Mesa de negociación entre Gobierno y ELN Un diálogo en silencio

Presurosos y optimistas, más de un centenar de hombres y mujeres, representantes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, étnicas y populares de distintas regiones de Colombia pasaron la frontera por vía terrestre y aérea buscando llegar hasta Quito, Ecuador, el pasado 27 de octubre. Su objetivo era presentar en la instalación de la mesa de diálogos entre Gobierno y ELN una propuesta construida a muchas voces para que la sociedad participe, aprendiendo de los aciertos y desaciertos de La Habana, en este nuevo proceso de negociación, que precisamente tiene como primer punto la “Participación de la sociedad”. Por su lado, los distintos medios de comunicación nacional e internacional estuvieron durante horas en la Capilla del Hombre, lugar elegido para la instalación, expectantes por las diferentes declaraciones de miembros del alto gobierno que no dejaban en claro los pormenores para la instalación de la mesa de negociación ese día.

Sin embargo el optimismo pronto se convirtió en desilusión cuando el Gobierno desautorizó a su delegación para viajar a Quito, horas antes a la instalación, y a su vez anunció públicamente que no se instalaría la mesa hasta que el ELN liberara a Odín Sánchez, político chocoano retenido por esta insurgencia desde el pasado abril.

Condiciones y desconfianzas
Luego de dos años de diálogos exploratorios, el 30 de marzo de este año el ELN y el Gobierno anunciaron desde Caracas el acuerdo de diálogos para instalar una mesa pública de conversaciones en Quito, Ecuador, y que en posteriores momentos podría desarrollarse en Brasil, Cuba, Venezuela y Chile. Este acuerdo definió una agenda de negociaciones, así como criterios frente a información, pedagogía, funcionamiento y financiación. Allí, por ejemplo, consta que “Las conversaciones en la fase pública se desarrollaran de acuerdo con el orden de la agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo”; sin embargo, ese mismo día el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución que no instalaría la mesa en Quito hasta que el ELN liberara a los secuestrados, pese a que hasta el momento este tema no era una condición consensuada, sino que hacía parte del subpunto 5F de la agenda de negociación. Desde este momento el Gobierno condicionó la negociación, al mejor estilo de las exigencias que han hecho sectores de la derecha durante todo el proceso de La Habana.

De esta manera empezó el tire y afloje entre las partes. Durante meses reinó la incertidumbre por las acciones militares y políticas del Gobierno y el ELN que ponían freno o alumbraban el inicio de la fase pública. Santos seguía insistiendo públicamente en la necesidad de que el ELN liberara a todos los secuestrados para poder darle inicio a este proceso, y por su parte el ELN se mantuvo entre la espada y la pared, es decir, entre hacer valer el acuerdo pactado o ceder a la presión mediática.

El ambiente además se ponía más tenso dados los avances de la mesa de negociación de La Habana y su pronta refrendación, lo que en palabras de los medios masivos y algunos analistas, significaba para el ELN quedarse atrás en el tren de la paz. De hecho, a finales de septiembre, antes del plebiscito, el ministro del interior Juan Fernando Cristo, y el presidente Juan Manuel Santos, anunciaron de nuevo que si el ELN liberaba a todos los secuestrados, esa misma semana iniciaban la fase pública. Así, no es difícil pensar que toda esta presión sobre el ELN no era más que una dilación por parte del Gobierno mientras avanzaba en La Habana, y con dicho acuerdo pactado y refrendado, obligar a los elenos a una negociación exprés, y de paso, negar la posibilidad de participación a la sociedad.

