Corrupción en la Corte Suprema, una muestra más de la crisis institucional

En este momento Colombia está sumergida, de nuevo, en un escándalo de corrupción. Y no uno cualquiera. Todo comenzó con quien era el encargado de perseguir la corrupción del país, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Se descubrió, gracias a la justicia de Estados Unidos, que Moreno y un amigo suyo,  el abogado Leonardo Luis Pinilla, habrían recibido dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de frenar un proceso que había contra él. Pero esto no se quedó ahí, el escándalo del fiscal anticorrupción  sirvió para descubrir algo mucho peor. La justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Colombia más información, incluyendo interceptaciones a conversaciones de los tres mencionados, y fue así como se conoció el nombre de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, señalados de recibir dineros para favorecer a congresistas investigados sobre todo por parapolítica y por corrupción: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Los tres congresistas mencionados en esta red de sobornos, y que tenían y tienen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, son el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, el barón electoral de La U, Musa Besayle, y el ex senador antioqueño Luis Alfredo Ramos. Lo delicado es que, primero, este escándalo apenas comienza y es seguro que aparecerán más nombres de implicados, y segundo, que desde ya se alzan voces de preocupación por la posible impunidad de la que gozarán los ex magistrados.

Dos preguntas surgen cuando se habla de corrupción en las altas instancias de la justicia: ¿Por qué se da? ¿Y cómo evitarla? La primera ya está respondida en cierta medida. En Colombia existe un diagnóstico más o menos establecido sobre los tres asuntos que producen la corrupción en la justicia. Primero, la garantizada impunidad para los magistrados que cometen delitos, ya que su sistema de juzgamiento, que es distinto al que tenemos los demás colombianos, no funciona; segundo, la facultad que tienen estos de nominar e incidir en la elección de otras dignidades del Estado (el Contralor, el Fiscal y el Procurador, por ejemplo), y que crea un insano vínculo entre magistrados y políticos; y tercero, el origen de los magistrados de las altas cortes, que son ternados o escogidos por el Congreso o por el Gobierno, lo que también crea un vínculo político que pone en duda su independencia.

A los magistrados no los juzga nadie
En Colombia hay cuatro Altas Cortes. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados que conforman estas instituciones son llamados aforados, es decir, que gozan de un fuero legal especial.  Cuando un magistrado comete un delito, primero se le hace un juicio político en el Congreso, y después, si se cumple con todo el procedimiento y se le declara “indigno”, este pierde el fuero, y su caso es enviado a la Corte Suprema que vuelve y arranca el proceso y lo juzga penalmente.

Este procedimiento solo ha funcionado una vez desde que se creó, y fue con Jorge Pretelt, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que fue declarado indigno luego de ser investigado por favorecer a la Empresa Fidupetrol en el proceso de una tutela. De resto, todos los casos que llegan al Congreso, y más específicamente a la comisión que los recibe, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, son archivados, y los procesos que inician, fracasan. ¿Por qué esta inoperancia?

“La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no tiene autoridad moral ni legitimidad para hacer los juzgamientos, y tampoco tiene la capacidad. Para uno investigar conductas delictivas necesita un aparato capaz de encontrar la prueba, buscar la prueba, y sostener la prueba, y la Comisión de Acusaciones no lo tiene”, explica Ramón Mena, presidente de Asonal Judicial S.I. seccional Antioquia, y juez décimo de familia de Medellín.  Este proceso de juicio en el Congreso es político, en otras palabras, que un investigado sea declarado indigno o no, no depende realmente de sus actuaciones, sino del apoyo que tenga, o que no tenga, en el Congreso. Y es aquí donde se encuentra otro problema, y es que la relación entre los magistrados y los congresistas es más cercana de lo que se podría creer (y de lo que debería ser). De hecho, el Congreso ayuda a escoger algunos de los magistrados de las cortes.

Por estas críticas es que se ha hablado de crear una institución más eficaz para investigar y juzgar a los magistrados, como lo explica la Doctora en derecho, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez: “¿Cuándo se habla de crear una comisión paralela? Cuando el proceso de politización de las Altas Cortes se da por la facultad para nominar. El poder legislativo se acerca al poder judicial, y así se niega la posibilidad de que haya objetividad. Por ejemplo el origen de la Corte Constitucional es el Senado, y el Senado al final terminaría siendo el que juzga estos mismos magistrados. Ahí se ve la necesidad de una institución que no esté en el Congreso. Lo que demuestra que sería mejor tener una institución aparte, y que su origen no fuera político”.

