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Periferia

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El miedo, la injusticia, la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño y en especial el egoísmo son las prácticas recurrentes de las élites políticas en Colombia, y no nos cansaremos de decir que son los medios masivos de información a su servicio los encargados principales de conducirlas hacia la sociedad y convertirlas en pequeñeces.

En Colombia se practica en todas las calles, caminos y veredas la injusticia. Hace décadas se habla de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tal vez el más desigual, y uno de los más pobres, porque según Naciones Unidas las dos cosas no son lo mismo. Pero los medios de información voceros de los poderosos grupos económicos se han encargado de quitarles el contexto a estas cifras vergonzosas, es decir, evaden su origen para salvar la responsabilidad que tienen las élites y los partidos políticos, que han gobernado los últimos 200 años, de semejante tragedia. Para cualquier familia humilde da lo mismo la desigualdad que la pobreza; a su piel, que es la que siente y padece, eso le es indiferente.

La desigualdad en Colombia no se ha reducido ni un solo punto desde hace dos décadas, por el contrario es el único país de América Latina que ha empeorado, y hoy ostenta el deshonroso primer lugar. Según el índice GINI, que es un indicador de desigualdad calculado no por los pobres o los castrochavistas sino por el Banco mundial, Colombia está a la cabeza con 0,535 (entre más se acerque a 1 más desigual es el país). Sin embargo los medios masivos se encargan de hacernos ver las desdichas de Venezuela antes que apropiarnos de las tragedias nuestras. Todos los países de América Latina a diferencia de Colombia decidieron en estas dos últimas décadas tomar otros caminos a nivel político, social y económico que cambiaron radicalmente la distribución del ingreso, y especialmente dieron vuelco a los niveles de desigualdad.

En mayo de 2016, Cecilia López Montaño, liberal ella, escribió para Portafolio un artículo en el que critica al Gobierno por dedicarse supuestamente a la reducción de la pobreza sin hacerlo por la descarada concentración del ingreso y de la riqueza, además dice que el Gobierno “ignora la brecha que persiste entre las áreas rurales y urbanas, de género y por regiones”. Refiriéndose a la concentración del ingreso, plantea en ese diario especializado que el propio Fondo Monetario Internacional considera que “Colombia es una de las peores muestras de esa realidad en esa parte del mundo”, o sea América Latina. En Colombia, según López, el 20% de los ingresos del país lo concentra el 1% de la población, o sea aproximadamente 500 mil personas, y esas mismas concentran el 40% de la riqueza de todo el país.

Es que la injusticia en nuestro país tiene el corazón lleno de desigualdad, y esta no se explica en los delicados datos sobre pobreza, que superan el 50% en departamentos como el Chocó, mientras el país llega casi al 30%, o sea más de 15 millones de seres humanos. Pero el mismo Dane se contradice cuando afirma que al 61,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Uno de los peores problemas es que se habla de números y se olvida que son personas. La injusticia en Colombia la viven cerca de siete millones de desplazados; otros millones tienen que rebuscarse el diario a través de las ventas callejeras o informales; y otros entre los que se encuentran todos los anteriores, sufren la desconexión de los servicios públicos básicos. Otros tantos millones reciben la bofetada de la discriminación por razones étnicas, por su condición de discapacidad, sus preferencias sexuales o su condición de mujer. Por eso la desigualdad es peor, porque involucra no solo la pobreza, sino la exclusión y la discriminación, y en Colombia son críticos estos antivalores, patrocinados en gran parte por las iglesias de toda clase, y por supuesto por las élites a través de los medios de desinformación, las redes y la industria cultural.

La injusticia se siente en las humildes cocinas de los ranchos de la periferia, en las pieles negras de los afrocolombianos y afrocolombianas y en las de la Nación indígena; en los cuerpos de las mujeres agredidas por la cultura patriarcal y por las políticas de empleo; en la desnutrición de niños y niñas; en la falta de condiciones de salud y agua potable; en la ausencia de infraestructura para la población discapacitada; también en la falta de democracia y libertades civiles.

La izquierda colombiana tiene que poner el ojo en todas estas desigualdades y en especial en la forma como aborda a los millones que la padecen. Es claro que existe una desconexión entre las organizaciones sociales y los partidos de izquierda con las mayorías. No hay sino que observar cómo saltan en su propia cara y al margen de sus acumulados, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura. Hablarle a millones de personas que en Colombia padecen la injusticia no es tarea fácil ya que ellos y ellas mismas han asumido su situación en algunos casos como algo natural. Además estas personas padecen no solo la injusticia sino la violencia ideológica que los lleva a reconocer en su verdugo a su salvador. Lo que sí es cierto es que tampoco las élites la tienen fácil por las buenas, por eso acuden a la violencia indiscriminada, de toda clase, no solo la física.

Ya se nota cómo ante la crisis moral y ética de los partidos tradicionales de la derecha, las élites políticas se preparan para un nuevo zarpazo electoral en 2018; se esconden detrás de nuevas colectividades para engañar al pueblo y hacerse elegir en el Congreso y el Gobierno. Es oportuno que este pueblo y sus organizaciones sociales se junten sobre la base de propósitos comunes, reales, como la superación de la injusticia que cala en los huesos y el alma de los humildes. Una oportunidad que está servida para sacudirse de encima tanta crueldad. Pero para ello los pequeños partidos y colectividades que han abrazado la causa social, y han puesto la vida de sus militantes en esa brega, deben abandonar el gueto, la parroquia, el ego, el discurso vacío, y la autoreferenciación. De todas maneras como dijo el francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

El miedo, la injusticia, la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño y en especial el egoísmo son las prácticas recurrentes de las élites políticas en Colombia, y no nos cansaremos de decir que son los medios masivos de información a su servicio los encargados principales de conducirlas hacia la sociedad y convertirlas en pequeñeces.

En Colombia se practica en todas las calles, caminos y veredas la injusticia. Hace décadas se habla de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tal vez el más desigual, y uno de los más pobres, porque según Naciones Unidas las dos cosas no son lo mismo. Pero los medios de información voceros de los poderosos grupos económicos se han encargado de quitarles el contexto a estas cifras vergonzosas, es decir, evaden su origen para salvar la responsabilidad que tienen las élites y los partidos políticos, que han gobernado los últimos 200 años, de semejante tragedia. Para cualquier familia humilde da lo mismo la desigualdad que la pobreza; a su piel, que es la que siente y padece, eso le es indiferente.

La desigualdad en Colombia no se ha reducido ni un solo punto desde hace dos décadas, por el contrario es el único país de América Latina que ha empeorado, y hoy ostenta el deshonroso primer lugar. Según el índice GINI, que es un indicador de desigualdad calculado no por los pobres o los castrochavistas sino por el Banco mundial, Colombia está a la cabeza con 0,535 (entre más se acerque a 1 más desigual es el país). Sin embargo los medios masivos se encargan de hacernos ver las desdichas de Venezuela antes que apropiarnos de las tragedias nuestras. Todos los países de América Latina a diferencia de Colombia decidieron en estas dos últimas décadas tomar otros caminos a nivel político, social y económico que cambiaron radicalmente la distribución del ingreso, y especialmente dieron vuelco a los niveles de desigualdad.

