Nuestra Historia

El Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Movete, es una articulación de organizaciones sociales, juveniles, ambientales y campesinas que nació en el 2013, por la necesidad de trabajar en conjunto para el Oriente de Antioquia. Este ejercicio de resistencia y defensa del territorio tiene un antecesor en el Oriente antioqueño: el Movimiento Cívico.

 

El Movimiento Cívico, una lucha que no culmina
Desde que el Oriente antioqueño, en la segunda mitad del siglo pasado, se colocó como un polo de desarrollo a nivel nacional e internacional con la construcción de la autopista Medellín - Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, más la expansión urbanística desde el Valle de Aburrá hacia el Oriente cercano y la llegada de las hidroeléctricas, las comunidades empezaron a verse afectadas. Fueron las altas tarifas de energía para esta región productora de la misma, lo que motivó a la conformación del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, quien desde entonces emprendió un ejercicio de organización y movilización.

Beatriz Gómez, oriunda de La Unión, Antioquia, hizo parte del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño desde 1993. Tratando de recordar cómo inició labores la organización, logra acertar con precisión cuando afirma que “hubo muchas personas 'tesas' y 'berracas' trabajando por las comunidades y la defensa de los territorios y del agua”. Doña Beatriz, algo nerviosa y un poco agitada, tal vez por sus 68 años de edad,  de los cuales dedicó más de 30 a la lucha y al Movimiento Cívico, recalca con orgullo que en el Oriente antioqueño se peleó en primera instancia contra uno de los servicios de energía más costosos del país.

Beatriz expresa con altivez que en ese suceso contra la empresa de energía Grupo Unión, quien suministra actualmente el servicio en el municipio de La Unión, inició en 1998, y que los líderes llevaron a cabo acciones de hecho como quemar llantas para visibilizarse. En esos años de tensión, doña Beatriz cuenta que se hacían reuniones clandestinas por el temor a la amenaza y el sometimiento, pero que aun con ello el amedrentamiento logró dispersar a los miembros del Movimiento Cívico.

Sin embargo, manifiesta con una alegría efusiva en su tono de voz que sus dos hijas han heredado parte de esa motivación, por lo que María*, la mayor de ellas, trabajó en la Gobernación de Antioquia y ahora está en la Alcaldía de Medellín debido a sus iniciativas. La otra hija de doña Beatriz, Luz Dary Valencia, junto a su nieta, Alejandra Valencia, se encuentra apoyando organizaciones sociales que se empeñan en defender el territorio en el Oriente, como la Tulpa Comunitaria y el Movete, las cuales actualmente se esmeran por retomar ese mecanismo de lucha.

"El Movimiento Cívico me dejó algo hermoso. Más que miedos, satisfacciones, y le pude abrir los ojos a muchas personas y muchos jóvenes, y el trabajo con la memoria colectiva ha sido fundamental. Hoy la intención por retomarla con la lucha contra el extractivismo es una forma atrevida pero genial de trabajar por el territorio y reactivar la memoria”. - Beatriz Gómez.


Constitución del Movete y los actuales escenarios de conflicto
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño presentó en el 2012 un informe alrededor de la crisis humanitaria dada por la creciente presentación de proyectos extractivos en el territorio; mostró 52 pedidos de concesión para micro o macrocentrales e hidroenergéticas para ese período.

Esta fue la primera motivación, pero no la más importante para el surgimiento del Movete, pues según explica Juan Bernal, quien pertenece a Conciudadanía e integra el movimiento, por otro lado el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) que venía actuando en el Oriente junto a otras organizaciones, visibilizó desde años anteriores las problemáticas con el agua desde esta parte de Antioquia.

En el 2013 se logró juntar la propuesta de la Asamblea Bosques con la planteada por el EDSPP, La primera trataba de identificar las problemáticas adyacentes en los proyectos extractivistas y la segunda proponía el Festival del Agua como mecanismo para unir al Oriente antioqueño, poniendo en claro las actividades mineroenergéticas y las consecuencias que se pretendían en el territorio. De esta manera, y desde el primer Festival, el cual reúne anualmente a unas mil personas, se trabajan cinco líneas: Hidroenergía, la minería, monocultivos, la seguridad y la soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria).

