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Arremetida contra las organizaciones sociales en Pereira

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Durante los últimos meses las amenazas e intimidaciones a líderes estudiantiles y defensores de Derechos Humanos en la ciudad de Pereira han arreciado. Y pese al silencio cómplice de las autoridades, las organizaciones sindicales, sociales y populares han generado una dinámica creciente de solidaridad con las personas afectadas y de rechazo a las acciones intimidantes que pretenden negar el papel de la lucha social para construir una sociedad más justa.

 

El 2013 fue significativo para la movilización social. Pereira, capital del departamento de Risaralda, no fue ajena a esa dinámica de resistencia que abarcó todo el territorio nacional. Entre las luchas más destacadas está la que libró el estudiantado de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que buscaba la renuncia del Rector Luis Enrique Arango Jiménez, y logró la vinculación de los padres y madres de familia de los universitarios a la protesta. No deben olvidarse las movilizaciones estudiantiles que desde el 2009 se impulsaron por diversos conflictos en la UTP, y el papel que los estudiantes de esta universidad cumplieron durante el impulso de la MANE en el 2011 en su lucha para frenar la implementación de la reforma a la ley 30 de Educación Superior impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Es en este contexto que surgen las amenazas contra los estudiantes Julián Herrera, Julián Bedoya, Víctor Hugo Ramírez, Humberto Rojas, Harold González, Ángela Esteban, Yoli Lancheros, Karen Medina, Eduardo Medina y Sami Zapata, a través de un comunicado firmado por las autodenominadas “Águilas Negras” el pasado 19 de junio. Ocho de los diez líderes amenazados habían participado en el proceso de negociación del pliego de peticiones que pretendía la renuncia del rector el año pasado. A este hecho se suma la intimidación que hicieron dos hombres movilizados en una motocicleta, en días posteriores a las amenazas, contra el representante estudiantil al Consejo Superior Universitario, Julián Herrera. Cuando éste estaba por llegar a su casa los motorizados lo abordaron y le mostraron un arma de fuego en señal de amedrentamiento.
A la movilización estudiantil del 2013 se suman también el Paro Agrario y Popular, la Minga Indígena, los procesos organizativos en torno a la defensa del territorio y la concreción de propuestas agroecológicas desde los procesos de Centros de Formación Campesina, luchas que marcan el rumbo de una región que se piensa a sí misma.

El miércoles 16 de julio de 2014 hubo una reunión de habitantes de las veredas El Manzano y La Bella, con los representantes de los cebolleros de la región (vinculados al paramilitarismo con la banda “Cordillera”, de propiedad de Macaco y el Cebollero) y la compañía Smurfit Cartón de Colombia. El tema tratado fue la protección de los nacimientos de las quebradas San Pablo y El Manzano. Los campesinos manifestaron su inconformidad por la presencia de la multinacional y por el uso de las zonas de nacimientos de agua para sembrar pino y otras especies de uso maderero y papelero, nocivas para la región. Pero la compañía negó que tal situación estuviera ocurriendo y los cebolleros hicieron eco de la negativa.

El martes 22 de julio de 2014, cuando Guillermo Castaño Arcila, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Risaralda, llegó al Centro de Formación Campesina (que es además su casa de habitación), en Chicha Varí, en la vereda El Manzano, de Pereira, encontró dañadas las puertas de acceso a la casa y revisado todo el inmueble, aunque no habían hurtado ningún objeto de la casa.

Guillermo dio aviso a los agentes de policía de la vereda, quienes reportaron la situación a la Inspección de la vereda La Bella y se desplazaron hasta la finca para verificar los hechos, pero lo único que atinaron fue a sugerir que pusiera la denuncia ante la Fiscalía, pues ellos no tenían más qué hacer. Al día siguiente, en la Fiscalía Seccional de Pereira, luego que el profesor Castaño rindió su declaración, la Fiscalía recepcionó su caso como un delito de menor cuantía.

El profesor Guillermo Castaño es docente en la UTP, donde se destaca por su compromiso ético y social, es fundador y promotor permanente del ambientalismo popular en la región y forma parte del Comité Pro Defensa del Territorio, que viene generando procesos organizativos en torno a la resistencia contra los megaproyectos de multinacionales papeleras y minero-energéticas. Desde el año 2002 tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ha sido víctima de repetidas amenazas. La última en 2011, cuando fue amenazado por las “Águilas Negras” junto a un grupo de líderes defensores de derechos humanos y sindicalistas de la región.

Otros antecedentes de mucho peso en este caso son la presencia de hombres motorizados la noche del 20 de julio en los alrededores de la finca, alumbrando con linternas; el descuartizamiento de una res en una finca contigua; el robo de una motocicleta en otra y el asesinato de uno de los hijos de un cabecilla de la “Cordillera” en la vereda la Bella. Todos estos hechos como preámbulo y aparente justificación para asegurar la entrada de bandas paramilitares en la zona. El modus operandi de la incursión en la vivienda del profesor Guillermo se corresponde con otras, como en el caso del también profesor Guillermo Hoyos, a quien asesinaron en su finca después que los asaltantes ingresaran haciendo ruido para que el docente saliera y luego dispararle, simulando un robo. Pero no robaron nada. Acaso la fortuna de Guillermo Castaño fue que no se encontraba en la casa la noche de la incursión.

Lo que sigue
En ambos casos la respuesta de las autoridades es absurda, cuando no cómplice. En cuanto a las amenazas a los y las estudiantes la respuesta de la Policía Nacional se limita a decir que “pueden estar tranquilos, pues las águilas negras no existen”. Y en el caso del profesor Guillermo se refieren al asunto como un “delito de menor cuantía”, desconociendo los antecedentes que en el caso existen.

Tanto las amenazas como la intimidación han sido rechazadas por los sectores sociales y políticos de la ciudad y las y los afectados han recibido la solidaridad y respaldo del movimiento social, mediante pronunciamientos y acciones jurídicas pertinentes a fin de garantizar los derechos de las personas afectadas. Sumado a ello, desde el martes 4 de agosto se inició un Cerco Humanitario como una acción de denuncia y respaldo que busca desactivar el alcance de las amenazas y las intimidaciones. Este cerco permite seguir visibilizando la problemática social del departamento y juntar esfuerzos para hacerle frente a las políticas neoliberales de despojo y desarraigo que cuentan con el favor permanente de las bandas paramilitares que siguen sembrando terror y muerte en nuestros territorios.

Modificado por última vez el 02/09/2014

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