Funciones nominadoras de las Cortes, el origen del problema
Las Altas Cortes tienen la responsabilidad de participar en los procesos de escogencia de otros dignatarios del Estado. Al Contralor del país lo elige el Congreso de una terna presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Procurador, la terna es conformada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República.

Es así como se crea el insano vínculo entre los magistrados y los políticos, entre las cortes y el Congreso, e incluso entre estas y el poder ejecutivo. Vínculo que para muchos explica, al menos en parte, la corrupción, y que desde los debates de académicos, investigadores, ex magistrados y analistas, se ha pedido eliminar de raíz.  

En palabras de Ramón Mena, “deben alejarse las cortes y los magistrados de la facultad nominadora, porque eso genera un carrusel, donde los magistrados nombran el procurador y el procurador nombra los amigos de los magistrados de la corte, las esposas, o nombran al fiscal y el fiscal les abre una puerta burocrática donde nombra a todas las personas que estos tengan para recomendar”.

Como complemento, la profesora Maria Cristina Gómez dice que “eso (la facultad nominatoria de las cortes) antes de crear colaboración crea una contaminación entre poderes. Lo que queremos es evitar que la Rama Judicial asuma esos procesos de clientelismo, que se perciben en el Congreso, se ven en el ejecutivo, y que terminan en corrupción. Sacar la facultad nominatoria, quitarla, es quitar la facultad de que se llegue a un cierto clientelismo que termina en corrupción”.

¿Cómo nombrar a los magistrados?
Esta es otra cuestión que surge, primero, porque en los procesos de conformación de las cortes también hay intereses políticos de por medio, y segundo, porque al tratarse de las más altas corporaciones de justicia del país se esperaría que estuvieran integradas por personas altamente calificadas, y con criterios éticos sólidos.

Mena, en su rol de representante de los trabajadores de la Rama Judicial, cuenta que están exigiendo que haya “meritocracia y carrera judicial. Que sea un concurso público en el que tengan igual oportunidad los litigantes, los académicos y la Rama Judicial, y que obedezca a parámetros serios y estrictos”.

“Lo que tenemos hoy en día son magistrados que han llegado por arriba, han llegado en paracaídas con rosca política y estas son las consecuencias. Magistrados que no sienten la Rama Judicial, que no les importa hacer fraudes, que no les importa cometer delitos, que no tienen el conocimiento”, agrega Mena.

¿Será que la solución es un referendo?
“La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial": Fernando Carrillo.  

El 13 de agosto, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, envió  una carta a Marta Lucía Olano, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En ella propuso la realización de un referendo para reformar a la justicia. Cinco días después, el 18 de agosto, el país conoció gracias a Blu Radio, la intención del Gobierno nacional de llevar a cabo esta reforma, que tiene, según los medios, la realización de un referendo como primer plan. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia, expresó que el Gobierno sí impulsará una reforma a la justicia, pero que aún no se ha definido si con un referendo, una asamblea constituyente, o por vía legislativa.

Lo que sí se sabe, por las declaraciones del Ministro, es que sea cual sea el mecanismo, este tendría entre otras intenciones crear un nuevo organismo para juzgar los magistrados, desligar la política de la justicia, y mejorar la formación de los abogados.

La iniciativa de convocar a la ciudadanía para que haga parte de un proceso de reforma integral a la justicia suena bien. Pero la coyuntura electoral que se avecina, la crisis de gobernabilidad que aún carga el Gobierno, las distintas iniciativas de reformas que han planteado otros políticos, y el mismo descontento de la ciudadanía, hacen oscurecer el panorama. ¿Será esta la oportunidad de reformar a la justicia?


Share this article

About Author

Juan David Guerra
Login to post comments

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

últimas publicaciones

Contacto

Medellín - Antioquia - Colombia

 

Calle 50 #46-36 of. 504

 

(4) 231 08 42

 

periferiaprensaalternativa@gmail.com

 

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.