Luego de esto se evaluó el Festival del Agua y se consideró crear un actor para tal manifiesto, por lo que se consagró el Movete y nació oficialmente a finales de noviembre del 2013.

A pesar de lo anterior y la adaptación de las luchas hechas por el Movimiento Cívico, Johan Higuita, un estudiante de la Universidad de Antioquia de 24 años de edad y quien lleva dos en el Movete, asegura que las “movidas” de los gobiernos de turno para conceder terrenos a las multinacionales “generaron principalmente avances en las estrategias paramilitares, quienes legitimaban los proyectos en la región frente a la resistencia que venían desarrollando las comunidades”.

Antioquia está en un momento álgido, por lo que Movete se activó para organizarse, informar y luchar contra las microcentrales, reforzando las relaciones entre las comunidades y adelantando algunas acciones jurídicas para buscar formas de resistencia a estos proyectos, así como germinando movilizaciones que concienticen a las poblaciones del Oriente antioqueño. Lo que se viene en términos de políticas de Estado es preocupante, pero este tipo de expresiones que heredan otras formas de lucha prometen una apuesta solidaria con el departamento, las comunidades y el medio ambiente.

*El nombre de la mayor de sus hijas fue cambiado por petición de Beatriz.

El estudiante y la plaza

Corrían aires de rebeldía, coletazos de mayo del 68 en Francia, de los curas rebeldes junto a los tugurianos en las periferias, se agitaba el poder negro y el movimiento LGTBI en el norte. Mientras los jóvenes en el mundo exigían con espíritu antiimperialista el fin de la guerra en Vietnam, en Colombia los estudiantes comenzaban a elevar consignas por el derecho a la educación. Así iniciaba la década de  los años 70.

Luis Fernando Barrientos vivía en Caicedo La Toma, un barrio alargado y de calles apretadas en donde todos se conocen, ubicado en el Oriente de Medellín. A diferencia de sus amigos, Barrientos no era muy hábil con el baloncesto, el fútbol o en las caminatas que realizaban a Santa Elena, sin embargo era un curioso de toda clase de aparatos electrónicos. “Mi recuerdo de Fernando es el de un hombre muy bondadoso, proclive a cierta ingenuidad casi natural, en el sentido de que era muy receptivo y una persona supremamente tranquila, su aspecto coincidía justamente con esto; era regordete, pausado en habla y en la forma de caminar”, rememora Gabriel Murillo, quien fue su amigo y ahora es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia.

Su familia estaba conformada por su madre, padre y hermana, a la cual –recuerda Gabriel– quería de manera especial. La situación en su hogar no era fácil, ellos dependían en gran medida de los oficios de limpieza en los que trabajaba su madre en el centro de la ciudad, quien toda su vida había sido obrera y a causa de la quiebra de la fábrica, en la que trabajó durante 17 años,  no tenía nada en sus manos. Sin embargo los esfuerzos de esta madre siempre estuvieron concentrados en sacar adelante a sus hijos, por esto se levantaba a las tres de mañana para preparar las labores del hogar, a las seis los dejaba donde una vecina y salía a trabajar. Luis Fernando era la esperanza de progreso para su hogar, sobre todo al conseguir ser admitido a Ciencias Económicas  en la universidad pública del departamento: la Universidad de Antioquia.  

En aquellos días era sencillo reconocer un estudiante, la principal sospecha recaía sobre su  juventud, la cual  era acompañada por un libro bajo el hombro porque no  eran comunes las copias ni los morrales, y esto era evidencia de que en aquella mente existía la necesidad de movimiento y transformaciones, en un país quieto y con destino confinado a los intereses del agotado Frente Nacional.

Gabriel y Luis Fernando tenían esas inquietudes en su mente, por esto junto con otros vecinos y el zapatero del barrio comenzaron un grupo de estudio en donde leían un poco sobre Lenin y Mao, y las revoluciones que aquellos hombres consiguieron a una distancia incalculable de este barrio poblado por la clase obrera, donde se había proclamado a María Cano como “La Flor del Trabajo” casi 50 años atrás.  