En mayo de 2016, Cecilia López Montaño, liberal ella, escribió para Portafolio un artículo en el que critica al Gobierno por dedicarse supuestamente a la reducción de la pobreza sin hacerlo por la descarada concentración del ingreso y de la riqueza, además dice que el Gobierno “ignora la brecha que persiste entre las áreas rurales y urbanas, de género y por regiones”. Refiriéndose a la concentración del ingreso, plantea en ese diario especializado que el propio Fondo Monetario Internacional considera que “Colombia es una de las peores muestras de esa realidad en esa parte del mundo”, o sea América Latina. En Colombia, según López, el 20% de los ingresos del país lo concentra el 1% de la población, o sea aproximadamente 500 mil personas, y esas mismas concentran el 40% de la riqueza de todo el país.

Es que la injusticia en nuestro país tiene el corazón lleno de desigualdad, y esta no se explica en los delicados datos sobre pobreza, que superan el 50% en departamentos como el Chocó, mientras el país llega casi al 30%, o sea más de 15 millones de seres humanos. Pero el mismo Dane se contradice cuando afirma que al 61,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Uno de los peores problemas es que se habla de números y se olvida que son personas. La injusticia en Colombia la viven cerca de siete millones de desplazados; otros millones tienen que rebuscarse el diario a través de las ventas callejeras o informales; y otros entre los que se encuentran todos los anteriores, sufren la desconexión de los servicios públicos básicos. Otros tantos millones reciben la bofetada de la discriminación por razones étnicas, por su condición de discapacidad, sus preferencias sexuales o su condición de mujer. Por eso la desigualdad es peor, porque involucra no solo la pobreza, sino la exclusión y la discriminación, y en Colombia son críticos estos antivalores, patrocinados en gran parte por las iglesias de toda clase, y por supuesto por las élites a través de los medios de desinformación, las redes y la industria cultural.

La injusticia se siente en las humildes cocinas de los ranchos de la periferia, en las pieles negras de los afrocolombianos y afrocolombianas y en las de la Nación indígena; en los cuerpos de las mujeres agredidas por la cultura patriarcal y por las políticas de empleo; en la desnutrición de niños y niñas; en la falta de condiciones de salud y agua potable; en la ausencia de infraestructura para la población discapacitada; también en la falta de democracia y libertades civiles.

La izquierda colombiana tiene que poner el ojo en todas estas desigualdades y en especial en la forma como aborda a los millones que la padecen. Es claro que existe una desconexión entre las organizaciones sociales y los partidos de izquierda con las mayorías. No hay sino que observar cómo saltan en su propia cara y al margen de sus acumulados, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura. Hablarle a millones de personas que en Colombia padecen la injusticia no es tarea fácil ya que ellos y ellas mismas han asumido su situación en algunos casos como algo natural. Además estas personas padecen no solo la injusticia sino la violencia ideológica que los lleva a reconocer en su verdugo a su salvador. Lo que sí es cierto es que tampoco las élites la tienen fácil por las buenas, por eso acuden a la violencia indiscriminada, de toda clase, no solo la física.

Ya se nota cómo ante la crisis moral y ética de los partidos tradicionales de la derecha, las élites políticas se preparan para un nuevo zarpazo electoral en 2018; se esconden detrás de nuevas colectividades para engañar al pueblo y hacerse elegir en el Congreso y el Gobierno. Es oportuno que este pueblo y sus organizaciones sociales se junten sobre la base de propósitos comunes, reales, como la superación de la injusticia que cala en los huesos y el alma de los humildes. Una oportunidad que está servida para sacudirse de encima tanta crueldad. Pero para ello los pequeños partidos y colectividades que han abrazado la causa social, y han puesto la vida de sus militantes en esa brega, deben abandonar el gueto, la parroquia, el ego, el discurso vacío, y la autoreferenciación. De todas maneras como dijo el francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Minutos antes de iniciar en la Asamblea Departamental de Antioquia el evento de apoyo a las listas del Polo Democrático Alternativo hacia las elecciones legislativas del 2018, dialogamos con el Senador y candidato oficial a la presidencia de este partido, Jorge Robledo. Nos contó su visión sobre la coyuntura del país, los temas principales que conformarían su propuesta de Gobierno, y cómo van las conversaciones para crear una coalición.

Periferia: Últimamente las comunidades han optado por las Consultas Populares, como un mecanismo para defender su territorio. ¿Qué piensa sobre eso?
Jorge Robledo: Yo defiendo las consultas como posición de principios porque al final qué es lo que sucede... el Gobierno nacional toma decisiones y se las quiere imponer a las regiones con el cuento de que yo mando aquí. El caso de la minería es dramático, entonces qué dice el Gobierno nacional, el subsuelo lo representa el Estado, entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana en el subsuelo, pero entonces resulta que la gente vive en el suelo, y si le destruyo el subsuelo a la gente le destruyo el suelo, entonces con razón la gente reclama y la Corte Constitucional ya dijo que el Gobierno no puede hacer lo que se le dé la gana en el subsuelo, sino que esto hay que concertarlo y hay que tramitarlo con los municipios y los departamentos y las comunidades. Entonces las consultas son una manera mediante la cual la gente opina qué es lo que va a pasar con el subsuelo y con su suelo, y yo soy de esa concepción democrática de las cosas.

P: ¿Qué piensa de los recientes paros cívicos que han ocurrido en el país en los últimos meses, como el caso de Buenaventura, Chocó, y también el paro de Maestros?
JR: Yo he venido respaldándolos, incluso en estos días fui objeto de ataques por parte de algunos Santistas por eso. Yo antes de ser Senador fui líder social, por ejemplo de luchas cafeteras, yo sé qué es lo que es amanecer en una carretera defendiendo una idea, defendiendo por ejemplo a los cafeteros o a la gente del agro. Fui profesor universitario, y estuve en no sé cuántas marchas con las organizaciones sindicales de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces mal podría yo que llego al senado en buena medida por mis luchas, una vez como senador, traicionar mis convicciones. No, yo sigo siendo más o menos el mismo. Y estoy respaldando, el Polo está respaldando, es la posición del partido, porque pensamos que son luchas justas, democráticas, pacíficas, no hay una sola razón para no acompañarlos.

