Los prisioneros políticos se beneficiarán con los acuerdos de La Habana

Periferia habló con el abogado Sergio Guzmán, de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, sobre los alcances del acuerdo de Justicia logrado en diciembre de 2015, en materia de prisioneros políticos. Guzmán asegura que estos suman cerca de 12.500, es decir, casi el 10% del total de la población carcelaria colombiana; más de la mitad de estos prisioneros jamás han tomado en sus manos un arma, pero han actuado en defensa de derechos legítimos a través de huelgas, protestas, bloqueos, manifestaciones; o han declarado su simpatía con las causas revolucionarias, y por razón de ello, han sido judicializados, muchos con base en la ley 1453 de 2011, mal llamada de seguridad y convivencia ciudadana. Los de las Farc llegan aproximadamente a 3500.

Antecedentes del acuerdo
Hay que recordar, comenta el abogado, que como efecto de una demanda del general Harold Bedoya, contra el art. 127 del código penal que reconocía la conexidad de varios delitos con la rebelión, la Corte Constitucional mediante sentencia C-456/97 le asestó un duro golpe a esa norma y la declaró inexequible, dándole la razón al general. Es decir, desaparecieron los delitos conexos al delito de Rebelión, y a partir de ese momento los rebeldes se juzgaron como delincuentes comunes, o sea que delitos como el homicidio y todos los demás  cometidos en acciones propias de la guerra insurgente, se procesarían como delitos comunes y por separado cada uno de ellos a través de la figura del concurso de delitos. El fin es obvio, quitarle peso a la filosofía e ideología de los alzados en armas contra el Estado y juzgarlos como terroristas, secuestradores, narcotraficantes, etc.

Paralelamente, los militares del Estado colombiano y sus instituciones dieron cruentas luchas jurídicas y políticas para garantizar que sus delitos fueran juzgados y procesados por la Justicia Penal Militar, y que sus agentes tuvieran protección legal como el fuero militar, que los eximiera de ser juzgados por delitos cometidos, según ellos, en el ejercicio de sus funciones, evitando la justicia ordinaria. No obstante miles de ellos son procesados por los juzgados penales ordinarios, y otros han provocado condenas al Estado por la jurisdicción internacional, por violaciones a los derechos humanos, porque los servidores públicos (Fuerzas militares) son responsables legal y constitucionalmente de su protección y defensa, y como se sabe muchos han incurrido en promoción del paramilitarismo, masacres, asesinatos políticos y crímenes de Estado, que son violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, por eso no tienen ninguna clase de tratamiento preferencial o benevolente como el fuero militar.

Bases del acuerdo
Como ninguna de las partes derrotó a la otra (Estado- insurgencia) en medio de la confrontación armada, entonces hay un equilibrio de poderes y sobre esta base es que se conforma la mesa de diálogo y negociación. Por eso dice Sergio, la gente cree, de ambas partes, que a la mesa se llega a imponer a la otra sus criterios y sus intenciones, y que el que cede claudica, pero ese es un escenario en donde el gobierno y la insurgencia deben ceder en sus pretensiones, porque ninguna pudo derrotar a la otra en el marco de la guerra; si alguna de las partes hubiera ganado la guerra no habría negociación. Esta es la base político filosófica del proceso de La Habana y del nuevo proceso que se inicia en Quito con el ELN.

En materia de justicia, las normas penales del derecho interno colombiano son estrechas para atender la solución política de un conflicto armado como el colombiano, por eso se acude a las normas internacionales que son más amplias, más desarrolladas, reconocen y son aplicables a todas las partes del conflicto sin excepción. En especial reconoce la rebelión como un derecho y no como un delito, la conexidad de varios delitos con la rebelión, y contempla la violación de los derechos humanos a cargo de las autoridades legal y constitucionalmente constituidas (los Estados). Ambas partes responden en el marco de la justicia interna, cuando corresponda, y en el marco del derecho penal internacional, tanto por la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como por la violación al Derecho Internacional Humanitario cuando cualquiera de las partes incurre en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es en este marco que se da el debate en la mesa de La Habana, Cuba.

El acuerdo
En el acuerdo quedaron expresamente excluidos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en que hayan incurrido las partes, como la tortura, la desaparición, el acceso carnal violento, entre otras, por tanto estos no pueden ser indultables ni amnistiables.

La justicia no será distributiva (ojo por ojo, diente por diente), que es la que se impone en las normas internas en donde la cárcel es la única forma de castigo; será restaurativa, o sea que habrá sanciones alternativas diferentes a la prisión y cárcel sólo en algunos casos. En este nuevo modelo de justicia prima la verdad plena a fin de restaurar, resarcir a las víctimas y la sociedad, y en este plano la cárcel no es única salida; este modelo de justicia es una salida humanista y moderna que se aplica en los países más avanzados.

Una vez se firme el acuerdo general definitivo Gobierno – Farc, debe aprobarse una amnistía (borrón y cuenta nueva) y también debe darse el indulto (borrar la pena) para los prisioneros de guerra de las Farc. Se puede proyectar que el 70%, aproximadamente, de los que están hoy en la cárcel serían beneficiados de la amnistía y el indulto en el marco del Tribunal de Paz; los demás pueden recibir otro tipo de tratamiento por dicho tribunal, según esté o no incurso en crímenes de guerra y/o delitos de lesa humanidad. Otros presos políticos diferentes a los rebeldes (guerrilleros), pueden beneficiarse, no con indulto y amnistía pero si a través de otras figuras procesales y penales. Expresamente el acuerdo 35 plantea: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”.

Como una contribución al clima para las conversaciones de La Habana, el gobierno unilateralmente concedió libertad a través del indulto a 30 insurgentes de las Farc, procesados por rebelión y que no tuviesen delitos conexos. De otro lado, tras un esfuerzo de la Coalición Larga Vida a la Mariposas, se logró que un grupo de intelectuales liderados por Adolfo Pérez Esquivel y Noam Chomsky, impulsara una campaña por el indulto humanitario para que el gobierno dejara en libertad a 71 prisioneros políticos que padecían enfermedades que son incompatibles con la reclusión; luego, el gobierno en respuesta a dicha iniciativa se comprometió a realizar unas brigadas que verificaran el mal estado de salud de los prisioneros políticos para proceder al indulto humanitario, y a concentrarlos en patios especiales; en el caso de Antioquia sería en la cárcel de Itagüí, “sin embargo, hemos estado solicitando que esos aproximadamente 170 reclusos sean concentrados en el patio 16 de la cárcel de Bellavista; esto ocurriría en abril y mayo”, expone el abogado Guzmán.

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Olimpo Cárdenas Delgado

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