Para 1973 Barrientos ya estudiaba Economía, sin embargo, en sus planes estaba pasarse a Ingeniería Electrónica para darle rienda a las curiosidades que cultivaba. La ciudadela universitaria llevaba apenas cuatro años de inaugurada y era abierta y de libre circulación para la ciudad; algunos  espacios todavía estaban en construcción, por lo cual funcionaban sólo unos bloques, entre ellos  la biblioteca, refugio de muchos estudiantes que hasta tarde permanecían estudiando los libros, que en la mayoría de los casos eran su principal y única fuente de consulta.  

Pero no sólo se dedicaban a estudiar, también había espacio para las revoluciones del espíritu. Durante los intermedios de las lecturas y discusiones sobre los procesos en Rusia y China, el grupo de amigos de Barrientos escuchaba Opera en el tocadiscos del Zapatero, ya que el artesano amigo era un apasionado coleccionista y  conocedor de este género. Luis Fernando para entonces también tenía una relación amorosa en secreto con una vecina mayor que él, y esto generaba en sus amigos un tema para todo tipo de bromas.  Su madre, por su parte, esperaba con ansias tener el diploma que le concedería un título a su hijo y justificaría los esfuerzos cotidianos.

Pronto sobrevino el 8 de junio de 1973
Este día se realizó una asamblea en el Teatro Comandante Camilo Torres para conmemorar el día del estudiante caído y combativo, un homenaje a nombres como Gonzalo Bravo Páez y Uriel Gutiérrez, estudiantes asesinados a manos del Estado colombiano. Además de la conmemoración, la sesión también abordó los incumplimientos de la Universidad en el tema que desde el 71 los estudiantes venían agitando con su programa mínimo: el cogobierno. Esta discusión, recuerda Gabriel, tuvo una participación masiva del estudiantado.

Al salir del teatro el sol golpeaba con fuerza sobre la todavía anónima plaza principal de la universidad. Gabriel, junto a algunos compañeros, fue a almorzar a unas pocas cuadras de la ciudadela, y al regresar lo sorprendió la noticia en la radio que pregonaba el nombre de su amigo. Luis Fernando Barrientos resultó asesinado por un agente infiltrado del DAS, de nombre Maximiliano Zapata,  en la esquina de la avenida Barranquilla con Ferrocarril. Su cuerpo cayó luego de ser disparado un proyectil detrás de una camioneta, mientras se manifestaba a plena luz del día en un mitin y  acompañado de otros estudiantes. Este mitin, considera Gabriel, podría haber sido el primero de Fernando, pero resultó suficiente para que perdiera la vida.

Tendido sobre la calle, el cuerpo de Fernando fue levantando rápidamente por el grupo de estudiantes que pronto se multiplicó y lo cargó  hasta el escritorio del rector de la Universidad, en búsqueda de explicaciones a lo sucedido.  Allí, tal vez a causa de una bomba molotov de alguno de los estudiantes enfurecidos, el fuego se propagó y terminaría por incendiar todo el bloque administrativo. Después de esto el cuerpo de Luis Fernando desapareció. Los que decían ser autoridades intentaron sepultarlo prontamente para disipar lo ocurrido, sin embargo la madre de Luis Fernando, cual Antígona, se mantuvo terca, exigiendo que el cuerpo de su hijo apareciera. Ante su furia, el cuerpo retornó.

Al día siguiente las calles estrechas se colmaron de gentes, en el barrio de Fernando no cabía una persona más, pero tampoco había espacio para más indignación. Cuando el Ejército quiso intervenir la ceremonia en el transcurso de la tarde, fue expulsado por el grupo de estudiantes, amigos y conocidos de Barrientos, quienes con palos y con lo que tenían  a mano se enfrentaron a  la fuerza pública, hasta que esta, temerosa, decretó el toque de queda.
Ese año la universidad cerró temporalmente. Tiempo después aparecieron las cercas delimitando sus márgenes y a la plaza principal de la Universidad los estudiantes la nombraron en honor a  Luis Fernando. Su memoria se volvió una anécdota sin rostro que se cuenta por los pasillos, pero que no consiguió impedir que un hecho como este volviera a suceder.