P: Existen diferencias entre quienes han hecho parte del Polo. ¿Usted cómo lee la salida de estos diferentes líderes del partido?
JR: No hay proyectos de seres humanos en donde alguien no se baje del proyecto. Tu montas alguna orquesta y en algún momento un músico dice, no, yo prefiero irme para otra orquesta. Y en política es lo mismo, eso no nos debe impresionar tanto, y esa es la vida, ahí sí como dice el proverbio oriental, caen las flores y qué le vamos a hacer. Yo preferiría que nadie se fuera, pero eso es imposible, y lo que ha sucedido con una minoría muy minúscula que decidió apartarse del Polo es que prefirieron seguir las orientaciones del presidente de la República, del doctor Santos, y nosotros fuimos creados como un proyecto político de ruptura con la política tradicional, entonces mal podríamos irnos hacia ese lado. Pero bueno, si a ellos les parece insoportable estar aquí porque no somos santistas, son decisiones, pero es una minoría muy ínfima, y cada vez más de quiénes estaban allá entienden nuestras razones y están acá. Yo diría que hoy el Polo, por ejemplo la bancada, estamos ya casi todos aquí, y uno que falta estoy seguro que va a estar aquí. En todas las direcciones departamentales el Polo está unido en torno al proyecto que estamos planteando

P: Si bien nos decía que apenas están construyendo las propuestas de Gobierno, ¿cuáles son los temas centrales?
JR: Yo estoy hablando de unos ocho o nueve temas centrales que están en construcción, muy esquemáticamente. Somos el planteamiento contra la corrupción, por supuesto, eso es una cosa que he abanderado toda mi vida. El tema que en nuestro Gobierno se cumplan los acuerdos de La Habana. El problema de los sectores populares, o sea de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, su estabilidad laboral, pensiones, salud y educación como derechos, o sea reducir la desigualdad social. Al mismo tiempo, este no es un proyecto contra la empresa, no, este es un proyecto amigo de las empresas, de las pequeñas, de las medianas e incluso de las grandes, mientras estén generando riqueza y haciendo las cosas bien, somos partidarios de ella. Pensamos que el sector financiero debe ponerse al servicio del progreso del país, ahí hay mucho que trabajar, lo mismo que en el tema de servicios públicos, hay cambios que hay que introducir. El medio ambiente es un tema importantísimo en nuestra concepción. Vamos a hacer una campaña muy grande antidiscriminación; me irrita particularmente el maltrato a mujeres, a negros, a indígenas, a cualquier sector discriminado de la vida del país.

También hablamos de relaciones internacionales con todos los países del mundo, pero relaciones en las que Colombia gane, que no sea como el trompo de poner, el Estado vasallo. También democracia, defensa de la democracia, no a la lucha armada, monopolio del Estado sobre la fuerza. Y agrego estas tres cosas, que insisto, no somos amigos de la lucha armada, nunca lo hemos sido, no somos partidarios de acabar con la propiedad privada, nada tiene qué ver nuestra propuesta con eso, y no somos satélites de ningún centro de poder extranjero, de ninguno. Son cosas importantes.

P: ¿Cómo continuaría usted el proceso de diálogo con el ELN, y la implementación del acuerdo con las FARC?
JR: Es difícil uno desde aquí sin conocer los detalles de adentro del proceso precisar las cosas, pero el Polo se crea con dos ideas: no a la lucha armada, y sí a un proceso de paz. Por eso hemos respaldado el de las FARC, y estamos respaldando el del ELN, y el día que yo sea presidente de Colombia se cumplirán los acuerdos de La Habana, y si el del ELN no se ha concluido, haremos los esfuerzos por concluirlo, para garantizar el monopolio del Estado sobre la fuerza. Eso es un punto bien importante, un país no puede salir adelante si el Estado no logra tener el monopolio sobre la fuerza, una fuerza, claro, democrática, civilizada, etc.

P: ¿Con quiénes cree usted que se debería hacer una coalición y con quiénes no?
JR: Ya estamos en conversaciones y esa es parte de mi convicción, para crear una gran convergencia nacional. Ya estamos en conversaciones con el Partido Verde de Antonio Navarro y Claudia López, con Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático Alternativo, pero no son solo las personas, son las organizaciones. Ya estamos en la tarea de nombrar compromisarios que empiecen los trámites para definir programa y para definir la manera de escoger un solo candidato. Eso va muy bien, y lo que hemos visto es que lo mejor es avanzar nosotros y ya veremos por el camino cuánto más podemos incluir dentro de este proceso. Estos son procesos difíciles, entonces ahí sí como la vieja frase de Napoleón: vístame despacio que estoy de prisa. Aquí nos pasa lo mismo, esto es un tema que es bueno irlo adelantando con prudencia.

Hace casi 13 años que se materializó la idea de Periferia como prensa alternativa, y con ella se avivó el debate por la necesidad de la comunicación popular como proceso para la formación de sujetos políticos, autónomos y transformadores. Una propuesta que aún la mayoría de las organizaciones sociales y políticas, y la izquierda en general, no ha podido o querido adoptar a pesar de reconocer y denunciar a los cuatro vientos el poder de los dueños de los medios masivos de comunicación, y su papel determinante en la orientación de la política, la economía, la forma de pensar y sentir, y en general de la ideología de casi toda la sociedad.

Se ha dicho hasta el cansancio que en los medios masivos, especialmente en los audiovisuales, jamás informan de manera objetiva; que allí no salen las historias de los pobres y de las comunidades que luchan por sus derechos, menos las de sus líderes y lideresas; que en ellos se exaltan a los ricos y se protegen a los corruptos. Al contrario los grandes medios que son propiedad de poderosos grupos industriales o financieros, nacionales y extranjeros, banalizan y ridiculizan los procesos de transformación de los pueblos y los satanizan, les quitan su validez, los convierten en amenazas a la democracia, los condenan para que luego lleguen las demás instituciones a jugar su papel de judicialización o de criminalización. Por eso el asesinato o detención de líderes y lideresas sociales pasa desapercibido o es justificado para la sociedad.

La comunicación nos pertenece naturalmente a todos y todas, porque nacimos con ese don; no le pertenece a los grandes medios y grupos económicos. Sin embargo la sociedad entera les ha cedido esa exclusividad a ellos, y le endosamos el fundamental papel de educar, formar, informar y divertir a nuestras familias. Y es obvio, porque los dueños de esos grandes medios nos entregaron la tarea de trabajar muchas horas y cansarnos al extremo, para que luego lleguemos a verlos y escucharlos, para que nos digan qué hacer, a quién querer y a quién odiar sin formula de juicio. Por eso son tan poderosos, por eso aunque nos manipulan terminamos abrazándolos y reconociéndolos como si estuvieran haciendo una gran labor. Por ello aunque odiemos los impuestos, la corrupción y la violencia, no conectamos a las clases políticas ni a la élite económica con el desastre social y ambiental de la Nación, y más bien señalamos en sentido equivocado, el que ellos nos señalan.

La comunicación popular es núcleo de la autonomía, de la democracia. De la autonomía porque les da la herramienta a las comunidades para que se autorreconozcan, y para que valoren sus propios esfuerzos, sus luchas y sus propuestas sociales y políticas, para que se vean como protagonistas de su propio presente y futuro, y no como gregarios de las apuestas de otros. Y es clave para la democracia porque les permite a los sectores y regiones abandonadas, excluidas y segregadas por el Estado, plantear sus cosmovisiones, su diversidad, sus apuestas territoriales y sus problemáticas, vinculándolas a la lucha por el poder político, cosa que no va a hacer nadie sino las propias comunidades.

