Campesinos reconstruyen memoria del conflicto en Samaná

Campesinos, campesinas e indígenas de los municipios de Samaná, Riosucio, Pensilvania y Salamina, con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas, realizaron un ejercicio de reflexión y recuperación de la memoria de la experiencia vivida desde el origen del conflicto en sus territorios, hasta el proceso de restitución de tierras en el que las familias participan actualmente. Estas reflexiones fueron presentadas por las víctimas en el marco del Foro Público de Restitución de Tierras en Caldas realizado en noviembre del año pasado.


“Así vivimos el conflicto armado en el territorio”
Las décadas de los sesenta y setenta fueron prósperas para el corregimiento de Florencia en Samaná, Caldas. En ese entonces, según sus habitantes, el comercio creció, las vías del pueblo se pavimentaron, se construyeron el centro de salud, el parque, la carretera, escuelas y colegios en el campo, entre otros espacios públicos.

Sin embargo, en los años 90 empezó una disputa entre familias del municipio por las influencias políticas de los partidos tradicionales y la presencia de la insurgencia. En 1996, según lo relatan, empezó en los territorios el impacto de la guerra política; el frente noveno de las FARC-EP realizó su primera toma guerrillera en la cabecera municipal. En 1997 los grupos armados hicieron una división territorial: las FARC-EP se ubicaron en la zona de los Cristales, Arboleda, Pueblo Nuevo y la zona alta de Samaná, mientras que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y los hijos de Ramón Isaza ocuparon la región del Magdalena Medio hasta la Laguna de San Diego.

En 1999 ocurrió la segunda toma guerrillera a Florencia. Cuentan los habitantes que cayó un cilindro de gas a la iglesia y que la gente corría a resguardarse para defender su vida, y a causa de esta toma se desplazaron muchas familias, se generalizó la violencia y la policía abandonó el pueblo. Por esa época, según relata un campesino, la caída del precio del café y la llegada de la roya, coincidieron con el incremento de los cultivos de coca auspiciados por los grupos armados, que al final quedaron dominando el territorio ante la ausencia del Estado.

A partir del año 2000 las cosas empeoraron. Cuentan que la guerrilla les dejaba tres caminos: Incorporarse a ella, morir tras ser amenazados, o irse del pueblo. La decisión fue irse para San Diego. En el año 2002, la guerrilla destruyó el puente que comunicaba el Río Manso con San Diego y amenazaron con quemar el casco urbano. Esto causó que en dos horas las familias huyeran abandonando su pueblo con rumbos diferentes.

Pero los hechos más críticos, que no se borran de la memoria de la gente, se dan con la arremetida de los paramilitares. El 14 de noviembre de 2001 ocurrió una masacre en la vereda El Congal, y el 19 de enero de 2002 entraron los paramilitares: “todos corrimos de miedo, entraron quemando el caserío, así la vida era insostenible y nos tuvimos que desplazar, algunos nos fuimos para la vereda El Volcán, y entre el 2003 y 2007 a raíz de los constantes enfrentamientos armados nos tocaba echar pal monte a escondernos hasta quince días. En esa época hubo desapariciones forzadas y una gran incursión de frentes paramilitares en la zona”, comentan los campesinos.

Cuentan además que a raíz de la situación, en marzo del 2004 después de una reunión de los presidentes de Juntas de Acción Comunal con el general de la policía Rodolfo Palomino, empezaron a asesinar a los líderes y sus familias. Algunas de las víctimas fueron líderes de la vereda el Bosque, la Cumbre y Quebrada Seca, y en total fueron asesinados siete líderes de Juntas de Acción Comunal.

La zona quedó bajo el control paramilitar. En volquetas se transportaban los alimentos para los frentes paramilitares, mientras que a los campesinos les revisaban sus mercados cuando regresaban del pueblo los domingos hacia sus veredas, y si tenían más de 30 o 40 mil pesos en comida, les acusaban de transportar víveres para la guerrilla.

En el 2005 toda la comunidad de la vereda el Bosque se desplazó. Con las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos se afectaron los cultivos de pan coger, las fuentes hídricas como ríos y quebradas se contaminaron y mucho ganado murió. Recuerdan además que en el 2006 las familias de Florencia se desplazaron a causa de los atropellos que el Ejercito Nacional de Colombia venía realizando a la población.

En el 2011 inició el proceso de desminado humanitario en los territorios, y desde el Estado se impulsaron dos programas llamados “Familias en su Tierra” y “Familias Guardabosque”, ambos de asistencia social a población víctima del conflicto armado.

En la actualidad, las familias y víctimas del conflicto armado se encuentran participando del programa de Restitución de Tierras, un programa que desde el Estado es denominado como “el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado”.

Caldas según el Registro Único de Víctimas (RUV) es el departamento del Eje Cafetero con mayor número de hechos victimizantes (150.879, a septiembre de 2015). Carolina López trabajadora social del Cedat, quien acompañó el trabajo de campo en el municipio de Samaná cuenta que a noviembre de 2015 solamente estaban iniciados 95 casos para Caldas, un número bajo con relación al número de víctimas registradas en el departamento. Así mismo apunta que las víctimas son conscientes que el proceso apenas comienza, pero advierte que “la tarea del Estado no solamente es devolver las tierras a quienes fueron despojados de ella, sino generar procesos que permitan el retorno y la restitución de condiciones relacionadas con la totalidad de la cadena productiva y la vida de sujetos, familias y comunidades. Además se requiere reparar por pérdida a quienes por razones diversas, no están dispuestos al retorno”.

Para los campesinos y campesinas del municipio de Samaná, el retorno a sus territorios se convierte en un símbolo de esperanza, pero advierten que les preocupan las condiciones de seguridad y económicas, y el impacto social y ambiental de los megaproyectos hidroeléctricos que afectarían a sus territorios. Como dijo un campesino en uno de los talleres realizados por el Cedat: “Ojalá mis palabras no sean ciertas, pero a futuro lo veo, que a nosotros nos van a volver a desplazar por el uranio y el agua”.

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