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Casi 20 años después de la tragedia de Machuca en el nordeste antioqueño (18 de octubre de 1998),  en donde un estallido de un oleoducto a manos de fuerzas del ELN provocó un desenlace trágico de 84 muertos, el periodista irlandés Gearoid  Padraig Ó Loingsigh, quien por un tiempo vivió en Segovia, escribió un libro en el cual investigó elementos que nadie había puesto de relieve y que involucra además del ELN, la responsabilidad de Ocensa y el Estado colombiano en dicha tragedia. Periferia habló con él sobre la obra que será lanzada el 3 de octubre en Quito - Ecuador.

Periferia: ¿Cuál fue la razón que lo motivó a escribir este libro justo en este momento que hay un proceso de paz con el ELN?
Gearoid: Independientemente de este proceso, la verdad es necesaria, hay cosas qué  escribir sobre Machuca y lo iba a hacer con o sin proceso de paz con el ELN. 84 muertos y quemados en medio de semejante tragedia da escalofrío, pero hay necesidad de presentar otras explicaciones distintas a la que ha dado el Estado, que no ha escuchado ni leído la sociedad, por ejemplo en materia de industria petrolera, y el impacto de esta en la tragedia. No defiendo al ELN, pero creo que esta organización tiene razón en muchas cosas frente a la industria petrolera, por eso sale mejor librado en el libro que las empresas y el Estado.

P: ¿Cuáles son esas cosas que la gente no sabe o no ha leído o escuchado sobre la industria petrolera?
G: Pues la misma industria, y los Estados hacen hasta lo imposible para que no se sepa que esta es una actividad de mucho riesgo; que las explosiones en los oleoductos son más comunes de lo que se cree, que un oleoducto no explota solamente por agentes externos, o cargas dinamiteras, sino también por reacciones químicas, corrosión, movimiento del suelo, mayor o menos humedad o lluvia, etc. También que la industria en el mundo gasta miles de millones de dólares en prevención y seguridad industrial, en planes de contingencia. Los tubos explotan en Canadá y en México, o en Nigeria, y causan incendios también, y matan personas, pero allá existen los protocolos y los planes de contingencia que hacen que una tragedia sea menos grave.

P: ¿El comando del ELN que realizó el atentado podía saber qué clase de crudo o material llevaba este oleoducto que pasa por Machuca?
G: Antes debo explicar que el oleoducto que pasa por Machuca viene de Casanare. En Machuca no hay petróleo, el oleoducto pasa por allí porque está en la línea recta hacia el occidente y resulta más barato construirlo en el lugar que se hizo, cerca de Machuca. Estos oleoductos llevan petróleo crudo, pero este no tiene la misma composición química de otro, y nadie puede saber qué reacción concreta tiene este tubo, excepto la empresa que lo transporta. En este caso Ocensa. En mis investigaciones Ocensa nunca preparó a la comunidad para una eventualidad como la que se presentó, ni advirtió el peligro de la cercanía del tubo, ni se aseguró que estuviera en el otro lado de la montaña, en donde no había gente, entre otras cosas, lo cual hubiera cambiado el destino de esas 84 personas, aun en medio de un atentado dinamitero de la guerrilla.

P: ¿Entonces qué fue lo que pasó?
G: Los guerrilleros rasos que pusieron la carga son responsables de lo que se llama homicidio culposo de 84 personas, eso no se puede poner en duda; pero quienes pusieron el tubo cerca a Machuca también tienen culpa. Esa noche el tubo transportaba un petróleo muy volátil, muy puro, que al contacto con una hormilla u otra fuente de calor explotaba fácilmente;  Corantioquia concluye que  cualquier derrame siempre afectaría el pueblo de Machuca y que se debería mover el pueblo o el tubo, y que si se hubiera puesto el tubo del otro lado de la montaña nunca hubiera matado a nadie. Es decir, que con guerrilla o sin guerrilla, los  protocolos básicos para atender en cuestión de minutos una tragedia de esa magnitud son obligatorios y en este caso no existían. No había comunicación para avisar cualquier accidente, la ambulancia más cercana está a dos horas y media por carretera destapada; el plan de contingencia no contemplaba incendios y se sabe que en accidentes con quemados la atención de las primeras horas es fundamental. En esta oportunidad la tragedia se dio a las 12:30 de la media noche, y los últimos heridos salieron en helicóptero a las 4 de la tarde, es decir 15 horas y media después.