Por eso no es poca cosa que un gran medio invisibilice los paros de Buenaventura y Chocó, y las acciones represivas de las fuerzas armadas y de policía contra los y las manifestantes, mientras al desayuno, almuerzo y comida nos muestran las protestas de la oposición en Venezuela, y señalan y denuncian como graves las acciones de la guardia en ese país. ¿Qué diferencia, según los medios masivos, existe entre la violencia de la policía venezolana, y la brutalidad de los escuadrones antidisturbios colombianos, Esmad, que se llevan por delante ancianas, niños y niñas y habitantes de una región que todos sabemos que han sido abandonados y condenados a la miseria y la muerte? Ahí está el centro del asunto, si no nos apropiamos y desarrollamos nuestros propios procesos de comunicación popular, otros nos van a mostrar lo que se les ocurra y con el enfoque que quieran.

Es cierto que las redes sociales podrían funcionar en estos casos para mostrar las injusticias, siempre y cuando cuenten con un importante nivel organizativo y se usen de manera leal, pero jamás servirán, si se usan de manera parcial o espontanea, para formar a esos sujetos políticos que interpreten y asuman un papel transformador de realidades, como por ejemplo la precarización de la labor docente que hoy viven cientos de miles de maestros y maestras y sus familias, y el sistema de educación en general. No obstante, algunos maestros aún no conectan su dura y difícil realidad con los responsables de esta, y hasta los eligen para que gobiernen.

Hoy más que nunca la comunicación popular, que no es solo la prensa, los audiovisuales, la radio y demás, debe resaltarse y ganar un papel protagónico en las luchas que libra el pueblo colombiano. El arte en toda su dimensión también educa, forma y transforma y hace parte de la comunicación popular.

Las organizaciones sociales y populares, los sectores democráticos y progresistas, se deben a sí mismos una reflexión profunda sobre la necesidad de vincular en todas sus apuestas, procesos y proyectos la comunicación como eje estratégico, pero la comunicación que camine hacia la construcción de una nueva hegemonía, una humanista, democrática, con valores solidarios, etc. No hay que perder el tiempo tratando de derrotar a los monstruos mediáticos a través de sus mismos juegos de engaño y posverdad; hay que hacerlo a través de propuestas creativas, nuevas, propias, honestas, que engrandezcan la condición humana de los más humildes y les dé su valor en esta tierra.

Por lo tanto, mientras verdaderamente tomamos conciencia del papel de los medios y la importancia de adelantar proyectos de comunicación popular para nuestras apuestas y las comunidades con las que trabajamos, lo mínimo es apoyar aquellas que ya existen y le han brindado años de esfuerzos a esta difícil contienda, como Periferia, por ejemplo.

“Mi nombre es Aureliano Carbonell, hago parte de la Dirección Nacional del ELN, y fui designado para estar en la comisión de diálogos de paz”. Así inició en Ecuador la entrevista que obtuvo Periferia con este sociólogo y revolucionario, quien en los años 80 dejó su profesión y sus compromisos laborales para integrarse de tiempo completo a esta insurgencia. Aureliano nos contó cómo culminó el primer ciclo de negociación con el Gobierno nacional, cuál es el modelo de participación que proponen, y cuáles son las transformaciones sociales que requiere el país y que esperan estén en el centro del diálogo.


Periferia: ¿Nos puede profundizar un poco sobre lo que se trabajó en el primer ciclo de negociación entre Gobierno y ELN, y qué dificultades tuvieron?
Aureliano Carbonell: En este primer ciclo había dos puntos que seguirán en el segundo ciclo; uno sobre la participación de la sociedad, y dos, sobre acciones y dinámicas humanitarias. Esta guerra ha dejado muchos dolores y afecciones a distintos sectores de la sociedad, pero principalmente a las mayorías, al campesinado, al pueblo en general, entonces el Gobierno busca aliviar uno de los tantos dolores, pero él elude su responsabilidad sobre el resto de dolores, y no quiere tomar medidas. Ese es el punto que se está trabajando, y buscamos que haya  un alivio humanitario, que se hagan acuerdos que tengan un efecto inmediato y puedan incidir positivamente, y que el proceso mismo vaya transformando la realidad del conflicto. En ese punto solo se logró un marco de referencia común para abordar estos temas, y ese marco de referencia es el Derecho Internacional Humanitario. También, en este primer ciclo, por fin logramos que se conformara lo que hemos llamado el grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación, y establecer unos parámetros para el trabajo de ellos. En ese grupo están países europeos, distintos a los países garantes. Está Italia, Suecia, Suiza, Alemania, y Holanda.

En lo de participación, el Gobierno se negó a que saliese algo y a que se ejecutara ya algo en función de la participación, mientras el ELN no hiciera un pronunciamiento explícito de renuncia a las retenciones. Ahí se revivió el enfoque de unilateralidad, de imposiciones, de negar que todo se trate y se acuerde en una mesa. En lo de participación sí se hablaron muchas cosas desde el primer día, pero solo se hicieron unos pre acuerdos, sin que eso haya sido acordado todavía en la mesa, para convocar a unas audiencias preparatorias a distintos sectores de la sociedad para que expresen sus ideas sobre la participación de la sociedad, sobre la metodología, mecanismos, y sus experiencias de participación.

P: Ustedes en un punto de la agenda de negociación hablan de Transformaciones para la Paz ¿Cuáles son esas transformaciones necesarias?
AC: Lo central es la opinión de la gente, la voz de la sociedad, y en particular de aquellos que nunca han tenido voz y que nunca han tenido posibilidades de decisión. Ellos son los que darían los puntos centrales, pero le planteo, es previsible que tengan mucha importancia todas las cuestiones agrarias, para que se genere en el país una economía campesina, soberanía alimentaria, que haya respeto por la naturaleza, que busquemos otras opciones frente a este modelo extractivista, que a la larga no le deja nada al país, solo le deja los huecos y los socavones; también que hayan unas situaciones distintas en el sistema de salud y en el sistema educativo. Esos son temas que es de prever que van a estar y que van a ser examinados. Lo otro es que nosotros buscamos que salga la violencia de la política, y para eso es determinante que las clases dominantes desarrollen otra manera de hacer la política. Hasta ahora la han hecho mediante la violencia, mediante el terrorismo de estado, mediante el paramilitarismo, entonces si ellos no cambian esto pues es imposible que del lado del pueblo no tenga que recurrirse a la lucha armada, a la insurgencia.

P: ¿Para ustedes cómo debe ser la participación de la sociedad, tienen alguna propuesta metodológica o han pensado en algo que garantice que haya una participación efectiva de la sociedad?
AC: Nosotros pensamos que es la sociedad misma la que debe definir cómo va a participar, pero como esto va a ser muy difícil porque el Gobierno no facilita estas cosas, entonces hemos venido construyendo algunos elementos en diferentes intercambios realizados. Le doy algunas ideas básicas: este proceso debe tener un componente tanto territorial como temático o sectorial, y es decisivo que sea de abajo hacia arriba. No puede limitarse a unos cuantos foros, a unas cuantas reuniones, sino que aspiramos que sea lo más amplio, lo más participativo, y que en ese proceso de participación estemos todos los del campo democrático y popular de Colombia.
    