Pero sucedió lo que pocos esperaban. En el plebiscito especial para la paz resultó como ganador el No, y aunque por una mínima diferencia, esto frenó el ritmo en el que se movía el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, y puso en el debate público la necesidad de modificarlo de cara a las exigencias de algunos sectores de la élite colombiana. Esto, además de desesperanzador, generó nuevas preguntas sobre lo que pasaría, en consecuencia, con una posible refrendación de acuerdos con el ELN. De hecho, esta insurgencia publicó en su cuenta de twitter que “los adversos resultados del plebiscito dejan claros los obstáculos para el avance de la paz”; sin embargo la reacción espontánea de miles de jóvenes universitarios, organizaciones sociales, y sectores que respaldaban dichos acuerdos, que convocaron a marchar en defensa de la solución negociada al conflicto armado en las principales ciudades, consiguiendo llenar las plazas públicas, ejerció presión para que el Gobierno desempolvara la negociación con el ELN y pusiera sus esfuerzos en desenredar el inicio de la fase pública.

El resultado del plebiscito también evidenció la relevancia que pueden tener los puntos de la agenda acordada en marzo con el ELN, y de manera concreta el primer punto de participación de la sociedad, ya que muchas voces se alzaron exigiendo participación, llamando a un diálogo nacional que lograra involucrar también al 63% de colombianos que no participaron en el plebiscito por indiferencia, por desconocimiento, por rechazo a lo pactado, o por sentirse desconocidos por el Estado que los busca en elecciones pero los margina de las decisiones fundamentales que tienen que ver con su vida. Esta situación, en últimas, puso de manifiesto la necesidad de volver a la sociedad protagonista en las transformaciones para la paz.

Ante este nuevo impulso, ambas partes declararon que no se levantarían de la mesa, y por tanto el 6 de octubre llegaron a un nuevo acuerdo de diálogos anunciado días después desde Caracas para destrabar el proceso. En este, acordaron instalar el 27 de octubre la mesa pública de conversaciones en Quito, e iniciar la agenda con el punto 1 de Participación de la Sociedad, y el subpunto 5F de Acciones y dinámicas humanitarias. Además, el ELN se comprometía a liberar a dos de los secuestrados antes de esta fecha, y “A solicitud del ELN, y conforme a la ley, y una vez instalada la Mesa se procederá a desarrollar el trámite correspondiente para conceder dos (2) indultos en un plazo de 30 días”, data en otro de los documentos firmados por el Gobierno y la insurgencia.

Así las cosas, el ELN procedió a liberar inmediatamente al ex-alcalde de Charalá (Santander), Fabio León Ardila y a Nélson Alejandro Alarcón, último de los cuatro arroceros que estaban en su poder, y días antes también liberados. Y aunque con esto ya cumplía su compromiso, también inició operativos para proceder con la liberación de Odín Sánchez de Oca, político chocoano que le adeuda al Estado colombiano 5.855 millones de pesos y que fue condenado por participación en la conformación de grupos paramilitares en asocio con Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”.

Con estos hechos, el panorama parecía alentador para dar inicio a la fase pública. La Cancillería de Ecuador tenía todo listo para garantizar las condiciones logísticas de la instalación, y por su parte Gobierno y ELN detallaron quiénes integrarían sus respectivas delegaciones negociadoras. A este ambiente se sumó que un día antes de la instalación circuló la noticia de que Odín Sánchez ya se encontraba en libertad. Sin embargo, horas después el Comité Internacional de la Cruz Roja desmintió la información, y a partir del momento el silencio prevaleció hasta el día siguiente, cuando al medio día, el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, anunció en un comunicado que “la ceremonia inaugural será reprogramada hasta que exista la certeza que el Señor Odín Sánchez ha regresado sano y salvo a la libertad”, señalando además que el Gobierno siempre “dejó claro que era necesaria la liberación efectiva del ex congresista Odín Sánchez para dar inicio a esta fase pública”.