P: En el libro usted presenta debates jurídicos frente a la responsabilidad del ELN, ¿cuáles son esos debates?
G: No son tan fáciles, pero en principio los fallos hablan de dolo eventual por parte de quienes llevaron a cabo los atentados, y de coautoría en el caso de los comandantes del COCE. Según los análisis de juristas y los míos propios, no hay dolo porque ningún guerrillero sabía ni quería causar semejante tragedia, menos sobre una población en donde habían familiares de sus compañeros o de ellos mismos. Lo de Machuca le causó más daño al ELN, a su imagen externa e interna. Y en cuanto a la responsabilidad de la comandancia, es absurdo, así no funciona la guerrilla, no hay órdenes en directo ni conocimiento de las acciones que corresponden a las estructuras regionales o locales.

*
Esta obra saldrá a la luz pública oficialmente el 3 de octubre, luego de su lanzamiento en Quito. Después en Colombia se harán presentaciones y lanzamientos en Bogotá, Cali y Medellín, inicialmente.

Sea como fuere, a la comunidad de Machuca aún no le sanan las heridas. El pueblo es tan pobre como hace 30, 20 o 10 años. El tubo sigue allí, igual que el pueblo, igual que la gente que se curó sola sus heridas. Todos han ofrecido recursos pero ninguno ha cumplido. Esta obra podría coadyuvar a  generar un nuevo momento para encontrar verdad y resarcir a las víctimas, y a su dignidad.

 

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Por Sebastían Perdomo

La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) se pensó a finales de los 90, pero solo hasta el 2003 su creación se concretó tras la necesidad de escuchar a las víctimas del conflicto armado de esta parte de Antioquia. Sin embargo, su lucha se ha diversificado debido a las frecuentes formas de violencia que continúa soportando esta región.

Conflicto y lucha
En el año 1988, en el municipio de Segovia hubo una serie de amenazas mediante grafitis, boletines, cartas, entre otros, donde el gripo ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) prometió acciones violentas contra dirigentes de izquierda. Previamente, entre marzo de 1986 y octubre de 1988, allí y en Remedios, fueron asesinados 16 líderes comunitarios, todos militantes de la Unión Patriótica (UP).

Luego, este grupo ilegal salió a la luz pública y, cuenta el informe del libro Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia (1982 – 1997) escrito por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que las amenazas fueron persistentes contra los miembros de la UP, quienes en gran parte salieron victoriosos en las elecciones del 88 en esta región y donde sus militantes fueron el principal objetivo de estas actuaciones. Más tarde, en octubre de ese mismo año y tras enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Policía, tres agentes murieron, por lo que el Ejército tomó represalias contra la población.

Pero el caso más lamentable ocurrió el 11 de noviembre de 1988 durante un ataque del MRN, liderado por Fidel Castaño, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y 45 heridas. Fernando Álvarez, Representante Legal de ASOVISNA, relata que para la séptima conmemoración de aquella masacre, se llevó a cabo una movilización nacional denominada “Peregrinación a Segovia”, la cual pretendía promover la no repetición de esos hechos.

En 1995, previo a la peregrinación, Fernando asegura que llamaron al Párroco y al Director del Hospital en Segovia a decirles: “les van a faltar tumbas y camas para las personas muertas y heridas que van a quedar”. Esa fue la amenaza que dictaron los paramilitares si continuaban invitando a la peregrinación de aquel año. A pesar del ambiente de miedo que se palpitaba, la caminata se realizó.

