde el mes de marzo en las diferentes constancias que han realizado, responden a diferentes situaciones como la presencia de estos grupos en diferentes veredas para reunir a los pobladores, en donde manifiestan que “esa hp comunidad de paz tiene que acabarse y no existir más”. Esto ocurrió en las veredas Multo Medio y Mulatos. En el casco urbano de San José de Apartadó su presencia también se ha sentido, en especial ante el gremio de comerciantes a los que el grupo ilegal ha llegado a “cobrar vacuna”; según ellos “es un aporte a la causa”. Los comerciantes también han manifestado su temor ante la intimidación de los paramilitares.

El 2 de julio llegó un grupo de paramilitares fuertemente armado a la vereda La Resbalosa, también de este corregimiento; así lo narró la Comunidad de Paz en otra constancia emitida el 12 de julio en su página web: “nos reunieron a los pobladores y se presentaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Uno de ellos se presentó como jefe político encargado de convencer a los pobladores para sostener allí los puntos de información; otro se presentó como jefe de tropa, más conocido como “El Rayo”; otro se presentó como comandante de puntos. Luego presentaron a una persona de civil como “un punto” (informante) del sector La Rica, entre Naín y La Resbalosa, Córdoba”. Según relataron, esta reunión se hizo de manera forzada, por lo que violó los derechos de los campesinos.

Algo preocupante también para esta población, según manifestaron,  es que se instaló un “punto” en su vereda, y ante su negativa, la respuesta de los paramilitares fue: “gústele o no, vamos a colocar aquí un punto y si nos toca comprar un terreno y construir una casa para ubicar a nuestro informante, lo haremos, pero la junta de acción comunal tiene que ubicarlo como una familia más de la vereda; además no hay problema si lo capturan, pues tenemos todo coordinado con los militares y con la Fiscalía para que no dure más de 24 horas capturado”. De igual manera reafirmaron que, “vinimos para quedarnos y queremos a todos organizados, trabajando para nosotros, por lo que no queremos sapos que anden informando sobre nuestra presencia”.

A pesar de todo, la Comunidad de Paz persiste, y como lo explican, su “Comunidad ha sobrevivido por más de 20 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas y muertes pero aún seguimos, gracias a nuestros principios y reglamentos que son los que nos han fortalecido en nuestra resistencia y vida comunitaria”.

Salaminita renace a paso firme

Por Asorenacer*

Entre las décadas de los 70 y los 80 se dio el proceso de asentamiento de las veredas La Suiza y El Jardín, pertenecientes al corregimiento de Salaminita en el municipio de Pivijay, Magdalena. Durante este tiempo muchas familias campesinas provenientes de diferentes lugares de la región llegaron a esta zona del departamento, y comenzaron a asentarse en algunos terrenos prósperos para la agricultura y en los cuales solo había una pequeña población dispersa.

Los predios de la vereda La Suiza pertenecían a las señoras Aura de Polo y María Teresa de Polo. En 1980 y después del proceso de verificación realizado por el Incora, se realizó la distribución de la tierra adjudicando a cada parcelero 10 hectáreas de territorio. Entre 1982 y 1983 inició el proceso de asentamiento de la vereda El Jardín con la llegada de 21 parceleros a las tierras del señor Julián Escalante Charris, solicitando que les permitiera cultivar en las tierras que aparecen como de su propiedad. Escalante cedió, pero cuando las tierras estaban cultivadas y civilizadas los expulsó del territorio sin reconocer nada por el trabajo realizado. Ante este hecho, los campesinos buscaron asesoría con el Incora, obteniendo como resultado la adjudicación de estos predios. Para el año 1986,  Salaminita fue reconocida como corregimiento del municipio de Pivijay, y para 1990 ya contaba con una infraestructura básica y bienes comunes, como el puesto de salud y la escuela. En 1993, el censo dio cuenta de un estimado de 211 habitantes.