P: ¿En ese sentido, creen ustedes que la sociedad colombiana está dispuesta y preparada para participar activamente?
AC: Ese es un gran reto, porque la cultura tiene a la gente distante de la participación, no hay una lucha o una cultura que lleve y reclame la participación,  y esperamos vencer ese reto a través del entusiasmo que le logren imponer a esto las organizaciones sociales y populares, eso es lo principal, y también que entendamos que esto no es solo del ELN; esto es algo que ayudaría al conjunto del campo popular, al conjunto de todos aquellos quienes queremos otra Colombia, y le planteamos a todos ellos que le metan la mano, y si esto ayuda a acumular fuerzas, pues acumula fuerzas para todos, para el conjunto y para que la lucha en Colombia tenga más opciones y mejores posibilidades.

Esta no es una negociación o un intercambio para buscarle caminos a Colombia solo entre el ELN y el Gobierno. Ahí tiene que estar la sociedad y en particular aquellos sectores históricamente excluidos, y vamos a jugarla para que haya participación. Esta participación no la tiene que garantizar el Gobierno, la tiene que conquistar la sociedad, ese es el reto. El Gobierno no nos va a regalar nada, no nos va a conceder, es lo que logremos arrancarle, y para arrancar hay que tener fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que tener unidad, hay que tener movilización, y en eso pueden poner un granito de arena grande ustedes, los espacios comunicacionales.

P: ¿También buscan que en esta mesa participen grandes sectores económicos?
AC: Estamos convocando a todos a participar, y en ese sentido, le cuento que en las audiencias preparatorias que hablamos con el Gobierno están convocados precisamente los gremios económicos.

P: ¿Están dispuestos a que en este proceso también participen grupos al margen de la ley, como los paramilitares? ¿Lo ven necesario y prudente?
AC: Eso no lo hemos contemplado, y preferimos hablar con los dueños del circo y no con los payasos.

P: ¿Cómo ven el escenario de la negociación cuando se finalice el Gobierno de Santos, y cómo van a abordar el periodo de elecciones?
AC: Con la misma delegación del Gobierno hemos hablado de dejar este proceso en un punto tal en que el nuevo gobierno de cualquier tendencia que sea, se vea obligado a continuar, y lo segundo es que lo central sería el respaldo social a los procesos de paz. Pensamos que hay que agrandar, darle mucha más fuerza, y tener una mayor convergencia, para que una buena parte de la sociedad se comprometa y respalde los caminos de la paz. Si llega a quedar un Gobierno como el de la tendencia de Uribe, y se encuentra con toda esta fuerza, tendrá más dificultades para hacer lo que quiere, y se verá obligado, por la presión social, a tomar unos caminos que quizá no quisiera tomar.

P: ¿Qué opinan frente a la Jurisdicción Especial para la Paz que fue acordada en el proceso con las FARC? ¿Retomarían algo de ahí, es útil para el proceso de ustedes, o lo harían de otra manera?
AC: Después de lo que sale del Congreso, de lo que aprobó el Congreso, que es como la tercera renegociación de ese acuerdo, nos parece que las cosas quedan muy flojas, y que hay que hacer un gran esfuerzo para que haya un compromiso sobre la verdad. No pueden quedar por fuera de ese compromiso muchos sectores empresariales y financieros de las regiones que han estado comprometidos con todas estas décadas de exterminio, de violencia, igual que las fuerzas militares, las autoridades locales y nacionales. Si eso no se esclarece, no hay ninguna garantía de no repetición, es volver a lo mismo en este país, y en ese sentido, pensamos que hay que lograr cosas distintas. Hicieron un esfuerzo los compañeros de las FARC pero mire cómo les han estado después modificando lo que ellos lograron. Entonces lo que sale ahora deja mucho que desear, y hay que aspirar a más, o luchar por más.

Unas horas antes de la realización de la asamblea del movimiento Progresistas en Antioquia, Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá y una de las figuras alternativas que aparece en los primeros lugares hacia la presidencia en los sondeos de opinión, nos recibió en el emblemático Hotel Nutibara para dialogar sobre la paz y sus propuestas de camino a las elecciones presidenciales del 2018.

Periferia: ¿Cómo lee el actual estado de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC?
Gustavo Petro: Desde antes del plebiscito expresé mis inquietudes un tanto escépticas alrededor de esto que hemos llamado el proceso de paz, básicamente porque creo que la lucha armada en Colombia desde hace bastantes años dejó de tener una pertinencia. Quizás el último eco que pudiera haber producido una transformación democrática a partir de la lucha armada, o por lo menos de la dejación de esa lucha, la ubicamos en el 91, ya hace bastantes años. Entonces un Estado o Gobierno, que es una expresión de un sector de la sociedad, la que siempre ha manejado a Colombia, que no ve en el proceso de paz una excusa para transformaciones democráticas, pone unas líneas rojas de las cuales la guerrilla no debe lograr mayores reivindicaciones, lo que conduce el proceso a prácticamente una desmovilización militar y a unas garantías jurídicas un tanto irrisorias para su comandancia y prácticamente ninguna transformación de la sociedad. Realmente no hubo esa emoción, ese enamoramiento y se debe básicamente a que no se observa que el Acuerdo de Paz sea un acuerdo que transforme las condiciones cotidianas de esta sociedad que sigue desenvolviéndose en la violencia.

P: Precisamente en las negociaciones entre Gobierno y ELN se retoma la participación de la sociedad como un punto central ¿Qué opina usted sobre convocar a la sociedad a participar en la construcción de paz?
GP: El Gobierno, incluso más radical respecto al ELN, mantiene la línea roja, la quiere tender más en su beneficio, es decir cero transformaciones al modelo extractivista y neoliberal y con una alta restricción política. El ELN quisiera transformaciones sociales y quisiera medirse comparativamente con las FARC como que sí lograron más transformaciones. El contexto es mucho más negativo ahora. Primero porque juntos quizás hubieran podido lograr más, segundo porque la impertinencia de la lucha armada sigue vigente, cuando el ELN pide que la sociedad participe, ¿la sociedad quiere participar en eso? O cierto extracto minoritario de la sociedad permeado, que quisiera participar pero que no es representativamente la sociedad.

Si uno quisiera hablar de vinculación de la sociedad en un proceso de paz, uno tendría que estar hablando del poder constituyente, y cuando uno habla del poder constituyente entonces primero la sociedad toda con capacidad de decisión indudablemente, ni siquiera de participación sino de decisión, y en segundo lugar, toda la agenda gravitaría alrededor de las problemáticas de la sociedad, no de las problemáticas de la guerrilla. Es otra lógica y eso es lo que yo llamo la paz mayor.   

P: ¿Ve usted posibilidad de disputarle el poder a las élites con la experiencia de gobierno en la Bogotá Humana?
GP: La experiencia es parte, Bogotá de todas maneras no se puede extrapolar al conjunto del país, los territorios todos son diversos, las poblaciones son diversas, las problemáticas son diversas, pero indudablemente estamos hablando de un gobierno que fue alternativo, aunque sin la posibilidad de cambiar las normas,que se hizo en la principal ciudad de Colombia, en el contexto de un Estado neoliberal y autoritario, y de ahí la tensión que se provocó y las medidas que se tomaron contra mí.  

