El sacrificio del liderazgo social y la construcción de paz

El Presidente Juan Manuel Santos mereció el Nobel de Paz 2016, dado sus esfuerzos por conseguir la superación del conflicto armado por la vía negociada y parar la guerra, aún en medio de las resistencias de sectores de extrema derecha. Sin embargo, el Presidente no hubiera podido recibir un premio en Derechos Humanos. Al cierre del 2016, la cifra de homicidios contra líderes sociales se acercó al centenar. Más de 80 defensores y defensoras de los derechos humanos sacrificados, es inaudito en un país que transita hacia el posconflicto armado; cifra esta con la cual se mandó un mensaje de confianza en el establecimiento y tranquilidad a los grupos insurgentes que empiezan a abrazar el camino de la legalidad. A esto se le suman cerca de 40 atentados contra la vida de estos activistas sociales y otras muchas agresiones, entre ellas, amenazas.

Pero no se trata de una tenencia reciente. En Colombia es tradición quitar del camino al liderazgo social en la medida que obstaculiza la pretensión de los poderes reales –legales e ilegales- que controlan los territorios. Entre 2010 y 2016 –administración Santos- se han registrado al menos 442 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos. Cifra aterradora, en un gobierno supuestamente comprometido con la paz y la reconciliación del país, pero que además contrasta con la disminución significativa de las cifras de violencia producto de la confrontación armada.

Ahora bien, la pregunta recurrente ante a esta situación es: ¿quién está detrás de estos ataques? Y la respuesta, la misma: no sabemos. ¿Y por qué no se sabe? Porque el Estado no actúa. ¿Las razones? Muchas, veamos algunas:

El papel del Ejecutivo
El gobierno nacional desde hace dos décadas centra su atención e ingentes recursos a la protección física, material e individual de las personas en riesgo –carros, escoltas, celulares, chalecos antibalas– con presupuestos significativos para la Unidad Nacional de Protección UNP. Sin embargo, no avanza en una política integral de garantías que afecte de manera radical el fenómeno, como es la meta propuesta por el movimiento social y de derechos humanos desde hace muchos años en diversos escenarios, como por ejemplo, la Mesa Nacional de Garantías y más recientemente la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

También caracteriza al gobierno colombiano la improvisación permanente con medidas más mediáticas que institucionales, para salirle al paso a los picos de violencia contra líderes sociales, antes que darle continuidad a políticas trazadas o implementar estrategias estructurales que ataquen el fenómeno de fondo. En consecuencia, cada cierto tiempo, cuando la cresta de los homicidios es muy alta, como fue el caso de marzo o septiembre de 2016, el Ejecutivo crea comisiones del altísimo nivel, en cabeza de todas las instituciones gubernamentales y estatales, para tomar el “toro por los chachos” y contrarrestar la situación. Los resultados saltan a la vista: las agresiones no se detienen, sino que aumentan, y de paso, deja de lado rutas trazadas con las plataformas de derechos humanos y desconoce espacios similares creados de tiempo atrás con búsquedas iguales. A lo anterior se suma una sistemática desarticulación interinstitucional y falta de armonía entre el ente central y las autoridades territoriales.
El papel de la Fiscalía General
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, cuyo papel sería central en detener el homicidio contra defensores y defensoras de derechos humanos, por el contrario ha tenido un rol gris y lamentable en este asunto, que dista mucho de la cooperación técnica, económica y política recibida de la cooperación internacional.

Hasta bien entrado el 2016, esta entidad “brillaba” con un 99.9% de impunidad en casos de homicidios contra estos activistas, a pesar de la lucha denodada que el movimiento de Derechos Humanod ha realizado. Últimamente la Fiscalía empezó a mostrar algunos resultados de casos recientes. Sin embargo, el panorama que muestra no es alentador y deja más dudas que certezas.

De un lado, avanza en casos que desde un principio muestran vocación de éxito, es decir, cuyo contexto de entrada advierte facilidad en las pruebas y resolución. Por cierto, son pocos. Esos son los que viene exponiendo mediáticamente y cuyos resultados posiciona como tendencias generales en el universo de hechos, calificándolos de casos aislados, sin conexidad, sin sistematicidad y producto de riñas personales, venganzas y divisiones al interior de las organizaciones. Sin embargo, la coyuntura, los procesos a los que pertenecen los líderes sociales y las regiones altamente conflictivas advierten razones políticas.

La liviandad de los resultados de la Fiscalía, además de preocupar, tiene consecuencias adversas a lo poco avanzado en tantos años de lucha contra la impunidad por homicidios a defensores y defensoras de DH. De un lado, manda un mensaje a todos los operadores judiciales según la cual detrás de los homicidios no hay grupos organizados y contrarresta los avances en la metodología de investigación que se venía concertando entre las plataformas de derechos humanos y el Estado colombiano, liderado por la misma Fiscalía, basada en análisis de contexto y teniendo como hipótesis principal el papel social y político de las víctimas. En síntesis, en el pasado la Fiscalía no investigó los homicidios contra el liderazgo social, pero los consideraba de carácter político, y ahora que logra unos pocos resultados, los muestra despolitizados, lo cual no contribuye a identificar quiénes están detrás de dichos ataques, dejando tranquilos a actores reales políticos y económicos de los territorios.

El papel de las Fuerzas Militares
También es necesario poner en consideración el papel de las Fuerzas Militares, incluida la Policía Nacional, pues tienen un rol clave en la protección y garantías de las comunidades, sus organizaciones y liderazgos. No obstante, los resultados son igualmente pobres, pues muchos de los homicidios y atentados ocurren precisamente en territorios altamente militarizados y controlados por las instituciones policiales. Esta situación también nos vuelve a la pregunta de qué tanto están comprometidas estas entidades con la seguridad de los activistas de derechos humanos y hasta dónde han modificado su idea (teoría), que ubican al movimiento social como enemigo interno y subversivos vestidos de civil, de ahí la legitimidad a sus ataques.

Este punto justamente se reclama como uno de los temas fundamentales en el proceso de paz, pues está más que probado que estamentos militares como servicios de inteligencia, batallones, brigadas y otras unidades han sido responsables por acción, por omisión y/o complicidad con paramilitares en las violaciones a integrantes de las organizaciones sociales.

En conclusión, para detener la ola de asesinatos y atentados contra defensores y defensoras en Colombia, se requiere medidas de fondo que implican voluntad política de los gobiernos, medidas estructurales de investigación, cambios institucionales y el reconocimiento sincero por parte del establecimiento, del papel central que cumplen estas personas en la construcción de paz en los territorios y por ende, en el país.

*Directora de la Asociación MINGA, Coordinadora del Programa Somos Defensores

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Diana Sánchez Lara
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