¿Una conspiración sistémica contra el Acuerdo de Paz?

El pasado 24 de noviembre se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo entre la guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, para darle, por fin, una salida social y política a ese conflicto militar cuya duración superó el medio siglo.

 

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron, es el reconocimiento mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptar que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí: la Mesa de Negociaciones en La Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente, pero sí reconocidos como actores sociales y políticos.

El Acuerdo Final que da fe de ello, es el resultado de un consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país, que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, en el que además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales.

Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general fue el escenario de un diálogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus víctimas. Por efecto, el Documento (Acuerdo Final) reconoce tanto las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también víctima) como de la histórica deuda social que aún hoy el Estado tiene para con el pueblo colombiano.

El estado de salud del Acuerdo Final
Sin pretender “aguar la fiesta”, pero sí reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original), debemos echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos cinco años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta para la construcción de la paz con justicia social y dignidad, tan anhelada y soñada por varias generaciones, y mirar cómo va hoy.

Es imposible ocultar que este proceso desde sus inicios ha sido asediado y atacado por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años, sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional, en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares.

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el Acuerdo Final, toda vez que “este era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'” (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). El resultado de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años, y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.

Posterior a esto y como efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast Track (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), a las manos del Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ejemplo Cambio Radical) y de para-política (ejemplo Centro Democrático).

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas son los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos, a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), así como a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de No Repetición (SVJRNR), para, tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final, tumbando la esencia del Fast Track, y brindando la posibilidad al Congreso de la República para iniciar “estudio” (léase manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma el del cuestionado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos” contra la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (punto 2 del Acuerdo Final), y contra sus dirigentes, amenazando con una pronta persecución jurídica hacia ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco, que se resistían a la erradicación manual, la cual va en contravía a lo acordado sobre la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final), fue atacada a tiros por el Ejército y la Policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacífico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos cómo la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, dio vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, y trasladó lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP quedará a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”.

Así mismo, la Corte Constitucional dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enlutó y sigue enlutando nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final).

Por su parte, los medios masivos de comunicación (RCN, Caracol, City Tv, CM&, Noticias Uno, El Tiempo, El Espectador, etc.), han sostenido un libreto noticioso y de opinión en estos temas de paz y de justicia social con un formato que estigmatiza, desinforma y oculta la verdad. En este caso en particular, han servido de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, poner en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia como único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas, y engañar al país al proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres, de los casi cinco millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros).

Soplan vientos de traición
En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de Paz y su Acuerdo Final, iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios, ganaderos, terratenientes, y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada.

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen, desde sus diferentes vertientes, sin excluir al ejecutivo mismo. Abonan así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con dignidad y justicia social para la presente y futura sociedad colombiana.

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó este proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?

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Corp. Sakina Iwoka
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