Con el recrudecimiento de la violencia socio-política, la llegada del cese bilateral pactado entre el Gobierno colombiano y el ELN fue un respiro, y generó una gran expectativa entre las comunidades afectadas por el conflicto, las organizaciones sociales y en especial para los presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN. Esto porque el Gobierno durante este cese bilateral anunció que “se adelantará un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos”.
Por ello, la gestoría de paz del ELN, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas iniciaron una serie de labores para establecer la situación particular de los presos políticos y las problemáticas que se viven de manera generalizada en todas las cárceles colombianas.
Las visitas que se llevaron a cabo durante el mes de noviembre de 2017, arrojan un panorama que podría calificarse como desolador, pues a pesar de que la población de presos políticos es pequeña en comparación con los 114.750 presos que hay en total en las cárceles colombianas –según datos del INPEC al 31 de diciembre pasado–, no deja de ser una muestra representativa de la dramática situación que implica estar privado de la libertad en Colombia.
Al indagar por el estado de salud de estos presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN, que son alrededor de 700, encontramos que 64.2% manifestaron tener alguna enfermedad física o dolencia de algún tipo, situación que prende las alarmas y ratifica que la inasistencia médica en los establecimientos penitenciarios y en general en Colombia es una de las mayores problemáticas sociales que afectan la calidad de vida de las personas.
De igual manera se identificó que el 47.9% dice tener enfermedades o síntomas de trastornos psicológicos o emocionales. Esta cifra es desalentadora si se tiene en cuenta que la atención que recibe este tipo de afectaciones es mínima y siempre se invisibiliza. La mayoría de las veces, las afectaciones emocionales se atribuyeron al distanciamiento con sus núcleos familiares y la desesperanza que motivan las condenas a penas muy altas. También se encontró que varios de los trastornos psicológicos son derivados del rigor del conflicto armado y a graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en la prisión.
Tal es la situación de salud mental de Juliana Barrera*, recluida en la cárcel desde el año 2013 sin que se resuelva aún su condición jurídica. Ella presenta un severo caso de depresión, le han ordenado el suministro de medicamentos psiquiátricos y en seis oportunidades su remisión a establecimiento especializado para su enfermedad, pero estas órdenes nunca se han hecho efectivas.
Especialmente llamativo resultó el número de personas con enfermedades y problemas gastrointestinales como colon irritable, úlceras gástricas, gastritis, infecciones intestinales, entre otras enfermedades, que pueden tener origen en los horarios de alimentación impuestos en prisión, así como en la pésima calidad de la alimentación. En la totalidad de los establecimientos penitenciarios la denuncia más recurrente tenía que ver con los alimentos, lo cual no es de extrañar, si se tiene en cuenta que varias cárceles han tenido que cerrar sus restaurantes por tener comida en descomposición, tal como sucedió en junio de 2017 en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
También se identificó que el 20.3% de los presos políticos tiene algún tipo de discapacidad, en especial la motora, es decir, personas con dificultad para desplazarse o realizar algún movimiento. En su mayoría estas discapacidades son fruto de heridas causadas en el marco del conflicto armado. Es el caso de un joven preso en la cárcel de Picaleña, Ibagué, quien por varios impactos de tiros de fusil resultó herido en su brazo, con fractura de húmero. Hace dos años recibió intervención quirúrgica, pero nunca tuvo tratamiento, no se le retiró el tutor, ni ha tenido terapias, razón por la que el brazo puede llegar a perder la movilidad y dejar de ser funcional.
Respecto a la atención médica, se evidenció que el 43.3% de estos presos políticos manifiesta tener procedimientos médicos pendientes, ya sea en espera de un diagnóstico inicial, citas con especialistas y tratamiento o intervenciones quirúrgicas. El 53.3% de personas aludieron necesitar medicamentos, los cuales no se les suministran de manera regular o no se les suministran. De otro lado, es muy frecuente la discapacidad visual y auditiva.
Al indagar por las acciones humanitarias iniciadas por el Gobierno nacional para aliviar la situación de los presos políticos, se sabe que hasta el momento se realizaron nueve brigadas médicas en las cárceles de mayor concentración de presos políticos.
A pesar de lo positivo de la iniciativa de las brigadas médicas, esta atención resultó limitada y no puede considerarse como un alivio humanitario significativo. Las brigadas médicas solo prestan una atención básica, con una capacidad resolutiva nula, en la cual no se pueden realizar diagnósticos acertados de varias patologías y dolencias que requieren análisis de laboratorio o remisión con especialistas. Tal es el caso de las colonoscopias, rayos X, ecografías, exámenes de cuello uterino, entre otros.
Ante la evidente vulneración sistemática y generalizada del derecho a la salud y una vida digna por parte del Estado colombiano, resulta de vital importancia que se establezca un mecanismo o ruta de atención de carácter prioritario, en el cual se estudien los casos más graves en salud identificados en las visitas realizadas y se les brinde la atención médica que requieran de manera expedita.
También se deben realizar valoraciones por parte de Medicina Legal en los casos más graves de salud, con el fin de demostrar, donde sea posible, su incompatibilidad con la vida en reclusión. Esto podría facilitar el uso de una medida sustitutiva a la privativa de la libertad en centro de reclusión.
De reanudarse la mesa de diálogos en Quito, es fundamental la creación de una mesa de seguimiento que permita realizar una vigilancia a la gestión del Estado colombiano, y los criterios para hacerlo deben orientarse en el goce efectivo de derechos y de salud integral, es decir sobre los criterios del mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de los presos políticos, y no en la mera gestión. Este escenario también permitirá agilizar las atenciones médicas y resolver dificultades que se presenten en el camino, y los actores llamados a conformarlo son los entes de control, Fiduprevisora, el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ONG's acompañantes, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Salud, y representantes de presos políticos. Jamás se puede olvidar que sin importar las razones por las que estén allí los casi 120.000 presos, todos y todas siguen siendo seres humanos.
*Se cambió su nombre por seguridad y respeto a su intimidad.