Ante estos ataques contra líderes sociales, en el mismo informe se manifiesta que “el último ciclo de protesta (1994 – 1997) marcó el declive progresivo de las manifestaciones de protesta social en la región”. Además, dice que “para comienzos de 1996, los miembros de las Juntas Cívicas que aún permanecían en la región redujeron su trabajo [de protesta social que fue fuerte luego de la masacre de 1988] a una veeduría ciudadana en medio de una estigmatización y victimización crecientes”.

Creación de ASOVISNA
Fernando Álvarez cuenta que tuvo que salir del municipio en 1996 junto a otros compañeros, pues hacían parte de un listado de inteligencia y les sindicaban como insurgentes; un señalamiento con el que siempre, aún hoy, tienen que sufrir. Otros compañeros se quedaron, pero poco a poco fueron saliendo y continuaban su lucha principalmente desde Medellín. El 22 de abril de 1996 se dio una masacre en dos barrios periféricos del casco urbano de Segovia, distantes entre sí: El Tigrito y La Paz. Como consecuencia de esta incursión de paramilitares, hubo 14 personas muertas. Poco después, las investigaciones dieron como resultado la condena de Rodrigo Antonio Cañas Forero, oficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Contraguerrilla Nro. 46.

En 1997 entró a operar el GAN (Grupo de Autodefensas del Nordeste), pero se pudo establecer que tanto los que ejecutaron masacres el 22 de abril, como los que estuvieron ahí ocho meses entre el 2 de enero e inicios de septiembre de 1997, no eran una estructura propiamente paramilitar, sino que estaba compuesto por unas Convivir que operaban desde Medellín, y con la anuencia del Ejército Nacional. Muchos de esos que participaron en los asesinatos colectivos y selectivos, fueron asesinados luego en Medellín para borrar posibles testigos.

Así entonces, el informe realizado por el CNMH y todo lo vivido entre 1986 y 1996 por las dos poblaciones más importantes en esta parte de Antioquia, motivó la conformación de una organización que recogiera las historias de las víctimas del Estado, paramilitares y la insurgencia. En el 2003 y con la participación de 50 personas, se conformó ASOVISNA.

A partir de ahí, la asociación se centró en cuatro ejes:
Investigación; acompañamiento y denuncia; trabajo de memoria y verdad; y acompañamiento judicial. Por ahora han desarrollado principalmente memoria y verdad porque desde la asociación se espera que ambas no queden invisibilisadas.


La construcción de memoria se realiza hoy apartir de la publicación de informes. ASOVISNA le apuesta a esos dos conceptos fundamentales por el contexto actual, los cuales deben ser elaborados por las comunidades y no por una memoria oficial, porque la verdad se diluye y queda en el escenario, afirma Fernando.

Oliva de Jesús Castaño, secretaria de ASOVISNA, una mujer de 67 años que se vinculó a la organización en el 2015, concuerda con Álvarez al afirmar que se trabaja más en memoria y verdad porque saben que hay personas necesitadas de ser escuchadas. En este punto se hacen capacitaciones para que sus miembros puedan enfrentar la situación y mirar qué es lo que realmente pasó con ellos. "Todos tenemos derecho a eso, a la verdad", y subraya que "la voz del Estado no es tan verdad".

Oliva llegó a Medellín desplazada por los paramilitares en Segovia, y se vinculó gracias a una invitación de Fernando. Primero fue desplazada de San Roque, Antioquia (1994); luego cuando vivió en el campo, en Segovia (1997). De allí se fue al pueblo (barrio José Antonio Galán), hizo parte de la Junta de Acción Comunal (JAC), y la desplazaron de Segovia a Medellín (1997). En Medellín también fue desplazada de su barrio Esfuerzos de Paz, en el 2012 y, afirma ella, fue el Bloque Metro.

Ahora, en el acompañamiento judicial se labora en relación a demandas, algunas por desplazamiento, otras por ejecuciones extrajudiciales, y algunas por los hechos del 11 de noviembre de 1988. En la investigación, ASOVISNA ha frenado un poco por las condiciones del territorio. “Primero porque hay unos sectores que tienen control social, y también por la falta de recursos”, asegura Fernando.

La legitimidad social es buena, pues ella está articulada al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y además hace parte de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Cuentan con el apoyo de la Coordinación Colombia - Europa y el Proceso Social de Garantías. En esos escenarios se han podido visibilizar y ASOVISNA tiene cierto reconocimiento.