Durante esta misma década, los grupos paramilitares venían consolidando su poder en la región. En 1998 comenzaron a darse las primeras amenazas contra los miembros de la población. El siete de junio de 1999 paramilitares al mando de Tomás Gregorio Guillén, alias “Esteban”, del frente Pivijay adscrito al Bloque Norte de las AUC, ingresaron a la población, los reunieron a todos a un lado de la vía y los obligaron a ver los asesinatos de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien por mas de 10 años había sido la inspectora de policía del corregimiento. Como consecuencia, la comunidad se desplazó de manera masiva hacia poblaciones cercanas, por lo que el poblado quedó totalmente abandonado. Según relata Erika Rangel, miembro de Asorenacer, “por la violencia que hubo en ese momento, la muerte de la inspectora, la muerte de dos campesinos parceleros, se presentó el desplazamiento masivo de todo el pueblo. Al pasar los días, el pueblo fue arrasado, los paramilitares metieron unos buldócer, quedando el pueblo completamente solo y devastado, porque no quedó ni una sola vivienda en pie”.

Esta tragedia no paró allí, y por el contrario se prolongaba en el tiempo y el espacio, ya que los asesinatos y las persecuciones sobre los pobladores de Salaminita se extendieron en el territorio y durante meses. Lesa Daza, representante legal de Asorenacer cuenta que “después de que pasó el caso de Salaminita, para el mes de agosto asesinan a dos parceleros, papá e hijo, José Palmera y Víctor Palmera. Luego, un mes más tarde, entraron a la parcelación El Jardín y asesinaron a los esposos Blanca Flor Gutiérrez y Domingo Gonzáles Ternera, y ese mismo día desaparecieron a Fredy Polo. Al año siguiente, en el mes de agosto nuevamente en la parcelación El Jardín, asesinan a los esposos Pedro Araque y Eloisa Gutierrez”.

En el año 2001, los señores Alfonso Díaz Quintero y Vicente Rueda Guarín, comenzaron a contactar a quienes se habían desplazado para que les vendieran sus predios. Debido a la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las familias, muchas de ellas accedieron a venderlos. Fue de esta manera como las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, reconocidos ganaderos y terratenientes de la región, terminaron siendo los dueños de los predios, luego de comprarlos a precios irrisorios.
Durante el 2009 se empezó a promover el proceso de reparación de la comunidad de Salaminita, mediante el trabajo de la Organización de Población Desplazada –OPD– de Aracataca, y en marzo del 2013 se logró la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras –URT–, y quedaron así registrados los formularios y las declaraciones de los solicitantes. En abril del mismo año se realizaron unos talleres con la comunidad, en los que se logró cartografiar los predios, y ese mismo año el Consejo Noruego para los Refugiados comenzó a hacer acompañamiento al proceso. En el 2014 nació Asorenacer, plataforma que representa a la población desplazada de Salaminita. La Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tomó el caso en sus manos y a través del trabajo de recolección de información a finales del mismo año lograron presentar las demandas.

Durante un año el proceso estuvo detenido por orden emitida por un juez de Aracataca, porque siete de los solicitantes fueron demandados por falso testimonio por el opositor del proceso. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó la restitución de los 37 lotes que conforman el centro poblado de Salaminita y exhortó a diferentes instituciones estatales a comprometerse en la reconstrucción de este corregimiento arrasado.

El 7 de junio del presente año los pobladores realizaron un retorno simbólico hasta los territorios en los que alguna vez proyectaron sus vidas, esperando que se cumpla la sentencia que ordena la reconstrucción del centro poblado y que se agilicen los procesos del área rural. De igual manera, en esta conmemoración se hizo la inscripción oficial de Salaminita como sujeto reparación colectiva ante la delegada de la Unidad de Victimas, y así, a paso firme y con la esperanza de sus pobladores, este corregimiento empezó a renacer.
*Asociación de Víctimas de Salaminita, La Suiza y El Jardín

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