Editorial Ed.74: ¡Ojo con la moda de la paz!

 

Los artículos editoriales de las más recientes ediciones de Periferia las hemos dedicado a la discusión sobre las posibilidades de una paz real en Colombia. No porque hayamos caído en la moda o en la coyuntura mediática, sino precisamente porque insistimos en que los movimientos sociales y populares no pueden caer en este embeleco mediático; sobre todo porque hoy el tema de la paz es más complicado de lo que fue nunca. Hoy el asunto está atravesado por una escisión de la derecha colombiana que puede avanzar, como lo hemos advertido en estas páginas, incluso hacia un golpe de Estado. Lo que se construye desde la élite política no es un escenario de paz, sino el recrudecimiento de la guerra y la agudización de la represión al movimiento social y popular.{jcomments on}

Los acontecimientos que rodearon el atentado al exministro Londoño, personaje sombrío en la reciente historia de Colombia, dan bastante verosimilitud a esta idea. Aún sin evidencias, ese mismo día se divulgó que los autores del atentado habían sido las Farc, aunque los hechos que rodearon el atentado daban para pensar en otra cosa: sea como sea: o bien que el atentado lo realizó la insurgencia o bien la propia derecha, lo importante fueron las maniobras de la ultraderecha para sacar réditos políticos del hecho.

Inmediatamente empezaron a circular las conversaciones entre varios oficiales retirados del ejército, en donde se discutía la necesidad de “ponerle a Santos las cartas sobre la mesa”. Y más allá de eso se ventiló la posibilidad del golpe de Estado, porque lo que necesitaban era un mandatario de verdad. Eso en condiciones normales tendría que haber sido investigado y condenado como rebelión; pero ocurrió igual que en el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien después de salir del país prófugo de la justicia animó públicamente desde el extranjero a constituir un movimiento de rebelión contra la institucionalidad del régimen de Santos: como respuesta le fue retirada su orden de captura.

La escisión, como ya es evidente, es entre el sector de la burguesía rancia e institucional y la burguesía emergente de estirpe paramilitar y mafiosa encarnada por el expresidente Uribe, al amparo de cuyo gobierno se amasaron inmensas fortunas y se consolidó una tenebrosa máquina de guerra estatal y paraestatal. Las diferencias realmente no son significativas: la oligarquía colombiana ha sido por excelencia criminal y asesina. Pero está también el miedo enfermizo de Uribe y sus secuaces a tener que responder a la justicia nacional o internacional por la pléyade de crímenes cometidos o amparados durante su gobierno, uno de los más largos y oscuros en la historia de Colombia. La única forma de escapar a la justicia es regresando al poder, y la única forma de regresar al poder es avivando la guerra y dejando la imagen de que Santos es incapaz de combatir a la insurgencia.

Desde luego, las posibilidades de un golpe de Estado al estilo clásico son bastante remotas en Colombia. La imagen del demócrata que ha asumido Santos ante el mundo, como quien restableció la institucionalidad que el gobierno anterior había hecho trizas, le garantiza hoy un gran respaldo internacional. Pero ello no impide pensar el golpe de Estado negociado, mediante una presión permanente que obligue al actual gobierno a ir cediendo en sus políticas fundamentales y a renunciar a una posible reelección, mientras se prepara el escenario para que la ultraderecha vuelva al poder en las elecciones del 2014.

Eso es lo que parece evidente. Desde el momento en que empezaron las críticas de la ultraderecha frente a las posibilidades de un acuerdo entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc, cada declaración, cada acto del gobierno en este sentido parece realizado expresamente para calmar los ánimos belicosos del uribismo recalcitrante. En primer lugar ha tenido que garantizarles que ningún comandante de la insurgencia podrá hacer política o llegar a cargos públicos después de las negociaciones de paz. Con ello, Santos no sólo ignora las causas objetivas del conflicto armado sino las condiciones más elementales para su solución: el simple sentido común permite pensar que si una guerrilla se desmoviliza es porque confía en que puede lograr los cambios que quería precipitar por las armas a través de la política institucional.

Como si fuera poco, en una declaración ante los militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, Santos respondía a los generales retirados diciéndoles que no debían temer a la paz. “Porque la paz es la victoria” de las fuerzas militares, y porque “vamos a lograr esa paz que… haremos por las buenas o por las malas. Pero la paz la vamos a lograr”. Lo que quiere decir que será por las malas, porque ninguna guerrilla estará dispuesta a dialogar con el Estado en estas condiciones, a menos que estén completamente desahuciadas. Tal vez eso es lo que cree el presidente Santos, y por eso afirma que "si esos bandidos quieren hablar de paz y las circunstancias se dan, es porque ustedes (los militares) obtuvieron la victoria". Así pues, la idea de paz del presidente Santos ha quedado reducida a la misma idea cultivada por Uribe desde que era gobernador de Antioquia: a la derrota militar de la insurgencia. Y si acaso hay “negociación” se trata más bien de un proceso de rendición, gracias a esta derrota militar.

Lo peor es que la paz a la fuerza no es otra cosa que pacificación al estilo Operación Orión en Medellín o la pacificación realizada en Urabá de la mano del general Rito Alejo del Río. Y la represión más brava cae siempre sobre el movimiento social y popular y sus organizaciones, como está ocurriendo concretamente hoy con el movimiento político Marcha Patriótica, del cual ya hay varios asesinados y desaparecidos. Esa ha sido la historia de todos los procesos de paz con esta oligarquía asesina: la represión desatada contra la insurgencia desmovilizada, cuyos líderes, combatientes o no, son casi siempre asesinados; pero sobre todo una represión generalizada contra el movimiento social en todas sus expresiones. De hecho, en el cruce de correos entre los oficiales retirados del ejército, uno de ellos se quejaba de que en el sur “nos están ganando los indígenas”, como si estos fueran enemigos del país.

No se trata entonces de defender la institucionalidad del gobierno Santos frente a la arremetida de la ultraderecha, sino de avanzar en la construcción y el blindaje del movimiento social y popular que sea capaz de cimentar otra forma de vida, está sí pacífica, sobre esta tierra. La paz no es ausencia de conflicto si no una forma de vida que permite resolverlos con madurez, una forma de vida que se construye desde las comunidades mismas en sus territorios, a partir del establecimiento de relaciones distintas entre los seres humanos y con la naturaleza.

Cierto es que en este proceso las organizaciones sociales y populares se encuentran con todos los procesos que están hablando de paz y discuten sobre sus conceptos, alcances, interpretaciones y adoptan autónomamente una posición frente a los caminos que hay que recorrer para garantizar la paz con justicia social. Pero es necesario tener en cuenta que ni la insurgencia, cualquiera que sea, ni el Estado se pueden arrogar la representación del movimiento social y popular. A lo sumo, si la buena voluntad existe, lo que ha de negociarse en un eventual proceso de diálogo son las condiciones para que las comunidades puedan construir autónomamente sus planes de vida y establecer relaciones libres con otros pueblos y otras comunidades sin sojuzgamiento ni instrumentalización. Este tipo de actitud es el que esta ausente sobre todo en la oligarquía colombiana, soberbia por naturaleza.

Modificado por última vez el 19/06/2012

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