Aprobada Consulta Popular contra la minería en Ibagué

Hablar de conflictos ambientales en los últimos 10 años es algo común y necesario, ya que en este período el nivel de extracción de bienes de la naturaleza se ha disparado por parte de las transnacionales con auspicio del Estado Colombiano. Si bien el tema de la confrontación armada y la guerra fueron institucionalizados, el conflicto ambiental debe ser debatido y elevado al mismo nivel de interés social y político. El futuro de las nuevas generaciones, la vida de todos los seres vivos y la permanencia en los territorios está en juego.

Las luchas ambientales se originaron por la crisis climática como degradación ambiental planetaria, y asumidas por movimientos ambientalistas y organizaciones sociales de toda índole. En la actualidad son muchos más los actores y las iniciativas que se suman a esta causa. El modelo extractivista aplicado en América Latina por empresas de carácter transnacional, puso en alerta ya no solo a los ambientalistas y defensores de Derechos Humanos, sino a cientos de comunidades que se niegan a entregar sus territorios.

Diferentes regiones de nuestro país se han movilizado para defender el agua, la vida y la permanencia en los territorios. La resistencia se ha expresado en movilización social, liberación de la madre tierra, acciones jurídicas, implementación de mecanismos de participación, proyectos de ley, planes de vida y figuras como las zonas de reservas, además. Esta lucha ha traído amenazas, muerte, miedo, destierro y desarraigo de los y las luchadoras sociales. Según Global Witness para el año 2014 en Colombia perdieron la vida 52 ambientalistas, esta situación ha impedido que en muchas regiones del país se denuncien las afectaciones sociales y ambientales provocadas por los proyectos extractivistas y el conflicto armado ligado a la tenencia de la tierra.

El departamento del Tolima se convirtió en una de las regiones más importantes para la lucha ambiental. En el gobierno que Álvaro Uribe Vélez se declarara la mina de la Colosa como la más grande del mundo en reservas de oro, con un potencial aproximado de 12 mil millones de onzas, los tolimenses iniciaron una gran lucha. A través de movilizaciones, marchas carnaval convocadas y dinamizadas por el Comité Ambiental en defensa de la Vida, iniciativas de participación popular como la Consulta de Piedras, entre otras, incrementaron el torrente de resistencia y acción de las comunidades.

Consulta Popular: Ibagué contra la explotación minera
Según la ley 134 de 1994 la consulta popular hace parte de los tres mecanismos más importantes de participación junto con el plebiscito y el referendo. “En el ejercicio de la consulta popular las comunidades dan respuesta a una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es presentada por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso. El asunto debe ser competencia de la respectiva autoridad, no puede ser un proyecto de articulado (pues para eso está la iniciativa popular normativa), y no debe referirse a temas que modifiquen la Constitución”.  

En Colombia según la MOE (Misión de Observación electoral), se han promovido dos consultas departamentales, impulsadas sobre la protección del Páramo de Santurbán, 23 municipales y ninguna de orden local y nacional. Uno de los temas más importantes en este ejercicio de participación es el de medio ambiente, con casos emblemáticos como el del municipio de Tauramena en el departamento de Casanare y el de Piedras en el Tolima.

La consulta popular de Piedras Tolima requería el voto de 1.702 habitantes del municipio para frenar la actividad minera en el territorio. El alcalde Arquímedes Ávila Rondón convocó a su pueblo, y el 28 de julio del 2013, 2995 personas dijeron No. Y no podría ser de otra forma, ya que el municipio de Piedras, se iba a destinar para el depósito de desechos y materiales tóxicos utilizados en la planta de producción de oro, es decir implicaría uso de elementos como el cianuro, susceptible de contaminar el agua y ambiente del lugar.

Tras esta experiencia y el impulso de las organizaciones ambientalistas y sociales del Tolima, el Alcalde de la ciudad de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo cumplió con su compromiso de ser actor importante en la lucha contra la minería. Basado en la amenaza que implica tener un aproximado de 105 títulos mineros distribuidos en 44 mil hectáreas de área rural y urbana que pone en riesgo la tradición agrícola, turística y las fuentes hídricas de la región, emprendió la iniciativa de la consulta popular.

En medio de los nervios y la incertidumbre por los resultados de la votación en el concejo municipal, el pasado 29 de febrero el movimiento ambiental logró la primera victoria, con 10 votos a favor y 9 en contra, el Concejo Municipal aprobó la consulta popular. Tras intimidaciones por parte de órganos de control como la Procuraduría y delegados del gobierno nacional, los concejales Víctor Julio Ariza, Juan Evangelista, Camilo Delgado, Ernesto Ortiz, Marco Tulio Quiroga, Oswaldo Rubio, Carlos Castro, Hasbleidy Morales, William Rosas y Linda Perdomo dieron su voto positivo a la iniciativa. Por otro lado Víctor Hugo Gracia, Harol Lopera, Jorge Bolívar, Pedro Mora, Luis Alberto Lozano, Carlos Portela, Wiiliam Santiago, Humberto Quintero y Martha Ruíz votaron de manera negativa.
La Pregunta presentada y aprobada por el Concejo es: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

Según la proyección del movimiento ambiental, se requiere la participación acertada de 130 mil votos que digan NO. El umbral requerido debe responder al 33% del caudal electoral del municipio que en este momento es de aproximadamente 381.000 ciudadanos.

El proceso se encuentra en la fase de socialización de la iniciativa. Una de las experiencias positivas se dio con los niños y niñas de las instituciones educativas, en el marco de la elección del gobierno escolar. Ellos y ellas tuvieron la oportunidad de definir sobre su futuro y en un ejercicio pedagógico y simbólico la mayoría dijeron NO a la presencia de proyectos mineros en su municipio. Este ejercicio busca sensibilizar a padres de familia y comunidad educativa.

Se espera la revisión de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima. Según las fuentes pueden ser muchos los impedimentos, amenazas y talanqueras al proceso, pero el pueblo Ibaguereño seguirá adelante. Según el equipo especializado de Dejusticia (Centro de estudios jurídicos y sociales, especialistas en derecho ambiental) la ciudad de Ibagué responde a los requerimientos necesarios y la alcaldía es competente para esta acción.

Se espera que todos y todas acudan a la consulta como una forma real de practicar y construir una verdadera cultura de paz y democracia. De los resultados dependerá el futuro de su territorio, el uso de su tierra, de sus proyectos productivos y la conservación de la memoria y la cultura tolimense.

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