Desaparecidos made in Medellín

“Yo siempre soñaba con la misma escena: él golpeando en la casa y yo abriendo, y él abrazándome, diciendo que lo tenían escondido en un lugar, que se había logrado escapar. Era como mi deseo que eso pasara. Yo me levantaba llorando todos los días, es como que tengo tan marcado ese sueño, que creo que lo soñé todos los días. Se le detiene a uno la vida”. Testimonio de Shaira Rivera, hija del desaparecido Guillermo Rivera

 

Medellín, la ciudad más innovadora y la más educada. 968 personas desaparecidas, solo entre los años 2012 y 2015, a las que hay que sumarle 66 nuevos casos en lo corrido de 2016. De las 347 personas reportadas como desaparecidas en 2015, 26 aparecieron muertas y 132 continúan desaparecidas.

El propósito sigue siendo el mismo, ejercer terror como mecanismo para extorsionar o para controlar a la gente y el territorio.

"Las estructuras ilegales utilizan esa práctica para bajar el perfil y no hacerse tan visibles. No aumenta el número de asesinatos, pero desaparecen personas", es lo que según el periódico El Tiempo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, quien al conocer el informe sobe Derechos Humanos presentado por la personería de Medellín, aseguró que “si bien bajaron los homicidios, aumentaron otros tipos de delitos como la desaparición y eso es gravísimo”. La Personería municipal sostiene sobre las desapariciones, que “las cifras son más que preocupantes”, y Human Rights Watch señaló que la desaparición es una forma de control y dominio de los grupos armados para ocultar los cadáveres y no incrementar las cifras de homicidios.

Esta última entidad advirtió a comienzos del año en curso, que los grupos surgidos después de la desmovilización de los paramilitares siguen cometiendo actos de violencia, y citó el informe 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se reportan 24 personas desmembradas presuntamente por grupos sucesores del paramilitarismo, lo cual es coherente con la denuncia hecha por defensores de Derechos Humanos de Medellín sobre la existencia de “casas de terror” o sitios donde se tortura, descuartiza y desaparece personas. Este hecho además es reconocido por el alcalde como “una realidad en la ciudad” y reseñado en informes del Centro de Consultoría de Conflicto Urbano C3 donde se habla de la existencia de al menos 15 viviendas en la comuna 10, destinadas a torturar y descuartizar personas.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), también describió para la revista Semana la existencia de casas del terror ya identificadas en el Valle de Aburrá, tales como “la casa de las muñecas”, ubicada cerca de la antigua Catedral en el municipio de Envigado; “el matadero” de Caldas; “la ratonera” en Aranjuez, entre otras. Afirma que “hay denuncias de que están desapareciendo gente en ladrilleras, los pican y los echan al horno”. También explicó en entrevista para Caracol TV que “tenemos en Aranjuez la llamada Ratonera, está la de la parte alta de la Comuna 16, está la de la zona del sector del Cafetal en Comuna 8, hay dos o tres identificadas en Comuna 10, una en El Chagualo, una en La Paz y hay una en el sector de Barrio Triste”.

Pero las “casas de terror” en el Valle de Aburrá tienen su historia y no es reciente. Se dice que las impuso el cartel de Medellín en épocas de Pablo Escobar, durante la fatídica guerra que libró contra el Estado y los Pepes. Pero fue el Bloque Cacique Nutibara de las AUC quien las desarrolló como método intimidatorio aplicado a sus enemigos y opositores; a las milicias populares primero y luego contra el Bloque Metro.

La explicación para el incremento de la desaparición de personas podemos encontrarla en el panorama de alianzas criminales establecidas a finales de la década pasada, y que aún continúa con algunas mutaciones entre grupos criminales de narcotraficantes y estructuras paramilitares de las AUC con sectores importantes la élite local que incluye a empresarios y la institucionalidad (policía, ejército, fiscalía y gobierno municipal y departamental) que permitieron, en principio, implementar “el proyecto Orión”; un tipo de alianza entre la legalidad y la ilegalidad que puso en marcha el experimento piloto para sembrar el paramilitarismo en la ciudad de Medellín y otras ciudades de Colombia.

De ahí, pasando por el pacto de la “Paratranquilidad urbana” y el “Pacto del Fusil”, tan convenientemente negados por la institucionalidad y los empresarios, hemos llegado a un Medellín con una imagen tan eficazmente promocionada como destino turístico y ciudad para los negocios, que el maquillaje de las estadísticas de inseguridad, violencia y violación de Derechos Humanos son sistemáticamente ocultadas por el marketing de ciudad. Es allí donde también, según Análisis Urbano, “el accionar de las Convivir, la explotación sexual de menores, las apuestas ilegales, el control territorial de las estructuras paramafiosas y sus bandas, las vacunas, el pagadiario, el lavado de activos” sirven de caldo propicio para las casas de tortura y la desaparición forzada.

Y para recordarnos que los desaparecidos son seres humanos con familias que aún esperan verlos, así sea su cadáver o sus restos, están las Madres de La Candelaria, organización nacida en 1999 en respuesta a las numerosas desapariciones forzadas, secuestros y homicidios en el marco del conflicto armado colombiano. Madres, padres, esposas, hijos y familiares de víctimas del secuestro, la desaparición forzada y demás violaciones de los Derechos Humanos, en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de actos violentos, generadores de intenso dolor y múltiples sufrimientos. Ellas hacen visible la situación de desaparición forzada que padece la ciudad, el departamento y el país. Es una resistencia civil que tiene el propósito de hallar las personas que han sido secuestradas. Se niegan a ser parte de una sociedad ciega, sordomuda.

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