Los sectores sociales que se sentaron en Quito
Lo sucedido fue para muchos colombianos una odisea, en especial para quienes viajaron por tierra y luego de 20 horas de viaje, justo cuando llegaron a la Capilla del Hombre, se dieron cuenta que la instalación había sido cancelada. Sin embargo, también fue una oportunidad para fortalecer y consolidar propuestas. Luego de debatir y analizar lo sucedido, los representantes de sectores sociales de Colombia presentes en Quito, entre ellos la Comisión Étnica de Paz, el Movice, la ONIC, el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, el Congreso de los Pueblos, el Movimiento Social de Discapacidad de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y Voces por la Paz - grupo de refugiados colombianos en Ecuador-, citaron a varios medios de comunicación a una rueda de prensa para dar a conocer un documento público construido conjuntamente. Su mensaje fue que pese a la no instalación de la fase pública con el ELN, la sociedad ya se había sentado en la mesa, y por lo tanto, la negociación tendría que ser también con esta. Expresaron que se ofrecen como mediadores para contribuir a superar eventuales crisis del proceso, e hicieron un llamado a las partes “al cumplimiento de los gestos humanitarios que hayan asumido para la instalación de la mesa”.

Durante esta rueda de prensa también manifestaron que “La sociedad continúa trabajando en el fortalecimiento de una propuesta de participación en la construcción de paz”, y en función de eso, desarrollaron al día siguiente una reunión de organizaciones sociales en la Universidad Andina de Quito, con el objetivo de compartir las distintas visiones, apuestas y preocupaciones alrededor del tema de paz. Terminada esta agenda regresaron a Colombia con la esperanza de que los problemas y dificultades del proceso entre Gobierno y ELN se superaran, y así la fase pública en la que esperan participar, pudiera iniciarse prontamente.

¿En qué va el proceso?
La poca información existente frente a las conversaciones entre Gobierno y ELN luego de la fallida instalación, no brindan muchas ilusiones para el futuro próximo.

Luego del 27 de octubre han continuado los intercambios pero de manera muy esporádica, según lo contó el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, al portal Verdad Abierta, cuando dice que “De vez en cuando aparece es el general Eduardo Herrera; a Frank Pearl no lo han vuelto a mandar por aquí; vino el cuñado del presidente, Mauricio Rodríguez, y tampoco volvió a aparecer”.

Las discusiones se han centrado en el tema de la liberación de Odín Sánchez como exigencia del Gobierno por fuera de lo pactado, mientras que el ELN dice que lo liberarán cuando el Gobierno cumpla con su parte de nombrar a dos prisioneros del ELN como gestores de paz e indultar a dos más. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a ello y continúa dando un manejo mediático al caso del político chocoano a fin de ejercer presión sobre el ELN, a la vez que gana tiempo para concretar el acuerdo y refrendación de la negociación de La Habana, y convertir ello en otro elemento más de presión que obligue a la insurgencia elena a ceder en sus pretensiones de participación de la sociedad, transformaciones y democracia, cerrando de paso cualquier posibilidad de un acuerdo que en verdad contribuya a la construcción de la paz.

La sociedad insiste en la paz
Pese a esta dinámica estática que ha tomado la instalación de fase pública de la mesa de negociación, las diferentes organizaciones sociales del país han estado en constante movimiento exigiendo y construyendo propuestas para materializar el anhelo de paz de los colombianos. Este es el caso de la Mesa Social para la Paz que busca ser un espacio complementario de los diálogos con la insurgencia. Por ello, el Gobierno y el ELN no pueden menospreciar la participación activa de las organizaciones que hacen parte de su comité impulsor, y la de otras organizaciones que también asistieron a Quito; su papel en la fase de negociación será vital para avanzar en la consolidación de un consenso con las mayorías que hasta el momento no participan en la decisiones del país. Por eso, en el comunicado que elaboraron en Quito manifestaron que “los problemas que evidencia la actual crisis es la falta de mecanismos de comunicación entre las partes, y entre éstas y la sociedad”, dejando en claro que el éxito del proceso que se avecina dependerá en parte de aprender de los errores, en gran medida impuestos por el Gobierno, en materia de pedagogía y comunicación de la negociación de La Habana.

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