Hoy la lucha es por motivar a la construcción de la verdad, dejar el miedo, pues no es fácil reconocer que los Policías, como le sucedió a Oliva, desplazan comunidades, o son cómplices y victimarios directos en algunas masacres. Asimismo, el nordeste antioqueño hoy actúa contra un escenario de conflicto social paralelo al armado, en el que la solidaridad de todas las organizaciones sociales es fundamental para afrontarlo, y en el cual ASOVISNA está dispuesta a aportar.

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 35 años del Instituto Popular de Capacitación –IPC-, el cual tuvo como mensaje político que la memoria, la verdad y la democracia son elementos fundamentales para hacer el tránsito en la sociedad colombiana de la guerra a la paz.

San Javier, Moravia y Aranjuez fueron los lugares elegidos para ser recorridos durante esta conmemoración debido al trabajo que esta organización ha realizado desde hace más de tres décadas en estas comunas de Medellín. Este espacio también fue el escogido para hacer el lanzamiento del informe “Resintiendo la violencia política”, un ejercicio que comenzó como un diagnóstico para el plan de reparación colectiva hacia la organización, pero que terminó por tomar la forma de un trabajo de memoria colectiva, que según Diego Herrera, presidente del IPC,“está en el marco de la búsqueda de la verdad frente a las agresiones y el daño político ocasionado, no solo al IPC, sino también al movimiento de derechos humanos en Antioquia y en el país”.

El trabajo del IPC comenzó enlos años 80's en Medellín y en las regiones de Urabá y Suroeste antioqueños, alrededor de la educación sindical y el acompañamiento a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra, y a organizaciones barriales y urbanas. Desde entonces su trabajo se ha consolidado alrededor de la educación,la investigación y la comunicación de carácter popular, con diferentes iniciativas que han fortalecido un trabajo regional en defensa de los derechos humanos.

Su labor se ha visto obstaculizada por diferentes ciclos de violencia entre los cuales han ocurrido sucesos como: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, y amenazas. Este ejercicio de memoria señala como responsables de estos hechos a agentes estatales y paramilitares que buscaban restringir el ejercicio crítico y social del IPC. Uno de los momentos mástristes en esta historia de violencia política contra el IPC es el de la bomba del 29 de agosto de 1999.“A pocos minutos de la 1:00 de la mañana fue activado un artefacto explosivo en la sede del IPC. La onda explosiva destruyó parte de las instalaciones del primer piso, donde se situaban el área administrativa, el auditorio, el centro de documentación y el archivo”, relata este informe.

Pese a estos actos de intimidación y terror, el IPC ha continuado su trabajo y en el marco de las apuestas que buscan construir una paz a través de la negociación política durante los últimos años, han reafirmado, según ellos, la permanencia del colectivo y su resistencia política.En la actualidad el IPC trabaja en articulación con las organizaciones sociales,en iniciativas encaminadas a rodear la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, por lo cual han acompañado espacios como el Congreso Nacional/Regional de Paz, distintosforos sobre el balance de la implementación, y también han venido rodeando el proceso con el ELN en Quito.

Esta conmemoración de sus 35 años se da entonces en un momento en el cual su apuesta ha generado unos escenarios de diálogo social y político, alrededor de la agendas específicas en Medellín y en subregiones de Antioquia, en temas como el de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la reforma política y la reforma rural integral.

En los postulados de la teología de la liberación, los empobrecidos siempre han estado presentes en la iglesia de América Latina. Siguiendo esta opción, y entendiendo los difíciles contextos por los que ha atravesado la sociedad latinoamericana, muchos, a partir de ciertas motivaciones religiosas, posibilitaron la construcción de un movimiento que propendiera por una forma nueva de vivir la iglesia con relaciones más fraternales y solidarias, y de paso aportar a la construcción de un continente y una sociedad más justa y solidaria.

