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Caravana humanitaria: la paz total no da espera en el Bajo Calima y el San Juan

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Por Juan Alejandro Echeverri 

De camino al muelle, uno de los caravanistas pregunta qué pasó con el restaurante que había sobre la calle escarpada que finaliza en el embarcadero del Bajo Calima, corregimiento portuario de Buenaventura. “Así es la guerra”, responde W., un líder afro de la zona.   

Al atracadero llegan las personas que viven a orillas del río San Juan, la autopista fluvial que atraviesa la selva del Pacifico y comunica la zona costera de Valle del Cauca con Chocó. En 5 horas un motor rápido puede ir de Istmina a Buenaventura, el puerto involucrado en 16 Tratados de Libre Comercio. Aunque el San Juan es ruta de movilidad y comercio obligada, las comunidades afrodescendientes e indígenas que dependen de él tienen miedo de navegarlo.       

La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha aterrorizado, desplazado y confinado miles de personas en el litoral San Juan. Según los registros del monitor de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las consecuencias de la disputa territorial empezaron a sentirse en el 2012, año en el que se contabilizaron 514 eventos violentos en la región. Las crisis humanitaria provocada por los grupos armados legales e ilegales se ha agudizado en los últimos años, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 OCHA registró 57.726 eventos que abarcan ataques a población civil, desplazamiento individual o colectivo, confinamientos y restricciones a la movilidad.      

Imagen:

Foto: Alfredo Ruiz

“Estamos en medio de un conflicto que no sabemos de dónde viene, ni para dónde va”, afirmó Y. en la iglesia de San Miguel, caserío ribereño ubicado en jurisdicción de Istmina, donde el 12 de septiembre de 2022 se enfrentaron las AGC y el ELN. La balacera empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 2 de la madrugada. No hubo víctimas fatales, pero quedaron afectadas lavadoras, neveras, y la tranquilidad de una comunidad que no pudo visitar ni recibir a sus familiares en la temporada decembrina. 

Este tipo de denuncias fueron recibidas por más de 100 personas que participaron de la Caravana Humanitaria al Bajo Calima y el litoral San Juan. Dicha acción es el piloto de los llamados alivios humanitarios, acordados por el ELN y el Gobierno en la primera ronda de negociación, realizada a finales del año pasado en Venezuela. Delegados de las partes negociadores, integrantes de diversas organizaciones sociales y sectores de la iglesia escucharon el clamor de una región que lleva décadas tratando de llamar la atención del Estado Colombiano.    

 

Más de 50 comunidades se congregaron en los 18 puntos visitados. Las súplicas fueron reiterativas: oferta educativa, médica y económica, vivienda digna, fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas, alto al fuego de los diferentes actores,  cese de hostilidades contra la población, desminado de los territorios, búsqueda de las personas desaparecidas, parar el reclutamiento, y depurar las filas de la Fuerza Pública, que, según denunciaron los habitantes en el resguardo de Pangala, instala minas en los caseríos, coarta la movilidad, tranza alianzas con las AGC  y estigmatiza a la población. Los caravanistas fueron testigos de la actitud provocadora del ejército. En San Miguel varios soldados atravesaron el caserío después del desembarque, pese a que se acordó con antelación que no estarían cerca del lugar de las actividades. Mientras que en Negría, dos soldados tomaron fotos a la caravana minutos antes de que la lancha partiera del lugar.    

“Llevamos el nombre del Pacifico porque nos ha gustado la paz”, afirmó J. en San Miguel. Sin embargo, en el mismo recinto M. dijo luego que “no puede haber paz con hambre”. “La única universidad que hay en el Chocó y en Colombia son las armas“, aseguró un joven luego. “Si el ELN firma la paz y se va de los territorios, qué va pasar con los demás grupos”, preguntó J. en Panamacito. “Estamos cansados de contar lo que nos pasa, y que nadie haga nada […] El alivio humanitario no es militarizar los territorios. Instalaron una base cerca a Noanamá sin consultarnos, y no pararon los asesinatos de líderes en la zona”, dijo W. en la intervención siguiente. 

