Una ley de restitución sin retorno

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La ley 1448 de 2011 es conocida como ley de víctimas; uno de sus capítulos es el de restitución de tierras, que, por lo menos en la letra, garantiza los derechos de los desterrados del conflicto armado, que hayan sido despojados a partir del 1º de enero de 1991, para que puedan retornar y sus tierras les sean restituidas. Es posible revisar el alcance de la ley en estos tres años de existencia, a través de algunas experiencias concretas.

Hasta hoy van casi 65 mil solicitudes, que se han presentado a la unidad de restitución de tierras. Pero el gobierno y los expertos en la materia esperaban por lo menos 360 mil solicitudes. Seguramente, la poca credibilidad que le merece a las víctimas el Estado y las herramientas de la ley no las deja animarse a reclamar; o tal vez el problema generado por la violencia, en la mayoría de los casos por las propias fuerzas militares y los grupos amparados por ellos, es más grande de lo que se imaginaba el propio régimen, que ve cómo, poco menos del 20% de las víctimas se acercan a reclamar.

Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor número de solicitudes de restitución; pero son Antioquia, Meta, Bolívar y Cesar los departamentos que lideran el número de hectáreas reclamadas para restitución. Antioquia lidera las cifras de despojo y de solicitudes, más o menos el 17%, que corresponde a un poco más de 11 mil solicitudes.

Si lo miramos por el lado de la cantidad de hectáreas a restituir, el balance también es muy regular. Hay consenso alrededor de que las hectáreas despojadas y/o abandonadas son aproximadamente cuatro millones, aunque hay quienes hablan de seis y ocho millones. Si nos vamos por regiones, Antioquia por, ejemplo, tiene hoy 58 sentencias que restituyen 874 hectáreas y 90 predios; una sola sentencia puede aglutinar varios derechos de las víctimas y resolver solicitudes de varias familias y sobre varios predios, eso es lo que se llama una sentencia acumulada.

Pero en muchos casos la sentencia no termina con la restitución material y el retorno integral, sino en un reconocimiento de derechos patrimoniales. Es decir, le titulan el predio al solicitante, pero este no puede retornar, la justicia no le proporciona las herramientas y la seguridad para hacerlo; entonces los despojadores van ganando la partida. Y si nos metemos en análisis político, podríamos afirmar que esa línea de ultraderecha que se fortalece y que le apuesta a grupos armados en contra de la restitución, seguirá fastidiando los procesos; ya veremos que hará ante esta situación el gobernante elegido. De todas maneras, para el modelo económico, el proceso de restitución de tierras genera inseguridad jurídica para la confianza inversionista.

¿Qué piensan las victimas?
Se podrían dividir en tres las posturas de las víctimas: las que están satisfechas, las indiferentes y las que se sienten revictimizadas. En Urabá, por ejemplo, concretamente en el municipio de Mutatá, una señora y su familia que fueron despojados por Salvatore Mancuso de un predio muy extenso, más o menos 350 hectáreas, les tocó vivir prácticamente en la calle y ganarse la vida como venteros ambulantes. Pero les salió la sentencia a favor y le restituyeron la finca de 350 hectáreas, que hoy podría tener un costo por hectárea de más o menos 30 millones de pesos, es decir un bien de más de 10 mil millones de pesos. La señora y su familia quieren retornar, pero no han podido y tampoco tienen las herramientas para ponerla a trabajar. Lo único que podrían hacer es venderla, ¿a quién? Seguramente a los mismos que la despojaron, aunque en cabeza de otros.

¿Qué piensa la víctima en un caso como este? Hubo restitución jurídica y material, pero no garantía de derechos. La jurídica implica cancelar todos los títulos fraudulentos que hay después del despojo: hipotecas, transacciones, embargos o pleitos que estuvieren pendientes en el folio de matrícula inmobiliaria, cancelar todo eso, y decir en una anotación esta señora y su familia son los titulares del derecho de dominio por medio del proceso de restitución de tierras. Eso se hizo, pero ellos no tienen las garantías sociales y humanas suficientes para reconstruir su vida en su territorio, que ahora es ganadero.

El segundo caso: típico del oriente antioqueño. Una vez bajó la intensidad de la confrontación armada, la gente regresó por su cuenta y riesgo, pero encontraron su predio caído. Entonces acudieron a la ley y solicitaron restitución de tierras y todos los derechos adicionales como apoyo productivo, reconstrucción de su vivienda, entre otros derechos. En este caso, la justicia profirió sentencia, pero después de un año aún no les han entregado nada ni jurídica ni materialmente.

Entre estos casos hay variables: hay regreso y solicitud de restitución, pero les han dicho que aún no se puede porque no han microfocalizado el territorio, para lo cual se requiere que existan varias solicitudes de retorno para ese mismo territorio, que haya posibilidad o índices de retorno, que haya seguridad, o sea, que no haya presencia de grupos armados ilegales, que no hayan cultivos ilícitos y que haya certificación de no existencia de minas antipersonales. En este caso hay dos elementos en contra, no hay suficientes solicitantes de restitución para ese territorio y aún no han hecho desminado en la zona.

Y el caso más triste, la revictimización. Un campesino que sale desplazado de una zona en conflicto armado logra vender su predio a una familia amiga, vecina, por un justo precio y en condiciones solidarias. No estamos hablando de hectáreas, sino de metros cuadrados. Pero por alguna circunstancia de asesoramiento el que vendió, años después quiere retornar y solicita restitución del predio porque considera que le tocó vender por la presión del conflicto y de los grupos armados. La justicia le da la razón y le restituye, convirtiendo a la familia campesina pobre que le hizo el favor de comprarle, en despojadores, en criminales de la misma talla de los Mancuso, HH y el Alemán. Esta familia, que incluso perdió a varios de su integrantes, asesinados por los grupos armados, hoy además debe salir de su predio y enfrentar a la justicia como delincuente. Uno de esos señores dice que no sale sino muerto y que si lo sacan a la fuerza se suicida.

Y existen muchos más casos, todos denigrantes. Por ejemplo, la compra de predios despojados en medio del conflicto armado, hectárea a 300 mil pesos, que y hoy se venden a 50 millones por parte de funcionarios públicos de acción social; otros en donde, a pesar de existir sentencia de restitución a favor de las víctimas, los despojadores siguen viviendo y disfrutando a sus anchas de los predios con la omisión de las autoridades; o cuando el magistrado le dice al solicitante que su predio no se lo puede restituir porque allí hay concedido un título minero a una empresa y la minería, según el magistrado, es actividad de interés público y está por encima del derecho a restitución; o cuando no le conceden el derecho a la víctima porque el predio está en un área de parque natural o zona de reserva, como la del río León en Urabá, pero en ese predio sigue viviendo el ganadero o mafioso. Hay otros casos de despojo en los cuales está vinculado un familiar del diputado que aseguraba que invertir en el Chocó era como perfumar un bollo, sin que nadie le interrumpa su disfrute, en fin.

Cita de cierre, con sangre. El 8 de julio en inmediaciones del municipio de San Roque, al Nordeste de Antioquia, el funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras, el topógrafo Robinson Álvarez Quemba, fue asesinado con un disparo en la cabeza. Robinson estaba midiendo un predio en la vereda Guacas, dentro de su actividad profesional al servicio de la restitución de tierras a las víctimas. A esta guerra se enfrentan las víctimas, los funcionarios y todo el que quiera hacer justicia a los despojados.

 

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Olimpo Cárdenas Delgado
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