Comunidades trabajan por la defensa de los páramos en Colombia

Los ecosistemas de páramos solo existen en seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica), siendo Colombia el poseedor del 50% de ellos, lo que comprende casi 3 millones de hectáreas repartidas en 36 de estos ecosistemas, que además están en jurisdicción de 8 departamentos y 64 municipios.

En la región Centro Oriente está ubicada una gran parte de los páramos existentes en Colombia, y es Boyacá el departamento que posee el 43 % de los páramos del territorio nacional.

Los páramos son ecosistemas estratégicos. Estos abastecen de agua al 66% de la población colombiana y ahorran al Gobierno Nacional millones de pesos en tratamiento de agua y en infraestructura para transportarla. En las actuales condiciones de racionamiento y ahorro de energía, los páramos se convierten en proveedores de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Los páramos representan un acumulado de riqueza para la humanidad.

Pese a esto, el Gobierno ha permitido el desarrollo de actividades de explotación en los páramos, lo que ha ocasionado el descontento de la población activando la movilización social. Por ejemplo, desde febrero del 2011 se han presentado manifestaciones públicas de las comunidades en rechazo a la licencia de explotación acuífera otorgada a la multinacional Anglo Gold Ashanti en el páramo de Santurbán. También, en marzo del 2015 se produjo una movilización en defensa del nevado del Cocuy. Esto provocó una reacción del Gobierno Nacional, en el sentido de empezar a delimitar los páramos y prohibir la minería en ellos.

En marzo del 2016 se inició una nueva delimitación de ocho páramos: Miraflores, Los Picachos en Huila, Sonsón, Belmira - Santa Inés, Páramos del Sol - Las Alegrías, Paramillo - Antioquia, Frontino y Urrao, y Farallones de Cali, Tatamá, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Esta delimitación fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien según la resolución 1554 de 2016, “hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos”.

Sin embargo, esta delimitación realizada por el Gobierno Nacional, no está teniendo en cuenta a las comunidades que habitan los páramos y pone en igualdad de condiciones las actividades mineras, petroleras y agropecuarias.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-035/16, ordenó la protección real y efectiva de los páramos en Colombia, prohibiendo de manera expresa la realización de actividades mineras en los mismos y ordenando su delimitación. Al respecto dijo: “Una delimitación inadecuada, o que no consulte sólidos criterios científicos puede llegar a afectar los ecosistemas de páramo (…) con ello se podría causar un riesgo para la disponibilidad y la continuidad de servicios ambientales de los cuales depende el derecho fundamental al agua. Más aun, una delimitación inadecuada, podría llegar a permitir la utilización del suelo de los páramos para realizar actividades de minería y de hidrocarburos en estos ecosistemas”.

Las comunidades que habitan en los páramos se reunieron en una audiencia ambiental realizada en Tasco (Boyacá) en julio de 2016. Allí participaron delegados de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Boyacá, y acordaron propuestas tales como la permanencia campesina en el territorio, las prácticas agrícolas armónicas con el medio ambiente, la construcción de un plan de vida o plan de desarrollo comunitario, la prohibición de las actividades extractivistas como la minería y la explotación de hidrocarburos, el ecoturismo enmarcado en el plan de vida y de manejo colectivo por medio de cooperativas, y la implementación de la figura de “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.

Estas propuestas de la comunidad son acompañadas por la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, que desde la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular viene exigiendo la instalación de una mesa de negociación entre comunidades campesinas y Gobierno Nacional, sobre el tema específico de los páramos.

En el marco del encuentro de defensores de páramo realizado en Tasco el 13, 14 y 15 de agosto, en el que participaron organizaciones que han estado trabajando en la delimitación de páramos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, se presentó la propuesta de la mesa de comunidades campesinas y fue acogida por las diferentes delegaciones.

ASONALCA ha hecho peticiones, oficios y requerimientos a instituciones relacionadas con la delimitación, exigiendo la mesa y recogiendo algunas respuestas base para la defensa de los derechos del campesinado, pero la respuesta institucional ante estas exigencias ha sido mínima.

Los campesinos, comprendiendo la importancia de los páramos, se declaran protectores y guardianes de estos ante las actividades mineras y petroleras, la ganadería extensiva, el monocultivo y el latifundio. Por eso es que exigen al Gobierno Nacional que se les garantice la permanencia en el territorio y el reconocimiento como guardianes legítimos de los páramos.

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