La crisis humanitaria en el San Juan no da espera. A las comunidades solo le quedan dos opciones: dormir angustiados en sus territorios, sin poder trabajar sus cultivos por miedo a pisar una mina; y en el caso de los lancheros, acatar la restricción de no navegar por el río después de las 6 de la tarde. Si incumplen la orden deben pagar una extorsión que oscila entre uno y dos millones de pesos, y si no pagan les quitan el bote.

Otros han optado por irse con lo que pueden. Dejar sus gallinas, sus perros, sus casas de tabla a merced de la arboleda, y buscar refugio en caseríos cercanos o en Buenaventura, una ciudad donde todo debe ser comprado, los discriminan, y las autoridades no dan soluciones. Es el caso de Negría, un caserío desolado desde el 12 de diciembre, cuando integrantes de las AGC asesinaron dos habitantes frente a los demás pobladores. Sollozando, G. contó que es el cuarto desplazamiento que ella y su gente ha sufrido en menos de dos años. Que quiere regresar a su casa, pero “yo creo que seguiremos desplazados, porque hemos hecho muchas reuniones y nadie nos ha dado respuesta”.

Desterrados también se encuentran 28 familias indígenas Wounaan del resguardo Santa Rosa Guayacán. En noviembre de 2021 escaparon a Buenaventura, fue el tercer desplazamiento masivo en 10 años. En el puerto padecieron hambre y humillaciones. Aseguran que escucharon al Alcalde decir que en el Pacifico no existían indígenas Wounaan. Y a un coronel del Ejército decir que se desplazaban por problemas internos de la comunidad.

La Arquidiócesis de Cali intentó hacer más llevadero el viacrucis del desplazamiento ubicándolos en el Albergue Humanitario Arcesio Paz Paz, localizado en el municipio vecino de Dagua. Pese a la buena fe de la iglesia, el espacio que en su momento fue utilizado como colegio, está desbordado, el orín a punto de rebasar los orinales, y el alimento no alcanza para las tres comidas del día. 

“Yo nunca pensé salir de mi territorio a mendigar, pero aquí me ha tocado”, contó una mujer Wounaan a las caravanistas. Las demás mujeres expresaron su preocupación por una virosis que se está propagando entre los 163 indígenas refugiados allí. Pidieron además asistencia psicosocial, pues aseguran estar desesperadas porque no pueden encontrar las plantas con las que practican su medicina tradicional y no pueden enseñarle a sus hijos el werregue, nombre dado a las artesanías de las cuales se valen para su sustento material y transmitir la cosmogonía a su descendencia. 

Por medio de dibujos los niños también compartieron su desesperación. La selva infinita y sorprendente por la que podían correr libres y espontáneos, de la noche a la mañana, sin explicación alguna, se convirtió en un mundo de paredes y cemento. Si no se garantizan las condiciones materiales y de seguridad para que los Wounaan retornen, quizás los 8 niños que nacieron en el albergue nunca conozcan la tierra añorada por sus madres.

Las familias quieren regresar cuanto antes.  Para ello exigen las condiciones mínimas que pidieron y no se les garantizó en anteriores desplazamientos. Ante las comunidades afectadas, las delegaciones del ELN y el Gobierno que participaron de la Caravana asumieron la responsabilidad de llevar al próximo ciclo de negociación, el cual iniciara el 13 de febrero en México, un documento que condense sus necesidades, propuestas, dudas y cuestionamientos.

En el San Juan queda un sinsabor, porque pese a ser invitados, ningún ministerio envío al menos un delegado a la caravana. Los niños Wounaan confinados en Dagua se preguntan si los árboles, las gallinas y los perros que dejaron siguen vivos. El resto quedamos con la duda de si el Gobierno no quiere o no sabe qué responder.       

Foto: Alfredo Ruiz

 

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