Esa experiencia sirve para pensar entonces qué pasaría con un acceso al gobierno nacional con capacidad de cambiar las normas, y esto tiene que ver con el poder constituyente más que con tener una mayoría en el Congreso. Un Gobierno progresista en Colombia debe velar por la constituyente en todos los territorios, no una Asamblea Nacional Constituyente, sino en cada territorio, precisamente para que las ciudadanías territoriales tengan la opción de decidir. Eso cambia seguramente el modelo económico depredador, y políticamente también cambia porque lo que hoy tenemos es una especie de alianza entre  una oligarquía santafereña y unas mafias regionales armadas y corruptas que han desplazado en los territorios la decisión del pueblo. Si uno desata el poder constituyente lo que está haciendo es cambiar el poder de esas élites mafiosas hacia la ciudadanía diversa. Me parece que ese debería ser el primer enfoque de un Gobierno alternativo.

P: ¿Cuáles son los temas centrales en la propuesta de gobierno que está construyendo?
GP:Hay personas que creen que lo que el país amerita es mantener su sistema económico y político, y echar unos cuantos corruptos a la cárcel. El sistema económico y político que tenemos genera más corruptos y más poderosos porque en sí mismo es corrupto, entonces no se puede plantear una lucha contra la corrupción sino se plantea una  trasformación  del sistema político. La agenda entonces de justicia social, de transformaciones sociales, y ampliación de la democracia me parece muy importante. Lo mismo que la agenda de la paz, hay ciertos sectores de la vida política que parecieran girar alrededor exclusivamente de los acuerdos ya firmados, que son pequeños en su alcance por lo que yo dije, y entonces estos sectores políticos reducirían su peso específico en la sociedad colombiana, porque no le estarían hablando a la sociedad sino a los protagonistas de los acuerdos de La Habana. La verdad es que si uno quiere pensar la paz en serio, tiene que pensar es en una trasformación del sistema político del país, en términos de justicia social, de democracia,  de equidad, es ahí donde yo veo que se puede propiciar una confluencia si somos más audaces, yo creo que la sociedad colombiana está demandando cambios en las cosas que lo están afectando diariamente, esos cambios tienen que ver con la salud, con la educación, con el medio ambiente indudablemente, con el territorio, y si la agenda no toca esos temas entonces no hay una comunicación con el cuerpo social que es finalmente el que determina si se gana o no se gana.

P: ¿Con quiénes se debería hacer una coalición y con quiénes no para estos cambios que propone?
GP: Yo pienso que hay que trazar una línea, no en términos de derechas e izquierdas. Me parece que el concepto está sobrepasado en el siglo XX, ahí quedó; el siglo XXI está afrontando una serie de problemáticas en el globo que nos hacen pensar que  la línea divisoria está entre la política de la muerte y la política de la vida, en realidad quienes ganan elecciones en los centros de poder mundial son la política de la muerte, y se está viendo en un incremento a la barbarie que hace mucho tiempo no veíamos, estamos llegando a una situación como en 1933; el mar mediterráneo se ha vuelto una fosa común, los países petroleros están cautivos en la masacre, en la sangre, de los pueblos árabes no queda ningún recuerdo de su identidad. Por tanto  una reconstitución democrática, de las posibilidades de la libertad, de la diversidad, de la humanidad, está alrededor de una política de la vida. Los que están aquí interesados como fuerzas, como individuos, como ciudadanos,  en construir esa gran coalición ciudadana de fuerzas de la vida, que tendrían que mirar cada tema, territorial, salud, educación, pensiones, economía, desde ese prisma de la política de la vida.

P: Existen diferencias en los sectores alternativos de la política ¿Ve posible de aquí al 2018 lograr que estos se unan en un mismo proyecto?
GP: La diversidad en sí misma no es mala.  Al contrario me parece positiva, no hay que verla como un hecho negativo. Parte de las fuerzas guerrilleras fueron homogeneizadoras al punto que mataban al contrincante político en los territorios, incluso dentro de sus propias filas; los paramilitares son una fuerza homogenizadora, igualmente exterminaban la diferencia; hay fuerzas políticas reaccionarias que son homogenizadoras, Ordoñez, sectores del uribismo; el mismo Polo en su fase final, siendo una fuerza que se planteó la diversidad como agenda al inicio, termina siendo también una fuerza homogenizadora. Yo pienso que esas fuerzas así no tienen capacidad  de convocatoria, terminan reducidas al mínimo desde el punto de vista político, y creo que la diversidad que hoy se ve, podría, si se sabe tratar, ser la explosión de nueva  una gran coalición diversa y dinamizadora, muy amplia, que pudiera incluso aportar a las mayorías nacionales, pero hay que saberlo construir desde esa diversidad, sin quitar y respetando esa diversidad.


Durante el 2017, Periferia dialogará con los candidatos de izquierda o alternativos, hacia las elecciones presidenciales del 2018. Espere las entrevistas en nuestras próximas ediciones.

Por décadas todos los colombianos y colombianas que visitaban  Buenaventura se encontraban con la paradoja de ver tanta pobreza y desamparo social en medio del puerto más rico del país. Pero, si se extiende la mirada a todo el Pacífico se aprecia un panorama similar; el cinismo estatal con esta región es pasmoso, ni un solo Gobierno le ha cumplido a los habitantes de esta región, los niveles de necesidades básicas insatisfechas son del 36%, las más preocupantes del país, a pesar de contar con incalculables riquezas estas son explotadas de manera inmisericorde con el medio ambiente y son comercializadas por mafias, transnacionales, paramilitares y toda clase de delincuencia. La tapa de la olla es la corrupción de la clase política nacional y local, que campea ante la mirada permisiva de los organismos de control.

Ante la gravedad de la situación social, la mañana del 16 de mayo de 2017 el comercio, los trabajadores portuarios, los transportadores, los maestros, los estudiantes y las comunidades en general decidieron apoyar el llamado al paro cívico convocado por las 61 organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, indígenas y negras más importantes de la región. La indignación es total para los habitantes del puerto, ya que según el comunicado publicado por el Comité de Paro, Buenaventura le aporta al año 5,47 billones de pesos a la Nación por concepto de recaudo de aduanas por comercio exterior, y a pesar de ello la sociedad de Buenaventura, en especial los más pobres, atraviesan una situación insostenible.

El paro ha sido declarado desde el día 16 de mayo, con carácter indefinido y bajo el lema “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” y persigue que el Gobierno declare el estado de emergencia económica, social y ecológica. Los indicadores sociales de marginalidad, discriminación y desconocimiento, manifiesta el comunicado, se agravan por la presencia de grupos armados que han causado miles de víctimas, especialmente en la última década.