La avanzada teológica del Concilio Vaticano II (realizado entre 1962 y 1965), la muerte de Camilo Torres Restrepo en febrero de 1966, Golconda y la conferencia de Medellín (CELAM) en 1968, fueron algunos acontecimientos que sin duda posibilitaron la consolidación, en palabras de Pablo Richard, de uno de los fenómenos más importantes de la iglesia latinoamericana: las llamadas Comunidades Eclesiales de Base  (CEBs).

Bajo este panorama, Medellín se convirtió en un escenario por excelencia en la configuración de un movimiento autónomo, liberador, que incentivado por la desigualdad social emprendió caminos de construcción de procesos organizativos alrededor de la Teología de la Liberación. Las denominadas CEBs aparecieron en el vasto territorio del Valle de Aburrá con la firme intención de luchar junto al empobrecido, humillado y excluido por las dinámicas comerciales y delincuenciales presentes en las décadas de los 80 y 90 de la “tacita de plata”. En su composición, las CEBs eran más que una corriente de pensamiento y se configuraban como una forma de la iglesia en el movimiento popular que buscaba no solo reivindicar el papel del empobrecido dentro de la iglesia, sino también su papel protagónico en la construcción de barrio, comuna, país y sociedad.

La experiencia de las CEBs en Medellín tiene su historia, en ocasiones revitalizadora, en otras martirizada, pero que puede ser observada en aras a manifestar su influencia en la vida y  construcción de los diferentes barrios y procesos sociales que hoy componen la ciudad. Su papel protagónico desde las apuestas educativas populares, la defensa de la vida, la comunicación popular, la economía popular, la construcción de comunidad, entre otras, hizo de las CEBs una opción de vida y de búsqueda de solución de los problemas concretos de las comunidades en los barrios de la metrópoli.

Su concepción de lo popular trasegaba por la búsqueda de una vida digna para todos los empobrecidos,  tanto así que fueron organizaciones pioneras en la conformación de los movimientos sociales y populares que hoy existen en Medellín y en todo el territorio nacional. Su abanderada de siempre, la vida misma, hizo que emprendieran múltiples luchas por lo que ellas mismas denominan la salvación y la liberación, condiciones humanas necesarias para vivir en la tierra y destruir un capitalismo salvaje que imparte muerte a diestra y siniestra.

La apuesta de las CEBs por construir desde el amor eficaz -inspirados en Camilo y su sueño de justicia-,  buscó hacer visible la situación de injusticia causada por una violencia institucionalizada por la que atraviesan los empobrecidos. Esa situación de injusticia expresa una situación de pecado, que no puede dejar de ver el que ha de llamarse “cristiano/a”, ya que es allí mismo donde se encuentran esas injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, donde hay un rechazo del don de la paz de Dios.

Esta forma de ver la realidad, ligada a eso de lo popular, permitió a las CEBs erigir una tripleta por defensa/promoción/valorización de la vida y la preservación de los valores, proponiendo un método que incluía el ver, juzgar y actuar; ver por sí mismos elementos para juzgar, y exigencias para actuar, eligiendo la cultura popular como herramienta para la liberación de los pobres.

Así, la búsqueda infalible de las CEBs es buscar que lo popular engendre sinceros cristianos dispuestos a suprimir la explotación del hombre por el hombre y a luchar por la distribución justa de la riqueza social, la igualdad, la fraternidad y la dignidad de todos los seres humanos, es decir, ser portadores de la conciencia política, económica y social más avanzada, construyendo así  el reino de Dios en la tierra.

Los pilares sobre los que se levantan las CEBs en nuestros territorios siguen siendo los sin voz, los oprimidos, los trabajadores y las trabajadoras, los habitantes de las periferias urbanas, las comunidades indígenas y campesinas expropiadas de sus tierras, las mujeres, los estudiantes, y en sí misma la clase empobrecida.

Se ha dicho mucho sobre la “extinción” de las CEBs, pero allí mismo, donde la injusticia arrecia en Medellín y toda Colombia, las CEBs siguen su camino,  desenmascarando todos los efectos de la globalización, el neoliberalismo, el patriarcado, la pobreza, la exclusión y el pensamiento único, que han oprimido y explotado históricamente a la clase empobrecida de toda Nuestra América.

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