El desempleo se ubica en un 62%,  y el empleo informal llega al 90%. La pobreza en la zona rural pasa del 91% y en la ciudad es del 64%. Existen más de 162 mil víctimas del conflicto armado, casi el 40% de la población total. El déficit en salud y vivienda es crítico. Las cuencas de los principales ríos de la región están contaminadas con mercurio. Por otro lado Buenaventura es una ciudad controlada por actores armados ilegales.

Una vez el Gobierno nacional declare la emergencia económica, social, y ecológica, los organizadores del paro se pondrán a disposición para iniciar un proceso de negociación de ocho puntos fundamentales: cobertura en prevención y atención de salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional; recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados; cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria; fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas; saneamiento básico e infraestructura de operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios; acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y colectivas; ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias; fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.

En pocos días se espera que toda la comunidad se sume y fortalezca el paro cívico, manifestaron los líderes del movimiento, e invitaron a las regiones cercanas y al país a solidarizarse con Buenaventura y sus pobladores.

El primero de mayo de 2017 se cumplieron doce años del vil asesinato en Bogotá del adolescente Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Para su familia y sus amigos era tan solo un niño de 15 años, para el Esmad seguramente un peligroso delincuente, a juzgar por la violencia desatada contra su pequeño cuerpo. Nicolás fue descerebrado y aún no se sabe si fue a causa de los golpes de bolillo que recibió en su cabeza o presuntamente por un disparo de lanza granadas que desde entonces acostumbran dirigir los armagedontes contra las muchedumbres.

Como director del periódico Periferia, fui citado por el fiscal quinto de derechos humanos a declaración jurada con el fin de que diera datos precisos sobre los autores de las fotografías y las declaraciones publicadas en 2005 y 2009 en el periódico; allí se observa claramente al Esmad, a Nicolás desvanecido y a otros jóvenes arrebatándoselo a las fieras. Pero estas pruebas y muchas más ya habían sido aportadas hace 12 años al proceso, que ha pasado de fiscal en fiscal sin resultados hasta ahora. Aún no se sabe concretamente quién o quiénes fueron los que provocaron la muerte de Nicolás, pero lo que está claro, incluso para el fiscal, es que hubo encubrimiento de altos oficiales de la policía, tal como ocurrió en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en 2016, también asesinado por la policía en otras circunstancias todavía más absurdas, y también encubiertas y desviadas.

Esta tragedia no solo acabó con la vida de Nicolás, sino que destruyó literalmente su hogar: casi le cuesta la vida a Yuri Neira, su padre, quien recibió atentados, fue amenazado, exiliado y hostigado presuntamente por agentes del Estado que se incomodaron con su férrea lucha por esclarecer el crimen contra su hijo. Así mismo sufrieron y se destrozaron las vidas de los familiares de Diego Felipe, del indígena Belisario Camayo, de Oscar Salas, de Jonhy Silva, y de decenas de víctimas bajo la brutalidad policial y militar en general. Esto llevó al representante a la cámara Alirio Uribe a solicitar el desmonte del Esmad, basado en la escalofriante cifra de 448 agresiones con el resultado de 3905 víctimas. De los miles de casos de falsos positivos a manos de las fuerzas militares ni hablar.

Recientemente el columnista del periódico El Colombiano de Medellín, Michael Reed Hurtado, reflexionaba y condenaba la actitud del Ministro de Defensa, cuando “sonriente” acompañaba la libertad del cabo Elvin Andrés Caro y el soldado Luis Emiro Sierra, beneficiarios de amnistía a pesar de haber incurrido en crímenes atroces, probados en varias instancias por la justicia. Uno de tantos asesinatos en los que participaron los militares amparados por el fuero y la autoridad militar fue el del joven de 17 años Samir Díaz, a quien hicieron pasar por muerto en combate. También aquí como en los más de cinco mil casos de falsos positivos, organizaron todo para simular un combate, en esta oportunidad en una cancha de futbol de Bello, Antioquia.

Hasta dónde ha llegado la perversidad de las élites que gobiernan este país, para elevar a la categoría de héroes a los militares y policías que ejecutan miles de crímenes, y hasta dónde la sociedad es cómplice y se come el cuento completico.

La insensibilidad de la sociedad toca fondo. Es increíble que casi nadie se ponga en el cuerpo y alma de las víctimas y hagan el ejercicio de comprender cuánto daño les hace toda esta burla. Se burlan el Ministro de Defensa y los altos oficiales, se burla el presidente de Fedegan, quien cínicamente niega la existencia de los ejércitos anti-restitución que asesinaron a 68 reclamantes de tierra, y se burla también del informe detallado del investigador Ariel Ávila que demuestra que el mayor porcentaje de despojo de tierra fue contra los más pobres y a manos del paramilitarismo; se burlan Uribe y todos los del Centro Democrático cuando niegan el conflicto armado y sus orígenes, así como el genocidio de la Unión Patriótica; se burla el Gobierno negando la sistematicidad de los 160 asesinatos de líderes y lideresas sociales en los últimos 14 meses. Todos se burlan de las víctimas y del pueblo humilde.

Se burlan las élites descaradamente al saquear el erario público, al manipular la opinión y conducir todo el odio acumulado contra otra Nación como Venezuela. Se burlan del proceso de paz con las FARC y tratan de hacer lo propio con el ELN. Se burlan de la paz, porque en lugar de cambiar la doctrina militar del odio contra los pobres, en vez de reducir el tamaño de las fuerzas militares, acabar con sus cuerpos élite de criminales y con el ambiente de guerra, lo incentivan con publicidad, con recursos y con matrices mediáticas que ponen a los militares como ejemplo de ser humano a seguir.

Se burlan los medios masivos de comunicación, como por ejemplo Caracol Televisión, cuando en su noticiero del medio día, el 12 de mayo, transmitió una nota dedicada a las madres resaltando la loable tarea de dos mujeres, Cristina y Nicole, pertenecientes a los escuadrones del Esmad, quienes con las mismas manos que acarician a sus pequeños hijos, usan la violencia contra las legítimas protestas de las comunidades, contra los humildes despojados, contra otras madres. Notas como esas alimentan en el que sin importar quién sea, desde que vista un uniforme y se muestre rudo o ruda, es un héroe o heroína. Notas que no hacen pedagogía de paz sino de guerra.

Los pobres de Colombia siguen poniendo los muertos y también a sus victimarios, mientras la élite se burla. La ruleta rusa que tienen que jugar los más humildes en repetidas oportunidades se ha encargado de dar lecciones de vida. Sería terrible que un día esos niños y niñas, hijos de militares, terminaran siendo víctimas de sus acciones criminales, de sus perversidades, de sus encubrimientos. Sería terrible que un día un Esmad, un militar u otro agente del Estado cegara la vida de uno de sus hijos o hijas, y peor si sucediera en medio de la defensa de una causa justa. Tal vez así entenderían el dolor de las madres y los familiares de tantas víctimas del conflicto y de la ignorancia que por necesidad o voluntad, nos arroja a los brazos de la muerte. Tal vez así algunos de ellos dejarían de burlarse.

 

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¿En qué va la mesa?

A principios del mes de abril de este año culminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes iniciaron una fase pública de diálogos desde el pasado siete de febrero, con el propósito de buscar caminos que permitan  “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, como lo plantea el acuerdo del 30 de marzo de 2016, en el cual se estableció la agenda temática de dicho proceso.

En este primer ciclo, las delegaciones del ELN y el Gobierno abordaron simultáneamente dos puntos esenciales para avanzar hacia la solución política y la construcción de la paz: Acciones y dinámicas humanitarias, y Participación de la sociedad.

En cuanto al punto de Acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno de Juan Manuel Santos exige la renuncia pública del ELN a las retenciones, reduciendo este tema de la agenda a un aspecto puntual de la misma, a la vez que manifiesta que debe ser el ELN quien dé muestras unilaterales de querer la paz. Por su parte la organización insurgente ha manifestado que está dispuesta a examinar el tema de las retenciones y su accionar en el transcurso de los diálogos, pero dejando claro que no harán gestos unilaterales que obedezcan a imposiciones y condicionamientos por parte del Gobierno, más aún cuando este no se compromete a frenar el genocidio sistemático contra lideresas y líderes sociales, y no asume su responsabilidad en los crímenes y estigmatización a las organizaciones sociales.

Al final del primer ciclo, lo más concreto que existe en materia de este punto son aproximaciones hacia un desminado humanitario, asunto que buscarán acordar en el segundo ciclo en la perspectiva de bajarle intensidad al conflicto, aunque el ELN y múltiples sectores de la sociedad insisten en un cese bilateral al fuego, mientras el Gobierno mantiene la decisión de dialogar en medio de la confrontación.

Con respecto al punto de Participación de la sociedad, las cosas no son muy distintas. El Gobierno hace también en este punto la exigencia al ELN de su renuncia a las retenciones como condición para la participación de la sociedad, la cual entiende como una formalidad, acotada, consultiva y no vinculante. Por su parte, para el ELN la participación de la sociedad reviste una importancia fundamental, según lo han expresado en su órgano oficial Insurrección en múltiples ocasiones, debido a que las voces de la sociedad no deben ser solo para opinar, sino que su participación debe ser protagónica y vinculante, porque en esencia es la sociedad quien ha padecido y padece las causas y consecuencias del conflicto armado.

Por ello en este primer ciclo no se han logrado acuerdos al respecto, aunque como lo señala el ELN en una carta dirigida a algunos sectores de la sociedad que conforman diversas iniciativas de paz: “Para tomar definiciones en lo referente al proceso mismo de participación, mecanismos, metodología, alcances, etc, estuvimos trabajando en la mesa la realización de unos intercambios previos, con distintos sectores de la sociedad tendientes a recoger las iniciativas, propuestas y experiencias de los mismos, sobre la participación. A estos intercambios los hemos llamado Audiencias Previas”.

Una carta de la sociedad con ecos distintos
El pasado mes de marzo la Red Prodepaz, el comité de impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, igual que la Campaña por una Paz Completa, dirigieron conjuntamente una carta a los jefes de las dos delegaciones sentadas en Quito, en la cual manifiestan que “Varias organizaciones sociales y comunidades locales, plataformas, gremios y centros de pensamiento, venimos intercambiando visiones para consensuar una propuesta de diseño de un proceso de participación que responda al espíritu de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y que sobre todo, contribuya a la democracia colombiana”, y se dispusieron para contribuir al buen desarrollo de la mesa de conversaciones, para lo cual proponen una reunión de intercambio para construir una ruta común que permita la más amplia participación social en los diálogos adelantados en Quito.

Tanto el Gobierno Nacional como el ELN respondieron a dicha carta y en la respuesta una vez más quedó en evidencia la importancia que una y otra parte le dan a la participación.  La corta respuesta del Gobierno deja ver que para este la participación es secundaria y hasta incomoda, al señalar que “Cuando las negociaciones entren en la fase de las consultas a la sociedad habrá el espacio para que la ciudadanía, organizaciones sociales, y otros actores, presenten sus visiones y planteamientos sobre los temas de la agenda”.    

El ELN en su respuesta reveló que la postura de la delegación del Gobierno en la mesa de Quito es buscar siempre imponer sus planteamientos, desconociendo un elemento central de toda negociación y es que las partes dialogantes deben reconocerse como interlocutores políticos, lo que implica que a los acuerdos se llegan por decisión de ambos y no por imposiciones de uno de ellos. A su vez dicha insurgencia ratificó que solo mediante la unión de voluntades y esfuerzos compartidos, la sociedad logrará la presión suficiente para hacerse escuchar en la mesa.

Invisibilizar para negar la participación
Según fuentes cercanas a la mesa, así como a las iniciativas de Paz que insisten en la participación, la respuesta del ELN, en la que hicieron públicos varios detalles de la negociación, no fue del agrado del Gobierno, pues este insiste en que dicho proceso debe ser confidencial y de espaldas a la sociedad. Es por ello que los medios masivos de comunicación, afines a los intereses de los sectores dominantes del país, poco despliegue dan a lo que se discute en Quito entre el Gobierno y la Insurgencia, y logran de ese modo aislar el proceso de la gente, y que la sociedad no pueda incidir, para presionar así al ELN hacia una negociación rápida que no toque los problemas que a la sociedad le competen. Se trata de aplicar una fórmula basada en la premisa de “lo que no ves, no existe” y así, si el conjunto de la sociedad colombiana no puede ver ni saber lo que se discute y cómo se discute en dicha mesa, termina por volverse inexistente dicho espacio y de ese modo mantenerla al margen del mismo.


Por ello las organizaciones sociales, las diversas iniciativas de paz y todos y todas quienes le apostamos a la construcción de la paz con cambios, con participación significativa y decisiva de la sociedad, no solo estamos llamados a presionar y exigir dichos espacios de participación, sino también a exigir que la mesa tenga un carácter más público; que tenga un cubrimiento por parte de los medios de comunicación, acorde con la importancia que tiene para el país el estar discutiendo acuerdos en la búsqueda de la solución política y la paz; que haya equilibrio en el manejo de la información, dando a conocer de igual manera los planteamientos del Gobierno como de la Insurgencia, y mucho más, los de la sociedad.

Pero no basta con ello. Es necesario que quienes estamos por la solución política y acompañamos estos diálogos, del mismo modo que se acompañaron los de La Habana, nos movamos para exigir la implementación de los acuerdos alcanzados entre FARC y Gobierno, sin más dilaciones y triquiñuelas por parte del establecimiento, a la vez que se exige el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Gobierno. Esto implica no solo que se detenga el accionar de la insurgencia para generar un clima favorable hacia la paz, sino también, de manera prioritaria, que frenen los asesinatos y criminalización de líderes y lideresas sociales, y que el Gobierno se comprometa en el desmonte efectivo del paramilitarismo y todas las formas estructurales de terrorismo de Estado, porque de lo contrario, si en la búsqueda de la paz, las clases que nos han gobernado por 200 años no son capaces de renunciar a la violencia como forma de hacer política: ¿Qué tipo de paz podríamos esperar?

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